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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-03527-00

Fecha
3 de agosto de 2023
Consejero ponente
Rocio Araujo Oñate

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-03527-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: AMPARAR el derecho fundamental de petición en cabeza del señor Saúl Doria Romero y conforme lo expuesto en la parte considerativa de la presente providencia. SEGUNDO: ORDENAR a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Antioquia, que en el término de cuarenta y ocho (48) horas, computadas a partir de la notificación de la presente decisión, ponga a disposición del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Establecimiento Penitenciario Las Heliconias, la respuesta a la petición, quien a su turno, deberá notificar inmediatamente el contenido de ésta al señor Saúl Doria Romero. TERCERO: ORDENAR a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Antioquia y al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Establecimiento Penitenciario Las Heliconias, adoptar las medidas necesarias para garantizar la participación del señor Saúl Doria Romero en las actuaciones que se surtan al interior del proceso 9 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Demandante: Saúl Doria Romero Demandado: Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Antioquia Radicado: 11001-03-15-000-2023-03527-00 disciplinario 05001-25-02-000-2022-01046-00, siempre y cuando su intervención se encuentre avalada por la Ley. CUARTO: NOTIFICAR a las partes y terceros con interés, en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. QUINTO: En el evento de no ser impugnada esta decisión, dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, REMITIR el expediente a la CorteConstitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2023-03527-00

Consejero ponente: Rocio Araujo Oñate

3 de agosto de 2023

Demandante: Saúl Doria Romero
Demandado: Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Antioquia
Radicado: 11001-03-15-000-2023-03527-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrada Ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Bogotá D.C., tres (3) de agosto de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-03527-00
Demandante: SAÚL DORIA ROMERO
Demandado: COMISIÓN SECCIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL DE
ANTIOQUIA

Tema: Tutela de fondo – derecho de petición

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a resolver la demanda interpuesta, en ejercicio de la acción de
tutela, promovida por el señor Saúl Doria Romero contra la Comisión Seccional de
Disciplina Judicial de Antioquia, de conformidad con lo establecido en el artículo 86
de la Constitución Política y desarrollado mediante el Decreto 2591 de 1991.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

1. Con escrito radicado a través de correo electrónico el 29 de junio de 2023, el
señor Saúl Doria Romero, actuando en nombre propio, interpuso acción de tutela
contra la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Antioquia, en la cual pretende
el amparo de sus derechos fundamentales de petición y a la información.

2. En sentir del accionante, la trasgresión de las citadas garantías
constitucionales encontró fundamento en la omisión de la accionada en dar
respuesta a su petición del 8 de mayo de 2023 en la que solicitó información
respecto al trámite dado a la queja disciplinaria que promovió contra el abogado
Donaldo Rovira Ospina.

1.2. Pretensiones

3. El escrito de tutela pese a no contener de manera expresa una pretensión
procesal, la lectura de ésta permite inferir razonablemente que lo solicitado por el
accionante es que se le suministre la información peticionada.

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Demandante: Saúl Doria Romero
Demandado: Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Antioquia
Radicado: 11001-03-15-000-2023-03527-00

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1.3. Hechos probados y/o admitidos

La Sala encontró demostrados los siguientes supuestos fácticos relevantes para la
decisión que se adoptará en la sentencia:

4. El accionante actualmente se encuentra recluido en la Penitenciaria de
Mediana Seguridad Las Heliconias.

5. Afirmó que el 4 de marzo de 2022 presentó una queja disciplinaria contra el
abogado Donaldo Rovira Ospina, la cual correspondió por reparto a la Comisión
Seccional de Disciplina Judicial de Antioquia.

6. Precisó que el 8 de mayo de 2023 radicó un derecho de petición2, pues, el
25 de enero de 2023 se llevó a cabo audiencia al interior del trámite disciplinario, la
cual se realizó virtualmente, y en la cual él no tuvo la oportunidad de participar, pues,
según afirma la diligencia tuvo lugar a las 10:00 am y solo se contactaron con él
hacía las 11:00 am.

7. Pese a haber radicado la solicitud correspondiente, no ha recibido respuesta
alguna de parte de la accionada.

1.4. Fundamentos de la solicitud de amparo

8. En sentir del accionante, la falta de respuesta por parte de la Comisión
Seccional de Disciplina Judicial de Antioquia vulneró sus derechos fundamentales
de acceso a la información y petición, pues, en su condición de quejoso en el

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Índice 2 de Samai.
2
El objetivo de la solicitud era obtener información sobre el estado actual en el que se encontraba
la queja disciplinaria que había presentado.

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Demandado: Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Antioquia
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trámite disciplinario tiene derecho de participar en las audiencias que se llevan a
cabo en dicho asunto.

1.5. Trámite de la acción de tutela

9. La magistrada ponente de la presente decisión, por auto de 4 de julio de 2023
resolvió: (i) admitir la acción de tutela, (ii) notificar a la Comisión Seccional de
Disciplina Judicial de Antioquia, en su calidad de autoridad accionada, (iii) vincular
al doctor Carlos Mario Herrera Muñoz, magistrado la Comisión Seccional de
Disciplina Judicial de Antioquia, quien se encuentra a cargo del trámite disciplinario
contra el abogado Donaldo Rovira Ospina, y (iv) oficiar al Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario (INPEC) para que se encargara de surtir la notificación
de las decisiones adoptadas en el presente trámite.

1.6. Intervenciones

10. La Secretaría General de la corporación, en cumplimiento a lo ordenado en
el auto admisorio de la acción de tutela, libró los oficios 66108 a 66110 dirigido a los
sujetos procesales3 y en virtud de los cuales se recibieron los siguientes escritos:

1.6.1. Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Antioquia y doctor Carlos
Mario Herrera Muñoz

11. Explicaron que al interior del proceso 05001-25-02-000-2022-01046-00, que
tuvo lugar con ocasión de la queja presentada por el señor Saúl Doria Romero, por
auto del 29 de agosto de 2022 se dispuso la apertura del proceso disciplinario contra
el abogado Donaldo Rovira Ospina.

12. Indicaron que en la citada decisión se fijó el 25 de enero de 2023 a las 10:00
am, para llevar a cabo la audiencia de pruebas y calificación provisional, la cual, fue
notificada al correo electrónico jurídica.epheliconias@inpec.gov.co. Del mismo
modo, precisó que, en la citada fecha, minutos antes de darse inicio a la diligencia,
se recibió solicitud del link para ingresar a la audiencia proveniente del buzón
sistema.epheliconias@inpec.gov.co, del cual no obra constancia de haberse dado
respuesta.

13. Manifestaron que la anterior situación no impidió realizar la audiencia, la cual,
tuvo que ser suspendida y programarse una segunda fecha, la cual tendría lugar el
2 de octubre de 2023 a las 04:00 pm.

14. En lo que concierne a la petición, informaron que sobre este ya se dio
respuesta mediante oficio 3313 del 7 de julio de 2023, la cual fue remitida a la
dirección de correo electrónico aprm@hotmail.es y que corresponde a la cuenta
utilizada para el envío de la solicitud.

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En el caso del señor Saúl Doria Romero, este fue notificado por conducto de los funcionarios del
INPEC.

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1.6.2. Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

15. Alegó la falta de legitimación en la causa por pasiva, pues, conforme los
hechos y pretensiones del amparo constitucional, no se advierte trasgresión alguna
del instituto respecto a los derechos del accionante.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

16. Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela, interpuesta por
el señor Saúl Doria Romero, de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de
la Constitución Política y el artículo 37 del Decreto Ley 2591 de 1991.

17. En este punto, resulta pertinente indicar que las disposiciones del Decreto
1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, no son normas que
constituyan reglas de competencia4. Al respecto, la Corte Constitucional5 ha
precisado:

3. Ahora bien, según la jurisprudencia pacífica de esta Corporación, las
disposiciones contenidas en el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto
1983 de 2017, de ninguna manera constituyen reglas de competencia de
los despachos judiciales, sino únicamente pautas de reparto de las
acciones de tutela. Ello implica que el mencionado acto administrativo nunca
podrá ser usado por las autoridades judiciales para declarar su falta de
competencia. Esta forma de proceder se opone, principalmente, al derecho al
acceso a la administración de justicia, dado que no existe fundamento alguno
para asumir este conjunto normativo como un mandato procesal del que
dependa la resolución del asunto en sede de instancia.6 (Negrilla fuera del
texto).

18. Lo anterior, adquiere mayor relevancia al observar el parágrafo 2° del artículo
2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por los Decreto 1983 de 2017 y
333 de 2021, que dispone:

PARÁGRAFO 2. Las anteriores reglas de reparto no podrán ser invocadas por
ningún juez para rechazar la competencia o plantear conflictos negativos de
competencia.

19. En suma, no se advierte irregularidad alguna que impida a esta sala proferir
una decisión de fondo, de cara a la pretensión constitucional de la parte accionante.

4
Según el numeral 6 del artículo 2.2.3.1.2.1., del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto
333 de 2021, la solicitud de amparo constitucional correspondería por reparto a un Tribunal Superior
de Distrito Judicial.
5
Al respecto, consultar, entre otros: Corte Constitucional, Sala Plena, Auto 172 del 22.03.18., M.P.
Alberto Rojas Ríos; Auto 269 del 29.05.19., M.P. Carlos Bernal Pulido; y Auto 434 del 06.08.19., M.P.
Cristina Pardo Schelsinger
6
Auto 462 del 21.8.19, MP Diana Fajardo Rivera.

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2.2. Cuestión previa

20. El INPEC con su escrito de intervención solicitó la desvinculación dentro del
trámite constitucional, aduciendo que no incurrió en conducta alguna constitutiva de
vulneración de los derechos fundamentales del accionante.

21. Frente al citado pedimento, resulta pertinente precisar que, conforme a los
hechos, el señor Doria Romero nunca indicó que dicha entidad trasgredió las
garantías constitucionales. No obstante, no se puede perder de vista que la citada
persona se encuentra actualmente privada de la libertad.

22. Conforme lo anterior, la magistrada ponente de esta decisión, en aras de
garantizar el debido proceso y la correcta notificación de las providencias judiciales,
estimó pertinente y necesario que el INPEC brindará apoyo a la judicatura, para
surtir tal acto procesal.

23. En ese sentido, la Sala indica que el llamado del INPEC se hizo única y
exclusivamente con el fin de prestar colaboración a la administración de justicia, en
el entendido que el actor no cuenta con acceso a dispositivos móviles y, por ende,
es el personal de la Penitenciaria de Mediana Seguridad Las Heliconias el que debe
velar por su correcto enteramiento.

24. Puestas de ese modo las cosas, se negará la petición de desvinculación
formulada por el INPEC.

2.3. Problema jurídico

25. De conformidad con los hechos expuestos, la intervención presentada por las
autoridades accionadas y los medios de prueba arrimados al proceso, corresponde
a la Sala establecer si, ¿la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Antioquia
vulneró el derecho fundamental de petición, en cabeza del señor Saúl Doria Romero
al no haber atendido la solicitud que formuló el 8 de mayo de 2023?

26. Para resolver tales problemas jurídicos, resulta pertinente analizar los
siguientes temas: (i) el panorama general de la acción de tutela; (ii) aspectos
generales del derecho de petición; y (iii) el caso concreto.

2.4. Panorama general de la acción de tutela

27. El artículo 86 de la Constitución Política, estableció que las personas pueden
ejercer la acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de
sus derechos fundamentales siempre que sean violados o amenazados por la
acción u omisión de las autoridades, o de los particulares en los casos previstos en
el Decreto 2591 de 1991.

28. Conforme a la disposición constitucional, el Decreto 2591 de 1991 y la
jurisprudencia, la procedencia de esta acción está determinada por la inexistencia

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de otro medio de defensa judicial idóneo y eficaz para evitar la lesión del derecho
fundamental, salvo que el interesado invoque y demuestre estar frente a un perjuicio
irremediable, hecho que hace procedente la tutela como mecanismo transitorio.

2.5. Aspectos generales del derecho de petición

29. El derecho consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política, se traduce
en la facultad que tienen los ciudadanos de formular solicitudes respetuosas para
obtener información o de pedir copias de documentos no sujetos a reserva a las
autoridades correspondientes o a los particulares y obtener una pronta y completa
respuesta a sus inquietudes.

30. La naturaleza de este derecho está establecida en la Constitución de 1991,
como de aplicación inmediata, dada su pertenencia al ámbito de los derechos
inherentes a la persona y su relevancia para la participación de la misma, así como
para asegurar el cumplimiento de las funciones constitucionales y legales, al igual
que los deberes sociales del Estado y la posibilidad de hacer realizables otros
derechos fundamentales.

31. Diversos pronunciamientos de orden constitucional han definido los
presupuestos esenciales del derecho de petición de la siguiente forma: i) en la
posibilidad de formular peticiones respetuosas, por motivos de interés general o
particular y ii) en la obtención de una pronta resolución del asunto puesto en
consideración. Esos componentes del derecho de petición son inescindibles, esto
es, que el goce y satisfacción del mismo se realiza una vez ambos se verifiquen;
por lo tanto, el derecho se concreta en la formulación de una petición, pero se
efectiviza con la resolución pronta y material, independientemente de si la respuesta
resulta o no favorable al sentido de la misma.

32. De igual forma, para que se configure su cumplimiento no basta la resolución
efectiva, sino que, es necesario que esta se dé a conocer al interesado. Al respecto,
el Máximo Tribunal Constitucional ha señalado:

Una vez tomada la decisión, la autoridad o el particular no pueden reservarse
su sentido, para la efectividad del derecho de petición es necesario que la
respuesta trascienda el ámbito del sujeto que la adopta y sea puesta en
conocimiento del peticionario; si el interesado ignora el contenido de lo resuelto
no podrá afirmarse que el derecho ha sido observado cabalmente.

33. Lo anterior, no solo indica su importancia en el ámbito jurídico, sino que esta
trasciende considerablemente al nivel social, pues es este el mecanismo de
interacción entre las entidades y el particular, y su desconocimiento traería consigo
inseguridad jurídica y desconfianza en la administración.

34. Ahora bien, teniendo en cuenta que la Corte Constitucional mediante sentencia
C-818 de 1º de noviembre de 2011, declaró inexequible los artículos 3 a 33 de la
Ley 1437 de 2011, referentes al derecho de petición, es del caso precisar que los

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efectos de dicha sentencia fueron diferidos hasta el 31 de diciembre de 2014, con
el fin de que el Congreso expedida la Ley Estatutaria correspondiente.

35. Sobre el particular, a través de la Ley Estatutaria 1755 del 30 de junio del 2015,
se reguló el derecho constitucional de petición y se sustituyó un título del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, normatividad que
entró en vigor a partir de la fecha de su publicación.

36. Por otra parte, la petición debe resolverse de fondo, de manera clara, precisa
y congruente con lo solicitado. Ello significa que

[l]a respuesta al derecho de petición debe versar sobre aquello preguntado por
la persona y no sobre un tema semejante o relativo al asunto principal de la
petición. Quiere decir, que la solución entregada al peticionario debe
encontrarse libre de evasivas o premisas ininteligibles que desorienten el
propósito esencial de la solicitud, sin que ello implique la aceptación de lo
solicitado. Desde luego, este deber de contestar de manera clara y coherente,
no impide que la autoridad suministre información adicional relacionada con los
intereses del peticionario, pues eventualmente ésta puede significar una
aclaración plena de la respuesta dada

37. Así las cosas, se tiene que la respuesta debe ser puesta en conocimiento del
peticionario, lo que se traduce en el deber de la entidad de agotar “(…) los medios
disponibles para informar al particular de su respuesta y lograr constancia de ello (…) la
notificación (…) debe ser efectiva, es decir, real y verdadera, y que cumpla el propósito de
que la respuesta de la entidad sea conocida a plenitud por el solicitante (…)”.

38. Así pues, la contestación requiere cumplir unos lineamientos básicos en orden
a la satisfacción material de los requerimientos invocados en la solicitud y, además
incluye la obligación de ponerla en conocimiento del peticionario, condición
fundamental para entender satisfecho el derecho que se invoca.

39. De otra parte, es preciso mencionar que el artículo 21 de la Ley 1437 de 2011
prevé que en el evento en que la petición esté dirigida contra el funcionario que no
tiene competencia para atenderla, debe informársele “de inmediato al interesado si
este actúa verbalmente, o dentro de los cinco (5) días siguientes al de la recepción,
si obró por escrito”. Además, dentro del término señalado, la autoridad deberá
remitir “la petición al competente y enviará copia del oficio remisorio al peticionario
o en caso de no existir funcionario competente así se lo comunicará”.

2.6. Caso concreto

40. La Sala anticipa que concederá el amparo constitucional deprecado por el
ciudadano Saúl Doria Romero, en la medida que, pese a haberse proferido una
respuesta de fondo por parte de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de
Antioquia7, se echa de menos la prueba que acredite su notificación al accionante.

7
La respuesta dada es la siguiente: “De acuerdo al derecho de petición por usted presentado, donde
solicita se de información de que paso con la audiencia programada para el 25 de enero del presente
año en la investigación disciplinaria Rdo. 050012502000 2022 01046 00, le comunicó que dicha

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41. Al respecto, resulta pertinente reiterar que el señor Doria Romero actualmente
se encuentra recluido en el establecimiento penitenciario Las Heliconias, en el
municipio de Florencia departamento del Caquetá, sin acceso a equipos
tecnológicos que le permitan acceder a la cuenta de correo electrónico
aprm@hotmail.es.

42. Tal omisión, en criterio de la Sala resulta suficiente para acceder a las
pretensiones, pues, el juez constitucional tiene el deber de verificar que dicha carga
se cumpla materialmente y de forma efectiva, lo cual, conforme quedó expuesto en
precedencia no se encuentra acreditado.

43. Adicionalmente, se debe tener en cuenta que el parágrafo del artículo 66 de la
Ley 1123 de 20078, “por la cual se establece el código disciplinario del abogado”,
establece que el quejoso tiene derecho a participar en el proceso disciplinario en
escenarios puntuales, los cuales deben ser delimitados por la autoridad judicial que
conoce de la actuación.

44. Ahora bien, atendiendo las circunstancias especiales del presente asunto, es
necesario que, en virtud del principio de colaboración armónica entre las entidades
del Estado9, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario brinde colaboración a la
Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Antioquia para surtir la notificación de
la respuesta al derecho de petición.

45. Por otro lado, en atención al interés que tiene el señor Saúl Doria Romero
frente al trámite disciplinario 05001-25-02-000-2022-01046-00 contra el abogado
Donaldo Rovira Ospina, dada su calidad de quejoso, la Sala dispondrá que la
Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Antioquia y el Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario garanticen la participación de él en las actuaciones
procesales pertinentes conforme lo dispone la Ley 1123 de 2007, suministrando con
la antelación debida los enlaces de acceso a las audiencias y los equipos requeridos
para tal efecto.

46. Lo anterior, por cuanto, conforme quedó acreditado en el presente trámite, la
Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Antioquia, pese a haber recibido la
solicitud de enlace a la primera audiencia celebrada en el citado asunto, no

audiencia se realizó y se fijó como nueva fecha para la continuación de la misma el lunes dos (2) de
octubre de 2023 a las cuatro (4:00 p.m.).”
8
El quejoso solamente podrá concurrir al disciplinario para la formulación y ampliación de la queja
bajo la gravedad del juramento, aporte de pruebas e impugnación de las decisiones que pongan fin
a la actuación, distintas a la sentencia. Para este efecto podrá conocerlas en la Secretaría de la Sala
respectiva.
9
Al respecto, la Corte Constitucional en la sentencia C-246 de 2004 explicó: “Si bien es cierto que el
principio de separación de poderes es el fundamento para el reconocimiento de la necesaria
independencia y autonomía de los diferentes órganos del Estado, a fin de que puedan cumplir
cabalmente sus funciones, también lo es que dicho principio debe ser interpretado en función de su
vinculación con el modelo trazado en el artículo 113 Superior, según el cual, cada uno de los órganos
del poder público debe colaborar armónicamente para la consecución de los fines estatales.
Colaboración armónica que no implica que determinada rama u órgano llegue a asumir la función de
otro órgano, pues no debe olvidarse que cada uno de ellos ejerce funciones separadas.”

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suministró ésta y, en consecuencia, le cercenó la posibilidad de asistir virtualmente
al accionante en la diligencia en cuestión.

2.6. Conclusión

47. La Sala amparará el derecho fundamental de petición vulnerado al ciudadano
Saúl Doria Romero y, en consecuencia, dispondrá que la Comisión Seccional de
Disciplina Judicial de Antioquia ponga a disposición del Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario, Establecimiento Penitenciario Las Heliconias, la
respuesta a la de petición del 8 de mayo de 2023, para que éste último se encargue
de ponerla en conocimiento del accionante.

48. Por otro lado, se dispondrá que tanto la Comisión Seccional de Disciplina
Judicial de Antioquia como el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario,
Establecimiento Penitenciario Las Heliconias, garanticen la participación del señor
Saúl Doria Romero en las actuaciones procesales pertinentes, al interior del proceso
disciplinario 05001-25-02-000-2022-01046-00.

49. Lo anterior, con ocasión de la situación concreta del actor, quien se encuentra
privado de la libertad, por lo que no se encuentra en las mismas condiciones que un
ciudadano común, y específicamente en lo que tiene que ver con la posibilidad de
acceder de manera libre y espontánea a consultar el trámite en el que se encuentra
el citado proceso disciplinario.

III. DECISIÓN

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

FALLA:

PRIMERO: AMPARAR el derecho fundamental de petición en cabeza del señor
Saúl Doria Romero y conforme lo expuesto en la parte considerativa de la presente
providencia.

SEGUNDO: ORDENAR a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Antioquia,
que en el término de cuarenta y ocho (48) horas, computadas a partir de la
notificación de la presente decisión, ponga a disposición del Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario, Establecimiento Penitenciario Las Heliconias, la
respuesta a la petición, quien a su turno, deberá notificar inmediatamente el
contenido de ésta al señor Saúl Doria Romero.

TERCERO: ORDENAR a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Antioquia
y al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Establecimiento Penitenciario Las
Heliconias, adoptar las medidas necesarias para garantizar la participación del
señor Saúl Doria Romero en las actuaciones que se surtan al interior del proceso

9
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Demandado: Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Antioquia
Radicado: 11001-03-15-000-2023-03527-00

disciplinario 05001-25-02-000-2022-01046-00, siempre y cuando su intervención se
encuentre avalada por la Ley.

CUARTO: NOTIFICAR a las partes y terceros con interés, en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

QUINTO: En el evento de no ser impugnada esta decisión, dentro de los tres (3)
días siguientes a su notificación, REMITIR el expediente a la CorteConstitucional
para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
(Salvamento de voto parcial)

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos, conforme a lo
dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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