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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-03306-01

Fecha
28 de septiembre de 2023
Consejero ponente
Wilson Ramos Girón

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-03306-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA 1. Confirmar la sentencia impugnada, por las razones expuestas en la presente providencia. 2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 3. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado. 4. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2023-03306-01

Consejero ponente: Wilson Ramos Girón

28 de septiembre de 2023

Radicado: 11001-03-15-000-2023-03306-01
Demandante: Fernando Gutiérrez Castillo

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN

Bogotá, D.C., veintiocho (28) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-03306-01
Demandante: FERNANDO GUTIÉRREZ CASTILLO
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN
SEGUNDA, SUBSECCIÓN F, Y OTRO

Temas: Contra providencia dictada en proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho, que denegó la nulidad del acto de retiro. Falta de
relevancia constitucional

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la parte demandante contra la sentencia
del 9 de agosto de 2023, dictada por el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección A, que declaró improcedente la acción de tutela.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de amparo

El 20 de junio de 20231, en ejercicio de la acción de tutela el señor Fernando Gutiérrez
Castillo pidió la protección de los derechos fundamentales al debido proceso y a la
igualdad.

A juicio del actor, la vulneración se presenta con ocasión de las sentencias del 12 de
julio 2019 y del 13 de diciembre de 2023, dictadas por el Juzgado 9 Administrativo de
Bogotá y Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F,
respectivamente, que denegaron las pretensiones de nulidad del acto administrativo
que retiró del servicio al señor Gutiérrez Castillo.

2. Pretensiones

La parte actora formuló las siguientes pretensiones:

1. PRIMERA: Que se AMPARE los derechos Fundamentales DEL DEBIDO PROCESO al suscrito:
el señor FERNANDO GUTIERREZ CASTILLO, identificado con cédula de ciudadanía No.
1.022.975.358 Expedida en Bogotá.

2. SEGUNDA: Como consecuencia del AMPARO de TUTELA de los derechos Fundamentales DE
IGUALDAD Y DEBIDO PROCESO se REVOQUE la Sentencia de primera instancia del 12 de julio
de 2019 proferida por el JUZGADO 9° ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE
BOGOTÁ D.C y sentencia Segunda instancia de fecha trece (13) de diciembre de dos mil veintidós
(2022) proferida por Honorable TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA. SECCION
SEGUNDA SUBSECCION dentro del EXPEDIENTE: 11001333500920180021901 y en su lugar
se ORDENE expedir nuevo fallo en donde se acceda a las pretensiones de la demanda

3. TERCERO: me sean respetados, entre otros, los derechos fundamentales, debido Proceso e
igualdad y se aplique a esta solicitud el principio de legalidad.

1 Índice 1 de Samai.

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Radicado: 11001-03-15-000-2023-03306-01
Demandante: Fernando Gutiérrez Castillo

3. Hechos

Del expediente, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes

3.1 Actuación Administrativa

El 24 de junio de 2013, el señor Fernando Gutiérrez Castillo ingresó a la Policía
Nacional como alumno del nivel ejecutivo. El último cargo que ocupó fue el de
patrullero.

A lo largo de la carrera policial, el señor Fernando Gutiérrez Castillo obtuvo, por un
lado, 2 condecoraciones y 21 felicitaciones y, por otro, 18 anotaciones negativas.

Por Resolución No. 248 del 27 de noviembre de 2017, en uso de las facultades
discrecionales de que trata el artículo 62 del Decreto 1791 de 2000, el comandante de
la Policía Metropolitana de Bogotá retiró del servicio a Fernando Gutiérrez Castillo por
la causal de voluntad de la dirección general, con fundamento en la recomendación
hecha en Acta No. 1009- GUTAH-SUBCO 2.25 del 24 de noviembre de 2017, expedida
por la junta de evaluación y clasificación para suboficiales, personal del nivel ejecutivo
y agentes de la Policía Metropolitana de Bogotá.

3.2 Actuación Judicial

El señor Fernando Gutiérrez Castillo presentó demanda de nulidad y restablecimiento
del derecho contra el Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional, con el objeto
de obtener la nulidad de la Resolución No. 248 del 27 de noviembre de 2017. A título
de restablecimiento del derecho, solicitó que se condenara a la entidad demandada a
reintegrarlo al servicio activo de la Policía Nacional y al pago de las sumas que por
concepto de salarios y prestaciones laborales dejó de percibir.

La demanda se adelantó bajo el radicado 1001333500920180021900 y correspondió
al Juzgado Noveno Administrativo de Bogotá, que, por sentencia del 12 de julio de
2019, denegó las pretensiones, porque el acto de retiro se fundamentó en el concepto
previo de la junta de evaluación y clasificación de la Policía Nacional, que, a su vez,
tuvo en consideración las 18 anotaciones negativas del actor, anotaciones que si bien
no constituyen faltas disciplinarias, si afectan la prestación la prestación del servicio.

Que tampoco se configuró la causal de expedición sin competencia, por cuanto el acto
de retiro fue dictado por la autoridad a quien la ley le asignó facultades de retiro de
miembros de la Policía Nacional. Que, por último, no se acreditó la desviación del
poder, dado que el actor no explicó “qué otro propósito pudo tener la administración
diferente al presunto de procurar el mejoramiento del servicio”.

Inconforme con la decisión, el actor apeló, pero el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, mediante sentencia del 13 de
diciembre de 2022 (notificada el 23 de enero de 2023), la confirmó, básicamente por
las mismas razones del juez de primera instancia.

4. Fundamentos de la acción de tutela

De manera preliminar, el demandante manifestó que la solicitud de amparo cumple los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales. En cuanto al fondo del asunto, la parte demandante manifestó que la
providencia cuestionada incurrió:

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Demandante: Fernando Gutiérrez Castillo

En defecto sustantivo, porque el tribunal demandado en el proceso ordinario
consideró los llamados de atención registrados en el formulario de seguimiento, a pesar
de que el artículo 27 de la Ley 1015 de 2006 no permite tal situación.

Que también se incurrió en defecto sustantivo por falta de aplicación del numeral
segundo del artículo 137 de la Ley 1437 de 2011, que contempla la falta de
competencia como una causal de nulidad del acto administrativo. Que las autoridades
judiciales demandadas no tuvieron en cuenta que, para la época en la que se firmó el
acto administrativo de retiro, la junta de evaluación y clasificación para suboficiales,
personal del nivel ejecutivo y agentes de la Policía Metropolitana de Bogotá carecía de
competencia porque el actor ya pertenecía a otra unidad.

En desconocimiento del precedente fijado por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca en sentencia del 4 de febrero de 2021 dentro de la acción de tutela con
radicado 11001-33-34-006-2020-00300-01, de la sentencia del 16 de febrero de 20172,
dictada de la Corte Suprema de Justicia, del 2 de febrero de 20173 del Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección A, y T-1076 de 2002 de la Corte Constitucional,
que, según dice, concluyeron que las conductas que originaron las anotaciones como
las hechas en su formulario de seguimiento debieron tramitarse a través de llamados
de atención verbales o tareas de tipo pedagógico y no por registro escrito.

En defecto fáctico porque realizó una valoración errada del acta que recomendó el
retiro del servicio del actor. Expuso que los hechos en que basó la decisión eran
contrarios a la realidad y que el demandante tuvo 2 condecoraciones, 21 felicitaciones
y calificaciones en grado superior.

5. Intervenciones

El magistrado Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección F, ponente de la decisión cuestionada, pidió que se declarara
improcedente la tutela, por cuanto el demandante pretendía reabrir un debate que ya
había sido resuelto en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.

Sobre los cargos formulados por la parte actora dijo que el buen desempeño en la hoja
de vida no genera per se fuero de inmovilidad, que ese es el deber del servidor público
y más en una institución como la Policía Nacional. Además, señaló que la decisión
adoptada en la sentencia del 13 de diciembre de 2022 no fue arbitraria y se encuentra
ajustada a derecho.

La jueza 9 administrativa de Bogotá solicitó que se declarara improcedente la acción
de tutela porque no cumplió con el requisito de inmediatez, pues, a su juicio, la solicitud
de amparo fue presentada 7 meses después de que fue dictada la sentencia de
segunda instancia.

Además, dijo que la sentencia dictada por ese despacho se ajusta a las disposiciones
legales y al criterio jurisprudencial aplicable al caso.

La jefe del Área Jurídica de la Policía Nacional pidió que se declarara improcedente
la acción de tutela, porque no se advertía la posible configuración de un perjuicio
irremediable.

Dijo que el acto administrativo que ordenó el retiro del demandante estuvo
debidamente motivado y acorde a la jurisprudencia sobre la aplicación de la medida

2 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia del 16 de febrero de 2017, Exp. STP229-2017

90048.
3 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 2 de febrero de 2017, Exp. 68001 23 33 000

2016 01103 01.

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discrecional, toda vez que el retiro se fundó en el mejoramiento del servicio y la pérdida
de confianza.

6. Sentencia impugnada

El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, mediante sentencia del 9 de
agosto de 2023, declaró improcedente la acción de tutela por no cumplir con el requisito
general de relevancia constitucional. Explicó que lo pretendido por el demandante es
reabrir la discusión ya resuelta en el proceso ordinario frente a la legalidad del acto
mediante el cual se retiró del servicio al señor Fernando Gutiérrez Castillo.

Frente a la sentencia del 4 de febrero de 2021 citada por el actor en el escrito de tutela,
dijo que no constituye un precedente que deba ser aplicado al caso, porque la
sentencia fue dictada dentro de un proceso de acción de tutela y por ende solo produce
efectos inter partes, según lo establece el artículo 48 de la ley 270 de 1996.

7. Impugnación

Inconforme con la decisión, el demandante impugnó la sentencia de primera instancia.

Sostuvo que el acto acusado en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
sí adolece de nulidad, ya que “tuvo en cuenta para mi retiro la aplicación del artículo 27 de
la ley 1015 por anotaciones realizadas en mi formulario de seguimiento a pesar de estar
prohibidas por la misma ley”.

Agregó que las decisiones cuestionadas se alejan de las consideraciones expuestas
por la Corte Constitucional, en sentencia C-210 de 2003, que declaró inexequible la
expresión “se anotará en la hoja de vida” del inciso segundo del artículo 51 de la ley 734
de 2002.

II. CONSIDERACIONES

1. Problema jurídico y solución

Corresponde a la Sala determinar si procede la acción de tutela presentada por el señor
Fernando Gutiérrez Castillo para dejar sin efectos la sentencia del 9 de agosto de 2023,
dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
F, que confirmó la decisión de denegar la nulidad del acto administrativo que lo retiró
del servicio.

La Sala anticipa que la acción de tutela no cumple el requisito general de relevancia
constitucional, por un lado, porque los argumentos relacionados con la indebida
aplicación del artículo 27 de la Ley 1015 de 2006 y las providencias enlistadas como
precedente con las que pretende demostrar que las conductas que originaron las
anotaciones hechas en el formulario de seguimiento debieron tramitarse a través de
llamados de atención verbales o tareas de tipo pedagógico y no por registro escrito
constituyen argumentos nuevos que el demandante no planteó en el proceso ordinario.

Por otro lado, porque el cargo de defecto sustantivo relacionado con la falta de
competencia de quién dictó el acto de retiro y el defecto fáctico por indebida valoración
de la hoja de vida del demandante, son reiteraciones de argumentos ya expuestos y
resueltos por el juez natural. Por lo tanto, confirmará la decisión de primera instancia.

Para llegar a esa conclusión, la Sala se referirá a los siguientes asuntos: (i) la acción
de tutela contra providencias judiciales, (ii) la relevancia constitucional y, finalmente,
(iii) analizará el caso concreto.

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2. La acción de tutela contra providencias judiciales

La Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 fijó dos tipos de requisitos para
la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Por un lado, los
requisitos generales4 o de procedibilidad, que son de naturaleza procesal, y se estudian
de manera previa a cualquier análisis de fondo; y por el otro lado, los requisitos
específicos5 o vicios de fondo que son de naturaleza sustancial y se analizan cuando
se han superado los requisitos generales.

3. La relevancia constitucional

A partir de la sentencia del 11 de febrero de 2021, dictada en el proceso 11001-03-15-
000-2020-05131-006, la Sección Cuarta del Consejo de Estado fijó cinco criterios para
determinar si un asunto tiene relevancia constitucional.

En concreto, esos criterios son (i) que el asunto objeto de estudio realmente involucre
la amenaza o vulneración de derechos fundamentales, (ii) que el interesado argumente
de manera suficiente y razonable la relevancia constitucional por vulneración de
derechos fundamentales, (iii) que los argumentos de la solicitud de amparo se
acompasen con las razones de la decisión objeto de tutela, (iv) que no se propongan
nuevos argumentos que no fueron expuestos en el proceso ordinario y (v) que la acción
de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso ordinario en el que fue
proferida la providencia acusada.

En cuanto al quinto criterio, esto es, que no se ejerza la acción de tutela como una
instancia adicional del proceso ordinario, la Sala ha explicado que por más informal
que sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos
fundamentales, el interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios
y fuertes argumentos para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan previo
agotamiento de los procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad.

Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una
instancia adicional del proceso ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los
argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los
jueces competentes.

4. Análisis del caso concreto

Como se expuso en los antecedentes de esta providencia, el actor alega que la
providencia objeto de tutela incurrió en defecto sustantivo por indebida aplicación del
artículo 27 la Ley 1015 de 2006 y en desconocimiento del precedente porque, a su
juicio, no se tuvo en cuenta providencias judiciales que sostienen que las conductas
que originaron las anotaciones como las hechas en su formulario de seguimiento
debieron tramitarse a través de llamados de atención verbales o tareas de tipo
pedagógico y no por registro escrito.

Al respecto, la Sala precisa que, en la demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho, el señor Gutiérrez Castillo pidió que se declarara la nulidad de la Resolución
No. 248 del 27 de noviembre de 2017. Como cargos de violación, sostuvo que ese acto
administrativo incurrió en nulidad por infracción de las normas en que debía fundarse,
por expedición irregular y por haberse expedido con falta de competencia.
4
Estos son: la relevancia constitucional del asunto; la inmediatez; el agotamiento de los recursos judiciales ordinarios
y extraordinarios; cuando se trate de una irregularidad procesal, debe incidir directamente en la decisión objeto de
tutela; la identificación razonable de los hechos que generan la amenaza o vulneración del derecho fundamental, y
que no se cuestione un fallo de tutela.
5 Se clasifican en: defecto orgánico, sustantivo, procedimental, fáctico, error inducido, decisión sin motivación,

desconocimiento del precedente judicial o violación directa de la Constitución.
6 M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.

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Esos cargos los fundó en que no se cumplió el fin para el que estaba previsto el retiro
por facultades discrecionales porque el demandante contaba con una hoja de vida
destacable, con felicitaciones, condecoraciones y calificación superior, que el
comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá no era competente para dictar el
acto de retiro y que en el trámite de la expedición del acto se había vulnerado el derecho
de defensa y contradicción porque no pudo oponerse al acta que recomendó el retiro.

Lo anterior quiere decir que los argumentos sobre indebida aplicación del artículo 27
de la Ley 1015 de 2006 corresponde a cargos nuevos, que no fueron propuestos en la
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho.

Lo mismo ocurre con la sentencia C-210 de 2003 porque el demandante al citarla
pretende, de nuevo, demostrar que las anotaciones negativas hechas en el formulario
de seguimiento debieron tramitarse una forma diferente a la escrita.

Por lo tanto, la Sala no puede analizar esos argumentos porque la acción de tutela no
puede ejercerse como un mecanismo para suplir las omisiones en las que se pudo
incurrir en el proceso ordinario.

Ahora bien, sobre los cargos de defecto sustantivo relacionado con la falta de
competencia de quien expidió el acto de retiro y fáctico por indebida valoración de la
hoja de vida y antecedentes, la Sala advierte que coinciden con los argumentos
propuestos en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho. Básicamente, en
el proceso ordinario y en la acción de tutela, el señor Gutiérrez Castillo insiste en que
la Resolución No. 248 del 27 de noviembre de 2017 está viciada de nulidad por esas
mismas razones.

En efecto, el recurso de apelación que presentó la parte demandante contra la
sentencia de primera instancia dictada por el Juzgado Noveno Administrativo de
Bogotá en el proceso ordinario (resumido en la providencia de segunda instancia),
sostuvo:
Aseveró que la Junta de Evaluación y Clasificación carecía de competencia para realizar la
recomendación de retiro del actor, como quiera que no se encontraba administrativamente bajo
su subordinación “pues al estar el ya trasladado desde el 21 de noviembre de 2017, el estudio de
su hoja de vida y la recomendación del retiro le correspondía a la Junta Asesora para el Director
General de la Policía Nacional”.

(…) la parte actora indicó que de conformidad con el Decreto 1800 del año 2000, el periodo de
evaluación para el personal uniformado en servicio activo empieza el 1 de enero y termina el 31
de diciembre de cada año, lo cual indica que la Junta de Evaluación y Clasificación no debió
analizar formularios de seguimiento del año 2016, sino los del 2017, lo cual torna en ilegal dicha
evaluación. Afirmó que se omitió realizar un análisis de antecedentes y soportes de la evaluación,
puesto que se dejó de lado que en el año inmediatamente anterior el accionante obtuvo una
calificación superior.

Por su parte, en la demanda de tutela, el señor Gutiérrez Castillo alegó lo siguiente:
(…) El Honorable Juzgado nueve Administrativo Oral Y El Honorable Tribunal Administrativo De
Cundinamarca Segunda Sección Subsección F, No valoró la falta de competencia tanto de la junta
de evaluación y clasificación para el nivel ejecutivo, y del señor Comandante de la Policía
Metropolitana de Bogotá quien firmó la resolución de retiro cuando ya había perdido competencia
toda vez que el suscrito ya había sido trasladado de unidad, en este caso para la Dirección de
investigación criminal e interpol , en la resolución xxx (sicI y la resolución xxx (sic) la competencia
administrativa del personal adscrito a la dirección de investigación criminal es verbo y gracia la
Dirección de Investigación criminal para efectuar la junta de evaluación y clasificación y el
competente para retirar a este personal recae en el Director General de la Policía nacional, sin
embargo ni el juzgador de primera ni de segunda instancia tuvieron en cuenta o pasaron por alto.

(…) resulta contradictorio o al menos paradójico que, pese a referir la entidad demandada en el
acto acusado un mal desempeño del demandante en su actividad policial para el 2016, y 2017
aquél fue condecorado con “DISTINTIVO CITACIÓN PRESIDENCIAL DE LA VICTORIA” el 26 de

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septiembre de 2016 de ahí que si bien es cierto la obtención de unas buenas calificaciones o
reconocimientos no otorgan al demandante estabilidad o inamovilidad alguna, puesto que el buen
desempeño laboral es obligatorio e indispensable para el cumplimiento de la función pública y
policial, lo determinante al asunto es que si la motivación para mi retiro del servicio consistió en
una serie de reproches en torno a bajos resultados operativos y, entre otros, no asistir con
puntualidad al servicio, todo ello traducido en una mala y reprobada gestión policial que no me
hace digno de confianza, no se encuentra mucha coherencia ni concordancia en que, a pesar de
contar con buenas calificaciones y reconocimientos, mismos que harían constar sobre una buena
gestión por parte mía, se resuelva retirarme por unas concretas anotaciones relacionadas con un
supuesto mal desempeño policial.

Como se ve, el demandante formuló inconformidades que coinciden con las que fueron
expuestas en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, esto es, intenta
demostrar del acto administrativo que ordenó su retiró del servicio fue dictado con
infracción de las normas en que debía fundarse y expedido sin competencia. No
obstante, esa discusión ya fue resuelta por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, en providencia del 13 de diciembre
de 2022, que, en lo que interesa, consideró:

(..) No obstante, tales pruebas no logran desvirtuar la legalidad de la cual se encuentra investido
el acto administrativo, pues solo demuestran que el demandante durante el año 2016 cumplía con
las funciones que por ley le habían sido asignadas, que generaron como consecuencia
anotaciones positivas y las calificación superior, pero como lo estudiamos con anterioridad, tal
circunstancia (anotaciones positivas y felicitaciones) no genera per se fuero de inamovilidad en el
cargo, máxime cuando al lado de los aspectos positivos en la prestación del servicio, también se
registraron aspectos negativos relacionados con el no ingreso a la herramienta tecnológica
Sistema de Evaluación de Desempeño Policía EVA, el no aportar resultados operativos. no
realizar actividades de prevención, mal porte de uniforme, llegadas tarde, incumplimiento al item
de capacitación y actualización, específicamente en el curso virtual del Código Nacional de Policía
en el taller de atención al ciudadano y el Test de doctrina policial y el incumplimiento de órdenes.

(…) Ahora bien, en lo que toca al argumento de la falta de competencia alegado por la parte
actora, como quiera que el señor Gutiérrez Castillo con anterioridad al retiro se desempeñaba
como activo de la Seccional de Investigación Criminal, por lo que considera que su retiro debió
ser en primer lugar recomendado por la Junta Asesora para el Director General de la Policía
Nacional y ordenado por el Director General de la Policía Nacional.

La Ley 857 de 2003 en su artículo 4 establece la causal de retiro por voluntad del Gobierno o el
Director General de la Policía Nacional para el caso de oficiales y suboficiales respectivamente, y
en su inciso segundo señala que “[e]l ejercicio de las facultades a que se refiere el presente
artículo podrá ser delegado en el Ministro de Defensa Nacional, para el caso de los Oficiales hasta
el grado de Teniente Coronel y en los Directores de la Dirección General, Comandantes de Policía
Metropolitana, de Departamentos de Policía y Directores de las Escuelas de Formación para el
caso de los Suboficiales bajo su mando, observando el procedimiento que sobre el particular se
señale en cuanto a composición y recomendaciones en el evento de tal delegación respecto de
la Junta Asesora y de Evaluación y Clasificación de que trata el inciso anterior”.

Es así como se expide la Resolución núm. 01445 del 16 de abril de 2014 “por la cual se delega el
ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 4º de la Ley 857 del 26 de diciembre 2003, en
los Comandantes de Policías Metropolitanas y Departamentales de Policía y se integra la Junta
de Evaluación y Clasificación respectiva para el personal de Suboficiales, Nivel Ejecutivo y
Agentes bajo su mando”.

Siendo así, aunque la demandante alega que la providencia objeto de tutela vulneró
derechos fundamentales e incurrió en defecto sustantivo y fáctico, lo cierto es que, en
últimas, lo que pretende es que se reabra el debate sobre si la Resolución 248 de 2017
está viciada de nulidad por haber sido expedida con falta de competencia y con
infracción en las normas en que debía fundarse.

Lo anterior es suficiente para que la Sala confirme la decisión de primera instancia, que
declaró improcedente la acción de tutela.

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Radicado: 11001-03-15-000-2023-03306-01
Demandante: Fernando Gutiérrez Castillo

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad
de la ley,

III. FALLA

1. Confirmar la sentencia impugnada, por las razones expuestas en la presente
providencia.

2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.

3. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

4. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidenta

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA WILSON RAMOS GIRÓN

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