Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-03309-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-03309-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2023-03309-00
Consejero ponente: Roberto Augusto Serrato Valdes
13 de julio de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., trece (13) de julio de dos mil veintitrés (2023)
Consejero Ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Radicación: 11001-03-15-000-2023-03309-00
Accionante: MÓNICA LYCED MENDOZA GARZÓN
Accionados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA – Sección
Segunda – Subsección F
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Se
declara improcedente. No cumple con requisito de relevancia
constitucional. LA acción de tutela carece de carga argumentativa.
Sentencia de primera instancia
La Sala decide la acción de tutela presentada, a través de apoderado judicial, por
la ciudadana Mónica Lyced Mendoza Garzón en contra de la sentencia de 22 de
noviembre de 2022, dictada por la Subsección F de la Sección Segunda del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
I. LA SOLICITUD DE TUTELA
1. La ciudadana Mónica Lyced Mendoza Garzón, a través de apoderado judicial,
presentó acción de tutela con miras a obtener el amparo de sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad, a la seguridad social, a la
favorabilidad y al acceso a la administración de justicia, cuya vulneración atribuyó
a la sentencia de 22 de noviembre de 2022, dictada por la Subsección F de la
Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, dentro del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado número
11001-33-35-011-2019-00438-00/01.
II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA
2. De conformidad con lo planteado por el extremo accionante, los hechos y razones
que motivan la solicitud de amparo se contraen, en síntesis, a lo siguiente:
2.1. Relatóque promovió la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
número 11001-33-35-011-2019-00438-00/01 en contra de la Subred Integrada de
Servicios de Salud Sur E.S.E., para que se declarara la nulidad del Oficio N°
OJU-E-2603-2019 de 16 de mayo de 2019, que negó la solicitud de pago de
prestaciones sociales de la actora; y, a título de restablecimiento, pidió que se
declarara la existencia de un contrato realidad y, como consecuencia de ello, se
accediera al pago de las prestaciones sociales.
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-03309-00
Accionante: Mónica Lyced Mendoza Garzón
2.2. Comentó que el conocimiento del aludido proceso le correspondió al Juzgado
Once Administrativo de Oralidad del Circuito de Bogotá, despacho judicial
que, mediante sentencia de 29 de marzo de 2022, accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda, y declaró «[…] que entre la señora MÓNICA LYCED
MENDOZA GARZÓN y el HOSPITAL TUNAL TERCER NIVEL E.S.E. ahora
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E., existió una
relación laboral entre el periodo comprendidos entre el 05 de enero de 2013 hasta
el 31 de agosto de 2016. […]».
2.3. Refirió que el fallo de primera instancia fue recurrido por las partes.
2.4. Manifestó que, mediante sentencia de 22 de noviembre de 2022, el Tribunal
accionado resolvió revocar el fallo apelado y, en consecuencia, negar las
pretensiones de la demanda «[…] [porque] contrario a lo afirmado en primera
instancia no se demostró el cumplimiento de funciones que pudieran configurar los
elementos de un contrato laboral […]».
2.5. Sostuvo que se incurrió en un desconocimiento del precedente jurisprudencial
porque se transgredieron las reglas contenidas en la sentencia de unificación de 9
de septiembre de 2021, proferida por la Sala Plena de la Sección Segunda del
Consejo de Estado.
2.6. Indicó
que en la sentencia de segunda instancia se incurrió en un defecto
fáctico por indebida valoración probatoria, en síntesis, porque «[…] creo (sic) una
incertidumbre jurídica al no valorar la prueba […]», toda vez que la accionante
aportó toda la documentación de la relación laboral entre ella y la «[…] Subred
Integrada de Servicios de Salud Sur para el periodo comprendido entre el 05 DE
ENERO DE 2013 HASTA 31 AGOSTO DE 2016. […]».
III. PRETENSIONES
3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:
[…] Que se ORDENE al Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección
Segunda Subsección F que a partir de la notificación de la decisión que
ampara los derechos alegados, se dicte de nuevo la Sentencia que desate el
recurso de apelación presentado por la parte actora conforme al principio de
consonancia teniendo en cuenta la certificación emitida por la entidad
accionada emitida por la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.
(…)
En consecuencia, DEJAR SIN EFECTO la Sentencia de fecha 22 de
noviembre de 2022 proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca Sección Segunda Subsección E (sic) […]. (Negrillas del texto
y sic en toda la cita).
IV. TRÁMITE DE LA TUTELA
4. Mediante auto de 22 de junio de 2023, el magistrado a cargo de la sustanciación
del presente proceso admitió la acción de tutela de la referencia. En la misma
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Accionante: Mónica Lyced Mendoza Garzón
providencia se vincularon como terceros con interés directo en los resultados del
proceso a la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. y al Juzgado
Once Administrativo de Oralidad del Circuito de Bogotá. También se dispuso
notificar al Ministerio Público, para lo de su competencia.
V. INTERVENCIONES
5. Realizadas las notificaciones a la autoridad judicial accionada y a las vinculadas,
se advierte que se allegaron los siguientes informes:
5.1. ElTribunal accionado, por intermedio del magistrado ponente de la
providencia aquí enjuiciada, rindió informe en el que aclaró que la decisión objeto
de tutela no es arbitraria y, por el contrario, está fundamentada en lo que fue
acreditado en el proceso y en el criterio jurisprudencial aplicable.
5.2. Ello en consideración a que: «[…] analizó la totalidad de documentos anexados
encontrando probado, según la copia de los contratos, las actas y certificaciones
aportadas, que las partes suscribieron diferentes contratos de prestación de
servicios entre los años 2013 y 2016, en los que se vinculó a la accionante como
Asistente Administrativo, y que en su ejecución se presentó una suspensión
desde el 5 de noviembre hasta el 22 de noviembre de 2015, a solicitud de la parte
demandante […]».
5.3. Adicionalmente,adujo que, en todo caso, «[…] frente a la existencia de un
“salvamento de voto a favor”, considera el suscrito que el hecho de que se
presente un disenso en la providencia que se pone en conocimiento de la Sala de
Decisión que integra no implica per se (sic) que la sentencia aprobada
mayoritariamente resulte contraria a derecho, pues tal como se señaló en
precedencia la valoración de la situación fáctica y los medios de prueba se realizó
dentro de los limites dispuestos para el efecto y atendiendo a la libertad de
apreciación que ostenta el juez administrativo […]».
5.4. La
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., por conducto de
apoderada judicial, rindió informe en el que solicitó se declarara improcedente la
acción de tutela, por no cumplir con los requisitos generales de procedibilidad.
5.5. Explicó que: «[…] el debate planteado por el actor, no versa sobre la presunta
afectación o violación de derecho fundamental alguno, sino, sobre su
inconformidad respecto de la valoración probatoria que el operador judicial de
segundo grado efectuó al revocar la sentencia de primer grado que accedió
parcialmente a lo pedido y en su lugar, negra las pretensiones de la demanda.
[…]».
5.6. Adicionalmente, advirtió que la actora pretende que: «[…] en sede de tutela, se
estudien nuevamente las razones y fundamentos que constituyen los argumentos
de orden legal, contra el fallo de segunda instancia. […]».
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Accionante: Mónica Lyced Mendoza Garzón
VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA
VI.1. Competencia de la Sala
6. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de
tutela, de conformidad con lo establecido en el artículo 37 del Decreto Ley 2591
del 19 de noviembre de 19911, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del
Decreto 1069 de 26 de mayo de 20152, modificado por el artículo 1º del Decreto
333 de 6 de abril de 20213.
VI.2. Problemas jurídicos
7. Teniendo en cuenta la situación fáctica planteada la Sala debe establecer lo
siguiente:
a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Y, si ello
es así, se deberá determinar:
b) Si la sentencia de 22 de noviembre de 2022, dictada por la Subsección F
de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicado número 11001-33-35-011-2019-00438-00/01, vulneró los derechos
fundamentales invocados por la actora, al haber incurrido presuntamente en
un defecto fáctico.
8. Con el fin de resolver tales interrogantes, resulta pertinente pronunciarse de
manera previa sobre: i) la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales. Requisitos generales y especiales de procedibilidad; para
posteriormente ii) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto,
siempre y cuando se satisfagan a cabalidad las exigencias adjetivas.
VI.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Requisitos generales y especiales de procedibilidad
9. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
sentencia de 31 de julio de 20124, cambió su postura inicial y decidió asumir el
estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias
judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos
dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.
1 "Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política".
2 "Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho".
3 “Por la cual se modifican os artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único
Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
4 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Radicación: 2009-01328-01(IJ), sentencia
de 31 de julio de 2012. Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González.
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Accionante: Mónica Lyced Mendoza Garzón
10. Ahorabien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte
Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para
que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:
11. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia
constitucional del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa
judicial, salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del
principio de inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta
tenga efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación
clara de los hechos causantes de vulneración y su alegación en el proceso, y vi)
que la acción no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las excepciones previstas
en la sentencia SU-627 de 2015.
12. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al
juez constitucional dejar sin efectos una providencia judicial5, la sentencia C-590
de 2005 estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico,
procedimental absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin
motivación, desconocimiento del precedente y violación directa de la
Constitución6.
13. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales ya explicados, permitiéndole
de esta manera «[…] dejar sin efecto o modular la decisión […]»7 que se encaje en
dichos parámetros.
14. Setrata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de
procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este
5 Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-619 de 3 de septiembre de 2009, Magistrado
Jorge Iván Palacio Palacio.
6 Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera
absoluta, de jurisdicción o competencia para ello.
Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento
establecido.
Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación
del supuesto legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por
demostrada una situación fáctica sin existir evidencia probatoria de la misma.
Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o
inconstitucionales, o que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión.
Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y
ese engaño lo llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales.
Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y
jurídicos de la decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial.
Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado
por esta Corte Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.
Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera
directa a las normas establecidas en la Constitución Política.
7 Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado
Ponente: Dr. Mauricio González Cuervo.
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Accionante: Mónica Lyced Mendoza Garzón
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y
valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso,
seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso
jurisdiccional.
15. El criterio
expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado:
11001-03-15-000-2012-02201-01.
VI.4. El caso concreto
16. La ciudadana Mónica Lyced Mendoza Garzón, a través de apoderado judicial,
presentó acción de tutela con miras a obtener el amparo de sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad, a la seguridad social, a la
favorabilidad y al acceso a la administración de justicia, cuya vulneración atribuyó
a la sentencia de 22 de noviembre de 2022, dictada por la Subsección F de la
Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, dentro del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado número
11001-33-35-011-2019-00438-00/01.
VI.4.1. Del requisito general de procedibilidad de la relevancia constitucional
17. En cuanto atañe al requisito de procedencia adjetiva concerniente a la relevancia
constitucional, cabe recordar que este se entiende cumplido cuando se acredita
que el asunto gira en torno al contenido, alcance y goce de algún derecho
fundamental8 y no cuando guarda relación con asuntos de carácter meramente
legal o de contenido económico que deberán ser definidos por otras jurisdicciones9.
18. Ahora bien, en las acciones de tutela contra providencias judiciales10, el referido
requisito se cumple siempre que se evidencie, a primera vista, la afectación o
vulneración de las garantías constitucionales o núcleo esencial de los derechos
fundamentales y se descarte el uso del mecanismo de amparo como una instancia o
recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces11.
19. Así, en punto a la relevancia constitucional de la controversia, como uno de
los requisitos generales de procedencia de la acción de amparo, sostuvo la Sala
Plena del Consejo de Estado, en sentencia de unificación12, lo siguiente:
8 Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-590 del 8 de junio de 2005, exp. No. D-5428, Magistrado
Ponente: Dr. Jaime Córdoba Triviño.
9 Corte Constitucional, Sentencias SU-439 de 13 de julio de 2017 (M.P. Alberto Rojas Ríos) y T-458 de 29 de
agosto de 2016 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).
10 Donde sin lugar a dudas se exige una carga argumentativa lo suficientemente sólida y consistente para
efectos de atacar y/o cuestionar el contenido de una decisión judicial.
11 Corte Constitucional, sentencia de tutela No. T-102 de 16 de febrero de 2006 (M.P. Humberto Antonio
Sierra Porto). En igual sentido, ver sentencias T-075-18, T-451-18, T-422-18 y T-248-18.
12 Consejo de Estado, Sala Plena, Sentencia de 5 de agosto de 2014, exp. No. 2012-02201-01, C.P. Dr. Jorge
Octavio Ramírez Ramírez.
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Accionante: Mónica Lyced Mendoza Garzón
[…] La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado
desde dos puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por
la Corte Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción
de tutela contra providencias judiciales para evitar que se convierta en
una tercera instancia.
El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para
demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia
constitucional por la afección de sus derechos fundamentales. No basta,
entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir
este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.
A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su
decisión, explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es
menos cierto que el actor tiene la carga de argumentar el por qué su
pretensión tiene tal atributo, para que el Juez pueda determinar si se
cumple tal requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el
amparo constitucional […]. (Destaca la Sala de Decisión)
20. Recientemente, la Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 202213
precisó, en relación con el alcance del requisito de la relevancia constitucional,
cuáles eran los deberes del juez constitucional:
[…] [E]l juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para
interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el
alcance de un derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite
a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente
económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que se
justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una
providencia judicial de una alta corte, se exige advertir, además, una
vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales.
(…)
a. El caso no tiene la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental
42. Con respecto a este requisito, la accionante no explicó cómo la
resolución del caso ayuda a interpretar, aplicar o desarrollar la
Constitución Política o el núcleo esencial de los derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia.
(…)
b. El caso involucra un debate jurídico eminentemente legal
45. Aunque la acción de tutela interpuesta por PRTI hace referencia a la
violación de derechos fundamentales, principalmente al debido proceso
y al acceso efectivo a la administración de justicia, lo cierto es que la
solicitud de amparo está construida sobre lo que el demandante
considera es una mejor interpretación de una norma de naturaleza legal
y, en particular, sobre la pretensión de que se acoja su lectura con
respecto a la exención definida en literal e) del artículo 481 del Estatuto
Tributario.
(…)
c. El caso plantea una discusión preponderantemente económica
13 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.
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Accionante: Mónica Lyced Mendoza Garzón
65. Como ya se mencionó la Corte ha sido clara en señalar que un
asunto carece de relevancia constitucional cuando el contenido de la
controversia es exclusivamente económico pues esta no involucra el
interés general sino uno estrictamente privado o particular. Esto no
significa, claro está, que jamás proceda la tutela contra sentencias en un
asunto de naturaleza económica, pues eventualmente en este tipo de casos
se puede llegar a comprometer algún derecho fundamental. Así, por ejemplo
en acciones de tutela formuladas contra providencias judiciales en las que se
discute: (i) el reconocimiento de derechos pensionales; (ii) pretensiones de
reparación directa; (iii) laudos arbitrales (…) entre otras materias que implican
pretensiones económicas, la Corte ha reconocido la relevancia
constitucional del asunto siempre que se advierta con claridad que la
acción de tutela está dirigida a obtener la protección de un derecho
fundamental y no a reabrir la discusión definida ante los jueces
ordinarios.
(…)
d. La acción de tutela no cumple con la carga argumentativa y explicativa
rígida pues no se demuestra una grave violación de los derechos
fundamentales […]. [negrillas de la Sala]
21. Valgadestacar que el anterior criterio fue reiterado por la Sala Séptima de
Revisión de la Corte Constitucional en reciente sentencia T-075 de 22 de marzo de
2023.
22. Por ende, y de conformidad con la jurisprudencia de la Sala Plena del Consejo de
Estado, para que exista relevancia constitucional deben concurrir los siguientes
elementos: i) que de la carga argumentativa expuesta por el actor se pueda
concluir que hay una presunta vulneración de derechos fundamentales, y ii)
que la discusión planteada en sede de tutela no gire en torno a una inconformidad
respecto de la mera legalidad de la decisión atacada o sobre cuestiones de
apreciación judicial que no involucre derechos fundamentales14.
23. De acuerdo con la jurisprudencia, no basta con que la parte actora invoque el texto
constitucional o la simple enunciación de la supuesta vulneración de uno o varios
derechos fundamentales por parte de la autoridad accionada; dicho atentado debe
ser explicado y fundamentado desde la óptica de la protección que la
Constitución Política ofrece a estos bienes jurídicos superiores.
24. Descendiendo al caso objeto de estudio, se observa que la parte accionante
manifestó que la sentencia de 22 de noviembre de 2022 habría incurrido en un
defecto fáctico con ocasión de una de una indebida valoración probatoria y en un
desconocimiento del precedente.
14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección primera, Sentencia del 8 de octubre de
2015 (C.P. Guillermo Vargas Ayala. Rad. núm.: 2015-00283-01); Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección primera, Sentencia del 3 de noviembre de 2016, (C.P. Guillermo Vargas Ayala. Rad.
núm.: 2016-002244-00); Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección primera,
Sentencia del 17 de noviembre de 2016 (C.P. Guillermo Vargas Ayala. Rad. núm.: 2016-01063-00); Consejo
de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección primera, Sentencia del 17 de noviembre de 2016
(C.P. Guillermo Vargas Ayala. Rad. núm.: 2016-02862-00); Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección primera, Sentencia del 9 de febrero de 2017 (C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.
Rad. núm.: 2016-03249-00).
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Accionante: Mónica Lyced Mendoza Garzón
25. Como fundamento de los defectos enunciados señaló lo siguiente:
«[E]n cuanto a los requisitos que deben converger en la configuración del
contrato realidad, el Consejo de Estado refirió que se hace imperioso
acreditar que la actividad prestada para la entidad haya sido de manera
personal -intuito personae- y que por ello y a título de retribución se haya
percibido una remuneración, así como evidenciar que en relación con el
empleador existiera una relación permanente de dependencia y/o la facultad
para exigir al servidor público el cumplimiento de órdenes en cualquier
momento.
Igualmente, a la parte demandante se le hace imperioso demostrar tanto el
componente de la permanencia, es decir, el hecho que la labor sea
inherente a la entidad y la similitud o la medida de comparación con los
demás empleados de planta de la entidad.
Posteriormente, la Sección Segunda del Consejo de Estado decidió unificar
la jurisprudencia “en el sentido de precisar las siguientes reglas en las
relaciones laborales encubiertas o subyacentes” a saber, tales como:
“(i) La primera regla define que, el concepto de «término estrictamente
indispensable», al que hace referencia el numeral 3o del artículo 32 de la
Ley 80 de 1993, es el señalado en los estudios previos y en el objeto del
contrato, el cual, de acuerdo con el principio de planeación, tiene que estar
justificado en la necesidad de la prestación del servicio, en favor de la
Administración, de forma esencialmente temporal y, de ninguna manera, con
ánimo de permanencia.
(ii) La segunda regla prevé un periodo de treinta (30) días hábiles, entre la
finalización de un contrato y la ejecución del siguiente, como término de la
no solución de continuidad, el cual, en los casos que se exceda, podrá
flexibilizarse en atención a las especiales circunstancias que el juez
encuentre probadas dentro del expediente.
(iii) La tercera regla determina que, frente a la no afiliación al sistema de la
Seguridad Social en salud por parte de la Administración, es improcedente
la devolución de los valores que el contratista hubiese asumido de más, en
tanto se recaudaron como recursos de naturaleza parafiscal”.
(…)
Por tanto, estimo que el conflicto jurídico de la presente acción de tutela se
circunscribe en establecer sí el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Sección Segunda Subsección E con la decisión proferida el día 30 de
septiembre de 2022, incurrió o no en una vía de hecho judicial, al modificar
la decisión apelada y emitida por el Juzgado 14 administrativo del circuito de
Bogotá, siendo que la demandante MONICA LYCED MENDOZA GARZON
aporto toda la documentación que estaba en su poder cuando presto sus
servicios para el HOSPITAL TUNAL II NIVEL hoy su Subred Integrada de
Servicios de Salud Sur para el periodo comprendido entre el 05 DE ENERO
DE 2013 HASTA 31 AGOSTO DE 2016.
(…)
Efectivamente la decisión emanada por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca Sección Segunda Subsección F Creo una incertidumbre
jurídica al no valorar la prueba y los diversos pronunciamientos frente a este
tema.
(…)
[S]e exige de manera desproporcionada que el cargo ejercido por la
demandante debe tener unop [sic] similar de planta. El Tribunal
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-03309-00
Accionante: Mónica Lyced Mendoza Garzón
Administrativo de Cundinamarca Sección Segunda Subsección F, al no
tener en cuenta esta prueba como lo fueron los testimonios y demás
pruebas en conjunto vulnero los derechos fundamentales al debido proceso,
a la defensa y contradicción, de acceso a la administración de justicia y
“seguridad jurídica”».
26. Visto lo anterior, la Sala advierte que
la presente acción de tutela carece de
relevancia constitucional porque los defectos denunciados no cumplen con el
requisito de carga mínima argumentativa, conforme pasa exponerse
27. Frente al defecto fáctico, la parte actora omitió identificar cuáles eran las
pruebas que, en su criterio, fueron valoradas erróneamente por la autoridad
judicial accionada y que acreditaban la existencia de una relación laboral entre la
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. y la señora Mónica Lyced
Mendoza Garzón; puesto que en el escrito de tutela solo se señaló lo siguiente:
«Por tanto, estimo que el conflicto jurídico de la presente acción de tutela se
circunscribe en establecer sí el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Sección Segunda Subsección E con la decisión proferida el día 30 de
septiembre de 2022, incurrió o no en una vía de hecho judicial, al modificar
la decisión apelada y emitida por el Juzgado 14 administrativo del circuito de
Bogotá, siendo que la demandante MONICA LYCED MENDOZA GARZON
aporto toda la documentación que estaba en su poder cuando presto sus
servicios para el HOSPITAL TUNAL II NIVEL hoy su Subred Integrada de
Servicios de Salud Sur para el periodo comprendido entre el 05 DE ENERO
DE 2013 HASTA 31 AGOSTO DE 2016.
(…)
Efectivamente la decisión emanada por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca Sección Segunda Subsección F Creo una incertidumbre
jurídica al no valorar la prueba y los diversos pronunciamientos frente a este
tema.
(…)
[S]e exige de manera desproporcionada que el cargo ejercido por la
demandante debe tener unop [sic] similar de planta. El Tribunal
Administrativo de Cundinamarca Sección Segunda Subsección F, al no
tener en cuenta esta prueba como lo fueron los testimonios y demás
pruebas en conjunto vulnero los derechos fundamentales al debido proceso,
a la defensa y contradicción, de acceso a la administración de justicia y
“seguridad jurídica”».
28. En ese sentido, y comoquiera que se omitió identificar cuáles fueron las pruebas
que en su criterio resultaron indebidamente valoradas por la autoridad judicial
accionada, resulta imposible para este juez constitucional analizar el cargo de
defecto fáctico denunciado.
29. En relación con lo anterior, esta Sección en la sentencia de 12 de marzo de
202015 señaló lo siguiente:
«[E]s preciso destacar que, en materia de acción de tutela contra
providencias judiciales, no basta con citar la falta de valoración de
15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 12 de marzo de
2020, C.P Roberto Augusto Serrato Valdés, radicación número: 11001-03-15-000-2020-00365-00.
11
Radicación: 11001-03-15-000-2023-03309-00
Accionante: Mónica Lyced Mendoza Garzón
medios de prueba de manera genérica, sino que es necesario que se
expresen con claridad los motivos por los que se considera que su falta
de valoración, por las autoridades accionadas, generó la afectación de
derechos de contenido iusfundamental y, como su falta de estudio o
apreciación, incidió en la decisión que es objeto de reproche y afectó las
garantías constitucionales».
30. Lo mismo ocurre respecto del desconocimiento del precedente jurisprudencial,
en el que si bien se citó la sentencia de unificación de 9 de septiembre de 2021 y
se trajeron a colación las reglas que se unificaron en esa oportunidad; lo cierto es
que no se hizo un desarrollo argumentativo en el que se expusiera en forma
concreta cuál regla fue desconocida en la providencia objeto que es esta acción
constitucional. Ello se traduce en que la parte actora omitió exponer en forma
concreta las cuáles eran razones por las que consideraba que la sentencia de 22
de noviembre de 2022 desconocía las reglas contenidas en la sentencia de
unificación citada; puesto que se limitó a señalar lo siguiente:
«[E]n cuanto a los requisitos que deben converger en la configuración del
contrato realidad, el Consejo de Estado refirió que se hace imperioso
acreditar que la actividad prestada para la entidad haya sido de manera
personal -intuito personae- y que por ello y a título de retribución se haya
percibido una remuneración, así como evidenciar que en relación con el
empleador existiera una relación permanente de dependencia y/o la facultad
para exigir al servidor público el cumplimiento de órdenes en cualquier
momento.
Igualmente, a la parte demandante se le hace imperioso demostrar tanto el
componente de la permanencia, es decir, el hecho que la labor sea
inherente a la entidad y la similitud o la medida de comparación con los
demás empleados de planta de la entidad.
Posteriormente, la Sección Segunda del Consejo de Estado decidió unificar
la jurisprudencia “en el sentido de precisar las siguientes reglas en las
relaciones laborales encubiertas o subyacentes” a saber, tales como:
“(i) La primera regla define que, el concepto de «término estrictamente
indispensable», al que hace referencia el numeral 3o del artículo 32 de la
Ley 80 de 1993, es el señalado en los estudios previos y en el objeto del
contrato, el cual, de acuerdo con el principio de planeación, tiene que estar
justificado en la necesidad de la prestación del servicio, en favor de la
Administración, de forma esencialmente temporal y, de ninguna manera, con
ánimo de permanencia.
(ii) La segunda regla prevé un periodo de treinta (30) días hábiles, entre la
finalización de un contrato y la ejecución del siguiente, como término de la
no solución de continuidad, el cual, en los casos que se exceda, podrá
flexibilizarse en atención a las especiales circunstancias que el juez
encuentre probadas dentro del expediente.
(iii) La tercera regla determina que, frente a la no afiliación al sistema de la
Seguridad Social en salud por parte de la Administración, es improcedente
la devolución de los valores que el contratista hubiese asumido de más, en
tanto se recaudaron como recursos de naturaleza parafiscal”».
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-03309-00
Accionante: Mónica Lyced Mendoza Garzón
31. Sobre este punto de la controversia, vale la pena reiterar lo que ha venido
sosteniendo esta Sección en su jurisprudencia respecto del cumplimiento del
requisito de la carga argumentativa mínima, tratándose del defecto de
desconocimiento del precedente:
«[L]a Sala considera que el cargo asociado al presunto desconocimiento del
precedente no cumple con la carga argumentativa mínima porque, tal como lo
ha establecido con anterioridad esta Sección, quien alegue este defecto tiene
el deber de «señalar en su escrito de tutela el cumplimiento de los elementos
que permiten configurar la existencia de un precedente judicial, esto es, i)
que en la ratio decidendi de las sentencias invocadas por el actor en su
escrito de tutela se encuentre una regla jurisprudencial aplicable al caso a
resolver; ii) que esta ratio resuelva un problema jurídico semejante al
propuesto en el nuevo caso y, iii) que los hechos del caso sean
equiparables a los resueltos anteriormente».16
32. Asílas cosas, vale la pena recordar que un asunto carece de relevancia
constitucional, entre otros eventos, cuando los defectos denunciados por el
accionante no cumplen con la carga mínima argumentativa.
33. Porlos anteriores razonamientos, la Sala declarará la improcedencia de la
presente acción de tutela, por incumplimiento del requisito general de
procedibilidad atinente a la relevancia constitucional.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la presente acción de tutela, por las
consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 del 19 de noviembre de
1991.
TERCERO: En caso de no ser impugnada, REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión, de conformidad con el artículo 31 del
Decreto Ley No. 2591 de 1991.
16 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 30 de
septiembre de 2021. Exp. Nro. 11001-03-15-000-2021-06033-00. C.P.: Hernando Sánchez S.
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-03309-00
Accionante: Mónica Lyced Mendoza Garzón
Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
Presidente
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.
En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley. P (30)
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