Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-03546-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-03546-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2023-03546-00
Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez
31 de julio de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá, D.C., treinta y uno (31) de julio de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: Acción de tutela
Núm. único de radicación: 110010315000202303546-00
Actor: Jairo León Acosta Hernández
Demandado: Presidencia de la República1
Tema: Procedencia de la acción de tutela contra actos administrativos de carácter
general/ alcance
Derecho Fundamental Invocado: Igualdad
Derecho Fundamental Amparado: Ninguno
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela interpuesta por el actor contra el Presidente de la
República.
La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.
I. ANTECEDENTES
La solicitud
1. El actor, en nombre propio, presentó acción de tutela contra el “[…] Presidente de
la república de Colombia […]”, porque, a su juicio, al “[…] firm[ar] en Diciembre de
2022 el Decreto 2497 de 2022 […]”2, vulneró su derecho fundamental invocado
supra.
1 Cfr. índice núm. 2 de SAMAI. Documento denominado “ED_CARATULA(.pdf) NroActua 2”. Archivo aportado
en forma digital.
2 Decreto 2497 de 16 de diciembre de 2022, “Por el cual se establecen los rangos diferenciales por riesgo del
Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito -SOAT, se modifica el artículo 2.6.1.4.2.3 del Decreto 780 de 2016
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Núm. único de radicación: 110010315000202303546-00
Actor: Jairo León Acosta Hernández
Presupuestos fácticos
2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela, en
síntesis, son los siguientes:
3. Señaló que, “[…] El Presidente […] firmó en Diciembre de 2022 el Decreto 2497
de 2022, considerando que era la ruta para beneficiar a conductores y actualizar las
tarifas de la Póliza de Seguro Obligatorio para Accidentes de Tránsito (SOAT) […]”.
4. Expresó que, “[…] Esta medida buscaba reducir las tarifas del SOAT hasta en
50%, y establecía tipos y categorías de los vehículos que serán objeto del beneficio,
lo cual ya indicaba una clara discriminación a los propietarios de vehículos que no
beneficio (sic) a todos, simplemente por considerar que éramos personas
“adineradas” por el hecho de poseer un vehículo automotor […]”.
La solicitud de tutela
Pretensiones
5. El actor solicitó en su escrito de tutela:
“[…] PRIMERO. – –SOLICITUD PARA QUE EL DESCUENTO DEL 50% en el soat
se extienda a todos los automotores y ciudadanos del territorio nacional […]”.
6. Como fundamento de la solicitud de tutela, manifestó lo siguiente:
“[…] En mi caso particular mi núcleo familiar posee una camioneta del 2011 4x4
gasolina de la marca ssanyong con 55.000 kilómetros, la cual uso para
desplazamiento médico y en ocasiones de índole laboral que escasea por esta
época, siempre he cumplido con la revisión tecno mecánica y obviamente con la
póliza soat , es por ello que no entiendo porque no puedo ser sujeto de beneficio del
50% si he sido alguien ejemplar , los comparendos que llegado a tener es a
consecuencia de un vehículo que fue hurtado ,es decir no fueron infracciones en mi
titularidad , por ello siento que esta medida y beneficio debería ser extendida con
unos criterios mas objetivos , realistas y no tan populistas ya que todos somos
colombianos y por ende debemos ser tratados con equidad e igualdad […]”.3
Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social, y se reglamenta con carácter transitorio el parágrafo
1 del artículo 42 de la Ley 769 de 2002, adicionado por el artículo 2 de la Ley 2161 de 2021”.
3 Transcripción literal del texto.
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Actor: Jairo León Acosta Hernández
Actuación
7. El Despacho sustanciador, mediante auto de 6 de julio de 2023; i) admitió la
acción de tutela; ii) ordenó notificar al Presidente de la República; y iii) vinculó, como
terceros con interés legítimo, al Ministro de Hacienda y Crédito Público y al Ministro
de Salud y Protección Social, concediéndoles el término de tres (3) días para que
rindieran informe sobre el particular.
Intervenciones de la demandada y de los terceros con interés legítimo
8. El Presidente de la República adujo su falta de legitimación en la causa por pasiva
y solicitó declarar la improcedencia de la acción de tutela, al considerar lo siguiente:
“[…] En primer lugar, se observa que accionante no ha demostrado haber agotado
los mecanismos ordinarios otorgados por el ordenamiento jurídico, para controvertir
actos administrativos de carácter general como el Decreto 2797 del 2022,
desconociendo el principio de subsidiaridad (sic) de la acción de tutela.
En segundo lugar, se observa que la presente tutela pretende que determinadas
entidades públicas, encargadas de fijar las tarifas del SOAT, realicen determinados
descuentos, sin embargo, estas poseen una autonomía e independencia de mi
representada, por lo que sólo compete a las mismas analizar la posibilidad de
acceder a las pretensiones hoy solicitadas [….]”.
[…]
“[…] En virtud de su naturaleza como actos administrativos, los decretos están
sujetos a control y revisión jurídica. Por consiguiente, si una persona no está de
acuerdo con el contenido de los decretos o considera que estos están en
contradicción con el ordenamiento jurídico, está facultada para ejercer la acción de
Nulidad General. El artículo 137 del CPACA (Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo) establece expresamente la
posibilidad de declarar la nulidad de dichos actos […]”.
9. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público solicitó declarar la improcedencia de
la acción de tutela, por las siguientes razones:
“[…] Como se evidencia, el objeto de la acción de tutela consiste en que se ordene
tutelar el derecho a la igualdad y en consecuencia se modificar el Decreto 2497 de
2022 haciéndolo extensible a todos los automotores del territorio nacional, no siendo
primeramente la acción de tutela el mecanismo idóneo para atacar la norma en
cuestión que es carácter general, impersonal y abstracto, en tanto que dentro del
escrito de tutela no se prueba la configuración de un perjuicio irremediable.
Igualmente, se pone de presente que el accionante cuenta con mecanismos
ordinarios e idóneos para atacar el decreto 2497 de 2022 y el amparo de los
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Actor: Jairo León Acosta Hernández
derechos fundamentales presuntamente afectados, razón por la cual deberá acudir
a la jurisdicción competente para tal fin […]”.
[…]
“[…] En el caso bajo estudio, no se cumple con el requisito de subsidiariedad, puesto
que existen diferentes mecanismos a disposición del accionante, mediante los
cuales es posible atacar el acto administrativos en cuestión y el amparo de sus
derechos fundamentales, motivo por el cual no es procedente el amparo mediante
la acción de tutela.
En efecto, el accionante cuenta con la posibilidad de promover, ante la Jurisdicción
de lo Contencioso Administrativo, el medio de control de nulidad, establecido en el
artículo 137 del CPACA., o el de Nulidad y Restablecimiento del Derecho previsto
en el artículo 138 del CPACA, a efecto de controvertir la legalidad o motivación de
los actos administrativos de carácter general que el accionante considere que afecta
derechos fundamentales o la acción de inconstitucionalidad consagrado en el
artículo 241 y 242 de la carta política y Decreto 2067 de 1991.
Cabe resaltar que, dentro de los medios de control anteriormente mencionados,
cuenta con la posibilidad de solicitar el decreto de medidas cautelares que garantice
la efectividad de sus derechos, por lo que los mismos son idóneos para el amparo
de los derechos fundamentales […]”.
10. El Ministerio Ministro de Salud y Protección Social manifestó que:
“[…] la acción de tutela de la referencia en contra del Ministerio de Salud y
Protección Social, es improcedente por falta de legitimación en la causa por pasiva
y ausencia de responsabilidad imputable a este ente ministerial, por cuanto esta
Cartera no ha violado, viola o amenaza violar los derechos invocados por la
accionante, no obstante, previo a exponer estos argumentos, es menester hacer
mención a la organización del Sistema General de Seguridad Social en Salud y la
naturaleza jurídica y funciones de las entidades aquí accionadas y/o vinculadas […]”.
[…]
“[…] que bajo ninguna circunstancia el Ministerio de Salud y Protección Social, funge
como superior jerárquico de PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA; lo que conlleva a
solicitar que se declare la improcedencia de la acción de tutela en referencia, por
cuanto esta Cartera no es Superior Jerárquico de la citada entidad, como tampoco
puede intervenir en las funciones administrativas otorgadas por la ley a cada
institución, para el caso en concreto, respecto a la expedición de normativa con
prebendas económicas derivadas del pago del SOAT […]”.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia de la Sala
11. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad con
los artículos 1.º y 37 del Decreto 2591 de 1991, por el cual se reglamenta la acción
de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Política; el artículo 1.º del
Decreto núm. 1983 de 30 de noviembre de 2017, por el cual se establecen reglas
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Actor: Jairo León Acosta Hernández
para el reparto de la acción de tutela; y, el Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de
2019.
Generalidades de la acción de tutela
12. La acción de tutela ha sido instituida como un instrumento preferente y sumario,
destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales
fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades
públicas, o por los particulares, en los casos expresamente señalados. Procede, a
falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo
transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.
Cuestión previa
13. La Sala advierte que previo al planteamiento del problema jurídico, resulta
necesario precisar el presupuesto procesal sobre la legitimación en la causa por
pasiva, para efectos de determinar, tanto el punto de derecho en discusión, como el
alcance del contenido de la sentencia.
14. Ahora bien, el artículo 13 del Decreto 2591 frente a la legitimación en la causa
por pasiva, señala expresamente lo siguiente:
“[…] La acción se dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano
que presuntamente violó o amenazó el derecho fundamental. Si uno u otro hubiesen
actuado en cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas por un superior, o
con su autorización o aprobación, la acción se entenderá dirigida contra ambos, sin
perjuicio de lo que se decida en el fallo. De ignorarse la identidad de la autoridad
pública, la acción se tendrá por ejercida contra el superior.
Quien tuviere un interés legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir en él
como coadyuvante del actor o de la persona o autoridad pública contra quien se
hubiere hecho la solicitud […]”.
15. De igual manera la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001 de 30 de
noviembre de 20064, se refirió a la falta de legitimación en la causa por pasiva en
los siguientes términos:
“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la
Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente:
4 Corte Constitucional, sentencia T-1412872 de 30 de noviembre de 2006, M.P. Jaime Araújo Rentería.
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Actor: Jairo León Acosta Hernández
“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo porque
otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito de las
pretensiones del actor y las razones de la oposición por el demandado, mediante
sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa es una
calidad subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial que se discute en
el proceso. (…).
La legitimación pasiva se consagra como la facultad procesal que le atribuye
al demandado la posibilidad de desconocer o controvertir la reclamación que
el actor le dirige mediante la demanda sobre una pretensión de contenido
material.
Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso preferente y
sumario, con ello no se quiso consagrar un instrumento judicial carente de
garantías procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal sirvan de
excusa para desconocer los derechos de las partes o de los terceros, de
manera que en dicho proceso, como en cualquier otro, el juez debe lograr que
la actuación se surta sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción.
La identificación cabal del demandado es una exigencia que tanto la
Constitución como del decreto 2591 de 1991 avalan. Según aquélla, la acción
de tutela se promueve contra autoridad pública y, en ciertos casos, contra los
particulares por la acción u omisión que provoque la violación de los derechos
fundamentales de las personas, y lo mismo señala el segundo estatuto."[5].
(Negrilla fuera de texto).
Y más adelante, en sentencia T-519 de 2.001 M.P. Clara Inés Vargas esta misma
Corporación anotó que: "... cuando del trámite procesal se deduce que el demandado
no es responsable del menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no
puede, bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La legitimación
por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el demandado no es el
responsable de realizar la conducta cuya omisión genera la violación, o cuando no
es su conducta la que inflige el daño […]”.
16. La Sala advierte que el Presidente de la República y el Ministerio de Salud y
Protección Social solicitaron su desvinculación al considerar que carecen de
legitimación en la causa por pasiva.
17. La Sala advierte que la vinculación de dichas autoridades se realizó, el
primero a título de demandado y, el segundo, en calidad de tercero con interés
legítimo, en la medida en que, tanto el Presidente de la República como el Ministro
de la referencia expidieron el Decreto indicado por el actor, razón por la cual, a
dichas autoridades les asiste interés en el resultado del proceso de la referencia.
18. En ese orden de ideas, de conformidad con el Decreto 2591 y la jurisprudencia
anteriormente citada, la Sala concluye que al Presidente de la República y al
5 “Esta posición, fue reiterada, entre otras, por la sentencia: T-213 de 2.001 M.P. Carlos Gaviria Díaz y T-562
de 2.002 M.P. Álvaro Tafur Galvis, T-959 de 2.002 M.P. Eduardo Montealegre Lynett”.
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Actor: Jairo León Acosta Hernández
Ministerio de Salud y Protección Social les asiste interés en la decisión de tutela que
esta Sala profiera.
19. En tal virtud, la Sala declarará no probada la excepción de falta de legitimación
en la causa por pasiva formulada respecto del Presidente de la República y del
Ministerio de Salud y Protección Social.
Problema jurídico
20. En el caso sub examine, los problemas jurídicos que debe resolver la Sala
consisten en determinar si, en efecto: es procedente la acción de tutela contra el
Decreto núm. 2497 de 16 de diciembre de 20226; y de ser así, establecer iii) si se
vulneró el derecho fundamental del actor a la igualdad, como consecuencia de la
presunta “[…] discriminación a los propietarios de vehículos que no beneficio (sic) a
todos, simplemente por considerar que éramos personas “adineradas” por el hecho
de poseer un vehículo automotor […]”.
21. Para resolver los presentes problemas jurídicos esta Sala analizará los
siguientes temas: i) la procedencia de la acción de tutela contra actos
administrativos de carácter general; ii) marco normativo y jurisprudencial del
derecho fundamental a la igualdad; iii) procediendo posteriormente a resolver el
caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y cuando, se
satisfagan los requisitos generales.
Procedencia de la acción de tutela contra actos administrativos de carácter
general
22. Sobre el particular, la Sala advierte que, por regla general, la acción de tutela no
procede para controvertir actos administrativos de carácter general, en los términos
del numeral 5° del artículo 6° del Decreto Ley 2591 de 1991, cuyo tenor literal dice
lo siguiente:
“[…] ARTÍCULO 6o. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DE LA TUTELA. La
acción de tutela no procederá: […]”.
6 Decreto 2497 de 16 de diciembre de 2022, “Por el cual se establecen los rangos diferenciales por riesgo del
Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito -SOAT, se modifica el artículo 2.6.1.4.2.3 del Decreto 780 de 2016
Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social, y se reglamenta con carácter transitorio el parágrafo
1 del artículo 42 de la Ley 769 de 2002, adicionado por el artículo 2 de la Ley 2161 de 2021”.
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Actor: Jairo León Acosta Hernández
[…]
“[…] 5. Cuando se trate de actos de carácter general, impersonal y abstracto
[…]”.
23. A partir de lo anterior, la jurisprudencia de la Corte Constitucional7 ha sido
reiterativa en sostener lo siguiente:
[…] en relación con la acción de tutela frente a actos dotados de carácter
general, impersonal y abstracto, ha sido abundante la jurisprudencia
constitucional que ha señalado la improcedencia de la misma para controvertir
tal modalidad de actos, al tenor de lo dispuesto en el numeral 5º del artículo 6º
del Decreto 2591 de 1991, e independientemente del contenido de los mismos.
Lo anterior, obedece justamente a la necesidad de que el mecanismo tuitivo de
los derechos fundamentales mantenga su naturaleza como un medio de
defensa judicial subsidiario y residual, y que se conserve el orden regular de
asignación de competencias a las jurisdicciones, en aras de asegurar la plena
vigencia del principio de seguridad jurídica […]8”.
24. La misma jurisprudencia de la Corte Constitucional9 ha reconocido que, en
algunas circunstancias especiales, procede la acción de tutela contra actos
administrativos de carácter general, siempre y cuando “[…] se trate de conjurar la
posible ocurrencia de un perjuicio irremediable y, además, sea posible
establecer que el contenido del acto de carácter general, impersonal y
abstracto afecta clara y directamente un derecho fundamental de una persona
determinada o determinable. Solo en estos casos el juez puede hacer uso de la
facultad excepcional consistente en ordenar la inaplicación del acto para el caso
concreto, con un carácter eminentemente transitorio mientras se produce la
decisión de fondo por parte del juez competente […]”.10. (Resaltado por la Sala).
25. El concepto de perjuicio irremediable está relacionado con la existencia de una
grave e inminente afectación del derecho fundamental que deba ser conjurada con
medidas urgentes, de aplicación inmediata e impostergable, para neutralizar, cuando
ello sea posible, la vulneración del derecho.
7 Ver, entre otras, las sentencias SU-037 de 2009, T-111 de 2008, T-1073 de 2007, T-645 de 2006, T-1015 de
2005, T-435 de 2005, T-1098 de 2004, T-1497 de 2000, SU-1052 de 2000, T-815 de 2000, T-287 de 1997, T-
31 de 1993.
8 Sentencia SU 037 de 2009, proferida por la Corte Constitucional, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
9 Ibidem.
10 Sentencia C-132 de 2018, proferida por la Corte Constitucional el 28 de noviembre de 2018, M.P. Alberto
Rojas Ríos.
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26. En relación con tales criterios interpretativos, la Corte Constitucional ha dicho lo
siguiente:
[…] la inminencia, que exige medidas inmediatas, la urgencia que tiene el sujeto de
derecho por salir de ese perjuicio inminente, y la gravedad de los hechos, que hace
evidente la impostergabilidad de la tutela como un mecanismo necesario para la
protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales. La concurrencia
de los elementos mencionados pone de relieve la necesidad de considerar la situación
fáctica que legitima la acción de tutela, como mecanismo transitorio y como medidas
precautelativas para garantizar la protección de los derechos fundamentales que se
lesionan o que se encuentran amenazados […].11
27. En ese orden de ideas, se debe señalar que, en principio, la acción de tutela
resulta improcedente para controvertir la legalidad de actos administrativos de
carácter general, a menos de que se esté en presencia de una vulneración de
derechos fundamentales y se busque evitar la ocurrencia de un perjuicio
irremediable, caso en el cual procedería el amparo de manera transitoria.
Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental a la igualdad
28. Visto el artículo 13 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] ARTICULO 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán
la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos,
libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza,
origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.
El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y
adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados.
El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición
económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y
sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. […]”.
29. Atendiendo a que la Corte Constitucional12 ha entendido que el derecho a la
igualdad “[…] comporta un conjunto de mandatos independientes y no siempre
armónicos, entre los que se destacan (i) la igualdad formal o igualdad ante la ley,
relacionada con el carácter general y abstracto de las disposiciones normativas
dictadas por el Congreso de la República y su aplicación uniforme a todas las
personas; (ii) la prohibición de discriminación, que excluye la legitimidad
11 Sentencia T-225 de1993, reiterado en la sentencia SU-617 de 2013.
12 Corte Constitucional, Sentencia C178 de 26 de marzo de 2014, M.P. María Victoria Calle Correa.
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Actor: Jairo León Acosta Hernández
constitucional de cualquier acto (no solo las leyes) que involucre una distinción
basada en motivos definidos como prohibidos por la Constitución Política, el
derecho internacional de los derechos humanos, o bien, la prohibición de
distinciones irrazonables; y (iii) el principio de igualdad material, que ordena la
adopción de medidas afirmativas para asegurar la vigencia del principio de igualdad
ante circunstancias fácticas desiguales […]”.
Análisis del caso concreto
30. Visto el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales en la parte
considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo
probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el
caso concreto.
31. La Sala procederá a apreciar y valorar todas las pruebas decretadas y
aportadas, de conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del
artículo 176 del Código General del Proceso, aplicando para ello las reglas de la
lógica y la certeza que sobre determinados hechos se requiere para efectos de
decidir lo que en derecho corresponda, en relación con los problemas jurídicos
planteados en la acción de tutela.
Acervo y análisis probatorios
32. Dentro del expediente que contiene la acción de tutela se encuentra lo siguiente:
32.1. Copia del Decreto núm. 2497 de 16 de diciembre de 2022, “[…] Por el cual se
establecen los rangos diferenciales por riesgo del Seguro Obligatorio de Accidentes
de Tránsito -SOAT, se modifica el artículo 2.6.1.4.2.3 del Decreto 780 de 2016 Único
Reglamentario del Sector Salud y Protección Social, y se reglamenta con carácter
transitorio el parágrafo 1 del artículo 42 de la Ley 769 de 2002, adicionado por el
artículo 2 de la Ley 2161 de 2021 […]”.
Solución del caso concreto
33. A continuación, la Sala examinará lo referente a la utilización de los medios de
defensa judicial idóneos y la existencia de un perjuicio irremediable, con el fin de
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Actor: Jairo León Acosta Hernández
establecer como ya se advirtió si en efecto procede la acción de tutela como
mecanismo transitorio para controvertir la legalidad del acto administrativo referido
por el actor, con el cual en su sentir se vulnera el derecho fundamental invocado
supra.
34. En primer lugar, la Sala debe precisar que el ordenamiento jurídico colombiano
establece otros mecanismos de defensa judicial idóneos para controvertir la
legalidad de los actos administrativos de carácter general y a través de ellos se
puede proteger de forma oportuna e inmediata los derechos fundamentales que
estima el actor le ha sido vulnerado.
35. En segundo lugar, para controvertir la legalidad del Decreto núm. 2497 de 2022,
el actor cuenta con diferentes medios de control establecidos en el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, por lo que es
innegable que el actor dispone de otros medios de defensa judicial para solicitar la
protección de su derecho fundamental, el cual aduce como transgredido, en el que,
además, podrá plantear solicitud de medida cautelar.
36. La Sala debe señalar que el Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, establece la posibilidad de que, en los procesos
adelantados ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, se puedan
solicitar medidas cautelares, las cuales, inclusive, pueden adoptarse con carácter
de urgencia en los términos señalados en el artículo 234 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo cuando el juez o
magistrado considere que la situación fáctica así lo amerite, a efectos de conjurar
un perjuicio irremediable.
37. De igual manera, esta Sección frente al tema ha señalado lo siguiente13:
“[…] Siguiendo esa misma línea argumentativa, esta Sección en recientes
pronunciamientos de 30 de septiembre de 202114, reiteró la improcedencia de las
solicitudes de amparo que pretendían que el juez de tutela dejara sin efectos los actos
administrativos de carácter general expedidos por las accionadas, mediante los
cuales se ordenó el retorno presencial a las aulas de clase. En dicha oportunidad, se
consideró lo siguiente:
13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 14 de febrero de
2022, C.P Roberto Augusto Serrato Valdés, radicación número: 11001-03-15-000-2021-10157-00.
14 Criterio reiterado recientemente por la Sala de Decisión en fallos de 30 de septiembre de 2021, expedientes
números 11001-03-15-000-2021-04958-00, 11001-03-15-000-2021-04817-00 y 11001-03-15-000-2021-04726-
00, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón.
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Actor: Jairo León Acosta Hernández
[…] la Sala advierte que dichos actos administrativos son de carácter general,
impersonal y abstracto, por lo cual, son pasibles de ser enjuiciados a través de los
medios de control de nulidad o nulidad y restablecimiento del derecho ante la
jurisdicción contencioso administrativa, en la cual se podrá desvirtuar la legalidad de
los mismos […].
Cabe resaltar que, en el marco de dichas actuaciones judiciales, es posible solicitar
el decreto de medidas cautelares tales como la suspensión provisional de los actos
administrativos que se pretenden cuestionar a través de la presente solicitud, por lo
cual es evidente que los citados medios de defensa judicial son eficaces e
idóneos para lograr una verdadera tutela judicial, habida cuenta que se trata de
asuntos que se deben debatir previamente ante la jurisdicción de lo
contencioso administrativo, en donde se garantizarán los derechos de las
personas y la preservación del orden jurídico […]. (Negrillas de la Sala)
1. Con fundamento en las anteriores premisas, esta Sala de Decisión considera que
las acciones de tutela objeto de este estudio no satisfacen el requisito de
subsidiariedad, ya que los actores disponen de otro medio de defensa para
controvertir el contenido del Decreto número 1615 de 30 de noviembre de 2021,
oportunidad en que podrán solicitar medida cautelar; máxime cuando los argumentos
que sustentan las solicitudes de amparo no exponen una circunstancia específica y
concreta de afectación de derechos fundamentales, sino que se hizo un juicio de
legalidad del acto administrativo expedido por el Gobierno Nacional, a partir del cual
los actores concluyeron que se vulneraban sus garantías ius fundamentales […]”.
38. En ese orden de ideas, la Sala considera que las pretensiones del actor no están
llamadas a prosperar, toda vez que cuenta con medios de defensa judicial idóneos
para controvertir la legalidad del Decreto núm. 2497 de 2022.
39. Además, esta Sala precisó, en oportunidades anteriores15, que con la expedición
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, ya
no es aceptable el argumento según el cual los medios de control ordinarios no son
eficaces ni oportunos para la protección de los derechos presuntamente
conculcados en casos como el estudiado.
40. Se pone de presente que tampoco prospera la tutela como mecanismo
transitorio, toda vez que el actor no acreditó, ni siquiera de manera sumaria, los
requisitos jurisprudenciales que se exigen para que el perjuicio irremediable se
configure.
41. Frente a la configuración del perjuicio irremediable dentro del marco de la acción
de tutela ha dicho la Corte Constitucional16:
15 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 1.° de marzo de 2018, C.P. María Elizabeth García
González, acción de tutela con núm. único de radicación: 52001-23-33-000-2017-00626-01, Actor: Pio León
Caicedo Bustos, demandado: Procuraduría General de la Nación.
16 Corte Constitucional, Sentencia SU-439 de 13 de julio de 2017, M.P. Alberto Rojas Ríos.
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Núm. único de radicación: 110010315000202303546-00
Actor: Jairo León Acosta Hernández
“[…] A propósito del perjuicio irremediable, esta Corporación ha precisado que éste
debe reunir las siguientes características: “debe ser inminente o próximo a suceder.
Este exige un considerable grado de certeza y suficientes elementos fácticos que
así lo demuestren, tomando en cuenta, además, la causa del daño. (…) el perjuicio
ha de ser grave, es decir, que suponga un detrimento sobre un bien altamente
significativo para la persona (moral o material), pero que sea susceptible de
determinación jurídica. (…) deben requerirse medidas urgentes para superar el
daño, entendidas éstas desde una doble perspectiva: como una respuesta
adecuada frente a la inminencia del perjuicio, y como respuesta que armonice con
las particularidades del caso. Por último, las medidas de protección deben ser
impostergables, esto es, que respondan a criterios de oportunidad y eficiencia a fin
de evitar la consumación de un daño antijurídico irreparable.” […]”
42. Para la Sala al revisar el expediente no se evidencia la existencia de un perjuicio
irremediable que haga procedente la acción de tutela como mecanismo transitorio,
toda vez que, el actor no presentó argumentos ni mucho menos allegó material
probatorio con el fin de demostrar que con la expedición del Decreto núm. 2497 de
2022, se vulneró o amenazó su derecho fundamental indicado supra.
43. En conclusión, la Sala advierte que en el caso sub examine no se demostró que
el perjuicio irremediable alegado no podía ser protegido en forma oportuna a través
de los medios de defensa judicial establecidos en el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, motivo por el cual el juez
constitucional no puede reemplazar al juez natural de la causa y, en ese sentido, no
puede adentrarse en el fondo del presente asunto.
Conclusiones de la Sala
44. Con fundamento en las consideraciones jurídicas establecidas en la parte motiva
de esta sentencia, la Sala declarará improcedente el amparo.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
III. RESUELVE:
PRIMERO: DECLARAR no probada la excepción de falta de legitimación en la
causa por pasiva que formularon el Presidente de la República y el Ministerio de
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Núm. único de radicación: 110010315000202303546-00
Actor: Jairo León Acosta Hernández
Salud y Protección Social, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
SEGUNDO: DECLARAR improcedente la solicitud de amparo que presentó el actor
contra la autoridad accionada, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
TERCERO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
CUARTO: En caso de que no fuere impugnada la sentencia conforme lo señala el
artículo 31 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la
ejecutoria de esta providencia.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente Consejera de Estado
Consejero de Estado
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera
en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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