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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-03263-01

Fecha
3 de octubre de 2023
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-03263-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Confirmar la sentencia proferida el 3 de agosto de 2023 por el Consejo de Estado, Sección Cuarta, mediante el cual declaró improcedente la solicitud de tutela promovida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible contra el Tribunal 8 Radicado: 11001-03-15-000-2023-03263-01 Demandante: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible Administrativo del Chocó y el Juzgado Primero Administrativo de Quibdó, por las razones expuestas en la parte motiva de esta decisión judicial. Segundo. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Tercero. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia. La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2023-03263-01

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

3 de octubre de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., tres (3) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2023-03263-01
Demandante: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Demandado: Tribunal Administrativo del Chocó y otro

Temas: Tutela contra providencia judicial. Acción de grupo. Defecto
procedimental y desconocimiento del precedente judicial

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________

Decide la Sala la impugnación interpuesta por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, en contra de la sentencia proferida el 3 de agosto de 2023 por el Consejo
de Estado, Sección Cuarta, mediante la cual se decidió la solicitud de amparo de la
referencia.

1. Antecedentes

1.1. La solicitud

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible promovió solicitud de tutela con
el fin de que se ampararan sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia, los cuales consideró vulnerados
con ocasión de las providencias del 3 de marzo de 2016 y 27 de mayo de 2022
proferidas por el Juzgado Primero Administrativo de Quibdó y el Tribunal
Administrativo del Chocó, respectivamente, en el trámite de la acción de grupo con
radicado 27001333300120090022401.

Como fundamento de la solicitud de amparo expuso lo siguiente:

i) Cristóbal Mena Córdoba y otros interpusieron acción de grupo contra el municipio
de Rio Quito, la Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del
Chocó (Codechocó), el Instituto Colombiano de Geología y Minería y el Ministerio
de Ambiente y Desarrollo Sostenible, por estimar que fueron administrativamente
responsables por el deterioro causado por actividades mineras desarrolladas en la
cuenca del rio Quito.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2023-03263-01
Demandante: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

ii) El Juzgado Primero Administrativo de Quibdó, mediante sentencia del 24 de
marzo de 2016 declaró la responsabilidad administrativa de las entidades
demandadas y las condenó a pagar indemnizaciones por daños inmateriales (30
smlmv para cada demandante) y materiales (20 smlmv para cada demandante), y
ordenó el cese inmediato y definitivo de la explotación minera mecanizada del
recurso aurífero en la cuenca del Rio Quito. La parte demandada interpuso recurso
de apelación.

iii) El Tribunal Administrativo del Chocó, a través de sentencia del 27 de enero de
2017 confirmó la decisión del a quo. Sin embargo, la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado interpuso solicitud de tutela contra este último pronunciamiento,
pues, a su juicio, fue dictada con vulneración del derecho fundamental al debido
proceso, en cuanto a la prueba del perjuicio y la conformación de grupo afectado.

iv) En consecuencia, por sentencias de tutela del 9 de septiembre de 2021 y del 2
de mayo de 2022, dictadas por las subsecciones A y B de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, fue dejada sin efecto la sentencia del 27 de enero de 2017 y se
dispuso que fuera dictado fallo de reemplazo en el que se analizaran todos y cada
uno de los argumentos planteados en los recursos de apelación por la Agencia
Nacional de Minería y el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible.

v) El Tribunal Administrativo del Chocó, mediante sentencia de remplazo del 27 de
mayo de 2022, confirmó la decisión judicial del 24 de marzo de 2016, dictada por el
Juzgado Primero Administrativo de Quibdó. Posteriormente, a través de auto del 18
de agosto de 2022, negó la solicitud de adición y aclaración de la sentencia
presentada por la Agencia Nacional de Minería.

vi) En septiembre de 2022, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible solicitaron la revisión eventual de la
sentencia del 27 de mayo de 2022, por cuestiones relacionadas con la
obligatoriedad de acreditar los perjuicios en el medio de control de reparación de
perjuicios causados a un grupo.

vii) Argumentó que sus derechos fundamentales fueron vulnerados al incurrir en
defecto procedimental y desconocimiento del precedente judicial, en tanto, a su
parecer, los magistrados de la corporación judicial demandada omitieron manifestar
impedimento para conocer y tramitar la acción de grupo con radicado 2009-00224-
00, pese a que en otro caso similar fueron separados del conocimiento por tener
interés en el resultado del proceso. Así mismo, citó como precedentes desconocidos
las sentencias C-573 de 1998, C-532 de 2015, T-305 del 2017, dictadas por la Corte
Constitucional, además de la providencia del 10 de septiembre de 2020 proferida
por la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia en el expediente 11001-02-30-
000-2020-00612-00 que hablan sobre la imparcialidad e independencia judicial.

1.1.2. Pretensiones

2

Radicado: 11001-03-15-000-2023-03263-01
Demandante: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

Con fundamento en la situación fáctica expuesta, solicitó lo siguiente:

«[…] 1. Tutele el derecho fundamental al debido proceso, conforme a sus elementos
integradores compuestos por el derecho a la jurisdicción, el derecho al juez natural, el
derecho a la tutela judicial efectiva y el derecho a la igualdad, de los cuales es titular el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo sostenible, los cuales fueron lesionados con las
decisiones primera y de segunda instancia dentro de la acción de grupo de radicado de
27001-33-31-001-2009-00224-00, por las razones en el libelo suscitadas.

2. Dejar sin efectos las sentencias de primera instancia, proferida el 03 de marzo de
2016, el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Quibdó, y la de segunda
instancia, emanada el 27 de mayo de 2022 desde el Tribunal Contencioso Administrativo
del Chocó, resultar vulneratorias de los derechos fundamentales del Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible.

En consecuencia de lo anterior, ordene que el juez natural, que no está incurso en causal
de impedimento, sea quien conozca de la acción de grupo de radicado 27001-33-31-
001-2009-00224-00. […]».

1.2. Informes rendidos en el proceso

1.2.1. El Tribunal Administrativo del Chocó1 manifestó que la tutela no cumple el
requisito de inmediatez, toda vez que el supuesto impedimento es conocido desde
la providencia del 23 de abril de 2018, dictada cuando los magistrados advirtieron
un posible interés directo respecto de la acción de grupo con radicado 27001-23-
33-000-2018-00011-00. Asimismo, mencionó que no se acredita el requisito de la
subsidiariedad, por cuanto la parte actora no formuló recusación, de conformidad
con las causales previstas en el artículo 141 del CGP. Agregó que puede haber
temeridad, puesto que fue interpuesta una demanda de tutela idéntica, bajo el
radicado 11001-03-15-000-2023-03266-00.

1.2.2. La Agencia de Defensa Jurídica del Estado2 y la Agencia Nacional de
Minería3, coadyuvaron las pretensiones de la demanda de tutela y reiteraron los
argumentos expuestos por la entidad demandante.

1.2.3. La Universidad Tecnológica del Chocó “Diego Luis Córdoba”4 manifestó
que carece de legitimación en la causa por pasiva, en la medida en que no tiene
responsabilidad en los hechos que originan la acción de grupo.

1.2.4. Los demás terceros con interés en el resultado del proceso guardaron
silencio.5

1 Ver índice 13 de SAMAI, radicado 2023-03263-00.
2 Ver índice 12 de SAMAI, radicado 2023-03263-00.
3 Ver índice 19 de SAMAI, radicado 2023-03263-00.
4 Ver índice 20 de SAMAI, radicado 2023-03263-00.
5 Mediante auto del 21 de junio de 2023, se admitió la tutela de la referencia y se ordenó notificar al

Juzgado Primero Administrativo de Quibdó, el municipio de Rio Quito, la Corporación Autónoma
Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó y la parte demandante en el proceso de acción de
grupo.

3

Radicado: 11001-03-15-000-2023-03263-01
Demandante: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

1.3 Sentencia de primera instancia6

El Consejo de Estado, Sección Cuarta, mediante sentencia del 3 de agosto de 2023
declaró la improcedencia del amparo, en tanto la parte demandante, de considerar
que la imparcialidad de los magistrados del Tribunal Administrativo del Chocó que
conocieron el asunto estaba comprometida, tuvo la posibilidad de recusarlos y no lo
hizo.

1.4. Escrito de impugnación7

La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible interpusieron recurso de apelación contra la sentencia de
primera instancia, para lo cual insistieron en que para la última de aquellas solo era
posible conocer del impedimento que recaía en los magistrados del Tribunal
Administrativo del Chocó hasta cuando se le notificó el declarado por aquellos en el
trámite del proceso de contornos similares con radicado
27001233300020180001102.

2. Consideraciones

En atención a los argumentos expuestos en el escrito de impugnación y a las
pruebas que obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración
en el siguiente orden: i) competencia para decidir; ii) procedencia de la tutela contra
providencia judicial; iii) determinación del problema jurídico y iv) solución del caso
concreto.

2.1. Competencia

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el
Decreto 1382 de 20008 y el Acuerdo 80 del 12 de marzo de 20199, esta Sala es
competente para conocer las presentes impugnaciones contra el fallo de tutela
proferido por el Consejo de Estado, Sección Cuarta.

2.2. Procedencia de la tutela contra providencia judicial

En fallo del 31 de julio de 2012, la Sala Plena de lo Contencioso-administrativo del
Consejo de Estado10 unificó el criterio de la corporación en cuanto a la procedencia
de la tutela contra providencias judiciales, en consideración a las distintas posturas
que en su interior se habían desarrollado sobre el tema.11 Al respecto señaló lo
siguiente:

6 Ver índice 24 de SAMAI, radicado 2023-03263-01.
7 Ver índice 2 de SAMAI, radicado 2023-00522-01.
8 Por medio del cual se establecen competencias para el reparto de la acción de tutela.
9 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado.
10 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, radicado 11001-03-15-000-2009-01328-01,

M.P. María Elizabeth García González.
11 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñada.

4

Radicado: 11001-03-15-000-2023-03263-01
Demandante: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

«[…] De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el criterio
mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar
improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las
distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de
junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional,
de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos
constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita,
como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se
esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos,
observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente.
[Resalta la Sala]. […]»

Como consecuencia de lo anterior, esta corporación ha considerado que es
necesario estudiar las solicitudes de tutela que se presenten contra providencia
judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental, para lo cual
corresponde verificar cuáles son esos «parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente» como se indica en aquella decisión.

Sobre el particular, el Consejo de Estado, Sala Plena,12 adoptó los criterios
expuestos por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para
establecer la procedencia de la tutela como mecanismo residual y excepcional para
la protección de derechos fundamentales como lo señala el artículo 86
Constitucional. En ese sentido, se consideró que esta solicitud se puede presentar
además contra decisiones de las altas cortes que desconozcan derechos
fundamentales.

Ahora bien, la Corte Constitucional13 ha señalado que la solicitud de amparo debe
cumplir con unos requisitos generales de procedencia. Estos son: i) que sea
relevante en la constitución; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) que se haya
presentado dentro de un plazo prudencial, el cual se ha denominado inmediatez; y
iv) que se haya acudido a ella en forma subsidiaria, es decir, que se hayan agotado
los recursos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y
eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado. Cuando no se
cumpla con uno de esos presupuestos, la decisión a tomar será declarar
improcedente el amparo solicitado y no se analizará el fondo del asunto.

A continuación, y de acreditarse el cumplimiento de los anteriores requisitos,14 el
juez deberá realizar un análisis de los posibles yerros en que incurrió la autoridad
judicial, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos
fundamentales que se afirman vulnerados. En ese escenario, para la prosperidad
de la solicitud de amparo, debe verificarse lo siguiente: i) la configuración de alguno
de los requisitos específicos alegados por el interesado; y ii) que el vicio o defecto

12 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso-administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014, Ref.:

11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina Productos Alimenticios.
Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
13 Entre otras en las sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T-774 del 13 de agosto de 2004 y C-590 de

2005.
14 Corte Constitucional, Sentencia T-309 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.

5

Radicado: 11001-03-15-000-2023-03263-01
Demandante: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

sea de tal trascendencia que implique la amenaza o la afectación de derechos
fundamentales.15

Es decir, el operador judicial debe verificar que la transgresión sea de tal entidad
que incida en el sentido de la decisión y que con la solicitud no se intente reabrir el
debate que se había planteado en la instancia correspondiente.

2.3. Problema jurídico

La Sala deberá definir si: ¿la presente solicitud de tutela cumple con los requisitos
de procedibilidad adjetiva, en especial, el de subsidiariedad?

Solo de superar lo anterior, se determinará si: ¿El Tribunal Administrativo del Chocó
vulneró los derechos fundamentales del Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible con ocasión de la sentencia del 27 de mayo de 2022 dictada en la acción
de grupo con radicado 27001-33-31-001-2009-00224-00, con la que incurrió,
presuntamente, los defectos procedimental y desconocimiento del precedente?

2.4. Análisis de la Sala

2.4.1. Sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva – De la subsidiariedad

El artículo 86 constitucional señala que: «[…] Esta acción solo procederá cuando el
afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable […]». A su vez, el artículo 6
del Decreto 2591 de 1991 dispone las causales de improcedencia de la solicitud de
amparo:

«[…] 1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla
se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia
de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las
circunstancias en que se encuentra el solicitante. […]»

Como se observa, la solicitud de tutela es de carácter subsidiario y así lo ha definido
la Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia16, es decir, no es un mecanismo
de defensa judicial alternativo o supletorio de los recursos o medios ordinarios
previstos por el legislador para el amparo de un derecho y tampoco constituye un
último y único medio judicial para alegar la amenaza o vulneración de un derecho,
pues es la tutela el mecanismo preferente de protección de los derechos
fundamentales, cuyo ejercicio conduce a la obtención de un amparo efectivo e
inmediato frente a los actos u omisiones que los amenacen o vulneren.

2.4.2. Caso concreto

15 Corte Constitucional, Sentencia SU-337 de 2017, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
16 Ver, entre muchas otras, las sentencias: T-1140 de 2004, T-1093 de 2004, T-514 de 2003 y T-

1121 de 2003.

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Radicado: 11001-03-15-000-2023-03263-01
Demandante: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible acudió al juez de tutela con el fin
de que se ampararan sus derechos fundamentales y, en consecuencia, se dejara
sin efecto la providencia emitida en la acción de grupo con radicado 27001-33-31-
001-2009-00224-00, no obstante, se evidencia que no expuso argumento alguno
dirigido a cuestionar su contenido, sino que, por el contrario, reclama es que las
autoridades que conocieron el asunto no hayan manifestado impedimento para ello.

Así, al revisar la situación en concreto y en concordancia con lo expuesto por el juez
de tutela de primera instancia, resulta evidente que las inconformidades expuestas
por la parte demandante respecto a la mencionada acción de grupo debieron ser
expuestas durante su trámite a través del mecanismo idóneo como lo es la
recusación, cuyo trámite se reglamenta a través de los artículos 132 del C.P.A.C.A.
y, 142 y 143 del C.G.P.

Ahora bien, debe aclararse que, si bien es cierto en la acción de grupo con radicado
2018-00011-00 se declaró el impedimento de los conjueces que conocían la causa
y aquella es de contornos similares, esto no implica que la sala de decisión que
conoce la acción de grupo con radicado 2009-00224, que se cuestiona en sede de
tutela, debiera hacerlo en consonancia, pues esta es una situación particular que
debe ser analizada por cada juez o conjuez para determinar si en aquel recae la
causal señalada.

Asimismo, tal raciocinio debe ser efectuado por aquel sujeto procesal que pretenda
recusar a la autoridad judicial que conoce de un asunto en particular para, si es del
caso, hacer la formulación pertinente para que esta se trámite de acuerdo a las
normas adjetivas aplicables al asunto.

Por su parte, no resulta de recibo para esta Sala de decisión argumentar, como lo
hace el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, que solo fue posible conocer
del impedimento que recaía en los magistrados del Tribunal Administrativo del
Chocó para conocer el asunto hasta cuando se le notificó el declarado por aquellos
en el trámite del proceso de contornos similares con radicado
27001233300020180001102, pues, se reitera, la adecuación de las causales de
impedimento y recusación es un ejercicio que debe llevar a cabo quien pretende
formularla sin que para esto resulte fundamental el pronunciamiento dictado en otro
proceso, máxime si se tiene en cuenta que las autoridades o corporaciones que
conocen de una causa pueden estar conformadas por jueces, conjueces o
magistrados distintos y, por ende, el estudio de aquellas debe efectuarse de manera
subjetiva.

Sumado a esto, no es posible desconocer que la causal de impedimento cuya
omisión también se arguye en la presente solicitud de tutela tiene sustento en el
posible beneficio que implicaría una condena emitida en la acción de grupo de la
referencia tanto por los jueces, conjueces o magistrados que conozcan el asunto,
eventualidad de la cual no es posible tener certeza hasta tanto se defina quienes

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Radicado: 11001-03-15-000-2023-03263-01
Demandante: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

formarán parte del grupo demandante y si solicitarán o no las pretensiones
expuestas en el mencionado proceso.

Al respecto, se advierte que, por el carácter subsidiario y residual de la solicitud de
tutela, en principio, este medio de defensa judicial resulta improcedente cuando el
actor dejó de interponer los recursos ordinarios que estaban a su alcance para
confrontar la vulneración o amenaza de sus derechos fundamentales; pues no tiene
la vocación de sustituir aquellos que, por negligencia, descuido o incuria de quien
solicita el amparo constitucional, no fueron utilizados a su debido tiempo.

Pese a lo anterior es dable reconocer que la mencionada regla general merece una
especialísima excepción, esto es, cuando la solicitud de tutela es el único mecanismo
de defensa para la protección de un derecho fundamental vulnerado o amenazado, y
siempre que se logre demostrar que el actor no utilizó los mecanismos ordinarios de
defensa por encontrarse en una situación que se lo impedía por completo.

Así entonces, para que el juez constitucional de tutela pueda interferir en la
interpretación normativa que efectúan las autoridades administrativas y/o judiciales
debe vislumbrarse un total desconocimiento de las garantías previstas en el
ordenamiento jurídico para la satisfacción del derecho fundamental al debido
proceso de quien interviene en el asunto cuestionado; y, además, evidenciar la
inminencia de un perjuicio irremediable.

Sin embargo, analizados los supuestos jurídicos y el material probatorio obrante
dentro del expediente digital, no se observa que la cartera ministerial demandante
se encontrara en una situación que le impidiera ejercer los mecanismos ordinarios
de defensa con los que contaba.

Así las cosas, se concluye que no se cumple con el requisito de la subsidiariedad
para acudir al juez de tutela, al no hacerse uso del mecanismo judicial con el que
contaba la parte actora para su defensa, por lo que la solicitud de amparo continúa
siendo improcedente incluso como mecanismo transitorio.

Entonces, se confirmará la decisión del a quo de declarar improcedente la solicitud
de tutela interpuesta por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible contra el
Tribunal Administrativo del Chocó y otro.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por
autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Confirmar la sentencia proferida el 3 de agosto de 2023 por el Consejo de
Estado, Sección Cuarta, mediante el cual declaró improcedente la solicitud de tutela
promovida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible contra el Tribunal

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Radicado: 11001-03-15-000-2023-03263-01
Demandante: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

Administrativo del Chocó y el Juzgado Primero Administrativo de Quibdó, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta decisión judicial.

Segundo. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Tercero. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR CÉSAR PALOMINO CORTÉS
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente

Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el aplicativo
SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la integridad y autenticidad
del presente documento en el link
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador

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