Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-03447-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-03447-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2023-03447-00
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
3 de agosto de 2023
Demandante: Johan Sneyder Suárez Bernal
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2023-03447-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Bogotá, D. C., tres (3) de agosto de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-03447-00
Demandante: JOHAN SNEYDER SUÁREZ BERNAL
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA,
SUBSECCIÓN A
TEMAS: Tutela de fondo. Mora judicial. Carencia actual de objeto por
hecho superado.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala resuelve el mecanismo constitucional de la referencia, de conformidad con
los Decretos 2591 de 1991, 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena
de esta corporación.
1. ANTECEDENTES
1.1. La solicitud de amparo
El señor Johan Sneyder Suárez Bernal, en nombre propio, instauró el 27 de junio
de 2023, acción de tutela con el fin de obtener la protección de su derecho
fundamental a la «tutela judicial efectiva».
La referida garantía constitucional la consideró transgredida por parte de la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, con ocasión de la falta
de decisión de fondo por parte de dicha autoridad judicial, en la solicitud de amparo
que presentó contra la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Bogotá, identificada con el radicado 11001-03-15-000-2023-02841-00.
1.2. Peticiones de amparo constitucional
Las pretensiones son las siguientes:
Primero. Solicito se sirva restablecer inmediatamente mi derecho fundamental a la
tutela judicial efectiva.
Segundo. Solicito se sirva ordenar a la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, subsección A, proferir fallo de manera inmediata.
1.3. Hechos
De la solicitud de tutela y de las pruebas allegadas al proceso, se advierten los
siguientes supuestos fácticos que, a juicio de la Sala, son relevantes para la decisión
que se adoptará en esta providencia:
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Demandante: Johan Sneyder Suárez Bernal
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
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1.3.1. El 14 de abril de 2023, el señor Johan Sneyder Suarez Bernal elevó petición
a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá en la cual
requirió la devolución de los dineros por concepto de retención en la fuente, sin
obtener respuesta al respecto.
1.3.2. En atención a lo anterior, el 22 de mayo de 2023, el señor Suarez Bernal
interpuso acción de tutela contra Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Bogotá, con el fin de obtener la salvaguarda de su derecho fundamental
de petición.
1.3.3. Del referido mecanismo constitucional de amparo conoció la Subsección A de
la Sección Segunda del Consejo de Estado1, autoridad judicial que en auto de 2 de
junio de 2023, admitió la solicitud de protección constitucional.
1.3.4. A la fecha de presentación del presente proceso, la corporación tutelada no
había proferido el fallo respectivo.
1.4. Fundamentos de la solicitud
La parte accionante consideró vulnerado su prerrogativa constitucional a tutela
judicial efectiva, pues, no se ha dictado la respectiva sentencia dentro del término
señalado para ello, en el mecanismo superior que se adelanta en la Subsección A
de la Sección Segunda de esta cooperación.
1.5. Trámite de la acción
Mediante auto de 30 de junio de 2023, el despacho sustanciador de esta decisión
admitió la acción de tutela, ordenó notificar a los magistrados de la Subsección A
de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en calidad de accionados, y les
otorgó el término de dos (2) días para que rindieran el informe de que trata el artículo
19 del Decreto 2591 de 1991.
De igual forma, ordenó a la oficina de sistemas del Consejo de Estado que realizara
una publicación en la página web de la corporación, con la información de la tutela,
con el fin de ponerla en conocimiento de los terceros interesados. También, requirió
a la autoridad judicial la remisión digital del expediente del proceso de tutela objeto
de estudio.
1.6. Contestación
Efectuada la notificación correspondiente a través de mensaje enviado por correo
electrónico, se presentó la siguiente intervención:
1.6.1. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A2
El consejero que tiene a su cargo el expediente pendiente de la actuación, que es
objeto de esta acción, informó que: (i) el 12 de mayo de 2023, el actor instauró la
1 Mediante auto de 24 de mayo de 2023, de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de
Justicia remitió la tutela al Consejo de Estado por competencia.
2 Actuación registrada en el aplicativo Samai del Consejo de Estado el 30 de junio de 2023.
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solicitud de amparo contra el Consejo Superior de la Judicatura y la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá, por falta de respuesta a
la petición que elevó el 14 de abril de 2023; (ii) el 24 de mayo de esta anualidad la
Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia la remitió a esta
corporación en atención a que el actor era empleado de jurisdicción ordinaria; (iii) el
30 de mayo de 2023, fue repartido el referido mecanismo y, admitido el 2 de junio
del año en curso; y (iv) el 29 de junio se discutió y aprobó por parte de la Sala el
proyecto de fallo que resolvía el asunto.
En ese orden, solicitó que se niegue la tutela, comoquiera que el proceso se
adelantó conforme al procedimiento legal, sin que se pueda endilgar la vulneración
del derecho fundamental alegado.
2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer, en primera instancia, de la acción de tutela
presentada por el señor Johan Sneyder Suárez Bernal, de conformidad con lo
establecido en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el
Decreto 333 de 2021 y, el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta
corporación.
2.2. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si, en el caso concreto, se presenta la vulneración
del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva de la parte actora por parte de
la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, por presuntamente
haber incurrido en una tardanza injustificada en dictar la sentencia dentro de la
acción de tutela interpuesta contra la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Bogotá, identificada con el radicado 11001-03-15-000-
2023-02841-00.
Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos: (i) la naturaleza
de la acción de tutela; (ii) las generalidades de los derechos al debido proceso y de
acceso a la administración de justicia; (iii) la mora judicial justificada; y (iv) el caso
concreto.
2.3. Naturaleza de la acción de tutela
Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede ejercer la acción
de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
fundamentales siempre que sean violados o amenazados por la acción u omisión
de las autoridades públicas o de los particulares en los precisos casos en que indica
el Decreto 2591 de 1991.
La jurisprudencia constitucional de manera enfática y uniforme ha señalado que la
acción de amparo fue instituida como un instrumento de defensa judicial de los
derechos fundamentales, dotada de un carácter subsidiario y residual. Lo anterior
implica que su ejercicio solo es procedente de manera supletiva, es decir, cuando
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no sea posible acudir a otro medio de defensa, salvo que se promueva para
precaver la ocurrencia de un perjuicio irremediable3.
2.4. Derecho al debido proceso y de acceso a la administración de justicia
Considera la Sala necesario recordar que de acuerdo con una interpretación
armónica de los artículos 2294 y 295 de la Constitución, y de los principios de la
Carta Política, se ha otorgado el carácter de fundamental al derecho de acceso a la
administración de justicia6.
El derecho mencionado ofrece al individuo la garantía de acudir ante el juez para
que resuelva «[…] las controversias que surjan con otros individuos u
organizaciones y con el mismo Estado, ante un juez, con miras a obtener una
resolución motivada, ajustada a derecho, y dictada de conformidad con el
procedimiento y las garantías constitucionales previstas en la Constitución y en la
ley […]»7.
Sobre el punto, la Corte Constitucional ha señalado que esta garantía «[…] no
puede concebirse dentro de los estrechos moldes de una posibilidad formal de llegar
ante los jueces, o en la simple existencia de una estructura judicial lista a atender
las demandas de los asociados, puesto que su esencia reside en la certidumbre de
que, ante los estrados judiciales, serán surtidos los procesos a la luz del orden
jurídico aplicable, con la objetividad y la suficiencia probatoria que aseguren un real
y ponderado conocimiento del fallador acerca de los hechos materia de su decisión
[…]»8.
Frente a esto, debe además recordarse que de los artículos 228, 229 y 230 de la
Constitución Política y el desarrollo de la jurisprudencia constitucional se desprende
que el derecho a tutela judicial efectiva implica de una parte, que cuando el «[…]
ciudadano acude a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, encuentre una
respuesta rápida y efectiva a su pretensión de protección de sus derechos y
garantías9, y de otro lado, la obligación correlativa de las autoridades judiciales de
promover e impulsar todas las condiciones que sean necesarias para que el acceso
de los particulares a dicho servicio público sea real y efectivo, con lo cual se deben
descartar las actuaciones nominales que no logren tal finalidad. Se entiende por lo
3 Ver, entre otras, las sentencias de la corte constitucional SU-037 de 2009 y T-764 de 2010.
4 “Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la administración de justicia. La ley
indicará en qué casos podrá hacerlo sin la representación de su abogado”.
5 “Artículo 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.
Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o
tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio.
En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia
a la restrictiva o desfavorable.
Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Quien
sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio,
durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a
presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia
condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho.
Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso”.
6 Sentencia T-006 de 1992.
7 Sentencia T-476 de 1998.
8 Corte Constitucional. Sentencia C-1027 de 2002. Magistrada Ponente: Clara Inés Vargas
Hernández.
9 Corte Constitucional C-796 de 2006. Magistrado Ponente: Rodrigo Escobar Gil.
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tanto que el derecho extraído por la Corte involucra la necesidad de que los jueces
deriven en sus providencias la dimensión pro actione, lo que representa un avance
significativo en la protección de los derechos de las personas […]»10.
Por ello, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 1° de la Ley 270 de 1996,
Estatuaria de la Administración de Justicia11 y con sustento en los principios de
celeridad, eficiencia y respeto de los derechos que rigen la función judicial, el juez,
como director del proceso, debe velar por la rápida solución del caso con el fin de
evitar el desgaste que representa adelantar todo un proceso para terminarlo con
una sentencia inhibitoria o que termine por vulnerar los derechos fundamentales de
las partes.
Estas obligaciones del juez se derivan directamente del papel que cumple en el
Estado Social de Derecho, en el que «[…] ha dejado de ser el frío funcionario judicial
que aplica irreflexivamente la ley, convirtiéndose en el funcionario –sin vendas- que
se proyecta más allá de las formas jurídicas, para así atender la agitada realidad
subyacente y asumir su responsabilidad como servidor vigilante, activo y garante de
los derechos materiales. El juez que reclama el pueblo a través de su Carta Política
ha sido encomendado con dos tareas imperiosas: (i) la obtención del derecho
sustancial y (ii) la búsqueda de la verdad. Estos dos mandatos a su vez constituyen
el ideal de la justicia material […]»12.
2.5. La mora judicial justificada
La Corte Constitucional ha señalado que el fenómeno de la mora judicial puede
llegar a violar el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia, en
aquellos casos en los que la dilación en el trámite de una actuación es originada no
en la complejidad del asunto o en la existencia de problemas estructurales de
exceso de carga laboral de los funcionarios, sino en la falta de diligencia y en la
omisión sistemática de sus deberes.13
Asimismo, el Máximo Tribunal Constitucional ha considerado que «atendiendo la
realidad del país, en la gran mayoría de casos el incumplimiento de los términos
procesales no es imputable al actuar de los funcionarios judiciales»14.
En esa línea esa corporación frente al particular, precisó que:
[…] por ejemplo, existen procesos en los cuales su complejidad requiere de un
mayor tiempo del establecido en las normas y en la Constitución para su
estudio, para valorar pruebas o para analizar la normatividad existente. Por ello,
la jurisprudencia ha destacado que cuando la tardanza no es imputable al actuar
del juez o cuando existe una justificación que explique el retardo, no se
entienden vulnerados los derechos al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia. En este sentido, en la Sentencia T-803 de 2012, luego
10 Ibídem.
11 Ley 270 de 1996. “Artículo 1° La administración de justicia es la parte de la función pública que
cumple el Estado encargada por la Constitución Política y la ley de hacer efectivos los derechos,
obligaciones, garantías y libertades consagrados en ellas, con el fin de realizar la convivencia social
y lograr y mantener la concordia nacional.
12 Corte Constitucional. Sentencia SU-768 de 2014. Magistrado Ponente. Jorge Iván Palacio Palacio.
13 Corte Constitucional. T-1019 de 2010. Magistrado Ponente: Nilson Pinilla Pinilla.
14 Corte Constitucional. T-230 de 2013. Magistrado Ponente: Luis Guillermo Guerrero Pérez.
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de hacer un extenso recuento jurisprudencial sobre la materia, esta Corporación
concluyó que el incumplimiento de los términos se encuentra justificado (i) cuando es
producto de la complejidad del asunto y dentro del proceso se demuestra la diligencia
razonable del operador judicial; (ii) cuando se constata que efectivamente existen
problemas estructurales en la administración de justicia que generan un exceso de
carga laboral o de congestión judicial; o (iii) cuando se acreditan otras circunstancias
imprevisibles o ineludibles que impiden la resolución de la controversia en el plazo
previsto en la ley. Por el contrario, en los términos de la misma providencia, se está
ante un caso de dilación injustificada, cuando se acredita que el funcionario judicial
no ha sido diligente y que su comportamiento es el resultado de una omisión en el
cumplimiento de sus funciones.
Por su parte, la Sección Quinta del Consejo de Estado tiene una posición reiterada
en relación con la existencia de mora judicial15, según la cual sólo se predica si hay
dilación injustificada al resolver los asuntos sometidos a la competencia del juez. En
el evento de acreditarse esta conducta, constituye violación al derecho de acceso a
la administración de justicia y de contera, al debido proceso de las partes en un
proceso.
2.6. Caso concreto
En el sub examine, la parte actora alegó que la Subsección A de la Sección Segunda
del Consejo de Estado vulneró su derecho fundamental «a la tutela judicial
efectiva», por presuntamente haber incurrido en una tardanza injustificada al no
haber dictado la sentencia respectiva dentro de la acción de tutela 11001-03-15-
000-2023-02841-00, presentada contra la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Bogotá, pese a haber transcurridos más del término
previsto en la ley para ello.
Ahora bien, esta colegiatura encuentra que la autoridad judicial accionada, por
intermedio del magistrado, que tiene a su cargo el proceso, rindió informe en el cual
indicó que, entre otros aspectos, la tutela en cuestión fue admitida con auto de 2 de
junio de 2023.
Asimismo, señaló que el 29 de junio de la presente anualidad, se discutió y aprobó
el proyecto de fallo que resolvió el mecanismo en cuestión, luego, debía negarse el
amparo deprecado.
Revisado por parte de esta colegiatura, en el aplicativo Samai, el expediente de
tutela 11001-03-15-000-2023-02841-00, se observa en el índice 17, el registro de la
sentencia de 29 de junio de 2023; asimismo, se observa en el índice 20 la
correspondiente notificación con fecha 19 de julio de la presente anualidad16.
15 Entre otras, consultar las sentencias de: (i) 10 de agosto de 2012, Rad. No: 11001-03-15-000-
2012-01093-00(AC). Actor: Domingo Enrique de Jesús Ramírez Duque. Demandado: Tribunal
Administrativo de Antioquia. Magistrado Ponente: Alberto Yepes Barreiro (E) y (ii) 19 de junio 2014,
Rad. No.: 25000-23-41-000-2014-00415-01(AC). Actor: Mario Aristizábal Muñoz. Demandado:
Procuraduría General de la Nación.
16 Captura de pantalla a la consulta del proceso en el aplicativo Samai del Consejo de Estado:
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En ese orden, es preciso resaltar que, encontrándose en curso la tutela de la
referencia, la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado profirió
y notificó el fallo de la solicitud de amparo que había interpuesto el tutelante contra
la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá.
Visto lo anterior, esta colegiatura destaca que en anteriores oportunidades17 se ha
referido a la acción de tutela y ha explicado que este mecanismo de defensa judicial
ha sido instituido como un instrumento preferente y sumario, dirigido a la protección
de derechos fundamentales que sean vulnerados o amenazados de una manera
actual e inminente.
Del mismo modo, se ha señalado que existen eventos en los que la amenaza o
efectiva vulneración al derecho fundamental desaparece en el transcurso de
la acción de tutela, como sucede en el caso concreto, o la vulneración del derecho
fundamental amenazado se materializa en el curso del proceso, de suerte que el
instrumento pierde efectividad, lo que hace inane la intervención del juez
constitucional tendiente a impartir órdenes para que cese la vulneración de los
derechos fundamentales.
En efecto, la Corte Constitucional ha sostenido que la terminación del proceso de
tutela por carencia actual de objeto puede proceder en tres supuestos de
hecho: (i) por hecho superado; (ii) por daño consumado; y, (iii) por una situación
sobreviniente.
En ese sentido, dicha alta corporación, en la sentencia T-481 de 2016, que la Sala
cita como criterio auxiliar, señaló que:
La acción de tutela fue concebida como un mecanismo para la protección efectiva de
los derechos fundamentales que son objeto de una amenaza o afectación actual. Por
lo tanto, se ha sostenido en reiterada jurisprudencia que, ante la alteración o el
desaparecimiento de las circunstancias que dieron origen a la vulneración de los
derechos fundamentales objeto de estudio, la solicitud de amparo pierde su eficacia
y sustento, así como su razón de ser como mecanismo extraordinario y expedito de
17 Ver, por ejemplo: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta.
Sentencias de: (i) 15 de noviembre de 2017, Rad. No. 2017-00085-01, M.P. Alberto Yepes Barreiro;
(ii) de 19 de octubre de 2017, Rad. No. 2017-2365-00, M.P. Rocío Araújo Oñate, (iii) 6 de junio de
2019, Rad. No. 11001-03-15-000-2019-00591-01, M.P. Alberto Yepes Barreiro.
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protección judicial. Lo antedicho, pues, al desaparecer el objeto jurídico sobre el que
recaería la eventual decisión del juez constitucional, cualquier determinación que se
pueda tomar para salvaguardar las garantías que se encontraban en peligro, se
tornaría inocua y contradiría el objetivo que fue especialmente previsto para esta
acción.18
A partir de los anteriores razonamientos, en sentencia T-494 de 1993 se destacó
sobre este respecto, que:
“La tutela supone la acción protectora del Estado que tiende a proteger un derecho
fundamental ante una acción lesiva o frente a un peligro inminente que se presente
bajo la forma de amenaza. Tanto la vulneración del derecho fundamental como
su amenaza, parten de una objetividad, es decir, de una certeza sobre la lesión
o amenaza, y ello exige que el evento sea actual, que sea verdadero, no que haya
sido o que simplemente -como en el caso sub examine- que se hubiese presentado
un peligro ya subsanado” (negrillas inexistentes en el texto original).
Es por esto, que la doctrina constitucional ha desarrollado el concepto de la “carencia
actual de objeto” para identificar este tipo de eventos y, así, denotar la imposibilidad
material en la que se encuentra el juez de la causa para dictar alguna orden que
permita salvaguardar los intereses jurídicos que le han sido encomendados. Sobre el
particular, se tiene que éste se constituye en el género que comprende el fenómeno
previamente descrito, y que puede materializarse a través de las siguientes figuras:
(i) “hecho superado”, (ii) “daño consumado” o (iii) de aquella que se ha empezado a
desarrollar por la jurisprudencia denominada como el acaecimiento de una “situación
sobreviniente19.
Con base en el anterior marco referencial, el Máximo Tribunal Constitucional ha
sostenido que:
(i) El hecho superado obedece a lo regulado en el artículo 26 del Decreto Ley 2591
de 1991, atinente a la cesación de la actuación impugnada, la cual se materializa
cuando en el trámite de una acción de tutela se demuestra que la autoridad
demandada ha realizado las acciones necesarias para eliminar la vulneración
de los derechos fundamentales.
(ii) El daño consumado se produce cuando la vulneración del derecho
fundamental que se pretendía evitar se materializa, antes de la interposición
de la solicitud de amparo constitucional o en el trámite de la acción de tutela,
por lo que no es posible retrotraer los efectos de la vulneración pues el daño resulta
perenne.
Al respecto ha sostenido el Tribunal Constitucional: «[l]a segunda de las figuras
referenciadas [daño consumado], consiste en que a partir de la vulneración ius-
fundamental que venía ejecutándose, se ha consumado el daño o afectación que
con la acción de tutela se pretendía evitar, de forma que ante la imposibilidad de
hacer cesar la vulneración o impedir que se concrete el peligro, no es factible que
el juez de tutela dé una orden al respecto».20
18 «El pasaje bajo transcripción presenta la siguiente nota de pie de página, bajo el número 5, la cual
se transcribe literalmente: “Sentencias: SU-225 de 2013; T-317 de 2005”».
19 «El pasaje bajo transcripción presenta la siguiente nota de pie de página, bajo el número 6, la cual
se transcribe literalmente: “Ver sentencias T-988 de 2007, T-585 de 2010 y T-200 de 2013”».
20 «Corte Constitucional. Sentencia T-030/2017, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado».
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(iii) Por último, la Corte Constitucional ha distinguido el supuesto de hecho
correspondiente a la situación sobreviniente, caso en el cual la vulneración de
los derechos fundamentales cesa luego de la interposición de la acción de
tutela, pero por una circunstancia que no se encuadra en los conceptos de
daño consumado y hecho superado.
La citada corporación ha indicado, sobre este supuesto de hecho para declarar la
carencia actual de objeto, que:
El hecho sobreviniente ha sido reconocido tanto por la Sala Plena como por las
distintas Salas de Revisión. Es una categoría que ha demostrado ser de gran
utilidad para el concepto de carencia actual de objeto, pues por su amplitud
cobija casos que no se enmarcan en los conceptos tradicionales de daño
consumado y hecho superado. El hecho sobreviniente remite a cualquier ‘otra
circunstancia que determine que, igualmente, la orden del juez de tutela relativa
a lo solicitado en la demanda de amparo no surta ningún efecto y por lo tanto
caiga en el vacío’. No se trata entonces de una categoría homogénea y
completamente delimitada21.
En ese orden, en atención a que la Subsección A de la Sección Segunda del
Consejo de Estado expidió y notificó la sentencia que resolvió la tutela que radicó el
accionante contra la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Bogotá, cualquier orden que se dicte por parte de esta Sala de Decisión resultaría
inane, dado que la presunta vulneración cesó debido a la actuación de dicha
corporación durante el trámite de esta acción.
En efecto, el estudio que en este caso debería realizar el juez de tutela carece de
objeto actualmente, habida cuenta que lo pretendido por el accionante se
circunscribía llanamente a que la judicatura cuestionada profiriera la providencia
que resolviera el mecanismo constitucional, lo cual efectivamente sucedió el 29 de
junio de 2023.
2.7. Conclusión
Así las cosas, y conforme con lo expuesto, la Sala declarará la carencia actual de
objeto por hecho superado, toda vez que, al momento de fallar la presente acción
de tutela, se encontró que la autoridad judicial accionada expidió la providencia que
se reclama en este trámite.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho superado de la
presente acción de tutela.
21 «Corte Constitucional. Sentencia SU-522/2019, M.P. Diana Fajardo Rivera».
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Demandante: Johan Sneyder Suárez Bernal
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2023-03447-00
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991.
TERCERO: Si no se impugna esta providencia dentro de los tres (3) días siguientes
a su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
(Salva voto)
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Esta providencia fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos,
conforme con lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.
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