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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-03494-01

Fecha
12 de octubre de 2023
Consejero ponente
Rocio Araujo Oñate

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-03494-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 4 de agosto de 2023, proferida por la Subsección C de la Sección Tercera de esta Corporación, al interior de la acción de tutela interpuesta por el señor Carlos Alberto Rodríguez Quintero contra el Consejo Superior de la Judicatura – Unidad Administrativa de Carrera Judicial y la Universidad Nacional de Colombia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991. 10 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Demandante: Carlos Alberto Rodríguez Quintero Demandados: Consejo Superior de la Judicatura Unidad de Carrera Judicial y otro Radicado: 11001-03-15-000-2023-03494-01 TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2023-03494-01

Consejero ponente: Rocio Araujo Oñate

12 de octubre de 2023

Demandante: Carlos Alberto Rodríguez Quintero
Demandados: Consejo Superior de la Judicatura
Unidad de Carrera Judicial y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2023-03494-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrada Ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Bogotá D.C., doce (12) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-03494-01
Demandante: CARLOS ALBERTO RODRÍGUEZ QUINTERO
Demandados: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - UNIDAD DE
CARRERA JUDICIAL Y OTRO

Temas: Acción de tutela contra la convocatoria 27 de la Rama Judicial.
Se cuestionan las decisiones proferidas en el marco del
concurso para jueces y magistrados de la Rama Judicial.
Improcedencia de la acción porque se incumple con el requisito
de subsidiariedad.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala resuelve la impugnación formulada por la parte accionante, contra la sentencia
proferida el 4 de agosto de 2023, dictada por la Subsección C de la Sección Tercera
del Consejo de Estado que declaró improcedente la acción de tutela por no satisfacer
el requisito de subsidiariedad.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

1. El ciudadano Carlos Alberto Rodríguez Quintero, actuando en nombre propio,
instauró demanda en ejercicio de la acción de tutela1 contra el Consejo Superior de la
Judicatura – Unidad Administrativa de Carrera Judicial y la Universidad Nacional de
Colombia, con el objetivo de obtener la protección del derecho fundamental a la
igualdad.

2. Para la parte accionante, la trasgresión de la citada garantía encuentra sustento
en la conducta desplegada por parte de las autoridades accionadas, frente al puntaje
asignado en la prueba realizada con ocasión de la Convocatoria 27 de la Rama
Judicial; así como también reprocha el trato discriminatorio del cual está siendo
víctima, pues, en tratándose de otros participantes se ha hecho una recalificación de

1
Radicada mediante correo electrónico remitido a la Secretaría General el 28 de junio de 2023.

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Demandados: Consejo Superior de la Judicatura
Unidad de Carrera Judicial y otro
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las preguntas de forma manual, analizando punto por punto las respuestas dadas en
la prueba.

1.2. Pretensiones

3. Con base en lo anterior, la parte actora pidió lo siguiente:

1. TUTELAR MIS DERECHOS FUNDAMENTALES A LA IGUALDAD vulnerado
flagrantemente por el CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA y LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE COLOMBIA, y en consecuencia de lo anterior se ORDENE A LAS
ENCARTADAS por su digno Despacho lo siguiente:

2. ORDENAR A LAS ACCIONADAS VERIFICAR LOS ACIERTOS EN MI PRUEBA
PRESENTADA EN TIEMPO NORMAL DE LA CONVOCATORIA 27. -24 JULIO DE
2022-, ASÍ COMO SE LES OTORGO DICHO DERECHO A LOS ASPIRANTES QUE
PRESENTARON LA PRUEBA SUPLETORIA DE LA MISMA CONVOCATORIA el día
23 de octubre de 2023

3. SE COMPULSE LAS RESPECTIVAS COPIAS A LA ENTIDAD PERTINENTE, por
decantarse un trato preferente de las accionadas para con los concursantes de la prueba
supletoria, y discriminarnos a los participantes que acudimos en tiempo normal al
examen previamente citado el día 24 de Julio de 2022, pues en dicha resolución CJR23-
0106 debió solicitar a la UNAL, como medida preventiva una verificación de aciertos de
todos los aspirantes que presentaron la prueba -sin discriminación- , y no solo a los
que presentaron prueba supletoria, a sabiendas que nos asistía la misma inconformidad;
pero fuimos invisibles en todos los escenarios para las hoy accionadas.2

1.3. Hechos probados y/o admitidos

La Sala encontró demostrados los siguientes supuestos fácticos relevantes para la
decisión que se adoptará en la sentencia:

4. El señor Rodríguez Quintero se inscribió para el cargo de juez promiscuo
municipal, en el marco de la Convocatoria 27, realizada por el Consejo Superior de la
Judicatura mediante el Acuerdo PCSJA18-11077 del 16 de agosto de 2018.

5. Con ocasión de la Resolución CJR22-0351 del 01 de septiembre de 20223, se
puso en conocimiento del aspirante que no había obtenido el puntaje mínimo
requerido para aprobar y, en consecuencia, no podía seguir en las siguientes etapas
del concurso.

6. Frente al mencionado acto administrativo se interpuso el recurso de reposición,
el cual fue resuelto mediante Resolución CJR23-0042 del 16 de enero de 20234, la
cual dispuso en su parte resolutiva:

2
Transcripción literal del texto original con posibles errores.
3
Por medio de la cual se publican los resultados de la prueba de aptitudes y conocimientos
correspondiente al concurso de méritos para la provisión de los cargos de Funcionarios de la Rama
Judicial.
4
Por medio de la cual se resuelven los recursos de reposición presentados contra la Resolución CJR22-
0351 de 1° de septiembre de 2022, mediante la cual se publicaron los resultados de la prueba de
aptitudes y conocimientos, correspondientes al concurso de méritos para la provisión del cargo de Juez
Promiscuo Municipal de la Rama Judicial.

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ARTÍCULO 1º: CONFIRMAR las decisiones contenidas en la Resolución CJR22-0351
de 1º de septiembre de 2022, de conformidad con las razones expuestas en la parte
motiva de esta Resolución y en consecuencia no reponer los puntajes obtenidos por los
recurrentes relacionados en el “Anexo 1”, para el cargo de Juez Promiscuo Municipal

7. Para el caso concreto, se concluyó que los argumentos esbozados por el
accionante no tenían vocación de éxito y, como consecuencia de lo anterior, no podía
seguir con la siguiente fase del concurso de méritos.

8. El señor Rodríguez Quintero estima que existe un yerro en el puntaje asignado,
aunado que para el caso de otras personas si se ha hecho una revisión manual del
puntaje, circunstancia que en su sentir implica un tratamiento discriminatorio.

1.4. Fundamentos de la solicitud de amparo

9. En criterio del accionante, estima que en el presente asunto hubo un trato
discriminatorio, pues, mientras que las personas que presentaron la prueba en la
fecha establecida en el cronograma, esto es el 24 de julio de 2022, aquellos que la
realizaron el 23 de octubre del mismo año, tuvieron derecho a la revisión manual de
sus respuestas. En ese sentido, indicó:

Finalmente, y para no extenderme más, solicito en pro de mi DERECHO A LA
IGUALDAD se recalifique manualmente mi examen presentado en tiempo normal, en
ARMONIA tal cual como lo ordenara la Directora de Carrera Judicial para con los
aspirantes de la prueba supletoria, ya que se trata del mismo contratista e igual sistema
y tecnología de calificación; e insisto tengo los apuntes necesarios y que fueran tomados
en la jornada de exhibición que dan cuenta de ello, de lo contrario dicha jornada fue un
acto ilusorio.

1.5. Trámite de la acción de tutela

10. El magistrado ponente en primera instancia, por auto del 4 de julio de 2023,
dispuso: i) admitir la acción de tutela, ii) notificar a la Unidad de Administración de
Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura y a la Universidad Nacional de
Colombia y iii) vincular como tercero con interés a la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado.

1.6. Intervenciones

1.6.1. Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior de la
Judicatura

11. Alegó que en el presente caso se configura la carencia actual de objeto por
hecho superado. Lo anterior, por cuanto, con ocasión de la Resolución CJR23-0042
del 16 de enero de 2023, se resolvió la reclamación del accionante frente al puntaje
obtenido en la prueba de conocimientos.

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12. A continuación, explicó que, atendiendo el trámite de tutela de la referencia,
solicitó a la Universidad Nacional realizar la verificación correspondiente, la cual,
arrojó como resultado que el puntaje obtenido por el señor Rodríguez Quintero es de
768.86 y, por ende, no obtuvo el puntaje mínimo requerido para aprobar la prueba.

13. Respecto a los demás sujetos, pese a haber sido correctamente notificados,
guardaron silencio.

1.7. Sentencia de primera instancia.

14. La Subsección C de la Sección Tercera de esta Corporación, clausuró la
primera instancia mediante sentencia del 4 de agosto de 2023, en la cual declaró
improcedente el amparo constitucional solicitado.

15. Para arribar a la anterior conclusión, el a quo indicó que el amparo
constitucional formulado por el accionante pretende cuestionar la legalidad de la
Resolución CJR22-0351 del 01 de septiembre de 2022, que informó los resultados
obtenidos en la prueba de conocimientos; y la Resolución CJR23-0042 del 16 de
enero de 2023, que desató la reposición correspondiente; se erigen en actos
administrativos de carácter particular y, en consecuencia, susceptibles de ser
demandados ante el juez contencioso administrativo a través del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho.

16. Dicha decisión se notificó mediante correo electrónico el 15 de agosto de 2023.

1.8. Impugnación

17. Mediante escrito radicado el 23 de agosto de 2023, el accionante cuestiona que
en el trámite de tutela el juez a quo no haya ordenado de manera oficiosa la copia de
su examen, en el cual, según su dicho, se podría evidenciar los errores cometidos por
la Universidad Nacional al momento de calificar las preguntas.

18. Insiste que existen varias preguntas que fueron mal evaluadas, las cuales, de
haber sido correctamente analizadas, llegarían al indefectible resultado de que el
accionante obtendría el puntaje mínimo exigido para seguir adelante en el concurso.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

19. Esta Sala es competente para conocer de la impugnación interpuesta por el
señor Carlos Alberto Rodríguez Quintero, de conformidad con lo establecido en el
artículo 86 de la Constitución Política, el artículo 37 del Decreto Ley 2591 de 1991 y
en el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, así como en el
Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.

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2.2. Problemas jurídicos

20. Corresponde a la Sala resolver los siguientes problemas jurídicos. En primer
lugar, se debe determinar si, ¿es procedente la acción de tutela contra las
Resoluciones CJR22-0351 del 01 de septiembre de 2022 y CJR23-0042 del 16 de
enero de 2023, proferidas por la Unidad de Administración de Carrera Judicial del
Consejo Superior de la Judicatura?

21. En segundo lugar, en el evento de que se habilitara el estudio de las
pretensiones del presente amparo, le correspondería a la Sala analizar si: ¿las
accionadas vulneraron los derechos fundamentales del accionante al adoptar la
decisión antes indicada?

22. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes temas:
(i) panorama general de la acción de tutela, (ii) la procedencia excepcional del recurso
de amparo frente a actos administrativos pasibles de control ante el juez contencioso
administrativo, (iii) la acción de tutela en concurso de méritos, y (iv) el análisis del caso
concreto.

2.3. Panorama general de la acción de tutela

23. El artículo 86 de la Constitución Política, estableció que las personas pueden
ejercer la acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de
sus derechos fundamentales siempre que sean violados o amenazados por la acción
u omisión de las autoridades públicas, o de los particulares en los casos previstos en
el Decreto 2591 de 1991.

24. Conforme a la disposición constitucional, el Decreto 2591 de 1991 y la
jurisprudencia, la procedencia de esta acción está determinada por la inexistencia de
otro medio de defensa judicial idóneo y eficaz para evitar la lesión del derecho
fundamental, salvo que el interesado invoque y demuestre estar frente a un perjuicio
irremediable, hecho que hace procedente la tutela como mecanismo transitorio.

2.4. La naturaleza subsidiaria de la acción de tutela y su procedencia
excepcional frente a actos administrativos susceptibles de control ante el juez
contencioso administrativo

25. El inciso 3º del artículo 86 de la Constitución Política establece el requisito de
subsidiariedad como presupuesto de procedencia de la acción de tutela y determina
que “[e]sta acción sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de
defensa judicial”, precepto reglamentado por el numeral 1.º del artículo 6.º del Decreto
Ley 2591 de 1991.

26. Del texto de la norma referida se evidencia que, existiendo otros mecanismos
de defensa judicial que resulten idóneos y eficaces para solicitar la protección de los
derechos que se consideran amenazados o vulnerados, se debe recurrir a estos y no

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a la acción de tutela, con el fin de garantizar que sean los jueces naturales de cada
proceso los que apliquen al caso concreto las normas jurídicas y la jurisprudencia.

27. Sobre el particular, la Corte Constitucional ha determinado que cuando una
persona acude a la administración de justicia con el fin de que le sean protegidos sus
derechos, no puede desconocer las acciones judiciales establecidas en el
ordenamiento jurídico, ni pretender que el juez de tutela adopte decisiones paralelas
a las del funcionario que conoce de un asunto de su competencia5.

28. El sustento jurídico de esta posición se encuentra en la Constitución de 1991,
de donde se deriva que la protección de los derechos fundamentales no es un asunto
reservado exclusivamente a la acción de tutela, ya que todos los mecanismos
judiciales deben, en principio, buscar la defensa de aquellos y todos los operadores
judiciales deben cumplir su función jurisdiccional como jueces de convencionalidad,
de constitucionalidad y de legalidad.

29. Por tanto, esta Sala reitera su posición en el sentido de que la jurisdicción de
lo contencioso administrativo es la que tiene la competencia para conocer de las
controversias que se puedan suscitar frente a un acto administrativo, en atención a la
existencia de los medios de control de nulidad y de nulidad y restablecimiento del
derecho, en los cuales se pueden solicitar medidas cautelares en los términos de los
artículos 229 y siguientes de la Ley 1437 de 20116.

30. Ahora bien, lo expuesto no desconoce que, en determinadas oportunidades, el
mecanismo de defensa judicial principal no resulta idóneo ni eficaz para otorgar la
protección solicitada, toda vez que puede emitirse una decisión administrativa que,
pese a encontrarse protegida por la presunción de legalidad, esta resulte
absolutamente arbitraria, discriminatoria o que su aplicación práctica vulnere el núcleo
esencial de los derechos fundamentales. En esos casos, el recurso de amparo se
torna procedente y desplaza al mecanismo principal para conjurar la afectación de las
garantías superiores.

31. Finalmente, es preciso mencionar que, esta acción constitucional podría ser
procedente, de manera transitoria, para evitar la ocurrencia de un perjuicio
irremediable. En este evento, le corresponde al juez de tutela verificar que concurran
los elementos identificados por la Corte Constitucional, así se requiere que: i) el daño

5
En sentencia T-313 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño se estableció: “En efecto, la Constitución y
la ley estipulan un dispositivo complejo de competencias y procesos judiciales que tienen como objetivo
común garantizar el ejercicio pleno de los derechos constitucionales, en consonancia con el
cumplimiento de los demás fines del Estado previstos en el artículo 2 Superior. Por tanto, una
comprensión ampliada de la acción de tutela, que desconozca el requisito de subsidiariedad, vacía el
contenido de las mencionadas competencias y, en consecuencia, es contraria a las disposiciones de
la Carta Política que regulan los instrumentos de protección de los derechos dispuestos al interior de
cada una de las jurisdicciones.”
6
La posesión contenida, entre otras, en el fallo del 30 de junio de 2016, Rad. 2016-00617-00, M.P.
Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. En el mismo sentido, se pronunció la Sala en las sentencias del
Consejo de Estado, del 10 de septiembre de 2015. C.P. Alberto Yepes Barreiro. Rad. No. 13001-23-
33-000-2015-00440-01 y del 21 de julio de 2016. C.P. Rocío Araújo Oñate. Rad 66001-23-33-000-2016-
00293-01.

6
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sea inminente, esto descarta la mera posibilidad de que se va a producir el perjuicio;
(ii) el perjuicio sea grave, esto implica que la afectación sea de gran intensidad sobre
la persona afectada; (iii) se requiera la adopción de medidas urgentes para evitar que
ocurra; y (iv) que sean impostergables, pues si se aplazaran la protección sobre los
derechos se tornaría ineficaz por inoportuna.7

2.5. La acción de tutela en los concursos de méritos

32. Para determinar la procedencia de la acción de tutela contra actuaciones
ocurridas en el marco de un concurso de méritos, la jurisprudencia constitucional ha
establecido que le corresponde al juez determinar la naturaleza del acto que se acusa
de vulnerar las garantías ius fundamentales, con el objetivo de establecer si existe o
no un mecanismo judicial idóneo y eficaz para intervenir en la problemática
identificada por el ciudadano.

33. En ese contexto, es preciso identificar la etapa en la que se encuentra el proceso
de selección y, a partir de ello, establecer el carácter general o particular de los actos
administrativos que, eventualmente, podrían ser susceptibles de control por la
jurisdicción de lo contencioso administrativo, a través de los medios de control de
nulidad o de nulidad y restablecimiento del derecho, respectivamente.

34. En cualquier caso, le corresponde al juez de tutela valorar la idoneidad y eficacia
del mecanismo judicial ordinario para conjurar la posible afectación de los derechos
fundamentales, lo que debe valorarse en cada asunto particular, e implica verificar si
las herramientas de la jurisdicción contencioso-administrativa otorgan una protección
real del derecho cuyo amparo se reclama. En la sentencia T-081 de 2022, la Corte
Constitucional explicó que las medidas cautelares del artículo 230 y siguientes de la
Ley 1437 de 2011 exigen examinar: “(i) el contenido de la pretensión y (ii) las
condiciones de los sujetos involucrados”.

35. Tanto la Corte Constitucional8 como el Consejo de Estado9 han sostenido que,
por regla general, el amparo no es el dispositivo judicial apto para controvertir los actos
proferidos en el marco de un concurso de méritos, cuando estos son susceptibles de
ser demandados ante los jueces administrativos al involucrar un debate de legalidad
y el cumplimiento de actos normativos (como leyes, reglamentos o la misma
convocatoria). Por ejemplo, este aspecto ha tomado protagonismo cuando se acciona
en contra de los actos proferidos en las fases eliminatorias o de la lista de elegibles.

7
Corte Constitucional. Sentencias T-003 de 2022, SU-508 de 2020, T-190 de 2020 y T-235 de 2018,
entre muchas otras.
8
Corte Constitucional, sentencias T-388 de 1998, T-095 de 2002, SU-913 de 2009, T-556 de 2010, T-
169 de 2011, T-156 de 2012, T-604 de 2013, T-180 de 2015, T-610 de 2017, T-438 de 2018, T-227 de
2019, T-425 de 2019, entre otras.
9
Consejo de Estado, Sección Segunda Subsección B. Radicación número: 23001-23-33-000-2012-
00067-01, Sentencia del 29 de noviembre de 2012.

7
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36. En la misma línea de lo anterior, el Consejo de Estado10 ha señalado que los
actos administrativos de calificación que eliminan a los participantes definen la
posición jurídica del aspirante, por lo que son susceptibles de ser controvertidos ante
los jueces administrativos. Sobre el particular, se ha dicho lo siguiente:

(…) al igual que la lista de elegibles «son actos típicamente definitorios de situaciones
jurídicas, en la medida en que al asignar un puntaje o establecer la ubicación de los
convocados para efectos de proveer un cargo en propiedad, otorgan un estatus al
participante y afectan su interés de acceder a la carrera administrativa». En el presente
caso, se demanda la nulidad del artículo 7.° de la Resolución 749 del 20 de junio de
2012 que señaló los resultados totales de las diferentes pruebas dentro del Concurso
de Méritos y conformó la lista de elegibles para los cargos de curador urbano 2 y 3. En
él se declaró que la señora (…) no superó la prueba de conocimientos y que, por ende,
no podía ser incluida en dicha lista. También se enjuició el artículo 1.° de la Resolución
0896 del 9 de julio de 2012 que decidió el recurso de reposición interpuesto en contra
del primer acto administrativo. En los actos referidos se calificaron todas las pruebas
adelantadas en el concurso, incluida la de conocimientos. También se sumaron los
resultados y se definió la lista de elegibles. En consecuencia, sí son demandables, en
la medida que excluyeron a la señora (…) de la posibilidad de ocupar esta y definieron
su situación jurídica.

37. No obstante, la Corte Constitucional ha identificado algunas excepciones a la
anterior regla, cuando: (i) el empleo ofertado en el proceso de selección cuenta con
un periodo fijo determinado por la Constitución o por la ley11; (ii) se imponen trabas
para nombrar en el cargo a quien ocupó el primer lugar en la lista de elegibles12; (iii)
el caso presenta elementos que podrían escapar del control del juez de lo contencioso
administrativo, por lo que tiene una marcada relevancia constitucional13; y, finalmente,
(iv) cuando por las condiciones particulares del accionante (edad, estado de salud,
condición social, entre otras), a este le resulta desproporcionado acudir al mecanismo
ordinario.

38. Bajo los anteriores derroteros jurisprudenciales, se estudiarán las pretensiones
del presente amparo con el objetivo de determinar si se acredita el requisito de la
subsidiariedad.

2.6. Caso concreto

39. La Sala anticipa que la decisión de primera instancia será confirmada en su
integridad, pues, tal como lo planteó el a quo en el presente asunto, no se supera el
requisito de subsidiariedad, en atención a los siguientes argumentos:

40. La acción de tutela contra actos administrativos proferidos en el marco del
concurso de méritos, por regla general, es improcedente, en la medida que definieron

10
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A,
Sentencia de 5 de noviembre de 2020, Rad. 25000-23-41-000-2012-00680-01(3562-15), M.P. Rafael
Francisco Suarez Vargas.
11
Corte Constitucional, sentencias T-509 de 2011, T-604 de 2013, T-748 de 2013, SU-553 de 2015, T-
551 de 2017, T-610 de 2017 y T-059 de 2019.
12
Corte Constitucional, sentencias SU-136 de 1998, T-455 del 2000, T-102 de 2001, T-077 de 2005,
T-521 de 2006, T-175 de 2009, T-556 de 2010, T-156 de 2012, entre otras.
13
Corte Constitucional, sentencias T-785 de 2013, T-160 de 2018, entre otras.

8
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Demandante: Carlos Alberto Rodríguez Quintero
Demandados: Consejo Superior de la Judicatura
Unidad de Carrera Judicial y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2023-03494-01

la posición jurídica del aspirante frente a la Convocatoria 27. Dicho de otro modo, las
Resoluciones CJR22-0351 del 01 de septiembre de 2022 y CJR23-0042 del 16 de
enero de 2023, son actos administrativos que contienen una decisión de la
administración pasible de control.

41. Las inconformidades del accionante frente a la citada manifestación de la
administración, pueden plantearse ante el juez de lo contencioso administrativo, a
través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el
artículo 138 de la Ley 1437 de 2011:

ARTÍCULO 138. NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO. Toda persona
que se crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica,
podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo particular, expreso
o presunto, y se le restablezca el derecho; también podrá solicitar que se le repare el
daño. La nulidad procederá por las mismas causales establecidas en el inciso segundo
del artículo anterior.

Igualmente podrá pretenderse la nulidad del acto administrativo general y pedirse el
restablecimiento del derecho directamente violado por este al particular demandante o
la reparación del daño causado a dicho particular por el mismo, siempre y cuando la
demanda se presente en tiempo, esto es, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a
su publicación. Si existe un acto intermedio, de ejecución o cumplimiento del acto
general, el término anterior se contará a partir de la notificación de aquel”. (Resaltado y
subrayado fuera del texto)

42. Para la Sección, el escenario descrito es idóneo y eficaz para formular los
reparos presentados en esta acción constitucional, y por medio de estos controvertir
la decisión de la administración.

43. En ese contexto, es preciso mencionar que el tutelante puede solicitar las
medidas cautelares previstas en los artículos 229 y 230 de la Ley 1437 de 2011. Es
decir que, junto con la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, podría
solicitar, como medida cautelar, la suspensión de los efectos de las Resoluciones
CJR22-0351 del 01 de septiembre de 2022 y CJR23-0042 del 16 de enero de 2023.

44. Lo anterior se refuerza si se tiene en cuenta que, pese a que el demandante
formuló esta acción en clave de vulneración de sus derechos fundamentales, para la
Sala, los argumentos que plantea corresponden a cuestiones legales que prima facie,
no involucran la grave afectación de una garantía de naturaleza constitucional.

45. Finalmente, en este caso, tampoco se acreditó ninguna de las circunstancias
excepcionales que la jurisprudencia ha admitido como válidas para superar el requisito
de la subsidiariedad. Esto es así porque:

(i) El cargo al que aspira el señor Rodríguez Quintero es el de juez promiscuo
municipal, es decir, no se trata de un cargo de periodo fijo determinado por
la Constitución o por la ley.

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Demandante: Carlos Alberto Rodríguez Quintero
Demandados: Consejo Superior de la Judicatura
Unidad de Carrera Judicial y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2023-03494-01

(ii) En este caso no se imponen trabas para nombrar en el cargo a quien ocupó
el primer lugar en la lista de elegibles, puesto que aún no se ha llegado a
esa etapa de la convocatoria 27.

(iii) Aunque se exhiben circunstancias que podrían afectar los derechos
fundamentales de los concursantes, no hay evidencia de que los
fundamentos de las pretensiones y la afectación puedan escapar del control
del juez de lo contencioso administrativo, es decir, no se acreditó que este
asunto contenga “una marcada relevancia constitucional”.

(iv) El actor no advirtió ni en el proceso se demostró que se encontrara bajo
condiciones particulares de edad, estado de salud, condición social u otras,
por las cuales resultase desproporcionado exigirle acudir al mecanismo
ordinario ante los jueces administrativos.

46. En consecuencia, al existir un medio principal y no acreditarse ninguna situación
excepcional, le corresponde a la Sala concluir que el mecanismo principal ante la
jurisdicción de lo contencioso administrativo es idóneo y eficaz para obtener la
protección de los derechos fundamentales.

47. Esto porque en ese escenario judicial pueden presentarse los argumentos para
invalidar los actos e, incluso, solicitarse medidas cautelares para evitar la ocurrencia
de un perjuicio que pudiere tornarse irreparable.

2.7. Conclusión

48. Corolario de lo expuesto, la acción promovida no satisface el requisito de la
subsidiariedad, razón por la cual se confirmará la sentencia de primera instancia
proferida por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, de fecha
4 de agosto de 2023.

III. DECISIÓN

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 4 de agosto de 2023, proferida por la
Subsección C de la Sección Tercera de esta Corporación, al interior de la acción de
tutela interpuesta por el señor Carlos Alberto Rodríguez Quintero contra el Consejo
Superior de la Judicatura – Unidad Administrativa de Carrera Judicial y la Universidad
Nacional de Colombia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991.

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Demandante: Carlos Alberto Rodríguez Quintero
Demandados: Consejo Superior de la Judicatura
Unidad de Carrera Judicial y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2023-03494-01

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos, conforme a lo
dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

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