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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-03521-00

Fecha
4 de agosto de 2023
Consejero ponente
Martin Gonzalo Bermudez Muñoz

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-03521-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: NIÉGASE al amparo de los derechos fundamentales invocados por la señora Olga Pardo de Vargas. SEGUNDO: NIÉGANSE las solicitudes de desvinculación elevadas por el Juzgado 28 Administrativo del Circuito de Bogotá, Sección Segunda y La Fiduprevisora. 8 Radicado: 11001-03-15-000-2023-03521-00 Accionante: Olga Pardo de Vargas Se niega el amparo TERCERO:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2023-03521-00

Consejero ponente: Martin Gonzalo Bermudez Muñoz

4 de agosto de 2023

Radicado: 11001-03-15-000-2023-03521-00
Accionante: Olga Pardo de Vargas
Se niega el amparo

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ

Bogotá D.C. cuatro (4) de agosto de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2023-03521-00
Accionante: Olga Pardo de Vargas
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección B

Temas: Acción de tutela contra providencia judicial / Nulidad y restablecimiento del
derecho / Régimen anualizado de cesantías / Desconocimiento de las reglas
jurisprudenciales / Defecto sustantivo / Se niega el amparo por no encontrarse
configurados los defectos alegados.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala resuelve la acción de tutela presentada por Olga Pardo de Vargas contra la
sentencia del 28 de abril de 2023 proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho adelantado por la accionante contra la Nación –
Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio (en adelante FOMAG).

La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado es la competente
para conocer el asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la
Constitución Política, en los Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015,
333 de 2021 y en el Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.

I. ANTECEDENTES

A. Solicitud de amparo

1

Radicado: 11001-03-15-000-2023-03521-00
Accionante: Olga Pardo de Vargas
Se niega el amparo

1.- El 28 de junio de 2023 Olga Pardo de Vargas presentó, mediante apoderado
judicial, una acción de tutela para obtener la protección de sus derechos
fundamentales a la igualdad, debido proceso y mínimo vital, vulnerados, en su
concepto, por la sentencia proferida el 28 de abril de 2023 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, dentro del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado No. 11001-33-35-
028-2021-00164-00/01, adelantado por la accionante contra la Nación – Ministerio
de Educación Nacional – FOMAG. En dicha providencia se revocó la sentencia de
primera instancia que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda y,
en su lugar, se negaron las pretensiones.

2.- Como pretensiones, la accionante formuló las siguientes (se transcribe):

<< PRIMERO: comprobado como están los elementos axiológicos para la prosperidad
de la acción, respetuosamente solicito SE DEJE SIN EFECTOS la sentencia de
segunda instancia emitida por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
CUNDINAMARCA, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B, bajo el radicado No.
110013333502282820210016401 de fecha 28 de abril de 2023.

SEGUNDO: como consecuencia de lo anterior, solicito respetuosamente se ORDENE
al HONORABLE TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN
SEGUNDA, SUBSECCIÓN B, a proferir sentencia de fondo ordenando al FONDO DE
PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO – FIDUCIARIA LA PREVISORA
S.A. a reconocer la cesantía con RETROACTIVIDAD a la señora OLGA PARDO DE
VARGAS, identificada con la cédula de ciudadanía Nº 41.543.757 expedida en
Bogotá, tomando como salario base de liquidación la asignación básica
correspondiente al año de retiro del servicio.

TERCERO: solicito cordialmente a su distinguida Sala oficiar al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B,
para que allegue en su integralidad el expediente del proceso
110013333502282820210016400, como quiera que el expediente no ha sido devuelto
al despacho de origen>>.

B. Hechos

3.- La accionante indicó que se vinculó al servicio educativo estatal, con vinculación
temporal tiempo completo, desde el 27 de mayo de 1988, <<sin solución de
continuidad y de manera ininterrumpida>> por los periodos académicos
correspondientes a los años 1988, 1989, 1990, 1991 y 1992. Posteriormente, en
1993, se vinculó en propiedad.

2

Radicado: 11001-03-15-000-2023-03521-00
Accionante: Olga Pardo de Vargas
Se niega el amparo

3.1.- El 21 de diciembre de 2020 la accionante solicitó el reconocimiento y pago de
la cesantía definitiva, que le correspondía por los servicios prestados como docente.

3.2.- Mediante Resolución No. 0057 de 7 de enero de 2021 la Secretaría de
Educación del Distrito (i) reconoció la suma de $38.947.954 por concepto de
liquidación definitiva de cesantías desde 1993; (ii) descontó el valor de $29.743.333
por concepto de cesantías parciales pagadas y (iii) ordenó el pago de $9.204.621.

3.3.- La accionante presentó una demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho contra la Nación – Ministerio de Educación Nacional –FOMAG, con el
objeto de que se declarara la nulidad parcial de la Resolución No. 0057 de 7 de
enero de 2021 y que se reconocieran, liquidaran y pagaran las cesantías con
retroactividad, de acuerdo al último salario devengado, de conformidad con lo
establecido en la Ley 91 de 1989.

3.4.- Mediante sentencia de 13 de diciembre de 2021 el Juzgado 28 Administrativo
de Bogotá, Sección Segunda, accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda. Indicó que la accionante estuvo vinculada al Distrito Capital como
docente de tiempo completo para cada año lectivo, desde mayo de 1988 hasta
diciembre de 1992. Agregó que los servicios de la accionante fueron requeridos
para cada año, lo que suponía la necesidad del servicio, por lo que se presentó la
continuidad y concluyó que a la accionante le asistía derecho a que sus cesantías
le fueran reliquidadas con retroactividad.

3.5.- La Fiduprevisora S.A. apeló1 la anterior decisión. Mediante sentencia de 28 de
abril de 2023, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección B revocó la sentencia de primera instancia y, en su lugar, negó las
pretensiones de la demanda, toda vez que no podían tenerse en cuenta los periodos
laborados como docente temporal de tiempo completo entre el 27 de mayo de 1988
y el 1º de diciembre de 1992, como quiera que se presentaron interrupciones de
más de un mes entre cada una de las vinculaciones.

1 Señaló que en la Resolución No. 0057 de 7 de enero de 2021 se hizo referencia a la Certificación No. 153401

de 10 de diciembre de 2020, donde se indicó que la accionante prestó sus servicios desde el 15 de febrero de
1993. Agregó que el juzgado señaló que la accionante allegó las peticiones donde solicitó se certificara su
vinculación entre los años 1988 y 1993; no obstante, manifestó que no se acompañaron las resoluciones que
respaldan tales vinculaciones, por lo que, de conformidad con la fecha de vinculación de la accionante, el
régimen aplicable era el anual y no el retroactivo.

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Accionante: Olga Pardo de Vargas
Se niega el amparo

3.6.- El tribunal afirmó que las relaciones laborales temporales de tiempo completo
antes de la entrada en vigencia de la Ley 91 de 1989 estaban prescritas, y que para
establecer el régimen de liquidación aplicable para las cesantías se tomaría el de la
fecha de vinculación desde que no tuvo interrupciones.

3.7.- Agregó que tendría en cuenta la fecha de vinculación en propiedad que no
sufrió ninguna interrupción, es decir, la realizada el 15 de febrero de 1993, la cual
se hizo con posterioridad a la fecha señalada en el artículo 15 de la Ley 91 de 1989
(1º de enero de 1990), por lo que el pago de las cesantías no debía efectuarse con
carácter retroactivo, sino de manera anualizada.

C. Fundamentos de la vulneración

4.- La accionante indica que se vulneraron sus derechos fundamentales <<ya que
no existió solución de continuidad en el servicio>>, pues prestó sus labores dentro
de los años en los que los estudiantes se encontraban en las instituciones
educativas, por lo que no se presentó una interrupción del vínculo laboral.

4.1.- Señala que se incurrió en desconocimiento del precedente, en tanto se
desconoció lo establecido en la sentencia de unificación de 9 de septiembre de 2021
proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado2. Igualmente, invocó
providencias proferidas por esta Corporación3 y por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C 4, en las cuales se hace referencia
a la solución de continuidad.

4.2.- Afirma que se trasgredieron las siguientes normas: (i) artículo 2º de la Ley 4
de 19925 y (ii) artículo 15 de la Ley 91 de 19896.

2
Radicado No: 05001-23-33-000-2013-01143-01.
3 Sentencia de 2 de febrero de 2006, radicado No. 08001-23-31-000-1996-11550-01, C.P. Alberto Arango
Mantilla sentencia del 4 de mayo de 2017, radicado No. 08001-23-31-000-2007-00062-01, C.P. Sandra Lisset
Ibarra Vélez.
4 Sentencia de 30 de octubre de 2019, radicado No. 11001333501620160046701, M.P. Carlos Alberto Orlando

Jaiquell.
5 <<ARTÍCULO 2º. Para la fijación del régimen salarial y prestacional de los servidores enumerados en el

artículo anterior, el Gobierno Nacional tendrá en cuenta los siguientes objetivos y criterios (…)>>.
6 <<ARTÍCULO 15. (…) Para los docentes que se vinculen a partir del 1 de enero de 1990 y para los docentes

nacionales vinculados con anterioridad a dicha fecha, pero sólo con respecto a las cesantías generadas a partir
del 1 de enero de 1990, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio reconocerá y pagará un
interés anual sobre saldo de estas cesantías existentes al 31 de diciembre de cada año, liquidadas anualmente
y sin retroactividad, equivalente a la suma que resulte aplicar la tasa de interés, que de acuerdo con certificación

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Radicado: 11001-03-15-000-2023-03521-00
Accionante: Olga Pardo de Vargas
Se niega el amparo

D. Oposiciones e intervenciones

5.- El Juzgado 28 Administrativo del Circuito de Bogotá, Sección Segunda (tercero
con interés) solicita su desvinculación de la presente acción de tutela. Aduce que
no desconoció los derechos fundamentales invocados por la accionante.

6.- El Ministerio de Educación Nacional (tercero con interés) solicita que se declare
la improcedencia de la acción de tutela por incumplimiento del requisito de
relevancia constitucional, toda vez que la accionante no asumió una carga
argumentativa que demostrara una real y concreta amenaza o vulneración de sus
derechos fundamentales.

7.- La Fiduprevisora (tercero con interés) solicita que se declare la improcedencia
de la acción de tutela, toda vez que la autoridad judicial accionada no desconoció
los precedentes judiciales relacionados con el objeto de la demanda ni la
normatividad procesal establecida para el caso. Y solicita su desvinculación de la
presente acción de tutela, en tanto no se trasgredieron los derechos fundamentales
de la accionante.

8.- La Subsección B de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca (accionado), pese a estar debidamente notificado, guardó silencio.

II. CONSIDERACIONES

9.- La Sala negará el amparo de los derechos fundamentales invocados por la
accionante, pues no se configuraron los defectos alegados (defecto sustantivo y
desconocimiento de las reglas jurisprudenciales).
E. Se encuentran satisfechos los requisitos generales que habilitan la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
10.- Los requisitos generales se cumplen pues: (i) la accionante indicó de manera
clara los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; (ii) el asunto es de
evidente relevancia constitucional porque se alega la vulneración de los derechos
fundamentales a la igualdad, debido proceso y mínimo vital, por la presunta

de la Superintendencia Bancaria, haya sido la comercial promedio de captación del sistema financiero durante
el mismo período. Las cesantías del personal nacional docente, acumulados hasta el 31 de diciembre de 1989,
que pasan al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, continuarán sometidas a las normas
generales vigentes para los empleados públicos del orden nacional>>.

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configuración de un defecto sustantivo y desconocimiento de las reglas
jurisprudenciales7; (iii) se encuentra cumplido el requisito de subsidiariedad porque
la accionante utilizó todos los mecanismos judiciales a su alcance para la protección
de sus derechos fundamentales; (iv) la solicitud se presentó en un término
prudencial (inmediatez), puesto que la decisión de segunda instancia se notificó el
15 de mayo de 2023 y la tutela se presentó el 28 de junio de 2023, es decir, dentro
del término de 6 meses precisado tanto por esta Corporación8 como por la Corte
Constitucional9; y (v) no se trata de una decisión proferida en sede de tutela.
F. No se configuró el defecto sustantivo alegado, pues el tribunal accionado
aplicó razonablemente la Ley 91 de 1989
11.- La Sala advierte que la autoridad judicial accionada no trasgredió el artículo 15
de la Ley 91 de 1989. Si bien la accionante indica que el tribunal desconoció que le
aplicaba el reconocimiento y pago de las cesantías de forma retroactiva, lo cierto es
que la referida norma establece que la liquidación del auxilio de las cesantías frente
a los docentes nacionales vinculados a partir del 1º de enero de 1990 se rige
mediante un sistema sin retroactividad, de la siguiente manera:
<< Para los docentes que se vinculen a partir del 1 de enero de 1990 y para los
docentes nacionales vinculados con anterioridad a dicha fecha, pero sólo con
respecto a las cesantías generadas a partir del 1 de enero de 1990, el Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio reconocerá y pagará un interés
anual sobre saldo de estas cesantías existentes al 31 de diciembre de cada año,
liquidadas anualmente y sin retroactividad, equivalente a la suma que resulte aplicar
la tasa de interés, que de acuerdo con certificación de la Superintendencia Bancaria,
haya sido la comercial promedio de captación del sistema financiero durante el
mismo período. Las cesantías del personal nacional docente, acumulados hasta el
31 de diciembre de 1989, que pasan al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio, continuarán sometidas a las normas generales vigentes para los
empleados públicos del orden nacional>>
11.1.- De acuerdo con lo anterior, de las pruebas obrantes en el expediente ordinario
el tribunal accionado concluyó que, como quiera que la accionante probó que se
vinculó en propiedad y sin ninguna interrupción a partir del 15 de enero de 1993, es
decir, de manera posterior a la fecha señalada en el artículo 15 de la Ley 91 de 1989

7 De conformidad con la posición mayoritaria de la Sala, tampoco se trata de una reiteración de argumentos que

hubiesen sido resueltos dentro del proceso ordinario.
8 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, radicado 11001-03-15-000-2012-02201-01

(IJ), C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
9 Corte Constitucional, sentencia T-031 de 2016, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.

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(1º de enero de 1990), el pago de sus cesantías no debía efectuarse con carácter
retroactivo, sino de manera anualizada, como lo establece la norma.

11.2.- Adicionalmente, pese a que la accionante afirma que no se presentó una
interrupción en su vinculación laboral, por lo que debían tenerse en cuenta los
periodos laborales desde el 27 de mayo de 1988, le asiste razón al tribunal al indicar
que dichas relaciones laborales temporales de tiempo completo sí presentaron
interrupciones, pues entre uno y otro transcurrió más de un mes10.
11.3.- Así, el tribunal accionado concluyó razonablemente que (i) las relaciones
laborales temporales de tiempo completo antes de la entrada en vigencia de la Ley
91 de 1989 estaban prescritas y (ii) el régimen de liquidación aplicable para las
cesantías sería el de la fecha de vinculación que no tuvo interrupciones, esto es,
desde el 15 de febrero de 1993.
G. No se incurrió en desconocimiento de las reglas jurisprudenciales, pues el
tribunal accionado tuvo en cuenta los criterios fijados sobre la solución de
continuidad

12.- La accionante alegó que la autoridad judicial accionada desconoció sentencias
proferidas por esta Corporación, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección C, y la sentencia de unificación de 9 de septiembre
de 2021 proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado, en las cuales se
hace referencia a la solución de continuidad.
12.1.- La accionante argumenta que, de conformidad con la jurisprudencia que
alega desconocida no existió una interrupción de su vínculo laboral. No obstante,
se advierte, en primer lugar, que la sentencia de unificación de 9 de septiembre de
2021 proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado no es aplicable al
caso concreto, en tanto en esta se estableció un término de 30 días hábiles como
límite temporal para que opere la solución de continuidad entre los contratos de
prestación de servicios, para efectos de los procesos contencioso administrativos
en los que se pretende la declaración de una relación laboral encubierta o
subyacente, el cual no es el caso de la accionante.

10 Además, como se señala más adelante, de conformidad con el artículo 10 del Decreto 1045 de 1978, el

término para que se entienda que hubo solución de continuidad en las vinculaciones de los empleados públicos
y empleados oficiales es de 15 días. Es decir que, al observarse que transcurrió un término de más de un mes
entre cada vinculación, lo cual implica un término superior al señalado en la norma, es correcto concluir que no
hubo continuidad.

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12.2.- Por otra parte, las sentencias proferidas por esta Corporación que la
accionante alega como desconocidas establecen, precisamente, que respecto de
los contratos pactados por un interregno determinado en los que la ejecución entre
uno y otro tiene un lapso de interrupción, debe analizarse la prescripción a partir de
la fecha de finalización de los mismos. Así mismo, se establece que le corresponde
al juez verificar si existió o no la interrupción y que, para que se tenga por
interrumpida la vinculación contractual, se deben superar los 15 días entre la
terminación de un contrato y la celebración de uno nuevo.
12.3.- Si bien en la sentencia del 30 de octubre de 2019 proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C (que también se
invocó como desconocida), se indicó que <<no existía solución de continuidad pese
a ser el término superior a 15 días hábiles>>, la Sala advierte que el tribunal
accionado dio aplicación al artículo 10 del Decreto 1045 de 1978, que dispone que
se entenderá que hubo solución de continuidad cuando medien más de 15 días
hábiles de interrupción en el servicio.

12.4.- De conformidad con lo expuesto, el tribunal concluyó adecuadamente que a
la accionante no le asistía derecho a que sus cesantías fueran liquidadas de manera
retroactiva, pues al iniciar sus labores como docente en 1993, su relación se
encuentra regida por el régimen anualizado contemplado en la Ley 91 de 1989.

13.- Por último, la Sala negará las solicitudes de desvinculación formuladas por el
Juzgado 28 Administrativo del Circuito de Bogotá, Sección Segunda y La
Fiduprevisora, porque dichas autoridades fueron vinculadas al presente proceso de
tutela en calidad de terceros con interés.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República
de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: NIÉGASE al amparo de los derechos fundamentales invocados por la
señora Olga Pardo de Vargas.

SEGUNDO: NIÉGANSE las solicitudes de desvinculación elevadas por el Juzgado
28 Administrativo del Circuito de Bogotá, Sección Segunda y La Fiduprevisora.

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Accionante: Olga Pardo de Vargas
Se niega el amparo

TERCERO: NOTIFÍQUESE la presente decisión a las partes por el medio más
expedito y eficaz.

CUARTO: Si esta decisión no fuere impugnada dentro de los tres (3) días siguientes
a su notificación, ENVÍESE el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

QUINTO: PUBLÍQUESE la presente providencia en la página web de la
Corporación.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.

Con firma electrónica
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente

Con firma electrónica Con firma electrónica
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado Magistrado

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