Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-03321-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-03321-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2023-03321-00
Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello
7 de septiembre de 2023
Radicado: 11001-03-15-000-2023-03321-00
Demandante: César Augusto Quintero Rodríguez
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá D.C., siete (7) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)
Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2023-03321-00
Demandante CÉSAR AUGUSTO QUINTERO RODRÍGUEZ
Demandado TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA, SALA CUARTA DE
DECISIÓN
Temas Acción de tutela contra providencia judicial. Defecto fáctico. Medio de
control de reparación directa. Ocupación temporal de inmueble.
Perjuicio moral.
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
Corresponde a la Sección Cuarta del Consejo de Estado, decidir en primera
instancia, la acción de tutela incoada por César Augusto Quintero Rodríguez, de
conformidad con lo dispuesto por los Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021.
ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 20 de junio de 20231, el señor César Augusto Quintero Rodríguez interpuso
acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Huila, Sala Cuarta de Decisión,
por considerar vulnerados sus derechos de acceso a la administración de justicia y
a la buena fe.
En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
“PRIMERO: Ordenar al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA – SALA CUARTA DE
DECISIÓN, dejar parcialmente sin efecto su sentencia emitida el 30 de mayo de 2023, dentro
del proceso MEDIO DE CONTROL: REPARACIÓN DIRECTA DEMANDANTE: CLARITA
RODRÍGUEZ ACEVEDO Y OTROS -DEMANDADO: NACIÓN-MIN.DE DEFENSA-EJÉRCITO
NACIONAL PROVIDENCIA: SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA RADICACIÓN: 41 001
33 33 702 2015 00292 02, en relación con el numeral SEGUNDO que denegó las demás
pretensiones de la demanda.
SEGUNDO: Ordenar en consecuencia, al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA – SALA
CUARTA DE DECISIÓN, que, en un término prudencial, emita una sentencia complementaria
conforme a las pretensiones de la demanda y específicamente con el reconocimiento y pago
de los perjuicios morales sufridos por los demandantes dentro del proceso judicial arriba
mencionado”.
2. Hechos
En el expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:
2.1. El señor César Augusto Quintero Rodríguez es propietario del inmueble
denominado “Alaska” situado en la vereda El Platanillal, zona rural de la ciudad
de Neiva, Huila.
2.2. Sostuvo que desde el 5 de abril hasta el 15 de mayo de 2013, la mencionada
finca fue ocupada de manera arbitraria y continua por personal militar adscrito
al batallón de artillería Nro. 9 Tenerife de la ciudad de Neiva, Huila,
1 Tutela radicada en el correo de oficina judicial, Seccional Neiva.
1
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Demandante: César Augusto Quintero Rodríguez
destruyendo brechas, abriendo trincheras, creando puestos de vigilancia,
cambuches y montando su armamento para utilizar el inmueble como
campamento militar, ingresando vehículos tipo camión, todo lo que les privó
de disponer a él y su familia del uso, goce, disfrute y explotación del predio.
2.3. Anunció que ante tal situación irregular, solicitó verbalmente a los miembros
de la fuerza pública que desocuparan el predio, frente a lo que se obtuvo
respuesta desfavorable y por lo que, en consecuencia, el actor y su familia
decidieron no volver al predio.
2.4. El 25 de abril de 2013 el actor presentó una petición al Coronel de la Novena
Brigada, solicitando el retiro de la tropa y la artillería militar, a lo que se dio
respuesta el 18 de junio de 2013, en el sentido de aceptarse tácitamente que
los uniformados habían permanecido en el inmueble y que allí se posicionaron
y dispararon una pieza de artillería, incluso afectando algunas grietas en la
construcción.
2.5. Por lo anterior, el actor César Augusto Quintero Rodríguez y su núcleo familiar,
en ejercicio del medio de control de reparación directa, presentaron demanda
contra la Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional, con el fin de que se
declarara administrativa y patrimonialmente responsable de los perjuicios
ocasionados por la ocupación del inmueble denominado “Alaska” situado en
la vereda El Platanillal, zona rural de la ciudad de Neiva, Huila.
2.6. Del asunto conoció en primera instancia el Juzgado Séptimo Administrativo de
Neiva, el proceso Nro. 41001-33-33-702-2015-00292-00 que, en audiencia de
alegaciones y juzgamiento llevada a cabo el día 13 de abril de 2018, negó las
pretensiones de la demanda.
El a quo consideró que no existían suficientes elementos de prueba que
permitieran declarar la responsabilidad de la administración por la ocupación
temporal o definitiva de inmueble, y que la configuración de los elementos
objetivo y subjetivo se desvirtuaban ante la falta de delimitación de los linderos
del predio lo que igualmente hacía imposible atribuir alguna responsabilidad al
Estado.
2.7. La anterior decisión fue apelada por la parte demandante, ante el Tribunal
Administrativo del Huila, Sala Cuarta de Decisión que, en sentencia del 30 de
mayo de 2023, revocó la decisión y en su lugar accedió a unas pretensiones
de la demanda y negó otras.
El a quem estimó que, en efecto, las tropas del Ejército Nacional ocuparon
temporalmente el predio Alaska sin contar con la autorización o con la
aquiescencia de su propietario, y que en desarrollo de las actividades militares
que allí se desarrollaron le generaron daños a la casa (agrietamiento de las
paredes), a los cercos y al portón, todo lo cual no tenían el deber jurídico de
asumir, por lo que se declaró la responsabilidad del Estado por este hecho al
ser los perjuicios causados al inmueble ocupado, imputables a la actuación de
los uniformados del ejército.
No obstante lo anterior, respecto de los perjuicios morales reclamados,
concluyó que los demandantes no acreditaron que la ocupación les causara
algún detrimento extrapatrimonial que debiera ser indemnizado.
3. Fundamentos de la acción
Los accionantes consideran que al proferir la sentencia del 30 de mayo de 2023 en
el medio de control de reparación directa identificado con el Nro. 41001-33-33-702-
2015-00292-00/02, el Tribunal Administrativo del Huila, Sala Cuarta de Decisión
incurrió en defecto fáctico.
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Explicaron que el tribunal accionado dejó de valorar la totalidad del material
probatorio, concretamente las declaraciones allegadas para acreditar el perjuicio
moral reclamado, pues solo se refirió a los perjuicios materiales.
Precisaron que, con prueba documental y testimonial demostraron que el predio
ubicado en la vereda El Platanillal, zona rural de Neiva, Huila, era zona roja habitada
por la guerrilla de las FARC, concretamente en el frente 17 y que, por razones obvias
su mayor temor y zozobra era que en cualquier momento perdiera la vida él o alguno
de su familia en manos de grupos alzados en armas, al creer que colaboraban con
el Ejército Nacional al haberse ubicado la fuerza pública dentro del predio “Alaska”.
Citó apartes de las declaraciones rendidas por los testigos Mary Nella Gamboa
Rodríguez, Eusebio Riaño Mesade y Javier Riaño Haya.
Citaron la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2014 proferida por la Sección
Tercera del Consejo de Estado en el proceso con Nro. 66001-23-31-000-2001-00731-
01 (26251), para señalar que el perjuicio moral está compuesto por el “dolor, aflicción
y en general los sentimientos de desesperación, congoja, desasosiego, temor, zozobra, etc.,
que invaden a la víctima directa o indirecta de un daño antijurídico, individual o colectivo”.
En relación con la prueba del perjuicio moral para las víctimas indirectas, dijo que el
Consejo de Estado, Sección Tercera en sentencia del 26 de febrero de 2009,
radicación 68001-23-15-000-1996-02381-01 (16727) se sostuvo que “en relación con
el perjuicio moral, debe precisarse que la Sala en recientes pronunciamientos ha señalado que
éste se presume en los grados de parentesco cercanos, puesto que la familia constituye el eje
central de la sociedad en los términos definidos en el artículo 42 de la Carta Política. En tal
sentido, el juez no puede desconocer la regla de la experiencia que pone de manifiesto que el
núcleo familiar cercano se aflige o acongoja con el daño irrogado a uno de sus miembros”.
4. Trámite impartido e intervenciones
4.1. Por auto del 27 de junio de 2023, el despacho ponente admitió la acción de
tutela, ordenó notificar a las partes accionante y accionada. Asimismo ordenó
la vinculación de la Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional quien
actuó como demandado en el proceso de reparación directa, al Juzgado
Séptimo Administrativo de Neiva, quien emitió la decisión de primera instancia;
y a Aureliano Quintero, Clarita Rodríguez Acevedo, Luis Alberto y Juan Carlos
Quintero Rodríguez, quienes fueron demandantes en el proceso Nro. 41001-
33-33-702-2015-00292-00/02.
4.2. El Tribunal Administrativo del Huila, Sala Cuarta de Decisión, expuso
apartes de la decisión cuestionada y manifestó que la misma estuvo acorde a
lo probado en el expediente, razón por la que consideró que no era procedente
la solicitud de amparo presentada por el actor.
4.3. El Ministerio de Defensa, se pronunció y manifestó que el actor no cumplió
su deber de fundamentar las razones por las que el tribunal presuntamente
incurrió en un defecto fáctico, sino que de manera general manifestó que se
había omitido hacer una valoración probatoria de los elementos que reposaban
en el expediente.
Sostuvo además en relación con los perjuicios morales, que era más una
exposición de su inconformidad o apreciación subjetiva a este respecto y que,
revisada la sentencia, estaba ajustada a la valoración probatoria incluyendo
las declaraciones a las que hacía referencia el tutelante.
En concreto frente al perjuicio moral, sostuvo que este debía probarse
tratándose de la ocupación temporal de inmueble y que lo que había quedado
demostrado es que el miedo y la zozobra eran generalizadas por existir
guerrilla en la zona, por lo que no podía de allí derivarse el reconocimiento de
unos perjuicios más aun cuando la ocupación duró 20 días.
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Por lo anterior, pidió que se denegaran las pretensiones de la acción al ser
improcedente la tutela.
4.4. Los señores Aureliano Quintero, Clarita Rodríguez Acevedo, Luis Alberto
y Juan Carlos Quintero Rodríguez en su calidad de terceros con interés, se
pronunciaron e indicaron que si bien la zona era de grupos alzados en armas,
su temor era constante ya que era obvio que pensaran que estaban
colaborando y aceptaban que desde el predio “Alaska” atacaran con
armamento militar a sus compañeros de otra zona, lo que no era cierto ya que
la intromisión al predio había sido abusiva e inconsulta lo que implicó que
vivieran con temor y zozobra.
Manifestaron acogerse a lo pretendido en la tutela y solicitaron se diera todo
el valor probatorio a las declaraciones obrantes en el proceso con el fin de ser
reparados por los perjuicios morales causados al núcleo familiar.
4.5. El Juzgado Séptimo Administrativo de Neiva, remitió el link de acceso al
expediente. No se pronunció del fondo del asunto en esta oportunidad.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19912, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
2. La acción de tutela contra providencias judiciales
La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales,
y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa
excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos generales3
y especiales4 que deben cumplirse de forma estricta, para lo cual, se deben reunir
todos los requisitos generales, y por lo menos uno de los defectos o requisitos
especiales de la acción.
De manera pacífica y reiterada, la jurisprudencia constitucional5 ha indicado que
cuando se interpone la acción de tutela contra providencias judiciales, el examen de
los requisitos generales de procedencia debe realizarse con especial rigor, para no
desconocer los principios de autonomía e independencia judicial, y los de legalidad,
2
Decreto 2591 de 1991, Art. 1º: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo
momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su
nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos
resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los
particulares en los casos que señala este decreto”.
3
Los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i)
que el actor indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; ii) el accionante haya utilizado
todos los mecanismos judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de sus derechos
fundamentales (subsidiariedad); iii) que la acción se haya interpuesto en un término prudencial (inmediatez);
iv) que el asunto sea de evidente relevancia constitucional; v) que no se trate de una decisión proferida en
sede de tutela; vi) injerencia de la irregularidad procesal en la providencia atacada.
4 Los requisitos especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i)
defecto orgánico, ii) defecto procedimental, iii) defecto fáctico, iv) defecto material o sustantivo, v) defecto
por error inducido, vi) defecto por falta de motivación, vii) defecto por desconocimiento del precedente y viii)
defecto por violación directa de la Constitución.
5 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-686 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Y Consejo
de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014. Proceso No.
11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). M.P. Jorge Octavio Ramírez R.
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cosa juzgada y juez natural como elementos esenciales del derecho al debido
proceso. Es por tal motivo, que la procedencia de la acción contra providencias
judiciales exige un mayor rigor en la fundamentación del vicio que se atribuye a la
sentencia judicial objeto de tutela y que el análisis sobre el cumplimiento de los
requisitos debe restringirse únicamente a los argumentos planteados por los
intervinientes en el proceso.
3. Planteamiento del problema jurídico
Teniendo en cuenta el escrito de tutela y la situación fáctica concreta, corresponde
a la Sala determinar, si al proferir la sentencia del 30 de mayo de 2023, dentro del
proceso de reparación directa Nro. 41001-33-33-702-2015-00292-00/02, el Tribunal
Administrativo del Huila, Sala Cuarta de Decisión, incurrió en el defecto fáctico
propuesto por la parte actora, al no haberse dado valor a las pruebas que, en su
criterio, llevaban a demostrar la existencia de un perjuicio moral.
4. Defecto fáctico y su análisis en el caso concreto
4.1. En relación con el defecto fáctico, es aquel vicio relacionado con la práctica o
valoración de las pruebas, que tiene una incidencia directa en la decisión.
En este sentido, se ha dicho que para que exista el defecto fáctico, es
necesario que de las pruebas que obren en el expediente no sea posible, de
ninguna manera objetiva y razonable, alcanzar la conclusión a la que llega la
decisión que se cuestiona. En otras palabras, que el apoyo probatorio en que
se basó el juez para resolver determinado asunto resulta absolutamente
inadecuado para el caso concreto. Porque si bien el juez ordinario goza de una
amplia facultad de valoración probatoria fundada en los principios científicos
de la sana crítica, dicho poder no puede ejercerse de manera arbitraria.
Para analizar si el juez natural pudo incurrir en este defecto, corresponde al
juez de tutela establecer si aquel adoptó criterios objetivos, racionales y
rigurosos, en lo que respecta a la apreciación de las pruebas.
Refiriéndose al defecto fáctico, la Corte Constitucional6 reconoce dos
dimensiones:
La dimensión negativa se produce por omisiones del juez, como por ejemplo,
(i) por ignorar o no valorar, injustificadamente, una realidad probatoria
determinante en el desenlace del proceso7;(ii) por decidir sin el apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta
la decisión; o (iii) por no decretar pruebas de oficio en los procedimientos en
que el juez está legal y constitucionalmente obligado a hacerlo8.
La dimensión positiva, por su parte, tiene lugar por actuaciones positivas del
juez en la que se incurre ya sea (iv) por valorar y decidir con fundamento en
pruebas ilícitas, si estas resultan determinantes en el sentido de la decisión 9;
o (v) por decidir con medios de prueba que, por disposición legal, no conducen
a demostrar el hecho en que se basa la providencia10.
El análisis del defecto fáctico debe ser en extremo cauteloso, en procura de
no afectar los principios de autonomía e independencia judicial que adquieren
significado en actos propios e intrínsecos del juez de la causa, como la
valoración de la prueba. Es por ello que la jurisprudencia constitucional ha sido
consistente en indicar que, será viable la acción de tutela por defecto fáctico
6 Cfr. Sentencia SU-159 de 2002.
7 Cfr. Sentencia C-590 de 2005.
8 Cfr. Sentencia T-417 de 2008.
9 Ibidem. Óp. Cit. 10.
10 Cfr. Sentencia SU-226 de 2013.
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cuando el error en el juicio valorativo del juez de la causa sea “ostensible, flagrante
y manifiesto, y el mismo debe tener una incidencia directa en la decisión, pues el juez de tutela
no puede convertirse en una instancia revisora de la actividad de evaluación probatoria del
juez que ordinariamente conoce de un asunto, según las reglas generales de competencia”.11
Por esto, la Corte ha hecho énfasis en que las discrepancias respecto de la
valoración de las evidencias, no amerita por sí misma, la revocación por vía
de tutela de la providencia impugnada, pues ello sería tanto como admitir la
superioridad del criterio de valoración del juez de tutela respecto del juez
natural, en directo menoscabo del principio de autonomía judicial. No pueden
reputarse como defecto fáctico, las diferencias en la valoración y apreciación
de la prueba, ya que la competencia del juez de tutela está fijada en clave de
violación de derechos fundamentales, no de diferencias de juicio o de opinión.
4.2. De acuerdo con los antecedentes del caso, el accionante y los integrantes de
su grupo familiar <<vinculados como terceros con interés>>, manifestaron su
inconformidad con la sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal
Administrativo del Huila, Sala Cuarta de Decisión, en cuanto negó el
reconocimiento de perjuicios morales que reclamaron, bajo el argumento de
no estar demostrado detrimento extrapatrimonial alguno, siendo deber de la
parte demandante probar tal circunstancia.
Al respecto, advierte la Sala que en la providencia cuestionada se hizo una
relación de las pruebas aportadas legalmente al expediente, dentro de las que
se mencionaron las testimoniales rendidas por los señores Mary Nella
Gamboa Rodríguez, Eusebio Riaño Mesade y Javier Riaño Haya, y se citaron
algunos apartes que, junto con los demás elementos de prueba le permitieron
tener por acreditado el hecho de la ocupación temporal del inmueble
denominado “Alaska” por miembros del Ejército Nacional, y la causación de
daños a la vivienda y al predio que debían ser reparados conforme el valor de
los perjuicios que fueron solicitados en la demanda.
En relación con el perjuicio moral, el tribunal accionado anotó que “ni el
propietario ni los demás demandantes acreditaron que la ocupación les causara algún
detrimento extrapatrimonial (el cual debe probarse)…”; por tal motivo, negó el
reconocimiento del perjuicio moral reclamado.
En este sentido, de acuerdo con la mención hecha por el tribunal en la
sentencia concretamente frente al perjuicio moral, advierte la Sala que, aunque
fue sucinto, anunció la tesis que actualmente la Sección Tercera de esta
Corporación tiene en relación con el reconocimiento de los perjuicios morales
cuando se trata de la responsabilidad del Estado por ocupación temporal de
inmueble, en el que se ha señalado precisamente que este detrimento de
naturaleza extrapatrimonial debe probarse por el propietario y los demás
demandantes, lo que extrañó la autoridad judicial.
4.3. El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, en sentencia del 10 de
febrero de 2021, expediente Nro. 05001-23-31-000-2009-01513-01 (46030)12,
precisó al analizar un caso de similares contornos de ocupación temporal de
inmueble que, en relación con los perjuicios morales debía estar acreditada su
ocurrencia, citando incluso antecedentes de la sección que permiten
evidenciar una posición pacífica al respecto:
“I) Perjuicios inmateriales - perjuicios morales
85. En relación con el dolor moral que pueda generar la pérdida, destrucción o
afectación de bienes materiales (como lo es un bien inmueble), la jurisprudencia de esta
11 Corte Constitucional. Sentencia SU 949 de 2014. M.P. María Victoria Calle Correa.
12 Con ponencia del doctor Ramiro Pazos Guerrero.
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Corporación13 considera que ese daño es susceptible de reparación, siempre y cuando
se encuentre acreditada su ocurrencia.
86. Esta Corporación en sentencia del 5 de octubre de 1989, explicó:
“Es cierto que dentro de los perjuicios indemnizables se comprenden los morales, entendiendo
por éstos el dolor y la tristeza que el hecho dañoso ocasiona a quien sufre el daño, pero también
aquí tanto la jurisprudencia como la doctrina están acordes en que tratándose de daño a las cosas
ese dolor o tristeza debe tener envergadura suficiente como para justificarse su reparación y que
en todo caso debe ser demostrado, pues no se presume”. 14
87. Posteriormente, en sentencia del 13 de abril de 2000, señaló:
“El desarrollo del tema en la jurisprudencial nacional ha ido en evolución, al punto que hoy se
admite inclusive la posibilidad de reclamar indemnización por los perjuicios morales causados por
el daño o pérdida de las cosas, a condición de demostrar plenamente su existencia, pues tal
perjuicio no se presume15.
88. También señaló lo siguiente frente a su tasación, en sentencia del 24 de marzo de
2004:
“Hay lugar a indemnizar todo perjuicio moral, sin importar su origen, inclusive el derivado de la
pérdida de bienes materiales o el causado con el incumplimiento de las obligaciones derivadas
del contrato, siempre que, como sucede en relación con cualquier clase de perjuicios, aquéllos
sean demostrados en el proceso43. Para que haya lugar a la reparación del perjuicio basta que el
padecimiento sea fundado, sin que se requiera acreditar ningún requisito adicional. Corresponde
al juez tasar discrecionalmente la cuantía de su reparación, teniendo en cuenta las condiciones
particulares de la víctima y la gravedad objetiva de la lesión. La intensidad del daño es apreciable
por sus manifestaciones externas; por esto se admite para su demostración cualquier tipo de
prueba. Sin embargo, la jurisprudencia puede inferir su existencia en casos como el de la muerte
de los parientes más allegados”.44
4.4. De este modo, en el caso analizado si bien los actores mencionan que se
dejaron de valorar algunos apartes de los testigos que rindieron su declaración
y que mostraban la configuración de un perjuicio moral, lo cierto es que,
conforme con el criterio jurisprudencial, debe estar debidamente demostrada
tal circunstancia de dolor, aflicción y demás sentimientos que invadan a la
víctima, lo que no se advirtió acreditado por el tribunal, de manera que aún
cuando la parte actora citó unos apartes en los que se les preguntó a los
testigos por las circunstancias vivenciadas por los demandantes y el actor cita
incluso apartes de tales declaraciones, en estas se hace mención de manera
unánime a la existencia de una situación de angustia por ser la zona
denominada “zona roja” con presencia de grupos al margen de la ley, razón
por la que, de acuerdo con la tesis jurisprudencial mencionada merecía un
mayor despliegue probatorio, por lo que la Sala estima que la conclusión a la
que llegó el tribunal fue razonable.
4.5. También menciona el actor que la tesis de la Sección Tercera del Consejo de
Estado en Sala de Unificación, en materia de perjuicio moral ha sido definida
en la sentencia del 28 de agosto de 2014 como el dolor, aflicción y en general
los sentimientos de congoja y desesperación que invaden a la víctima, lo que
como concepto no está en discusión, sin embargo, esto requiere en materia
de ocupación temporal de inmueble, un deber probatorio riguroso para entrar
a demostrar la existencia de un perjuicio de tal naturaleza. Así lo reiteró la
Sección Tercera, Subsección A, en la sentencia del 5 de marzo de 2021,
proceso con radicación 12001-33-31-006-2010-00038-01 (64163)16 al indicar:
“Como ya lo precisó esta Sección en las sentencias de unificación del 28 de agosto de
2014 sobre perjuicios inmateriales, el daño moral se define como «el dolor, la aflicción
13 Igualmente, traída a colación por esta Subsección, mediante sentencia del 14 de octubre de 2015. Rad.
25000-2326-000-2001-02347-01(34217). C.P. Danilo Rojas Betancourth.
14 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 5 de octubre de 1989, exp. 5320, actora: Martha Cecilia
Klinker de Jaramillo. C.P. Gustavo de Greiff Restrepo.
15 Sentencias del 5 de octubre de 1989, exp: 5320, del 7 de abril de 1994, exp: 9367 y del 11 de noviembre de
1999, exp: 12.652, entre otras en Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 13 de abril de 2000, exp.
11.892, actor: Franklyn Liévano Fernández.
43 Sentencia del 24 de septiembre de 1987, exp. 4039.
44 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 13 de mayo de 2004, exp: AG-520012331000200200 (AG
226-01).
16 Con ponencia de la doctora Marta Nubia Velásquez Rico.
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y en general los sentimientos de desesperación, congoja, desasosiego, temor, zozobra,
etc., que invaden a la víctima directa o indirecta de un daño antijurídico, individual o
colectivo».
Respecto de su indemnización cuando el daño se deriva de la pérdida o afectación a
bienes materiales, la jurisprudencia de esta Sección ha aceptado su reconocimiento
«siempre y cuando aquél esté debidamente fundamentado con pruebas que acrediten
su existencia y magnitud», pues en estos casos dicha tipología de perjuicio inmaterial,
entendida como la aflicción, la tristeza, el dolor o la angustia que sufre una persona con
ocasión del evento dañoso, no se presume”.
5. Conclusión
Por las razones que han quedado expuestas, la Sala negará las pretensiones de la
acción de tutela por no estar configurado el defecto fáctico propuesto contra la
providencia del Tribunal Administrativo del Huila, Sala Cuarta de Decisión.
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Negar las pretensiones de la acción de tutela presentada por César Augusto
Quintero Rodríguez, de conformidad con los argumentos expuestos en esta
providencia.
2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.
3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.
4. De no ser impugnada la presente providencia, enviarla a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase,
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidenta
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA WILSON RAMOS GIRÓN
8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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