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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-03519-00

Fecha
5 de octubre de 2023
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-03519-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: PRIMERO: DENEGAR la solicitud de desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva presentada por el PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, el INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO -INPEC-, el MINISTERIO DE EDUCACIÓN, la SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, el DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, la SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, la UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS -USPEC-, el Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 35 NÚMERO ÚNICO DE RADICACIÓN: 11001-03-15-000-2023-03519-00 ACTOR: HAROLD EDUARDO SUA MONTAÑA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL -DAPS-, la SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD, la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, el MINISTERIO DE TRABAJO, la UNIDAD DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES -UGPP-, el MINISTERIO DEL INTERIOR, la UNIDAD DE PLANIFICACIÓN DE TIERRAS RURALES, ADECUACIÓN DE TIERRAS Y USOS AGROPECUARIOS -UPRA-, el ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN -AGN-, el INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI -IGAC, el MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, el MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, el MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, el MINISTERIO DE CULTURA, la UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN -UNP-, la AUTORIDAD NACIONAL DE ACUICULTURA Y PESCA -AUNAP-, el MINISTERIO DEL DEPORTE, el MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA -UAEMC- y la AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE COLOMBIA -APC-, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 36 NÚMERO ÚNICO DE RADICACIÓN: 11001-03-15-000-2023-03519-00 ACTOR: HAROLD EDUARDO SUA MONTAÑA SEGUNDO: DENEGAR la solicitud de amparo de la referencia, de conformidad con lo señalado en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. CUARTO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2023-03519-00

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

5 de octubre de 2023

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., cinco (5) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-03519-00
Referencia: Acción de tutela
ACTOR: HAROLD EDUARDO SUA MONTAÑA

TESIS: SE DENIEGA LA SOLICITUD DE AMPARO CONSTITUCIONAL
DEPRECADA – EN EL PRESENTE CASO NO EXISTIÓ VULNERACIÓN A LOS
DERECHOS FUNDAMENTALES QUE SE DICEN CONCULCADOS.

DERECHOS FUNDAMENTALES: AL LIBRE DESARROLLO DE LA
PERSONALIDAD Y A LA LIBERTAD DE PENSAMIENTO, CONCIENCIA
Y RELIGIÓN.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por el actor

contra el PRESIDENTE y VICEPRESIDENTA DE LA REPÚBLICA,

los MINISTERIOS y SUPERINTENDENCIAS NACIONALES DE

COLOMBIA, los DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA -DAPRE-, NACIONAL DE

PLANEACIÓN -DNP-, de PROSPERIDAD SOCIAL -DAPS- y de la

FUNCIÓN PÚBLICA -DAFP-, los INSTITUTOS COLOMBIANO DE

FOMENTO PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR -ICFES-,

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NÚMERO ÚNICO DE RADICACIÓN: 11001-03-15-000-2023-03519-00
ACTOR: HAROLD EDUARDO SUA MONTAÑA

NACIONAL PARA CIEGOS -INCI-, GEOGRÁFICO AGUSTÍN

CODAZZI -IGAC- y NACIONAL PENITENCIARIO -INPEC-, las

UNIDADES DE PLANIFICACIÓN RURAL -UPR-, NACIONAL DE

PROTECCIÓN -UNP-, de PROYECCIÓN NORMATIVA Y

ESTUDIOS DE REGULACIÓN FINANCIERA -URF-, de GESTIÓN

PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES -UGPP-,

ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA -UAEMC- y de SERVICIOS

PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS -USPEC-, la DIRECCIÓN DE

IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN-, la CONSEJERÍA

PRESIDENCIAL PARA LA JUVENTUD, la AGENCIA NACIONAL

DE ESPECTRO -ANE-, el ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN -

AGN-, el SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-, la

AUTORIDAD NACIONAL DE ACUICULTURA Y PESCA -AUNAP- y

la OFICINA DEL ALTO COMISIONADO PARA LA PAZ y la

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ.

I – ANTECEDENTES

I.1. La Solicitud

El señor HAROLD EDUARDO SUA MONTAÑA, actuando en nombre

propio, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86

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ACTOR: HAROLD EDUARDO SUA MONTAÑA

de la Constitución Política, solicitó la protección de sus derechos

fundamentales al libre desarrollo de la personalidad y a la libertad de

pensamiento, conciencia y religión, los cuales, a su juicio, le fueron

vulnerados por el PRESIDENTE y VICEPRESIDENTA DE LA

REPÚBLICA, los MINISTERIOS y SUPERINTENDENCIAS

NACIONALES DE COLOMBIA, los DEPARTAMENTOS

ADMINISTRATIVOS DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA -

DAPRE-, NACIONAL DE PLANEACIÓN -DNP-, de PROSPERIDAD

SOCIAL -DAPS- y de la FUNCIÓN PÚBLICA -DAFP-, los

INSTITUTOS COLOMBIANO DE FOMENTO PARA LA

EDUCACIÓN SUPERIOR -ICFES-, NACIONAL PARA CIEGOS -

INCI-, GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI -IGAC- y NACIONAL

PENITENCIARIO -INPEC-, las UNIDADES DE PLANIFICACIÓN

RURAL -UPR-, NACIONAL DE PROTECCIÓN -UNP-, de

PROYECCIÓN NORMATIVA Y ESTUDIOS DE REGULACIÓN

FINANCIERA -URF-, de GESTIÓN PENSIONAL Y

CONTRIBUCIONES PARAFISCALES -UGPP-, ESPECIAL

MIGRACIÓN COLOMBIA -UAEMC- y de SERVICIOS

PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS -USPEC-, la DIRECCIÓN DE

IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN-, la CONSEJERÍA

PRESIDENCIAL PARA LA JUVENTUD, la AGENCIA NACIONAL

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ACTOR: HAROLD EDUARDO SUA MONTAÑA

DE ESPECTRO -ANE-, el ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN -

AGN-, el SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-, la

AUTORIDAD NACIONAL DE ACUICULTURA Y PESCA -AUNAP- y

la OFICINA DEL ALTO COMISIONADO PARA LA PAZ y la

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, al haber presuntamente

modificado el escudo nacional e izado banderas con colores alusivos

a la comunidad LGTBI, en sus establecimientos físicos y plataformas

digitales, por lo que solicita se abstengan de realizar tales conductas

y expidan un comunicado a la opinión pública ofreciendo excusas.

I.2. Hechos

Sostuvo que mediante la sentencia C-469 de 1997 se reconoció que

los símbolos patrios, esto es, la bandera, el escudo y el himno son la

representación material de una serie de valores comunes a una

Nación constituida como Estado.

Indicó que con ocasión de la conmemoración del mes del orgullo

LGBTIQ+ y el día del orgullo, las entidades accionadas

presuntamente modificaron el escudo Nacional e izaron banderas con

los colores alusivos a dicha comunidad en sus establecimientos físicos

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y plataformas digitales, razón por la que, a su juicio, se debían

abstener de realizar tales conductas y expedir un comunicado a la

opinión pública ofreciendo excusas.

I.3 Fundamentos de la solicitud

A juicio de la parte demandante, las autoridades accionadas

vulneraron sus derechos fundamentales al libre desarrollo de la

personalidad y a la libertad de pensamiento, conciencia y religión,

habida cuenta que, desconocieron que entre los fines sociales del

Estado se encuentra el de usar los símbolos patrios como medio de

publicidad tan sólo cuando dichos mensajes conlleven a la formación

de un sentido nacionalista o realcen los valores patrios, conforme lo

establece el artículo 13 del Decreto 1967 de 15 de agosto de 19911.

Adujo que las autoridades accionadas desconocieron que en el

ordenamiento jurídico español se han emitido fallos contra del uso

de los símbolos “[…] cuya composición no corresponde a la

legalmente establecida para atribuir representatividad popular

(sentencia del Tribunal Supremo Español 163 de 2020) y estar

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“Por la cual se reglamenta el uso de los símbolos patrios: la bandera, el Escudo y el Himno
Nacional”.

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alineada la simbología exhibida a una manera de pensar, vivir o sentir

de un grupo determinado que no es compartida por todas las

opciones políticas al punto de tener así un carga ideológica (sentencia

del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León 859 de 2022) y

precisamente ello mismo pasa con el mencionado actuar a su vez

previsible reprensión legal sin estar vigente las vías jurídicas

inicialmente creadas para tal fin pues una de ellas fue declarada

inexequible a través de sentencia C-575 de 2009 el existir la

posteriormente derogada con el 242 de la ley 1801 de 2016 y no fue

reemplazada o sustituida con otra […]”.

I.4. Pretensiones

El actor solicitó que se amparen sus derechos fundamentales al libre

desarrollo de la personalidad y a la libertad de pensamiento,

conciencia y religión, invocados como vulnerados y, en consecuencia:

“[…] PRIMERO: Absténgase los accionados de incurrir nuevamente
en el actuar sub judice so pena de hacer efectivo el querer
sancionatorio del legislador previsto en el artículo 5 de la ley 12 de
1984 a través de la vía tutelar por eventuales afectaciones al
derecho fundamental violado dada la inexequibilidad de la medida
legal que remite el artículo 18 del decreto nacional 1967 de 1991
para tal fin y la derogatoria de la contemplada en el artículo 210
del Decreto-Ley 1355 de 1970 sin reemplazo o sustitución alguno.

SEGUNDO: Emitan los accionados comunicado a la opinión pública

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mediante el cual habrán de disculparse por haber alterado el
escudo nacional y/o izado banderas en espacio público con colores
representativos de un modo de vida basado en multiplicidades de
gustos concupiscentes y con ello un asunto personalísimo de la
esfera privada de las personas que entonces no puede
entremezclarse con la identidad nacional o tener algún tipo de
manifestación pública apoyada por el estado en contravía de su
neutralidad frente a la libertad religiosa, política, cultural, sexual y
social de la población […]”.

I.5. Defensa

I.5.1.- El PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA señaló que no goza de

legitimación de la causa por pasiva, en tanto no ha sido participe de

acción u omisión alguna respecto de la situación fáctica planteada y

manifestó que la acción de tutela es improcedente, ante la

inexistencia de vulneración de los derechos fundamentales

invocados.

Afirmó que las acciones desplegadas por la administración pública

durante el mes del orgullo no modificaron, ni alteraron, de ninguna

forma los símbolos patrios, ni su contenido, pues incluso respetaron

y mantuvieron sus colores originales, ya que lo pretendido era a

través de una marca relativa a los colores de la comunidad LGBTQI+,

incluir a través de un acto simbólico todas las problemáticas que

dicha población enfrenta diariamente, lo cual lejos de atacar los

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símbolos patrios, promovía y exaltaba esa diversidad y pluralidad que

caracteriza nuestra Nación.

Sostuvo que las acciones de la administración pública durante el mes

del orgullo se deben interpretar como acciones afirmativas que

buscan concretar el principio de igualdad material que promueve la

Carta Política e incluso han sido avaladas por la jurisprudencia de la

Corte Constitucional, por lo cual, en el presente caso, las mismas se

deben tener como un acto para promover la transformación cultural

y social, suscitando respeto y reconocimiento a las personas de los

sectores sociales LGBTIQ+, como forma de reivindicar el compromiso

de este Gobierno con la diversidad y la igualdad para todas y todos.

I.5.2.- La SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN DE

BOGOTÁ solicitó declarar improcedente la acción de tutela de la

referencia, en la medida en que de ninguno de los hechos indicados

en el texto de la acción se puede configurar la existencia de

vulneración de los derechos fundamentales reclamados y, además,

ante la ausencia probatoria de un peligro inminente o un daño

causado.

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I.5.3.- El INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO -INPEC-

solicitó su desvinculación del trámite de tutela al no estar legitimado

en la causa por pasiva e indicó que no es del resorte de sus

competencias atender los requerimientos del accionante.

I.5.4.- El MINISTERIO DE EDUCACIÓN solicitó su desvinculación

del trámite constitucional de la referencia y, además, declarar

improcedente el amparo solicitado, toda vez que no se vislumbra

vulneración alguna a los derechos fundamentales del accionante por

parte de esa cartera ministerial.

I.5.5.- La SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES afirmó que se

configuró la falta de legitimación en la causa por pasiva, toda vez

que las facultades de la entidad se limitan a la inspección, vigilancia

y control de las sociedades mercantiles y no le competen los hechos

expuestos en la presente solicitud de amparo.

I.5.6.- El DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN

PÚBLICA señaló que la acción de tutela es improcedente por carecer

de fundamentos fácticos y jurídicos admisibles y, en consecuencia,

genera un desgaste operacional innecesario. Asimismo, resaltó que

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la entidad no ha incurrido en acción u omisión que constituya la

presunta vulneración de los derechos fundamentales que alude el

actor, por lo cual carece de legitimación en la causa por pasiva.

I.5.7.- La AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO resaltó que las

acciones y publicaciones realizadas para la conmemoración del día

internacional del orgullo LGBTIQ+ corresponden a la estrategia

diseñada y estructurada por la Presidencia de la República y replicada

por cada una de las entidades públicas del Gobierno Nacional, lo cual

no vulneraba norma alguna y mucho menos los derechos

fundamentales de ninguna persona, pues, por el contrario, su actuar

reconocía a plenitud el derecho a la diversidad de los individuos.

I.5.8.- El SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE- SENA

informó que es una entidad pública adscrita al Ministerio de Trabajo

y como parte del Gobierno se debe acoger a diversas directrices en

el ámbito de las comunicaciones que se desarrollan en sinergia, como

en el presente caso, que solo atendió las instrucciones que le

suministraron desde la Vicepresidencia de la República para unirse a

la conmemoración del día del orgullo LGBTIQ+.

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I.5.9.- La SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO

solicitó declarar improcedente la solicitud de amparo de la referencia,

en tanto que las autoridades accionadas no modificaron ningún

símbolo patrio, pues el uso de la imagen del escudo nacional con los

colores del arcoíris, alusivos a la comunidad LGBTIQ+ junto con el

hashtag #súmatealarutadiversa no constituían transgresión de

ningún derecho fundamental y, por el contrario, se trataba de la

reivindicación de los derechos humanos de los miembros de dicha

comunidad durante la conmemoración de su día.

I.5.10.- El MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA solicitó declarar

la improcedencia de la presente solicitud de amparo constitucional,

en la medida en que los derechos fundamentales del accionante no

fueron transgredidos por parte de esa cartera ministerial y, además,

la acción de tutela tampoco es el mecanismo idóneo para exigir la

presentación de disculpas públicas.

I.5.11.- La UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y

CARCELARIOS -USPEC- manifestó que no cuenta con la

legitimación en la causa por pasiva para responder por las

pretensiones de la demanda y recalcó que la Presidencia y la

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Gerencia de Diversidad Sexual y Derechos LGBTIQ+ de la

Vicepresidencia les solicitaron actualizar los días 27 y 28 de junio del

presente año, los vestidos de redes sociales a partir de las 7:00 a.m.

para conmemorar el mes del orgullo LGBTIQ+, actividad que se

realizó en sinergia con todas las entidades del orden nacional y

Ministerios.

I.5.12.- El DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA

PROSPERIDAD SOCIAL -DAPS- solicitó su desvinculación del

trámite constitucional por carecer de legitimación en la causa por

pasiva, toda vez que, a su juicio, no existe conexidad entre la entidad

y la situación fáctica constitutiva de la presunta vulneración de los

derechos fundamentales invocados.

I.5.13.- La SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD aseguró

que se configuró la falta de legitimación en la causa por pasiva, por

cuanto la entidad no está llamada a responder por la presunta

vulneración alegada por el accionante, toda vez que no existe un

nexo de causalidad entre la presunta vulneración de derechos

fundamentales y esa Superintendencia.

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I.5.14.- La SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

aseguró que se configuró la falta de legitimación en la causa por

pasiva, por cuanto la entidad no vulneró ninguno de los derechos

fundamentales invocados por el accionante.

I.5.15.- El MINISTERIO DE TRABAJO explicó que los argumentos

formulados en la acción de tutela no guardan relación directa con la

entidad, razón por la que se configura la falta de legitimación en la

causa por pasiva al no ser esa cartera ministerial generadora de los

hechos que presuntamente vulneran los derechos fundamentales del

accionante.

I.5.16.- La SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE manifestó

oposición a las pretensiones de la demanda, toda vez que no se

vislumbra con la conmemoración efectuada el día 28 de junio de 2023

del mes del orgullo LGBTIQ+ y el día internacional del orgullo, una

presunta afectación a los derechos fundamentales deprecados por

parte de esa entidad.

I.5.17.- El MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y

TURISMO afirmó que las pretensiones de la acción de tutela deben

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ser denegadas, por cuanto el actor no señala de manera concreta la

relación existente entre el uso de una plantilla de forma simbólica,

con colores alusivos a la comunidad LGBTIQ+ y la presunta

afectación de sus derechos fundamentales.

I.5.18.- El MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO

SOSTENIBLE manifestó que el grupo de comunicaciones de la

entidad, efectúo el ajuste de colores alusivos a la bandera LGBTIQ+

en sus redes sociales en cumplimiento de los lineamientos remitidos

por la Presidencia de la República mediante mensaje dirigido a todas

las entidades públicas del País, durante el tiempo solicitado, esto es,

desde el 28 de junio al 3 de julio de 2023, en el marco de una

campaña para conmemorar el mes del orgullo LGBTIQ+.

I.5.19.- La UNIDAD DE GESTIÓN PENSIONAL Y

CONTRIBUCIONES PARAFISCALES -UGPP- solicitó su

desvinculación de la acción de tutela de la referencia, por cuanto no

goza de legitimación en la causa por pasiva respecto de la presunta

trasgresión de los derechos fundamentales deprecados por el actor.

I.5.20.- El MINISTERIO DEL INTERIOR manifestó que se

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configuró la falta de legitimación en la causa por pasiva frente a esa

cartera ministerial, por cuanto, no ha realizado conducta alguna ya

sea por acción u omisión que genere la amenaza o vulneración de los

derechos fundamentales deprecados por el actor.

I.5.21.- La UNIDAD DE PLANIFICACIÓN DE TIERRAS

RURALES, ADECUACIÓN DE TIERRAS Y USOS

AGROPECUARIOS -UPRA- manifestó que carece de legitimación en

la causa por pasiva, por cuanto no es la entidad responsable de las

presuntas vulneraciones a los derechos del actor y, además, por la

carencia de objeto material de la solicitud y la ausencia de un

perjuicio irremediable.

I.5.22.- La SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS

DOMICILIARIOS advirtió que la acción de tutela es improcedente,

por cuanto se debía declarar la carencia actual de objeto por hecho

superado y la ausencia de vulneración de derechos fundamentales

por parte de esa entidad.

I.5.23.- El ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN -AGN- manifestó

que carece de legitimación en la causa por pasiva, por cuanto no es

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la entidad responsable de las presuntas acciones u omisiones

relacionadas con las pretensiones de la demanda y, además, sostuvo

que la conmemoración del mes del orgullo LGBTIQ+, implica la

construcción de una sociedad más inclusiva en la que prime el

respeto por la diversidad y la promoción de la garantía efectiva de

los derechos de estas personas, que hoy son reconocidas como

sujetos de especial protección constitucional.

I.5.24.- La SUPERINTENDENCIA DE ECONOMÍA SOLIDARIA se

opuso a las pretensiones de la acción de tutela, en tanto que no es

un mecanismo para proteger derechos de orden colectivo y, además,

porque las situaciones fácticas de la solicitud de amparo no son una

violación a los derechos fundamentales, sino el cumplimiento a las

obligaciones del Estado de especial protección a las comunidades y

minorías discriminadas a lo largo de la historia.

I.5.25.- El INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI -IGAC

manifestó que carece de legitimación en la causa por pasiva, toda

vez que no obra respaldo fáctico ni probatorio con el que se logre

atribuir a esa entidad responsabilidad alguna respecto de los

derechos presuntamente vulnerados.

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I.5.26.- El MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES solicitó

su desvinculación de la acción de tutela de la referencia, por cuanto

no goza de legitimación en la causa por pasiva respecto de la

presunta trasgresión de los derechos fundamentales deprecados por

el actor y precisó que esa entidad realizó una distinción en sus redes

sociales, resaltando y conmemorando el Día Internacional del Orgullo

LGTBIQ+, de la misma forma como se divulgan otros fechas

importante del país y cuya única finalidad fue la de sensibilizar a los

nacionales y connacionales de la lucha que continúa por la igualdad

y la dignidad de las personas de esta comunidad diversa.

I.5.27.- La SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

afirmó que la presente acción de tutela es improcedente y, en

consecuencia, se deben denegar las pretensiones, pues no existe

amenaza o vulneración alguna a los derechos fundamentales del

actor que le sea atribuible a esa entidad.

I.5.28.- El MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E

INNOVACIÓN aseveró que la demanda de tutela no evidencia la

conexión entre esa cartera ministerial y la situación fáctica

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constitutiva del litigio, razón por la que se configura su falta de

legitimación en la causa por pasiva.

I.5.29.- El MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

señaló que carece de legitimación en la causa por pasiva, toda vez

que no ha realizado acción u omisión alguna que vulnere los derechos

fundamentales objeto de la presente solicitud de amparo.

I.5.30.- La DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS

NACIONALES -DIAN- informó que la acción de tutela es

improcedente por existir otros mecanismos de defensa judicial, por

lo cual, no se cumplen los requisitos generales de procedencia y,

además tampoco existe vulneración alguna de los derechos

fundamentales deprecados. Igualmente, recalcó que su proceder

estuvo enmarcado en las directrices señaladas por el Gobierno

Nacional.

I.5.31.- El MINISTERIO DE CULTURA aseguró que no le asiste

legitimación en la causa por pasiva y, además, que la acción de tutela

carece de objeto, toda vez que, no ha transgredido derecho

fundamental alguno.

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I.5.32.- La UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN -UNP- afirmó

que carece de legitimación en la causa por pasiva, por cuanto no ha

incurrido en vulneración de los derechos fundamentales invocados

por el actor, al no existir relación alguna entre las pretensiones y las

funciones de esa entidad.

I.5.33.- La AUTORIDAD NACIONAL DE ACUICULTURA Y PESCA

-AUNAP- solicitó que se ordene su desvinculación de la presente

solicitud de amparo constitucional y que se declare la carencia actual

de objeto por hecho superado, toda vez que los hechos que dieron

lugar a promover la presente acción de tutela ocurrieron entre el 28

de junio y el 3 de julio de 2023 y frente a los mismos no puede

predicarse la amenaza de derechos fundamentales o la ocurrencia de

un perjuicio irremediable.

I.5.34.- INSTITUTO COLOMBIANO DE FOMENTO PARA LA

EDUCACIÓN SUPERIOR -ICFES- manifestó que se debía denegar

la solicitud de amparo deprecada, ante la ausencia de vulneración de

derechos fundamentales y, además, se debía tener en cuenta que

tampoco cumple con el requisito de subsidiariedad, en tanto que, el

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Decreto 1967 de 15 de agosto 19912, establece la facultad asignada

a los alcaldes para imponer multas entre 5 y 10 salarios mínimos

diarios legales por irrespeto a los símbolos patrios.

I.5.35.- El DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE

PLANEACIÓN -DNP- sostuvo que las pretensiones de la acción de

tutela de la referencia debían ser denegadas, en tanto que, no está

demostrada la afectación o amenaza de los derechos fundamentales

del actor con ocasión de la utilización de plantillas de colores alusivos

al mes del orgullo.

I.5.36.- El MINISTERIO DEL DEPORTE señaló que carece de

legitimación en la causa por pasiva, por cuanto esa cartera ministerial

no es el sujeto procesal llamado a responder por la presunta

vulneración de los derechos fundamentales a que hace alusión la

parte actora.

I.5.37.- El MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

adujó la falta de legitimación en la causa por pasiva, en razón a que

no existe prueba alguna de la vulneración de los derechos

2
“Por la cual se reglamenta el uso de los símbolos patrios: la bandera, el Escudo y el Himno Nacional”.

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fundamentales deprecados por parte de esa entidad, ni un perjuicio

irremediable.

I.5.38.- La SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR

solicitó rechazar por improcedente la acción de tutela, por

configurarse la carencia actual de objeto por hecho superado y

precisó que simplemente se unió a la conmemoración mundial del día

de un sector social históricamente invisibilizado, como garantía y

materialización del principio de pluralidad, elemento fundante del

Estado social de derecho Colombiano y como manifestación del

derecho fundamental a la identidad nacional de un sector de la

población.

I.5.39.- El MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO

RURAL señaló que la presente solicitud debe ser declarada

improcedente, debido a que no existen elementos de juicio que den

cuenta de la transgresión de derechos fundamentales a la que alude

el actor y, además, se debía valorar si aquel había agotado todos los

medios de defensa judicial que tiene a su alcance.

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I.5.40.- La SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y

SEGURIDAD PRIVADA afirmó que se debían denegar las

pretensiones solicitadas en la acción de tutela y declarar la

improcedencia de la misma, teniendo en cuenta que operó lo que la

doctrina constitucional denomina hecho superado.

I.5.41.- El MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA

INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES adujo que la presente

acción de tutela se torna abiertamente improcedente y, como

consecuencia de ello, se debe negar el amparo solicitado.

I.5.42.- La UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN

COLOMBIA -UAEMC- indicó que carece de legitimación en la causa

por pasiva, en tanto no existen fundamentos fácticos o jurídicos

atendibles que permitan establecer responsabilidad en cabeza de esa

entidad.

I.5.43.- El MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

solicitó que se nieguen las pretensiones de la acción de tutela, por

cuanto, los recursos de carácter simbólico empleados para

conmemorar el mes del orgullo LGBTIQ+ no transgredieron derecho

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fundamental alguno y, por el contrario, dentro de marco del respeto

y la resignificación buscan llamar la atención frente a la garantía de

derechos fundamentales como la igualdad, la libertad de expresión y

los valores constitucionales de dignidad, tolerancia y pluralidad que

son los que deben sostener una sociedad democrática.

I.5.44.- La AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACIÓN

INTERNACIONAL DE COLOMBIA -APC- aseguró que no goza de

legitimación de la causa por pasiva respecto de la vulneración de los

derechos fundamentales deprecados por el actor, habida cuenta que,

no existe ningún hecho u omisión relacionado que le sea imputable.

IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de

conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 1983 de 30

de noviembre de 2017 y en virtud del artículo 2º del Acuerdo número

377 de 11 de diciembre de 2018 de la Sala Plena del Consejo de

Estado, que regula la distribución de las acciones de tutela entre las

Secciones; y del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019

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de la misma Sala, que asigna a esta Sección el conocimiento de las

acciones de tutela.

Cuestión Previa

Antes de resolver la presente acción de tutela, la Sala se pronunciará

respecto de la solicitud de desvinculación por falta de legitimación en

la causa por pasiva presentada por las entidades accionadas.

La Sala advierte que el PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, el

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO -INPEC-, el

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, la SUPERINTENDENCIA DE

SOCIEDADES, el DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA

FUNCIÓN PÚBLICA, la SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y

REGISTRO, la UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y

CARCELARIOS -USPEC-, el DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL -DAPS-, la

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD, la

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, el

MINISTERIO DE TRABAJO, la UNIDAD DE GESTIÓN

PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES -UGPP-, el

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MINISTERIO DEL INTERIOR, la UNIDAD DE PLANIFICACIÓN

DE TIERRAS RURALES, ADECUACIÓN DE TIERRAS Y USOS

AGROPECUARIOS -UPRA-, el ARCHIVO GENERAL DE LA

NACIÓN -AGN-, el INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN

CODAZZI -IGAC, el MINISTERIO DE RELACIONES

EXTERIORES, el MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E

INNOVACIÓN, el MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO

PÚBLICO, el MINISTERIO DE CULTURA, la UNIDAD NACIONAL

DE PROTECCIÓN -UNP-, la AUTORIDAD NACIONAL DE

ACUICULTURA Y PESCA -AUNAP-, el MINISTERIO DEL

DEPORTE, el MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL,

la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN

COLOMBIA -UAEMC- y la AGENCIA PRESIDENCIAL DE

COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE COLOMBIA -APC-,

formularon petición de desvinculación en la presente acción de tutela,

por falta de legitimación en la causa por pasiva.

Cabe señalar que la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001

de 30 de noviembre de 2006[1], se refirió a la falta de legitimación en

la causa por pasiva en los siguientes términos:

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“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta
Corporación en la Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio
Hernández, dijo lo siguiente:

“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia
de fondo porque otorga a las partes el derecho a que el juez se
pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y las
razones de la oposición por el demandado, mediante sentencia
favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa
es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés
sustancial que se discute en el proceso. (…).

La legitimación pasiva se consagra como la facultad
procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de
desconocer o controvertir la reclamación que el actor le
dirige mediante la demanda sobre una pretensión de
contenido material.

Si bien la tutela se establece por la Constitución como un
proceso preferente y sumario, con ello no se quiso
consagrar un instrumento judicial carente de garantías
procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal sirvan
de excusa para desconocer los derechos de las partes o de
los terceros, de manera que en dicho proceso, como en
cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta
sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción.

La identificación cabal del demandado es una exigencia que
tanto la Constitución como el Decreto 2591 de 1991 avalan.
Según aquélla, la acción de tutela se promueve contra
autoridad pública y, en ciertos casos, contra los particulares
por la acción u omisión que provoque la violación de los
derechos fundamentales de las personas, y lo mismo señala
el segundo estatuto."[[2]]. (Negrilla fuera de texto).

Y más adelante, en sentencia T-519 de 2001 M.P. Clara Inés
Vargas, esta misma Corporación anotó que: "... cuando del trámite
procesal se deduce que el demandado no es responsable del
menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no puede,
bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La
legitimación por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el
demandado no es el responsable de realizar la conducta cuya
omisión genera la violación, o cuando no es su conducta la que
inflige el daño […]” (Destacado de la Sala).

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Al respecto, la Sala observa que la vinculación de las entidades

referidas obedeció a que la acción de tutela se dirigió contra todas

las entidades del Estado del orden Nacional, así como de la Alcaldía

Mayor de Bogotá, por lo que la vinculación en calidad de accionadas

era obligatoria sin perjuicio de la prosperidad o no de las

pretensiones.

En ese sentido, la Sala concluye que a las citadas entidades les asiste

interés en la decisión de la acción constitucional de la referencia,

razón por la que se les denegará la solicitud de desvinculación por

falta de legitimación en la causa por pasiva, como en efecto se

dispondrá en la parte resolutiva de la presente providencia.

Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución

Política, fue instituida para proteger en forma inmediata los derechos

constitucionales fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o

amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o

particular, en los casos previstos en el artículo 42 del Decreto Ley

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2591 de 19 de noviembre de 19913. Dicha acción se establece como

instrumento subsidiario, es decir, que solo procede cuando el

afectado no disponga de otros medios de defensa judicial, salvo que

se utilice como mecanismo transitorio, con miras a evitar un perjuicio

irremediable.

Caso concreto

En el presente asunto, la Sala advierte que la parte actora pretende

el amparo de sus derechos fundamentales al libre desarrollo de la

personalidad y a la libertad de pensamiento, conciencia y religión, los

cuales, a su juicio, han sido vulnerados por las entidades accionadas,

con ocasión de la presunta modificación del escudo nacional e izado

banderas con colores alusivos a la comunidad LGTBIQ+, en sus

establecimientos físicos y plataformas digitales, por lo que solicita se

abstengan de realizar tales conductas y expidan un comunicado a la

opinión pública ofreciendo excusas.

A juicio del actor, la presunta modificación mencionada vulnera sus

derechos fundamentales, por cuanto las autoridades accionadas

3
"Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política".

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desconocieron que entre los fines sociales del Estado se encuentra el

de usar los símbolos patrios como medio de publicidad tan sólo

cuando dichos mensajes conlleven la formación de un sentido

nacionalista o realcen los valores patrios y, además, tampoco

tuvieron en cuenta que en el ordenamiento jurídico español se han

emitido fallos en contra del uso indebido de los símbolos patrios.

Precisado lo anterior, el problema jurídico que debe resolver la Sala

consiste en determinar si las autoridades judiciales accionadas

vulneraron los derechos fundamentales del actor con ocasión de la

utilización de símbolos representativos de la diversidad sexual de

manera concomitante con los símbolos patrios.

De acuerdo con lo anterior, resulta oportuno precisar que de

conformidad con los informes allegados a la presente solicitud de

amparo por las entidades accionadas, fue posible establecer que por

lineamiento directo de la Gerencia de Diversidad Sexual y Derechos

LGBTIQ+ de la Vicepresidencia de la República, se desarrolló e

implementó una sinergia entre todas las entidades del Gobierno

Nacional, en la que como acto simbólico y para conmemorar el mes

del orgullo, sugirieron izar banderas representativas de esa

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colectividad y compartir en las redes sociales de las entidades unas

piezas gráficas contentivas de plantillas con colores alusivos a la

comunidad LGBTIQ+ sobre el escudo nacional.

Ahora bien, la Sala conviene en mencionar que los disensos del actor

se limitan únicamente a manifestar que la vulneración de sus

derechos fundamentales se dio con ocasión de la inclusión de colores

alusivos a la comunidad LGBTIQ+ durante el mes del orgullo, lo cual

implicó una modificación del escudo nacional y el izado de banderas;

sin embargo, en el escrito de tutela el actor omitió precisar los

motivos o las circunstancias por las cuales se le estaban vulnerando

los derechos fundamentales de los cuales el es titular y mucho

menos, acreditó de manera siquiera sumaria tal agresión. En efecto,

en los argumentos que expuso en el escrito tuitivo para justificar la

interposición de la acción de tutela, señaló:

“[…] MOTIVO DE LA INTERPOSICIÓN DE LA ACCIÓN

Habida cuenta de que el libre desarrollo de la personalidad es
limitado a “las que imponen los derechos de los demás y el orden
jurídico” (cursiva añadida, artículo 16 constitucional) y dicho
orden establece una composición, diseño y uso del escudo
nacional y el fin de “fortalecer la unidad de la Nación” (cursiva
añadida, preámbulo de la Constitución) y “asegurar el
cumplimiento de los deberes sociales del Estado” (cursiva
añadida, artículo 2 constitucional) entre los cuales está “usar los
símbolos patrios como medio de publicidad tan sólo cuando
dichos mensajes conlleven a la formación de un sentido

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nacionalista o realcen los valores patrios” (cursiva añadida,
artículo 13 del decreto nacional 1967 de 1991) y “restringir, en
nombre de ciertos principios de moralidad pública, la libertad
negocial de los individuos o impedir o desestimular la realización
pública de ciertos comportamientos que, en virtud de tales
principios, se consideran privados” (cursiva y subrayado
añadidos, sentencia C-404 de 1998) siendo fuente de tales
restricciones la moral “que racionalmente resulta necesario
mantener para armonizar proyectos individuales de vida que,
pese a ser absolutamente contradictorios, resultan compatibles
con una democracia constitucional y que, adicionalmente, es
indispensable para conjugar la libertad individual con la
responsabilidad y la solidaridad que hacen posible este modelo
constitucional” (ibídem), el actuar sub judice atenta contra esos
preceptos tal cual ha ocurrido en el ordenamiento jurídico
español donde se ha fallado contra el uso de símbolos cuya
composición no corresponde a la legalmente establecida para
atribuir representatividad popular (sentencia del Tribunal
Supremo Español 163 de 2020) y estar alineada la simbología
exhibida a una manera de pensar, vivir o sentir de un grupo
determinado que no es compartida por todas las opciones
políticas al punto de tener así un carga ideológica (sentencia del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León 859 de 2022) y
precisamente ello mismo pasa con el mencionado actuar a su
vez previsible reprensión legal sin estar vigente las vías jurídicas
inicialmente creadas para tal fin pues una de ellas fue declarada
inexequible a través de sentencia C-575 de 2009 el existir la
posteriormente derogada con el 242 de la ley 1801 de 2016 y
no fue reemplazada o sustituida con otra […]”.

De conformidad con lo expuesto, la Sala de Decisión encuentra que

el tutelante no aportó ningún medio de prueba que acreditara una

transgresión real y palpable de sus derechos fundamentales y

tampoco se probó, en el caso sub examine, que el demandante

hubiera sido víctima del flagelo de la discriminación o que sus

derechos al libre desarrollo de la personalidad y a la libertad de

pensamiento, conciencia y religión hubiesen sido amenazados o

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transgredidos en manera alguna por las autoridades accionadas.

En efecto, el accionante no señala de manera concreta en qué

consiste la transgresión de sus derechos fundamentales con ocasión

de la utilización de la plantilla de colores que se empleó de manera

simbólica sobre el escudo o en qué forma se pudo modificar o alterar

su diseño original, máxime aun, teniendo en cuenta que dicha

actuación se debe interpretar como una acción afirmativa en favor

de un grupo históricamente discriminado e invisibilizado.

Acerca de las acciones afirmativas la Corte Constitucional, ha

precisado que operan frente a situaciones materiales de exclusión y

su objeto debe ser el de “[…] incidir en los factores que generan las

situaciones de marginalidad que aquejan a los grupos de especial

protección constitucional. Esto implica que las acciones afirmativas

deben ser dinámicas y efectivas, al igual que concordar con la

situación material sobre la que pretenden incidir, teniendo un alcance

temporal limitado a la materialización de su finalidad […]”4.

Cabe resaltar que el Estado tiene el deber de garantizar un entorno

4
Corte Constitucional; Sentencia T-740 de 2015; Magistrado Ponente: Luis Guillermo Guerrero Pérez

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inclusivo y respetuoso para todos los ciudadanos y en ocasiones

puede resultar necesario utilizar los mismos símbolos patrios para

promover la inclusión, la diversidad y la igualdad y así eliminar

cualquier forma de discriminación basada en la orientación sexual o

en la identidad de género.

Por tanto, para la Sala resulta forzoso concluir que no puede

afirmarse que nos hallamos frente a un evento de vulneración de los

derechos fundamentales del accionante, máxime aun, cuando al

tenor de las pruebas allegadas al presente trámite constitucional,

está acreditado que el actor tampoco solicitó directamente a las

autoridades accionadas que se reconociera la situación vulneradora

de derechos y se ofrecieran las disculpas que solicita en sede

constitucional; por el contrario, acudió directamente a este medio

excepcional de protección judicial, sin haber elevado previamente

ningún tipo de solicitud en ese sentido ante la administración, con el

fin de que aquella decidiera si resultaba oportuno acogerla o no;

razón adicional para denegar las pretensiones de la solicitud de

amparo de la referencia.

Por último, la parte actora tampoco allegó al plenario constitucional

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prueba documental que permita inferir que se encuentra en una

particular situación que requiera una intervención urgente o

transitoria del juez de tutela en aras de poder conjurar la presencia

de un perjuicio irremediable en su favor.

Consecuente con lo anterior, la Sala denegará las pretensiones de la

acción de tutela de la referencia, como en efecto se dispondrá en la

parte resolutiva de la presente providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: PRIMERO: DENEGAR la solicitud de desvinculación por

falta de legitimación en la causa por pasiva presentada por el

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, el INSTITUTO NACIONAL

PENITENCIARIO -INPEC-, el MINISTERIO DE EDUCACIÓN, la

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, el DEPARTAMENTO

ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, la

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, la UNIDAD

DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS -USPEC-, el

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DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD

SOCIAL -DAPS-, la SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD,

la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, el

MINISTERIO DE TRABAJO, la UNIDAD DE GESTIÓN

PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES -UGPP-, el

MINISTERIO DEL INTERIOR, la UNIDAD DE PLANIFICACIÓN

DE TIERRAS RURALES, ADECUACIÓN DE TIERRAS Y USOS

AGROPECUARIOS -UPRA-, el ARCHIVO GENERAL DE LA

NACIÓN -AGN-, el INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN

CODAZZI -IGAC, el MINISTERIO DE RELACIONES

EXTERIORES, el MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E

INNOVACIÓN, el MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO

PÚBLICO, el MINISTERIO DE CULTURA, la UNIDAD NACIONAL

DE PROTECCIÓN -UNP-, la AUTORIDAD NACIONAL DE

ACUICULTURA Y PESCA -AUNAP-, el MINISTERIO DEL

DEPORTE, el MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL,

la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN

COLOMBIA -UAEMC- y la AGENCIA PRESIDENCIAL DE

COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE COLOMBIA -APC-, por las

razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

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SEGUNDO: DENEGAR la solicitud de amparo de la referencia, de

conformidad con lo señalado en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y

eficaz.

CUARTO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y

quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional

para su eventual revisión.

COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 5 de octubre de 2023.

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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