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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-03288-00

Declara improcedente: la solicitud de amparo no satisface el

Fecha
13 de julio de 2023
Consejero ponente
Roberto Augusto Serrato Valdes

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-03288-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: DECLARAR improcedente la presente solicitud de amparo, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2023-03288-00

Consejero ponente: Roberto Augusto Serrato Valdes

13 de julio de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., trece (13) julio de dos mil veintitrés (2023)

Consejero Ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Radicación: 11001-03-15-000-2023-03288-00
Accionante: CONSTANZA PINZÓN ZAMUDIO
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA – SECCIÓN
SEGUNDA – SUBSECCIÓN “D”
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – SE
DECLARA IMPROCEDENTE – la solicitud de amparo no satisface el
requisito general de procedibilidad atinente a la relevancia
constitucional.

Sentencia de primera instancia

La Sala decide la acción de tutela presentada, por conducto de apoderado judicial,
por la ciudadana Constanza Pinzón Zamudio en contra del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección “D”.

I. LA SOLICITUD DE TUTELA

1. La ciudadana Constanza Pinzón Zamudio, por intermedio de apoderado judicial,
solicitó el amparo de sus derechos fundamentales «[…] al debido proceso, a la
igualdad, a la seguridad social, a la favorabilidad y al acceso a la administración de
justicia […]»1, cuya vulneración le atribuyó a la sentencia de 7 de diciembre de 2022,
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda –
Subsección “D”, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho con radicado número 11001-33-35-028-2018-00526-00/012.

II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA

2. De conformidad con lo planteado por el extremo accionante, los hechos y razones
que motivan la solicitud de amparo se contraen, en síntesis, a lo siguiente3:

2.1. Manifestó que, mediante apoderado judicial, presentó la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho N° 11001-33-35-028-2018-00526-00/01 en contra de
la Subred Integrada De Servicios De Salud Sur Occidente E.S.E., para que se
declarara la nulidad de la Comunicación No 002008 de 7 de mayo de 2018, que
negó la solicitud de reconocimiento y pago de prestaciones sociales, elevada por la
actora.

1
Demanda radicada electrónicamente el día 16 de junio de 2023.
2
Demandante: Constanza Pinzón Zamudio. Demandado: Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.
3
Folios 2 a 8 del expediente de acción de tutela de la referencia.

2

Radicación: 11001-03-15-000-2023-03288-00
Accionante: Constanza Pinzón Zamudio

2.2. Adujo que -como fundamento de su demanda- mencionó que laboró de manera
constante e ininterrumpida para el Hospital Tunal Nivel II, en el cargo de Auxiliar
Administrativo, siendo su último pago o asignación mensual por la actividad
desarrollada la suma de $1.660.000.oo.

2.3. Anotó
que, por reparto, le correspondió conocer de la demanda ordinaria
impetrada al Juzgado Veintiocho Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá,
despacho judicial que, mediante sentencia de primera instancia fechada el 7 de
mayo de 2021, resolvió acceder parcialmente a las pretensiones incoadas.

2.4. Mencionó que la anterior decisión fue recurrida por las partes, y fue enviada al
Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección
“D”. Agregó a ello que, mediante sentencia de 7 de diciembre de 2022 se modificó
el fallo de primera instancia, para, en su lugar, negar las pretensiones de la
demanda.

2.5. Indicó que el Tribunal censurado, en el caso sub judice y con su providencia
del 7 de diciembre de 2022, vulneró sus derechos fundamentales por las siguientes
razones:

«[…] El derecho laboral es de orden público los contratos de prestación de
servicios los tiene la entidad demandada solo se aportaron los que tenía la
demandante, sin embargo, conforme al artículo 213 del CPACA:
(…)
Conforme a lo anterior el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
CUNDINAMARCA SECCION SEGUNDA SUBSECCION E hubiese podido
decretar la prueba de oficio para determinar lo pertinente sin embargo ello no
fue posible.

11. El TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCION
SEGUNDA SUBSECCION D, igualmente para cimentar su providencia no
tuvo en cuenta las recientes decisiones emitidas por el Corte Constitucional
C-614, señaló entre otros criterios, la permanencia como un elemento más
que indica la existencia de una verdadera relación laboral.
(…)
14.La accionante CONSTANZA PINZON ZAMUDIO Honorables Consejeros
no podrá acceder a la justicia en igualdad de condiciones que su empleador,
ya que solo contaba con algunos documentos y fueron estos los que se
aportaron en la demanda.

15.La presente acción busca que se le ordene al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca Sección Segunda Subsección D, que estudie el recurso de
apelación teniendo en cuenta los testimonios y demás pruebas recaudadas o
si bien de manera oficiosa se recauden nuevas pruebas que puedan
demostrar el tipo de subordinación al que se encontraba sujeta la
demandante.

16.En ese sentido la accionante CONSTANZA PINZON ZAMUDIO no tiene
otra vía judicial diferente y certera, que instaurar la presente acción de tutela
como mecanismo excepcional en contra de la sentencia judicial emitida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Segunda Subsección D
que goza de legalidad y acierto.

3

Radicación: 11001-03-15-000-2023-03288-00
Accionante: Constanza Pinzón Zamudio

17.En virtud de lo anterior, se tiene que la accionante CONSTANZA PINZON
ZAMUDIO no cuenta con un mecanismo judicial claro, idóneo y
verdaderamente eficaz diferente a la acción de tutela, que le permita
protegerse de la crasa vulneración a los derechos fundamentales alegados
por la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Sección Segunda Subsección D, Magistrado ponente Dr. ISRAEL SOLER
PEDROZA con fecha 7 de Diciembre de 2022 […]». [sic en toda la cita]

III. PRETENSIONES

3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:

[…] PRIMERO: Que se DECLARE la vulneración de los derechos
fundamentales alegados al: Debido proceso, Principio de seguridad jurídica, el
derecho a la situación más favorable al trabajador en caso de duda en la
aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho, el principio que
prohíbe menoscabar los derechos de los trabajadores; Violación al Principio de
Seguridad Jurídica; Derechos adquiridos en materia laboral y expectativas
legítimas; y demás derechos que se verifiquen en el estudio de esta acción
constitucional a favor del señora CONSTANZA PINZON ZAMUDIO.
SEGUNDO: Que se ORDENE al Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Sección Segunda Subsección D que a partir de la notificación de la decisión que
ampara los derechos alegados, se dicte de nuevo la Sentencia que desate el
recurso de apelación presentado por la parte actora conforme al principio de
consonancia teniendo en cuenta las pruebas en conjunto.
TERCERO: En consecuencia, DEJAR SIN EFECTO la Sentencia de fecha 7 de
diciembre 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Sección Segunda Subsección D.
CUARTA: Conforme a todo lo anterior TUTELAR los derechos fundamentales
alegados en la presente acción excepcional a favor de la accionante señora
CONSTANZA PINZON ZAMUDIO […].

IV. TRÁMITE DE LA TUTELA

4. Mediante auto calendado el 20 de junio de 2023, el despacho a cargo de la
sustanciación del presente proceso admitió la acción de tutela de la referencia. En la
misma providencia se vincularon, como terceros con interés directo en las resultas del
proceso, al Juzgado Veintiocho Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá y
a la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.

V. INTERVENCIONES

5. Efectuadas las notificaciones a la autoridad judicial accionada y a las demás partes
vinculadas, se advierte que se allegaron los siguientes informes:

Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda –
5.1. El
Subsección “D”, por conducto de uno de los magistrados que integran su Sala de
Decisión4, rindió informe detallado en el que indicó y explicó cuáles fueron las

4
Doctor Israel Soler Pedroza.

4

Radicación: 11001-03-15-000-2023-03288-00
Accionante: Constanza Pinzón Zamudio

diferentes etapas procesales surtidas en el interior del proceso ordinario con radicación
No. 2018-00526-00/01, en el que figuró como extremo accionante la señora Pinzón
Zamudio.

5.2. Para finalizar, señaló que:

«[…] esta Corporación judicial sí tuvo en cuenta el tiempo laborado como
contratista, y en efecto se citó una sentencia, aunque diferente a la que indicó
la actora, y se concluyó, que no resultaba suficiente para probar la
subordinación.
En este orden de ideas, considero que se dio aplicación estricta a las normas
y a la jurisprudencia que regulan la materia, y se decidió de acuerdo con el
material probatorio obrante en el expediente, y tomando en consideración los
argumentos señalados en el recurso de apelación interpuesto, agregando, que
la sentencia cuestionada consulta la actual jurisprudencia, especialmente de la
Sección Segunda del H. Consejo de Estado, sobre la materia, y que es
esencialmente los argumentos que se han tomado para resolver la alta
demanda de justicia actual sobre el tema, y que en consideración del suscrito,
permite proteger los derechos de los demandantes, y también el erario público.

Por lo anterior, solicito a esa H. Corporación NEGAR EL AMPARO de los
derechos invocados y tener como prueba la sentencia proferida por esta
Subsección, y como justificación, los argumentos allí consignados, además de
lo expuesto […]».

VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA

VI.1. Competencia

6. Esta Sala de Decisión es competente para pronunciarse sobre la presente acción
de tutela, en virtud de lo previsto en el artículo 37 del Decreto 2591 de 19 de
noviembre de 19915, en concordancia con el artículo 1º del Decreto 1983 de 30 de
noviembre de 20176 y en armonía con el Acuerdo 377 del 11 de diciembre de 20187
y con el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019, que asigna a esta
Sección Primera el conocimiento de las acciones de tutela.

VI.2. Problemas jurídicos

7. Ahora bien, a partir de lo anterior, y teniendo la situación fáctica planteada, la Sala
debe establecer:

a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales y
excepcionales de procedencia de la acción de tutela. Si ello es así, se
deberá determinar:

b) Si la providencia del 7 de diciembre de 2022, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección

5
«Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política».
6
“Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario
del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
7
“Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado.”

5

Radicación: 11001-03-15-000-2023-03288-00
Accionante: Constanza Pinzón Zamudio

“D”, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicado número 11001-33-35-028-2018-00526-00/018, vulneró los
derechos fundamentales invocados por la parte actora.

8. Con el fin de resolver tales interrogantes, resulta pertinente pronunciarse de
manera previa sobre: i) la procedencia excepcional de la acción de tutela contra
fallos de tutela. Requisitos generales y excepcionales de procedibilidad;
procediendo posteriormente a ii) resolver el caso concreto.

VI.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Requisitos generales y especiales de procedibilidad

9. En sentencia de 31 de julio de 20129, la Sala Plena del Consejo de Estado cambió
su postura inicial y decidió asumir el estudio de fondo de las acciones de tutela
dirigidas en contra de providencias judiciales violatorias de derechos
fundamentales, siguiendo los lineamientos dispuestos por la Corte Constitucional y
su propia jurisprudencia.

10. Ahorabien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte
Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para
que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:

11. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional
del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la
existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de
inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto
decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los
hechos causantes de vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que la acción
no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia
SU-627 de 2015.

12. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez
constitucional dejar sin efectos una providencia judicial10, la sentencia C-590 de
2005 estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental
absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución11.

8
Demandante: Constanza Pinzón Zamudio. Demandado: Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.
9
Radicación: 2009-01328-01(IJ). Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González.
10
Sentencia T-619 de 2009, Magistrado Jorge Iván Palacio Palacio.
11
«Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de
jurisdicción o competencia para ello.
Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido.
Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto
legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una situación fáctica
sin existir evidencia probatoria de la misma.
Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o
que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión.
Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño
lo llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales.
Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la
decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial.
Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte
Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente
vinculante del derecho fundamental vulnerado.

6

Radicación: 11001-03-15-000-2023-03288-00
Accionante: Constanza Pinzón Zamudio

13. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales ya explicados, permitiéndole de
esta manera «[…] dejar sin efecto o modular la decisión12» que se encaje en dichos
parámetros.

14. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de
procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y
valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad
jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.

15. El criterio
expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 11001-
03-15-000-2012-02201-01.

VI.4. El caso concreto

16. La ciudadana Constanza Pinzón Zamudio, por intermedio de apoderado
judicial, solicitó el amparo de sus derechos constitucionales fundamentales «[…] al
debido proceso, a la igualdad, a la seguridad social, a la favorabilidad y al acceso a
la administración de justicia […]»13, cuya vulneración le atribuyó, en concreto, a la
sentencia de 7 de diciembre de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección “D”, dentro del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado número 11001-33-
35-028-2018-00526-00/0114.

VI.4.1. Del requisito general de procedibilidad de la relevancia constitucional

17. En cuanto atañe al requisito de procedencia adjetiva concerniente a la relevancia
constitucional, cabe recordar que este se entiende cumplido cuando se acredita que
el asunto gira en torno al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental15 y
no cuando guarda relación con asuntos de carácter meramente legal o de
contenido económico que deberán ser definidos por otras jurisdicciones16.

18. Ahora bien, en las acciones de tutela contra providencias judiciales17, el referido
requisito se cumple siempre que se evidencie, a primera vista, la afectación o

Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a
las normas establecidas en la Constitución Política»
12
Corte Constitucional. Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr. Mauricio González Cuervo.
13
Demanda radicada electrónicamente el día 16 de junio de 2023.
14
Demandante: Constanza Pinzón Zamudio. Demandado: Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.
15 Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-590 del 8 de junio de 2005, exp. No. D-5428, Magistrado Ponente: Dr. Jaime
Córdoba Triviño.
16 Corte Constitucional, Sentencias SU-439 de 13 de julio de 2017 (M.P. Alberto Rojas Ríos) y T-458 de 29 de agosto de
2016 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).
17 Donde sin lugar a dudas se exige una carga argumentativa lo suficientemente sólida y consistente para efectos de atacar
y/o cuestionar el contenido de una decisión judicial.

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-03288-00
Accionante: Constanza Pinzón Zamudio

vulneración de las garantías constitucionales o núcleo esencial de los derechos
fundamentales y se descarte el uso del mecanismo de amparo como una instancia o
recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces18.

19. Así, en punto a la relevancia constitucional de la controversia, como uno de los
requisitos generales de procedencia de la acción de amparo, sostuvo la Sala Plena
del Consejo de Estado, en sentencia de unificación19, lo siguiente:

[…] La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser
desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la revisión
eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como requisito de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales
para evitar que se convierta en una tercera instancia.

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor
para demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia
constitucional por la afección de sus derechos fundamentales. No
basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales
para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra
providencias judiciales.

A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar
su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no
es menos cierto que el actor tiene la carga de argumentar el por qué
su pretensión tiene tal atributo, para que el Juez pueda determinar
si se cumple tal requisito, so pena del rechazar o declarar
improcedente el amparo constitucional […]. (Destaca la Sala de Decisión)

20. Recientemente, la Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 202220 precisó,
en relación con el alcance del requisito de la relevancia constitucional, cuáles eran
los deberes del juez constitucional:

[…] [E]l juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para
interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar
el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la controversia no se
limite a una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares o
privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la
acción de tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta
corte, se exige advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria
de derechos fundamentales.
(…)
a. El caso no tiene la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental

42. Con respecto a este requisito, la accionante no explicó cómo la
resolución del caso ayuda a interpretar, aplicar o desarrollar la

18 Corte Constitucional, sentencia de tutela No. T-102 de 16 de febrero de 2006 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto). En
igual sentido, ver sentencias T-075-18, T-451-18, T-422-18 y T-248-18.
19
Consejo de Estado, Sala Plena, Sentencia de 5 de agosto de 2014, exp. No. 2012-02201-01, C.P. Dr. Jorge Octavio Ramírez
Ramírez.
20
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.

8

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Accionante: Constanza Pinzón Zamudio

Constitución Política o el núcleo esencial de los derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia.
(…)
b. El caso involucra un debate jurídico eminentemente legal

45. Aunque la acción de tutela interpuesta por PRTI hace referencia
a la violación de derechos fundamentales, principalmente al debido
proceso y al acceso efectivo a la administración de justicia, lo cierto
es que la solicitud de amparo está construida sobre lo que el
demandante considera es una mejor interpretación de una norma
de naturaleza legal y, en particular, sobre la pretensión de que se
acoja su lectura con respecto a la exención definida en literal e) del
artículo 481 del Estatuto Tributario.
(…)
c. El caso plantea una discusión preponderantemente económica

65. Como ya se mencionó la Corte ha sido clara en señalar que un
asunto carece de relevancia constitucional cuando el contenido de
la controversia es exclusivamente económico pues esta no
involucra el interés general sino uno estrictamente privado o
particular. Esto no significa, claro está, que jamás proceda la tutela
contra sentencias en un asunto de naturaleza económica, pues
eventualmente en este tipo de casos se puede llegar a comprometer
algún derecho fundamental. Así, por ejemplo en acciones de tutela
formuladas contra providencias judiciales en las que se discute: (i) el
reconocimiento de derechos pensionales; (ii) pretensiones de reparación
directa; (iii) laudos arbitrales (…) entre otras materias que implican
pretensiones económicas, la Corte ha reconocido la relevancia
constitucional del asunto siempre que se advierta con claridad que
la acción de tutela está dirigida a obtener la protección de un
derecho fundamental y no a reabrir la discusión definida ante los
jueces ordinarios.
(…)
d. La acción de tutela no cumple con la carga argumentativa y explicativa
rígida pues no se demuestra una grave violación de los derechos
fundamentales […]. [negrillas de la Sala]

21. Valga destacar que el anterior criterio fue reiterado por la Sala Séptima de Revisión
de la Corte Constitucional en reciente sentencia T-075 de 22 de marzo de 2023.

22. Por ende, y de conformidad con la jurisprudencia de la Sala Plena del Consejo de
Estado, para que exista relevancia constitucional deben concurrir los siguientes
elementos: i) que de la carga argumentativa expuesta por el actor se pueda
concluir que hay una presunta vulneración de derechos fundamentales, y ii) que
la discusión planteada en sede de tutela no gire en torno a una inconformidad respecto
de la mera legalidad de la decisión atacada o sobre cuestiones de apreciación judicial
que no involucre derechos fundamentales21.

21
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección primera, Sentencia del 8 de octubre de 2015 (C.P.
Guillermo Vargas Ayala. Rad. núm.: 2015-00283-01); Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
primera, Sentencia del 3 de noviembre de 2016, (C.P. Guillermo Vargas Ayala. Rad. núm.: 2016-002244-00); Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección primera, Sentencia del 17 de noviembre de 2016 (C.P. Guillermo
Vargas Ayala. Rad. núm.: 2016-01063-00); Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección primera,

9

Radicación: 11001-03-15-000-2023-03288-00
Accionante: Constanza Pinzón Zamudio

23. De acuerdo con la jurisprudencia, no basta con que la parte actora invoque el texto
constitucional o la simple enunciación de la supuesta vulneración de uno o varios
derechos fundamentales por parte de la autoridad accionada; dicho atentado debe
ser explicado y fundamentado desde la óptica de la protección que la
Constitución Política ofrece a estos bienes jurídicos superiores.

24. Descendiendo al caso objeto de estudio, se observa que la parte accionante
manifestó que la sentencia de 7 de diciembre de 2022 vulneró sus derechos
fundamentales por las siguientes consideraciones:

«[…] El derecho laboral es de orden público los contratos de prestación
de servicios los tiene la entidad demandada solo se aportaron los que
tenía la demandante, sin embargo, conforme al artículo 213 del CPACA:
(…)
Conforme a lo anterior el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
CUNDINAMARCA SECCION SEGUNDA SUBSECCION E hubiese podido
decretar la prueba de oficio para determinar lo pertinente sin embargo ello no
fue posible.

11. El TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCION
SEGUNDA SUBSECCION D, igualmente para cimentar su providencia no
tuvo en cuenta las recientes decisiones emitidas por el Corte Constitucional
C-614, señaló entre otros criterios, la permanencia como un elemento más
que indica la existencia de una verdadera relación laboral.
(…)
14.La accionante CONSTANZA PINZON ZAMUDIO Honorables Consejeros
no podrá acceder a la justicia en igualdad de condiciones que su empleador,
ya que solo contaba con algunos documentos y fueron estos los que se
aportaron en la demanda.

15.La presente acción busca que se le ordene al Tribunal Administrativo
de Cundinamarca Sección Segunda Subsección D, que estudie el
recurso de apelación teniendo en cuenta los testimonios y demás
pruebas recaudadas o si bien de manera oficiosa se recauden nuevas
pruebas que puedan demostrar el tipo de subordinación al que se
encontraba sujeta la demandante.

16.En ese sentido la accionante CONSTANZA PINZON ZAMUDIO no tiene
otra vía judicial diferente y certera, que instaurar la presente acción de tutela
como mecanismo excepcional en contra de la sentencia judicial emitida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Segunda Subsección D
que goza de legalidad y acierto.

17.En virtud de lo anterior, se tiene que la accionante CONSTANZA PINZON
ZAMUDIO no cuenta con un mecanismo judicial claro, idóneo y
verdaderamente eficaz diferente a la acción de tutela, que le permita
protegerse de la crasa vulneración a los derechos fundamentales alegados
por la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Sección Segunda Subsección D, Magistrado ponente Dr. ISRAEL SOLER
PEDROZA con fecha 7 de Diciembre de 2022 […]».

Sentencia del 17 de noviembre de 2016 (C.P. Guillermo Vargas Ayala. Rad. núm.: 2016-02862-00); Consejo de Estado, Sala
de lo Contencioso Administrativo, Sección primera, Sentencia del 9 de febrero de 2017 (C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.
Rad. núm.: 2016-03249-00).

10

Radicación: 11001-03-15-000-2023-03288-00
Accionante: Constanza Pinzón Zamudio

25. Visto lo anterior, la Sala advierte que la argumentación que esgrimió la parte
actora para acreditar la supuesta vulneración de los derechos fundamentales en
que incurrió la autoridad judicial accionada no supera la carga argumentativa
mínima.

26. En efecto, si bien la actora aduce que se desconoció la sentencia C – 614 de
2009, proferida por la Corte Constitucional, lo cierto es que en el escrito de tutela
solo se indica lo siguiente:

«El TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCION
SEGUNDA SUBSECCION D, igualmente para cimentar su providencia no tuvo
en cuenta las recientes decisiones emitidas por el Corte Constitucional C614,
señaló entre otros criterios, la permanencia como un elemento más que indica
la existencia de una verdadera relación laboral

El artículo 7 del Decreto 1950 de 1973 prevé que "en ningún caso podrán
celebrarse contratos de prestación de servicios para el desempeño de
funciones públicas de carácter permanente, en cuyo caso se crearán los
empleos correspondientes mediante el procedimiento que se señala en el
presente Decreto (...) la función pública que implique el ejercicio de la autoridad
administrativa no podrá ser objeto de contrato ni delegarse en el personal
vinculado mediante esta modalidad" (Resaltado fuera de texto).No 11001-03-
15-000-2019-04643-003 hace relación a la valoración de la certificación
aportada dentro del proceso es decir un caso muy similar al que aquí nos
ocupa».

26.1. El argumento citado con antelación, en criterio de la Sala, carece de carga
argumentativa porque no explica en forma clara y concreta cuáles fueron las
reglas jurisprudenciales contenidas en la sentencia C–614 de 2009 que fueron
desconocidas en el fallo de 7 de diciembre de 2022, teniendo en cuenta que el
actor se limitó a afirmar, en forma general, que había sido transgredida dicha
providencia.

27. Al respecto, vale la pena reiterar lo que ha venido sosteniendo esta Sección en
su jurisprudencia sobre el cumplimiento del requisito de la carga argumentativa
mínima, tratándose del defecto de desconocimiento del precedente:

«[L]a Sala considera que el cargo asociado al presunto desconocimiento del
precedente no cumple con la carga argumentativa mínima porque, tal como lo
ha establecido con anterioridad esta Sección, quien alegue este defecto tiene
el deber de «señalar en su escrito de tutela el cumplimiento de los elementos
que permiten configurar la existencia de un precedente judicial, esto es, i)
que en la ratio decidendi de las sentencias invocadas por el actor en su escrito
de tutela se encuentre una regla jurisprudencial aplicable al caso a
resolver; ii) que esta ratio resuelva un problema jurídico semejante al
propuesto en el nuevo caso y, iii) que los hechos del caso sean equiparables
a los resueltos anteriormente»22

28. Por otro lado, se observa que el actor sostuvo, como uno de los fundamentos de
la presente acción de amparo, que la autoridad judicial accionada se abstuvo de

22 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 30 de

septiembre de 2021. Exp. Nro. 11001-03-15-000-2021-06033-00. C.P.: Hernando Sánchez S.

11

Radicación: 11001-03-15-000-2023-03288-00
Accionante: Constanza Pinzón Zamudio

analizar «los testimonios y documentos obrantes en el proceso», que daban cuenta
de la existencia de una relación laboral entre la accionante y la Subred Integrada
de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. Al respecto señaló lo siguiente:

«El derecho laboral es de orden público los contratos de prestación de
servicios los tiene la entidad demandada solo se aportaron los que tenía la
demandante, sin embargo, conforme al artículo 213 del CPACA:

ARTÍCULO 213. Pruebas de oficio. En cualquiera de las instancias el Juez o
Magistrado Ponente podrá decretar de oficio las pruebas que considere
necesarias para el esclarecimiento de la verdad. Se deberán decretar y
practicar juntamente con las pedidas por las partes.

Conforme a lo anterior el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
CUNDINAMARCA SECCION SEGUNDA SUBSECCION E hubiese podido
decretar la prueba de oficio para determinar lo pertinente sin embargo ello no
fue posible.
(…)
14.La accionante CONSTANZA PINZON ZAMUDIO Honorables Consejeros
no podrá acceder a la justicia en igualdad de condiciones que su empleador,
ya que solo contaba con algunos documentos y fueron estos los que se
aportaron en la demanda.

15.La presente acción busca que se le ordene al Tribunal Administrativo
de Cundinamarca Sección Segunda Subsección D, que estudie el
recurso de apelación teniendo en cuenta los testimonios y demás
pruebas recaudadas o si bien de manera oficiosa se recauden nuevas
pruebas que puedan demostrar el tipo de subordinación al que se
encontraba sujeta la demandante».

29. Elargumento citado con antelación tampoco supera el requisito de carga
argumentativa mínima porque la parte actora omitió identificar cuáles eran las
pruebas que, en su criterio, fueron valoradas erróneamente por la autoridad judicial
accionada y mediante las cuales se acreditaba la existencia de una relación laboral
entre la accionante y la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente
E.S.E.

30. Asimismo, y respecto de la supuesta omisión de la autoridad judicial de decretar
pruebas de oficio en el caso sub examine, la Sala tampoco evidencia que en el
escrito de tutela se argumente en forma suficiente el motivo por el cual el juez de lo
contencioso administrativo tenía el deber de decretar pruebas de oficio, so pena de
vulnerar los derechos de la parte demandante.

31. Por último, la Sala estima pertinente traer a colación lo dicho por esta Sección en
la sentencia de 12 de marzo de 202023, en relación con la carga argumentativa:

«[E]s preciso destacar que, en materia de acción de tutela contra
providencias judiciales, no basta con citar la falta de valoración de medios
de prueba de manera genérica, sino que es necesario que se expresen
con claridad los motivos por los que se considera que su falta de
valoración, por las autoridades accionadas, generó la afectación de derechos

23
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 12 de marzo de
2020, C.P Roberto Augusto Serrato Valdés, radicación número: 11001-03-15-000-2020-00365-00.

12

Radicación: 11001-03-15-000-2023-03288-00
Accionante: Constanza Pinzón Zamudio

de contenido iusfundamental y, como su falta de estudio o apreciación, incidió
en la decisión que es objeto de reproche y afectó las garantías
constitucionales».

32. Asílas cosas, la vale la pena recordar que un asunto carece de relevancia
constitucional, entre otros eventos, cuando los defectos denunciados no cumplen
con la carga mínima argumentativa.

33. Porlos anteriores razonamientos, la Sala declarará la improcedencia de la
presente acción de tutela, por incumplimiento del requisito general de procedibilidad
atinente a la relevancia constitucional.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: DECLARAR improcedente la presente solicitud de amparo, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFÍQUESE a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del
Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y quede en firme,
REMÍTASE el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
conforme lo establece el artículo 31 del Decreto Ley 2591 de 1991.

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
Presidente

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente decisión fue firmada electrónicamente en la sede electrónica para la gestión judicial Samai. En
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186
del CPACA. P (20)

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