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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2023-03380-01

Fecha
2 de octubre de 2023
Consejero ponente
Jose Roberto Sachica Mendez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2023-03380-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO. - REVOCAR parcialmente el fallo proferido el 26 de julio de 2023 por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, conforme se explica en la parte motiva de esta sentencia SEGUNDO. - AMPARAR el derecho fundamental al debido proceso de la señora Mariella Santos Vega, y en consecuencia, dejar sin efectos la providencia de 1 de marzo de 2023, proferida por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial para que, en el término de treinta (30) días contados a partir de la notificación de la presente providencia, dicte una nueva decisión, que acoja las bases procesales sobre la admisibilidad del grado jurisdiccional de consulta, fijadas en el presente proveído. TERCERO. - NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. CUARTO. - ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 11001-03-15-000-2023-03380-01

Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez

2 de octubre de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

Consejero Ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá D.C., dos (02) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Radicación: 11001-03-15-000-2023-03380-01
Accionante: Mariella Santos Vega
Accionado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y Comisión Seccional
de Disciplina Judicial de Bogotá
Referencia: Acción de tutela

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA RESOLUCIÓN – CONCEDE AMPARO –
DEFECTOS SUSTANCIAL Y PROCEDIMENTAL - La autoridad judicial accionada
incurrió en los defectos sustancial y procedimental, al abstenerse de tramitar el grado
jurisdiccional de consulta en un proceso disciplinario, en el cual el recurso de
apelación se interpuso de forma extemporánea.

Procede la Sala a decidir la impugnación presentada por la parte actora en contra de
la sentencia proferida el 26 de julio de 2023, por el Consejo de Estado – Sección
Cuarta, mediante la cual se resolvió declarar improcedente la solicitud de amparo.

I. A N T E C E D E N T E S

A. Demanda y sus fundamentos

1.- El 23 de junio de 2023, la señora Mariella Santos Vega interpuso demanda de
tutela con el fin de que se dejaran sin efectos las siguientes providencias, proferidas
en el marco del proceso disciplinario que se adelantó en su contra1: (i) auto de 11 de
octubre de 2019, a través del cual la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo
Seccional de la Judicatura de Bogotá (Hoy Comisión Seccional de Disciplina Judicial
de Bogotá) declaró desierto, por extemporáneo, el recurso de apelación interpuesto
por la ahora accionante contra el fallo de primera instancia del 30 de julio de 2019 y,
(ii) providencia del 1 de marzo de 2023, a través de la cual la Comisión Nacional de
Disciplina Judicial se abstuvo de conocer del asunto en grado jurisdiccional de
consulta.

2.- Sostiene la actora que con ocasión de la compulsa de copias del expediente
penal 2013-00211 al Consejo Seccional de la Judicatura, para que se determinara si

1 Radicado: 11001110200020180264401.

1

Radicación: 11001-03-15-000-2023-03380-01
Accionante: Mariella Santos Vega
Accionado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

había lugar a investigar a la abogada Mariella Santos Vega, por sus actuaciones en
la referida actuación judicial, el Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá - Sala
Jurisdiccional Disciplinaria (hoy Comisión Seccional de Disciplina Judicial de
Bogotá), mediante fallo de 30 de julio de 2019 la declaró disciplinariamente
responsable sancionándola con dos meses de suspensión en el ejercicio de la
profesión. Dicha sentencia fue notificada mediante edicto fijado entre el 16 y el 18 de
septiembre de 20192.

3.- El 24 de septiembre de 20193, la actora interpuso recurso de apelación en contra
de la anterior decisión, pero por auto del 11 de octubre de 2019 4 , el Consejo
Seccional de la Judicatura de Bogotá declaró desierto el mismo, por no haber sido
oportunamente sustentado5 -artículo 81 de la Ley 1123 de 2007-.

4.- Debido a lo anterior, el expediente fue remitido al superior para surtir el grado
jurisdiccional de consulta, por lo que el 1 de marzo de 2023 la Comisión Nacional de
Disciplina Judicial decidió abstenerse de conocer del mismo, argumentando que no
se cumplían los presupuestos legales para la consulta, en tanto ésta procede cuando
no se presenta recurso y en este caso, sí se ejerció, aunque de manera
extemporánea.

5.- En el escrito de tutela, la accionante reprochó que el A quo declaró desierta la
apelación porque el recurso fue presentado extemporáneamente, y por la misma
razón su superior se abstuvo de dar trámite a la consulta. En ese sentido indicó que,
a través de las providencias censuradas, las accionadas vulneraron “los derechos
fundamentales del Debido proceso, a la defensa y a la doble instancia consagrados
en el artículo 29 de [la] Constitución Nacional”. Así, luego de indicar que su solicitud
de amparo cumple con los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
contra providencia judicial, formuló los siguientes reproches puntuales:

6.- Con respecto al auto del 11 de octubre de 2019, indicó que el Consejo Seccional
de la Judicatura de Bogotá - Sala Disciplinaria (Hoy Comisión Seccional de Disciplina
Judicial) desconoció un hecho de público conocimiento, como fue el paro vehicular y
de transportadores, que constituyó una fuerza mayor y determinó la imposibilidad de
formular oportunamente el recurso de apelación contra la sentencia del 30 de julio
de 2019, el cual finalmente fue presentado el 24 y no el 23 de septiembre de 2019,
como correspondía.

7.- En cuanto a la providencia del 1 de marzo de 2023, la accionante censuró que
la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, ignorara el carácter extemporáneo del
recurso de apelación, que equivalía a su no presentación, y la consecuente
obligación de surtir el grado jurisdiccional de consulta. Concretamente indicó lo

2 Folio 84 del cuaderno de primera instancia allegado en préstamo (pág. 107 del archivo pdf).
3 Folios 85 a 97 del cuaderno de primera instancia allegado en préstamo (pág. 109 a 121 del archivo pdf).
4 Folio 100 del cuaderno de primera instancia allegado en préstamo (pág. 124 del archivo pdf). Notificado el 6 de

noviembre de 2019.
5 El recurso fue presentado y sustentado en el mismo memorial.

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-03380-01
Accionante: Mariella Santos Vega
Accionado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

siguiente:

<<La sentencia del superior negatoria de la consulta argumenta la no procedibilidad
(sic) de este trámite, por extemporáneo el recurso de apelación.
(…)
Para el caso en concreto existe un precedente Jurisprudencial del Consejo Superior
La Judicatura de fecha 27 de mayo de 2015:
“… PARÁGRAFO. Las sentencias u otras providencias que pongan fin de manera
definitiva a los procesos disciplinarios que conocen en primera instancia los Consejos
Seccionales de la Judicatura y no fueren apeladas, serán consultadas cuando
fueren desfavorables a los procesados... (norma específica para el procedimiento
sancionatorio establecido en el estatuto del Abogado) ...” (Artículo 112 de la ley 270
de 1996)
En el caso actual, el superior ignoró la supuesta extemporaneidad excluyente del
recurso presentado, equivalente a la inexistencia del mismo, como consecuencia la
consulta debió surtirse y estudiar las actuaciones de primera instancia.>>

B. Sentencia de primera instancia

8.- Mediante providencia del 26 de julio de 20236, el Consejo de Estado – Sección
Cuarta, declaró improcedente la solicitud de amparo. Consideró que, con respecto al
auto de 11 de octubre de 2019 no se acreditó el cumplimiento de los requisitos de
inmediatez y subsidiariedad, por cuanto (i) dicha providencia fue notificada mediante
estado del 6 de noviembre de 2019 y la demanda de tutela fue radicada el 23 de
junio de 2023, superando el término de 6 meses que la jurisprudencia ha aceptado
como razonable para el efecto; y (ii) la demandante no ejerció el recurso de queja
que procedía contra esa decisión, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 16 de
la Ley 1123 de 2007, así como 117 y 118 de la Ley 734 de 2002 (Código Único
Disciplinario).

9.- En cuanto a la providencia del 1 de marzo de 2023, estimó que no se acreditó
el requisito de la relevancia constitucional, toda vez que la parte actora no sustentó
debidamente la supuesta vulneración de derechos, pues si bien adujo que la
providencia cuestionada debió estudiar de fondo el grado jurisdiccional de consulta,
lo cierto es que no ofreció argumentos para cuestionar la razonabilidad de la
decisión. Adicionalmente indicó que, a la hora de decidir, la autoridad judicial sí tuvo
presente que el recurso se ejerció de manera extemporánea.

10.- A través de memorial de 3 de agosto de 2023, el apoderado de la accionante
impugnó la decisión.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

C. Competencia

6 Notificada el 1 de agosto de 2023.

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-03380-01
Accionante: Mariella Santos Vega
Accionado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

11.- La Sala es competente para conocer de la impugnación, en virtud de lo
dispuesto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19917.

D. Análisis del caso concreto

12.- La revisión del escrito de tutela, las pruebas, el expediente contentivo del
proceso disciplinario, el fallo de tutela de primera instancia y la impugnación, lleva a
la Sala a anticipar que confirmará la decisión del A quo de declarar improcedente el
amparo con respecto al auto del 11 de octubre de 2019, pero modificará la misma en
lo que se refiere a la providencia del 1 de marzo de 2023.

13.- Lo primero por precisar es que, aunque la accionante se limitó a manifestar que
impugnaba la decisión, sin motivar tal recurso, lo cierto es que las razones de su
desacuerdo son fácilmente identificables, por no decir que evidentes 8. En el fallo de
primera instancia se descarta la procedencia de la tutela con el argumento de que
no se cumplieron los requisitos generales de procedencia de esta acción
constitucional, concretamente los presupuestos de inmediatez y subsidiariedad con
respecto al auto del 11 de octubre de 2019, y el requisito de relevancia constitucional
en cuanto a la providencia del 01 de marzo de 2023. En ese contexto, el reparo no
puede ser otro que la valoración realizada por el A quo con respecto al cumplimiento
de dichos requisitos, de manera tal que el análisis de segunda instancia debe partir
de esa verificación, y en caso de encontrarse acreditados los mismos, se continuará
con el estudio de las causales específicas de procedibilidad.

14.- De acuerdo con lo anterior, la Sala inicia por puntualizar que comparte a
plenitud lo indicado en la sentencia de primera instancia, con respecto al auto de 11
de octubre de 2019 que rechazó el recurso de apelación, pues, a pesar de haber
sido notificado desde el 6 de noviembre de 2019, la accionante se abstuvo de ejercer
el recurso ordinario que tenía a su disposición en ese momento, que era la queja, y
sólo acudió a la acción de tutela hasta el 23 de junio de 2023, lo que claramente
desdibuja el carácter urgente de la protección invocada, en tanto se superó el término
razonable de 6 meses que ha fijado la jurisprudencia constitucional para el ejercicio
de esta acción constitucional cuando se dirige a cuestionar providencias judiciales.

15.- Frente al análisis de la segunda providencia atacada, esto es, la proferida el 1
de marzo de 2023 por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, el asunto objeto
de discusión sí tiene relevancia constitucional, y el defecto alegado se explica con
su sola enunciación.

7 “[P]or el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
8 Esta precisión se hace, de cara a lo expuesto en la sentencia del 22 de agosto de 2023 (Exp.
11001031500020230066301), en la cual de forma mayoritaria la Subsección (con salvamento de voto de la
consejera María Adriana Marín) acogió la tesis según la cual, en los casos de tutela contra providencia judicial
“(…) una carga mínima que soporte los motivos de su impugnación, [es] indispensable para que el juez de tutela
de segunda instancia conozca las razones de su desacuerdo y, así, se adentre en el estudio que la misma
requiere”.
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

16.- El hecho de que la solicitud de amparo sea sucinta y concreta en su explicación
de la vulneración de derechos, no conduce necesariamente a concluir que la misma
carece de sustentación. No se puede confundir la falta de extensión con la falta de
argumentación y por esa vía descartar la relevancia constitucional.

17.- En sentencia SU-062 de 2023 la Corte Constitucional indicó que los tres
criterios de análisis para establecer si una tutela tiene relevancia constitucional son
los siguientes: <<[i] La controversia debe versar sobre un asunto constitucional y no
meramente legal y/o económico. [ii] El caso debe involucrar algún debate jurídico
que gire en torno al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental. [iii] La
tutela no es una instancia o recurso adicional para reabrir debates meramente
legales>>9.

18.- La Subsección estima que el debate planteado por la accionante cumple con
esas exigencias, pues su solicitud de amparo no está orientada a cuestionar las
bases probatorias o jurídicas que sustentaron la decisión de sancionarla
disciplinariamente, sino que aboga por que se proteja su derecho fundamental al
debido proceso haciendo efectiva la garantía de la doble instancia, que resulta
obligatoria en los procesos disciplinarios que conocen las Comisiones de Disciplina
Judicial y se concreta en la resolución del recurso de apelación, o a través del grado
jurisdiccional de consulta, cuando no se ejerce dicho recurso.

19.- Si bien en la sentencia SU-215 de 2022 la Corte Constitucional recordó que
<<cuando la acción de tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta
corte, se exige advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos
fundamentales>>; la consideración de que el presente asunto reviste de la relevancia
constitucional necesaria para que el juez de tutela intervenga, no cambia de cara a
esa exigencia adicional, pues la idea de que el proceso disciplinario en cuestión
finalice sin que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial revise la sanción impuesta
por el A quo, siendo que la Ley Estatutaria de Administración de Justicia ha
consagrado la necesidad de que esas decisiones se consulten, pone en evidencia
un escenario en el que la actuación de la autoridad pudo desbordar los cauces de la
razonabilidad, y afectar la garantía fundamental del debido proceso.

E. Verificación de los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra providencias judiciales.

20.- Además de verificar que la cuestión que se discute resulta de evidente
relevancia constitucional, como ya se hizo en este caso; el juez de tutela debe
constatar que concurran los otros requisitos generales de procedencia del
mecanismo tuitivo de los derechos fundamentales10.

9 Corte Constitucional. Sentencia SU-062 de 2023.
10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 23 de febrero de

2017, exp. 11001-03-15-000-2016-03336-00 (AC).
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21.- La Sala constata que tales requisitos están acreditados en tanto: (i) contra la
providencia proferida el 1 de marzo de 2023 por la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial no procedía ningún otro recurso; (ii) dicha providencia fue notificada el 23 de
marzo de 2023 y la demanda se presentó el 23 de junio siguiente, es decir dentro de
los 6 meses que la jurisprudencia constitucional ha fijado como término razonable;
(iii) la irregularidad que se alega es determinante, pues la consideración de que se
ejerció el recurso de apelación o que es lo mismo, haciéndole producir efectos, a
pesar del carácter extemporáneo del mismo, fue lo que determinó la decisión de no
surtir el grado jurisdiccional de consulta, (iv) la accionante indicó los hechos que
sustentan la solicitud de amparo y evidenció de manera clara y concreta la forma en
que se configuró la vulneración de derechos alegada; y, (v) la providencia censurada
no fue proferida en el marco de una acción de tutela.

F. Verificación de la existencia de la causal específica de procedibilidad
atribuida en la acción de tutela contra la providencia judicial acusada en el caso
concreto.

22.- Al acreditarse el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales la Sala pasa a estudiar las causales
específicas de procedibilidad de tutela contra providencias judiciales.

23.- Si bien la accionante no identifica de manera expresa el defecto material11 en
que incurrió la autoridad accionada, lo cierto es que no se requiere realizar un
esfuerzo interpretativo para concluir que la tutela expone la presencia de dos
defectos: el sustantivo y el procedimental, pues una interpretación restrictiva conllevó
a la pretermisión de una instancia, en tanto la autoridad judicial accionada se abstuvo
de dar trámite al grado jurisdiccional de consulta, bajo el argumento de que el recurso
de apelación contra la primera instancia, fue ejercido aunque de manera
extemporánea.

24.- La Corte Constitucional ha identificado, que se está en presencia del defecto
sustantivo << i) cuando la autoridad judicial emplea una norma inaplicable al caso
concreto, ii) deja de aplicar la norma adecuada u iii) opta por una interpretación que
contraría los postulados mínimos de la razonabilidad jurídica.>> 12 (Subrayado
propio).

25.- Así mismo, ha indicado que el defecto procedimental <<se presenta cuando el
juez ha actuado completamente al margen del procedimiento establecido, es decir,
cuando se aparta abierta e injustificadamente de la normatividad procesal que es
aplicable al caso concreto. Esto último conduce al desconocimiento absoluto de las
formas propias de cada juicio i) porque el funcionario judicial sigue un trámite por
completo ajeno al pertinente o ii) porque pretermite etapas o fases sustanciales del
procedimiento en detrimento del derecho de defensa y contradicción de una de las
partes del proceso. Inclusive, por vía excepcional, la jurisprudencia constitucional
también ha determinado que el defecto procedimental puede originarse iii) por

11 (i) orgánico; (ii) sustantivo; (iii) procedimental; (iv) fáctico; (v) error inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii)

desconocimiento del precedente judicial; o (viii) violación directa de la Constitución.
12 Corte Constitucional. Sentencia SU-326 de 2022.

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exceso ritual manifiesto y iv) por ausencia de defensa técnica>> 13(Subrayado
propio). En la sentencia SU-258 de 2021, esa misma corporación precisó que para
que se configure el mencionado defecto, << (…) el error de procedimiento debe ser
grave y trascendente, es decir que debe influir de manera cierta y directa en la
decisión de fondo y esa falencia no puede ser imputable de manera directa ni
indirecta a la persona que considera vulnerado su derecho al debido proceso>> 14.

26.- Valoradas las circunstancias fácticas que dieron lugar a la decisión acusada, la
Sala encuentra que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial incurrió en los dos
defectos específicos que acaban de caracterizarse, tal y como pasa a explicarse.

27.- En la providencia del 1 de marzo de 2023 que se censura, la referida autoridad
judicial indicó lo siguiente:

<<La competencia para conocer del grado jurisdiccional de consulta de las decisiones
proferidas en las investigaciones disciplinarias adelantadas contra los abogados fue
establecida por el artículo 59 de la Ley 1123 de 2007, y si bien la expresión "y la
consulta" contenida en el numeral 1° del artículo 59 de la Ley 1123 de 2007, fue
derogada por el artículo 73 de la Ley 2094 de 2021, este grado jurisdiccional sigue
vigente conforme lo normado en el numeral 4° y el parágrafo 1° del artículo 112 de la
Ley 270 de 1996, y busca garantizar al disciplinable una investigación integral con
fundamento en las normas sustantivas y procesales que rigen la materia.

En ese sentido, se resalta que los requisitos de procedibilidad del grado jurisdiccional
de consulta son taxativos y se encuentran consagrados en el parágrafo 1 del artículo
112 de la Ley 270 de 1996, que consagra:

"PARÁGRAFO 1. Las sentencias u otras providencias que pongan fin de manera
definitiva a los procesos disciplinarios de que conocen en primera instancia los
Consejos Seccionales de la Judicatura y no fueren apeladas, serán consultadas
cuando fueren desfavorables a los procesados".

Así las cosas debe determinarse por esta Corporación, en primer lugar, si
efectivamente se cumplen con los presupuestos de procedibilidad del grado
jurisdiccional de consulta, para lo cual se debe tener en cuenta que en el sub judice
una vez fue proferida la sentencia de primera instancia, se libraron las comunicaciones
pertinentes a la disciplinable, a la quejosa y al Agente del Ministerio Público, siendo
notificados mediante edicto emplazatorio del 16 de septiembre de 2019%, y la
disciplinable presentó recurso de apelación el día 24 de septiembre de 2019, recurso
que fue declarado desierto por haberse sustentado extemporáneamente.

Queda claro entonces, que la disciplinable instauró el recurso de apelación, y aunque
haya sido declarado desierto por extemporaneidad, en todo caso, no cumple con el
presupuesto de procedibilidad exigido para que pueda proceder esta Corporación a
conocer del grado jurisdiccional de consulta.

Al respecto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, en el proveído con
radicado número 11001-02-30-000-2022-01408-01 con ponencia de la Magistrada
Hilda González Neira, al resolver el correspondiente trámite de tutela, se pronunció al
respecto, dejando claro que cuando el recurso de apelación se instaura de manera

13 Ibídem.
14 Corte Constitucional. Sentencia SU-258 de 2021.

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extemporánea, se entiende que no se cumple con el requisito de procedibilidad exigido
por la normatividad para surtir el grado jurisdiccional de consulta.

Por lo anterior, esta Corporación considera que dado que en el sub Judice, no se
cumplen con los requisitos exigidos por la normatividad, y por tanto se procederá a
abstenerse de conocer la providencia de primera instancia, en grado jurisdiccional de
consulta.>>

28.- Sobre el grado jurisdiccional de consulta, el artículo 31 constitucional dispone
que: <<Toda sentencia judicial podrá ser apelada o consultada, salvo las
excepciones que consagre la ley. >>. En cuanto a la aplicación de este mecanismo
en los procesos disciplinarios, como el que se inició a la señora Santos Vega, el
artículo 112 de la Ley 270 de 1996 (Ley Estatutaria de Administración de Justicia)
incorpora un parágrafo, según el cual: <<las sentencias u otras providencias que
pongan fin de manera definitiva a los procesos disciplinarios de que conocen en
primera instancia los Consejos Seccionales de la Judicatura y no fueren apeladas,
serán consultadas cuando fueren desfavorables a los procesados. >>.

29.- La Corte Constitucional, en sentencia C-424 de 2015, puntualizó los
antecedentes normativos de esta institución procesal y a partir de un breve recuento
jurisprudencial delimitó el alcance de la misma, así como su fin, y los rasgos que la
caracterizan. Ello lo hizo en los siguientes términos:

<<3.2.1. La consulta, como institución procesal, no está consagrada como un medio
de impugnación o recurso ordinario al alcance de las partes. Opera como una especie
de revisión por ministerio de la ley, tanto desde su consagración original en el Decreto
2158 de 1948 como actualmente. El entonces Tribunal Supremo de Justicia, consideró
respecto de este mecanismo procesal, en Sentencia de julio 30 de 1985, Sala de
Casación en lo Civil, lo siguiente:

“La consulta, que no es ciertamente un recurso, sino un segundo grado de
competencia funcional, está destinada a que el superior revise oficiosamente las
sentencias proferidas por el a quo, en determinados negocios y según la índole de
la decisión tomada. Aunque la consulta procede en las hipótesis precedentes, no
hay lugar a ella cuando la parte, en cuyo beneficio se ha consagrado, ha interpuesto
el recurso de apelación contra la sentencia del a quo, porque si el objetivo de aquélla
es dar origen a una segunda instancia y obtener una revisión oficiosa del fallo, tal
objetivo se cumple con la interposición del recurso de alzada.” (Subraya fuera de
texto)

3.2.2. Pese a que la jurisprudencia ha considerado que este mecanismo de control
jurisdiccional de consulta no es propiamente un medio de impugnación, cuenta con
una estrecha relación con los principios de derecho de defensa, debido proceso y doble
instancia, sin que a la misma le sean aplicables todos los principios y garantías de la
apelación, tanto así, que el juez que asume conocimiento en grado de consulta no está
limitado por el principio de non reformatio in pejus, sino que oficiosamente puede hacer
una revisión del fallo. Esta Corporación en la sentencia C-583 de 1997 al examinar la
constitucionalidad una disposición del Código de Procedimiento Penal, expresó en lo
atinente a la relación de la consulta y la prohibición de reforma en perjuicio, que:

“Cuando el superior conoce en grado de consulta de una decisión determinada, está
facultado para examinar en forma íntegra el fallo del inferior, tanto por aspectos de
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hecho como de derecho y, al no estar sujeto a observar la prohibición contenida en
el artículo 31 de la Carta, bien puede el juez de segunda instancia modificar la
decisión consultada a favor o en contra del procesado, sin violar por ello norma
constitucional alguna. La autorización que se otorga en el precepto demandado al
superior para que al decidir la consulta se pronuncie "sin limitación" alguna sobre la
providencia dictada por el inferior, no lesiona la Ley Suprema, pues de su propia
esencia se deriva la capacidad del funcionario de segunda instancia para revisar
íntegramente la providencia consultada con el único objetivo de corregir los errores
en que haya podido incurrir el fallador de primera instancia. De esta manera se
busca evitar que se profieran decisiones violatorias no sólo de derechos
fundamentales sino de cualquier otro precepto constitucional o legal, en detrimento
del procesado o de la sociedad misma como sujeto perjudicado con el delito. El
propósito de la consulta es lograr que se dicten decisiones justas. Y la justicia es fin
esencial del Estado.” (Subraya fuera de texto)>>15

30.- Esa misma corporación judicial indicó que la consulta es un mecanismo ope
legis, esto es que opera por ministerio de la ley, para suplir la inactividad de la parte
que resulta desfavorecida con una decisión judicial, y su consagración en los
distintos estatutos procesales que la incorporan, atiende generalmente a razones de
interés público o se orienta a proteger a la parte más débil16. Estas precisiones fueron
incorporadas en las sentencias C-055 de 1995 y T-389 de 2006.

31.- Puntualmente, en esta última decisión, el tribunal constitucional abordó un
asunto similar al caso que nos ocupa, pero con algunos matices que no impiden traer
a colación las conclusiones a las que se arribó en aquella ocasión, sobre este
instituto procesal. En esa oportunidad, la presunta violación de derechos tuvo lugar
en el marco de un proceso laboral, en el cual la autoridad judicial accionada se
abstuvo de tramitar el grado jurisdiccional de consulta, bajo el argumento de que el
recurso de apelación fue presentado, pero no sustentado oportunamente. La Corte
consideró que:

<<(…) la autoridad judicial mediante la providencia por medio de la cual se negó a
tramitar el grado jurisdiccional de consulta, el cual es procedente por ser la sentencia
de primera instancia adversa a las pretensiones del trabajador, desconoce las normas
aplicables al caso, al realizar una interpretación contraria a los derechos
fundamentales de los trabajadores y del derecho al acceso a la administración de
justicia.

29. Si bien los derechos fundamentales invocados por el actor no se vulneran con la
declaratoria de desierta del recurso apelación por no concurrir los presupuestos
legales para su trámite, la decisión judicial en relación con la cual se denegó el grado
jurisdiccional de consulta es irrazonable y, en consecuencia tal decisión constituye una
violación de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia al interpretar de manera restrictiva una norma (defecto
sustantivo), y como consecuencia de ella, apartarse por completo del procedimiento
fijado por la ley para el proceso respectivo (defecto procedimental)>>.

15 Corte Constitucional. Sentencia C-424 de 2015.
16 Corte Constitucional. Sentencias C-055 de 1995 y T-389 de 2006.

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-03380-01
Accionante: Mariella Santos Vega
Accionado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

32.- Las características concretas del grado jurisdiccional de consulta, que se
acaban de exponer, fueron puestas de presente por la Comisión Nacional de
Disciplina Judicial, en la providencia censurada, en los siguientes términos:

<<El legislador consagró la consulta como un grado de competencia funcional, que
opera como expresión de la soberanía, encaminado a que el superior revise
oficiosamente las sentencias proferidas en primera instancia cuando fueron
desfavorables a los procesados y contra ellas no se interpuso recurso de apelación.

La jurisprudencia ha considerado esta figura como un mecanismo de control
jurisdiccional, no propiamente como medio de impugnación, a través del cual se debe
hacer oficiosamente la revisión del fallo consultado en aras de garantizar los principios
constitucionales de debido proceso, doble instancia y derecho de defensa.

Este mecanismo que opera por ministerio de la ley, con el fin de salvaguardar el interés
público, tiene por objeto, además, corregir o enmendar errores del fallo consultado,
con miras a lograr la certeza jurídica y el ordenamiento justo como fin esencial del
Estado.>>

33.- No obstante haber realizado la anterior conceptualización, y definir de manera
breve, pero precisa el alcance de esta figura, y el fin constitucional que la inspira, la
Comisión Nacional de Disciplina Judicial arribó a una conclusión que no se
corresponde con el alcance y propósito de la institución procesal en comento.

34.- La Sala advierte que amparada en las potestades interpretativas que otorga la
autonomía judicial, la referida autoridad realizó una lectura restrictiva de los
presupuestos que habilitan el ejercicio del grado jurisdiccional de consulta,
traspasando el límite de la razonabilidad, llegando a un punto en que se
desnaturalizó la institución procesal y de forma consecuente se quebrantó la garantía
constitucional de la doble instancia.

35.- Ello es así, si se tiene en cuenta que el ejercicio hermenéutico adelantado en
la providencia censurada, conllevó a que la autoridad judicial a partir de la necesidad
de verificar los presupuestos procesales, se abrogara la potestad de hacer
inoperante una garantía procesal de carácter constitucional, pues, so pretexto de
comprobar que estuviesen dados los requisitos para que operara el grado
jurisdiccional de consulta, concluyó que se podía prescindir del mismo aún cuando
el A quo rechazó el recurso de apelación, por extemporáneo. Dicho de otra forma,
negó efectos impugnativos al recurso de apelación por no haber sido presentado en
tiempo, pero a la vez a esa misma circunstancia le confirió efectos para hacer
nugatoria la garantía del derecho a la consulta como fórmula procesal protectora y
garante de sentencias limitativas de derechos cuando quiera que ellas no sean
llevadas a una segunda instancia por voluntad del sujeto afectado.

36.- En este punto, la Sala pone de presente, que desde la perspectiva
constitucional y en clave de protección de las garantías procesales fundamentales,
no es posible descartar en un mismo proceso disciplinario, y a la vez, el recurso de
apelación y el grado jurisdiccional de consulta, pues el legislador estatutario dispuso

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-03380-01
Accionante: Mariella Santos Vega
Accionado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

que en ausencia del primero opera el segundo, toda vez que cuando se impone una
sanción la doble instancia debe operar sin sujeción al grado de diligencia o interés
del disciplinado. En tal sentido, la lógica supletiva de la consulta, coloca al operador
judicial de segunda instancia ante un silogismo disyuntivo, en cuya virtud procede o
el recurso o la consulta. Sin que sea aceptable que se niegue la procedencia de uno,
en este caso del recurso de apelación, y a su vez se pretenda negar también la
procedencia del otro, la consulta, pero basado en un supuesto contrario frente al cual
se adoptó la primera decisión referida.

37.- Como se indicó en el escrito de tutela, la norma procesal habilita un término
para la presentación de la apelación. Si no se radica en esa oportunidad, ya sea
porque nunca se ejerce el recurso o porque se hace en días posteriores al
vencimiento, la consecuencia legal es la misma: se tiene por no presentado sin efecto
alguno, distinto al de no tener por surtida la actuación con efectos procesales. Así,
fenecido el término de ejecutoria, cualquier documento que allegue el disciplinado
para cuestionar la decisión resulta intrascendente, y ya no puede afectar sus
intereses ni para bien ni para mal.

38.- Todo lo anterior lleva a la Sala a concluir que la autoridad judicial accionada,
incurrió en un defecto sustantivo al acoger una interpretación contraria a los
postulados mínimos de la razonabilidad jurídica, que sacrificó la garantía procesal
iusfundamental de la doble instancia; y ello a su vez la llevó a incurrir en un defecto
procedimental en tanto pretermitió el grado jurisdiccional de consulta consagrado por
el artículo 112 de la Ley 270 de 1996, siendo que el mismo resultaba obligatorio
porque la sentencia de primera instancia fue de carácter sancionatorio, y la
disciplinada no ejercitó en tiempo el recurso de apelación.

39.- En consecuencia, la Sala modificará la decisión de la Sección Cuarta del
Consejo de Estado en lo referente al fallo disciplinario que se viene comentando, y
en su lugar amparará el derecho fundamental al debido proceso invocado por la parte
actora, de suerte que se dejará sin efectos la providencia de 1 de marzo de 2023
proferida por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial para que, en el término de
treinta (30) días contados a partir de la notificación de la presente providencia, se
sirva proferir una nueva decisión en la que conozca en grado jurisdiccional de
consulta el fallo sancionatorio de primera instancia proferido el 30 de julio de 2019
por la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá en el
marco del proceso disciplinario 11001110200020180264401, seguido contra la
señora Mariella Santos Vega.

40.- En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-03380-01
Accionante: Mariella Santos Vega
Accionado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

III. RESUELVE

PRIMERO. - REVOCAR parcialmente el fallo proferido el 26 de julio de 2023 por la
Sección Cuarta del Consejo de Estado, conforme se explica en la parte motiva de
esta sentencia

SEGUNDO. - AMPARAR el derecho fundamental al debido proceso de la señora
Mariella Santos Vega, y en consecuencia, dejar sin efectos la providencia de 1 de
marzo de 2023, proferida por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial para que,
en el término de treinta (30) días contados a partir de la notificación de la presente
providencia, dicte una nueva decisión, que acoja las bases procesales sobre la
admisibilidad del grado jurisdiccional de consulta, fijadas en el presente proveído.

TERCERO. - NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.

CUARTO. - ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
Aclaración de voto Salvamento de voto

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE17
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad
de registrarse en el sistema Samai.

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