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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-03518-01

Fecha
12 de diciembre de 2023
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-03518-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA Primero: Confirmar la sentencia del 5 de octubre de 2023, proferida por el Consejo de Estado – Sección Cuarta, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. Segundo: Remítase el expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Tercero: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2023-03518-01

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

12 de diciembre de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ (E)

Bogotá D. C. doce (12) de diciembre de dos mil veintitrés (2023).

Referencia: Acción de Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2023-03518-01
Accionante: Nerio Alexander Bastidas Padilla
Accionado: Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección B y otro

Tema: Derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de
justicia / desvinculación de servidor judicial nombrado en provisionalidad / temeridad
en la acción de tutela

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

ASUNTO

La Sala de Subsección decide la impugnación presentada por los señores Nerio
Alexander Bastidas Padilla y Edwin Rodrigo Villota Soriano, como apoderado de la
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cúcuta, en contra de la
sentencia del 5 de octubre de 2023, proferida por el Consejo de Estado – Sección
Cuarta.

HECHOS

En el escrito contentivo de la acción de tutela, el accionante señaló que:

1.1. El 14 de febrero de 2019 fue nombrado en provisionalidad en el cargo de citador
grado 3 del Juzgado Segundo de Familia de Oralidad del Circuito Judicial de C úcuta.
Sin embargo, el 18 de noviembre de 2021, a través de Acuerdo núm. CSJNS2021-

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368, el Consejo Seccional de la Judicatura de Norte de Santander y Arauca formuló
lista de elegibles para dicho cargo, en razón de las vacantes proveídas por el
concurso de méritos efectuado por la Rama Judicial.

1.2. El 8 de abril de 2022, la Junta Nacional de Calificación de Invalidez calificó la
pérdida de capacidad laboral del señor Nerio Alexander Bastidas Padilla en un 37.40
% por las siguientes enfermedades de origen común: “espermatocele, hipertensión
esencial (primaria), trastorno de disco lumbar y otros con radiculopatía, trastorno
mixto de ansiedad y depresión y trastornos de adaptación”.

1.3. Mediante Resolución núm. 012 del 9 de mayo de 2022, el Juzgado Segundo de
Familia de Cúcuta mantuvo el nombramiento en provisionalidad del accionante
hasta cuando se posesionara en propiedad la persona que ocupaba el primer lugar
en la lista de elegibles y remitió el asunto al Consejo Seccional de la Judicatura de
Norte de Santander para que evaluara la posibilidad de su reubicación.

1.4. En Oficio núm. P22-810 de 10 de mayo de 2022, el Consejo Seccional de Norte
de Santander y Arauca dispuso que no podía otorgar viabilidad para la reubicación
debido a que todos los cargos vacantes serían suplidos con las listas de elegibles.
No obstante, indicó que el asunto se remitiría al Comité Paritario de Seguridad y
Salud en el Trabajo (COPASST).

1.5. Posteriormente, presentó acción de tutela en contra del Consejo Superior de la
Judicatura, del Consejo Seccional de la Judicatura de Arauca y Norte de Santander
y de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial – Seccional Cúcuta y solicitó
su reubicación así como el pago de salarios y prestaciones sociales dejadas de
recibir.

1.6. El proceso con el radicado núm. 11001-03-15-000-2022-05051-00/01
correspondió al Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección B que, por
medio de sentencia del 15 de diciembre de 2022, negó el amparo solicitado. Contra
dicha decisión se interpuso impugnación, la cual fue resuelta por el Consejo de
Estado – Sección Primera que, a través de providencia de 3 de marzo de 2023,
confirmó lo fallado en primera instancia.

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1.7. Contra las decisiones precitadas radicó nuevamente acción de tutela, a la cual
se le asignó el radicado núm. 11001-03-15-000-2023-01417-00 y fue de
conocimiento del Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A que,
mediante sentencia del 4 de mayo de 2023, la rechazó por improcedente por
dirigirse contra una sentencia proferida en sede de amparo.

1.8. Al no ser impugnada dicha procidencia, el 26 de mayo de 2023 el expediente
fue remitido a la Corte Constitucional para el trámite de revisión eventual.

1.9. Sostiene que en la acción de tutela núm. 11001-03-15-000-2022-05051-00/01
le informó al juez que en el Juzgado Quinto Administrativo Oral de Cúcuta Norte de
Santander estaba disponible el cargo de citador grado 3, pues este estaba ocupado
con una persona nombrada en provisionalidad que no contaba con ninguna garantía
de rango constitucional. Por ende, reprochó que en el curso de esa tutela no se
haya vinculado como tercero con interés a dicho juzgado y a todos los despachos
judiciales regidos por el Consejo Seccional de Norte de Santander y Arauca.

PRETENSIONES

Solicita que se declare la procedencia excepcional de la presente acción de tutela
por no existir otro mecanismo de defensa y por encontrarse bajo el fenómeno de la
cosa juzgada fraudulenta, en consecuencia, pide que se dejen sin efectos las
sentencias del 15 de diciembre de 2022 y 3 de marzo de 2023, proferidas por el
Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección B y el Consejo de Estado –
Sección Primera, respectivamente.

ACTUACIÓN PROCESAL DEL A QUO

Por medio de auto del 7 de julio de 2023, el Consejo de Estado – Sección Cuarta
admitió la acción de tutela de la referencia y ordenó notificar al Consejo de Estado
– Sección Tercera – Subsección B y al Consejo de Estado – Sección Primera como
accionados, y al Consejo Superior de la Judicatura, al Consejo Seccional de la
Judicatura de Arauca y Norte de Santander, a la Dirección Ejecutiva Seccional de

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Administración Judicial de Cúcuta, a la Sala de Consulta y de Servicio Civil, al
Juzgado Segundo de Familia de Cúcuta y al Ministerio del Trabajo como terceros
interesados en las resultas del proceso.

POSICIÓN DEL ACCIONADO

El Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección B solicitó que se rechace
por improcedente la acción por dirigirse contra una sentencia de tutela, supuesto
que no cumple con los requisitos señalados por la Corte Constitucional en sentencia
SU-627 de 2015. Asimismo, indicó que ya se adelantó una decisión idéntica ante
esta corporación frente a la cual no se presentó impugnación.

El Consejo de Estado – Sección Primera pidió que se rechace por improcedente
la acción porque se dirige contra una acción de tutela sobre la que no se ha
demostrado la existencia de una cosa juzgada fraudulenta.

POSICIÓN DE LOS INTERVINIENTES

El Juzgado Segundo de Familia de Oralidad del Circuito Judicial de Cúcuta
remitió un enlace con el trámite administrativo surtido sobre el caso bajo estudio.

La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cúcuta informó
que el accionante ha presentado 29 acciones de tutela por hechos semejantes a los
expuestos en el presente asunto, las cuales dan cuenta, según indica, de (i) su falta
de compromiso cuando fungía como servidor judicial, (ii) que en realidad no existe
una afectación médica grave, (iii) que no hay razón que le impida ejercer su
profesión de abogado y (iv) que su desvinculación fue producto del nombramiento
del elegible.

El Consejo de Estado – Sala de Consulta y Servicio Civil sostuvo que en decisión
de 31 de marzo de 2022 resolvió el conflicto de competencia administrativo entre el
Juzgado Segundo de Familia de Oralidad de Cúcuta y el Consejo Seccional de la
Judicatura de Norte de Santander, providencia en la cual declaró competente al
mencionado juzgado para resolver la solicitud de estabilidad laboral reforzada

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propuesta por el accionante, pero que, dado que la tutela de la referencia no se
dirige contra la providencia que resolvió el conflicto de competencia, no existe
vulneración alguna de los derechos fundamentales.

El Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración de Carrera
Judicial, el Consejo Seccional de la Judicatura de Norte de Santander y Arauca
y la Nación – Ministerio del Trabajo solicitaron su desvinculación por falta de
legitimación en la causa por pasiva.

SENTENCIA IMPUGNADA

El Consejo de Estado – Sección Cuarta, a través de sentencia del 5 de octubre de
2023, rechazó por improcedente la acción de tutela de la referencia por haber
incurrido el accionante en una actuación temeraria. Indicó que en el presente asunto
existe identidad de partes, hechos y pretensiones con la acción de tutela radicada
núm. 11001-03-15-000-2023-01417-00, circunstancia que va en contra de lo
dispuesto en el artículo 38 del Decreto 2591 de 1991.

Frente al posible actuar de mala fe por parte del señor Bastidas Padilla, manifestó
que este “por lo menos” expuso las razones por las cuales consideraba que se
justificaba la interposición de una nueva tutela, es decir, no ocultó la existencia del
proceso. En ese sentido, sólo consideró que se configuraba una utilización
desmedida de la acción de tutela y no había lugar a emitir sanción alguna.

IMPUGNACIÓN

El señor Edwin Rodrigo Villota Soriano, como apoderado de la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cúcuta, presentó
impugnación en contra de la decisión precitada.

Sostuvo que el accionante no sólo ha actuado de forma temeraria y ha atacado
asuntos que ya son cosa juzgada, sino que ha denunciado disciplinariamente a los
funcionarios que han ejercido la defensa de las autoridades accionadas en las
múltiples tutelas. Manifestó que el señor Nerio Alexander Batista Padilla presentó

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petición ante el director seccional de administración judicial de Cúcuta y queja
disciplinaria ante los entes de control bajo el argumento que en la contestación del
presente trámite el apoderado de la entidad pretendió “inducir en error a la
Honorable Corte Suprema de Justicia, con la finalidad de obtener sentencia
favorable”, actuación que considera vulneratoria de los derechos de defensa y
contradicción de las partes accionadas.

En ese sentido, solicita que se declare que existió temeridad y cosa juzgada y que
se dé por terminado el asunto a fin de evitar que el accionante continúe utilizando
la acción de tutela de forma impune y desmedida.

El señor Nerio Alexander Bastidas Padilla presentó impugnación mediante
escrito a través del cual reiteró los argumentos expuestos en la demanda.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Corresponde a la Sala en segunda instancia determinar si la sentencia proferida el
5 de octubre de 2023 por la Sección Cuarta del Consejo de Estado se ajusta a
derecho. En tal sentido, se debe verificar si se vulneraron los derechos
fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia de la parte
accionante.

A efectos de resolver la impugnación, la decisión seguirá el siguiente esquema:

Para efectos de resolver la presente acción, la Sala abordará las siguientes
temáticas: I) generalidades de la temeridad en la acción de tutela y II) caso concreto.

I. Temeridad en la Acción de tutela. Generalidades.

El artículo 38 del Decreto 2591 de 1991, define una actuación temeraria cuando, sin
motivo expresamente justificado, la misma acción de tutela sea presentada por la
misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se rechazarán o
decidirán desfavorablemente todas las solicitudes. En ese sentido, establece que el
abogado que promoviere la presentación de varias acciones de tutela respecto de

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los mismos hechos y derechos, será sancionado con la suspensión de la tarjeta
profesional al menos por dos años y, en caso de reincidencia, se le cancelará su
tarjeta profesional, sin perjuicio de las demás sanciones a que haya lugar.

Así las cosas, esta disposición normativa pretende salvaguardar el principio de
buena fe contemplado en la Constitución Política de 1991, que se ve menoscabado
en el evento en que se presentan varias acciones de amparo idénticas, sin motivo
justo expresamente probado y sin que medie un hecho nuevo que justifique acudir
nuevamente a la administración de justicia.

La figura de la temeridad encuentra también su fundamento en el artículo 37 del
Decreto 2591 de 1991, previamente citado, el cual dispone que al momento en que
una persona pretenda interponer una demanda de tutela, esta “deberá manifestar,
bajo la gravedad del juramento, que no ha presentado otra respecto de los mismos
hechos y derechos. Al recibir la solicitud, se le advertirá sobre las consecuencias
penales del falso testimonio”, lo cual responde al interés superior de garantizar la
eficacia y el funcionamiento del Estado, al entender la actuación temeraria como
una utilización impropia de la acción de tutela.

Al respecto, la Corte Constitucional señaló la actuación temeraria es aquella que
vulnera el principio de buena fe, asumiendo una actitud indebida para satisfacer un
interés individual a toda costa y que expresa un abuso del derecho cuando
deliberadamente y sin tener razón se instaura nuevamente una acción de tutela.
Ello, teniendo en cuenta que la buena fe se presume en toda actuación de los
particulares ante las autoridades públicas, la temeridad es una circunstancia que
debe ser valorada cuidadosamente por los jueces para prevenir decisiones injustas.
En otras palabras, la conducta temeraria debe encontrarse plenamente acreditada
y no puede ser inferida de la simple improcedencia de la tutela o revisando
circunstancias meramente formales.1

Asimismo, la jurisprudencia constitucional ha fijado los lineamientos tendentes a
identificar en que situaciones se configura una actuación temeraria, al ser entonces
necesario que concurran los siguientes elementos: “(i) identidad fáctica en relación

1
C orte C onstitucional. Sentencia T 1215 de 2003. Magistrada Ponente: C lara Inés Vargas Hernández.

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con otra acción de tutela; (ii) identidad de demandante, en cuanto la otra acción de
tutela se presenta por parte de la misma persona o su representante; (iii) identidad
del sujeto accionado; y (iv) falta de justificación para interponer la nueva acción”.2

En consecuencia, es deber del juez de tutela analizar de forma exhaustiva los
hechos, las pretensiones y los fundamentos del caso en concreto, para así poder
declarar la improcedencia de la acción de amparo por existencia de la figura de
temeridad y de manera concomitante, impondrá la correspondiente sanción, una
vez verifique la identidad de partes, de hechos, de pretensión y adicionalmente, de
que no existe una causa razonable para hacer uso nuevamente de la acción, en el
caso de que efectivamente se presente la identidad.3

II. Caso concreto

De conformidad con las pruebas obrantes en el expediente, se tiene que el 21 de
marzo de 2023 el señor Nerio Alexander Bastidas Padilla interpuso otra tutela en
contra de la Sección Primera y de la Subsección B de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, la cual fue tramitada bajo el radicado número 11001-03-15-000-
2023-01417-00. Las pretensiones y fundamentos de dicha acción fueron los mismos
que los del caso bajo estudio, tal como se cita a continuación:

“PRIMERO: Que se AVOQUE el conocimiento de la presente acción de tutela, según las
reglas de reparto enmarcadas en el Decreto 333 de 2021 en sus artículos 2.2.3.1.2.4 y
2.2.3.1.2.1.

SEGUNDO: Que se ADMITA la presente acción de tutela, interpuesta contra el H. Consejo
de Estado.

TERCERO: Que se DECLARE la procedencia excepcional de la presente acción de tutela,
por no existir otro mecanismo de defensa, y, por encontrarse bajo el fenómeno de la cosa
juzgada fraudulenta, así como, la no vinculación de terceros con interés en la Litis, esto es,
el Juzgado 5° Administrativo de Cúcuta, tal como se referenció en el numeral 8 de los hechos
de la tutela presentada el 07 de septiembre de 2022, y, la no integración de los Despachos
Judiciales de los cuales hizo referencia el Consejo Seccional Norte de Santander y Arauca
en el Oficio P22-810 de 10 de mayo de 2022, de igual modo, a los aspirantes de las listas
de elegibles que estaban próximas a proveerse tal como lo afirma el Consejo Seccional de
Norte de Santander y Arauca, los anteriores, como terceros con interés, 16 sumado que ya
se había puesto en conocimiento que la contestación allegada por parte del Consejo
Secciona (sic) era parcialmente falsa.

2
C orte C onstitucional. Sentencia T 897 de 2010. Magistrado Ponente: Nilson Pinilla Pinilla.
3
Ibídem.

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CUARTO: Que como con secuencia (sic) de lo anterior, SE DEJEN sin efecto los fallos de
tutela proferido por el H. Consejo de Estado, bajo la radicación N°. 11001- 03-15-000-202 2-
05051-00 11001-03-15-000-2022-05527-00 (Acumulado) y 11001-03-15-000-2022-0505 1-
01 (acumulado 2022-05527-01), de primera y de segunda instancia.

QUINTO: Que se ORDENE al H. Consejo de Estado que se profiera un fallo ajustado a
derecho, ordenando la vinculación de todos los terceros con interés y su debida notificación;
que incluya la práctica de pruebas solicitadas toda vez que, estas son conducentes y
pertinentes para el esclarecimiento de la verdad, y, están estrechamente relacionada con
desvirtuar el argumento utilizado por los Jueces A quo, y Ad quem, mediante los cuales se
profirió un fallo fraudulento, y violatorio al debido proceso”.

Asimismo, conforme con lo estudiado por el juez constitucional de dicha causa, la
inconformidad del accionante también radicaba en una supuesta falta de vinculación
del Juzgado Quinto Administrativo Oral del Circuito de Cúcuta en el cual se
encontraba una persona nombrada en provisionalidad en el cargo de citador grado
3 que él demanda, argumento que se repite en la demanda bajo estudio y que
fundamenta la acción de la referencia. Por lo anterior, lejos de configurarse en el
presente asunto una cosa juzgada fraudulenta –que pueda habilitar la interposición
de una acción de tutela contra tutela, como lo alega el señor Bastidas Padilla– lo
que se pretende en el sub examine es abrir nuevamente un debate ya zanjado en
sede constitucional.

De lo anteriormente expuesto, es posible concluir que en el asunto de la referencia
se configura un actuar temerario por parte del accionante, teniendo en cuenta que
ya había interpuesto una acción de tutela idéntica a la que hoy se estudia, con los
mismos hechos, fundamentos y pretensiones, y además se dirige en contra de las
sentencias del 15 de diciembre de 2022 y 3 de marzo de 2023, proferidas por el
Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección B y el Consejo de Estado –
Sección Primera, respectivamente.

Asimismo, debe advertirse que no obra prueba alguna en el expediente de hechos
nuevos que justifiquen la interposición de la presente acción de tutela, ni se
configura ninguno los presupuestos establecidos por la Corte Constitucional para
desaparecer un cargo por temeridad, es decir, (i) que exista una decisión judicial
que decide amparar un derecho pero que consagra una orden insuficiente para
protegerlo de manera integral, que no encuentra fundamento en los motivos de la
sentencia y que contradice abiertamente disposiciones legales y constitucionales;

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(ii) que, como consecuencia de lo anterior, se produzca una nueva violación a los
derechos fundamentales que dicha decisión judicial tenía la intención de resguardar;
(iii) que la violación a los derechos fundamentales que se busca conjurar aparezca
como grave, inminente e irremediable de forma tal que parezca desproporcionado
que el actor deba soportarla; y, (iv) que la nueva acción de tutela no pretenda que
se produzca un nuevo estudio de fondo sobre la cuestión debatida en la primera
acción, sino simplemente completar la protección integral a la cual el actor tiene
derecho según, incluso, los motivos de la primera decisión.4

Ahora bien, pese a que se acredita una actuación temeraria, esta Sala considera
que le asiste razón al a quo cuando señala que no se encuentra una mala fe por
parte del accionante porque este no ocultó la existencia de la acción de tutela
radicado número 11001-03-15-000-2023-01417-00, sino que indicó que en la misma
se había inducido, “mediante fraude”, en error al juez, situación que no da lugar a
una sanción. Sin embargo, dada la condición de abogado del señor Bastidas Padilla
es necesario advertirle de las sanciones que establece el artículo 38 del Decreto
2591 de 1991 para que lo tenga en cuenta al momento de presentar acciones de
tutela.

Así las cosas, es necesario señalar que la presentación de dos acciones de tutelas
con identidad en hechos y pretensiones constituye una actuación temeraria que
quebranta el principio de buena fe señalado en la Constitución Política de 1991,
toda vez que, de conformidad con la jurisprudencia constitucional5, con dicha
conducta la parte accionante está asumiendo una actitud indebida para satisfacer
un interés individual a toda costa y expresa un abuso del derecho cuando
deliberadamente y sin tener razón se instaura nuevamente una demanda de
amparo.

Dicho lo anterior, esta Sala de Subsección confirmará la sentencia del 5 de octubre
de 2023, proferida por el Consejo de Estado – Sección Cuarta, que rechazó por
improcedente la acción de tutela interpuesta por el señor Nerio Alexander Bastidas
Padilla.

4
C orte C onstitucional. Sentencia T 726 de 2007 - Magistrada Ponente (E): C atalina Botero Marino.
5 C orte C onstitucional. Sentencia T 1215 de 2003. Magistrada Ponente: C lara Inés Vargas Hernández.

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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero: Confirmar la sentencia del 5 de octubre de 2023, proferida por el Consejo
de Estado – Sección Cuarta, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de
esta providencia.

Segundo: Remítase el expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.

Tercero: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de
la fecha.

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ (E)
Consejero de Estado

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo
186 del CPACA.

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