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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-03253-00

Fecha
3 de agosto de 2023
Consejero ponente
Stella Jeannette Carvajal Basto

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-03253-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE: Primero.- DECLÁRASE LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO por configurarse un hecho superado. Segundo.-

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2023-03253-00

Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto

3 de agosto de 2023

Radicación:11001-03-15-000-2023-03253-00
Demandante: LUVING DANIEL SALINAS HINOJOSA

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

Bogotá D.C., tres (3) de agosto de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-03253-00
Demandante: LUVING DANIEL SALINAS HINOJOSA
Demandado: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - UNIDAD DE
REGISTRO NACIONAL DE ABOGADOS Y AUXILIARES DE LA
JUSTICIA

Temas: Tutela contra autoridad administrativa. Tardanza en expedir tarjeta
profesional de abogado. Carencia actual de objeto por hecho
superado

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela
promovida por el señor Luving Daniel Salinas Hinojosa1, contra el Consejo
Superior de la Judicatura, Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares
de la Justicia, en la que pide el amparo constitucional del derecho fundamental de
petición, que considera vulnerado con la tardanza en resolver la solicitud de
expedición de la tarjeta profesional de abogado que presentó ante la autoridad
accionada.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

El actor manifestó que el 11 de noviembre de 2022, mediante diploma y acta de
grado Nº 967, la Fundación Universitaria del Área Andina le otorgó el título de
abogado.

Indicó que mediante petición “de 19 de diciembre de 2022”, solicitó ante el
Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de Registro Nacional de Abogados y
Auxiliares de la Justicia, la expedición de la tarjeta profesional de abogado.

Refirió que a la fecha no se ha resuelto de fondo su solicitud, no obstante haber
transcurrido el término de 15 días para dar respuesta establecido en los artículos
13 y 14 de Ley 1437 de 2011 y el Acuerdo PSCJA22-11985 de 2022.

1
La acción de tutela se presentó el 15 de junio de 2023.

1

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación:11001-03-15-000-2023-03253-00
Demandante: LUVING DANIEL SALINAS HINOJOSA

2. Fundamentos de la acción

El accionante presentó acción de tutela contra el Consejo Superior de la
Judicatura, Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia,
al considerar vulnerado su derecho fundamental de petición, por la tardanza en
resolver su solicitud de expedición de la tarjeta profesional de abogado a pesar de
que ha aportado toda la documentación requerida por la entidad para tal fin.

3. Pretensiones

El demandante en el escrito de tutela formuló las siguientes:

“1. Se ampare el derecho fundamental de petición y cualquier otro del mismo rango que
se determine como violado.

2. Se ordene al accionado(a), que dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de
la sentencia produzca la respuesta y envíe la tarjeta profesional de abogado a la
dirección registrada en sirna rama judicial Consejo Superior de la Judicatura.

3. Se ordene al accionado(a), que, una vez producida la decisión definitiva en el asunto
en cuestión, remita a su Despacho, copia del acto administrativo con las formalidades
de ley, so pena de las sanciones de ley por desacato a lo ordenado por Sentencia de
tutela”.

4. Pruebas relevantes

El accionante aportó los siguientes documentos:

• Copia del formulario único para múltiples trámites de profesionales del derecho
debidamente diligenciado.
• Captura de pantalla del correo enviado el 15 de mayo de 2023 a la dirección
regnal@cendoj.ramajudicial.gov.co en el que el actor aportó la documentación
para solicitar la tarjeta profesional.

5. Trámite procesal

Por auto de 21 de junio de 2023, el Despacho admitió la demanda de tutela y
ordenó notificar al accionante y a la autoridad demandada.

La Secretaría General de esta Corporación libró los oficios 60113 a 60117 de 23
de junio de 2023, con el fin de notificar a las partes2.

6. Oposición

Respuesta del Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de Registro
Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia

A través de memorial de 23 de junio de 2023, el director de la Unidad solicitó que
se nieguen las pretensiones formuladas por el actor, al considerar que no se
vulneró ningún derecho fundamental.

2
El accionante y la autoridad demandada fueron notificados a las siguientes direcciones de correo electrónico:
salinasluving@gmail.com; presidencia@consejosuperior.ramajudicial.gov.co; regnal@cendoj.ramajudicial.gov.co;
tutelasnacionales@defensajuridica.gov.co.

2

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Demandante: LUVING DANIEL SALINAS HINOJOSA

Señaló que de acuerdo con la Ley Estatutaria 270 de 1996, artículo 85, numeral
20, una de las funciones del Consejo Superior de la Judicatura es la de “(...)
regular, organizar y llevar el Registro Nacional de Abogados y expedir la
correspondiente Tarjeta Profesional, previa verificación de los requisitos legales
señalados por la Ley”.

Indicó que mediante Acuerdo Nº 002 de 1996, expedido por el Consejo Superior
de la Judicatura se dictaron disposiciones sobre la inscripción y registro de
abogados, en el que se facultó a la Unidad de Registro Nacional de Abogados y
Auxiliares de la Justicia, para efectuar la inscripción y expedición de la tarjeta
profesional de abogado, previo cumplimiento de las disposiciones legales sobre la
materia.

Refirió que el Consejo Superior de la Judicatura expidió el Acuerdo No. PSCJA22-
11985 de 29 de agosto de 2022, “por medio del cual se establecen normas para la
expedición de tarjetas profesionales de abogados y se dictan otras disposiciones”,
en el que se establece que los graduados destinatarios de la Ley 1905 de 2018
que aún no presentan el examen de Estado, podrán solicitar sin la acreditación del
certificado de aprobación del examen su inscripción en el Registro Nacional de
Abogados y la expedición de una tarjeta profesional de abogado con vigencia
provisional hasta la publicación de los resultados de la primera prueba.

Sostuvo que en lo que corrido del año ha tramitado 1993 solicitudes de
reconocimiento de práctica jurídica, se han expedido 3905 tarjetas profesionales
de abogado, así como la expedición de 542 licencias temporales de abogado,
pese a que se han recibido 27496 solicitudes de toda índole, al correo institucional
de la Unidad.

Manifestó que el señor Luving Daniel Salinas Hinojosa solicitó a través del correo
electrónico regnal@cenoj.ramajudicial.gov.co, su inscripción como abogado y la
expedición de la tarjeta profesional, como titulado por la Fundación Universitaria
del Área Andina.

Afirmó que la Unidad procedió a inscribir al accionante en el registro de abogados,
asignándole la tarjeta profesional de abogado Nº 407.893, mediante el Acta Nº
1146 de 31 de mayo de 2023.

Aseguró que el plástico de la tarjeta profesional se remitió a la dirección
suministrada por el actor el 22 de junio de 2023, por el servicio de correo
certificado de Servicios Postales Nacionales de Colombia S.A. 4-72, mediante la
guía de envió No. RA430480563CO, siendo entregada al día siguiente.

Para terminar, aseveró que, en cualquier caso, el accionante podrá acceder a la
certificación de vigencia de la tarjeta profesional de abogado que puede ser
descargada o consultada por la página de internet, a través del servicio de
“Certificado de Vigencia” al que podrá acceder cualquier ciudadano o funcionario,
desde la página web de la Rama Judicial o en el link
https://sirna.ramajudicial.gov.co.

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II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29
del Decreto 2591 de 1991 y 13 del reglamento interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto
objeto de estudio.

2. Planteamiento del problema jurídico

La Sala debe establecer si se configuró la carencia actual de objeto por hecho
superado, como quiera que mediante Acta N° 1146 de 31 de mayo de 2023, se le
asignó al actor la tarjeta profesional de abogado Nº 407.893, y que este ya la
recibió en su dirección de domicilio.

3. Generalidades de la acción de tutela

El artículo 86 de la Constitución Política señala que toda persona tendrá la acción
de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, “cuando quiera que estos resulten vulnerados por
la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”. Destaca esa disposición
que dicha solicitud de amparo, “solo procederá cuando el afectado no disponga
de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable”.

Así mismo, el artículo 1 del Decreto 2591 de 1991 establece que “Toda persona
tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar,
mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe
a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales
fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por
la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en las
casos que señale este Decreto. Todos los días y horas son hábiles para
interponer la acción de tutela (…)”.

En suma, la acción de tutela es un mecanismo de protección inmediato y
subsidiario de los derechos fundamentales, que puede iniciar cualquier persona,
cuando éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de
cualquier autoridad pública o de los particulares.

4. Estudio y solución del caso concreto

4.1. El señor Luving Daniel Salinas Hinojosa interpuso acción de tutela contra el
Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de Registro Nacional de Abogados y
Auxiliares de la Justicia, con el fin de que se ordene inscribir y expedir su tarjeta
profesional de abogado, teniendo en cuenta que envió la documentación
correspondiente el 15 de mayo de 2023, sin que a la fecha de presentación de la
solicitud de amparo se hubiera expedido el documento solicitado.

4.2. Al respecto, la Sala encuentra que en el caso concreto se configura el
fenómeno de la carencia actual de objeto por hecho superado, teniendo en cuenta
que la pretensión formulada por el actor, consistente en que se expida la tarjeta

4

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profesional de abogado se encuentra satisfecha, por las razones que se exponen
a continuación:

(i) El director de la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de
la Justicia suscribió el acta de registro de tarjeta profesional Nº 1146 de 31
de mayo de 2023, en la que se le asignó al actor la tarjeta profesional de
abogado Nº 407.893.

(ii) A través de oficio de 23 de junio de 2023, suscrito por el director de la
Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia, se le
informó al actor, lo siguiente:

“En atención a su correo electrónico, en el cual solicita información sobre el trámite de
su tarjeta profesional de abogado, de manera atenta me permito informarle que esta
Unidad le asignó la Tarjeta Profesional de Abogado No. 407.893, la cual fue enviada
el día 22 de junio de la presente anualidad, a través del servicio de correo certificado
de la Empresa 4-72 Servicios Postales Nacionales de Colombia S.A, bajo la guía No.
RA430480563CO, tal como lo acredita el soporte adjunto.

De igual manera, podrá acceder a la certificación de vigencia de la tarjeta profesional
de abogado, que puede ser descargada o consultada por la internet, a través del
servicio de “Certificado de Vigencia”, al que podrá acceder cualquier ciudadano o
funcionario, desde la página web de la Rama Judicial o en el link
https://sirna.ramajudicial.gov.co y verificar así la titularidad y vigencia del documento ”.

(iii) Si bien se observa que en el oficio de 23 de junio de 2023 se consignó
erradamente la dirección de correo electrónico del accionante, el despacho,
en atención a la informalidad que orienta el ejercicio de la acción de tutela,
estableció comunicación vía telefónica3 con el accionante, quien manifestó
haberse notificado del mencionado oficio y haber recibido la tarjeta
profesional en su domicilio mediante el servicio de correo postal.

Lo anterior, fuerza a concluir que la pretensión formulada por el actor en relación
con la expedición de su tarjeta profesional de abogado se encuentra satisfecha por
completo. De este modo, la orden del juez de tutela relativa a lo solicitado en la
demanda de tutela no surtiría ningún efecto, pues lo pretendido se resolvió antes
de emitirse la decisión de primera instancia.

Cabe resaltar que en sentencia SU-274 de 20194, la Corte Constitucional reiteró
que “ante la alteración o el desaparecimiento de las circunstancias que dieron
origen a la vulneración de los derechos fundamentales objeto de estudio, la
solicitud pierde su eficacia y sustento, así como su razón de ser como mecanismo
extraordinario y expedito de protección judicial”. Ello se justifica en que al
desaparecer el supuesto de hecho que motivó la presentación de la solicitud,
cualquier determinación por el juez constitucional sería inocua y no atendería el
objetivo de esta acción consagrado en el artículo 86 de la Constitución Política.

3
La Corte Constitucional, en jurisprudencia reiterada, ha aprobado la práctica de pruebas urgentes por parte del juez
constitucional mediante comunicación telefónica, a fin de que pueda analizar con mejores elementos de juicio los problemas
jurídicos bajo discusión y las eventuales violaciones a derechos fundamentales. Lo anterior, se permite en desarrollo de los
principios de celeridad y eficacia, con base en los cuales debe ser adelantado el trámite de tutela (artículos 86 de la
Constitución Política y artículo 3 del Decreto 2591 de 1991). Cfr. Sentencia T-726 de 2007, M.P. Catalina Botero Marino (E).
4
M. P. José Fernando Reyes Cuartas.

5

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En términos concretos dijo la Corte, “la materia o amenaza cesa porque ha tenido
lugar un evento que conlleva a la conjuración del daño, la satisfacción del derecho
o la inocuidad de las pretensiones”.

Con base en lo previsto en el artículo 86 de la Carta Política, la Corte
Constitucional ha desarrollado el concepto de la carencia actual de objeto, que
permite evidenciar la imposibilidad material del juez constitucional para dictar
alguna orden para salvaguardar los intereses jurídicos cuya garantía ha sido
solicitada. Este fenómeno se materializa a través de tres figuras: (i) hecho
superado; (ii) daño consumado y (iii) el acaecimiento de una situación
sobreviniente.

El hecho superado está previsto en el inciso primero del artículo 26 del Decreto
2591 de 1991, el cual se configura cuando entre el momento de la presentación de
la acción de tutela y el fallo desaparece la situación que presuntamente generaba
la afectación ius fundamental. La Corte ha dicho que tiene lugar cuando “(i) se
superó la afectación y (ii) resulta inocua cualquier intervención que pueda realizar
el juez de tutela para lograr la protección de unos derechos que, en la actualidad,
la accionada ha dejado de desconocer”5.

De otra parte, el daño consumado consagrado en el numeral 4º del artículo 6 del
Decreto 2591 de 1991, consiste en que “a partir de la vulneración que venía
ejecutándose, se ha consumado el daño o afectación que con la acción de tutela
se pretendía evitar, de forma que ante la imposibilidad de hacer cesar la
vulneración o impedir que se concrete el peligro, no es factible que el juez de
tutela, dé en principio, una orden al respecto”6.

Por último, la jurisprudencia constitucional ha desarrollado una tercera modalidad
que comprende supuestos de hecho que no se encajan en un hecho superado o
un daño consumado, la cual ha denominado acaecimiento de una situación
sobreviniente, “que no tiene origen en el obrar de la entidad accionada la
vulneración predicada (…), ya sea porque el actor mismo asumió la carga que no
le correspondía, o porque a raíz de dicha situación, perdió interés en el resultado
de la litis”7.

En consecuencia, la Sala declarará la carencia actual de objeto porque se
configuró un hecho superado, teniendo en cuenta que la pretensión formulada por
el demandante, en relación con la expedición de su tarjeta profesional de abogado
se encuentra satisfecha, incluida la entrega del plástico, por lo que la orden del
juez de tutela relativa a lo solicitado en la demanda de amparo no surtiría ningún
efecto, ya que la pretensión se resolvió antes de emitirse la decisión de primera
instancia.

III. DECISIÓN

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y
por autoridad de la ley,
5
Cfr. T-449 de 2018, M. P. Alberto Rojas Ríos.
6
Cfr. SU-225 de 2013, M. P. Alexei Julio Estrada.
7
Cfr. T-449 de 2018, M. P. Alberto Rojas Ríos.

6

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RESUELVE:

Primero.- DECLÁRASE LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO por configurarse
un hecho superado.

Segundo.- NOTIFÍQUESE esta decisión por el medio más eficaz y expedito
posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Tercero.- PUBLÍQUESE esta providencia en la página web del Consejo de
Estado.

Cuarto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, REMÍTASE el
expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de
eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidenta

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA WILSON RAMOS GIRÓN

7

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