Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-03519-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-03519-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2023-03519-00
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
5 de octubre de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., cinco (5) de octubre de dos mil veintitrés (2023)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-03519-00
Referencia: Acción de tutela
ACTOR: HAROLD EDUARDO SUA MONTAÑA
TESIS: SE DENIEGA LA SOLICITUD DE AMPARO CONSTITUCIONAL
DEPRECADA – EN EL PRESENTE CASO NO EXISTIÓ VULNERACIÓN A LOS
DERECHOS FUNDAMENTALES QUE SE DICEN CONCULCADOS.
DERECHOS FUNDAMENTALES: AL LIBRE DESARROLLO DE LA
PERSONALIDAD Y A LA LIBERTAD DE PENSAMIENTO, CONCIENCIA
Y RELIGIÓN.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por el actor
contra el PRESIDENTE y VICEPRESIDENTA DE LA REPÚBLICA,
los MINISTERIOS y SUPERINTENDENCIAS NACIONALES DE
COLOMBIA, los DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA -DAPRE-, NACIONAL DE
PLANEACIÓN -DNP-, de PROSPERIDAD SOCIAL -DAPS- y de la
FUNCIÓN PÚBLICA -DAFP-, los INSTITUTOS COLOMBIANO DE
FOMENTO PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR -ICFES-,
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NÚMERO ÚNICO DE RADICACIÓN: 11001-03-15-000-2023-03519-00
ACTOR: HAROLD EDUARDO SUA MONTAÑA
NACIONAL PARA CIEGOS -INCI-, GEOGRÁFICO AGUSTÍN
CODAZZI -IGAC- y NACIONAL PENITENCIARIO -INPEC-, las
UNIDADES DE PLANIFICACIÓN RURAL -UPR-, NACIONAL DE
PROTECCIÓN -UNP-, de PROYECCIÓN NORMATIVA Y
ESTUDIOS DE REGULACIÓN FINANCIERA -URF-, de GESTIÓN
PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES -UGPP-,
ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA -UAEMC- y de SERVICIOS
PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS -USPEC-, la DIRECCIÓN DE
IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN-, la CONSEJERÍA
PRESIDENCIAL PARA LA JUVENTUD, la AGENCIA NACIONAL
DE ESPECTRO -ANE-, el ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN -
AGN-, el SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-, la
AUTORIDAD NACIONAL DE ACUICULTURA Y PESCA -AUNAP- y
la OFICINA DEL ALTO COMISIONADO PARA LA PAZ y la
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ.
I – ANTECEDENTES
I.1. La Solicitud
El señor HAROLD EDUARDO SUA MONTAÑA, actuando en nombre
propio, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86
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de la Constitución Política, solicitó la protección de sus derechos
fundamentales al libre desarrollo de la personalidad y a la libertad de
pensamiento, conciencia y religión, los cuales, a su juicio, le fueron
vulnerados por el PRESIDENTE y VICEPRESIDENTA DE LA
REPÚBLICA, los MINISTERIOS y SUPERINTENDENCIAS
NACIONALES DE COLOMBIA, los DEPARTAMENTOS
ADMINISTRATIVOS DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA -
DAPRE-, NACIONAL DE PLANEACIÓN -DNP-, de PROSPERIDAD
SOCIAL -DAPS- y de la FUNCIÓN PÚBLICA -DAFP-, los
INSTITUTOS COLOMBIANO DE FOMENTO PARA LA
EDUCACIÓN SUPERIOR -ICFES-, NACIONAL PARA CIEGOS -
INCI-, GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI -IGAC- y NACIONAL
PENITENCIARIO -INPEC-, las UNIDADES DE PLANIFICACIÓN
RURAL -UPR-, NACIONAL DE PROTECCIÓN -UNP-, de
PROYECCIÓN NORMATIVA Y ESTUDIOS DE REGULACIÓN
FINANCIERA -URF-, de GESTIÓN PENSIONAL Y
CONTRIBUCIONES PARAFISCALES -UGPP-, ESPECIAL
MIGRACIÓN COLOMBIA -UAEMC- y de SERVICIOS
PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS -USPEC-, la DIRECCIÓN DE
IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN-, la CONSEJERÍA
PRESIDENCIAL PARA LA JUVENTUD, la AGENCIA NACIONAL
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DE ESPECTRO -ANE-, el ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN -
AGN-, el SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-, la
AUTORIDAD NACIONAL DE ACUICULTURA Y PESCA -AUNAP- y
la OFICINA DEL ALTO COMISIONADO PARA LA PAZ y la
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, al haber presuntamente
modificado el escudo nacional e izado banderas con colores alusivos
a la comunidad LGTBI, en sus establecimientos físicos y plataformas
digitales, por lo que solicita se abstengan de realizar tales conductas
y expidan un comunicado a la opinión pública ofreciendo excusas.
I.2. Hechos
Sostuvo que mediante la sentencia C-469 de 1997 se reconoció que
los símbolos patrios, esto es, la bandera, el escudo y el himno son la
representación material de una serie de valores comunes a una
Nación constituida como Estado.
Indicó que con ocasión de la conmemoración del mes del orgullo
LGBTIQ+ y el día del orgullo, las entidades accionadas
presuntamente modificaron el escudo Nacional e izaron banderas con
los colores alusivos a dicha comunidad en sus establecimientos físicos
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y plataformas digitales, razón por la que, a su juicio, se debían
abstener de realizar tales conductas y expedir un comunicado a la
opinión pública ofreciendo excusas.
I.3 Fundamentos de la solicitud
A juicio de la parte demandante, las autoridades accionadas
vulneraron sus derechos fundamentales al libre desarrollo de la
personalidad y a la libertad de pensamiento, conciencia y religión,
habida cuenta que, desconocieron que entre los fines sociales del
Estado se encuentra el de usar los símbolos patrios como medio de
publicidad tan sólo cuando dichos mensajes conlleven a la formación
de un sentido nacionalista o realcen los valores patrios, conforme lo
establece el artículo 13 del Decreto 1967 de 15 de agosto de 19911.
Adujo que las autoridades accionadas desconocieron que en el
ordenamiento jurídico español se han emitido fallos contra del uso
de los símbolos “[…] cuya composición no corresponde a la
legalmente establecida para atribuir representatividad popular
(sentencia del Tribunal Supremo Español 163 de 2020) y estar
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“Por la cual se reglamenta el uso de los símbolos patrios: la bandera, el Escudo y el Himno
Nacional”.
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alineada la simbología exhibida a una manera de pensar, vivir o sentir
de un grupo determinado que no es compartida por todas las
opciones políticas al punto de tener así un carga ideológica (sentencia
del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León 859 de 2022) y
precisamente ello mismo pasa con el mencionado actuar a su vez
previsible reprensión legal sin estar vigente las vías jurídicas
inicialmente creadas para tal fin pues una de ellas fue declarada
inexequible a través de sentencia C-575 de 2009 el existir la
posteriormente derogada con el 242 de la ley 1801 de 2016 y no fue
reemplazada o sustituida con otra […]”.
I.4. Pretensiones
El actor solicitó que se amparen sus derechos fundamentales al libre
desarrollo de la personalidad y a la libertad de pensamiento,
conciencia y religión, invocados como vulnerados y, en consecuencia:
“[…] PRIMERO: Absténgase los accionados de incurrir nuevamente
en el actuar sub judice so pena de hacer efectivo el querer
sancionatorio del legislador previsto en el artículo 5 de la ley 12 de
1984 a través de la vía tutelar por eventuales afectaciones al
derecho fundamental violado dada la inexequibilidad de la medida
legal que remite el artículo 18 del decreto nacional 1967 de 1991
para tal fin y la derogatoria de la contemplada en el artículo 210
del Decreto-Ley 1355 de 1970 sin reemplazo o sustitución alguno.
SEGUNDO: Emitan los accionados comunicado a la opinión pública
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mediante el cual habrán de disculparse por haber alterado el
escudo nacional y/o izado banderas en espacio público con colores
representativos de un modo de vida basado en multiplicidades de
gustos concupiscentes y con ello un asunto personalísimo de la
esfera privada de las personas que entonces no puede
entremezclarse con la identidad nacional o tener algún tipo de
manifestación pública apoyada por el estado en contravía de su
neutralidad frente a la libertad religiosa, política, cultural, sexual y
social de la población […]”.
I.5. Defensa
I.5.1.- El PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA señaló que no goza de
legitimación de la causa por pasiva, en tanto no ha sido participe de
acción u omisión alguna respecto de la situación fáctica planteada y
manifestó que la acción de tutela es improcedente, ante la
inexistencia de vulneración de los derechos fundamentales
invocados.
Afirmó que las acciones desplegadas por la administración pública
durante el mes del orgullo no modificaron, ni alteraron, de ninguna
forma los símbolos patrios, ni su contenido, pues incluso respetaron
y mantuvieron sus colores originales, ya que lo pretendido era a
través de una marca relativa a los colores de la comunidad LGBTQI+,
incluir a través de un acto simbólico todas las problemáticas que
dicha población enfrenta diariamente, lo cual lejos de atacar los
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símbolos patrios, promovía y exaltaba esa diversidad y pluralidad que
caracteriza nuestra Nación.
Sostuvo que las acciones de la administración pública durante el mes
del orgullo se deben interpretar como acciones afirmativas que
buscan concretar el principio de igualdad material que promueve la
Carta Política e incluso han sido avaladas por la jurisprudencia de la
Corte Constitucional, por lo cual, en el presente caso, las mismas se
deben tener como un acto para promover la transformación cultural
y social, suscitando respeto y reconocimiento a las personas de los
sectores sociales LGBTIQ+, como forma de reivindicar el compromiso
de este Gobierno con la diversidad y la igualdad para todas y todos.
I.5.2.- La SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN DE
BOGOTÁ solicitó declarar improcedente la acción de tutela de la
referencia, en la medida en que de ninguno de los hechos indicados
en el texto de la acción se puede configurar la existencia de
vulneración de los derechos fundamentales reclamados y, además,
ante la ausencia probatoria de un peligro inminente o un daño
causado.
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I.5.3.- El INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO -INPEC-
solicitó su desvinculación del trámite de tutela al no estar legitimado
en la causa por pasiva e indicó que no es del resorte de sus
competencias atender los requerimientos del accionante.
I.5.4.- El MINISTERIO DE EDUCACIÓN solicitó su desvinculación
del trámite constitucional de la referencia y, además, declarar
improcedente el amparo solicitado, toda vez que no se vislumbra
vulneración alguna a los derechos fundamentales del accionante por
parte de esa cartera ministerial.
I.5.5.- La SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES afirmó que se
configuró la falta de legitimación en la causa por pasiva, toda vez
que las facultades de la entidad se limitan a la inspección, vigilancia
y control de las sociedades mercantiles y no le competen los hechos
expuestos en la presente solicitud de amparo.
I.5.6.- El DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN
PÚBLICA señaló que la acción de tutela es improcedente por carecer
de fundamentos fácticos y jurídicos admisibles y, en consecuencia,
genera un desgaste operacional innecesario. Asimismo, resaltó que
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la entidad no ha incurrido en acción u omisión que constituya la
presunta vulneración de los derechos fundamentales que alude el
actor, por lo cual carece de legitimación en la causa por pasiva.
I.5.7.- La AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO resaltó que las
acciones y publicaciones realizadas para la conmemoración del día
internacional del orgullo LGBTIQ+ corresponden a la estrategia
diseñada y estructurada por la Presidencia de la República y replicada
por cada una de las entidades públicas del Gobierno Nacional, lo cual
no vulneraba norma alguna y mucho menos los derechos
fundamentales de ninguna persona, pues, por el contrario, su actuar
reconocía a plenitud el derecho a la diversidad de los individuos.
I.5.8.- El SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE- SENA
informó que es una entidad pública adscrita al Ministerio de Trabajo
y como parte del Gobierno se debe acoger a diversas directrices en
el ámbito de las comunicaciones que se desarrollan en sinergia, como
en el presente caso, que solo atendió las instrucciones que le
suministraron desde la Vicepresidencia de la República para unirse a
la conmemoración del día del orgullo LGBTIQ+.
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I.5.9.- La SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO
solicitó declarar improcedente la solicitud de amparo de la referencia,
en tanto que las autoridades accionadas no modificaron ningún
símbolo patrio, pues el uso de la imagen del escudo nacional con los
colores del arcoíris, alusivos a la comunidad LGBTIQ+ junto con el
hashtag #súmatealarutadiversa no constituían transgresión de
ningún derecho fundamental y, por el contrario, se trataba de la
reivindicación de los derechos humanos de los miembros de dicha
comunidad durante la conmemoración de su día.
I.5.10.- El MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA solicitó declarar
la improcedencia de la presente solicitud de amparo constitucional,
en la medida en que los derechos fundamentales del accionante no
fueron transgredidos por parte de esa cartera ministerial y, además,
la acción de tutela tampoco es el mecanismo idóneo para exigir la
presentación de disculpas públicas.
I.5.11.- La UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y
CARCELARIOS -USPEC- manifestó que no cuenta con la
legitimación en la causa por pasiva para responder por las
pretensiones de la demanda y recalcó que la Presidencia y la
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Gerencia de Diversidad Sexual y Derechos LGBTIQ+ de la
Vicepresidencia les solicitaron actualizar los días 27 y 28 de junio del
presente año, los vestidos de redes sociales a partir de las 7:00 a.m.
para conmemorar el mes del orgullo LGBTIQ+, actividad que se
realizó en sinergia con todas las entidades del orden nacional y
Ministerios.
I.5.12.- El DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA
PROSPERIDAD SOCIAL -DAPS- solicitó su desvinculación del
trámite constitucional por carecer de legitimación en la causa por
pasiva, toda vez que, a su juicio, no existe conexidad entre la entidad
y la situación fáctica constitutiva de la presunta vulneración de los
derechos fundamentales invocados.
I.5.13.- La SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD aseguró
que se configuró la falta de legitimación en la causa por pasiva, por
cuanto la entidad no está llamada a responder por la presunta
vulneración alegada por el accionante, toda vez que no existe un
nexo de causalidad entre la presunta vulneración de derechos
fundamentales y esa Superintendencia.
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I.5.14.- La SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
aseguró que se configuró la falta de legitimación en la causa por
pasiva, por cuanto la entidad no vulneró ninguno de los derechos
fundamentales invocados por el accionante.
I.5.15.- El MINISTERIO DE TRABAJO explicó que los argumentos
formulados en la acción de tutela no guardan relación directa con la
entidad, razón por la que se configura la falta de legitimación en la
causa por pasiva al no ser esa cartera ministerial generadora de los
hechos que presuntamente vulneran los derechos fundamentales del
accionante.
I.5.16.- La SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE manifestó
oposición a las pretensiones de la demanda, toda vez que no se
vislumbra con la conmemoración efectuada el día 28 de junio de 2023
del mes del orgullo LGBTIQ+ y el día internacional del orgullo, una
presunta afectación a los derechos fundamentales deprecados por
parte de esa entidad.
I.5.17.- El MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y
TURISMO afirmó que las pretensiones de la acción de tutela deben
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ser denegadas, por cuanto el actor no señala de manera concreta la
relación existente entre el uso de una plantilla de forma simbólica,
con colores alusivos a la comunidad LGBTIQ+ y la presunta
afectación de sus derechos fundamentales.
I.5.18.- El MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO
SOSTENIBLE manifestó que el grupo de comunicaciones de la
entidad, efectúo el ajuste de colores alusivos a la bandera LGBTIQ+
en sus redes sociales en cumplimiento de los lineamientos remitidos
por la Presidencia de la República mediante mensaje dirigido a todas
las entidades públicas del País, durante el tiempo solicitado, esto es,
desde el 28 de junio al 3 de julio de 2023, en el marco de una
campaña para conmemorar el mes del orgullo LGBTIQ+.
I.5.19.- La UNIDAD DE GESTIÓN PENSIONAL Y
CONTRIBUCIONES PARAFISCALES -UGPP- solicitó su
desvinculación de la acción de tutela de la referencia, por cuanto no
goza de legitimación en la causa por pasiva respecto de la presunta
trasgresión de los derechos fundamentales deprecados por el actor.
I.5.20.- El MINISTERIO DEL INTERIOR manifestó que se
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configuró la falta de legitimación en la causa por pasiva frente a esa
cartera ministerial, por cuanto, no ha realizado conducta alguna ya
sea por acción u omisión que genere la amenaza o vulneración de los
derechos fundamentales deprecados por el actor.
I.5.21.- La UNIDAD DE PLANIFICACIÓN DE TIERRAS
RURALES, ADECUACIÓN DE TIERRAS Y USOS
AGROPECUARIOS -UPRA- manifestó que carece de legitimación en
la causa por pasiva, por cuanto no es la entidad responsable de las
presuntas vulneraciones a los derechos del actor y, además, por la
carencia de objeto material de la solicitud y la ausencia de un
perjuicio irremediable.
I.5.22.- La SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS
DOMICILIARIOS advirtió que la acción de tutela es improcedente,
por cuanto se debía declarar la carencia actual de objeto por hecho
superado y la ausencia de vulneración de derechos fundamentales
por parte de esa entidad.
I.5.23.- El ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN -AGN- manifestó
que carece de legitimación en la causa por pasiva, por cuanto no es
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la entidad responsable de las presuntas acciones u omisiones
relacionadas con las pretensiones de la demanda y, además, sostuvo
que la conmemoración del mes del orgullo LGBTIQ+, implica la
construcción de una sociedad más inclusiva en la que prime el
respeto por la diversidad y la promoción de la garantía efectiva de
los derechos de estas personas, que hoy son reconocidas como
sujetos de especial protección constitucional.
I.5.24.- La SUPERINTENDENCIA DE ECONOMÍA SOLIDARIA se
opuso a las pretensiones de la acción de tutela, en tanto que no es
un mecanismo para proteger derechos de orden colectivo y, además,
porque las situaciones fácticas de la solicitud de amparo no son una
violación a los derechos fundamentales, sino el cumplimiento a las
obligaciones del Estado de especial protección a las comunidades y
minorías discriminadas a lo largo de la historia.
I.5.25.- El INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI -IGAC
manifestó que carece de legitimación en la causa por pasiva, toda
vez que no obra respaldo fáctico ni probatorio con el que se logre
atribuir a esa entidad responsabilidad alguna respecto de los
derechos presuntamente vulnerados.
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I.5.26.- El MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES solicitó
su desvinculación de la acción de tutela de la referencia, por cuanto
no goza de legitimación en la causa por pasiva respecto de la
presunta trasgresión de los derechos fundamentales deprecados por
el actor y precisó que esa entidad realizó una distinción en sus redes
sociales, resaltando y conmemorando el Día Internacional del Orgullo
LGTBIQ+, de la misma forma como se divulgan otros fechas
importante del país y cuya única finalidad fue la de sensibilizar a los
nacionales y connacionales de la lucha que continúa por la igualdad
y la dignidad de las personas de esta comunidad diversa.
I.5.27.- La SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
afirmó que la presente acción de tutela es improcedente y, en
consecuencia, se deben denegar las pretensiones, pues no existe
amenaza o vulneración alguna a los derechos fundamentales del
actor que le sea atribuible a esa entidad.
I.5.28.- El MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E
INNOVACIÓN aseveró que la demanda de tutela no evidencia la
conexión entre esa cartera ministerial y la situación fáctica
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constitutiva del litigio, razón por la que se configura su falta de
legitimación en la causa por pasiva.
I.5.29.- El MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
señaló que carece de legitimación en la causa por pasiva, toda vez
que no ha realizado acción u omisión alguna que vulnere los derechos
fundamentales objeto de la presente solicitud de amparo.
I.5.30.- La DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS
NACIONALES -DIAN- informó que la acción de tutela es
improcedente por existir otros mecanismos de defensa judicial, por
lo cual, no se cumplen los requisitos generales de procedencia y,
además tampoco existe vulneración alguna de los derechos
fundamentales deprecados. Igualmente, recalcó que su proceder
estuvo enmarcado en las directrices señaladas por el Gobierno
Nacional.
I.5.31.- El MINISTERIO DE CULTURA aseguró que no le asiste
legitimación en la causa por pasiva y, además, que la acción de tutela
carece de objeto, toda vez que, no ha transgredido derecho
fundamental alguno.
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I.5.32.- La UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN -UNP- afirmó
que carece de legitimación en la causa por pasiva, por cuanto no ha
incurrido en vulneración de los derechos fundamentales invocados
por el actor, al no existir relación alguna entre las pretensiones y las
funciones de esa entidad.
I.5.33.- La AUTORIDAD NACIONAL DE ACUICULTURA Y PESCA
-AUNAP- solicitó que se ordene su desvinculación de la presente
solicitud de amparo constitucional y que se declare la carencia actual
de objeto por hecho superado, toda vez que los hechos que dieron
lugar a promover la presente acción de tutela ocurrieron entre el 28
de junio y el 3 de julio de 2023 y frente a los mismos no puede
predicarse la amenaza de derechos fundamentales o la ocurrencia de
un perjuicio irremediable.
I.5.34.- INSTITUTO COLOMBIANO DE FOMENTO PARA LA
EDUCACIÓN SUPERIOR -ICFES- manifestó que se debía denegar
la solicitud de amparo deprecada, ante la ausencia de vulneración de
derechos fundamentales y, además, se debía tener en cuenta que
tampoco cumple con el requisito de subsidiariedad, en tanto que, el
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Decreto 1967 de 15 de agosto 19912, establece la facultad asignada
a los alcaldes para imponer multas entre 5 y 10 salarios mínimos
diarios legales por irrespeto a los símbolos patrios.
I.5.35.- El DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE
PLANEACIÓN -DNP- sostuvo que las pretensiones de la acción de
tutela de la referencia debían ser denegadas, en tanto que, no está
demostrada la afectación o amenaza de los derechos fundamentales
del actor con ocasión de la utilización de plantillas de colores alusivos
al mes del orgullo.
I.5.36.- El MINISTERIO DEL DEPORTE señaló que carece de
legitimación en la causa por pasiva, por cuanto esa cartera ministerial
no es el sujeto procesal llamado a responder por la presunta
vulneración de los derechos fundamentales a que hace alusión la
parte actora.
I.5.37.- El MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
adujó la falta de legitimación en la causa por pasiva, en razón a que
no existe prueba alguna de la vulneración de los derechos
2
“Por la cual se reglamenta el uso de los símbolos patrios: la bandera, el Escudo y el Himno Nacional”.
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fundamentales deprecados por parte de esa entidad, ni un perjuicio
irremediable.
I.5.38.- La SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR
solicitó rechazar por improcedente la acción de tutela, por
configurarse la carencia actual de objeto por hecho superado y
precisó que simplemente se unió a la conmemoración mundial del día
de un sector social históricamente invisibilizado, como garantía y
materialización del principio de pluralidad, elemento fundante del
Estado social de derecho Colombiano y como manifestación del
derecho fundamental a la identidad nacional de un sector de la
población.
I.5.39.- El MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO
RURAL señaló que la presente solicitud debe ser declarada
improcedente, debido a que no existen elementos de juicio que den
cuenta de la transgresión de derechos fundamentales a la que alude
el actor y, además, se debía valorar si aquel había agotado todos los
medios de defensa judicial que tiene a su alcance.
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I.5.40.- La SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y
SEGURIDAD PRIVADA afirmó que se debían denegar las
pretensiones solicitadas en la acción de tutela y declarar la
improcedencia de la misma, teniendo en cuenta que operó lo que la
doctrina constitucional denomina hecho superado.
I.5.41.- El MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES adujo que la presente
acción de tutela se torna abiertamente improcedente y, como
consecuencia de ello, se debe negar el amparo solicitado.
I.5.42.- La UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN
COLOMBIA -UAEMC- indicó que carece de legitimación en la causa
por pasiva, en tanto no existen fundamentos fácticos o jurídicos
atendibles que permitan establecer responsabilidad en cabeza de esa
entidad.
I.5.43.- El MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
solicitó que se nieguen las pretensiones de la acción de tutela, por
cuanto, los recursos de carácter simbólico empleados para
conmemorar el mes del orgullo LGBTIQ+ no transgredieron derecho
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fundamental alguno y, por el contrario, dentro de marco del respeto
y la resignificación buscan llamar la atención frente a la garantía de
derechos fundamentales como la igualdad, la libertad de expresión y
los valores constitucionales de dignidad, tolerancia y pluralidad que
son los que deben sostener una sociedad democrática.
I.5.44.- La AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACIÓN
INTERNACIONAL DE COLOMBIA -APC- aseguró que no goza de
legitimación de la causa por pasiva respecto de la vulneración de los
derechos fundamentales deprecados por el actor, habida cuenta que,
no existe ningún hecho u omisión relacionado que le sea imputable.
IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer del presente asunto, de
conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 1983 de 30
de noviembre de 2017 y en virtud del artículo 2º del Acuerdo número
377 de 11 de diciembre de 2018 de la Sala Plena del Consejo de
Estado, que regula la distribución de las acciones de tutela entre las
Secciones; y del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019
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de la misma Sala, que asigna a esta Sección el conocimiento de las
acciones de tutela.
Cuestión Previa
Antes de resolver la presente acción de tutela, la Sala se pronunciará
respecto de la solicitud de desvinculación por falta de legitimación en
la causa por pasiva presentada por las entidades accionadas.
La Sala advierte que el PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, el
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO -INPEC-, el
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, la SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES, el DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA
FUNCIÓN PÚBLICA, la SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y
REGISTRO, la UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y
CARCELARIOS -USPEC-, el DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL -DAPS-, la
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD, la
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, el
MINISTERIO DE TRABAJO, la UNIDAD DE GESTIÓN
PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES -UGPP-, el
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MINISTERIO DEL INTERIOR, la UNIDAD DE PLANIFICACIÓN
DE TIERRAS RURALES, ADECUACIÓN DE TIERRAS Y USOS
AGROPECUARIOS -UPRA-, el ARCHIVO GENERAL DE LA
NACIÓN -AGN-, el INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN
CODAZZI -IGAC, el MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES, el MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E
INNOVACIÓN, el MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO
PÚBLICO, el MINISTERIO DE CULTURA, la UNIDAD NACIONAL
DE PROTECCIÓN -UNP-, la AUTORIDAD NACIONAL DE
ACUICULTURA Y PESCA -AUNAP-, el MINISTERIO DEL
DEPORTE, el MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL,
la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN
COLOMBIA -UAEMC- y la AGENCIA PRESIDENCIAL DE
COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE COLOMBIA -APC-,
formularon petición de desvinculación en la presente acción de tutela,
por falta de legitimación en la causa por pasiva.
Cabe señalar que la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001
de 30 de noviembre de 2006[1], se refirió a la falta de legitimación en
la causa por pasiva en los siguientes términos:
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“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta
Corporación en la Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio
Hernández, dijo lo siguiente:
“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia
de fondo porque otorga a las partes el derecho a que el juez se
pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y las
razones de la oposición por el demandado, mediante sentencia
favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa
es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés
sustancial que se discute en el proceso. (…).
La legitimación pasiva se consagra como la facultad
procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de
desconocer o controvertir la reclamación que el actor le
dirige mediante la demanda sobre una pretensión de
contenido material.
Si bien la tutela se establece por la Constitución como un
proceso preferente y sumario, con ello no se quiso
consagrar un instrumento judicial carente de garantías
procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal sirvan
de excusa para desconocer los derechos de las partes o de
los terceros, de manera que en dicho proceso, como en
cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta
sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción.
La identificación cabal del demandado es una exigencia que
tanto la Constitución como el Decreto 2591 de 1991 avalan.
Según aquélla, la acción de tutela se promueve contra
autoridad pública y, en ciertos casos, contra los particulares
por la acción u omisión que provoque la violación de los
derechos fundamentales de las personas, y lo mismo señala
el segundo estatuto."[[2]]. (Negrilla fuera de texto).
Y más adelante, en sentencia T-519 de 2001 M.P. Clara Inés
Vargas, esta misma Corporación anotó que: "... cuando del trámite
procesal se deduce que el demandado no es responsable del
menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no puede,
bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La
legitimación por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el
demandado no es el responsable de realizar la conducta cuya
omisión genera la violación, o cuando no es su conducta la que
inflige el daño […]” (Destacado de la Sala).
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Al respecto, la Sala observa que la vinculación de las entidades
referidas obedeció a que la acción de tutela se dirigió contra todas
las entidades del Estado del orden Nacional, así como de la Alcaldía
Mayor de Bogotá, por lo que la vinculación en calidad de accionadas
era obligatoria sin perjuicio de la prosperidad o no de las
pretensiones.
En ese sentido, la Sala concluye que a las citadas entidades les asiste
interés en la decisión de la acción constitucional de la referencia,
razón por la que se les denegará la solicitud de desvinculación por
falta de legitimación en la causa por pasiva, como en efecto se
dispondrá en la parte resolutiva de la presente providencia.
Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución
Política, fue instituida para proteger en forma inmediata los derechos
constitucionales fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o
amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o
particular, en los casos previstos en el artículo 42 del Decreto Ley
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2591 de 19 de noviembre de 19913. Dicha acción se establece como
instrumento subsidiario, es decir, que solo procede cuando el
afectado no disponga de otros medios de defensa judicial, salvo que
se utilice como mecanismo transitorio, con miras a evitar un perjuicio
irremediable.
Caso concreto
En el presente asunto, la Sala advierte que la parte actora pretende
el amparo de sus derechos fundamentales al libre desarrollo de la
personalidad y a la libertad de pensamiento, conciencia y religión, los
cuales, a su juicio, han sido vulnerados por las entidades accionadas,
con ocasión de la presunta modificación del escudo nacional e izado
banderas con colores alusivos a la comunidad LGTBIQ+, en sus
establecimientos físicos y plataformas digitales, por lo que solicita se
abstengan de realizar tales conductas y expidan un comunicado a la
opinión pública ofreciendo excusas.
A juicio del actor, la presunta modificación mencionada vulnera sus
derechos fundamentales, por cuanto las autoridades accionadas
3
"Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política".
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desconocieron que entre los fines sociales del Estado se encuentra el
de usar los símbolos patrios como medio de publicidad tan sólo
cuando dichos mensajes conlleven la formación de un sentido
nacionalista o realcen los valores patrios y, además, tampoco
tuvieron en cuenta que en el ordenamiento jurídico español se han
emitido fallos en contra del uso indebido de los símbolos patrios.
Precisado lo anterior, el problema jurídico que debe resolver la Sala
consiste en determinar si las autoridades judiciales accionadas
vulneraron los derechos fundamentales del actor con ocasión de la
utilización de símbolos representativos de la diversidad sexual de
manera concomitante con los símbolos patrios.
De acuerdo con lo anterior, resulta oportuno precisar que de
conformidad con los informes allegados a la presente solicitud de
amparo por las entidades accionadas, fue posible establecer que por
lineamiento directo de la Gerencia de Diversidad Sexual y Derechos
LGBTIQ+ de la Vicepresidencia de la República, se desarrolló e
implementó una sinergia entre todas las entidades del Gobierno
Nacional, en la que como acto simbólico y para conmemorar el mes
del orgullo, sugirieron izar banderas representativas de esa
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colectividad y compartir en las redes sociales de las entidades unas
piezas gráficas contentivas de plantillas con colores alusivos a la
comunidad LGBTIQ+ sobre el escudo nacional.
Ahora bien, la Sala conviene en mencionar que los disensos del actor
se limitan únicamente a manifestar que la vulneración de sus
derechos fundamentales se dio con ocasión de la inclusión de colores
alusivos a la comunidad LGBTIQ+ durante el mes del orgullo, lo cual
implicó una modificación del escudo nacional y el izado de banderas;
sin embargo, en el escrito de tutela el actor omitió precisar los
motivos o las circunstancias por las cuales se le estaban vulnerando
los derechos fundamentales de los cuales el es titular y mucho
menos, acreditó de manera siquiera sumaria tal agresión. En efecto,
en los argumentos que expuso en el escrito tuitivo para justificar la
interposición de la acción de tutela, señaló:
“[…] MOTIVO DE LA INTERPOSICIÓN DE LA ACCIÓN
Habida cuenta de que el libre desarrollo de la personalidad es
limitado a “las que imponen los derechos de los demás y el orden
jurídico” (cursiva añadida, artículo 16 constitucional) y dicho
orden establece una composición, diseño y uso del escudo
nacional y el fin de “fortalecer la unidad de la Nación” (cursiva
añadida, preámbulo de la Constitución) y “asegurar el
cumplimiento de los deberes sociales del Estado” (cursiva
añadida, artículo 2 constitucional) entre los cuales está “usar los
símbolos patrios como medio de publicidad tan sólo cuando
dichos mensajes conlleven a la formación de un sentido
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nacionalista o realcen los valores patrios” (cursiva añadida,
artículo 13 del decreto nacional 1967 de 1991) y “restringir, en
nombre de ciertos principios de moralidad pública, la libertad
negocial de los individuos o impedir o desestimular la realización
pública de ciertos comportamientos que, en virtud de tales
principios, se consideran privados” (cursiva y subrayado
añadidos, sentencia C-404 de 1998) siendo fuente de tales
restricciones la moral “que racionalmente resulta necesario
mantener para armonizar proyectos individuales de vida que,
pese a ser absolutamente contradictorios, resultan compatibles
con una democracia constitucional y que, adicionalmente, es
indispensable para conjugar la libertad individual con la
responsabilidad y la solidaridad que hacen posible este modelo
constitucional” (ibídem), el actuar sub judice atenta contra esos
preceptos tal cual ha ocurrido en el ordenamiento jurídico
español donde se ha fallado contra el uso de símbolos cuya
composición no corresponde a la legalmente establecida para
atribuir representatividad popular (sentencia del Tribunal
Supremo Español 163 de 2020) y estar alineada la simbología
exhibida a una manera de pensar, vivir o sentir de un grupo
determinado que no es compartida por todas las opciones
políticas al punto de tener así un carga ideológica (sentencia del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León 859 de 2022) y
precisamente ello mismo pasa con el mencionado actuar a su
vez previsible reprensión legal sin estar vigente las vías jurídicas
inicialmente creadas para tal fin pues una de ellas fue declarada
inexequible a través de sentencia C-575 de 2009 el existir la
posteriormente derogada con el 242 de la ley 1801 de 2016 y
no fue reemplazada o sustituida con otra […]”.
De conformidad con lo expuesto, la Sala de Decisión encuentra que
el tutelante no aportó ningún medio de prueba que acreditara una
transgresión real y palpable de sus derechos fundamentales y
tampoco se probó, en el caso sub examine, que el demandante
hubiera sido víctima del flagelo de la discriminación o que sus
derechos al libre desarrollo de la personalidad y a la libertad de
pensamiento, conciencia y religión hubiesen sido amenazados o
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transgredidos en manera alguna por las autoridades accionadas.
En efecto, el accionante no señala de manera concreta en qué
consiste la transgresión de sus derechos fundamentales con ocasión
de la utilización de la plantilla de colores que se empleó de manera
simbólica sobre el escudo o en qué forma se pudo modificar o alterar
su diseño original, máxime aun, teniendo en cuenta que dicha
actuación se debe interpretar como una acción afirmativa en favor
de un grupo históricamente discriminado e invisibilizado.
Acerca de las acciones afirmativas la Corte Constitucional, ha
precisado que operan frente a situaciones materiales de exclusión y
su objeto debe ser el de “[…] incidir en los factores que generan las
situaciones de marginalidad que aquejan a los grupos de especial
protección constitucional. Esto implica que las acciones afirmativas
deben ser dinámicas y efectivas, al igual que concordar con la
situación material sobre la que pretenden incidir, teniendo un alcance
temporal limitado a la materialización de su finalidad […]”4.
Cabe resaltar que el Estado tiene el deber de garantizar un entorno
4
Corte Constitucional; Sentencia T-740 de 2015; Magistrado Ponente: Luis Guillermo Guerrero Pérez
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inclusivo y respetuoso para todos los ciudadanos y en ocasiones
puede resultar necesario utilizar los mismos símbolos patrios para
promover la inclusión, la diversidad y la igualdad y así eliminar
cualquier forma de discriminación basada en la orientación sexual o
en la identidad de género.
Por tanto, para la Sala resulta forzoso concluir que no puede
afirmarse que nos hallamos frente a un evento de vulneración de los
derechos fundamentales del accionante, máxime aun, cuando al
tenor de las pruebas allegadas al presente trámite constitucional,
está acreditado que el actor tampoco solicitó directamente a las
autoridades accionadas que se reconociera la situación vulneradora
de derechos y se ofrecieran las disculpas que solicita en sede
constitucional; por el contrario, acudió directamente a este medio
excepcional de protección judicial, sin haber elevado previamente
ningún tipo de solicitud en ese sentido ante la administración, con el
fin de que aquella decidiera si resultaba oportuno acogerla o no;
razón adicional para denegar las pretensiones de la solicitud de
amparo de la referencia.
Por último, la parte actora tampoco allegó al plenario constitucional
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prueba documental que permita inferir que se encuentra en una
particular situación que requiera una intervención urgente o
transitoria del juez de tutela en aras de poder conjurar la presencia
de un perjuicio irremediable en su favor.
Consecuente con lo anterior, la Sala denegará las pretensiones de la
acción de tutela de la referencia, como en efecto se dispondrá en la
parte resolutiva de la presente providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: PRIMERO: DENEGAR la solicitud de desvinculación por
falta de legitimación en la causa por pasiva presentada por el
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, el INSTITUTO NACIONAL
PENITENCIARIO -INPEC-, el MINISTERIO DE EDUCACIÓN, la
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, el DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, la
SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, la UNIDAD
DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS -USPEC-, el
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DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD
SOCIAL -DAPS-, la SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD,
la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, el
MINISTERIO DE TRABAJO, la UNIDAD DE GESTIÓN
PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES -UGPP-, el
MINISTERIO DEL INTERIOR, la UNIDAD DE PLANIFICACIÓN
DE TIERRAS RURALES, ADECUACIÓN DE TIERRAS Y USOS
AGROPECUARIOS -UPRA-, el ARCHIVO GENERAL DE LA
NACIÓN -AGN-, el INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN
CODAZZI -IGAC, el MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES, el MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E
INNOVACIÓN, el MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO
PÚBLICO, el MINISTERIO DE CULTURA, la UNIDAD NACIONAL
DE PROTECCIÓN -UNP-, la AUTORIDAD NACIONAL DE
ACUICULTURA Y PESCA -AUNAP-, el MINISTERIO DEL
DEPORTE, el MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL,
la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN
COLOMBIA -UAEMC- y la AGENCIA PRESIDENCIAL DE
COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE COLOMBIA -APC-, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
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SEGUNDO: DENEGAR la solicitud de amparo de la referencia, de
conformidad con lo señalado en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
CUARTO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y
quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.
COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 5 de octubre de 2023.
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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