Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2023-03463-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2023-03463-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2023-03463-01
Consejero ponente: Alberto Montaña Plata
25 de septiembre de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata
Bogotá DC, 25 de septiembre de 2023
Radicación: 11001-03-15-000-2023-03463-01
Demandante: Daniela Girón Arias
Demandado: Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Valle del Cauca
Naturaleza: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Temas: ACCIÓN DE TUTELA POR ACCIÓN U OMISIÓN DE AUTORIDAD PÚBLICA | Derecho al
trabajo en condiciones dignas, igualdad y seguridad social| vacaciones individuales |
empleados judiciales
Síntesis del caso: La parte actora alegó la vulneración de su derecho al trabajo en
condiciones dignas, igualdad y seguridad social ante la falta de expedición del CDP para
el nombramiento de reemplazo de un empleado judicial que impidió el disfrute de sus
vacaciones.
De acuerdo con la competencia asignada1, procede la Sala a resolver la
impugnación presentada por la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Cali contra la Sentencia de 3 de agosto de
2023, por medio de la cual la Sección Quinta del Consejo de Estado
amparó el derecho al trabajo en condiciones dignas, igualdad y
seguridad social de la señora Girón Arias2.
Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.
1. ANTECEDENTES
Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante. 1.2. Fallo de primera instancia e
impugnación.
1 Artículo 86 de la Constitución Política, Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de
2021 y Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.
2 “PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial, nivel central, por los motivos aquí expuestos. // SEGUNDO: AMPARAR los derechos fundamentales de la
señora Daniela Girón Arias, conforme lo expuesto en la parte motiva de la presente decisión. // TERCERO:
ORDENAR a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca que, en un
plazo de cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir de la notificación de la presente sentencia, solicite a la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (Unidad de Planeación o a la dependencia que corresponda), la
provisión de los recursos necesarios para que el Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Buenaventura adopte
las medidas que se requieren para que la señora Daniela Girón Arias goce de sus vacaciones (en el evento de
que esto aún no haya ocurrido). La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial – Nivel Central dispondrá de
cinco (5) días hábiles, contados a partir de la solicitud que realice el director seccional, para proveer los
mencionados recursos. // Una vez la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial - Nivel Central otorgue los
recursos solicitados por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca,
esta última entidad le deberá comunicar al Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Buenaventura, quien a su
vez deberá, en un término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de dicha comunicación, adoptar las
medidas que corresponda para que la actora pueda gozar de su derecho al descanso, sin que se vea afectada
la prestación del servicio de administración de justicia.”
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001-03-15-000-2023-03463-01
Demandante: Daniela Girón Arias
Demandado: Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Valle del Cauca
Naturaleza: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Modifica
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1.1. Posición de la parte demandante
1. El 28 de junio de 2023, Daniela Girón Arias presentó acción de tutela
contra la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali -
Valle del Cauca, por la presunta vulneración de sus derechos al trabajo en
condiciones dignas, igualdad y seguridad social.
2. A título de amparo constitucional, la parte actora solicitó (se
trascribe):
“Se ordene a la DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN
JUDICIAL DEL VALLE del Cauca que proceda a emitir el respectivo Certificado
de Disponibilidad Presupuestal con el fin de allegarlo al Juzgado Primero
Promiscuo de Familia de Buenaventura Valle y poder gozar de mi periodo de
vacaciones al cual hice alusión en el acápite de hechos.”
3. Como hechos relevantes a partir del escrito de tutela y sus anexos, se
destacan los siguientes:
4. 1) Daniela Girón Arias trabaja como secretaria nominada del
Juzgado 1 Promiscuo de Familia de Buenaventura.
5. 2) El 21 de junio de 2023, la señora Girón Arias solicitó al titular del
mencionado despacho el disfrute de vacaciones remuneradas entre el 14
de agosto y el 7 de septiembre de 2023, ello por haber trabajado de forma
ininterrumpida entre el 1 de octubre de 2021 y el 30 de septiembre de 2022.
6. 3) Mediante Resolución No. 13 de 21 de junio de 2023, el Juzgado 1
Promiscuo de Familia de Buenaventura concedió el disfrute de las
vacaciones de la señora Girón Arias, sin embargo, señaló que el disfrute
estaba supeditado a la expedición del certificado de disponibilidad
presupuestal que debió proferir la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial de Valle del Cauca, (se trascribe):
“Que verificado los requisitos establecidos en el Art 146 de la ley 270 de 1996
“Ley Estatutaria de la Administración de Justicia”, la citada DANIELA GIRON
ARIAS, cumple con dichos presupuestos para acceder a disfrutar de sus
vacaciones.
Que no obstante lo anterior, el disfrute de las vacaciones aquí reconocidas y
concedidas está supeditado a la expedición del respectivo certificado de
disponibilidad presupuestal que debe emanar de la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial del Valle del Cauca, para lo cual la referida servidora
judicial debe tramitar dicho documento y una vez le sea expedido o
facilitado allegarlo a este despacho, con el fin de proceder a designar el
respectivo reemplazo frente a ella.
Que lo anterior obedece a las necesidades del servicio, pues ha de tenerse
en cuenta que este estrado judicial tiene especialidad “promiscuo”, lo cual
significa que debe atender asuntos de familia y responsabilidad penal para
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adolescentes, por ende, la carga laboral es diferente a un juzgado de familia
que posee vacaciones colectivas. De igual forma, por la naturaleza de los
procesos que se dirimen, la mayoría son con prelación y relevancia legal y
constitucional, es decir que existen términos que no podemos dejar fenecer,
en razón no solo de la tutela judicial efectiva para los usuarios, sino también
por las implicaciones disciplinarias. Ejemplo Acción Constitucional, Sistema de
Responsabilidad Penal para Adolescentes y todos los asuntos que involucren
derechos de niños, niñas y adolescentes.
Que al no contar con el pluricitado certificado presupuestal, este juzgado se
ve abocado a que 4 de los 12 meses del año deba laborar con un empleado
menos y peor aun cuando en este despacho NO existe NI esta creado el
cargo de oficial mayor o sustanciador, como sí acontece en otros circuito
judiciales de igual envergadura, tales como Palmira, Buga, Roldanillo, Sevilla,
Cartago y Tuluá, en otras palabras, a diferencia de otros juzgados del Valle
del Cauca que tienen esta misma especialidad (Promiscuos de Familia)
estamos en desventaja o desigualdad, ya que mientras ellos tiene 6 servidores
por juzgado, en los Juzgados Promiscuos de Familia de Buenaventura solo
somos 5 (Juez, Secretario, Asistente Social, Escribiente y Citador), incluso los de
Buga tienen 2 escribientes a diferencia de este estrado judicial.”
7. 4) El 26 de junio de 2023, la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Cali, mediante Oficio No. DESAJCLO23-2527,
adujó que no le está dado gestionar recursos presupuestales para
reemplazos por vacaciones de empleados judiciales. Sin embargo, aclaró
que el disfrute de vacaciones era una situación administrativa que debía
ser concertada entre el empleado judicial y el nominador y que este último
no se puede negar bajo argumentos de carácter administrativo o
presupuestal a conceder las mismas. Dicha decisión tuvo como
fundamento la Circular No. PSAC11-44 de 2011, la cual dispone que, la
gestión de recursos para el nombramiento de reemplazos por vacaciones
individuales solamente aplicaba a funcionarios judiciales.
8. Como fundamento de la vulneración la parte actora considero que
la autoridad accionada vulneró sus derechos al trabajo en condiciones
dignas, igualdad y seguridad social al no expedir el certificado de
disponibilidad presupuestal para cubrir el nombramiento de un empleado
judicial que la reemplazara durante el periodo de vacaciones. Señalo que,
ante la falta de expedición de CDP para disponer de un reemplazo por
vacaciones, los demás empleados y funcionarios del despacho se verían
sobrecargados en sus actividades.
1.2. Fallo de primera instancia e impugnación
9. Mediante Sentencia de 3 de agosto de 2023, la Sección Quinta del
Consejo de Estado amparó los derecho de la señora Giron Arias y, en
consecuencia, ordenó, de un lado, a la Dirección Seccional de
Administración Judicial de Cali que realizara todas las gestiones
administrativas necesarias para la expedición de un certificado de
disponibilidad presupuestal (CDP) que garantizara el remplazo de la parte
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actora durante el periodo de vacaciones y, por el otro, al Juez 1 Promiscuo
de Familia de Buenaventura que, una vez reciba el mencionado CDP, se
pronuncie sobre la concesión del disfrute de las vacaciones de la
accionante.
10. Para ello, concluyó que la negativa de conceder el disfrute de las
vacaciones se dio ante la imposibilidad de nombrar un reemplazo de la
señora Girón Arias, razón que no resulta admisible, comoquiera que
constituye una restricción de índole administrativo que no puede ser
soportada por la empleada, toda vez que la administración no puede
trasladar a los trabajadores el ejercicio de su propia función, más cuando
el único requisito para disfrutar de las vacaciones es que estas se hubieran
causado, tal como ocurrió en este caso.
11. La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali
presentó escrito de impugnación en el que señaló que no vulneró los
derechos de la parte actora, toda vez que, por su parte, no puede expedir
el certificado de disponibilidad presupuestal, no solo porque los rubros no
se encuentran contemplados para gastos de vacaciones individuales, sino
también porque la Circular PSAC11-44 del 23 de noviembre de 2011 del
Consejo Superior de la Judicatura reglamentó las vacaciones de los
funcionarios judiciales y no de los empleados. Advirtió que, cuando se trata
del régimen de vacaciones individuales era al nominador a quien le
corresponde definir el goce y disfrute de las vacaciones y el hecho de que
no exista presupuesto por reemplazo de vacaciones no es razón suficiente
para que niegue a sus empleados el disfrute de las mismas.
2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Contenido: 2.1. Procedencia de la acción de tutela. 2.2. Verificación de la afectación de
derechos alegada. 2.3. Conclusión.
2.1. Procedencia de la acción de tutela
12. En el presente caso, se cumplieron los requisitos de procedencia de
la acción de tutela porque esta se orientó a obtener la protección de los
derechos fundamentales3 al trabajo en condiciones dignas, igualdad y
seguridad social.
13. Daniela Girón Arias es la titular de los derechos invocados como
violados, por lo cual, se tiene por acreditada la legitimación activa en la
causa4. No obstante, no sobra aclarar que, en la presente decisión nada se
resolverá en lo que respecta al argumento de que, ante la falta de
3 Decreto 2591 de 1991. Artículo 2, en concordancia con el artículo 5 y los numerales 2 y 3 del artículo 6 ibídem.
4 Decreto 2591 de 1991. Artículos 10 y 13, en concordancia con el artículo 1 ibídem.
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expedición del CDP para el nombramiento de un remplazo durante sus
vacaciones, sus compañeros de despacho se verán sobrecargados de
trabajo, pues (1) a ella no fue conferido poder alguno para representar los
intereses de aquellos y (2) no se advierte que se configuren los supuestos
que hicieran procedente tenerla como agente oficiosa de los mismos5.
14. De igual manera, la Dirección Seccional de Administración Judicial
de Cali, tiene legitimación pasiva en la causa6, porque de esta autoridad
se predica la vulneración y de sus competencias se advierte relación con
el presente asunto.
15. Frente al requisito de subsidiariedad7, la Sala lo tendrá por superado
por no existir recurso idóneo y eficaz que permitiera a la parte actora
alegar los reparos planteados vía tutela y procurar la defensa de los
derechos presuntamente vulnerados, pues, dado el objeto de la solicitud
de amparo (obtener el disfrute de vacaciones), los medios de control
previstos en el CPACA no resultaban eficaces dado el tiempo que implica
el desarrollo y trámite de un proceso judicial, de cara a la presunta
afectación de las garantías constitucionales al trabajo en condiciones
dignas, descanso y salud de la parte actora. Asimismo, no sobra aclarar
que no se advierte que se hagan reparos contra la la Circular PSAC11-44
del 23 de noviembre de 2011 del Consejo Superior de la Judicatura que
podrían ventilarse a través de un juicio de legalidad contra ese acto
administrativo.
16. En relación con el requisito de inmediatez8, este se satisface,
comoquiera que entre la expedición de las decisiones por las cuales se
negó la expedición del CDP para el reemplazo de la señora Girón Arias
(26/6/23) y la presentación de la acción de tutela (28/6/23), hubo un plazo
razonable.
2.2. Verificación de la afectación de derechos alegada
17. La Sala modificará la decisión de primer grado, en el sentido de
confirmar el amparo de los derechos de Daniela Girón Arias y ordenar la
titular del despacho donde trabaja la parte actora (nominador) que
conceda y/o permita el disfrute de las vacaciones solicitadas sin
supeditarlas a cargas administrativas – presupuestales, pero revocará lo
relativo a la orden de expedición del certificado de disponibilidad
5 Aunado a ello, debe aclarase que nada impide que, eventualmente, los demás empleados y funcionarios que
deban permanecer en el despacho judicial, durante el periodo de vacaciones, inicien las acciones o
mecanismos que estimen pertinentes para obtener la protección de sus derechos laborales y constitucionales.
6 Ídem
7 Decreto 2591 de 1991. Artículo 6 (numeral 1).
8 Decreto 2591 de 1991. Artículo 6 (numeral 4).
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presupuestal para garantizar el reemplazo de aquella durante dicho
periodo, por las razones que pasan a explicarse.
18. En primer lugar, debe señalarse que, de conformidad con los
documentos que reposan en el expediente, está demostrado que la
señora Girón Arias trabaja como secretaria nominada del Juzgado 1
Promiscuo de Familia de Buenaventura; pertenece al régimen de
vacaciones individuales; y tiene causado, a su favor, un periodo de
vacaciones por haber trabajado de forma ininterrumpida entre el 1 de
octubre de 2021 y el 30 de septiembre de 2022, las cuales fueron solicitadas
ante la titular del despacho donde presta sus servicios.
19. Igualmente, logró advertirse, tal como lo hizo en su momento el juez
de tutela de primera instancia, que la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Cali, mediante Oficio No. DESAJCLO23-2527 de
26 de junio 2023, indicó que no era posible expedir un CDP para autorizar el
reemplazo de las vacaciones de la mencionada empleada, comoquiera
que la Circular PSAC11-44 de 23 de noviembre de 2011 de la Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, previó esa figura para
el caso de los funcionarios judiciales, no para los empleados.
20. En ese orden, debe precisarse que la causación del derecho al
descanso (vacaciones) de Daniela Girón Arias no fue objeto de discusión,
ni en el trámite administrativo, ni en la primera instancia de la presente
acción de tutela.
21. Al respecto, la Sala estima necesario indicar, tal como lo ha hecho
en decisiones anteriores9, que el derecho al descanso es una garantía
fundamental reconocida expresamente en el artículo 53 de la Constitución
Política y está relacionada con la dignidad humana y el derecho al trabajo
en condiciones dignas que se manifiesta, por ejemplo, en las vacaciones
del trabajador, las cuales son irrenunciables. En palabras de la Corte
Constitucional, (se trascribe):
“[…] el derecho al descanso conviene entenderlo como la oportunidad que
se le otorga al empleado para reparar sus fuerzas intelectuales y materiales,
para proteger su salud física y mental,10 para compartir con su familia mayores
9 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, Sentencias de 4 de octubre de 2021. Rad. 11001-03-15-000-
2021-05802-00; 8 de noviembre de 2021, Rad. 11001-03-15-000-2021-04360-00; 8 de noviembre de 2021, Rad.
11001-03-15-2021-04569-00; 29 de noviembre de 2021, Rad. 11001-03-15-000-2021-05027-01; 28 de abril de 2022,
Rad. 11001-03-15-000-2021-11326-01; 4 de mayo de 2022, Rad. 11001-03-15-000-2021-11201-00; 15 de junio de 2022,
Rad. 11001-15-03-000-2022-00816-01; 15 de septiembre de 2022, Rad. 05001-23-33-000-2022-00726-01; 29 de
septiembre de 2022, Rad. 11001-03-15-000-2022-02759-01; 29 de septiembre de 2022, Rad. 11001-03-15-000-2022-
04611-00; 20 de octubre de 2022, Rad. 11001-03-15-000-2022-03225-01; 20 de octubre de 2022, Rad. 05001-23-33-
000-2022-00973-01;19 de enero de 2023, Rad. 11001-03-15-000-2022-05787-00; 24 de abril de 2023, Rad. 73001-23-
33-000-2023-00039-01; 2 de mayo de 2023, Rad. 11001-03-15-000-2022-05893-01; 20 de junio de 2023, Rad. 73001-
23-33-000-2023-00149-01, entre otras.
10 Sobre el carácter vital de las vacaciones dijo la Corte en sentencia T-229 de 1997: “Esta Corporación considera
que el carácter de las vacaciones, y del descanso en sí, es de vital importancia para la existencia y la salud de
los trabajadores, y desde tiempos inmemoriales el hombre ha luchado por obtener el reconocimiento legal y la
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y mejores espacios de encuentro fraternal, para abordar actividades idóneas
al solaz espiritual, para incursionar más en la lectura y el conocimiento, y, a
manera de posibilidad estética, para acercarse paulatinamente al hacer
artístico en sus múltiples manifestaciones. Sin desconocer que tales propósitos
requieren para su materialización de apoyos institucionales que envuelven lo
económico, al igual que el aporte personal que cada cual pueda y quiera
hacer en pro de sus intereses y de la familia de la cual forme parte. En todo
caso, dado que el derecho al descanso es un derecho fundamental, se
impone en cabeza del Estado proveer a su realización práctica a través de
sus políticas, de su legislación, de la ejecución de ésta, y por supuesto, al tenor
de la función controladora”11
“Frente al contenido del derecho al descanso, la jurisprudencia de esta
corporación también se ha pronunciado en distintas ocasiones y ha
destacado que constituye un derecho fundamental del trabajador12,
irrenunciable13 y que es susceptible de protección mediante la acción de
tutela14: Asimismo, en la sentencia C-171 de 2020, la Corte precisó que el
derecho al descanso (i) tiene como propósito que durante un tiempo
determinado el trabajador cese sus actividades laborales y se recupere del
desgaste que genera la prestación del servicio, lo cual no solo redunda en el
necesario equilibrio de su calidad de vida, sino que, además, le permite
concretar y avanzar en su proyecto vital. Por lo demás, se especificó que este
derecho (ii) se materializa a través de la limitación de la jornada máxima de
trabajo, el otorgamiento del descanso semanal y la consagración de un
período de vacaciones anuales. Finalmente, (iii) se resaltó que, una vez
causado el período de vacaciones, «el trabajador puede entonces disfrutar
del descanso remunerado y, de esta forma, materializar los postulados
contenidos en los artículos 1 y 25 de la Constitución [,] en lo referente a la
dignidad humana y al trabajo en condiciones dignas y justa».”15
22. En ese orden de ideas, se respalda la postura adoptada por la
Sección Quinta del Consejo de Estado de amparar los derechos de
Daniela Girón.
23. Sin embargo, en lo que respecta a las órdenes a impartir derivadas
de dicho amparo, la Sala (1) confirmará la orden dada a la nominadora
que conceda las vacaciones solicitadas, sin que ello quede supeditado a
la expedición de un CDP y (2) revocará la dirigida a las Direcciones
Seccional – Cali y Ejecutiva de Administración Judicial16, relacionada con
la expedición de dicho certificado, comoquiera que:
24. En primer lugar, no resulta constitucionalmente admisible que la
concesión de las vacaciones, así como el respectivo disfrute, se supedite a
protección del derecho al descanso. Tan importante es el mencionado derecho, que científicamente se ha
demostrado que cuando un hombre trabaja de manera continua, sin descanso alguno, su salud física y mental
puede afectarse”.
11 Corte Constitucional, Sentencia C-19 de 2004.
12 Corte Constitucional, sentencias C-710 de 1996, T-837 de 2000, C-019 de 2004, C-035 de 2005 y C-1005 de 2007.
13 Corte Constitucional, sentencia T-837 de 2000.
14 Corte Constitucional, sentencias T-837 de 2000 y C-1005 de 2007.
15 Corte Constitucional, Sentencia C-103 de 2021.
16 Al consultar en SAMAI, se constató que a través de Auto de 4 de julio de 2023, la Sección Quinta del Consejo
de Estado resolvió vincular a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Nivel Central “la cual, con
fundamento en las funciones que tiene asignadas según lo dispuesto en el artículo 98 de Ley 270 de 1996 debe,
entre otras, ejecutar labores administrativas tales como la provisión de recursos para los reemplazos que se
requieran con ocasión a la solicitud del derecho al descanso de los empleados judiciales que tengan un
régimen individual de vacaciones. En ese orden, se ve la necesidad de vincular, en calidad de demandada a la
mencionada autoridad.”
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cargas administrativas (aspectos presupuestales para garantizar el
nombramiento de un remplazo) que no está llamado a soportar el
trabajador. Por lo tanto, dejar la orden dirigida al nominador al pendiente
de que obtenga el CDP para designar un remplazo, igualmente resulta
vulneratorio de las garantías laborales de orden constitucional. En
consecuencia, la Sala ordenará que, sin dilación alguna, luego de
verificados los requisitos que exige la ley para ello, se concedan las
vacaciones.
25. En otras palabras, supeditar la orden judicial de concesión de
vacaciones a la expedición del CDP, como venía haciéndose, resulta ser
un contrasentido, pues el disfrute del aludido derecho seguiría igualmente
atado a la suerte y retardo de la gestión administrativa que deba
adelantarse ante las direcciones seccionales y Ejecutiva de Administración
Judicial para obtener dicho certificado.
26. Ahora bien, en lo que respecta a la orden de expedición de CDP, la
Sala revocará la misma, dada por el juez de primera instancia, y negará
dicha pretensión ya que (1) la acción de tutela no es el medio idóneo para
dictar órdenes que impliquen erogaciones y/o apropiaciones
presupuestales y (2) la falta de nombramiento de un remplazo en el cargo
que desempeña la parte actora y la eventual congestión a la que se vería
enfrentado el respectivo despacho judicial durante el periodo de
vacaciones son problemáticas propias del mismo aparato de judicial, que
necesariamente deberá superarse para lograr una eficiente y adecuada
prestación del servicio de justicia, sin que ello no pueda perjudicar al
trabajador que ha prestado sus servicios de forma interrumpida durante un
año de servicio.
27. Es decir, las problemáticas derivadas de la situación administrativa
que se produce por la salida a vacaciones de un empleado o funcionario,
de cara a la prestación del servicio, son aspectos que se salen de la órbita
de amparo de la acción de tutela presentada por quien vio vulnerados sus
derechos al trabajo en condiciones dignas, igualdad y seguridad social.
28. Aunado a ello, debe aclarase que nada impide que eventualmente
los demás empleados y funcionarios que deban permanecer en el
despacho judicial, durante el periodo de vacaciones, inicien las acciones
o mecanismos que estimen pertinentes para obtener la protección de sus
derechos laborales y constitucionales.
29. Debido a que se trata de una problemática reiterada y extendida
que afecta a todos los servidores judiciales que se encuentran en tales
situaciones, a tal punto que por ese motivo se han presentado una gran
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cantidad de acciones de tutela por hechos similares sin que la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial y el Consejo Superior de la Judicatura,
como representantes de la Rama Judicial para tales efectos, hayan
dictado medidas suficientes para conjurar dicha situación, se les exhortará
para que adopten las decisiones necesarias y expidan los actos
correspondientes con el fin de solucionar de una vez por todas las
situaciones administrativas y el derecho al descanso de todos los servidores
de la Rama Judicial a quienes dicha garantía se les ha negado, sin que
con las nuevas medidas a adoptar se afecte la debida, oportuna y
adecuada prestación del servicio de administración de justicia en los
despachos o dependencias de los que hacen parte.
2.3. Conclusión
30. Por las consideraciones expuestas, esta Sala modificará la decisión
de primer grado proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, en
el sentido de confirmar el amparo de los derechos de la parte actora,
ordenar al nominador que conceda, sin mayor dilación, las vacaciones
solicitadas y revocar la orden de expedición del CDP.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Subsección B de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: MODIFICAR el numeral tercero de la Sentencia de 3 de agosto
de 2023 de la Sección Quinta del Consejo de Estado, para que en su lugar
disponga:
TERCERO. ORDENAR al Juez 1 Promiscuo de Familia de Buenaventura
que, en un plazo de cuarenta y ocho (48) horas, a partir de la
notificación de esta providencia, conceda las vacaciones solicitadas
por Daniela Girón Arias.
SEGUNDO: CONFIRMAR en todo lo demás la providencia objeto de
impugnación.
TERCERO: EXHORTAR al Consejo Superior de la Judicatura y a la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial para que adopten las decisiones
necesarias y expidan los actos administrativos correspondientes con el fin
de solucionar de una vez por todas las situaciones administrativas y el
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-03463-01
Demandante: Daniela Girón Arias
Demandado: Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Valle del Cauca
Naturaleza: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Modifica
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derecho al descanso de todos los servidores de la Rama Judicial a quienes
dicha garantía se les ha negado, sin que con las nuevas medidas a
adoptar se afecte la debida, oportuna y adecuada prestación del servicio
de administración de justicia en los despachos o dependencias de los que
hacen parte.
CUARTO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la
decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier
solicitud contra la misma deberán dirigirla, dentro del término legal, al
correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin17.
QUINTO: REMITIR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
SEXTO: Por Secretaría General de esta Corporación, PUBLICAR la
presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
NOTIFÍQUESE, CÓPIESE Y CÚMPLASE
Fallo discutido y aprobado en sesión de Sala de la misma fecha.
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
FREDY IBARRA MARTÍNEZ MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA
17 secgeneral@consejodeestado.gov.co.
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