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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-03210-00

Fecha
28 de julio de 2023
Consejero ponente
Martin Gonzalo Bermudez Muñoz

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-03210-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: DECLÁRASE IMPROCEDENTE el amparo constitucional por lo expuesto en la parte motiva de esta decisión. SEGUNDO: NIÉGANSE las solicitudes de desvinculación elevadas por Fiduprevisora S.A. en calidad de vocera y administradora del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y por el Juzgado Noveno Administrativo de Tunja. pagaron el derecho; y (iv) aquí se reclama la sanción por consignación tardía, no obstante en el asunto de la Corte se reclamó la sanción por no consignación. Razones estas que hacen que la sentencia referida por el recurrente no sea aplicable al caso concreto>> (subrayado original del texto). 11 Esta tesis ha sido reiterada recientemente, entre otras, en las sentencias de tutela del 11 de julio de 2023 (radicado No. 11001-03-15-000-2023-02810-00) y del 30 de junio de 2023 (radicado No. 11001-03-15-000-2023-02838-00), proferidas por este despacho. Allí se analizaron casos con contornos fácticos y jurídicos similares al presente, y se alcanzó la misma decisión: declarar la improcedencia por falta de relevancia constitucional conforme a una argumentación similar a la de este caso. 12 Radicado: 11001-03-15-000-2023-03210-00 Accionante: Hildebrando Pico Duarte Se declara improcedente por falta de relevancia constitucional TERCERO:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2023-03210-00

Consejero ponente: Martin Gonzalo Bermudez Muñoz

28 de julio de 2023

Radicado: 11001-03-15-000-2023-03210-00
Accionante: Hildebrando Pico Duarte
Se declara improcedente por falta de relevancia constitucional

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ

Bogotá D.C. veintiocho (28) de julio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2023-03210-00
Accionante: Hildebrando Pico Duarte
Accionado: Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión No. 5

Temas: Tutela contra providencia judicial / Sanciones por mora en el pago de las cesantías /
Régimen laboral y prestacional de los docentes oficiales / Desconocimiento de las reglas
jurisprudenciales / Se declara la improcedencia por falta de relevancia constitucional.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela presentada contra la sentencia del 28 de abril de 2023
proferida por la Sala de Decisión No. 5 del Tribunal Administrativo de Boyacá, mediante
la cual se confirmó la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Noveno
Administrativo de Tunja que negó las pretensiones de la demanda en el proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho con radicado No. 15001-33-33-009-2022-00104-
00/01.

La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado es la competente para
conocer el asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución
Política, en los Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015, 333 de 2021 y en
el Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.

I. ANTECEDENTES

A. Solicitud de amparo

1.- El 14 de junio de 2023 Hildebrando Pico Duarte presentó, a través de apoderado
judicial, una acción de tutela para obtener el amparo de sus derechos fundamentales a

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la igualdad, acceso a la administración de justicia, debido proceso y seguridad social,
presuntamente vulnerados por la sentencia del 28 de abril de 2023 proferida por la Sala
de Decisión No. 5 del Tribunal Administrativo de Boyacá en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado No. 15001-33-33-009-2022-00104-00/01.

2.- En la acción de tutela se formularon las siguientes pretensiones, que se transcriben
textualmente:

<< 1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ en la sentencia
proferida el día 28/04/2023, en el expediente rad. No. 15001-33-33-009-2022-00104-
01, transgredió los derechos fundamentales: AL DEBIDO PROCESO, DERECHO A
LA SEGURIDAD SOCIAL, SITUACIÓN MÁS FAVORABLE AL TRABAJADOR EN
CASO DE DUDA EN LA APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS FUENTES
FORMALES DE DERECHO, GARANTÍA A LA SEGURIDAD SOCIAL, A LA IGUALDAD,
ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE
LA PERPETUATIO JURISDICTIONIS, SEGURIDAD JURÍDICA, AL
DESCONOCIMIENTO DE PRECEDENTE JUDICIAL VERTICAL, de la accionante, por
considerar que las razones de la decisión no se ajustan a los postulados de la ley y a la
abundante jurisprudencia constitucional y de este órgano de cierre en la jurisdicción
contencioso administrativo, por lo que se encuentra vulnerando los derechos
fundamentales de la accionada.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ; dejar sin efectos la providencia referida en el
numeral anterior y se profiera una nueva, atendiendo la multiplicidad de precedentes
judiciales que sobre el tema edificó la Corte Constitucional en las sentencias SU 098
de 17 de octubre de 2018 y el de la Sección Segunda del H. Consejo de Estado
mediante diferentes decisiones ordenando el reconocimiento y pago de la sanción
por mora como fue solicitada en la demanda, de acuerdo a los postulados
establecidos en los siguientes expedientes: [cita 3 expedientes de la Corte
Constitucional y 26 expedientes del Consejo de Estado]>>.

B. Hechos

3.- El accionante basó su solicitud de amparo en las siguientes afirmaciones:

3.1.- El 3 de febrero de 2021 la Secretaría de Educación de Boyacá remitió a la
Fiduprevisora S.A. la liquidación de las cesantías del año 2020 del personal docente del
Departamento de Boyacá. El 5 de febrero de 2021 el FOMAG cargó exitosamente los
archivos de cesantías de los docentes activos y retirados del año 2020 reportados por
el Departamento de Boyacá.

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3.2.- El 30 de julio de 2021 el accionante solicitó el reconocimiento y pago de la sanción
moratoria establecida en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 por la consignación tardía
de las cesantías correspondientes al año 2020, y por el pago tardío de los intereses a
las cesantías que se encuentra establecido en el artículo 1º de la Ley 52 de 1975, la Ley
50 de 1990 y el Decreto 1176 de 1991.

3.3.- El 6 de agosto de 2021 el FOMAG negó el reconocimiento de la sanción moratoria
por no haberse consignado las cesantías antes del 15 de febrero y el pago de la
indemnización por el pago tardío de los intereses a las cesantías. Sostuvo que la
solicitud carecía de fundamento legal, por cuanto la Ley 91 de 1989, aplicable a los
docentes, no prevé las prerrogativas solicitadas.

3.4.- Mediante Oficio BOY2021EE027963 del 28 de agosto de 2021, la Secretaría de
Educación de Boyacá señaló que le compete al FOMAG resolver las solicitudes respecto
de la sanción por mora del pago inoportuno de los intereses a las cesantías y pago de
intereses, razón por la que dio traslado a la solicitud a esa entidad. El 9 de noviembre
de 2021 el FOMAG expidió extracto de cesantías e intereses a las cesantías.

3.5.- El accionante presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho para
que se declarara la nulidad del acto administrativo del 28 de agosto de 2021. Solicitó
condenar al FOMAG y al Departamento de Boyacá al pago de la sanción por mora
establecida en la Ley 50 de 1990, equivalente a un día de salario por cada día de retardo
a partir del 15 de febrero de 2021, fecha en que se debió consignar el valor de las
cesantías del año 2020 en el respectivo fondo prestacional. De igual manera, pidió el
reconocimiento de la indemnización por el pago tardío de los intereses a las cesantías,
según el artículo 1º de la Ley 52 de 1975, Ley 50 de 1990 y el Decreto 1176 de 1991.

3.6.- Mediante sentencia del 19 de diciembre de 2022, el Juzgado Noveno Administrativo
de Tunja negó las pretensiones de la demanda1. Aclaró que si bien la Corte
Constitucional en sentencia SU-098 de 2018 estableció que la Ley 50 de 1990 es
aplicable a los docentes oficiales, el Consejo de Estado, antes de proferir la sentencia
del 24 de enero de 2019 (en cumplimiento de la SU-098 de 2018), sostenía que los

1 Consideró que el FOMAG es la entidad que ostenta la legitimación en la causa por pasiva en estos asuntos, de

conformidad con los artículos 4 y 5 de la Ley 91 de 1989, por cuanto fue creado para atender y pagar las prestaciones
sociales de los docentes. En consecuencia, declaró probada la excepción de falta de legitimación en la causa
propuesta por el Departamento de Boyacá - Secretaría de Educación.

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docentes, al pertenecer a un régimen especial, no son beneficiarios de la norma citada.
Además, para tener derecho a la sanción allí contemplada es necesario que el servidor
esté vinculado a un fondo privado de cesantías. Agregó que los hechos analizados en
la sentencia SU-098 de 2018 son distintos a los del caso concreto.

3.7.- El juzgado desestimó la pretensión de pago de sanción moratoria y de
indemnización por no pagarse los intereses de las cesantías, pues consideró que los
docentes oficiales tienen un régimen especial para la liquidación de los intereses
anuales causados por concepto de cesantías, contemplado en el numeral 3º del artículo
15 de la Ley 91 de 1989, y que es más favorable en la liquidación de intereses a las
cesantías. Por lo tanto, no le es aplicable lo previsto en el régimen general.

3.8.- El demandante apeló la decisión por considerar que los docentes sí tienen derecho
a la aplicación del artículo 99 de la Ley 50 de 1990 en virtud de la sentencia SU-098 de
2018 de la Corte Constitucional, la cual ha sido acatada por el Consejo de Estado.
Señaló que el régimen especial de cesantías de los docentes es discriminatorio en
relación con el régimen general, pues la liquidación a favor de los educadores resulta
inferior a lo devengado por otro servidor público distinto, de manera que era necesario
aplicar el principio de favorabilidad.

3.8.1.- Frente al argumento del juez según el cual los hechos de las sentencias de
unificación citadas no son iguales al presente asunto (pues allí no existió afiliación al
FOMAG o no se giraron los recursos del sistema general de participaciones), indicó que
sus pretensiones están basadas en la interpretación unificada de la Corte Constitucional
sobre la aplicación del artículo 99 de la Ley 50 de 1990 a los docentes afiliados al
FOMAG que tengan su régimen de cesantías anualizado, sumado a que la
indemnización contenida en la Ley 52 de 1975 hace parte integral del artículo 99 de la
Ley 50 de 1990, puesto que así se estableció en el artículo 3 del Decreto 1176 de 1991.

3.8.2.- Precisó que a los docentes con régimen de cesantías anualizadas les asiste el
derecho a que estas sean consignadas oportunamente en el FOMAG, a más tardar el
15 de febrero de cada año. Agregó que ello no ocurrió en su caso desde hace 30 años,
pero aclaró que solo pretende el restablecimiento de las que no fueron consignadas en
2021 y que corresponde a su trabajo en 2020. Insistió en que también tenía derecho a
los intereses a las cesantías. Citó algunas sentencias del Consejo de Estado que
señalaron que es procedente aplicar la Ley 50 de 1990 al personal docente oficial.

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3.9.- Mediante sentencia del 28 de abril de 2023, la Sala de Decisión No. 5 del Tribunal
Administrativo de Boyacá confirmó la sentencia de primera instancia porque no era
posible hacer extensiva la sanción moratoria del artículo 99 de la Ley 50 de 1990 al
demandante. Lo anterior, dado que dicha norma prevé la consignación en la <<cuenta
individual a nombre del trabajador y en el fondo de cesantías escogido por este>>,
mientras que el demandante se encuentra afiliado al FOMAG, como fondo común.
Precisó que la Ley 91 de 1989 no señaló un término para la consignación anual de
cesantías a favor de los docentes y responde al principio de unidad de caja.

3.9.1.- Aclaró que, en virtud del principio de inescindibilidad de la norma, no son
aplicables partes del sistema general (Ley 50 de 1990) al régimen especial (Ley 91 de
1989). Por esto, la liquidación de cesantías solo se somete a la norma especial de los
docentes vinculados al FOMAG. En consecuencia, no hay lugar a aplicar el principio de
favorabilidad porque no es procedente traer varios conceptos que beneficien al docente
con el fin de crear un régimen salarial y prestacional autónomo, constituido por varios
apartes normativos de varios regímenes prestacionales.

3.9.2.- En cuanto a la indemnización solicitada en los términos de la Ley 52 de 1975,
advirtió que esa norma se dirigía a los trabajadores particulares y en el presente caso
se trata de un docente de carácter territorial, de manera que no le resulta aplicable.
Además, la Ley 91 de 1989 no preveía indemnización alguna por el no pago oportuno
de los intereses de las cesantías a los docentes.

C. Fundamentos de la vulneración

4.- El accionante alega tres defectos: (i) sustantivo, (ii) desconocimiento de reglas
jurisprudenciales y (iii) violación directa de la Constitución.

4.1.- En cuanto al (i) defecto sustantivo, sostiene que no se aplicaron en debida forma
las Leyes 52 de 1975, 91 de 1989, 50 de 1990, 344 de 1996 y 1955 de 2019. Insiste en
que, según la Ley 91 de 1989 (que creó el FOMAG y reguló el régimen prestacional de
los docentes oficiales), el Ministerio de Educación Nacional, en calidad de empleador de
los docentes oficiales, debe pagar o consignar al FOMAG los recursos correspondientes
a, entre otros conceptos, las cesantías e intereses de estas.

4.1.1.- Esos recursos constituyen una de las fuentes de financiación de ese fondo y
deben consignarse en unas fechas previstas, de manera que se garantice la
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disponibilidad de los mismos cuando el beneficiario solicite el pago de las cesantías
parciales o definitivas. De lo contrario, se corre el riesgo de afectar la estabilidad
financiera del fondo y se aumenta el riesgo de que este incurra en una sanción moratoria
en los términos de la Ley 1071 de 2006 (que modificó la Ley 244 de 1995 y consagra
una sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías que solicita el trabajador al
fondo en el cual está afiliado).

4.1.2.- Indica que la Ley 91 de 1989 (régimen especial de los docentes oficiales) no es
excluyente con las reglas previstas para los demás trabajadores públicos. En efecto, el
artículo 15 de esa ley indica que las prestaciones sociales de los docentes vinculados
con posterioridad al 1º de enero de 1990 se regirán por lo previsto en los Decretos 3135
de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978 <<o que se expidan en el futuro>>.

4.1.3.- En ese sentido, las Leyes 50 de 1990 y 344 de 1996 le serían aplicables al
accionante, pues fueron proferidas con posterioridad a la Ley 91 de 1989. La primera
consagra la sanción moratoria por la consignación extemporánea de las mismas a cargo
del empleador y a favor del fondo al cual se afilió el empleado 2. Es esta sanción
moratoria la que exige el actor. Así, la Ley 344 de 1996 extendió la aplicación de la Ley
50 de 1990 a ciertos empleados públicos.

4.1.4.- También exige la aplicación de la Ley 52 de 1975, que regula la indemnización
por el pago tardío de los intereses de las cesantías. A juicio del actor, las Leyes 52 de
1975 y 90 de 1990 (según el mandato de la Ley 344 de 1996) les son aplicables a los
docentes oficiales regidos por la Ley 91 de 1989.

4.1.5.- Por otro lado, reprocha una indebida aplicación del artículo 57 de la Ley 1955 de
2019. Esa norma positivizó el principio de unidad de caja, bajo el cual se rige el FOMAG.
Contrario a lo establecido en el fallo cuestionado, ese principio no es contradictorio con
la aplicación de la Ley 50 de 1990, pues una cosa es el régimen de unidad de caja y
otra la procedencia de los recursos y la obligación de consignarlos en ciertos términos,
so pena de una sanción. En otras palabras, en virtud de la Ley 50 de 1990, el Ministerio
de Educación Nacional debe consignar oportunamente las cesantías al FOMAG y una

2
A efectos de mayor claridad, cabe diferenciar la sanción moratoria prevista en la Ley 50 de 1990 de aquella regulada
por la Ley 244 de 1995 (modificada por la Ley 1071 de 2006). La primera aplica al empleador que no afilia al trabajador
a un fondo de cesantías o no paga las cesantías anuales antes del 15 de febrero de cada año; mientras que la
segunda aplica al fondo de cesantías que, previa solicitud del empleado público, no le paga a este las cesantías
parciales o definitivas en los términos de ley.

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vez pagadas, el fondo las administrará bajo el principio de unidad de caja; luego, ambas
normas no son excluyentes y tratan asuntos distintos.

4.2.- En cuanto al (ii) desconocimiento de las reglas jurisprudenciales, el actor afirma
que existe una postura uniforme y reiterada, tanto en la Corte Constitucional como en la
jurisdicción de lo contencioso administrativo, encaminada a aplicar la sanción moratoria
prevista en la Ley 50 de 1990 a favor de los docentes oficiales. Al respecto, cita las
sentencias SU-098 de 2018, SU-332 de 2019 y SU-041 de 2020. La primera de estas
sostuvo que, en virtud del principio de favorabilidad, la Ley 50 de 1990 sí es aplicable a
los docentes oficiales en lo que atañe a la sanción moratoria, pues esta no fue prevista
en el régimen especial. Así se garantiza el principio de favorabilidad y el derecho a la
igualdad entre los empleados públicos. Las dos últimas sentencias reiteran esa postura.
Igualmente, invoca veintiséis (26)3 sentencias proferidas por esta Corporación y diez
(10)4 providencias proferidas por distintos juzgados administrativos.

3 Expresamente invoca las siguientes sentencias proferidas por el Consejo de Estado: sentencia del 24 de enero de

2019, radicado No. 76001-23-31-000-2009-00867-01, Sección Segunda Subsección B, C.P. Sandra Liseth Ibarra;
sentencia del 29 de julio de 2019, radicado No. 11001-0315-000-2018-03499-01, Sección Tercera Subsección C, C.P.
Nicolás Yepes Corrales; sentencia del 2 de diciembre de 2019, radicado No. 08001-23-33-000-2014-00173-01,
Sección Segunda Subsección A, C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas; sentencia del 10 de junio de 2019, radicado
No. 08001-23-33-000-2014-00208-01, Sección Segunda, Subsección B, C.P. Sandra Liseth Ibarra; sentencia de
unificación del 6 de agosto de 2020, radicado No. 08001-23-33-000-2013-00666-01, Sala Plena, C.P. Sandra Liseth
Ibarra; sentencia del 22 de octubre de 2020, Sección Segunda Subsección A, C.P. William Hernández Gómez;
sentencia del 12 de noviembre, radicado No. 08001-23-33-000-2014-00132-01, Sección Segunda, Subsección A,
C.P. William Hernández Gómez; sentencia del 17 de junio de 2021, radicado No. 08001-23-31-000-2014-00815-01,
Sección Segunda Subsección A, C.P. Gabriel Valbuena Hernández; sentencia del 17 de junio 2021, radicado No.
08001-23-33-000-2015-00331-01, Sección Segunda Subsección A, C.P. César Palomino Cortés; sentencia del 4 de
noviembre de 2021, radicado No. 19001-23-33-000-2015-00445-02, Sección Segunda Subsección A, C.P. William
Hernández Gómez; sentencia del 25 de noviembre de 2021, radicado No. 08001-23-33-000-2014-01127-01, Sección
Segunda Subsección B, C.P. Sandra Liseth Ibarra; sentencia del 25 de noviembre de 2021, radicado No. 40001-23-
40-000-2017-00134-01, Sección Segunda Subsección A; sentencia del 11 de noviembre de 2021, radicado No.
080001-23-40-000-2015-90008-01, Sección Segunda Subsección A, C.P. William Hernández Gómez; sentencia del
11 de noviembre de 2021, radicado No. 080001-23-40-000-2014-90022-01, Sección Segunda Subsección A, C.P.
William Hernández Gómez; sentencia del 20 de enero de 2022, radicado No. 080001-23-33-000-2017-00931-01,
Sección Segunda Subsección A, C.P. Gabriel Valbuena Hernández; sentencia del 3 de marzo de 2022, radicado No.
080001-23-33-000-2015-00075-01, Sección Segunda, Subsección A, C.P. William Hernández Gómez; sentencia del
28 de abril de 2022, radicado No. 76001-23-33-000-2013-00756-01, Sección Segunda, Subsección B, C.P. Carmelo
Perdomo Cuéter; sentencia del 9 de mayo de 2022, radicado No. 080001-23-40-000-2017-00795-01, Sección
Segunda, Subsección A, C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas; sentencia del 19 de mayo de 2022, radicado No.
47001-23-33-000-2019-00359-01, Sección Segunda, Subsección B, C.P. Sandra Liseth Ibarra; sentencia del 1º de
julio de 2022, radicado No. 47-001-23-33-000-2019-00376-01, Sección Segunda, Subsección B, C.P. Sandra Liseth
Ibarra; sentencia del 22 de agosto de 2022, radicado No. 08001-23-33-000-2015-00509-01, Sección Segunda,
Subsección B, C.P. César Palomino Cortés; y sentencia del 22 de septiembre de 2022, radicado No. 08001-23-33-
000-2015-90124-01, Sección Segunda, Subsección B, C.P. César Palomino Cortés; entre otras.
4 Sentencia del 23 de junio de 2022, radicado No. 66001-33-33-001-2022-00020-00 proferida por el Juzgado Primero

Administrativo de Pereira; sentencia del 9 de septiembre de 2022, radicado No. 70001-33-33-002-2022-00115-00
proferida por el Juzgado Segundo Administrativo de Sincelejo; sentencia del 21 de septiembre de 2022, radicado No.

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4.3.- Por último, alega una (iii) violación directa de la Constitución porque se
desconocieron los principios de igualdad, favorabilidad laboral y progresividad por no
aplicar las Leyes 52 de 1975 y 50 de 1990. Sostiene que la justificación de un régimen
especial es que este tenga mayores beneficios o al menos no sea menos favorable que
el régimen general, pues de lo contrario se configuraría un trato discriminatorio. Así, es
posible aplicar lo previsto en las referidas leyes, sin que ello conlleve una vulneración al
principio de inescindibilidad de la ley laboral.

4.4.- Precisa que no es necesario que se profiera una sentencia de unificación en la
materia, pues ya existe una postura reiterada, uniforme y pacífica en la Sección Segunda
de esta Corporación, lo cual genera una confianza legítima en las providencias judiciales
que deben proferir los jueces. Es decir, que desconocer la postura actual de la
jurisprudencia configura una violación a la seguridad jurídica. Acepta la posibilidad de
apartarse del precedente, pero reitera que para ello es necesario argumentar las
razones de forma suficiente, lo cual no sucedió en este caso.

D. Oposiciones e intervenciones

5.- Fiduprevisora S.A. (tercero con interés), en calidad de vocera y administradora del
FOMAG, solicita que se declare la improcedencia de la acción de tutela y que la entidad
sea desvinculada del proceso. Afirma que, en virtud del principio de unidad de caja, en
el FOMAG no hay cuentas individuales para los docentes y los valores que
corresponden a las cesantías no se consignan, sino que ya están presupuestados y se
trasladan al fondo desde el primer mes de cada vigencia. Añade que la actividad
operativa de la liquidación de las cesantías se realiza anualmente , ya que los recursos
están inmersos en el FOMAG antes del 1º de febrero de cada vigencia.

05001-33-33-019-2022-00085-00 proferida por el Juzgado Diecinueve Administrativo de Medellín; sentencia del 27
de septiembre de 2022, radicado No. 76-001-33-33-002-2022-00095-00 proferida por el Juzgado Segundo
Administrativo de Buga; sentencia del 28 de septiembre de 2022, radicado No. 76111-33-33-003-2022-00066-00
proferida por el Juzgado Tercero Administrativo de Buga; sentencia del 28 de septiembre de 2022, radicado No.
680013333002202200065-00 proferida por el Juzgado Segundo Administrativo de Bucaramanga; sentencia del 30
de septiembre de 2022, radicado No. 680013333009-2022-00109-00 proferida por el Juzgado Noveno Administrativo
de Bucaramanga; sentencia del 6 de octubre de 2022, radicado No. 27001-33-33-002-2022-00072-00 proferida por
el Juzgado Segundo Administrativo de Quibdó; sentencia del 25 de octubre de 2022 radicado No. 27001-33-33-005-
2022-00122-00 proferida por el Juzgado Quinto Administrativo de Quibdó; sentencia del 16 de noviembre de 2022
radicado No. 76147-33-33-002-2022-00008-00 proferida por el Juzgado Segundo Administrativo de Buga; y la
sentencia del 19 de enero de 2023 radicado No. 11001-3342-051-2022-00098-00 proferida por el Juzgado Cincuenta
y Uno Administrativo de Bogotá.

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Radicado: 11001-03-15-000-2023-03210-00
Accionante: Hildebrando Pico Duarte
Se declara improcedente por falta de relevancia constitucional

5.1.- En consecuencia, alega que es imposible desde un punto de vista jurídico crear
cuentas individuales para cada uno de los afiliados, lo cual no puede ser ordenado por
una autoridad judicial. Señala que esa imposibilidad <<se extiende a la figura de la
“consignación de cesantías”. En lugar de una consignación, los docentes tienen la
posibilidad de retirar sus cesantías siempre que su solicitud cumpla con [la] ley>>. Por
lo anterior, no puede configurarse la sanción moratoria contemplada en el artículo 99 de
la Ley 50 de 1990 para el caso del FOMAG, pues lo que penaliza esa ley es la
consignación inoportuna de las cesantías y, al estar prohibida la consignación de las
cesantías de los docentes del FOMAG, se descarta algún tipo de sanción.

5.2.- Señala que la sentencia SU-098 de 2018 de la Corte Constitucional es una
sentencia de unificación de jurisprudencia perteneciente a la tipología
<<interpretativas>>. Añade que los pronunciamientos del Consejo de Estado citados por
el accionante deciden casos particulares y concretos en donde <<las pretensiones no
han prosperado por estar prescritas>>.

5.3.- Alega que, contrario a los precedentes citados por el accionante, en el caso
concreto no se cuestiona una afiliación inoportuna al FOMAG que haya devenido en el
retardo de la consignación de las cesantías. Por el contrario, el actor reclamó la
consignación extemporánea de sus cesantías en los plazos establecidos en la Ley 50
de 1990 e indemnización por pago inoportuno de los intereses.

6.- El Juzgado Noveno Administrativo de Tunja (tercero con interés) envió copia digital
del expediente del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado No.
15001-33-33-009-2022-00104-00/01. Sostiene que la tutela está dirigida contra la
sentencia de segunda instancia del Tribunal Administrativo de Boyacá, por lo cual no se
pronuncia de fondo sobre los argumentos de la tutela y se le debe desvincular del
proceso de tutela. Sin embargo, señala que los argumentos allí planteados reiteran los
expuestos en el recurso de apelación del proceso ordinario. Añade que no existe un
criterio unificado sobre la materia que discute el actor.

7.- El Departamento de Boyacá (tercero con interés) afirma que no hubo vulneración de
derechos ni se acreditaron los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela. Agrega
que dentro de sus competencias no se encuentra girar los recursos para el pago de las
cesantías de cada docente y que, en cualquier caso, al accionante no le aplica la Ley 50
de 1990 ni la sentencia SU-098 de 2018, como concluyó adecuadamente el tribunal

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Accionante: Hildebrando Pico Duarte
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accionado. Cita un precedente del Consejo de Estado en el cual se declaró la
improcedencia de la acción en un caso similar al presente5.

8.- El Tribunal Administrativo de Boyacá (accionado), el Ministerio de Educación
Nacional (tercero con interés) y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado
(interviniente), pese a estar debidamente notificados, guardaron silencio.

II. CONSIDERACIONES

9.- Se acogerá la posición mayoritaria de la Sala y se declarará improcedente la acción
de tutela por no acreditarse el requisito de relevancia constitucional, en la medida en
que se reiteran argumentos que fueron planteados y resueltos dentro del proceso
ordinario6. De cualquier manera, se advierte que la tutela no podía prosperar porque la
providencia objeto de reproche no incurrió en los defectos alegados por el accionante.
Los defectos invocados se analizarán en conjunto, pues tanto el defecto sustantivo como
la violación directa de la Constitución se resuelven al estudiar las reglas
jurisprudenciales aplicables al caso.

10.- La Corte Constitucional ha establecido que las reglas del precedente no son
absolutas y que las autoridades judiciales pueden apartarse de ellas, siempre que (i)
identifiquen el precedente del cual se apartan (carga de transparencia) y (ii) sustenten
suficientemente las razones para ello (carga de argumentación). Además, también ha
señalado que el precedente es vinculante siempre que sea uniforme y pacífico, pues de
lo contrario los jueces pueden adoptar una postura u otra7.

11.- En este caso, se considera que el tribunal accionado cumplió con las dos cargas
señaladas y que, además, no es cierto que exista una postura unificada en la materia.
Frente a lo primero, en la providencia atacada se identificó la sentencia SU-098 de 2018
(que fundamenta las otras sentencias invocadas por el actor, tanto de la Corte
Constitucional, como del Consejo de Estado) y se explicó en extenso su alcance en las
páginas 17 a 19 del fallo atacado. De igual manera, se citaron varias sentencias de esta

5 Radicado No. 1001-03-15-000-2023-02221-00.
6 El magistrado ponente considera que la presente tutela sí cumple con el requisito de relevancia constitucional porque

el accionante alegó la vulneración de sus derechos fundamentales a la igualdad, acceso a la administración de
justicia, debido proceso y seguridad social, y explicó los vicios que consideró configurados en la decisión atacada.
Sin embargo, acoge la posición mayoritaria de la Sala, según la cual cuando se reiteran argumentos que fueron
resueltos dentro del proceso ordinario, no se cumple con este requisito.
7 Entre otras, ver la sentencia SU-354 de 2017.

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Se declara improcedente por falta de relevancia constitucional

Corporación (anteriores a noviembre de 2019) que han adoptado la postura señalada
en esa sentencia de la Corte Constitucional8. Esto es, se referenciaron expresamente
las reglas jurisprudenciales de las cuales se apartó el tribunal.

11.1.- Luego, el tribunal desarrolló las razones para apartarse de ese precedente (carga
de argumentación). El tribunal precisó que no existe un criterio unificado en la materia y
que los precedentes citados por el actor se han proferido en asuntos en los que han
mediado supuestos fácticos que difieren de las circunstancias en las que se enmarca la
situación jurídica del demandante.

11.2.- El Tribunal Administrativo de Boyacá añadió que tampoco podía aplicarse el
principio de favorabilidad, pues este opera cuando dos normas regulan una misma
situación fáctica, requisito que no se configura en el presente asunto. En efecto, la Ley
50 de 1990 regula las situaciones en que un empleado público se encuentra afiliado a
un fondo privado de pensiones; en cambio, la Ley 91 de 1989 regula las situaciones de
los docentes oficiales afiliados al FOMAG. En ese sentido, como existe norma para cada
caso concreto, no hay lugar a realizar algún análisis de favorabilidad. Además, la
totalidad del régimen prestacional y salarial de los docentes consagrado en la Ley 91 de
1989 resulta más provechoso que el régimen general o privado debido a los beneficios
en materia salarial con los que cuentan los docentes oficiales. Por lo tanto, no es de
recibo que para un tema particular como las cesantías se regule conforme la Ley 50 de
1990 y el resto de las prerrogativas conforme la Ley 91 de 19899.

11.3.- Además, el tribunal accionado identificó la sentencia SU-573 de 2019, en la que
se conocieron varias acciones de tutela contra providencias fundadas en los mismos
supuestos que originaron este caso y en la que se concluyó que la sentencia SU-098 de
2018 no era un precedente aplicable porque partió de un supuesto distinto, en el que los
docentes ni siquiera estaban vinculados al FOMAG10.

8 <<Ver, entre otras, sentencias del Consejo de Estado, del 17 de junio de 2019, A.C. 11001-03-15-000- 2018-04617-

01, Sección Tercera, M.P. y del 28 de junio de 2019, A.C. 11001-03-15-000-2018-04679-01, Sección Primera, M.P.
Roberto Augusto Serrato Valdés>>.
9 <<[…] la Sala considera que aplicar un fragmento de una norma general (numeral 3º del artículo 99 de la Ley 50 de

1990) y aplicarla a un régimen especial de docentes oficiales (artículo 15 de la Ley 91 de 1989), sería crear un tercer
régimen no previsto por el legislador y violentar el principio de inescindibilidad de la Ley>>.
10 <<[…] se tiene que la SU-098 posee las siguientes diferencias que no la hacen aplicable, respecto al caso bajo

estudio: (i) En el presente asunto se analiza el caso de una docente actualmente vinculado con el Departamento, en
el caso del 2018 el docente había finalizado su vinculación legal y reglamentaria; (ii) aquí el docente fue afiliado al
FOMAG, en cambio en el proceso de la Corte el educador no estaba afiliado a tal fondo; (iii) en el asunto de la
referencia no se reclama el pago de las cesantías, solo la mora; pero en el proceso de tutela el docente reclamó y le

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Radicado: 11001-03-15-000-2023-03210-00
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11.4.- A partir de lo anterior, el tribunal concluyó que no existe una postura
jurisprudencial unificada y, en todo caso, existen motivos para apartarse del precedente
invocado por el actor. En ese sentido, esta Sala ya ha reconocido en otras ocasiones la
posibilidad de apartarse del precedente, siempre que se identifiquen las sentencias y
reglas que se dejarán de aplicar, y se expongan los motivos para ello11.

12.- Por último, se negarán las solicitudes de desvinculación elevadas por Fiduprevisora
S.A. (en calidad de vocera y administradora del FOMAG) y el Juzgado Noveno
Administrativo de Tunja. La vinculación del FOMAG al presente asunto se origina en el
interés que pueda tener en las resultas del trámite de la acción, puesto que dicho sujeto
de derechos fue parte demandada en el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho con radicado No. 15001-33-33-009-2022-00104-00/01, cuya sentencia de
segunda instancia es atacada por el actor en el presente proceso de tutela. En cuanto
al Juzgado Noveno Administrativo de Tunja, su vinculación al proceso se debe a que
fue la autoridad judicial que profirió la sentencia de primera instancia en el proceso
ordinario cuestionado.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de Colombia
y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: DECLÁRASE IMPROCEDENTE el amparo constitucional por lo expuesto
en la parte motiva de esta decisión.

SEGUNDO: NIÉGANSE las solicitudes de desvinculación elevadas por Fiduprevisora
S.A. en calidad de vocera y administradora del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio y por el Juzgado Noveno Administrativo de Tunja.

pagaron el derecho; y (iv) aquí se reclama la sanción por consignación tardía, no obstante en el asunto de la Corte
se reclamó la sanción por no consignación. Razones estas que hacen que la sentencia referida por el recurrente no
sea aplicable al caso concreto>> (subrayado original del texto).
11
Esta tesis ha sido reiterada recientemente, entre otras, en las sentencias de tutela del 11 de julio de 2023 (radicado
No. 11001-03-15-000-2023-02810-00) y del 30 de junio de 2023 (radicado No. 11001-03-15-000-2023-02838-00),
proferidas por este despacho. Allí se analizaron casos con contornos fácticos y jurídicos similares al presente, y se
alcanzó la misma decisión: declarar la improcedencia por falta de relevancia constitucional conforme a una
argumentación similar a la de este caso.

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Radicado: 11001-03-15-000-2023-03210-00
Accionante: Hildebrando Pico Duarte
Se declara improcedente por falta de relevancia constitucional

TERCERO: NOTIFÍQUESE la presente decisión a las partes por el medio más expedito
y eficaz.

CUARTO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a
su notificación, ENVÍESE el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

QUINTO: PUBLÍQUESE la presente providencia en la página web de la Corporación.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.

Con firma electrónica
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente
Con aclaración de voto

Con firma electrónica Con firma electrónica
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado Magistrado
Con aclaración de voto

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