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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-03320-01

Fecha
5 de octubre de 2023
Consejero ponente
Oswaldo Giraldo Lopez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-03320-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 28 de julio de 2023, dictada por el Consejo de Estado - Sección Tercera - Subsección C, que declaró la improcedencia del amparo por falta del presupuesto de subsidiariedad. SEGUNDO: NOTIFICAR esta decisión a las partes por el medio más expedito y eficaz. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2023-03320-01

Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez

5 de octubre de 2023

Radicación: 11001 03 15 000 2023 03320 01
Accionante: Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá, D.C., cinco (5) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001 03 15 000 2023 03320 01
Accionantes: AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL
ESTADO
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA Y JUZGADO
QUINTO ADMINISTRATIVO DE NEIVA

Tesis: La acción de tutela es improcedente por falta de
subsidiariedad cuando el demandante no ha hecho uso
de los mecanismos ordinarios establecidos en la ley para
la defensa de sus derechos

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte actora contra el
fallo del 28 de julio de 2023, dictado por el Consejo de Estado - Sección
Tercera - Subsección C.

I. SÍNTESIS DEL CASO

1.1. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE) solicitó
el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso
a la administración de justicia, que estimó vulnerados con ocasión del
auto de enero 27 de 2022 proferido por el Juzgado Quinto Administrativo
de Neiva, que denegó una nulidad procesal, y del auto del 14 de abril de
2023, dictado por el Tribunal Administrativo del Huila, que declaró la
inadmisibilidad del recurso de apelación promovido contra la anterior
providencia1.

1
Proceso identificado con la radicación 41001-33-31-004-2007-00045-00.

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1.2. Como hechos que antecedieron a la acción de tutela, la ANDJE informó
que la señora Alicia Torres de Antury y su grupo familiar presentaron
demanda de reparación directa contra la Nación - Departamento
Administrativo de Seguridad (DAS), para reclamar los perjuicios sufridos
como consecuencia de la muerte del señor Gentil Antury Cuéllar, acaecida
durante un operativo llevado a cabo el 26 de septiembre de 2002.

1.2.1. Señaló que, ante la supresión del DAS, ordenada por el Decreto Ley
4057 de 2011, el Juzgado Quinto Administrativo de Neiva, mediante auto
del 26 de febrero de 2016, designó como sucesor procesal a la ANDJE,
decisión que fue notificada por estado el 2 de marzo del mismo año.

1.2.2. Expuso que, mediante fallo del 2 de diciembre de 2019 el juzgado
accedió a las pretensiones de la demanda y condenó a la ANDJE a pagar los
perjuicios morales y materiales ocasionados por la muerte del señor Gentil
Antury Cuéllar. Agregó que dicha decisión fue notificada por edicto fijado
en la Secretaría del despacho entre el 3 y el 5 de diciembre de 2019.

1.2.3. Adujo que, contra la anterior providencia, la parte actora interpuso
el recurso de apelación, pero luego desistió de éste. En consecuencia, por
auto del 6 de marzo de 2020, el juzgado aceptó el desistimiento y declaró
ejecutoriada la sentencia.

1.2.4. Señaló que, mediante escrito radicado el 21 de septiembre de 2021,
solicitó la nulidad de todo lo actuado a partir del auto del 26 de febrero de
2016, que ordenó su vinculación como sucesora procesal, por indebida
notificación, pues esa providencia, así como el fallo de primera instancia,
debieron notificársele de manera personal en lugar de por estado y por
edicto, pues previamente no había sido vinculada al proceso. Sin embargo,
por auto del 27 de enero de 2022, el juzgado denegó la solicitud.

Relató que, contra la anterior providencia, interpuso el recurso de
apelación, pero que el Tribunal Administrativo del Huila, a través de
proveído del 14 de abril de 2023, lo declaró inadmisible, al considerar que

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el proceso se regía por el Código Contencioso Administrativo (CCA) y el
Código de Procedimiento Civil (CPC), los cuales, a diferencia del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA),
no preveían la procedencia del recurso de apelación contra esta decisión.

1.3. La ANDJE alegó que el Juzgado Quinto Administrativo de Neiva incurrió
en violación directa de la Constitución, especialmente del inciso
segundo del artículo 29 de la Carta, al dictar la providencia del 26 de febrero
de 2016, que la vinculó como sucesora procesal del DAS, pese a que esa
carga correspondía a otra autoridad, y al no notificarle personalmente esa
decisión ni la sentencia que resolvió el asunto en primera instancia.

1.3.1. En concreto, advirtió que, indistintamente de la normativa procesal
que rigiera el proceso ordinario, el auto de febrero 26 de 2016 debió
notificársele personalmente, en los términos del artículo 314 del CPC o del
artículo 290 del CGP, pues era la primera decisión que en referencia suya
se dictaba en ese trámite y, en tal sentido, no conocía con anterioridad de
su existencia. Entonces, estima que al haber notificado esa decisión por
estado, el juzgado incurrió en violación del debido proceso, pues era
imposible que la entidad llegara a conocerla.

1.3.2. Por otro lado, argumentó que la decisión del 26 de febrero de 2016
incurrió en defecto sustantivo por desconocimiento del artículo 238 de la
Ley 1753 de 20152, que determinó que los procesos en los cuales debiera
ser parte o destinatario el extinto DAS, serían asumidos por un patrimonio
autónomo administrado por Fiduciaria La Previsora S.A.

Dijo que, en efecto, en desarrollo de este mandato legal, el Ministerio de
Hacienda y Crédito Público y la Fiduciaria la Fiduprevisora S.A., el 15 de
enero de 2016 suscribieron el contrato de fiducia mercantil Nº 6.001-2016,
cuyo objeto consistió en la constitución de un patrimonio autónomo para la
atención de los procesos judiciales, el pago de sentencias, reclamaciones

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“Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 ‘Todos por un nuevo país’”.

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administrativas, laborales o contractuales en los cuales fuera parte o
destinatario el extinto DAS o su fondo rotatorio.

Arguyó que, por lo tanto, el sucesor procesal del DAS a partir de esa fecha
debió ser el “Patrimonio Autónomo PAP Fiduprevisora S.A., Defensa Jurídica
Extinto Departamento Administrativo de Seguridad – DAS – y su Fondo
Rotatorio cuyo vocero es la fiduciaria La Fiduprevisora S.A”, y no la ANDJE.

II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN

2.1. El magistrado del Tribunal Administrativo del Huila, que dictó la
providencia del 14 de abril de 2023, manifestó atenerse a lo que se pruebe
en cuanto a la notificación de la ANDJE y a la posibilidad que tuvo esa
entidad para apelar el fallo de primera instancia.

Luego, adujo que la actora no presentó ningún reparo contra el auto del
13 de abril de 2023, que declaró inadmisible la apelación contra el proveído
que le denegó la solicitud de nulidad procesal, razón por la cual, al respecto,
la tutela carece de relevancia constitucional.

Además, señaló que la solicitud de amparo no cumple con ese requisito
genérico porque se limita a reprochar la supuesta vulneración de los
derechos fundamentales invocados, pero sin indicar con claridad por qué la
cuestión debatida amerita la intervención del juez de tutela.

Por último, advirtió que la ANDJE no interpuso el recurso de súplica contra
el auto del 13 de abril de 2023, medio de impugnación que era procedente
de conformidad con el artículo 183 del CCA.

2.2. El Juzgado Quinto Administrativo de Neiva expuso las razones por
las cuales la providencia del 27 de enero de 2022 denegó la nulidad
procesal, esto es, que: (i) la nulidad por indebida notificación debía alegarse
en audiencia o como excepción previa, o en su defecto, como causal del
recurso extraordinario de revisión3; (ii) como la nulidad supuestamente se

3
Al respecto invocó el artículo 142 del CPC.

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originó en el auto del 26 de febrero de 2016 y no en la sentencia del 2 de
diciembre de 2019, después de emitida ésta, no era posible solicitarla4; (iii)
transcurrió un lapso muy amplio entre el referido auto, la sentencia de
primera instancia y la presentación de la solicitud de nulidad, por lo que
esta resultó abiertamente extemporánea.

Finalmente, dijo que la sucesión procesal se decretó en los términos del
artículo 60 del CPC, y que, de acuerdo con el artículo 62 ibídem, los
intervinientes y sucesores toman el proceso en el estado en que se
encuentre.

2.3. Los demandantes del proceso de reparación directa intervinieron
por conducto de su apoderado judicial, quien alegó que la tutela no cumple
con el presupuesto de inmediatez porque, si bien se ataca el auto del 14 de
abril de 2023, lo cierto es que todo el reproche que plantea gira en torno a
los autos del 26 de febrero de 2016 que vinculó a la ANDJE como sucesora
procesal, y del 27 de enero de 2022 que denegó la nulidad. Y, entre la
expedición de esas providencias y la interposición de la acción de tutela han
transcurrido más de seis meses.

Señaló asimismo que la entidad accionante se limitó a reiterar los
argumentos que expuso en la solicitud de nulidad y en el recurso de
apelación contra la providencia que la denegó, sin cumplir con la carga
argumentativa respecto de la supuesta vulneración de los derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso a administración de justicia,
razón por la cual la tutela no cumple con el requisito de relevancia
constitucional.

Arguyó que tampoco se cumple el requisito genérico según el cual, si se
alega una irregularidad procesal, esta debe tener un efecto decisivo en la
decisión judicial cuestionada, porque, como lo manifestó el juzgado en la
decisión del 27 de enero de 2022, la solicitud de nulidad elevada por la
ANDJE fue extemporánea.

4
Ídem.

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III. FALLO DE PRIMERA INSTANCIA

Mediante fallo del 28 de julio de 2023, el Consejo de Estado - Sección
Tercera - Subsección C declaró la improcedencia del amparo por falta del
presupuesto de subsidiariedad, con fundamento en que la ANDJE no
interpuso el recurso de súplica contra el auto del 14 de abril de 2023,
dictado por el Tribunal Administrativo del Huila, medio de defensa
procedente de conformidad con lo establecido en el artículo 183 del CCA.

IV. IMPUGNACIÓN

La ANDJE impugnó la sentencia de primera instancia y alegó que sí cumplió
con el presupuesto de subsidiariedad toda vez que, contra los autos del 27
de enero de 2022, que denegó la nulidad, y del 13 de abril de 2023, que
declaró inadmisible el recurso de apelación, no procede recurso alguno. En
consecuencia, para ventilar las irregularidades en las que incurrieron las
autoridades judiciales accionadas, no se cuenta con ningún medio de
defensa judicial distinto a la acción de tutela. Luego reiteró la totalidad de
los argumentos expuestos en la solicitud de amparo.

5. CONSIDERACIONES DE LA SALA

5.1. COMPETENCIA

De conformidad con lo previsto por el numeral 5º del artículo 2.2.3.1.2.1
del Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015, modificado por el artículo 1º
del Decreto 333 de 2021, y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12
de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que asigna a
esta Sección el conocimiento de estas acciones constitucionales, esta Sala
es competente para conocer del presente asunto.

5.2. HECHOS

5.2.1. La señora Alicia Torres de Antury y su grupo familiar5 presentaron
demanda de reparación directa contra el DAS, para reclamar los perjuicios

5
De la información registrada en el proceso de reparación directa allegado en formato digital, se advierte que
los demandantes allí fueron: Alicia Torres de Antury, en su calidad de cónyuge sobreviviente del señor Gentil
Antury Cuéllar, quien actúa en nombre propio y en representación de sus menores hijos Juan Carlos, Liliana

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sufridos como consecuencia de la muerte del señor Gentil Antury Cuellar,
acaecida durante un operativo llevado a cabo el 26 de septiembre de 2002.

5.2.2. Por auto del 26 de febrero de 2016, el Juzgado Quinto Administrativo
de Neiva vinculó como sucesor procesal del DAS a la ANDJE, decisión que
fue notificada por estado el 2 de marzo del mismo año.

5.2.3. Mediante sentencia del 2 de diciembre de 2019, el juzgado accedió
a las pretensiones de la demanda y condenó a la ANDJE a pagar los
perjuicios morales y materiales ocasionados por la muerte del señor Gentil
Antury Cuéllar. Esta decisión fue notificada por edicto fijado entre el 3 y el
5 de diciembre de 2019 y quedó en firme.

5.2.4. El 21 de septiembre de 2021 la ANDJE solicitó la nulidad de todo lo
actuado a partir del auto del 26 de febrero de 2016, que la vinculó como
sucesora procesal del DAS. Sin embargo, por auto del 27 de enero de 2022,
el juzgado denegó la solicitud.

5.2.5. La ANDJE apeló la anterior decisión, pero el Tribunal Administrativo
del Huila, a través de auto del 14 de abril de 2023, declaró inadmisible el
recurso, al considerar que el proceso se regía por el CCA y el CPC, los cuales
no preveían la procedencia de la alzada contra esa decisión.

5.2.6. La ANDJE interpuso acción de tutela al considerar vulnerados sus
derechos fundamentales como consecuencia de las anteriores decisiones.

5.3. ANÁLISIS DE LA SALA

5.3.1. Procedencia de la acción de tutela

Tratándose de tutela contra providencias judiciales, debe hacerse una
cuidadosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, con el fin
de evitar que este instrumento excepcional se convierta en una manera

Andrea y Ericarlina Antury Torres (hijos de la víctima); Wilson Fernando Antury Torres y Edwar Leandro Antury
Torres (hijos); los señores Eliseo Antury Carvajal y Rosana Cuéllar de Antury (padres); Jose Alirio, Rosana,
Elena y Edgar Antury Cuéllar quienes actúan en su propio nombre (hermanos); Jose Libardo Medina Perdomo
y Mercedes Sánchez Duque (trabajadores); María de Jesús Delgado de Cueltan, quien actúa en nombre propio
y en representación de sus nietos José Alejandro, Gloria Yaneth, Ana Silva, Diego Fernando y Ana Fernanda
Antury Cueltan (sobrinos).

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de desconocer principios constitucionales como los de cosa juzgada,
debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial.

Con este propósito, la Corte Constitucional definió y unificó de tiempo
atrás los llamados requisitos generales de procedibilidad6, los cuales
deben concurrir en su totalidad, para que resulte viable el estudio de
fondo de la solicitud de amparo, postura que, tiempo después, fue así
mismo acogida por esta corporación7. Tales criterios son los de i) la
relevancia constitucional del asunto planteado, ii) la subsidiariedad,
relacionada con el previo agotamiento de todos los medios de defensa
judicial disponibles, iii) la inmediatez, relativa al oportuno ejercicio de la
acción de amparo dentro de un plazo razonable, iv) la precisa explicación
sobre el efecto determinante del defecto que se aduce, v) la razonable
identificación de los hechos aducidos y su previa invocación dentro del
proceso ordinario precedente, y vi) que no se trate de fallos de tutela.

Constatada la presencia de estos requisitos, la efectiva prosperidad de la
tutela depende de la debida demostración de al menos una de las causales
específicas de procedibilidad definidas en la misma providencia, las cuales
se pueden enmarcar dentro de las siguientes categorías: a) defecto
material o sustantivo; b) violación directa de la Constitución; c) defecto
fáctico; d) defecto procedimental; e) decisión sin motivación; f) defecto
orgánico; g) desconocimiento del precedente, y h) error inducido, o, como
mínimo, que en la petición de amparo haga una exposición
suficientemente clara de los hechos y derechos que la sustenten, de forma
tal que el juez constitucional pueda deducir, sin elucubraciones, cuál es el
defecto que la parte actora reprocha de la providencia.

5.3.2. Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

De conformidad con lo anterior, el análisis de las acciones de tutela contra
providencias judiciales exige una cuidadosa constatación de los

6
Sentencia C-590 de 2005 (M. P. Jaime Córdoba Triviño).
7
Sentencia de unificación de julio 31 de 2012 (C. P. María Elizabeth García González).

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presupuestos de procedibilidad, con el fin de evitar que este instrumento
excepcional se convierta en una manera de desconocer principios
constitucionales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad
jurídica e independencia judicial.

5.3.3. El requisito de subsidiariedad

Los artículos 86 de la Constitución Política y 6º numeral 1º del Decreto
2591 de 1991 prevén que la tutela es improcedente cuando no se han
agotado los mecanismos de protección que el ordenamiento jurídico ha
dispuesto para la protección idónea y eficaz de los derechos
fundamentales. Es allí donde radica la finalidad del requisito de
subsidiariedad, que consiste en impedir que esta acción se convierta en
un mecanismo principal de protección.

La Corte Constitucional ha manifestado que el medio judicial por
excelencia para la preservación de los derechos es el proceso8. Por
consiguiente, la acción de tutela no puede ser utilizada como una
herramienta sustitutiva de los mecanismos ordinarios de defensa, salvo
que éstos no sean idóneos o eficaces para proteger los derechos
fundamentales controvertidos o cuando la petición de amparo se ejerza
como un medio transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

Siendo así, para que el juez estudie una solicitud de tutela, el interesado
debe, por lo menos, probar que se agotaron los recursos que tenía a su
disposición, pues, de lo contrario, la tutela deviene improcedente.

5.3.4. Caso concreto

En ese orden, corresponde a la Sala analizar si es procedente decidir de
fondo la acción de tutela instaurada por la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado con ocasión de: (i) el auto del 27 de enero de 2022,
proferido por el Juzgado Quinto Administrativo de Neiva, que denegó la
nulidad de todo lo actuado a partir del proveído del 26 de febrero de 2016,
que vinculó a la referida agencia al proceso de reparación directa como

8
Sentencia C–543 de 1992 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo).

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sucesora procesal del DAS, incluida la sentencia de primera instancia,
proferida el 2 de diciembre de 2019, y (ii) el auto del 14 de abril de 2023,
dictado por el Tribunal Administrativo del Huila, que declaró la
inadmisibilidad del recurso de apelación promovido contra la providencia
del 27 de enero de 2022.

La Sala advierte que, si bien contra esta última decisión del Tribunal
Administrativo del Huila la demandante no expuso ningún argumento
concreto en la acción de tutela, lo cierto es que solicitó que fuera dejada
sin efectos, razón por la cual se entiende que la solicitud de amparo se
dirige también en su contra.

En este contexto, se observa que el artículo 183 del CCA, aplicable al
proceso de reparación directa que dio origen a la tutela, establece que
“[e]l recurso ordinario de súplica procederá en todas las instancias contra
los autos interlocutorios proferidos por el ponente”.

Entonces, el recurso de súplica era el mecanismo procesal eficaz e idóneo
con que contaba la ANDJE para cuestionar el auto del 14 de abril de 2023
y buscar que el Tribunal Administrativo del Huila declarara la
procedibilidad de la alzada contra el proveído del 27 de enero de 2022 y,
al estudiarlo en segunda instancia, eventualmente lo revocara, para en
su lugar declarar la nulidad procesal alegada por la entidad accionante,
valga recordar, por la notificación supuestamente indebida de la
providencia que la vinculó como sucesora procesal del DAS y de la
sentencia de primera instancia.

Empero, de acuerdo con la revisión efectuada por la sala en el sistema
SAMAI9, la ANDJE no recurrió en sede ordinaria la decisión que ahora
ataca, sino que optó por interponer directamente la tutela, como si esta
acción pudiera emplearse en reemplazo de los mecanismos establecidos
en la ley para la defensa de los derechos.

9
Visible en el enlace:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=410013331004200700045014
100123

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En tal sentido, la Corte Constitucional ha explicado que la persona que
“no ha hecho uso oportuno y adecuado de los medios procesales que la
ley le ofrece para obtener el reconocimiento de sus derechos o
prerrogativas se abandona voluntariamente a las consecuencias de los
fallos que le son adversos. De su conducta omisiva no es responsable el
Estado ni puede admitirse que la firmeza de los proveídos sobre los cuales
el interesado no ejerció recurso constituya transgresión u ofensa a unos
derechos que, pudiendo, no hizo valer en ocasión propicia. Es inútil, por
tanto, apelar a la tutela, cual si se tratara de una instancia nueva y
extraordinaria, con el propósito de resarcir los daños causados por el
propio descuido procesal”10, razonamiento que aplica incluso si el litigante
es una autoridad pública, con una misión tan específica e importante como
la que compete a la ANDJE.

Así las cosas, la Sala encuentra que esta acción de tutela no cumple con
el presupuesto de subsidiariedad, por lo cual es clara su improcedencia.

Ahora bien, aunque esta sola circunstancia es suficiente para adoptar la
ya referida decisión, no sobra agregar que la decisión que en el fondo se
controvierte es la que en su momento vinculó a la ANDJE como sucesora
procesal del extinto DAS, so pretexto de su indebida notificación, decisión
que se adoptó desde febrero de 2016, y que, tal como lo destacaron varios
de los intervinientes, no fue cuestionada por la entidad afectada sino más
de cinco años después, una vez expedida la sentencia que le fue
desfavorable. Así las cosas, en adición a lo expuesto, resulta inadmisible
pretender controvertir el efecto de una decisión judicial como la antes
referida, más de siete años después de proferida, lo que además de
revelar desentendimiento de parte de la hoy tutelante, implicaría grave
incumplimiento del requisito de inmediatez en la presentación de la acción
de tutela.

Por ello se ratifica la improcedencia del amparo solicitado, sin que resulte
pertinente el análisis de los demás requisitos generales de procedibilidad.

10
Sentencia T-520 de 1992.

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5.4. Conclusión

Como consecuencia de lo expuesto, la Sala confirmará el fallo impugnado,
que declaró improcedente la tutela al constatar la ausencia del requisito
de subsidiariedad.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 28 de julio de 2023, dictada
por el Consejo de Estado - Sección Tercera - Subsección C, que declaró
la improcedencia del amparo por falta del presupuesto de subsidiariedad.

SEGUNDO: NOTIFICAR esta decisión a las partes por el medio más
expedito y eficaz.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria
de esta providencia.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente Consejera de Estado
Consejero de Estado

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente en la sede electrónica para la gestión
judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad y conservación y posterior consulta,
de conformidad con la ley.

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