Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-03348-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-03348-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2023-03348-00
Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez
25 de agosto de 2023
Radicación: 11001 03 15 000 2023 03348 00
Accionante: CROMAS S.A.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Bogotá, D.C., veinticinco (25) de agosto de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001 03 15 000 2023 03348 00
Accionante: CROMAS S.A.
Accionado: CONSEJO DE ESTADO – SECCIÓN TERCERA -
SUBSECCIÓN B
Tesis: La acción de tutela es improcedente por ausencia de
relevancia constitucional cuando el debate planteado por
la parte actora pretende reabrir la controversia resuelta
en sede de revisión a través de sentencia definitiva, la
cual no fue acusada en la instancia constitucional.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela interpuesta por Cromas S.A. contra el
Consejo de Estado – Sección Tercera - Subsección B.
I. SÍNTESIS DEL CASO
La sociedad CROMAS S.A. solicitó el amparo de sus derechos
fundamentales al debido proceso y el acceso a la administración de
justicia, los cuales estimó vulnerados como consecuencia de la sentencia
de segunda instancia de 1º de junio de 2020, en virtud de la cual la
autoridad judicial revocó el fallo de 12 de octubre de 2012 dictado por el
Tribunal Administrativo de Antioquia que denegó las pretensiones de la
demanda, y, en su lugar, declaró probada la excepción de caducidad de
la acción de controversias contractuales promovida por la aquí accionante
contra el Instituto Nacional de Vías. El proceso mencionado se tramitó
bajo el radicado número 05001-23-31-000-2004-01247-02.
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Accionante: CROMAS S.A.
La demandante afirmó que la decisión acusada incurrió en defecto
procedimental absoluto y que por tanto vulneró sus derechos
fundamentales, por las siguientes razones:
Adujo que la corporación accionada consolidó una situación jurídica al
proferir la providencia del 21 de junio de 2006, mediante la cual resolvió
revocar el auto originalmente dictado por el Tribunal Administrativo de
Antioquia que rechazó la demanda por caducidad de la acción, para, en
su lugar, admitirla y disponer la continuación normal del proceso de
controversias contractuales.
Explicó que, en esa línea, la jurisprudencia constitucional estableció como
regla general la irrevocabilidad de los autos interlocutorios ejecutoriados,
por lo cual la revocatoria o el desconocimiento de aquellas decisiones
procede de manera excepcional solo si la ley lo habilita o si la conclusión
que ha de adoptarse en el proceso riñe con la decisión previa.
Agregó que, al ser un escenario excepcional, el operador judicial solo se
encuentra habilitado para revocar la decisión si, además, i) verifica que
se está frente a una decisión manifiestamente ilegal que representa una
grave amenaza del orden jurídico, y (ii) siempre que la rectificación se
lleve a cabo observando un término prudencial; sobre lo cual afirmó que
no se encontraron cumplidos los escenarios para apartarse de la decisión
interlocutoria acogida en el auto de 21 de junio de 2006, como lo hizo la
autoridad judicial accionada al proferir la sentencia de segunda instancia,
en la cual encontró probada la excepción de caducidad de la acción de
controversias contractuales.
Sostuvo que, sobre el asunto relativo a la caducidad de la acción de
controversias contractuales, existió cosa juzgada, en la medida que la
autoridad judicial accionada ya se había pronunciado sobre la
contabilización del plazo para presentar la demanda, mediante auto de 21
de junio de 2006, en el cual consideró que la demanda se radicó dentro
del término dispuesto por la Ley 80 de 1993.
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En ese orden de ideas, afirmó que resulta manifiestamente contrario a los
principios constitucionales el hecho de que, un largo tiempo después, la
corporación accionada profiera sentencia de segunda instancia de 1° de
junio de 2020, en la cual consideró probada la excepción de caducidad de
la acción de controversias contractuales, y que, en consecuencia, esa
providencia, además de desconocer la primera decisión que sobre el
asunto ya había adoptado la misma autoridad, vulneró los derechos
fundamentales invocados en la presente solicitud de amparo. Agregó que
la decisión de segunda instancia se adoptó con insuficiente fundamento,
en tanto que no justificó por qué se apartó de la primera postura que
adoptó ni “[…] las razones por las cuales para la fecha de la demanda no
era aplicable la caducidad señalada en la Ley 80 para el caso”.
También informó que, con anterioridad a la presente solicitud, promovió
una acción de tutela contra la misma decisión que acusó en esta instancia,
y que ese asunto culminó con sentencia de segunda instancia del 12 de
agosto de 2021, mediante la cual el Consejo de Estado – Sección Quinta,
declaró la improcedencia de la acción por no hallarse cumplido el requisito
de la subsidiariedad, al considerar que la actora contaba con el recurso
extraordinario de revisión para presentar su inconformidad con la decisión
que declaró la caducidad de la acción.
Añadió que, de manera posterior al primer trámite constitucional, radicó
demanda en ejercicio del recurso extraordinario de revisión, el cual se
resolvió de forma desfavorable a sus intereses, mediante sentencia de 14
de diciembre de 2022, dictada por la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo – Sala Cuarta Especial de Decisión del Consejo de Estado1.
II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN
2.1. El despacho sustanciador admitió la acción de tutela de la referencia
mediante auto de 28 de junio de 2023, en virtud del cual ordenó notificar
1
La Sala 4 Especial de Decisión estuvo integrada por los Consejeros de Estado Stella Jeannette Carvajal Basto,
William Hernández Gómez, Alberto Montaña Plata, Roberto Augusto Serrato Valdés y Pedro Pablo Vanegas Gil.
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al Consejo de Estado – Sección Tercera - Subsección B, al Tribunal
Administrativo de Antioquia y al Instituto Nacional de Vías.
2.2. El magistrado ponente de la providencia acusada, quien pertenece a
la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado,
informó que el expediente del proceso de controversias contractuales en
desarrollo del cual se profirió la sentencia objeto de estudio contiene “los
argumentos y elementos necesarios para que el juez de la acción de tutela
tome la decisión que en derecho corresponda”.
2.3. El Tribunal Administrativo de Antioquia señaló que no realizaría
pronunciamiento alguno en relación con la solicitud de amparo, pues en
este asunto no se discute ninguna de las actuaciones que esa autoridad
adelantó dentro del proceso de controversias contractuales con radicado
2004-01247-00-2.
2.4. El Instituto Nacional de Vías - Territorial Antioquia sostuvo que
la acción de tutela carece de los requisitos generales para su procedibilidad,
pues se presentó por fuera del plazo razonable para su ejercicio, la parte
actora no adelantó las vías judiciales que tuvo a su disposición para
controvertir las decisiones adoptadas en el proceso ordinario, y en todo
caso, los derechos fundamentales que invocó no se encuentran vulnerados.
En consecuencia, solicitó que se despachara de manera desfavorable la
solicitud de amparo constitucional.
III. CONSIDERACIONES DE LA SALA
3.1. COMPETENCIA
De conformidad con lo previsto por el numeral 7º del artículo 2.2.3.1.2.1
del Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015, modificado por el artículo 1º
del Decreto 333 de 2021, y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12
de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que asigna a
esta Sección el conocimiento de estas acciones constitucionales, esta Sala
es competente para conocer del presente asunto.
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3.2. HECHOS
3.2.1. La sociedad CROMAS S.A. presentó demanda en ejercicio de la
acción de controversias contractuales contra el Instituto Nacional de Vías,
con la cual pretendió que se declarara el incumplimiento de esa entidad
respecto de las obligaciones adquiridas en el contrato de obra número C-
602-85 del 30 de diciembre de 1985 celebrado entre aquellos, así como
el reconocimiento de los perjuicios que debido a dicho incumplimiento se
causaron a la sociedad aquí accionante.
3.2.2. El Tribunal Administrativo de Antioquia profirió auto de 11 de
octubre de 2004, mediante el cual rechazó de plano la demanda por
considerar que se encontró configurado el fenómeno de la caducidad de
la acción pretendida. Consideró que, de conformidad con el artículo 87 del
Código Contencioso Administrativo (CCA), la demandante contó con dos
años a partir del 29 de julio de 1994, fecha en la cual se suscribió el acta
de liquidación bilateral del contrato, los cuales finalizaron mucho antes
del “mes de diciembre de 2002” cuando se presentó la demanda2. Contra
esa decisión, la allá demandante presentó recurso de apelación.
3.2.3. Mediante auto de 21 de junio de 2006, el Consejo de Estado –
Sección Tercera resolvió la alzada presentada por Cromas S.A., en el
sentido de revocar la decisión que rechazó la demanda por caducidad de
la acción de controversias contractuales, y en su lugar, proveyó su
admisión tras considerar que entre el 29 de julio de 1994, fecha en la cual
se suscribió la liquidación bilateral del contrato, en la que se dejó
constancia “del incumplimiento a la obligación del pago de los reajustes
de las actas de obra por la existencia de sobre costos, que causaron el
desequilibrio económico del contrato”, y el 2 de marzo de 2004 cuando
se presentó la demanda, no habían transcurrido los 20 años que dispuso
el artículo 55 de la Ley 80 de 1993 para el ejercicio de la acción promovida
2
Al parecer, esta referencia contiene un error mecanográfico en cuanto a la fecha, pues en realidad la demanda
de controversias contractuales se radicó el 2 de marzo de 2004.
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por la sociedad, de conformidad con la naturaleza de las pretensiones
formuladas por aquella.
3.2.4. Transcurrido el trámite de ley, el Tribunal de Antioquia profirió
sentencia de primera instancia el 12 de octubre de 2012, mediante la cual
declaró no probadas las excepciones propuestas por la demandada, (entre
las cuales se encontró la caducidad de la acción) y además negó las
pretensiones de la demandante, quien a continuación presentó recurso de
apelación contra esa decisión.
3.2.5. El Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección B resolvió el
recurso de apelación a través de sentencia de segunda instancia de junio
1º de 2020, en virtud de la cual modificó la sentencia de octubre 12 de
2012, en el sentido de declarar probada la excepción de caducidad de la
acción de controversias contractuales, pues de conformidad con el artículo
136 del CCA, vigente para la época en que finalizó el contrato, y el
entendimiento que la jurisprudencia hizo de las normas pertinentes del
Decreto Ley 222 de 1983, el plazo para presentar la demanda era de dos
años contados a partir del día siguiente al vencimiento del periodo en que
debió liquidarse el contrato, lo que habría ocurrido el 30 de junio de 1989,
los cuales ya habían transcurrido con suficiencia para el 2 de marzo de
2004, fecha en la que finalmente se presentó la demanda.
3.2.6. Más adelante, la sociedad Cromas S.A. presentó acción de tutela
contra la sentencia de 1° de junio de 2020, la cual se resolvió mediante
providencia de 12 de agosto de 2021 proferida por la Sección Quinta del
Consejo de Estado, en la que declaró su improcedencia tras advertir que
no superó el requisito general de procedibilidad de la subsidiariedad, pues
a su juicio, el reclamo de la accionante se encuadra en una de las causales
del recurso extraordinario de revisión, y en ese orden, tuvo a su
disposición ese medio judicial para la defensa del derecho fundamental al
debido proceso. Ese asunto constitucional se tramitó bajo el radicado
número 11001-03-15-000-2021-03553-00.
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3.2.7. Ante ese escenario, la aquí actora promovió recurso extraordinario
de revisión contra el fallo de segunda instancia de 1° de junio de 2020, el
cual fue resuelto por la Sala Cuarta Especial de Decisión del Consejo de
Estado a través de sentencia del 14 de diciembre de 2022, mediante la
cual se declaró infundado dicho recurso porque lo alegado por la
recurrente no se encuadró en ninguna causal de nulidad contemplada en
el artículo 133 del Código General del Proceso, ni en la dispuesta por el
numeral 5º del artículo 250 del CPACA. El comentado proceso judicial se
tramitó bajo el radicado número 11001-03-15-000-2021-11535-00.
3.3. ANÁLISIS DE LA SALA
3.3.1. Procedencia de la acción de tutela
Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
El análisis de las acciones de tutela contra providencias judiciales exige
una cuidadosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, con el
fin de evitar que este instrumento excepcional se convierta en una
manera de desconocer principios constitucionales como los de cosa
juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial.
3.3.1.1. Frente al requisito general de relevancia constitucional
La Corte Constitucional, en la sentencia C–590 de 2005, al determinar los
requisitos generales y especiales de procedencia de la tutela contra
decisiones judiciales, más tarde acogidos también por esta corporación3,
indicó que un asunto sometido al estudio del juez de tutela tiene
relevancia constitucional cuando “se plantea una confrontación de la
situación suscitada por la parte accionada con derechos de carácter
constitucional fundamental, por cuanto los debates de orden
exclusivamente legal son ajenos a esta acción pública”.
3
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño). Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, sentencia de unificación julio 31 de 2012 (C. P. María Elizabeth García González).
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Con la sentencia SU-215 de 20224, la Corte Constitucional hizo énfasis en
“la necesidad de que la acción de tutela contra providencias judiciales
satisfaga el requisito de relevancia constitucional, el cual encuentra su
razón de ser en el carácter subsidiario de dicha acción y en la especialidad
tanto de los jueces de tutela como de los jueces ordinarios”.
Consideración a la cual agregó que:
“[…] En esta línea, el simple alegato de la vulneración a los derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la justicia no es suficiente
para cumplir con el requisito de relevancia constitucional, pues se requiere
demostrar de manera razonable una restricción desproporcionada a los
derechos mencionados. […]”.
En el presente asunto, la parte actora invoca la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia que consideró vulnerados con ocasión de la sentencia de segunda
instancia dictada el 1° de junio de 2020 por el Consejo de Estado –
Sección Tercera – Subsección B, a través de la cual declaró la caducidad
de la acción de controversias contractuales promovida por la aquí
accionante contra el Instituto Nacional de Vías.
La actora también informó que contra ese decisión, y posterior al
desarrollo de un trámite constitucional adelantado también contra esa
providencia, presentó recurso extraordinario de revisión, el cual se
resolvió mediante sentencia del 14 de diciembre de 2022, en la que se
declaró infundado dicho recurso porque lo alegado por la recurrente no se
encuadró en ninguna causal de nulidad contemplada en el artículo 133 del
Código General del Proceso, ni en la dispuesta por el numeral 5º del
artículo 250 del CPACA. Sin embargo, en la sede constitucional de la
referencia, únicamente, acusó la sentencia de segunda instancia que
declaró la caducidad de la acción de controversias contractuales.
Por ello, corresponde a la Sala examinar, en primer término, si en este
caso estaría cumplido el requisito de relevancia constitucional, y para ello
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M. P. Natalia Ángel Cabo.
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se detendrá en los criterios que la jurisprudencia ha desarrollado para
identificar si la cuestión que se discute resulta de evidente relevancia
constitucional, para luego, analizarlos respecto del caso concreto.
3.3.1.2. Los criterios que la jurisprudencia constitucional ha
desarrollado para identificar que la cuestión que se discuta resulte
de evidente relevancia constitucional
En la referida sentencia C–590 de 2005, la Corte Constitucional indicó que
el primero de los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial es que el asunto que se discute resulte
de evidente relevancia constitucional. En ese sentido, señaló que “el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una
clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones. En consecuencia,
el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa por
qué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de
relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las
partes”.
Lo anterior implica que el juez de tutela tiene el deber de expresar
claramente las razones por las cuales el asunto planteado tiene relevancia
constitucional, pues si no lo hace, corre el riesgo de involucrarse en
aspectos que solo corresponde resolver al juez natural y, precisamente,
esta es la circunstancia que busca evitar el examen del requisito de
relevancia constitucional.
Así, en la sentencia C–590 de 2005, la Corte precisó que “los fundamentos
de una decisión de tutela contra una sentencia judicial deben aclarar con
transparencia la relevancia iusfundamental del punto que se discute y el
juez debe contraerse a estudiar esta cuestión y ninguna otra”.
A partir de esta sentencia, el concepto de la relevancia constitucional ha
sido decantado por la jurisprudencia de la Corte Constitucional. En
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sentencia SU–573 de 20195, el alto tribunal explicó que este requisito
persigue tres finalidades:
(i) Restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia
constitucional que afecten los derechos fundamentales.
(ii) Preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la
acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad.
(iii) Impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones de los jueces.
Estas finalidades fueron también reiteradas por la Corte Constitucional en
la citada sentencia SU-215 de 2022, decisión en la cual, además, expuso
la clave que sirve al juez de tutela para aplicarlas, cual es “el correcto
entendimiento de los hechos y del problema jurídico” 6.
3.3.1.3. La instancia adicional
La Sala analizará directamente si en este asunto se cumple con el tercero
de los criterios de relevancia constitucional arriba referidos, con el cual se
busca evitar que la acción de tutela se convierta en una instancia o
recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces. Frente a
este elemento, la Corte Constitucional ha dicho7:
“[…] Tercero, la tutela no es una instancia o recurso adicional orientado a
discutir asuntos de mera legalidad. Según la jurisprudencia
constitucional, ‘la tutela contra providencias judiciales no da lugar a una
tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos ordinarios’, pues la
competencia del juez de tutela se restringe ‘a los asuntos de relevancia
constitucional y a la protección efectiva de los
derechos [fundamentales] y no -se enfatiza- a problemas de carácter
legal’. En este orden de ideas, la tutela en contra de una sentencia dictada,
5
M. P. Carlos Bernal Pulido. Este criterio ha sido luego reiterado en las sentencias SU-128 de 2021 y SU-103
de 2022
6
Dijo la Corte: “a saber: (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de la
autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la específica finalidad de la acción de tutela,
instituida para la protección y restablecimiento de los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso
indebido de la acción como una instancia adicional de los procesos adelantados ante las jurisdicciones
competentes o para la solución de discusiones de naturaleza eminentemente legal”.
7
Cfr. la ya citada sentencia SU-573 de 2019 (M.P. Carlos Bernal Pulido).
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en particular, por una Alta Corte, exige valorar, prima facie, si la decisión
se fundamentó en una actuación arbitraria e ilegítima de la autoridad
judicial, violatoria de derechos fundamentales. Solo así se garantizaría ‘la
órbita de acción tanto de los jueces constitucionales, como de los de las
demás jurisdicciones’, en estricto respeto a la independencia de los jueces
ordinarios […]”.
En desarrollo de la finalidad comentada, en la sentencia SU-215 de 2022,
y reiterando lo expuesto en la SU-128 de 2021, la Corte estableció que
“la tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no
un juicio de corrección del fallo cuestionado”, pues, según explicó, solo
de esa forma se previene la irrupción del juez de tutela en asuntos que
no son de su competencia y se evita que el recurso de amparo sea
utilizado indebidamente como una instancia adicional para discutir los
asuntos de índole probatorio o de interpretación de la ley que dieron
origen a la controversia judicial.
Frente al tercer presupuesto de la relevancia constitucional, además de lo
dicho por la jurisprudencia que viene de citarse, cabe destacar que en el
fallo C-590 de 2005, la Corte Constitucional precisó que “los fundamentos
de una decisión de tutela contra una sentencia judicial deben aclarar con
transparencia la relevancia iusfundamental del punto que se discute y el
juez debe contraerse a estudiar esta cuestión y ninguna otra. No se trata
entonces de un mecanismo que permita al juez constitucional ordenar la
anulación de decisiones que no comparte o suplantar al juez ordinario en
su tarea de interpretar el derecho legislado y evaluar las pruebas del caso.
De lo que se trata es de un mecanismo excepcional, subsidiario y residual
para proteger los derechos fundamentales de quien luego de haber
pasado por un proceso judicial se encuentra en condición de indefensión
y que permite la aplicación uniforme y coherente -es decir segura y en
condiciones de igualdad- de los derechos fundamentales a los distintos
ámbitos del derecho”. [Se destaca].
Bajo este criterio, se tiene que, al menos en principio, en aquellos casos
en los que el interesado controvierte a través de la acción de tutela la
valoración que el juez natural hizo sobre el acervo probatorio, o reprocha
la convicción que generan en el fallador las pruebas allegadas al
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expediente, o la inconformidad en la que se sustenta el amparo radica en
la interpretación de las normas de carácter legal que regulan el caso, o
en el análisis de la jurisprudencia aplicable al mismo, resulta evidente que
este mecanismo está siendo utilizado para reabrir el debate surtido en el
proceso ordinario y como una instancia adicional, con lo cual se
desconocería la autonomía e independencia del juez natural.
3.3.1.4. Caso concreto
Para descender al estudio de la solicitud de amparo de la referencia,
resulta necesario señalar que, tal como en oportunidad anterior lo precisó
esta Sala8, en los casos en los que se pretenda controvertir un fallo de
segunda instancia que fue objeto de recurso extraordinario de revisión
con fundamento en la presunta violación del debido proceso invocando la
causal 5ª del artículo 250 del CPACA, el juez constitucional deberá
observar si la parte actora controvirtió conjuntamente con la sentencia
que puso fin al proceso ordinario, el fallo que resolvió el recurso
extraordinario de revisión promovido contra aquélla, o si se enfocó solo
en la primera de ellas, pues especialmente, en caso de existir identidad
entre las razones aducidas en esas dos oportunidades procesales,
resultará lógicamente necesario que se controvierta también la última de
tales decisiones, en la medida en que la sentencia que se profiere como
consecuencia del recurso se pronuncia sobre el fondo del asunto.
En efecto, este requisito es aplicable cuando, frente a un fallo de segunda
instancia debidamente ejecutoriado, se ha interpuesto y decidido en
forma negativa un recurso extraordinario de revisión, con ocasión del cual
se plantearon y se estudiaron por la Sala competente los mismos hechos
e idénticos fundamentos jurídicos que en el precedente proceso ordinario,
los cuales luego son también traídos en sede de tutela con el ánimo de
demostrar la presunta vulneración al debido proceso, pues en este
escenario, al ser evidente que la sentencia de revisión mantiene
incólumes y ratifica los supuestos del fallo revisado, ello permite suponer
8
Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de julio 1° de 2022, exped. 2021-07443-01, (C. P. Oswaldo
Giraldo López).
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que esta última decisión habría de lesionar los derechos fundamentales
cuya protección se busca, tanto como la primera decisión. Así, para que
sea procedente el amparo, deberá entonces cuestionarse también en sede
de tutela la providencia que resuelve el recurso de revisión.
Así las cosas, le correspondería a la parte accionante en sede de tutela
alegar y acreditar que la sentencia de revisión vulneró igualmente los
derechos fundamentales invocados, por lo que el hecho de no controvertir
la decisión dictada al resolver el recurso de revisión conduce a reconocer
el efecto de cosa juzgada de esta última y, por ende, al incumplimiento
del requisito de relevancia constitucional, pues la petición de amparo no
configura un recurso adicional independiente al recurso de revisión.
Lo anterior encuentra también sustento en el supuesto según el cual, si
los fundamentos fácticos y jurídicos planteados en el recurso de revisión
coinciden con los expuestos en la acción de tutela, podrían terminar
dictándose dos pronunciamientos judiciales concurrentes y posiblemente
contradictorios, frente a los mismos hechos generadores de una posible
vulneración al debido proceso. Al respecto se ha pronunciado la Corte
Constitucional en la ya citada sentencia SU-026 de 2021, así:
“5.6. Lo anterior erige al recurso extraordinario de revisión en materia
contencioso-administrativa como un medio de defensa idóneo y eficaz
cuando la vulneración del derecho al debido proceso tiene origen en un
fallo judicial que se encuentra ejecutoriado. De hecho, la jurisprudencia
constitucional ha reconocido la innegable semejanza entre la acción de
tutela y el recurso de revisión cuando se busca proteger este derecho:
“A través de ese medio [recurso extraordinario especial de
revisión] se plantearía la controversia sobre el debido proceso en
términos idénticos a los que constituyen el presupuesto para
resolver la acción de tutela, al punto que un pronunciamiento del
juez constitucional dejaría sin oficio al juez competente. Los dos
procesos, el extraordinario especial de revisión y el de tutela,
tendrían identidad de causa petendi y de petitum, y resulta claro
que no puede haber, sobre la misma causa, dos pronunciamientos
judiciales concurrentes”9. (Destacado de la Sala).
9
Cita de cita Corte Constitucional, Sentencia SU-858 de 2001 (M.P. Rodrigo Escobar Gil) citada por la sentencia
SU-073 de 2020 (M.P. Cristina Pardo Schlesinger).
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Accionante: CROMAS S.A.
En ese orden de ideas, con el fin de evitar la concurrencia de dos
pronunciamientos judiciales frente a la misma causa petendi y el mismo
petitum en diferentes jurisdicciones (contencioso-administrativa y
constitucional) como consecuencia de la presunta vulneración al debido
proceso, es indispensable que, al momento de presentar la acción de
tutela, se controvierta tanto lo decidido en el proceso ordinario como lo
decidido en sede de revisión, en atención a que, en tal escenario, ambas
decisiones estarían presuntamente vulnerando el derecho fundamental de
la parte actora.
3.4.2.1. En el asunto bajo estudio, la actora cuestionó la sentencia de
segunda instancia de 1° de junio de 2020 por el Consejo de Estado –
Sección Tercera – Subsección B, a través de la cual se declaró la
caducidad de la acción de controversias contractuales promovida por la
aquí accionante contra el Instituto Nacional de Vías; sin embargo, del
relato presentado se observa que contra ese decisión, y posterior al
desarrollo de un trámite constitucional adelantado de manera previa
también contra esa providencia, la accionante presentó recurso
extraordinario de revisión, el cual fue resuelto mediante sentencia del 14
de diciembre de 2022, en la que se declaró infundado dicho recurso.
Con todo, valga señalar que, en el proceso constitucional de la referencia,
únicamente se acusó la sentencia ordinaria de segunda instancia que
declaró la caducidad de la acción de controversias contractuales.
De otra parte, previa revisión de las piezas documentales que conforman
el presente asunto constitucional, la Sala encontró que los fundamentos
fácticos y jurídicos planteados por la parte demandante en el recurso
extraordinario de revisión en contra de la sentencia de segunda instancia
de 1° de junio de 2020, coinciden en gran medida con aquellos que fueron
expuestos en la presente acción constitucional con la cual pretende el
amparo de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la
administración de justicia.
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Ello es así, pues el demandante en sede de revisión alegó, en síntesis,
que el Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección B, al declarar
la caducidad de la acción de controversias contractuales, desconoció el
carácter vinculante del auto interlocutorio adoptado por esa misma
autoridad, en virtud del cual consideró que la acción se había presentado
en tiempo y por ello ordenó su admisión, sin que se encontrara en uno de
los eventos desarrollados por la jurisprudencia constitucional para
apartarse de una decisión de dicha naturaleza, con lo cual transgredió los
principios de seguridad jurídica y cosa juzgada. En consecuencia, invocó
la causal de revisión 5ª del artículo 250 del CPACA.
Por su parte, esta solicitud de amparo sostiene que el Consejo de Estado
– Sección Tercera – Subsección B vulneró los derechos fundamentales al
debido proceso y al acceso a la administración de justicia de la accionante,
al proferir la sentencia de segunda instancia mediante la cual declaró la
caducidad de la acción de controversias contractuales, pues con esa
decisión se apartó de un auto interlocutorio dictado previamente por esa
misma autoridad, en el cual consideró que la demanda se había
presentado en tiempo y por ello la admitió. En consecuencia, estimó que
sobre el tema de la caducidad existió un pronunciamiento previo que hizo
tránsito a cosa juzgada, y que la autoridad accionada no se encontró en
los eventos señalados por la jurisprudencia constitucional para apartarse
de lo previamente decidido por ella misma.
Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala considera que, en lo atinente al
derecho fundamental al debido proceso y acceso a la administración de
justicia, el presente asunto carece de relevancia constitucional porque la
actora únicamente acusó la sentencia que declaró la caducidad de la
acción de controversias contractuales, y trajo a consideración del juez
constitucional los mismos argumentos que presentó en sede de revisión,
con lo cual se advierte que intenta reabrir un debate que fue resuelto con
suficiencia en esa última instancia.
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Ahora bien, si el accionante consideraba que persistía la violación de los
derechos fundamentales invocados a pesar de la existencia de la
sentencia que resolvió el recurso extraordinario de revisión con
fundamento en la misma causa petendi y el mismo petitum, debió
controvertir de manera conjunta ambas providencias y explicar en forma
suficiente las razones de la vulneración alegada.
Entonces, como se explicó, al presentar una acción de tutela únicamente
contra la sentencia de segunda instancia que declaró la caducidad de la
acción de controversias contractuales, la cual fue objeto de estudio en
sede de revisión, es notorio que lo pretendido por la actora con esta acción
constitucional es una suerte de tercera instancia, una nueva y distinta
resolución al margen de lo zanjado por el juez de revisión, en relación con
el criterio adoptado por la autoridad judicial accionada respecto de la
caducidad de la acción de controversias contractuales que fue promovida
por aquella contra el Instituto Nacional de Vías.
Por lo tanto, dado que la decisión judicial cuestionada por vía de tutela es
solo aquella que declaró la caducidad de la acción de controversias
contractuales y no la providencia que resolvió el recurso extraordinario de
revisión, este tercer criterio de relevancia se entendería acreditado en
caso de que, más allá de la expectativa de una nueva y diversa resolución,
los actores hubieran argumentado y demostrado que el fallo de revisión
viola también sus derechos fundamentales, en cuanto el referido recurso
de revisión allí resuelto ha debido prosperar, al encontrarse probada la
causal entonces aducida en contra de la sentencia que declaró la
caducidad, lo cual, se reitera, no sucedió en el presente caso.
En cambio, lejos de dirigir sus alegaciones al logro de este propósito, los
actores se concentraron en cuestionar, únicamente, la sentencia que en
su momento declaró la excepción de caducidad, olvidando la relación
existente entre esa decisión y la que recientemente resolvió sobre el
recurso de revisión, respecto de la cual no presentaron acusación alguna.
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Todo lo expuesto demuestra entonces que lo que la parte actora busca
simplemente revivir el debate sobre la caducidad de la acción de
controversias contractuales, el cual que ya se agotó con la expedición de
la providencia que desestimó el recurso extraordinario de revisión, al no
encontrar configurada la nulidad en la decisión de 1° de junio de 2020.
En razón a lo explicado, la Sala concluye que no se encuentra acreditado
en este caso el elemento de la relevancia constitucional, en lo relativo al
tercer criterio señalado en relación con los derechos fundamentales cuya
protección se solicitó en este caso.
Siendo así, resulta completamente innecesario el estudio sobre el posible
cumplimiento de los restantes presupuestos generales de procedibilidad
de la tutela contra decisiones judiciales y, en consecuencia, declarará la
improcedencia del amparo.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela promovida
para el amparo constitucional de los derechos fundamentales al debido
proceso y al acceso a la administración de justicia de la sociedad Cromas
S.A., de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de
esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR esta decisión a las partes por el medio más
expedito y eficaz.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria
de esta providencia, si ella no es impugnada oportunamente en los
términos señalados por la Ley.
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CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente Consejera de Estado
Consejero de Estado
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente en la sede electrónica para la gestión
judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad y conservación y posterior consulta,
de conformidad con la ley.
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