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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-03489-00

Fecha
10 de agosto de 2023
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-03489-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: DENEGAR la solicitud de desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva presentada por la PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo constitucional de la referencia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia. TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 26 Número único de radicación: 110010315000-2023-03489-00 Actor: ANTONIO MUSIRI GUTIÉRREZ CUARTO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2023-03489-00

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

10 de agosto de 2023

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., diez (10) de agosto de dos mil veintitrés (2023)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 110010315000-2023-03489-00
Referencia: Acción de tutela
Actor: ANTONIO MUSIRI GUTIÉRREZ

TESIS: SE DECLARA IMPROCEDENTE LA ACCIÓN DE TUTELA POR
CARECER DEL REQUISITO GENERAL DE LA SUBSIDIARIEDAD.
ACTOS ADMINISTRATIVOS MEDIANTE LOS CUALES SE NEGÓ
TRASLADO DE NOTARIO.

DERECHOS FUNDAMENTALES: AL DEBIDO PROCESO, A LA
IGUALDAD, AL MÉRITO, A LA SALUD, A LA FAMILIA Y A LA
DIGNIDAD HUMANA.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la solicitud de tutela presentada por el actor contra la

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA y el CONSEJO SUPERIOR DE

LA CARRERA NOTARIAL.

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Número único de radicación: 110010315000-2023-03489-00
Actor: ANTONIO MUSIRI GUTIÉRREZ

I.- ANTECEDENTES

I.1.- La solicitud

El señor ANTONIO MUSIRI GUTIÉRREZ, actuando en nombre

propio, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86

de la Constitución Política, solicitó la protección de sus derechos

fundamentales, al debido proceso, a la igualdad, al mérito, a la salud,

a la familia, a la dignidad humana y al principio de progresividad

laboral, los cuales, a su juicio, le fueron vulnerados por la

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA y el CONSEJO SUPERIOR DE

LA CARRERA NOTARIAL, con ocasión de la negativa que ha

recibido a ser trasladado en interinidad como NOTARIO ÚNICO DE

MAICAO.

I.2.- Hechos

Manifestó que participó en el concurso para nombramiento de

notarios convocado en el año 2010, en el cual logró hacer parte de

las listas de elegibles para ocupar los cargos de notario de primera,

segunda y tercera categoría.

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Actor: ANTONIO MUSIRI GUTIÉRREZ

Mencionó que, teniendo en cuenta las vacantes ofertadas, el 3 de

abril de 2012 tomó posesión en propiedad como NOTARIO ÚNICO

DE MAICAO, círculo de tercera categoría.

Indicó que el CONSEJO SUPERIOR DE LA CARRERA NOTARIAL

tuvo como práctica retirar a los integrantes de las listas al

concursante, una vez era nombrado en propiedad, independiente de

la categoría a la que hubiese optado.

Adujo que durante los meses de agosto y noviembre de 2022, en

ejercicio del derecho de preferencia1 solicitó al CONSEJO

SUPERIOR DE LA CARRERA NOTARIAL y la PRESIDENCIA DE

LA REPÚBLICA su traslado en interinidad a la NOTARÍA ONCE DE

BARRANQUILLA de primera categoría, comoquiera que su titular

llegó a la edad de retiro forzoso.

Explicó que a través de Oficio OAJ-2450 de 29 de 2022, la Secretaría

Técnica del órgano aludido le informó que en la vacante referida se

había nombrado en interinidad a una persona, no obstante, que como

1
Conforme con el numeral 3 del artículo 178 del Estatuto Notarial, es una prerrogativa de los notarios
de carrera, de “[…] Preferencia para ocupar, a solicitud propia y dentro de la misma circunscripción
político - administrativa, otra Notaría de la misma categoría que se encuentre vacante […]”.

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consecuencia de las solicitudes de preferencia allegadas por los

notarios de carrera que cumplían con los requisitos previstos en el

numeral 3 del artículo 178 del Decreto Ley 960 de 20 de junio 19702,

sería postulada para dicha plaza en propiedad la señora GLORIA

ELENA AGUDELO, Notaria Décima del Círculo de Barranquilla.

Precisó que a través de Oficio OAJ-2916 de 30 de noviembre de 2022,

en atención de otros requerimientos que ha efectuado sobre el tema,

el referido órgano le informó que conforme con la norma aludida el

derecho de preferencia solo procedía frente al personal que: i) se

encuentre en carrera notarial; ii) aspire a una notaría vacante en la

misma circunscripción; y, iii) pertenezca a la misma categoría.

Agregó que, bajo los anteriores preceptos, también le negaron un

traslado a Riohacha, dando prelación para nombramientos en

provisionalidad a personas que no hacen parte de la carrera notarial.

I.3.- Fundamentos de la solicitud

Arguyó que estima vulnerados sus derechos fundamentales, porque

2
“Por el cual se expide el Estatuto del Notariado”

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“[…] pese a que cumplo en demasía con los requisitos para ser

nombrado en interinidad, demostrando con claridad la vacancia de

notarías vacantes, en donde debería nombrarse personas con

experiencia y que vengan en ejercicio de la carrera notarial, para

mayor garantía de un buen servicio, se opte por pretermitirse el

procedimiento lógico […]”.

Comentó que la vulneración a los derechos de carrera resulta

evidente, porque ante la existencia de una vacante siempre se

designan a personas ajenas a la carrera notarial, sin que se dé

aplicación al derecho de preferencia.

Expuso que es necesario que el derecho de preferencia tenga un

alcance nacional, “[…] muy superior al de la limitante que establece

el orden regional del Decreto 960 de 1970 y en ese rango

constitucional amparar el derecho de nombramiento con traslado,

pretendido […]”.

Argumentó que ha solicitado su “[…] promoción provisional o en

interinidad […]” a Barranquilla porque allí viven su esposa e hijos,

además porque en esa ciudad recibe tratamientos especializados por

la pérdida de audición en su oído derecho.

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Comentó que las distancias entre su lugar de trabajo y la ciudad de

Barranquilla “[…] dificultan y generalmente me imponen aplazar los

controles médicos […] por supuesto, por el cumplimiento de la

función notarial […]”.

Concluyó que en ese orden de ideas solicitaba que se ordenara su

nombramiento de forma interina o provisional en la Notaría Once de

Barranquilla, o en cualquiera que fuese cercana a esta ciudad.

I.4.- Pretensiones

Como consecuencia de lo anterior, el actor pretende lo siguiente:

“[…] PRIMERA: sírvanse tutelar y amparar los derechos
fundamentales al debido proceso, al mérito, a la carrera notarial
material y efectiva, a la dignidad humana y a la progresividad
laboral, que vienen siendo vulnerados por el señor presidente
GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO en su condición de
nominador de notarios de primera categoría y el CONSEJO
SUPERIOR DE LA CARRERA NOTARIAL como encargado de
dirigir y administrar la carrera notarial para todo el notariado
colombiano.

SEGUNDA: que se ordene el nombramiento o encargo en
provisionalidad o interinidad del Notario Único de Maicao la
Guajira, ANTONIO MUSIRI GUTIERREZ (de tercera categoría
no subsidiado), en su condición de notario de carrera, en la
vacante definitiva de la Notaría Once del Círculo Notarial de
Barranquilla, o la que hubiere vacante en esa ciudad mientras
dure la convocatoria y concurso de méritos para ocuparlo por
mérito quien resulte ganador.

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TERCERA: Que subsidiariamente y en la medida que tal vacante
no sea posible por circunstancias superiores a las del derecho de
carrera y movimientos con personal de carrera a ese círculo
notarial de Barranquilla en la Notaría Once o la que tuviere
vacante […] se hagan el nombramiento en provisionalidad o
interinidad en la ciudad de Cartagena, Santa Marta, Montería o
Sincelejo […]. También pido que subsidiariamente se me nombre
o encargue dentro de la circunscripción política territorial de la
Guajira como Notario Segundo de Riohacha, notaría de primera
categoría […] o una notaría de segunda categoría de la ciudad
de Soledad […].

CUARTA: que se diga en la decisión que Antonio Musiri Gutiérrez
es notario en propiedad o de carrera de la Notaría Única de
Maicao, Notaría de Tercera categoría.

QUINTA: que se asigne en encargo de la Notaría Tercera de
Maicao, en ausencia del notario titular que ejerce ese cargo
propiedad y mientras dure su encargo o nombramiento en otra
notaría, para que, en primer orden, lo remplace quien ocupa el
cargo de protocolista y notaria encargada, JASMINE MENDOZA
LÓPEZ […]

SEXTA: Que la pretensión principal es la ciudad de Barranquilla
o la más próxima a ella por lo anterior mente manifestado y
además por razones familiares y de salud […]”.

I.5.- Defensa

I.5.1.- El CONSEJO SUPERIOR DE LA CARRERA NOTARIAL

indicó que los nombramientos en interinidad proceden cuando: i) se

convoca a concurso de méritos y este es declarado desierto; ii)

mientras se hace nombramiento en propiedad; y, iii) cuando el

encargo se prolongue más de tres meses.

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Explicó que, por su parte, los nombramientos en propiedad

acontecen cuando un aspirante es seleccionado por concurso de

méritos o cuando un notario de carrera ejerce el derecho de

preferencia previsto en el numeral 3 del artículo 178 del Estatuto

Notarial.

Explicó que, conforme con la referida norma, para el ejercicio del

derecho de preferencia, el interesado debe solicitar el nombramiento

respecto de una notaría de la misma circunscripción político-

administrativa, además que aquella sea de la misma categoría.

Destacó que la preferencia es un derecho de carrera que conlleva la

designación en propiedad en otra notaría siempre y cuando, se

cumplan los requisitos referidos, por lo que producto de dicha

garantía no es posible designar en encargo o en interinidad como lo

quiere hacer ver el accionante.

Arguyó que, en relación con la Notaría Once de Barranquilla, como

consecuencia de las solicitudes de preferencia allegadas, mediante

Decreto 1108 de 4 de julio de 2023, el Gobierno Nacional nombró en

propiedad a la señora GLORIA ELENA AGUDELO, quien venía

fungiendo como Notaria Décima de ese Círculo notarial.

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Adujo que, en relación con los demás círculos notariales aludidos en

el escrito introductorio, en su sentir, “[…] los argumentos en los que

sustenta el actor el derecho a ser designado no guardan relación

directa con la naturaleza misma de su cargo ni con la presunta

vulneración alegada […]”.

Anotó que las Notarías Cuarta de Cartagena y Tercera de Montería

se encuentran vacantes y en proceso de legalización de

nombramientos en interinidad, mientras que la Notaría Primera de

Sincelejo está en espera de resultado de un trámite de derecho de

preferencia, sin que haya vacantes en los círculos de Soledad ni la

Guajira.

I.5.2.- La PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA sostuvo que, por

medio de oficio de 16 de agosto de 2022, remitió a la Secretaría

Técnica del Consejo Superior de la Carrera Notarial la petición de

traslado del actor.

Agregó que carece de legitimación en la causa por pasiva,

comoquiera que “[…] el nombramiento de notarios y todo lo

relacionado es competencia del Consejo Superior de la Carrera

Notarial, y de la Superintendencia de Notariado y Registro […]”,

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conforme con el Decreto 2163 de 17 de junio 20113.

Comentó que, en lo que concernía al derecho fundamental al debido

proceso, el actor no precisó la manera en que se configuró la

vulneración, además porque no demuestra que esté en trámite algún

procedimiento en el que se estén desconociendo las normas

respectivas.

II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de

conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de

abril de 2021 y en virtud del artículo 2º del Acuerdo número 377 de

11 de diciembre de 2018 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que

regula la distribución de las acciones de tutela entre las Secciones; y

del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de la misma

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“Por el cual se modifica la estructura de la Superintendencia de Notariado y Registro y se determinan
las funciones de sus dependencias.”

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Sala, que asigna a esta Sección el conocimiento de las acciones de

tutela.

Cuestión previa

La Sala pone de presente que previo al planteamiento del problema

jurídico, resulta necesario precisar los extremos de la litis para

efectos de determinar, tanto el punto de derecho en discusión, como

el alcance del contenido de la sentencia.

La Sala advierte que la PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA solicitó

que se le desvincule del presente caso, por falta de legitimación en

la causa por pasiva.

Cabe señalar que la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001

de 30 de noviembre de 2006, se refirió a la falta de legitimación en

la causa por pasiva en los siguientes términos:

“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta
Corporación en la Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio
Hernández, dijo lo siguiente:

“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la
sentencia de fondo porque otorga a las partes el derecho a que
el juez se pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor

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y las razones de la oposición por el demandado, mediante
sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación
en la causa es una calidad subjetiva de las partes en relación
con el interés sustancial que se discute en el proceso. (…).

La legitimación pasiva se consagra como la facultad
procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de
desconocer o controvertir la reclamación que el actor le
dirige mediante la demanda sobre una pretensión de
contenido material.

Si bien la tutela se establece por la Constitución como un
proceso preferente y sumario, con ello no se quiso
consagrar un instrumento judicial carente de garantías
procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal
sirvan de excusa para desconocer los derechos de las
partes o de los terceros, de manera que en dicho proceso,
como en cualquier otro, el juez debe lograr que la
actuación se surta sin vulnerar los principios de legalidad
y contradicción.

La identificación cabal del demandado es una exigencia
que tanto la Constitución como el Decreto 2591 de 1991
avalan. Según aquélla, la acción de tutela se promueve
contra autoridad pública y, en ciertos casos, contra los
particulares por la acción u omisión que provoque la
violación de los derechos fundamentales de las personas,
y lo mismo señala el segundo estatuto."[[2]]. (Negrilla fuera
de texto).

Y más adelante, en sentencia T-519 de 2001 M.P. Clara Inés
Vargas, esta misma Corporación anotó que: "... cuando del
trámite procesal se deduce que el demandado no es responsable
del menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no
puede, bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su
contra. La legitimación por pasiva de la acción de tutela se
rompe cuando el demandado no es el responsable de realizar la
conducta cuya omisión genera la violación, o cuando no es su
conducta la que inflige el daño […]” (Destacado de la Sala).

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En el presente caso, independientemente de la prosperidad o no de

la solicitud de amparo, comoquiera que en el escrito introductorio el

actor formuló pretensiones contra la PRESIDENCIA DE LA

REPÚBLICA, es claro que existe una situación jurídico procesal que

le vincula al presente asunto, razón por la cual debía ser notificada

y, por ende, no se le desvinculará del presente trámite como en

efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución

Política, fue instituida para proteger en forma inmediata los derechos

constitucionales fundamentales cuando estos resulten vulnerados o

amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o

particular, en los casos previstos en el artículo 42 del Decreto Ley

2591 de 19 de noviembre de 19914. Dicha acción se establece como

instrumento subsidiario, es decir, que solo procede cuando el

afectado no dispone de otros medios de defensa judicial, salvo que

se utilice como mecanismo transitorio, con miras a evitar un perjuicio

irremediable.

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«Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política».

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Caso concreto

En el presente caso, el actor instauró la acción de tutela con el fin de

obtener el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso,

a la igualdad, al mérito, a la salud, a la familia y a la dignidad

humana, los cuales, a su juicio, le fueron vulnerados por las

autoridades accionadas, por no acceder a su solicitud de traslado en

interinidad como notario en carrera de la Notaría Única de Maicao a

la Notaría Once de Barranquilla.

Como fundamentos de la solicitud de amparo el actor expuso que, en

virtud del derecho de preferencia previsto en el régimen notarial,

teniendo en cuenta que es un notario de carrera debe darse prelación

para que se le nombre en interinidad en la notaría a ludida o cualquier

otra que pretenda y se encuentre vacante, sin importar la categoría

ni la circunscripción político-administrativa.

Además, el actor sostuvo que requiere el traslado a la notaría aludida

o a cualquier otra cercana a Barranquilla, porque es en esta ciudad

donde vive su familia, además donde recibe tratamiento de la pérdida

de audición en su oído derecho.

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Precisado lo anterior, el problema jurídico que debe resolver la Sala

consiste en establecer si el presente caso cumple con los

presupuestos generales de procedibilidad de la acción de tutela y, de

ser así, determinar si las autoridades accionadas vulneraron los

derechos deprecados al haberle negado al actor una solicitud de

traslado.

De la improcedencia de la acción de tutela por carencia del

requisito de subsidiariedad

El artículo 6º del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 1991, «Por el

cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86

de la Constitución Política», prevé como causal de improcedencia que

«existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo

que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un

perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será

apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las

circunstancias en que se encuentra el solicitante» (Subrayas y

negrillas fuera del texto).

Lo anterior significa que este mecanismo de amparo ostenta un

carácter excepcional y subsidiario, pues solo es procedente

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cuando el interesado no cuenta con otros medios jurisdiccionales

para que sus peticiones sean examinadas, a menos que, existiendo

tales mecanismos, esta acción se instaure en forma transitoria, en

aras de obtener una protección urgente e inmediata de sus derechos.

Así pues, el no atender dicho carácter excepcional y subsidiario,

afecta el ordenamiento jurídico, habida cuenta que la garantía de los

derechos fundamentales no sería examinada por su juez natural

idóneo para resolver las controversias jurídicas de acuerdo con las

competencias establecidas por el legislador.

No obstante, solo en caso de que se vislumbre la ocurrencia de

un perjuicio irremediable, el Juez Constitucional podría

intervenir, pero únicamente para la protección de los derechos

fundamentales que encuentre amenazados o vulnerados, de lo

contrario «deberá declarar la improcedencia de la acción de

amparo y en consecuencia se exhortará a los tutelantes para que se

dirijan ante el juez ordinario que de manera preferente debe conocer

del fondo del asunto.»5 (Subrayas y negrillas fuera del texto).

5 Corte Constitucional, sentencia T-175 de 14 de marzo de 2011, Magistrado Ponente Jorge Iván Palacio
Palacio.

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Con todo, la jurisprudencia de la Corte Constitucional 6 en reiteradas

oportunidades ha reconocido que cuando se controviertan actos

administrativos referentes al traslado, el juez constitucional de

manera excepcional podrá analizar el asunto de fondo, siempre que

tal pronunciamiento resulta ostensiblemente arbitrario, que fuera

adoptado de forma intempestiva o que se vean afectados

directamente los derechos fundamentales invocados. En efecto, el

Alto Tribunal Constitucional ha discurrido sobre el particular de la

siguiente manera:

“[…] La Corte Constitucional ha sostenido que, en principio, la
acción procedente para controvertir actos relacionados con el
traslado, es la acción ordinaria respectiva, no obstante, de
manera excepcional ha señalado que podrá hacerlo el juez de
tutela cuando el traslado: «[…] (i) sea ostensiblemente
arbitrario, es decir, carezca de fundamento alguno en su
expedición, (ii) fuere adoptado en forma intempestiva y, (iii)
afecte en forma clara, grave y directa los derechos
fundamentales del actor o de su núcleo familiar […] »7.

Esto último sucede cuando la decisión de la administración
amenace de manera grave la situación del trabajador o de su
núcleo familiar, porque «[…] (i) el traslado tenga como
consecuencia necesaria la afectación de la salud del servidor
público o de alguno de los miembros de su núcleo familiar,
especialmente porque en la localidad de destino no existan
condiciones adecuadas para brindarle el cuidado médico
requerido; (ii) cuando la decisión de trasladar al trabajador es
intempestiva y arbitraria y tiene como consecuencia necesaria
la ruptura del núcleo familiar, siempre que no suponga
simplemente una separación transitoria u originada en
factores distintos al traslado o a circunstancias superables;

6
Sentencias T-060 de 13 de febrero de 2015, M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez, T-302 de 10 de
julio de 2019, M.P. Alejandro Linares Cantillo.
7
Corte Constitucional, sentencia T-109 de 2007.

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(iii) cuando quede demostrado que el traslado pone en serio
peligro la vida o la integridad personal del servidor púbico o
de su familia. En los anteriores eventos, la Corte ha enfatizado
que no toda implicación de orden familiar y económico del
trabajador causada por el traslado, tiene relevancia
constitucional y amerita la procedencia del amparo
transitorio. Las circunstancias completas deben revestir
particular gravedad, de manera tal que sea necesario el
concurso del juez constitucional para conjurar un perjuicio
irremediable […]”8.

Precisado lo anterior, la Sala advierte que está acreditado que el 10

de agosto de 2022, el actor solicitó al CONSEJO SUPERIOR DE

CARRERA NOTARIAL su traslado a la Notaría Once de Barranquilla,

así:

“[…] Asunto: Derecho de preferencia, mérito y traslado

Respetados consejeros:

[…]

El propósito del presente memorial es solicitar que se estudie la
conveniencia y legitimidad de otorgarme el reconocimiento al
Derecho de Preferencia por méritos, es decir por el hecho de
estar aforado con las prerrogativas de la carrera y que tal
reconocimiento a la preferencia de los notarios de carrera se
haga privilegiando el mérito […]

La notaría a la que pido un traslado que sustento en el mérito
probado, es la notaría once (11) de la ciudad de Barranquilla
[…]”

De igual forma, el 8 de noviembre de 2022, el actor solicitó a la

referida autoridad su traslado a la aludida notaría y de forma

8
Corte Constitucional, sentencia T-264 de 2005.

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subsidiaria a la Notaría Segunda de Riohacha, así:

“[…] insisto y solicito muy comedidamente a ese digno cuerpo
colegiado que opera como guardián de los derechos de carrera,
apruebe la procedencia de ser trasladado en provisionalidad a la
Notaría Once de Barranquilla por estar vacante el cargo de
notario y ser el suscrito solicitante Notario de Carrera.

9)Subsidiariamente pido se atienda la misma solicitud para
ocupar en forma provisional y mientras se realiza concurso de
méritos para cargos de notarios, además, por encontrarse
vacante el cargo de notario en forma definitiva por muerte de su
titular, se apruebe traslado en el cargo de notario a la notaría
segunda de Riohacha – La Guajira […]”

Por su parte, a través de Oficio OAJ-2450 de 29 de noviembre de

2022, el CONSEJO SUPERIOR DE CARRERA NOTARIAL resolvió:

“[…] Descendiendo al caso particular de la Notaría Once (11) del
Círculo Notarial de Barranquilla- Atlántico, se indica que la
vacancia del referido círculo notarial fue certificada el 30 de junio
de 2022, fecha para la cual, no existía lista de elegibles vigente
y no se adelantaba el procedimiento operativo para el ejercicio
del derecho de preferencia […]

Como consecuencia del estudio de las solicitudes de preferencia
allegadas por los notarios de carrera notarial que cumplieron con
los requisitos previstos en el numeral 3 del artículo 178 del
Decreto Ley 960 de 1970, y en cumplimiento de los lineamientos
dados por el Consejo Superior de la Carrera Notarial, la
Secretaría Técnica publicó certificación de resultados el 25 de
noviembre de la anualidad en curso, concluyendo que “para
proveer la vacante generada en la Notaría Once (11) del Círculo
Notarial de Barranquilla- Atlántico, será postulada la señora
Gloria Elena Agudelo, Notaria Decima 10 del Círculo de
Barranquilla […]”.

En el mismo sentido, mediante Oficio OAJ-2916 de 30 de noviembre

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de 2022, dicha autoridad comunicó al actor:

“[…] Frente al derecho de preferencia, tenemos que el mismo se
encuentra establecido en el numeral 3° del artículo 178 del
Decreto Ley 960 de 1970, donde el legislador estableció los
presupuesto para el ejercicio del Derecho de preferencia, a
saber, los siguientes: (i) encontrarse en carrera notarial y (ii)
aspirar a una notaría vacante ubicada en la misma
circunscripción político – administrativa respecto y (iii)
perteneciente a la misma categoría.
[…]
En lo referente a los numerales 4 y 9, es importante indicar que
respecto a la Notaría Segunda del Círculo Notarial de Riohacha,
el trámite de preferencia se adelantó conforme a las
normatividad vigente para el momento, esto es el Acuerdo 2 de
2020; y a través de oficio SNR2021IE001531 del 9 de febrero
de 2021 se informó a la Dirección de Administración Notarial de
la SNR, que, en la mentada notaría no se presentaron solicitudes
de preferencia, por lo que, se activó la facultad nominadora de
índole discrecional con la finalidad de dar una prestación
continua del servicio notarial.

Encontrando entonces, que en dicha notaría ya se cuenta con un
nombramiento en interinidad, y sobre el particular es importarte
traer a colación, lo establecido el artículo 145 del Decreto Ley
960 de 1970, que señala que la designación en interinidad
permanecerá hasta tanto se provea el cargo en propiedad, no
siendo viable, una la designación de un nuevo notario en
interinidad […]”.

Conforme con lo anterior, la Sala advierte que a través de las

decisiones en cita el traslado del actor fue negado, por una parte,

porque en la Notaría Once de Barranquilla había sido designada en

carrera otra notaria que cumplió con los requisitos del derecho de

preferencia previstos en el numeral 4 del artículo 178 del Estatuto

Notarial, además que en la Notaría Segunda de Riohacha ya se había

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efectuado un nombramiento en interinidad, no siendo procedente

otro de la misma naturaleza.

En ese orden de ideas, la presente acción de tutela es improcedente

por no cumplir el requisito general de la subsidiariedad comoquiera

que, en la medida en que el CONSEJO SUPERIOR DE LA CARRERA

NOTARIAL negó al actor su traslado por nombramiento interino a

través de los Oficios OAJ-2450 de 29 de noviembre y OAJ-2916 de

30 de noviembre de 2022, estos actos administrativos son

susceptibles de ser controvertidos a través del medio de control de

nulidad y restablecimiento del derecho, mecanismo en el cual se

puede solicitar la adopción de medidas cautelares incluso de urgencia

conforme con los artículos 229 y subsiguientes del CPACA.

Además, no se advierte que las referidas decisiones puedan llegar a

ser ostensiblemente arbitrarias, comoquiera que están motivadas en

situaciones fácticas y jurídicas puestas en conocimiento del actor, en

particular, en el hecho de que la vacante a la que aspiró en

Barranquilla fue suplida con otro notario en carrera, además en que

deben cumplirse con los requisitos previstos en el numeral 3 del

artículo 178 del Estatuto Notarial.

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Al respecto cabe anotar que, en relación con la improcedencia de

la acción de tutela para controvertir actos administrativos

relativos a traslados de personal, en sentencia de 7 de julio de

20239, en la que se reiteró la posición sobre el tema, esta Sala

señaló:

“[…] 34. Descendiendo al caso de la referencia, se advierte que
la parte actora aduce que las autoridades accionadas vulneraron
sus derechos fundamentales con ocasión de la expedición del
Oficio núm. 110 de 22 de noviembre de 2022, elaborado por la
funcionaria Claudia María Granados Rodríguez, proferido por
Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca, y de la
Resolución CJR23-0087 1° de marzo de 2023, proferida por
Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración de
Carrera Judicial. Mediante los actos administrativos citados con
antelación, las accionadas emitieron concepto desfavorable a la
solicitud de traslado elevada por la señora Cardona Vega.

35. En los actos administrativos aquí enjuiciados, se puso
de presente que no era posible emitir concepto favorable
de la solicitud de traslado elevada teniendo en cuenta que
el ahora accionante no allegó la última calificación de
servicios del cargo y despacho del que solicita el traslado,
tal como lo exige el artículo 13 del Acuerdo PCSJA17-
10754 de 2017.

36. Precisado lo anterior, y tal como se explicó en el acápite
VIII.3. de esta providencia, la acción de tutela, por regla
general, resulta improcedente cuando pretenda controvertir la
legalidad de los actos administrativos de contenido particular, en
razón a que los asociados cuentan con un medio de defensa
ordinario como lo es el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, el cual es el mecanismo idóneo
para solicitar la anulación y la suspensión de los actos de la
administración que lesionan el ordenamiento jurídico y, debido
a esto, afectan derechos fundamentales.

9
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 7 de junio
de 2023, CP Roberto Augusto Serrato Valdés, número único de radicación 1001-03-15-000-2023-
01317-01.

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37. Cabe mencionar que en este mismo sentido ya se ha
pronunciado esta Sala de Decisión, tal y como ocurrió en
recientes decisiones de fecha 12 de mayo de 2022, del 21
de octubre de 2022 y del 20 de enero de 2023; en donde
se planteó que los actos administrativos de carácter
particular que emiten concepto desfavorable a la solicitud
de traslado son susceptibles de demandarse y/o
cuestionarse ante la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, vía medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho.

38. Significa lo anterior que la aquí accionante cuenta con un
medio de defensa judicial, como lo es el medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho, a través del cual puede
discutir la legalidad de los actos administrativos en cuestión, en
el que, además, podrá solicitar medidas cautelares.

39. Siguiendo esa misma línea argumentativa, debe resaltarse
que la jurisprudencia tanto de esta Corporación como de la Corte
Constitucional han sido enfáticas en sostener que las medidas
cautelares previstas en los artículos 229 y s.s. de la Ley 1437 de
2011 resultan ser un medio de defensa idóneo y eficaz para
obtener la suspensión provisional de los actos administrativos
que se cuestionen ante la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, por lo que ya no es de recibo el argumento según
el cual los medios de control no son eficaces ni oportunos para
la salvaguarda de las garantías fundamentales […] “(Destacado
fuera de texto).

Ahora bien, con el fin de analizar si en el presente caso se configura

la existencia de un perjuicio irremediable que haga procedente la

acción de tutela como mecanismo transitorio, la Sala se remite a lo

dispuesto por la Corte Constitucional10:

“[…] A propósito del perjuicio irremediable, esta Corporación ha
precisado que éste debe reunir las siguientes
características: “debe ser inminente o próximo a suceder. Este
exige un considerable grado de certeza y suficientes elementos

10
Corte Constitucional, Sentencia SU-439 de 13 de julio de 2017, M.P. Alberto Rojas Ríos.

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fácticos que así lo demuestren, tomando en cuenta, además, la
causa del daño. (…) el perjuicio ha de ser grave, es decir, que
suponga un detrimento sobre un bien altamente significativo
para la persona (moral o material), pero que sea susceptible de
determinación jurídica. (…) deben requerirse medidas
urgentes para superar el daño, entendidas éstas desde una
doble perspectiva: como una respuesta adecuada frente a la
inminencia del perjuicio, y como respuesta que armonice con las
particularidades del caso. Por último, las medidas de
protección deben ser impostergables, esto es, que
respondan a criterios de oportunidad y eficiencia a fin de evitar
la consumación de un daño antijurídico irreparable.”11

En el presente asunto la Sala no advierte la existencia de un perjuicio

irremediable, dado que si bien el actor manifiesta que su familia vive

en la ciudad de Barranquilla, no explica de qué forma tal situación

requiere de medidas urgentes e impostergables, máxime cuando en

el escrito introductorio puso de presente que es notario en Maicao

desde el año 2012.

Además, frente a los problemas de audición a los que alude, no

prueba que la entidad prestadora de servicios de salud a la que está

afiliado no pueda suministrarle la atención que requiere en la ciudad

en que reside, así como tampoco que sus controles en Barranquilla

son de tal frecuencia que le impiden su residencia en Maicao.

11
Corte Constitucional, Sentencia T-1316 de 7 de diciembre de 2001, M.P. Rodrigo Uprimny Yepes.

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En las condiciones anotadas, la Sala concluye que la solicitud de

amparo de la referencia debe ser declarada improcedente por no

cumplirse el requisito general de la subsidiariedad, como en efecto

se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.

F A L L A:

PRIMERO: DENEGAR la solicitud de desvinculación por falta de

legitimación en la causa por pasiva presentada por la PRESIDENCIA

DE LA REPÚBLICA, por las razones expuestas en la parte motiva

de esta providencia.

SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo

constitucional de la referencia, por las razones expuestas en la parte

motiva de esta sentencia.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y

eficaz.

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CUARTO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y

quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional

para su eventual revisión.

COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 10 de agosto de 2023.

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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