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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2023-03374-01

Acción de tutela por mora judicial: se configura la carencia de objeto

Fecha
18 de septiembre de 2023
Consejero ponente
Maria Adriana Marin

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2023-03374-01

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO. Confirmar la sentencia del 19 de julio de 2023, proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, por las razones expuestas en esta providencia. SEGUNDO.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2023-03374-01

Consejero ponente: Maria Adriana Marin

18 de septiembre de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá, D.C., quince (15) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)

Radicación: 11001-03-15-000-2023-03374-01
Demandante: LUIS CARLOS MARULANDA LOTERO
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NARIÑO Y OTROS
Referencia: SENTENCIA DE TUTELA DE SEGUNDA INSTANCIA

ACCIÓN DE TUTELA POR MORA JUDICIAL – Se configura la carencia de objeto
por hecho superado / CUMPLIMIENTO DE CONDENA JUDICIAL – No se cumple
el requisito de subsidiariedad, porque el accionante cuenta con el proceso ejecutivo,
el que, de hecho, se encuentra en curso; tampoco acredita estar en presencia de
un perjuicio irremediable o de alguna situación que afecte sus garantías
fundamentales y amerite la intervención inmediata del juez de tutela.

La Sala1 decide la impugnación presentada por el señor Luis Carlos Marulanda
Lotero contra la sentencia del 19 de julio de 2023, proferida por la Sección Quinta
del Consejo de Estado, que declaró la carencia actual de objeto por hecho superado
de la acción de tutela, en lo que respecta a la pretensión dirigida contra el Tribunal
Administrativo de Nariño, y la improcedencia por incumplimiento del requisito de
subsidiariedad, en relación con las pretensiones dirigidas contra la Policía Nacional
y los Ministerios de Defensa Nacional y de Justicia y del Derecho.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda

1.1. Pretensiones

El 24 de agosto de la presente anualidad, el señor Luis Carlos Marulanda Lotero
presentó acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Nariño, el Ministerio
de Defensa Nacional, la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional y el
Ministerio de Justicia y del Derecho, con el objeto de que se amparen sus derechos

1 Se advierte que, el 11 de septiembre de 2023, el proceso ingresó al despacho de la magistrada

ponente para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.

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Demandante: Luis Carlos Marulanda Lotero
Demandados: Tribunal Administrativo de Nariño y otros

fundamentales de acceso a la administración de justicia, al debido proceso, al
mínimo vital y a la vida digna. Formuló la siguiente pretensión principal:

Ordenar al MINISTERIO DE DEFENSA- POLICÍA NACIONAL- DIRECCIÓN
ANTINARCOTICOS y al MINISTERIO DE JUSTICIA como sucesor procesal de
la DIRECCIÓN NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES, que en el término que su
Despacho estime pertinente o máximo de cuarenta y ocho (48) horas, contado
a partir de la notificación del fallo de tutela, procedan a dar cumplimiento a la
sentencia proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera- Subsección C,
del 08 de septiembre de 2017, dentro del proceso radicado bajo el número
50001-23-31-000-2006-00435-01, que modificó la sentencia proferida por el
Tribunal Administrativo de Nariño el 30 de octubre de 2009 (…)

Como pretensión subsidiaria solicitó:

Ordenar al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NARIÑO – SECRETARÍA o al
despacho del Magistrado Ponente si es que a él ya le fue entregado el proceso,
situación que reitero no se registra en el sistema de información de procesos,
que en el término máximo de cuarenta y ocho (48) horas, contado a partir de la
notificación del fallo de tutela, proceda a radicar y dar celeridad, a la demanda
ejecutiva especial presentada, informando a las partes las actuaciones que se
realicen, con el fin de obtener el pronto pago de las sumas a las que tiene
derecho el señor LUIS CARLOS MARULANDA LOTERO, acorde con lo
decidido en la sentencia proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera-
Subsección C, del 8 de septiembre de 2017, que modificó el fallo de primera
instancia emitido por el Tribunal Administrativo de Nariño el 30 de octubre de
2009, y conforme igualmente al auto de liquidación de perjuicios proferido el 16
de octubre de 2019, por el fallador de primer grado, dentro del proceso 50001-
23-31-000-2006-00435-01.

1.2. Hechos

Como fundamento fáctico de la demanda, narró que, mediante sentencia del 8 de
septiembre de 2017, la Sección Tercera, Subsección C, del Consejo de Estado
declaró administrativamente y extracontractualmente responsable a la Nación –
Ministerio de Defensa – Policía Nacional – Dirección Antinarcóticos y al Ministerio
de Justicia, como sucesor procesal de la Dirección Nacional de Estupefacientes, por
los daños causados al señor Luis Carlos Marulanda Lotero con la aspersión de
glifosato en su cultivo de pimienta. Como consecuencia, las condenó a pagar
$351.210.066.57, por concepto de daño emergente, y $419.364.634.36, por lucro
cesante.

La sentencia quedó ejecutoriada el 29 de septiembre de 2017; el auto que resolvió
el incidente de liquidación de perjuicios, el 1º de noviembre de 2019.

El 12 de diciembre de 2019, el accionante presentó la solicitud de cumplimiento de

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la sentencia ante la entidad condenada, sin obtener el pago requerido.

Posteriormente, el 25 de noviembre de 2022, instauró demanda ejecutiva, sin que
a la fecha de presentación de la tutela la autoridad judicial accionada hubiera
proferido alguna decisión. Que, de hecho, ni siquiera se le ha asignado el número
de radicado.

1.3. Argumentos de la tutela

La parte actora manifestó que la Policía Nacional – Dirección Antinarcóticos y el
Ministerio de Justicia y del Derecho (sucesor procesal de la Dirección Nacional de
Estupefacientes), vulneraron su derecho de acceso a la administración de justicia,
en conexidad con el debido proceso, y desconocieron los principios de la buena fe
y seguridad jurídica, porque después de 17 años de haber promovido el proceso de
reparación directa, y pasados tres años de haberse proferido sentencia
condenatoria en su contra, no le han pagado la indemnización que se le reconoció.

Señaló que el mecanismo ordinario para obtener el pago de la sentencia es el
proceso ejecutivo, pero que luego de siete meses de haber instaurado la demanda
correspondiente, el Tribunal accionado no ha emitido pronunciamiento alguno. Por
tanto, es evidente la mora injustificada, con el consecuente desconocimiento de los
derechos fundamentales al mínimo vital y a la vida digna, teniendo en cuenta que
el daño antijurídico tuvo lugar por la fumigación y destrucción de un cultivo de
pimienta, único sustento del accionante y su familia.

2. Trámite impartido e intervenciones

2.1. Mediante auto del 27 de junio de 2023, el despacho sustanciador del proceso
en primera instancia admitió la demanda y dispuso que aquel se notificara a las
partes; así mismo, requirió las accionadas para que se pronunciaran al respecto.

2.2. El magistrado ponente del proceso ejecutivo en el que se persigue el
cumplimiento de la sentencia condenatoria proferida el 8 de septiembre de 2017 por
la Sección Tercera, Subsección C, del Consejo de Estado (radicado 52001-23-33-
000-2022-00345-00), informó que, mediante auto del 30 de junio de 2023, se libró
mandamiento de pago en contra de la Nación – Ministerio de Defensa – Policía
Nacional – Dirección Antinarcóticos y el Ministerio de Justicia, como sucesor
procesal de la Dirección Nacional de Estupefacientes, por las sumas de dinero
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pretendidas en la demanda ejecutiva, el cual se notificó a las partes el 4 de julio del
año en curso.

2.3. El Ministerio de Defensa Nacional explicó el trámite impartido en la entidad para
el pago de las condenas judiciales, y señaló que al accionante le fue asignado el
turno 2020-026.

Sostuvo que la tutela no cumple con el requisito de subsidiariedad, toda vez que el
accionante cuenta con otros mecanismos para exigir el derecho que considera
vulnerado y no acreditó la existencia de un perjuicio irremediable que amerite la
intervención urgente del juez constitucional.

Agregó que no se aportó al expediente medio de prueba alguno que acredite la
afectación al mínimo vital invocada, por lo que la acción instaurada es improcedente.

2.4. La Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional señaló que no es competente
para definir el pago de la sentencia condenatoria y, en consecuencia, solicitó ser
desvinculada del proceso por falta de legitimación en la causa.

3. Fallo impugnado

La Sección Quinta del Consejo de Estado negó la desvinculación solicitada por la
Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional y declaró la carencia actual de objeto
por hecho superado respecto de la pretensión dirigida contra el Tribunal
Administrativo de Nariño, por cuanto probó que durante el trámite de la tutela emitió
el mandamiento de pago.

De otra parte, declaró improcedente la acción de tutela por no superar el requisito
de subsidiariedad, dado que el proceso ejecutivo relacionado con la solicitud en
cuestión se encuentra actualmente en trámite.

4. Impugnación

El accionante impugnó la anterior decisión y solicitó que se revoque el fallo de
primera instancia, debido a que, si bien se presentó la figura del hecho superado en
relación con la pretensión subsidiaria dirigida al Tribunal Administrativo de Nariño,
la principal, encaminada a obtener el pago de la condena, aún no está resuelta.

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Adujo que la expedición del mandamiento ejecutivo no superó la vulneración de sus
garantías fundamentales, en la medida en que aquellas sólo se garantizan con el
pago de la sentencia, lo que no ha sucedido hasta el momento.

Frente al incumplimiento del requisito de subsidiariedad, manifestó que no acepta
la conclusión a la que arribó el a quo, por considerar que partió de la inexistencia de
un perjuicio irremediable o un daño grave e inminente, pero no se pronunció sobre
los demás derechos invocados, esto es, el debido proceso, el mínimo vital y la vida
digna, así como tampoco tuvo en cuenta su condición de desplazado.

Reiteró que el cultivo de pimienta malogrado por cuenta de la aspersión con
glifosato era el único sustento para él y su familia.

Invocó su condición especial, a fin de solicitar que se revise su caso con el enfoque
diferencial que corresponde, teniendo en cuenta que junto con su familia fue
desplazado del Departamento del Huila al Departamento de Putumayo, donde con
el apoyo de una ONG Suiza iniciaron un cultivo de pimienta, hicieron comunidad
con otros campesinos, se endeudaron y cuando el cultivo estaba próximo a producir
fue fumigado por la Policía Antinarcóticos, a la que se le encontró responsable de
ese daño.

II. CONSIDERACIONES

1. Problema Jurídico

En los términos de la impugnación, corresponde a la Sala determinar si hay lugar a
confirmar, revocar o modificar el fallo del 19 de julio de 2023, proferido por la Sección
Quinta del Consejo de Estado, mediante el cual se declaró la carencia actual de
objeto por hecho superado de la acción de tutela, en lo que respecta a la pretensión
dirigida contra el Tribunal Administrativo de Nariño, y la improcedencia por
incumplimiento del requisito de subsidiariedad, en relación con las pretensiones
dirigidas contra la Policía Nacional y los Ministerios de Defensa Nacional y de
Justicia y del Derecho.

Teniendo en cuenta que la impugnación se centra en controvertir la decisión de
improcedencia, la Sala primero analizará si la acción de tutela cumplió con los
requisitos generales de la tutela, particularmente, el de subsidiariedad, y si se
configura un perjuicio irremediable que amerite la intervención inmediata del juez
constitucional.
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Sólo en el evento de superar tales requisitos, la Sala descenderá al análisis de fondo
que corresponde, para establecer si las autoridades demandadas vulneraron o no
los derechos fundamentales invocados por la parte actora.

2. Análisis de la Sala

La tutela procede cuando el interesado no dispone de otro medio de defensa salvo
que se utilice como mecanismo transitorio para evitar la configuración de un
perjuicio irremediable. En todo caso, la otra vía de protección debe ser idónea y
eficaz para satisfacer el derecho fundamental vulnerado o amenazado, pues, de lo
contrario, el juez de tutela deberá examinar si existe perjuicio irremediable y, de
concurrir, concederá el amparo impetrado.

La subsidiariedad consiste en impedir que la acción de tutela, que tiene un campo
restrictivo de aplicación, se convierta en un mecanismo principal de protección de
los derechos fundamentales, pues eso sería tanto como desconocer que la
Constitución y la ley determinan una serie de mecanismos judiciales igualmente
eficaces e idóneos para garantizar el ejercicio pleno de los derechos.

No en vano los artículos 862 de la Constitución Política y el 6, numeral 1, del Decreto
2591 de 19913 prevén como causal de improcedencia de la acción de tutela la
existencia de otros medios de defensa para la protección de los derechos
invocados. De manera que el amparo sólo puede utilizarse cuando se han agotado
los mecanismos ordinarios de protección que el ordenamiento jurídico ha dispuesto
para la protección idónea y eficaz de los derechos fundamentales. En ese sentido,
la Corte Constitucional manifestó4:

La acción de tutela ha sido concebida únicamente para dar solución
eficiente a situaciones de hecho creadas por actos u omisiones que
implican la transgresión o amenaza de un derecho fundamental,

2
«Artículo 86. Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento
y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su
nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera
que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad
pública.
(…) Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial,
salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable (…)».
(se destaca).
3
«Artículo 6. Causales de improcedencia de la tutela. La acción de tutela no procederá:
1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será
apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra
el solicitante (…)».
4
Sentencia C-543 de 1992. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
6

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respecto de las cuales el sistema jurídico no tiene previsto otro
mecanismo susceptible de ser invocado ante los jueces a objeto de
lograr la protección del derecho. La tutela no puede converger con vías
judiciales diversas por cuanto no es un mecanismo que sea factible de
elegir según la discrecionalidad del interesado, para esquivar el que de
modo específico ha regulado la ley; no se da la concurrencia entre éste
y la acción de tutela porque siempre prevalece —con la excepción
dicha— la acción ordinaria. La acción de tutela no es, por tanto, un
medio alternativo, ni menos adicional o complementario para alcanzar
el fin propuesto. Tampoco puede afirmarse que sea el último recurso al
alcance del actor, ya que su naturaleza, según la Constitución, es la de
único medio de protección, precisamente incorporado a la Carta con el
fin de llenar los vacíos que pudiera ofrecer el sistema jurídico para
otorgar a las personas una plena protección de sus derechos
esenciales.

Entonces, para que el juez estudie una solicitud de tutela, el interesado debe, por
lo menos, probar que agotó los recursos que tenía a su disposición, pues, de lo
contrario, la tutela deviene improcedente.

Ahora bien, en punto de la noción de perjuicio irremediable, es claro que este se
puede definir como un riesgo cierto y real de daños provenientes de la amenaza o
violación de derechos fundamentales, riesgo que de llegar a producirse no tendría
ninguna forma de reparación auténtica, esto es, diferente a la mera indemnización
del perjuicio. Por ende, es necesaria la intervención urgente e inmediata del juez
de tutela, pero siempre que ese menoscabo se note sin justificación, es decir, que
provenga de acciones manifiestamente contrarias a la ley, al punto de ser atentados
a los derechos fundamentales.

La Corte Constitucional ha trazado una serie de criterios para identificar el perjuicio
irremediable, así5: «es aquel (i) que se produce de manera cierta y evidente sobre
un derecho fundamental; (ii) que el daño es inminente; (iii) que de ocurrir no existiría
forma de reparar el daño producido; (iv) que resulta urgente la medida de protección
para que el sujeto supere la condición de amenaza en la que se encuentra; y (v)
que la gravedad de los hechos es de tal magnitud que hace evidente la
impostergabilidad de la tutela como mecanismo necesario para la protección
inmediata de los derechos constitucionales fundamentales».

En relación a la improcedencia de la tutela para reclamar el cumplimiento de un
fallo judicial, la jurisprudencia constitucional ha distinguido los eventos en que la

5
Corte Constitucional, sentencia T-695 de 2014, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. Citando a:
Corte Constitucional, sentencias T-225 de 1993, SU-086 de 1999, entre otras.
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sentencia contempla una obligación de “dar”, para señalar que, si bien, en principio
el mecanismo idóneo para conseguir su cumplimiento es el proceso ejecutivo, la
acción constitucional excepcionalmente resulta procedente cuando está de por
medio la afectación de otros derechos y principios fundamentales como la vida, la
dignidad humana y la integridad física y moral6.

Conforme a lo anterior, la Sala encuentra que la decisión impugnada es atinada,
toda vez que el señor Luis Carlos Marulanda Lotero, en ejercicio de la acción de
tutela de la referencia busca obtener el pago de una condena judicial, para lo cual
debe acudir al proceso ejecutivo, mecanismo idóneo y eficaz que, dicho sea de
paso, ya ejerció y se encuentra en curso, teniendo en cuenta que el Tribunal
Administrativo de Nariño, autoridad judicial que tiene a cargo la ejecución, profirió
mandamiento de pago el 30 de junio de 2023, tal y como lo advirtió el a quo.

Aunado a lo expuesto, el accionante no demostró estar ante un perjuicio
irremediable que amerite la intervención urgente del juez de tutela 7, pues, si bien
señala que las autoridades que resultaron condenadas en el proceso ordinario
fumigaron y destruyeron el cultivo de pimienta que era su única fuente de sustento,
lo cierto es que ese suceso tuvo lugar hace 17 años, como él mismo lo indica en la
solicitud de amparo. Además, no acredita que actualmente se encuentre en una
situación que le impida acceder a los medios que le garanticen su congrua
subsistencia o que estén en peligro su vida, integridad física o moral, o cualquier
otra garantía fundamental.

El argumento del demandante sobre su condición de víctima de desplazamiento
forzado no es una situación actual con incidencia en este trámite que permita
flexibilizar la procedencia de la orden de pago por vía de tutela. Esa circunstancia
no es suficiente por sí sola para acceder judicialmente a la pretensión de que se
ordene el cumplimiento inmediato de la sentencia condenatoria, que, se reitera, ya
fue presentada como título en el proceso ejecutivo que se encuentra en curso.
En conclusión, al igual que el a quo, la Sala no encuentra superado el requisito de
subsidiariedad frente a la pretensión principal dirigida a que las entidades

6 Ver Sentencias T-441 de 2013, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; T-720 de 2002, M.P. Alfredo

Beltrán Sierra.
7 “[…] no obstante su carácter residual y subsidiario, la acción de tutela es procedente para hacer

cumplir un fallo judicial cuando la inobservancia del mismo ha conllevado a la clara afectación de
derechos fundamentales y los mecanismos judiciales alternativos no son lo suficientemente eficaces,
de acuerdo con las circunstancias de cada caso. Ello implica que el juez de tutela está en la
obligación de determinar si en el asunto que se somete a su consideración se hace necesario la
protección por esta vía”. T- 131 de 2005.
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condenadas dentro del proceso de reparación directa, radicado 50001-23-31-000-
2006-00435-01, den cumplimiento inmediato a la sentencia condenatoria proferida
por esta Corporación el 8 de septiembre de 2017. Como consecuencia, confirmará
el fallo impugnado.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,

F A L L A:

PRIMERO. Confirmar la sentencia del 19 de julio de 2023, proferida por la Sección
Quinta del Consejo de Estado, por las razones expuestas en esta providencia.

SEGUNDO. Notifíquese a las partes y a los interesados por el medio más expedito
y eficaz.

TERCERO. Envíese el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF

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