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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-03502-01

Fecha
18 de octubre de 2023
Consejero ponente
Gabriel Valbuena Hernández

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-03502-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO.- DECLARAR fundado el impedimento manifestado por el consejero Jorge Iván Duque Gutiérrez. SEGUNDO.- CONFIRMAR la sentencia del 22 de agosto de 2023, proferida por el Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección B que declaró la falta de legitimación en la causa por activa del señor Luis Alirio Torres Barreto, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia. TERCERO.- ENVIAR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2023-03502-01

Consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernández

18 de octubre de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ

Bogotá D. C. dieciocho (18) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2023-03502-01
Accionante: LUIS ALIRIO TORRES BARRETO1
Accionado: CONSEJO DE ESTADO – SECCIÓN TERCERA –
SUBSECCIÓN A

Tema: Tutela contra providencias judiciales / derechos
fundamentales acceso a la administración de justicia,
debido proceso y trabajo / medio de control de
reparación directa / falta de legitimación en la causa
por activa

Sentencia de segunda instancia

La Sala de Subsección decide la impugnación presentada por la parte
accionante en contra de la sentencia del 22 de agosto de 2023,
proferida por el Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección B
que declaró la falta de legitimación en la causa por activa en la acción
de tutela interpuesta por el señor Luis Alirio Torres Barreto en contra
del Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección A.

1 Si bien en la carátula del expediente figuran como accionantes la señora Victorina Padilla Montes y otros, de

conformidad con la cuestión previa resuelta en la sentencia del 22 de agosto de 2023, proferida por el Consejo de Estado
– Sección Tercera – Subsección B, se entendió que la acción de tutela había sido presentada por el señor Luis Alirio
Torres Barreto a nombre propio.

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ACCIÓN DE TUTELA
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I. ANTECEDENTES

La solicitud de protección de los derechos fundamentales acceso a la
administración de justicia, debido proceso y trabajo se fundamenta en
los siguientes:

1. HECHOS

1.1. Como apoderado de los señores Jesús Bailarín Henao y Victorina
Padilla Montes, el accionante presentó medio de control de reparación
directa en contra del municipio de Anserma, Caldas, con el fin que se
le declarara patrimonial y administrativamente responsable por los
perjuicios causados con ocasión de la muerte del menor Rafael Antonio
Bailarín Padilla.

1.2. Mediante sentencia del 22 de junio de 2011, el Consejo de Estado
– Sección Tercera – Subsección B accedió a las pretensiones de la
demanda y condenó a dicha entidad territorial a pagar la suma
equivalente a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes a favor
de los padres de la víctima.

1.3. El 2 de febrero de 2012 presentó cuenta de cobro ante el municipio
de Anserma, pero adujo que, presuntamente, sus clientes fueron
engañados por la señora María Nohemí García López y, producto de
ello, le fue revocado el poder especial para actuar.

1.4. El 29 de julio de 2019 el señor Jesús Bailarín Henao rindió una
declaración extrajuicio ante la Notaría 18 de Medellín, en la cual
expresó que nunca le fueron entregados los dineros correspondientes
por concepto de indemnización.

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1.7. Ante la imposibilidad obtener el pago de la indemnización,
interpuso medio de control de reparación directa en contra de la Nación
– Ministerio del Interior, el departamento de Caldas y el municipio de
Anserma, Caldas, por los perjuicios derivados de la imposibilidad de
ejecutar la sentencia proferida el 22 de junio de 2011.

1.8. El proceso correspondió al Tribunal Administrativo de Caldas que,
por medio de providencia del 23 de junio de 2022, rechazó la demanda
por haber operado la caducidad.

1.9. Contra dicha decisión presentó recurso de apelación, el cual fue
resuelto por el Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección A
que, a través de auto del 4 de noviembre de 2022, confirmó lo fallado
en primera instancia.

2. FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN

La parte accionante sostiene que la autoridad judicial accionada erró en
el conteo de los términos para casos especiales como el que fue
presentado ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, pues
aseguró que debía haberse dado aplicación a una excepción a los dos
años que se tiene para el ejercicio del medio de control de reparación
directa, similar a como ocurre en los casos de lesiones personales, en
donde el término se debe contar desde la última intervención médica,
por lo que para el caso concreto debió contarse a partir del 5 de enero
de 2022, fecha en que se logró integrar los poderes y ubicar las últimas
personas del núcleo familiar de la víctima.

3. PRETENSIONES

La parte accionante solicita lo siguiente:

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«Solcito al señor juzgador de esta acción de tutela una resolución de fondo exenta de
parcialidad, decisión imparcial y ajustada a derecho, justicia, solidaridad y equidad,
(artículo 228, 230de la C.N.)”

[…]». (sic en toda la cita).

4. INFORMES

Mediante auto del 7 de julio de 2023, el Consejo de Estado – Sección
Tercera – Subsección B admitió la acción de tutela de la referencia y
ordenó notificar al Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección
A como accionado y al Tribunal Administrativo de Caldas, al
departamento de Caldas, al Ministerio del Interior y al municipio de
Anserma, Caldas, como terceros interesados en el proceso.

De igual modo, requirió al abogado Luis Alirio Torres Barreto para que
informara quiénes eran sus clientes y allegara los poderes especiales
respectivos.

4.1. La Nación – Ministerio del Interior solicitó su desvinculación
por falta de legitimación en la causa por pasiva.

4.2. El Tribunal Administrativo de Caldas realizó un recuento de las
actuaciones surtidas en el curso del medio de control de reparación
directa, señalando que no se configuró defecto alguno y mucho menos
se vulneraron los derechos fundamentos de la parte accionante.

4.3. El Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección A
solicitó que se rechace por improcedente la acción de tutela de la
referencia por no cumplir con el requisito de relevancia constitucional,
pues lo pretendido por el accionante es someter su pleito a una
instancia adicional ante una mera discrepancia de criterios entre el juez

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natural y la parte que resultó vencida en el proceso.

4.4. El departamento de Caldas pidió su desvinculación por falta de
legitimación en la causa por pasiva por no haber tenido participación
directa en los hechos.

4.5. Las demás partes guardaron silencio.

5. LA PROVIDENCIA IMPUGNADA

El Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección B, a través de
sentencia del 22 de agosto de 2023 declaró la falta de legitimación en
la causa por activa del señor Luis Alirio Torres Barreto para presentar
la acción de tutela de la referencia. Adujo que el accionante manifestó
actuar en representación de sus clientes; sin embargo, no precisó
quienes eran estos, ni aportó los respectivos poderes que lo habilitaran
para actuar en representación de los mismos en el trámite del proceso
de la referencia, pese a que fue requerido para ello en el auto del 7 de
julio de 2023.

Sostuvo que del expediente de tutela logró advertirse que el proceso
ordinario referido fue adelantado por Victorina Padilla Montes, Jairo de
Jesús Bailarín Henao, Jessica del Carmen Bailarín Padilla, Manuel
Antonio Bailarín Padilla, Luis Alfonso Bailarín Padilla, Luz Dary Úsuga
Duarte, Gisela Mileth Úsuga Duarte, Cristian Andrés Úsuga Duarte y
María Leopoldina Henao Ochoa, de manera que el señor Luis Alirio
Torres Barreto no es el titular de los derechos fundamentales de los
cuales solicitó su protección. Aunado a ello, tampoco se advirtió que se
hubiere alegado una actuación en calidad de agente oficioso, ya sea
expresa o tácita.

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Asimismo, expuso que de llegar a considerar que se superó el requisito
de legitimación, no se cumplió con el de inmediatez, comoquiera que
entre la fecha de notificación del auto enjuiciado y la presentación de
la acción de tutela transcurrieron más de 6 meses.

6. IMPUGNACIÓN

Contra la decisión precitada la parte accionante presentó impugnación
mediante escrito en el cual reiteró los argumentos planteados en la
acción de tutela.

Recibido el expediente sin que se observe causal de nulidad que invalide
lo actuado, procede la Sala de Subsección a desatar la presente
controversia.

II. CONSIDERACIONES

1. Cuestión previa

El consejero Jorge Iván Duque Gutiérrez manifestó encontrarse incurso
en la causal de impedimento consagrada en el numeral 5.º del artículo
56 del Código de Procedimiento Penal, que reza: «5. Que exista amistad
íntima o enemistad grave entre alguna de las partes denunciante,
víctima o perjudicado y el funcionario judicial».

Lo anterior, por cuanto sostiene una amistad íntima con las consejeras
María Adriana Marín y Marta Nubia Velásquez Rico quienes suscribieron
la providencia del 4 de noviembre de 2022, proferida por el Consejo de
Estado – Sección Tercera – Subsección A, de la cual trata la presente
acción de tutela.

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Al respecto, el artículo 39 del Decreto Ley 2591 de 1991, señaló para
las manifestaciones de impedimento dentro de las acciones de tutela lo
siguiente:

«ARTICULO 39. RECUSACION. En ningún caso será procedente la recusación. El juez
deberá declararse impedido cuando concurran las causales de impedimento del Código de
Procedimiento Penal so pena de incurrir en la sanción disciplinaria correspondiente. El
juez que conozca de la impugnación del fallo de tutela deberá adoptar las medidas
procedentes para que se inicie el procedimiento disciplinario, si fuere el caso».

Conforme con la norma, para que sea posible que el juez de tutela se
aparte del conocimiento de determinado asunto, debe producirse la
manifestación a instancia del propio funcionario judicial, esto es, por la
vía del impedimento, con fundamento en las causales establecidas en
el Código de Procedimiento Penal.

En efecto, el numeral 5.º del artículo 56 del Código de Procedimiento
Penal señala:

«Artículo 56. Causales de impedimento. Son causales de impedimento:

[…]

5.- Que exista amistad íntima o enemistad grave entre alguna de las partes denunciante,
víctima o perjudicado y el funcionario judicial».

En este orden de ideas, la Sala de Subsección estima fundado el
impedimento para conocer del presente asunto, en consideración a que
la afirmación señalada por el consejero Jorge Iván Duque Gutiérrez se
ajusta al presupuesto fijado en el dispositivo mencionado, teniendo en
cuenta que sostiene una amistad íntima con las consejeras María
Adriana Marín y Marta Nubia Velásquez Rico quienes suscribieron la
sentencia del 4 de noviembre del 2022, proferida por el Consejo de

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Estado – Sección Tercera – Subsección A, que es la providencia judicial
acusada en la acción de tutela de la referencia.

2. Problema jurídico

De conformidad con lo expuesto, entiende la Sala de Subsección que el
problema jurídico se circunscribe a determinar si el Consejo de Estado
– Sección Tercera – Subsección A, con la expedición del auto del 4 de
noviembre de 2022 proferido dentro del medio de control radicado
núm. 17001-23-33-000-2022-00116-01, incurrió en una vulneración
de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la
administración de justicia y trabajo de la parte accionante.

Previamente a lo anterior, se deberá determinar la procedencia de la
acción de tutela contra la providencia judicial cuestionada.

3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra
providencias judiciales

En términos generales y de acuerdo con la doctrina constitucional
vigente aceptada mayoritariamente por la Sala Plena de esta
corporación2, es posible acudir al recurso de amparo para obtener la
protección material de los derechos fundamentales, cuando éstos
resulten amenazados o vulnerados por decisiones judiciales. Ello, en
atención a que el ejercicio de la judicatura como cualquier rama del
poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción a los
valores, principios y derechos que la propia Constitución establece, y
en esa perspectiva, cualquier autoridad investida de la potestad de
administrar justicia, es susceptible de ser controlada a través de ese

2 Sentencia de treinta y uno (31) de julio de dos mil doce (2012). Radicación número: 11001-03-15-000-2009-01328-

01(IJ) Actor: Nery Germania Álvarez Bello. C.P. María Elizabeth García González.

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mecanismo constitucional cuando desborda los límites que la carta le
impone.

Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y
residual, supone el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de
quien pretende la protección de sus derechos, en tanto que el ejercicio
natural de la jurisdicción se inscribe dentro de procedimientos
destinados a la eficacia de los mismos y en esa medida las controversias
que allí surjan, son subsanables en el contexto del proceso.

De ahí que la Corte Constitucional estructurara después de años de
elaboración jurisprudencial, los requisitos generales y especiales de
procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales, que
tienen como sano propósito garantizar el delicado equilibrio entre el
principio de seguridad jurídica, la autonomía e independencia de los
jueces para interpretar la ley y la necesidad de asegurar la vigencia
efectiva de los derechos constitucionales fundamentales.

Los presupuestos generales responden al carácter subsidiario de la
tutela y por lo mismo deben cumplirse en cualquier evento para su
interposición, como son: (i) que el asunto que esté sometido a estudio
sea de evidente relevancia constitucional; (ii) Que en el proceso se
hayan agotado todos los medios de defensa, tanto ordinarios como
extraordinarios que se encuentren al alcance de quien demande el
amparo, salvo, claro está, que se busque evitar un perjuicio
irremediable; (iii) que la presentación de la acción cumpla con el
requisito de inmediatez; (iv) que la irregularidad procesal devenga en
sustancial: cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la
sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de

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la parte actora.; (v) que se identifique la situación fáctica que devino
en la vulneración de derechos; y (vi) que no se trate sentencias de
tutela.

4. De la legitimidad en la causa por activa en la acción de tutela

Frente a la figura de la legitimidad en la causa por activa la Corte
Constitucional en sentencia T-526 de 1998 señaló que nadie puede
alegar como violados sus propios derechos con base en la supuesta
vulneración de los derechos de otro u otros, pues de una parte el interés
en la defensa corresponde a ellos, y de otra, la relación de vulneración
o amenaza de derechos fundamentales, que constituye objeto de la
tutela, debe ser directa y no transitiva ni por consecuencia.

Esto, toda vez que la exigencia de la legitimación en la causa por activa
dentro del proceso de acción de tutela corresponde al significado que
la Constitución Política de 1991 le dio a la dignidad humana, en el
sentido que no obstante las buenas intenciones de terceros, quien
decide si pone en marcha los mecanismos que el ordenamiento jurídico
dispone para la defensa y protección de sus propios intereses, es sólo
la persona capaz para hacerlo3.

Así, para solicitar el amparo por medio de una acción de tutela, se hace
necesario, en primer lugar, estar habilitado para hacerlo, esto es,
cumplir con alguna de las formas previamente señaladas para acreditar
la legitimación en la causa por activa en los procesos constitucionales
de tutela.

3 Corte Constitucional. Sentencia T 899 de 2001. Magistrado Ponente: Dr. Alfredo Beltrán Sierra.

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5. Caso concreto

El señor Luis Alirio Torres Barreto cuestiona el auto del 4 de noviembre
de 2022, proferido por el Consejo de Estado – Sección Tercera –
Subsección A, que confirmó la decisión que rechazó la demanda
presentada por Victorina Padilla Montes, Jairo de Jesús Bailarín Henao,
Jessica del Carmen Bailarín Padilla, Manuel Antonio Bailarín Padilla, Luis
Alfonso Bailarín Padilla, Luz Dary Úsuga Duarte, Gisela Mileth Úsuga
Duarte, Cristian Andrés Úsuga Duarte y María Leopoldina Henao Ochoa
en contra de la Nación – Ministerio del Interior, el departamento de
Caldas y el municipio de Anserma, Caldas.

Sin embargo, el accionante no demostró el interés jurídico subjetivo
necesario para reclamar la protección de los derechos invocados en
protección, toda vez que en el expediente no reposa poder alguno que
le haya sido otorgado por los demandantes en el proceso ordinario para
interponer la acción de tutela de la referencia, pese a que mediante
auto del 7 de julio de 2023 fue requerido por el a quo para que aportara
los documentos requeridos para acreditar el mandato.

Respecto de la interposición de la acción de tutela por conducto de
apoderado judicial, establece el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991,
lo siguiente:

«Artículo 10°: Legitimidad e interés. La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo
momento y lugar, por cualquier persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos
fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de representante. Los poderes se
presumirán auténticos. […]».

Sobre el particular, ha sostenido la Corte Constitucional que para
ejercer la acción de tutela mediante el uso de la figura del
apoderamiento judicial deben cumplirse ciertos requisitos básicos,

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como quiera que esta surge del derecho de postulación que instituye el
artículo 229 Superior y que se desarrolla en el Capítulo IV del Código
de Procedimiento Civil4, hoy Código General del Proceso.

De tal suerte, que en la Sentencia T-531 de 20025 se definieron como
requisitos normativos del apoderamiento judicial, los que a
continuación se describen:

«Dentro de los elementos del apoderamiento en materia de tutela la Sala señala que el
mismo es (i) un acto jurídico formal por lo cual debe realizarse por escrito. (ii) se
concreta en un escrito, llamado poder que se presume auténtico. (iii) El referido
poder para promover acciones de tutela debe ser especial.6 En este sentido (iv) El
poder conferido para la promoción o para la defensa de los intereses en un
determinado proceso no se entiende conferido7 para la promoción8 de procesos
diferentes, así los hechos que le den fundamento a estos tengan origen9 en el proceso
inicial. (iv) El destinatario del acto de apoderamiento sólo puede ser un profesional del
derecho habilitado con tarjeta profesional». (Negrillas de la Sala).

De lo anterior se colige que el principio de especificidad de los poderes
que se otorgan para que se inicie una acción bajo el uso del
apoderamiento judicial, debe acatarse en todo amparo de tutela, pues
de ello depende que se configure la legitimación en la causa por activa.
Igualmente y conforme a la jurisprudencia de la Corte Constitucional,
para cada proceso judicial que se pretenda iniciar deben otorgarse
poderes específicos, pues un poder para un proceso judicial inicial no

4 Sentencia T-679 de 2007.
5 Magistrado Ponente: Dr. Eduardo Montealegre Lynett.
6 En la sentencia T-001 de 1997 la Corte afirmó que por las características de la acción “todo poder en materia de tutela

es especial, vale decir se otorga una vez para el fin específico y determinado de representar los intereses del accionante
en punto de los derechos fundamentales que alega, contra cierta autoridad o persona y en relación con unos hechos
concretos que dan lugar a su pretensión.”
7 En este sentido la Corte ha acogido las disposiciones del código de procedimiento civil en la materia, así en la sentencia

T-530 de 1998 acoge y aplica la disposición del artículo 65 inciso 1º: “En los poderes especiales, los asuntos se
determinarán claramente, de modo que no puedan confundirse con otros.”
8 En este sentido en la en la sentencia T-695 de1998 la Corte no concedió la tutela impetrada debido a que el abogado

quien presentó la tutela pretendió hacer extensivo el poder recibido para el proceso penal al proceso de tutela.
9 En la sentencia T-530 de 1998 la Corte al revisar la decisión de una tutela promovida por el abogado de la parte civil

en un proceso penal quien actuaba sin poder especial para el proceso de tutela, consideró que el a-quo no debió darle
trámite al respectivo proceso debido a que el abogado no allegó el poder respectivo ni manifestó su calidad de agente
oficioso.

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sirve para legitimar una actuación posterior en un litigio de una índole
diferente10.

Así las cosas, de conformidad con lo expuesto se tiene que el señor Luis
Alirio Torres Barreto no es el titular de los derechos fundamentales que
se alegan como vulnerados por el auto del 4 de noviembre de 2022,
por lo que le asiste razón a la primera instancia al señalar que no existe
legitimación en la causa por activa de la parte accionante para
reclamar.

De igual modo, en gracia de discusión, de acuerdo con las pruebas
obrantes en el expediente se advierte que la providencia acusada se
notificó el 29 de noviembre de 2022, por lo que, dado que la presente
acción de tutela se presentó el 26 de junio de 2023, es decir, luego de
transcurrido un término de seis (6) meses y veintiocho (28)
días, en este caso no se acredita el requisito de inmediatez.

En este orden de ideas, esta Sala de Subsección confirmará la sentencia
del 22 de agosto de 2023, proferida por el Consejo de Estado – Sección
Tercera – Subsección B que declaró la falta de legitimación en la causa
por activa del señor Luis Alirio Torres Barreto para presentar la acción
de tutela de la referencia.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto la Sección Segunda, Subsección A del Consejo
de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,

10 Sentencia T-679 de 2007.

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FALLA

PRIMERO.- DECLARAR fundado el impedimento manifestado por el
consejero Jorge Iván Duque Gutiérrez.

SEGUNDO.- CONFIRMAR la sentencia del 22 de agosto de 2023,
proferida por el Consejo de Estado – Sección Tercera –
Subsección B que declaró la falta de legitimación en la
causa por activa del señor Luis Alirio Torres Barreto, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la
presente providencia.

TERCERO.- ENVIAR a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión
celebrada el dieciocho (18) de octubre de dos mil veintitrés (2023).

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Consejero de Estado

Impedido
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado Consejero de Estado

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