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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-03533-00

Fecha
22 de agosto de 2023
Consejero ponente
Jose Roberto Sachica Mendez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-03533-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO. - DECLARAR improcedente el amparo constitucional solicitado por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia. SEGUNDO. - Se ordena NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. TERCERO. - De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR esta actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2023-03533-00

Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez

22 de agosto de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá D.C., veintidós (22) de agosto de dos mil veintitrés (2023)

Radicación: 11001-03-15-000-2023-03533-00
Accionante: Johnny Alberto Jiménez Pinto
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda –
Subsección F y otro
Referencia: Acción de tutela

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES –
Improcedencia / Inmediatez / RELEVANCIA CONSTITUCIONAL / Falta de carga
argumentativa.

Surtido el trámite de ley1, sin que se advierta irregularidad o causal de nulidad que
invalide lo actuado, procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia dentro
del recurso de amparo constitucional formulado por el señor Johnny Alberto Jiménez
Pinto contra el Juzgado 47 Administrativo del Circuito de Bogotá y el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca - Sección Segunda- Subsección F.

I. ANTECEDENTES

A. La demanda y sus fundamentos

1.- El 17 de abril de 2023, el señor Johnny Alberto Jiménez Pinto presentó acción
de tutela con el fin de que se protegieran sus derechos fundamentales al debido
proceso, trabajo, contradicción y defensa, así como los principios de favorabilidad,
inescindibilidad y progresividad. Considera que tales prerrogativas fueron vulneradas
con ocasión de: (i) la sentencia del 20 de agosto de 20152, dictada al interior del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con número de
radicado 11001-33-31-023-2012-00078-01 y, (ii) los autos del 25 de marzo de 2021,
20 de septiembre de 2022 y 28 de febrero de 2023, proferidos en el marco del
proceso ejecutivo identificado con número de radicado 11001-33-42-047-2019-
00361-00.

1 Cfr. Decreto 1983 de 2017 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1., 2.2.3.1.2.4. y 2.2.3.1.2.5 del

Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto
de la acción de tutela”.
2 Notificada por edicto el 9 de septiembre de 2015.

1

Radicación: 11001-03-15-000-2023-03533-00
Accionante: Johnny Alberto Jiménez Pinto
Accionado:Tribunal Administrativo de Cundinamarca –
Sección Segunda – Subsección F y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

2.- Según se ilustra en la demanda, las pretensiones en ella contenidas se contraen
a3:

<<(…) que se tutelen mis derechos fundamentales invocados como amenazados,
violados y/o vulnerados, solicito, se tutele mi derecho al Debido Proceso y se ordene
al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, sección Segunda, Subsección F,
modifique su sentencia de 28 de febrero de 2023 y se pronuncie en derecho teniendo
en cuenta los principios constitucionales violados (favorabilidad, progresividad,
inescindibilidad), EL DEBIDO PROCESO y los precedentes constitucionales.

Solicito se modifique el auto de 25 de marzo de 2021 del juzgado 47 administrativo del
circuito, por medio del cual se negó un mandamiento ejecutivo, por ser totalmente
regresivo por irrespetar el Debido Proceso por desconocimiento del precedente
judicial, así como los principios de favorabilidad, progresividad, inescindibilidad

Igualmente y en forma subsidiaria, solicito que se tutelen mis derechos fundamentales
invocados como amenazados, violados y/o vulnerados, solicito, se tutele mi derecho
al Debido Proceso y se ordene al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, sección
Segunda, Subsección F, modifique su sentencia de fecha 20 de agosto de 2015 y se
pronuncie en derecho teniendo en cuenta que no existen causales de suspensión de
la prima técnica, como tampoco perdida por ocupar el funcionario otro cargo distinto al
titular, inventando así normas que no existen>>.

3.- Como fundamento fáctico de la solicitud de amparo se indicó lo siguiente:

4.- El señor Johnny Alberto Jiménez, presentó demanda contra la Nación –
Ministerio del Trabajo, con el fin de que se declarara la nulidad del Oficio 1500-0-
227590 del 3 de agosto de 2011, por medio de la cual se le negó el reconocimiento
de la prima técnica. En fallo de primera instancia del 28 de junio de 2013, el Juzgado
2 Administrativo de Descongestión de Bogotá accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección
Segunda – Subsección F, por sentencia de 20 de agosto de 2015, confirmó la
decisión del A quo, al considerar que el actor cumplía con los requisitos establecidos
en el Decreto 2164 de 1991 y el régimen de transición establecido en el artículo 4
del Decreto 1724 de 1997, para ser beneficiario de la prima técnica por evaluación
del desempeño, pero precisó que con posterioridad al 21 de julio de 2008. Así mismo,
aclaró que, como el demandante estaba en encargo en otro cargo, se debía
suspender el goce de la prima técnica, hasta que se reasumiera su cargo en
propiedad.

5.- El señor Jiménez Pinto inició proceso ejecutivo contra la Nación – Ministerio del
Trabajo.

6.- El asunto lo conoció el Juzgado 47 Administrativo del Circuito de Bogotá, quien
en auto de 25 de marzo de 2021 negó el mandamiento de pago, al considerar que
de la sentencia del 28 de junio de 2013, modificada parcialmente por el Tribunal

3 Folio 11 del escrito de tutela.

2

Radicación: 11001-03-15-000-2023-03533-00
Accionante: Johnny Alberto Jiménez Pinto
Accionado:Tribunal Administrativo de Cundinamarca –
Sección Segunda – Subsección F y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

Administrativo de Cundinamarca el 20 de agosto de 2015, y de los demás
documentos aportados con la demanda, no se presenta una obligación clara,
expresa y actualmente exigible. Adujo que el Ministerio del Trabajo, a través de la
Resolución 0249 del 31 de enero de 2017, cumplió la obligación que se demandaba
como incumplida.

7.- El Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección
F, a través del proveído de 20 de septiembre de 2022, confirmó la decisión del A quo,
al estimar que el porcentaje sobre el cual debe otorgársele la prima técnica al
ejecutante es el establecido en la Resolución 003789 del 28 de noviembre de 1995,
vigente para la época en la que se debió reconocer el derecho, tal como lo efectuó
la entidad demandada en la Resolución 0249 del 31 de enero de 2017, por medio de
la cual dio cumplimiento al título objeto de ejecución. Por ende, sostuvo que no le
asiste razón al ejecutante al afirmar que su prima técnica debió ser reconocida
conforme las Resoluciones 5023 de 2006, 2922 de 2008 y 5670 de 2011, pues las
mismas fueron expedidas con posterioridad al otorgamiento de dicha prima, hecho
que ocurrió el 1º de marzo de 1997; cosa distinta es que el pago se ordenara desde
el 21 de enero de 2008 por prescripción trienal, conforme se expuso en el fallo
constitutivo del título ejecutivo, lo que en nada incide en la norma que rige su
reconocimiento primigenio.

8.- El señor Jiménez Pinto presentó solicitudes de aclaración y adición, las cuales
fueron resueltas y negadas por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca –
Sección Segunda – Subsección F mediante auto de 28 de febrero de 2023

9.- En su escrito de tutela la parte actora sostuvo que acusa la sentencia del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, por ser violatoria del marco de la ley, pues crea
una causal de pérdida de la prima técnica al ordenar en su parte resolutiva que solo
se debe realizar el pago de la prima cuando se desempeñe el cargo en propiedad,
pese a haber cumplido los requisitos exigidos para obtenerla. Agregó que las
causales de pérdida de la prima técnica son taxativas y en ninguna de ellas se
permite que se suspenda o se suprima el pago por no desempeñar el cargo en
propiedad.

10.- Por otra parte, censura el auto de 25 de marzo de 2021 proferido por el Juzgado
47 Administrativo del Circuito de Bogotá, por medio del cual se negó el mandamiento
de pago, por ser violatorio de los principios de favorabilidad, progresividad e
inescindibilidad y debido proceso, por desconocimiento del precedente judicial.

11.- Indicó que también cuestiona la providencia del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca de 28 de febrero de 2023, por ser violatoria de principios
constitucionales, desconocer el precedente judicial y los principios de favorabilidad,
progresividad e inescindibilidad de la ley. Esto, al no resolver en ninguno de sus
apartes lo solicitado y limitarse a indicar que no existieron vacíos en las decisiones
anteriores, sin hacer análisis de los precedentes.

3

Radicación: 11001-03-15-000-2023-03533-00
Accionante: Johnny Alberto Jiménez Pinto
Accionado:Tribunal Administrativo de Cundinamarca –
Sección Segunda – Subsección F y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

12.- Por último, adujo que como causal específica de procedibilidad de la tutela contra
las decisiones atacadas invoca el desconocimiento del precedente judicial. Para ello,
citó los artículos 2, 3 y 4 de la Constitución Política y las sentencias T-223 de 1992 y
C-415 de 2012. Igualmente manifestó que el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, pese a que tiene la salvaguarda de la Constitución, como autoridad
judicial, “hoy determina en una decisión arbitraria pasar por encima de este principio
supremo, y no guardar ningún respeto por los ciudadanos que reclamamos los
principios de favorabilidad, progresividad e inescindibilidad de la ley y la aplicación
de los precedentes judiciales”.

B. Trámite procesal y la contestación de la demanda

13.- Por auto de 26 de abril de 2023, la Corte Constitucional remitió la presente
acción a esta Corporación, en virtud de las reglas de reparto establecidas en el
numeral 5 del artículo 1° del Decreto 333 de 2021.

14.- Posteriormente, por auto de 7 de julio de 2023 4, el despacho sustanciador
dispuso admitir la acción de tutela y notificar a las autoridades judiciales
demandadas, al tiempo de vincular a la Nación – Ministerio del Trabajo como tercero
interesado. Igualmente ordenó comunicar la decisión a la Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del Estado para lo de su cargo.

(i) Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda –
Subsección F5

15.- Solicitó que al momento de la resolución de la presente acción se tengan en
cuenta las razones fácticas y jurídicas consignadas en las providencias de 20 de
septiembre de 2022 y 28 de febrero de 2023. De acuerdo con lo anterior, solicitó que
se nieguen las pretensiones de la tutela de la referencia.

(ii) Juzgado 47 Administrativo del Circuito de Bogotá6

16.- Manifestó que la prima técnica reconocida al accionante en el proceso
ordinario, le fue cancelada en debida forma por parte del Ministerio. Explicó que el
actor se acogió al régimen de transición, así como los demás funcionarios que venían
laborando en la entidad, y pudo percibir la prestación reclamada y la conservará en
los términos y circunstancias dispuestos en la norma.

17.- Igualmente destacó que la decisión del Juzgado fue objeto de recurso de
apelación, desatado por el superior en auto del 20 de septiembre de 2022, a través
del cual decidió confirmar la decisión del Despacho. Además, adujo que, de la

4 Notificada el 13 de julio de 2023.
5 Contestación enviada a través de correo electrónico el 17 de julio de 2023, consta de 8 folios.
6 Contestación enviada a través de correo electrónico el 14 de julio de 2023, consta de 6 folios.

4

Radicación: 11001-03-15-000-2023-03533-00
Accionante: Johnny Alberto Jiménez Pinto
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

revisión de la decisión reprochada, se evidencia que no se vulneraron derechos
fundamentales de la parte accionante.

18.- Por otra parte, indicó que la oportunidad para controvertir la sentencia del
trámite de nulidad y restablecimiento del derecho ya se encuentra ampliamente
superada, y en tal sentido, resulta improcedente el ejercicio de una acción
constitucional. Y lo mismo puede decirse del auto que negó el mandamiento de pago,
en tanto fue proferido el 25 de marzo de 2021.

(iii) Nación – Ministerio del Trabajo7

19.- Adujo que el asunto no cumple con el requisito de inmediatez, pues se
cuestiona un fallo proferido en el año 2015. Además, solicitó negar la acción en
relación con el Ministerio del Trabajo, y en consecuencia exonerarlo de
responsabilidad, dado que no hay obligación o responsabilidad de su parte, ni ha
vulnerado o puesto en peligro derecho fundamental alguno al accionante.

(iv) Johnny Alberto Jiménez Pinto -Actor-

20.- Solicitó que se desestime la intervención del Ministerio del Trabajo, así como
los demás escritos presentados por las partes, por cuanto “no se me dio traslado de
tal respuesta pues de ello no hay constancia alguna ni reposa en mi correo
institucional comunicación enviada”.

II. CONSIDERACIONES

C. Cuestión previa

21.- Frente al memorial del accionante, relacionado con que se desatiendan las
intervenciones del tercero vinculado y de las accionadas, por no darle traslado de las
respuestas la Sala expone que en virtud del carácter sumario y expedito de este
mecanismo tutelar, no está contemplado en la norma que lo regula (Decreto 2591 de
1991) algún tipo de traslado a la parte accionante. En ese sentido, no se accederá a
lo solicitado, teniendo en cuenta que el trámite del presente proceso ha atendido la
normatividad respectiva y se han respetado las garantías de todos los sujetos
procesales.

D. La acción de tutela contra providencias judiciales

22.- El Consejo de Estado ha indicado de manera consistente y reiterada que, los
requisitos generales alusivos a la procedencia formal del mecanismo tuitivo de los
derechos fundamentales, son los siguientes 8 : (i) que la cuestión que se discuta
resulte de evidente relevancia constitucional, (ii) que se hayan agotado todos los

7 Contestación enviada a través de correo electrónico el 17 de julio de 2023, consta de 26 folios.
8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 23 de febrero de 2017,

exp. 11001-03-15-000-2016-03336-00 (AC).
5

Radicación: 11001-03-15-000-2023-03533-00
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental
irremediable, (iii) que se cumpla el requisito de inmediatez, (iv) cuando se trate de
una irregularidad procesal, debe quedar claro que esta tiene un efecto decisivo o
determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora, (v) que la accionante identifique de manera
razonable, tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos y que
hubiere alegado tal afectación en el proceso judicial, siempre que esto hubiere sido
posible; y, (vi). que no se trate de sentencias de tutela.

23.- La relevancia constitucional, como requisito general de procedibilidad de la
acción de tutela contra providencias judiciales, supone la presentación de un conflicto
que trascienda las discusiones legales ante el juez constitucional. Bien es sabido que
el ámbito de los derechos fundamentales tiene un efecto irradiador en el
ordenamiento, de tal suerte que, en la práctica, no existen temas jurídicos que no
puedan relacionarse con un derecho constitucional9.

24.- En tal virtud, no basta con que el actor afirme que una determinada providencia
judicial transgrede derechos fundamentales para dar por cumplido dicho requisito,
sino que este debe estructurar una fundamentación clara y suficiente en torno a la
necesidad de la intervención del juez de tutela con el propósito de hacer cesar la
presunta infracción de los derechos fundamentales invocados.

E. Análisis del caso concreto

25.- En el presente caso, la Sala advierte que la solicitud de amparo no supera los
requisitos de inmediatez y relevancia constitucional, como se pasa a explicar:

26.- De la lectura íntegra del escrito de tutela, se observa que el actor ataca 4
providencias judiciales: (i) la sentencia del 20 de agosto de 2015, (ii) el auto de 25
de marzo de 2021 (negó mandamiento de pago), (iii) el auto de 20 de septiembre
de 2022 (confirmó la decisión anterior) y, (iv) el auto de 28 de febrero de 2023
(resolvió solicitudes de aclaración y adición).

27.- En lo que se refiere a la sentencia de 20 de agosto de 2015, dictada al interior
del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, la Sala advierte que la
solicitud de amparo no se supera el requisito de inmediatez toda vez que la
providencia fue notificada al accionante el 9 de septiembre de 201510, a través del
edicto 1934, en tanto que la demanda de tutela fue formulada el 17 de abril de 2023,
es decir, aproximadamente, 7 años y 7 meses después, superando el término de 6
meses establecido en la jurisprudencia unificada, pacífica y reiterada por esta
Corporación.

9 Corte Constitucional, Sentencia T-079 de 2010.
10 Información sustraída de las pruebas allegadas al plenario.

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Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

28.- Aunado a lo anterior, el actor no presentó ningún argumento tendiente a
sustentar la demora en la presentación de esta acción. Así las cosas, cuando la
parte actora acude al juez constitucional tiempo después de haberse presentado la
acción u omisión que estima vulneratoria de sus derechos fundamentales, se
desvirtúa el carácter urgente de la acción de tutela, impidiendo con ello que el
juzgador adopte una decisión que asegure la protección inmediata de las
prerrogativas iusfundamentales invocadas.

29.- Ahora, en relación con los autos de 25 de marzo de 2021, 20 de septiembre de
2022 y 28 de febrero de 2023, proferidos en el marco del proceso ejecutivo
identificado con número de radicado 11001-33-42-047-2019-00361-00; la Sala
advierte que la tutela carece de relevancia constitucional por falta de carga
argumentativa.

30.- La Sala Plena del Consejo de Estado ha expresado que para determinar si una
acción de tutela cumple con el requisito de relevancia constitucional, es necesario
examinar dos elementos 11 : (i) Que el actor motive con suficiencia argumentativa
dicha relevancia constitucional, para lo cual no basta con enunciar la vulneración de
derechos fundamentales, sino que se deben expresar las razones de índole
constitucional que revelan un juicio de desvalor respecto de tales derechos, cuya
fuente es la providencia judicial censurada; y (ii) Que la tutela no constituya una
instancia adicional al proceso ordinario en el cual fue proferida la providencia
acusada.

31.- En lo concerniente con el auto de 25 de marzo de 2021, proferido por el
Juzgado 47 Administrativo del Circuito de Bogotá, por medio del cual se niega el
mandamiento de pago, el actor únicamente sostuvo que es violatorio de los
principios de favorabilidad, progresividad e inescindibilidad y debido proceso por
desconocimiento del precedente judicial. Además, frente a la supuesta desatención
del precedente judicial, citó los artículos 2, 3 y 4 de la Constitución Política y las
sentencias T-223 de 1992, C-415 de 2012. No obstante, no construyó ningún
argumento tendiente a explicar por qué el mencionado auto había vulnerado los
mencionados principios, ni por qué los fallos citados eran precedente aplicable al
caso concreto, o si los hechos, fundamentos de derecho, problemas jurídicos a
resolver y ratio decidendi eran similares. En suma, no dio razones que justificaran la
razón por la cual las sentencias referenciadas constituían un precedente aplicable a
su caso y por qué se habían vulnerados los mencionados principios.

32.- Ahora en relación con el auto de 20 de septiembre de 2022, se advierte que
el actor no dirigió ningún argumento para cuestionarlo, a pesar de ser la providencia
que resolvió de manera definitiva la litis del asunto; pues a través de la misma el
Tribunal confirmó la decisión del A quo de negar el mandamiento ejecutivo. En razón
a ello, la Sala no puede entrar a realizar ningún análisis frente al mentado auto, ante

11 Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado. Radicado número:

11001 03 15 000 2012 02201 01 (IJ).
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

la carencia absoluta de carga argumentativa, a pesar de que al inicio del escrito de
tutela el accionante indicó que la acción también iba dirigida contra aquella decisión.

33.- En ese contexto, se advierte que, no basta con que el accionante enuncie los
derechos presuntamente vulnerados y los defectos en que, a su sentir, incurrió la
autoridad accionada, sino que tal vulneración debe estar justificada, es decir, tener
una carga argumentativa mínima, en la que se exprese con suficiencia las razones y
motivos que desde la perspectiva constitucional, revelan un juicio de desvalor de los
derechos fundamentales de quien la promueve de cara a la acción y definición que
ha adoptado el juez encargado por mandato constitucional de definir el derecho y,
se debe argumentar los motivos de la presunta vulneración.

34.- Al respecto, debe recordarse que, por oposición al principio de informalidad
que caracteriza a la acción de tutela, cuando esta se formula contra providencias
judiciales, es necesario que quien reclama la protección iusfundamental no sólo
señale los derechos que estima afectados, sino que identifique con cierto nivel de
detalle en qué consiste la violación que le atribuye al pronunciamiento judicial y
demuestre de qué forma aquel se aparta del ámbito del derecho o incurre en una
actuación abusiva contraria al ordenamiento jurídico, no sólo por la materialidad de
la decisión y sus implicaciones, sino por las razones y fundamentos que la sustentan.

35.- Para el caso concreto, comoquiera que la parte actora no se sirvió explicar,
especificar, construir, ni adecuar los cargos alegados contra los autos de 25 de
marzo de 2021 y 20 de septiembre de 2022, el juez de tutela no puede proceder a
ello de forma supletiva, dado que, como ya tuvo la oportunidad de señalarse,
tratándose de acciones de tutela contra providencias judiciales, la carga de contar
con una argumentación coherente y suficiente recae en quien invoca el amparo
constitucional y no en quien la decide, en razón a que están de por medio el respeto
por la cosa juzgada, la necesidad de preservar la seguridad jurídica y la garantía de
la independencia y autonomía de los jueces, que son elementos que hacen parte de
los cimientos del Estado y como tal legitiman el obrar de sus autoridades.

36.- Finalmente, frente al auto de 28 de febrero de 2023, el accionante manifestó
que es violatorio de principios constitucionales, así mismo, que desconoció el
precedente judicial y los principios de favorabilidad, progresividad e inescindibilidad
de la ley, al no resolver en ninguno de sus apartes lo solicitado y limitarse a indicar
que no existieron vacíos en las decisiones anteriores, sin hacer análisis de los
precedentes. La Sala advierte que el actor además de no ser claro en especificar el
precedente desatendido o los principios constitucionales violados, y por ende
carecer estos argumentos de carga argumentativa, pretende con esta acción
generar una instancia adicional al proceso ordinario, a efectos de continuar el debate
planteado en sus solicitudes de aclaración y adición.

8

Radicación: 11001-03-15-000-2023-03533-00
Accionante: Johnny Alberto Jiménez Pinto
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

37.- De la lectura del auto cuestionado, se advierte que el tribunal accionado hizo
el análisis respectivo tanto de la aclaración como de la adición solicitada, e indicó lo
siguiente:

<<(…) Como fundamento de su petición el demandante aduce que deben aplicarse
los principios de favorabilidad y progresividad. Además, que lo que se pretende es la
reliquidación y no el reconocimiento de la prima técnica, en virtud de lo contemplado
en las Resoluciones Nos. 5023 de 2006, 2922 de 2008 y 5670 de 2011, expedidas por
el Ministerio de Trabajo, mediante las cuales se fijaron los criterios para el pago de
dicho emolumento por evaluación de desempeño.

Manifiesta que para establecer el porcentaje de la prima técnica de los años 2011 y
2012 se debe tener en cuenta lo dispuesto en las Resoluciones Nos. 2922 de 2008 y
005670 de 2011 vigentes al momento del pago de la misma, sumas que deben ser
reconocidas “entre el 21 de julio de 2008 y el 31 de enero de 2017 y sucesivamente
hasta cuando se cause el derecho”(… )

II. CONSIDERACIONES

El ejecutante solicitó aclaración y/o adición de la providencia dictada el 20 de
septiembre de 2022, lo cual se encuentra previsto en los artículos 285 y 287 del CGP,
aplicable por remisión expresa del artículo 306 del CPACA1, que disponen…

CASO CONCRETO

Se tiene que la solicitud elevada por el ejecutante va encaminada a que se resuelvan
aspectos que se omitieron en la providencia dictada el 20 de septiembre de 2022, al
momento de resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante
contra el auto del 25 de marzo de 2021 proferido por el Juzgado Cuarenta Siete (47)
Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá D.C., mediante el cual negó el
mandamiento de pago.

En el asunto se advierte que la parte resolutiva de la providencia dictada por esta
Subsección el 20 de septiembre de 2022 es clara en cuanto a que se confirmó el auto
proferido el 25 de marzo de 2021, por el Juzgado Cuarenta y Siete (47) Administrativo
de Bogotá, por medio del cual negó el mandamiento de pago en el proceso ejecutivo
impetrado por el señor JOHNNY ALBERTO JIMÉNEZ PINTO en contra del
MINISTERIO DEL TRABAJO.

Así las cosas, el hecho de que el demandante no esté de acuerdo con la decisión allí
adoptada, no implica que se deba modificar, so pretexto de aclararla.

Finalmente, la Sala estima que la solicitud de adición debe ser negada, en el entendido
que no se omitió resolver sobre algún extremo de la litis o algún punto que conforme
a ley debía ser objeto de pronunciamiento. Por el contrario, el demandante pretende
que se analicen nuevamente argumentos que ya fueron decididos en esa oportunidad.

En efecto, en la providencia recurrida se explicó que el ejecutante pertenecía al nivel
profesional desde el 28 de enero de 1994 y obtuvo del 1º de marzo de 1997 al 31 de
enero 2011 calificaciones superiores al 90%, razón por la cual se encontraba en el
régimen de transición dispuesto en los Decretos 1724 de 1997 y 1336 de 2003, por
haber acreditado los requisitos para el reconocimiento de la prima técnica por
evaluación de desempeño con anterioridad a la vigencia del primer decreto
mencionado (4 de julio de 1997).

9

Radicación: 11001-03-15-000-2023-03533-00
Accionante: Johnny Alberto Jiménez Pinto
Accionado:Tribunal Administrativo de Cundinamarca –
Sección Segunda – Subsección F y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

En esa medida, la sentencia ordinaria que constituye el título ejecutivo ordenó a la
entidad demandada el reconocimiento y pago de la prima técnica por evaluación del
desempeño desde el 1º de marzo de 1997 y en adelante, siempre y cuando el
demandante acredite un porcentaje de calificación superior al 90%, decisión que fue
confirmada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda -
Subsección “F” en descongestión, aclarando que la cancelación debía realizarse a
partir del 21 de julio de 2008, por prescripción trienal.

Así las cosas, se consideró que las normas que sirvieron de fundamento para el
reconocimiento ordenado fueron los Decretos 1724 de 1997 y 1336 de 2003, los
cuales establecieron un régimen de transición para el otorgamiento de la prima técnica
para aquellos empleados que cumplieron los requisitos con anterioridad a la entrada
en vigencia de los mismos, como ocurrió en el caso del señor Jiménez Pinto.

En consecuencia, se concluyó que no le asiste razón al ejecutante al afirmar que su
prima técnica debe ser reconocida conforme a las Resoluciones Nos. 5023 de 2006,
2922 de 2008 y 005670 de 2011, pues las mismas fueron expedidas con posterioridad
al otorgamiento de dicha prima, hecho, que se reitera, ocurrió el 1º de marzo de 1997
y cosa distinta es que el pago se ordenó desde el 21 de enero de 2008, por
prescripción trienal, conforme se expuso en el fallo constitutivo del título ejecutivo, lo
que en nada incide en la norma que rige su otorgamiento primigenio.

En consecuencia, no existe vacío alguno del cual sea necesario emitir
pronunciamiento a través del presente proveído.

De este modo, no es de recibo la solicitud elevada por el demandante, toda vez que
la decisión contenida en el auto dictado el 20 de septiembre de 2022 resolvió los
interrogantes que fueron expuestos en su momento en el recurso de apelación, los
cuales se encuentran contenidos en la parte considerativa, y producto de ello se
profirió la decisión de segunda instancia (…)>>.

38.- Así las cosas, se considera que el tribunal accionado resolvió las 2 solicitudes,
con apego a lo dispuesto en el CPACA, indicando que no procedía la aclaración
porque no se encontró en la providencia ninguna frase o concepto que ofreciera duda
sobre el sentido de la decisión; y tampoco la adición porque en el auto se resolvieron
todos los puntos puestos a su consideración. Evidenciando que lo pretendido por el
accionante era un nuevo estudio de sus argumentos, lo cual no era procedente a
través de tales solicitudes.

39.- De acuerdo con lo esbozado, la Sala observa que las presuntas deficiencias
alegadas respecto de las decisiones adoptadas en sede del proceso ejecutivo,
responden, en realidad, a una discrepancia valorativa sobre el resultado
desfavorable del proceso que no es susceptible de admitirse como una causal de
procedibilidad especial, pues siempre que se trate de interpretaciones diversas y
razonables, es el juez natural el llamado a fijar aquella que mejor se ajuste al caso
de que se trate, conforme a los criterios de la sana crítica y en virtud de su autonomía
e independencia.

40.- Además, no sobra mencionar que, de la lectura íntegra de todas las
providencias judiciales cuestionadas, la Sala considera que se fundamentan en el
material probatorio aportado, así como en argumentos válidos, razonables y en la
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-03533-00
Accionante: Johnny Alberto Jiménez Pinto
Accionado:Tribunal Administrativo de Cundinamarca –
Sección Segunda – Subsección F y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

jurisprudencia y ley aplicables al caso, sin que se observe una argumentación
caprichosa, irrazonable y parcializada contraria al ordenamiento jurídico, lo que
impide la intervención del juez constitucional.

41.- Por lo demás, no sobra mencionar que la jurisprudencia constitucional no ha
considerado factible la procedencia excepcional de la tutela contra providencias
judiciales, cuando quiera que estas se fundamentan en un determinado criterio
jurídico, en una razonable interpretación de las normas que son aplicables a la causa
y en una valoración adecuada de las pruebas allegadas, ya que de no ser ello así,
habría una intromisión arbitraria del juez de tutela que menoscabaría de manera
grave los principios constitucionales de autonomía e independencia judicial, los
cuales, en forma precisa, habilitan al juez para aplicar la ley sustancial y procesal 12.

42.- En esa medida, la Sala estima que la acción de tutela no cumple con los
requisitos generales de inmediatez y relevancia constitucional, ante la carencia de
carga argumentativa. De esta suerte, habrá de declararse improcedente el amparo
impetrado por el señor Johnny Alberto Jiménez Pinto, por la ausencia de los
antedichos presupuestos formales.

43.- En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

III. RESUELVE

PRIMERO. - DECLARAR improcedente el amparo constitucional solicitado por las
razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia.

SEGUNDO. - Se ordena NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.

TERCERO. - De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR esta actuación
a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE13
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

12Cfr. Sentencia T-1015 de 2010 de la Corte Constitucional.
13 VF

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Sección Segunda – Subsección F y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad
de registrarse en el sistema Samai.

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