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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-03560-01

Fecha
21 de septiembre de 2023
Consejero ponente
Hernando Sanchez Sanchez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-03560-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: REVOCAR la sentencia de tutela del 2 de agosto de 2023 proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, para en su lugar, DECLARAR improcedente la solicitud de amparo, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, dentro de los diez (10) siguientes a la ejecutoria de esta sentencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 34 Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-03560-01 Actor: Afranio Cardona Granados

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2023-03560-01

Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez

21 de septiembre de 2023

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., veintiuno (21) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Acción de tutela
Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-03560-01
Actor: Afranio Cardona Granados
Demandado: Tribunal Administrativo de Santander

Tema: Acción de tutela contra providencia judicial/falta del cumplimiento del
requisito general de relevancia constitucional

Derechos Fundamental Invocados: i) Debido proceso; ii) acceso a la
administración de justicia; iii) igualdad; iv) seguridad social y v) mínimo vital

Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por el actor contra la sentencia de tutela
de 2 de agosto de 2023 proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, por medio del cual negó las pretensiones del amparo.

La presente providencia tiene tres partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la
Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollarán a continuación.

I. ANTECEDENTES

La solicitud

1. El actor, obrando en nombre propio, presentó acción de tutela contra el Tribunal
Administrativo de Santander, porque, a su juicio, al proferir la sentencia de 2 de
diciembre de 2021, en el proceso adelantado en ejercicio del medio de control de

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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-03560-01
Actor: Afranio Cardona Granados

nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de
radicación 68001333014-2017-00232-01, vulneró sus derechos fundamentales a la
igualdad, al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, a la seguridad
social y al mínimo vital.

Presupuestos fácticos

2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela, en
síntesis, son los siguientes:

3. El actor afirmó que el 12 de noviembre de 1998 cumplió 55 años de edad dado a
que nació el 12 de noviembre de 1843.

4. Manifestó que, prestó sus servicios como empleado público en la Universidad
Industrial de Santander desde el 15 de octubre de 1971 hasta el 4 de junio de 1973;
y del 15 de agosto de 1974 al 30 de agosto de 2016, ejerciendo labores de docente
de tiempo completo.

5. Expresó que, mediante la Resolución núm. 5608 de 2004 le fue reconocida la
pensión de vejez, condicionando el ingreso a nómina a la fecha de retiro; decisión
que fue apelada y confirmada a través de la Resolución núm. 001128 de 2006.

6. Adujo que, el 16 de septiembre de 2014 presentó solicitud de reliquidación, en
donde se expidió la Resolución GNR 21446 del 30 de enero de 2015, ordenándose
aplicar el régimen previsto en el Decreto 758 de 11 de abril de 19901.

7. Agregó que, contra dicha decisión interpuso el recurso de reposición y apelación
las cuales fueron resueltas mediante las resoluciones GNR 255878 del 24 de agosto
de 2015 y VBP 72621 del 30 de noviembre de 2015, incrementando el porcentaje
de liquidación, pero manteniendo el régimen previsto en el Decreto 758 de 1990.

1 “Por el cual se aprueba el Acuerdo número 049 de febrero 1 de 1990 emanado del Consejo Nacional de

Seguros Sociales Obligatorios”.

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Actor: Afranio Cardona Granados

8. Manifestó que, mediante la Resolución GNR 240822 del 17 de agosto de 2016
se reliquidó la pensión del actor conforme a la Ley 33 de 29 de enero de 19952, con
fecha de estatus del 12 de noviembre de 1998, ordenándose el ingreso a nómina a
partir del 01 de septiembre de 2016.

9. Señaló que el día 8 de febrero de 2017 presentó nueva solicitud pensional, para
lo cual fue decidida mediante Resolución GNR 55389 del 20 de febrero de 2017,
ordenando la reliquidación de la pensión de vejez del actor, aplicando el Decreto
758 de 1998, con fecha de status del 6 de marzo de 2011.

10. Expresó que, contra dicho acto administrativo interpuso el recurso de reposición
y en subsidio el de apelación, los cuales se resolvieron de manera desfavorable
mediante las Resoluciones SUB 15016 de 21 de marzo de 2017 y DIR 3718 de 21
de abril de 2017.

11. Afirmó que, presentó demanda contra la Administradora Colombiana de
Pensiones - Colpensiones, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restableciendo del derecho, en donde solicitó que se le declarara la nulidad de las
resoluciones indicadas supra; y a título de restablecimiento del derecho, solicitó que
se reliquidara la pensión con la aplicación de lo previsto en el Decreto 758 de 1990,
por medio del cual se aprobó el Acuerdo núm. 049 de 1990.

12. El Juzgado Catorce Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga
profirió sentencia de primera instancia el 24 de junio de 2021 accediendo
parcialmente a las pretensiones de la demanda.

13. El Tribunal Administrativo de Santander profirió sentencia de segunda instancia
el 2 de diciembre de 2021, resolviendo lo siguiente:

“[…] PRIMERO: MODIFICAR el numeral SEGUNDO de la sentencia de primera
instancia de fecha veinticuatro (24) de junio de dos mil veintiuno (2021), proferida
por el Juzgado Catorce Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga, el cual
quedará así:

2 “Por la cual se dictan algunas medidas en relación con las Cajas de Previsión y con las prestaciones sociales

para el Sector Público.”

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Actor: Afranio Cardona Granados

“SEGUNDO: ORDENASE a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE
PENSIONES – COLPENSIONES reliquidar la pensión reconocida al señor
AFRANIO CARDONA GRANADOS, incluyendo el promedio de lo devengado
en el tiempo que le hacía falta para adquirir el estatus pensional, o el
cotizado durante todo el tiempo laborado, según le resulte más favorable
conforme lo previsto en el inciso 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en
concordancia con el artículo 21 ibídem; advirtiendo que la reliquidación
ordenada solo quedará en firme si resulta ser mayor que el valor de la pensión
que ya viene devengando, conforme las pautas dadas en esta providencia.”

SEGUNDO: ADICIONAR el siguiente numeral a la sentencia apelada:
“SEPTIMO: ORDENAR el reconocimiento y pago de la mesada adicional o
mesada catorce a favor del accionante desde el 01 de septiembre de 2016. Las
sumas que resulten de este reconocimiento deberán ser ajustadas a valor
presente, conforme lo expuesto en la parte motiva de esta decisión.”.

TERCERO: CONFIRMAR en sus demás partes la sentencia apelada, por lo
expuesto en la parte motiva.

CUARTO: NO SE CONDENA en costas de segunda instancia de acuerdo con lo
expuesto en la parte motiva.
QUINTO: Ejecutoriada esta providencia DEVUÉLVASE el expediente al Juzgado de
Origen. […]”.

[…]

14. El Tribunal Administrativo de Santander consideró que:

“[…] Para resolver el primer problema jurídico planteado y una vez revisado el
material probatorio incorporado al proceso, lo primero que deber establecer la Sala
es la fecha de adquisición del status de pensionado del actor, pues conforme el
contenido de los actos acusados, se señalan diferentes fechas como pasa a
demostrarse:.[…]”.

[…]

“[…] Aplicando el régimen especial que rige la pensión del actor, esto es, el previsto
en el Decreto 758 de 1990, se tiene que según el artículo 12 para tener derecho a la
pensión de jubilación, el señor Afranio Cardona Granados debía acreditar: a) 60 años
o más b) cumplir un mínimo de 500 semanas de cotización pagadas durante los
últimos veinte (20) años anteriores al cumplimiento de las edades mínimas, o haber
acreditado un número de un mil (1.000) semanas de cotización, sufragadas en
cualquier tiempo. En ese orden y al acreditarse que efectuó cotizaciones desde el 23
de septiembre de 1971 de manera ininterrumpida como docente en la Universidad
Industrial de Santander y que nació el 12 de noviembre de 1943, resulta evidente
que adquirió el estatus pensional el 12 de noviembre de 2003 y no en las distintas
fechas señaladas por Colpensiones en los actos demandados, 5, 6 y 10 de marzo
de 2011.

Además, se advierte que las resoluciones referidas desconocen el régimen de
transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 en concordancia con el
artículo 21, del que es beneficiario el actor, conforme las subreglas jurisprudenciales
fijadas por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en la sentencia de
unificación de 28 de agosto de 2018, respecto del cálculo del IBL y de los factores

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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-03560-01
Actor: Afranio Cardona Granados

salariales que se deben tener en cuenta para liquidarla, porque cuando entró en vigor
esta norma a nivel territorial - 30 de junio de 1995 (La UIS es entidad del orden
territorial), al actor le faltaban menos de diez años para adquirir el status de
pensionado, pues como se vio, lo adquirió el 12 de noviembre de 2003 al cumplir
los 60 años de edad.

En este sentido, para el cálculo de la pensión del accionante, debió tenerse en
cuenta el promedio de lo devengado en el tiempo que le hacía falta para
adquirir el estatus pensional, o el cotizado durante todo el tiempo laborado,
según le resultara más favorable, pero como se vio en los actos atacados,
Colpensiones tomó el promedio de los salarios cotizados durante los 10 años
anteriores al reconocimiento de la pensión.
Así las cosas, se concluye que, si bien el accionante no tiene derecho a que su
pensión se reliquide con todos los factores salariales devengados en el último año
de servicios conforme al Decreto 758 de 1990 como lo reclama en la demanda y la
impugnación de la sentencia, si tiene derecho a que se le reliquide con el promedio
de la totalidad de factores devengados y cotizados (enlistados en el Decreto 1158 de
1994) en el tiempo que le hacía falta para adquirir el status de pensionado que ocurrió
el 12 de noviembre de 2003 o, con el promedio de lo cotizado en toda su vida laboral,
si esto último le resulta más favorable, conforme lo dispone el artículo 21 de la Ley
100 de 1993.

Por lo anterior, se modificará la sentencia de primera instancia que declaró la
nulidad parcial de la Resolución No. DIR 3718 del 21 de abril de 2017, en el sentido
de ordenar la reliquidación de la pensión, porque siendo el actor beneficiario del
régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, la liquidación debe
ceñirse al periodo de liquidación y a los factores sobre los cuales realizó aportes
siempre que estuvieran enlistados en el Decreto 1158 de 1994, según lo previsto
en el inciso 3° del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 en concordancia con el artículo
21 ibídem, así como en las subreglas de la sentencia de unificación, es decir con el
promedio de lo devengado en el tiempo que le hacía falta para adquirir el
estatus pensional, o el cotizado durante todo el tiempo laborado, según le
resulte más favorable. Se advierte que la reliquidación ordenada solo quedará en
firme si resulta ser mayor que el valor de la pensión que ya viene devengando,
conforme las pautas dadas en esta providencia. […]”.

[…]

“[…] En este sentido, respecto a la causación y disfrute de la pensión por vejez se
advierte que el artículo 13 del Decreto 758 de 1990 establece que:
“Artículo 13. La pensión de vejez se reconocerá a solicitud de parte interesada
reunidos los requisitos mínimos establecidos en el artículo anterior, pero será
necesaria su desafiliación al régimen para que se pueda entrar a disfrutar de la
misma. Para su liquidación se tendrá en cuenta hasta la última semana
efectivamente cotizada por este riesgo”

Teniendo en cuenta lo anterior, y de acuerdo con lo probado en el proceso, se tiene
que el señor AFRANIO CARDONA GRANADOS causó su derecho pensional desde
el 12 de noviembre de 2003, cuando cumplió el requisito de edad (60 años), pues
ya contaba con el tiempo de servicios, conforme la norma que le fue aplicada para
su reconocimiento –Decreto 758 de 1990, debido a que se vinculó a la Universidad
Industrial de Santander desde 1971.

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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-03560-01
Actor: Afranio Cardona Granados

Por tanto y aunque el demandante obtuvo el reconocimiento pensional con efectos
a partir del 01 de septiembre de 2016, fecha en la que se verificó el retiro efectivo
del servicio, lo cierto es que su derecho pensional se consolidó el 12 de noviembre
de 2003, cuando acreditó todos los requisitos para pensionarse conforme a los
presupuestos de la Ley 758 de 1990.

En consecuencia, se adicionará un numeral a la sentencia de primera instancia para
reconocerla a partir del 01 de septiembre de 2016, fecha en la que se hizo efectiva
la pensión, toda vez que, el demandante consolidó su derecho con anterioridad a la
publicación del Acto Legislativo 01 de 2005. […]”.

[…]

“[…] Finalmente, advierte la Sala que no opera el fenomeno de prescripción en el
asunto de la referencia, pues entre la fecha en la que se hizo exigible la mesada
catorce, esto es desde la efectividad la pension - 01 de septiembre de 2016 y la
interposición de la demanda - 09 de junio de 2017, no transcurrieron más de 3 años.
[…]”.

[…]

“[…] Con relación a los intereses moratorios solicitados por el demandante, se
precisa que la Ley 100 de 1993, en su artículo 141, establece que “(…) en caso de
mora en el pago de las mesadas pensionales de que trata esta Ley, la entidad
correspondiente reconocerá y pagará al pensionado, además de la obligación a su
cargo y sobre el importe de ella, la tasa máxima de interés moratorio vigente en el
momento en que se efectué el pago”, es decir que, su pago procede cuando existe
demora en la cancelación de la mesada pensional, luego de su reconocimiento.
En virtud de lo expuesto, no hay lugar a cancelar intereses moratorios y la
actualización de las sumas reconocidas por concepto de reliquidación de la pensión
del demandante conforme lo dispuesto en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993,
debido a que, los valores que se ordenaron cancelar a favor de la parte actora, se
originan en la sentencia apelada y no en una mora injustificada de la entidad de
previsión social frente al pago de las diferencias en las mesadas a que tiene derecho
el accionante por concepto del beneficio que le fue reconocido.

Además, es preciso señalar que, el reconocimiento y pago de los intereses
moratorios no es compatible con el pago simultáneo de la indexación de las mesadas
o diferencias adeudadas, en consideración a que estas obedecen a la misma causa,
esto es a la devaluación del dinero, sin perjuicio de lo preceptuado en el inciso 3° del
artículo 192 del C.P.A.C.A. […]”.

La solicitud de tutela

Pretensiones

15. El actor solicitó en su escrito de tutela:

“[…] PRIMERO: se me TUTELEN los derechos fundamentales constitucionales aña
igualdad (Art. 13), debido proceso (Art.29), acceso a la administración de justicia
(Art. 229), a la garantía a la Seguridad Social Integral (Art. 48) y a la remuneración
mínima vital conforme a las normas laborales (Art. 53).

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Actor: Afranio Cardona Granados

SEGUNDO: En consecuencia, se deje sin efectos por inconstitucionalidad la
sentencia de segunda instancia, proferida en el proceso tramitado bajo el radicado
680013333014-2017-00232-00, en el marco de un medio de control de Nulidad y
Restablecimiento del Derecho, en lo referente a los factores salariales a tener en
cuenta para la construcción del Ingreso Base de Liquidación, por incurrir en defecto
sustantivo y en violación del precedente constitucional, al imputar al
pensionado/afiliado los defectos en la gestión de cobro de la ADMINISTRADORA
COLONBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES E.I.C.E., cuando en
decisiones posteriores el mismo Tribunal accionado a reconocido el derecho negado
al suscrito, afectado a su vez mi garantía de trato igual ante la Ley y los jueces.

TERCERO: Con ocasión de lo anterior, se ordene al H. Tribunal Administrativo de
Santander emitir decisión de remplazo, en la cual se conserve integralmente lo
decidido en la sentencia del dos (02) de diciembre del dos mil veintiuno (2021),
agregando que para la construcción de Ingreso Base de Liquidación aplicable se
hará con la inclusión de todos los factores devengados enlistados en el decreto
1158 de 1994, fuesen cotizados o no, en medida que la ausencia de cotización de
un factor devengado y enlistado en la norma reglamentaria como integrante del
ingreso pensional es producto de la ausencia de gestión de cobro de la
ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES E.I.C.E.,
la cual no ha de imputarse al afiliado o pensionado, conforme la ley y el precedente
constitucional. […]”.

16. El actor en su escrito de tutela señaló que la autoridad judicial accionada incurrió
en un i) defecto sustantivo por interpretación irrazonable de normas jurídicas; y en
un ii) defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial.

Actuación

17. La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, por auto de 11
de julio de 2023; i) admitió la acción de tutela, ii) ordenó notificar a los magistrados
del Tribunal Administrativo de Santander; y iii) vinculó al señor presidente de la
Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones, en calidad de tercero con
interés legítimo, concediéndoles el término de dos (2) días para que rindieran informe
sobre el particular.

Intervenciones de la demandada y del tercero con interés legítimo

18. La Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones consideró que:

“[…] Aunado, se tiene que en el presente caso los los Honorables Magistrados de la
República, dentro del proceso Contencioso Administrativo 680013333014-2017-
00232-00 contaban con la posibilidad de apartarse del precedente jurisprudencial y
argumentar, como en efecto sucedió, cuál era su interpretación normativa bajo la
cual consideraba debía estudiarse en caso en concreto.

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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-03560-01
Actor: Afranio Cardona Granados

Conforme a lo anterior, no se ha materializo ningún vicio, defecto o vulneración de
derechos fundamentales, atendiendo a la interpretación dada por parte del el
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER MP CLAUDIA PATRICIA
PEÑUELA ARCE, dentro del proceso contencioso 680013333014-2017-00232-00,
ya que dentro de su autonomía judicial, explico de manera detallada y razonada, la
razón por la que se aparta de dicha jurisprudencia. […]”.

[…]

“[…] Así pues, debe tenerse en cuenta que decidir de fondo las pretensiones del
accionante y acceder a las mismas, invade la órbita del juez ordinario y su
autodominio, pero además excede las competencias del juez constitucional, en la
medida que no se probó vulneración a derechos fundamentales, ni la existencia de
un perjuicio irremediable que haga viable proteger derecho alguno. […]”.

19. El Tribunal Administrativo de Santander guardó silencio en esta oportunidad
procesal.

La sentencia impugnada

20. La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado mediante
sentencia de 2 de agosto de 2023, resolvió lo siguiente:

“[…] 1º. Niégase el amparo los derechos constitucionales fundamentales a la
igualdad, debido proceso, acceso a la administración de justicia, seguridad social y
mínimo vital invocados por el señor Afranio Cardona Granados, en armonía con lo
expuesto en la parte motiva […]”.

21. La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado consideró que:

“[…]Analizados los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales, en el sub lite se constata que: (i) el asunto planteado
comporta relevancia constitucional, pues recae sobre la presunta vulneración de los
derechos constitucionales fundamentales a la igualdad, debido proceso, acceso a
la administración de justicia, seguridad social y mínimo vital del accionante; (ii)
contra la decisión objeto de censura no procede recurso alguno, en atención a que
fue emitida en segunda instancia y se encuentra ejecutoriada; iii) se establecieron
los hechos que originaron el supuesto quebranto de las aludidas garantías
superiores; (iv) el requisito de inmediatez se satisface, toda vez que la decisión
atacada quedó ejecutoriada el 1º de febrero de 20233 y la solicitud de amparo se
instauró el 4 de julio siguiente, es decir, dentro de un término prudencial (5 meses y
3 días); y (v) la providencia acusada no desató una acción de tutela. […]”.

[…]

3 En razón a que se presentó solicitud de aclaración del fallo, despachada de manera desfavorable el 27 de

enero de 2023, providencia notificada por estado el 30 de los mismos mes y año, en virtud de lo dispuesto en
el artículo 290 y 291 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA).

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Actor: Afranio Cardona Granados

“[…] La jurisprudencia constitucional4 ha precisado que la providencia judicial
proferida con desconocimiento del sistema normativo incurre en el denominado
defecto sustantivo, que se configura cuando el litigio es desatado con fundamento
en una disposición legal inaplicable al caso concreto, bien porque fue derogada,
declarada inexequible, versa sobre otro asunto que no tiene relación con el decidido,
la interpretación que hace de ella el juez es paradójica o simplemente se omite
aplicarla.

Sobre el particular, la Corte Constitucional sostuvo que este defecto implica «[…] la
existencia de una falencia o yerro en una providencia judicial, originada en el
proceso de interpretación y aplicación de las disposiciones jurídicas al caso
sometido al conocimiento del juez. Para que el defecto dé lugar a la procedencia de
la acción de tutela, debe tratarse de una irregularidad de alta trascendencia, que
lleve a la emisión de un fallo que obstaculice o lesione la efectividad de los derechos
constitucionales». […]”.

[…]

“[…] Para desatar el presente asunto, resulta indispensable precisar que la Ley 100
de 1993, «Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan
otras disposiciones», fue expedida por el Congreso de la República con el fin, entre
otros, de unificar la normativa en cuanto a la diversidad de regímenes pensionales
especiales existentes.

No obstante lo anterior y con el objetivo de evitar menoscabar derechos a personas
que se encontraban próximas a ser pensionadas o tuviesen cierto tiempo de
servicio, se previó el régimen de transición, consagrado en el artículo 36 de la
referida Ley 100 de 1993.

En efecto, en dicha norma se dispuso que las personas que al momento de entrar
en vigencia el sistema de seguridad social integral (1° de abril de 1994) contaran con
treinta y cinco (35) o más años de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de
edad si son hombres, o quince (15) o más años de servicios cotizados, se les
reconocerá la pensión de jubilación de conformidad con el régimen anterior al cual se
encontraban afiliados, es decir, la pensión de jubilación respecto de la edad, tiempo
de servicios y monto se les aplicará el régimen anterior. […]”.

[…]

“[…] Con base en el anterior recuento normativo, se tiene que, como lo anotaron los
magistrados accionados, el actor nació el 12 de noviembre de 1943 y laboró desde
el 23 de septiembre de 1971 de manera ininterrumpida como docente en la
Universidad Industrial de Santander, por lo que la fecha en la que adquirió el estatus
pensional es el 12 de noviembre de 2003 (en atención a su natalicio), por lo que es
beneficiario del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de
1993, dado que para cuando entró en vigencia dicha norma (30 de junio de 1995)5,
tenía 24 años de servicios y 52 años edad.

Por consiguiente, el actor al ser beneficiario del régimen de transición previsto en el
artículo 36 de la Ley 100 de 1993 su reconocimiento pensional debió atender los
requerimientos exigidos por el Decreto 758 de 1990 para su concesión, lo cual
satisfizo (tenía 24 años de servicio y 52 años de edad ) y comoquiera que aquel le

4 Sentencias T-781 de 2011 y T-907 de 2012, entre otras.
5 Según el artículo 151 (parágrafo) de la Ley 100 de 1993, «El Sistema General de Pensiones para los servidores

públicos del nivel departamental, municipal y distrital, entrará a regir a más tardar el 30 de junio de 1.995, en la
fecha que así lo determine la respectiva autoridad gubernamental».

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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-03560-01
Actor: Afranio Cardona Granados

faltaban menos de 10 años para adquirir la pensión (estatus pensional 12 de
noviembre de 2003), para el cálculo de su mesada debía tenerse en cuenta el
promedio de lo devengado durante el tiempo que le hacía falta para adquirir el
estatus pensional o el cotizado durante todo el tiempo laborado, lo que le resultara
más beneficioso, por lo que no les era dable tener en cuenta como período de
liquidación el último año de servicios, como lo pretendía el demandante, sin que ello
implique la negación de incluir algún factor por falta de cotización al sistema general
de pensiones, toda vez que el incremento allí ordenado debe observar el principio
de favorabilidad. […]”.

[…]

“[…] Ahora bien, respecto de los artículos 17, 24, 57, 271 y 272 de la Ley 100 de
1993, la Sala observa que no fueron desatendidos, por cuanto en la sentencia objeto
de reproche los magistrados accionados no desconocieron las cotizaciones
efectuadas ni que Colpensiones no haya adelantado los respectivos procedimientos
administrativos para obtener el pago de los dineros por ese concepto. Además, allí
se determinó que se debe dar aplicación al principio de favorabilidad, para realizar
el cálculo por el tiempo que le hacía falta para adquirir la pensión o el cotizado
durante todo el tiempo, sin que esto implique desconocimiento de lapsos de
servicios por falta de cancelación de los dineros correspondientes a aportes ni
factores salariales para el efecto.

Por último, esta Sala reitera su criterio en cuanto a que el ejercicio del razonamiento
que efectúa el juez natural, al construir la decisión judicial, hace parte de su
autonomía e independencia, ámbito que debe ser respetado por el juez de tutela
cuando no observa la vulneración de los derechos constitucionales fundamentales
que haga necesaria su intervención.
En ese orden de ideas, se concluye que el fallo atacado no incurre en el defecto
sustantivo planteado por el actor, porque la decisión judicial no contraviene la
normativa aplicable sobre el particular, dado que fue dictada con observancia de
aquella. […]”.
[…]

“[…] Al estudiar las providencias relacionadas en precedencia, se observa que
aunque se analizaron asuntos relativos a reajustes pensionales, en principio, el
régimen aplicado en esas providencias fue el establecido en la Ley 33 de 1985, el
cual difiere del previsto en el Decreto 758 de 1990, conforme al cual se reconoció la
prestación social al accionante.

Asimismo, se advierte que en aquellas controversias a los demandantes les hacía
falta más de 10 años para adquirir el estatus pensional a la entrada en vigor de la
Ley 100 de 1993 (1º de abril de 1994 o 30 de junio de 1995), contrario al caso del
tutelante, pues él logró esa condición el 12 de noviembre de 2003, por ende, al ser
beneficiario del régimen de transición previsto en el artículo 36 ibidem, en
concordancia con su inciso 3º, para el cálculo de su mesada debió tenerse en cuenta
el promedio de lo aportado en el tiempo que le hacía falta para adquirir el estatus
pensional o el cotizado durante todo el tiempo laborado (lo más favorable). […]”.

[…]

“[…]Conforme a lo expuesto en la citada jurisprudencia, observa esta Sala que la
providencia enjuiciada no desconoció el derecho a la seguridad social, pues el
tutelante pudo acceder a su pensión y a que esta fuera aumentada en virtud de los
aportes efectuados al sistema general durante el tiempo laborado, de modo que no
le asiste razón al tutelante al indicar que se presentó violación directa de la

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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-03560-01
Actor: Afranio Cardona Granados

Constitución, pues, se reitera, le fue reliquidada su pensión conforme a la normativa
aplicable a su caso.

En lo atinente al principio de favorabilidad, la Corte Constitucional, en fallo SU-332
de 20196, determinó que «[…] se aplica en los casos en que existe duda sobre la
disposición jurídica aplicable, en tanto se encuentran dos o más textos legislativos
vigentes al momento de causarse el derecho. En tales eventos, “los cánones
protectores de los derechos del trabajador y la seguridad social ordenan la elección
de la disposición jurídica que mayor provecho otorgue al trabajador, o al afiliado o
beneficiario del sistema de seguridad social”7».

En el asunto sub examine se advierte que tampoco se inobservó el mencionado
principio, dado que en el asunto contencioso-administrativo no se presentó conflicto
en la aplicación de normas, pues de acuerdo con las particularidades del caso, esto
es, la fecha de nacimiento del actor, los tiempos laborados y cotizados, así como el
día en que adquirió el estatus pensional, le fue aplicado el régimen pensional que
se avenía a su situación, esto es, el del Decreto 758 de 1990, de modo que su
pensión fue reliquidada conforme al inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de
1993 (régimen de transición). […]”.

La impugnación

22. El actor impugnó la sentencia proferida por la Subsección B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado. En ese orden de ideas, expresó lo siguiente:

“[…] En esta oportunidad se precisa que no se impugna la consideración consistente
en la satisfacción de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales en el caso concreto, por lo cual, al amparo de la
garantía de no reformatio in peijus, al ser impugnante único, se estima que no ha de
revisarse en segunda instancia nuevamente la satisfacción de dichos requisitos,
dando lugar al estudio de fondo de las causales propuestas.

Aclarado lo anterior, se procede a desarrollar las razones especificas por las cuales
se considera debidamente acreditados los defectos denominados “defecto
sustantivo”, “Desconocimiento del precedente”, y “violación directa de la
constitución”, en la sentencia cuestionada en la presente acción de forma separada,
para efectos de su revisión y decisión […]”.

DEFECTO SUSTANTIVO

“[…] Los anterior, al ser manifestación incorporada en providencia judicial emitida
por el H. Consejo Estado – Sección Segunda, se estima como consideración
calificada de la existencia de regla consiste en el deber de aporte respecto al factor
denominado “PRIMA DE ANTÜGUEDAD” y la obligación de sirtir el cobro coactivo
respecto de aportes no realizados.

En concurrencia con lo anterior, la decisión impugnada sustenta la negativa al
amparo por defecto sustantivo manifestando que “(…) el artículo 1º del Decreto
1158 de 1994 (…) se acogió para ordenar el cálculo de la mesada del actor (…) por
cuanto en la sentencia objeto de reproche los magistrados accionados no

6 Corte Constitucional, sentencia SU-332 de 25 de julio de 2019, M. P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
7 Sentencia T-832A de 2013, M.P. Lis Ernesto Vargas Silva.

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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-03560-01
Actor: Afranio Cardona Granados

desconocieron (…) que Colpensiones no haya adelantado los respectivos
procedimientos administrativos para obtener el pago de los dineros por ese
concepto (…)

Esta consideración se considera errada, pues si bien en la parte motiva de la
sentencia acusada en la presente acción tuitiva se aprecia una redacción confusa,
determinante de solicitud de aclaración negada en el proceso de origen, en la parte
motiva se dispone expresamente:

“Así las cosas, se concluye que, si bien el accionante no tiene derecho a que
su pensión se reliquide con todos los factores salariales devengados en el
último año de servicios conforme al Decreto 758 de 1990 como lo reclama en
la demanda y la impugnación de la sentencia, si tiene derecho a que se le
reliquide con el promedio de la totalidad de factores devengados y
cotizados (enlistados en el Decreto 1158 de 1994) en el tiempo que le hacía
falta para adquirir el status de pensionado que ocurrió el 12 de noviembre de
2003 o, con el promedio de lo cotizado en toda su vida laboral, si esto último
le resulta más favorable, conforme lo dispone el artículo 21 de la Ley 100 de
1993. (...)” (Subraya original) […]”.

[…]

“[…] Sobre lo razonado vale decir que una forma de presentación del defecto factico,
conforme la misma sentencia impugnada, es cuando el juez de instancia omite
aplicar una norma del sistema normativo pertinente para resolver el caso concreto.

En mi caso concreto, los artículos 17, 24, 57, 271 y 272 de la Ley 100 de 1993
imponen reconocer que las omisiones totales o parciales de cotización, respecto a
un factor salarial legal, como es la prima de antigüedad (Decreto 1158 de 1994), no
pueden llevar a afectar el derecho pensional del afiliado o beneficiario de la
asignación pensional, pues es COLPENSIONES E.I.C.E. quien esta llamado a
realizar el cobro coactivo sobre dicho aparte, que por demás no prescribe o caduca
dicha facultad legal. […]”.

[…]

VIOLACIÓN DEL PRECEDENTE

“[…] Al analizar los pronunciamientos emitidos por el H. Consejo de Estado –
Sección Segunda en sentencias del 11 de julio de 20196, 26 de noviembre de 20207
y 24 de febrero8 y 1º de septiembre9, ambas de 2022, el fallo impugnando concluye
que en dichas decisiones se ordenó la inclusión del factor denominado “PRIMA DE
ANTIGÜEDAD” en el Ingreso Base de Liquidación (I.B.L.) de los demandantes, con
independencia de su cotización, soportado en los factores enlistados en el Decreto
1158 de 1994.

Pese a lo anterior se estimo que el precedente alegado no era aplicable suscrito, a
partir de la distinción entre el caso planteado en esta oportunidad y los referidos
en las sentencias reseñadas, resumida en; 1) los casos aducidos son en el marco
del régimen pensional previsto en la Ley 33 de 1985, y no con ocasión del previsto
Decreto 758 de1990, como es mi caso; y 2) los demandantes de dichos procesos
les hacia falta más de 10 años para adquirir el estatus pensional a la entrada en
vigor de la Ley 100 de 1993, y en mi caso hacia falta menos de dicho plazo, variando
las reglas de cálculo del I.B.L. […]”.

[…]

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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-03560-01
Actor: Afranio Cardona Granados

“[…] En atención a lo anterior, resulta indiferente si el régimen pensional aplicable
por ministerio del instituto de la transición pensional corresponde al previsto en la
ley 33 de 1985, o al previsto en la Ley 71 de 1988, o al previsto en el Decreto 758
de 1990 (Que es mi caso), o cualquier otro régimen previsto en norma previa a la
ley 100 de 1993, pues a todos estos regímenes pensionales públicos, por ministerio
del precedente de unificación les será aplicable las reglas del Ingreso Base de
Liquidación (I.B.L.) del artículo 36 de la Ley 100 de 1993. […]”.

[…]

“[…] En concurrencia con esta situación, respecto a la distinción del precedente, al
decirse que mi caso no se puede servir de lo resuelto en las sentencias alegadas,
en medida que al suscrito le faltaba menos de diez (10) años para adquirir el derecho
a la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993, se aprecia que tampoco asiste razón al
fallo de la instancia impugnado. […]”.

[…]

“[…] Conforme lo dicho, en manera concurrente con lo alegado respecto al defecto
sustantivo, pues en últimas el precedente enunciado indica la obligación de
incorporar factores enlistados en el Decreto 1158 de 1994 -prima de antigüedad-,
cotizado o no por ministerio del deber legal, se considera que se convalido una
separación de un precedente debidamente identificado desde las instancias, sin
justificación suficiente, dando lugar a la procedencia de la tutela igualmente por la
causal propuesta de violación del precedente. […]”.

VIOLACION DIRECTA DE LA CONSTITUCIÓN

[…]

“[…] En esta oportunidad se considera que la decisión impugnada vario el alcance
de la tutela formulada, en medida que lo sostenido preliminarmente era que con
ocasión del principio de legalidad y obligatoriedad cotización, en concurrencia con
la garantía de irrenunciabilidad de derechos previstos en la Ley, no era dable
condicionar la inclusión de un factor legal en el Ingreso Base de Liquidación (I.B.L.)
a la actuación o no de un empleador, que para el caso fue omiso en su deber de
aporte integral del factor.

Conforme a lo dicho, se aprecia por el suscrito que al condicionar la decisión
enjuiciada la inclusión del factor denominado “PRIMA DE ANTIGÜEDAD” en el
Ingreso Base de Liquidación a la acreditación de cotización de dicho factor, cuando
se prueba en debida forma su condición de devengado, se reconoce el mismo como
un factor renunciable, contrariando el articulo 53 superior.

En igual sentido, al limitar el alcance de un derecho legal, que por esa mera
condición detenta la calidad de mínimo irrenunciable, conforme a la misma ley que
sanciona con ineficacia cualquier pacto en contra de ley que reconoce derechos
sociales (Artículo 271 y 272 Ley 100 de 1993), se da una vulneración efectiva de la
prerrogativa de seguridad social y mínimo vital, pues el reconocimiento del derecho
pensional fragmentado e inferior a los mínimos legales no enmienda la vulneración
a la prerrogativa integral al mismo […]”.

14

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-03560-01
Actor: Afranio Cardona Granados

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia de la Sala

23. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad
con los artículos 1.º y 32 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 1991 8, por el
cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la
Constitución Política; en concordancia con el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de
6 de abril de 20219 y en armonía con el Acuerdo 377 de 11 de diciembre de 201810
y con el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 201911, que asigna a
esta sección el conocimiento de las acciones de tutela.

Generalidades de la acción de tutela

24. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario,
destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales
fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades
públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a
falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo
transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.

Problema jurídico

25. En el caso sub examine, corresponde a la Sala establecer: i) si, en efecto, es
procedente la acción de tutela, acreditándose el cumplimiento de los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela contra sentencias judiciales,
concretamente si se cumplió con el requisito general de relevancia constitucional.

26. Para resolver el presente problema jurídico esta Sala analizará los siguientes
temas: i) procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, ii)
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela cuando se dirige contra
providencias judiciales; iii) marco normativo y jurisprudencial del derecho

8 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política''.
9 “Por medio del cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,

Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
10 “[…] Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado […]”.
11 Reglamento Interno del Consejo de Estado.

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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-03560-01
Actor: Afranio Cardona Granados

fundamental al debido proceso; iv) marco normativo y jurisprudencial del derecho
fundamental al acceso a la administración de justicia; v) marco normativo y
jurisprudencial del derecho fundamental a la seguridad social; vi) marco normativo
y jurisprudencial del derecho fundamental al mínimo vital; vii) marco normativo y
jurisprudencial del derecho fundamental a la igualdad, procediendo posteriormente
a viii) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y
cuando, se satisfagan los requisitos generales.

Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

27. Con ocasión de la acción de tutela instaurada por el señor Afranio Cardona
Granados, en un asunto que fue asumido por importancia jurídica por la Subsección
B de la Sección Segunda del Consejo de Estado , en sentencia de dos de agosto
12

de 2023, consideró necesario admitir que debe acometerse el estudio de fondo de
la acción de tutela cuando se esté en presencia de providencias judiciales – sin
importar la instancia y el órgano que las profiera - que resulten violatorias de
derechos fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el
momento jurisprudencialmente y los que en el futuro determine la ley y la propia
doctrina judicial.

Requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra
decisiones judiciales

28. Esta Sección adoptó13 como parámetros a seguir los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 2005 , proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de
14

los demás pronunciamientos que esta Corporación elabore sobre el tema.

29. Por lo anterior, y con el fin de hacer operante la nueva posición jurisprudencial,
estableció como requisitos generales de procedibilidad de esta acción
constitucional, cuando se dirige contra decisiones judiciales: i) la relevancia
constitucional del asunto; ii) el uso de todos los medios de defensa judiciales salvo
la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de

12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C.P. Dra. María

Elizabeth García González, Expediente identificado con número de radicación: 2009-01328.
13 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C, P.

María Elizabeth García González, número único de radicación 2009-01328
14 Corte Constitucional, Sentencia de 8 de junio de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.

16

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-03560-01
Actor: Afranio Cardona Granados

inmediatez; iv) la existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo en la
providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos
causantes de la vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que no se trate de
tutela contra tutela.

30. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial: en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo término, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales, permitiéndole de esta manera
“dejar sin efecto o modular la decisión” que encaje en dichos parámetros.
15

31. Se trata, entonces, de una rigurosa y cuidadosa constatación de los
presupuestos de procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar
que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer
principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido
proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso
jurisdiccional.

32. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 201416.

Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la
acción de tutela en el caso concreto

33. La Sala estudiará la procedencia de la acción de tutela bajo la premisa del
cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales, dispuestos por la sentencia C-590 de 2005, proferida
por la Corte Constitucional, en especial, el cumplimiento del requisito general de
relevancia constitucional.

15 Corte Constitucional. Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, M.P. Mauricio González Cuervo.
16 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 4 de agosto de 2014, C.P

Jorge Octavio Ramírez Ramírez, número único de radicación: 11001031500020120220101.

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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-03560-01
Actor: Afranio Cardona Granados

Acerca del requisito general de la relevancia constitucional

34. Sobre este asunto en particular, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo
del Consejo de Estado, en la citada Sentencia de Unificación de 5 de agosto de
201417, al referirse al requisito general de relevancia constitucional, consideró lo
siguiente:

“[…] 3.3.5. Relevancia constitucional.
La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado desde dos
puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por la Corte
Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales para evitar que se convierta en una tercera instancia.

El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como requisito de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, es el que interesa
para efectos de esta sentencia.

La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad tiene dos cometidos
fundamentales. Por un lado, protege “el principio constitucional de la autonomía
funcional de los jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [18]; por otro, evita que la
acción de tutela se torne en un instrumento para “involucrarse en asuntos que
corresponde definir a otras jurisdicciones” [19].

Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte “derechos fundamentales
de las partes”, es un requisito de la acción de tutela que supone la conjunción de dos
elementos necesarios [20].

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para demostrar
en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional por la afección de sus
derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la vulneración de derechos
fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra
providencias judiciales.

A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su decisión,
explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos cierto que el
actor tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo, para
que el Juez pueda determinar si se cumple tal requisito, so pena del rechazar o
declarar improcedente el amparo constitucional [21].

17 Ut supra página 6.
[18] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”
[19] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[20] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra decisiones

judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[21] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal

Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda justificará
la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del artículo 50 (“el contenido
del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal Constitucional en razón de su especial
trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su importancia para la interpretación de la
Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y para la determinación del contenido y alcance de
los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la procedencia
de la acción de amparo en general y, en particular, contra providencias judiciales.”

18

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-03560-01
Actor: Afranio Cardona Granados

El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela no puede erigirse en
una instancia procesal adicional. En consecuencia, en caso que de la acción de
tutela se derive que esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o
declararla improcedente.

La tutela contra providencias judiciales supone siempre una discusión en torno a
derechos fundamentales. No está concebida para cuestiones de mera legalidad
o de apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas cuestiones
carecerían de relevancia constitucional.

En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de 2007, Magistrado
Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo siguiente:

“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la cuestión que se pretende
discutir por medio de la acción de tutela debe ser una cuestión de evidente
relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la tutela contra providencias
judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, es necesario que la causa que origina la presentación de la acción
suponga el desconocimiento de un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela
contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto de evidente relevancia
constitucional y no puede ser utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [22]. Si
bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de relevancia constitucional de aquellos
que no lo son, también lo es que esta Corporación ha sido particularmente cuidadosa
al intentar establecer criterios de diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada
en los antecedentes originados en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, ha
reconocido la existencia de dos ámbitos del derecho al debido proceso. El primero
que emerge de la propia Constitución y que es el denominado debido proceso
constitucional, y otro que es fruto de la labor legislativa, al que se denomina
simplemente debido proceso [23].

En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional - art. 29 CN-, aboga por la
protección de las garantías esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio de
la Corte, tales garantías esenciales son el derecho al juez natural [24]; el derecho a
presentar y controvertir las pruebas; el derecho de defensa –que incluye el derecho
a la defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia en el proceso penal; el
principio de predeterminación de las reglas procesales o principio de legalidad; el
derecho a la publicidad de los procesos y decisiones judiciales y la prohibición de
juicios secretos. […]”.

[…]

“[…] Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la relevancia
constitucional de un caso, por violación al debido proceso, por ejemplo, cuando el
asunto que se estudia hace parte de su núcleo esencial o cuando se presentan
desvíos caprichosos y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de
defensa y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose de manera
grave el equilibrio procesal entre las partes.

3.4.- No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra decisiones judiciales
impone un estudio riguroso de los requisitos de procedibilidad y de prosperidad

[22] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”
[23] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”
[24] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”

19

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Actor: Afranio Cardona Granados

de la acción, más cuando se trata de atacar las providencias de las altas Cortes,
tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la sentencia SU-917 de 2013:
[…]”. (Resaltado por la Sala).

35. De la misma manera frente al tema la Corte Constitucional consideró25:

“[…] La Corte Constitucional ha venido exigiendo como requisito general de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales ‘que el asunto
objeto de debate sea de evidente relevancia constitucional’ es decir, que el asunto
puesto a consideración de esta Corporación, revista una gran trascendencia para la
interpretación del estatuto superior, para su aplicación o en procura de su desarrollo
eficaz, así como para la determinación del contenido y alcance de los derechos
fundamentales.”26

Este tribunal, en un caso similar al ahora dilucidado, decidió declarar la
improcedencia de la acción al no revestir el estudio del reconocimiento de los
intereses moratorios, un asunto de relevancia constitucional. En aquella ocasión la
Corte advirtió:

“En el presente caso, se cuestiona una sentencia de la Corte Suprema de Justicia –
Sala Laboral-, por cuanto se negó el reconocimiento y pago de los intereses
moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993.

La Corte Suprema de Justicia –Sala Laboral-, en reiterada jurisprudencia, ha venido
sosteniendo que los mencionados intereses no proceden cuando se trata de
reajustes pensionales, sino que los mismos sólo se causan cuando la entidad
obligada al pago de la pensión entra en mora de reconocer la prestación o una vez
reconocida la misma, retrasa el pago de las mesadas correspondientes.

Más allá de las condiciones personales del actor, quien no demuestra la calidad de
sujeto de especial protección, la primera apreciación que puede hacerse, es que el
asunto que nos ocupa tiene, en principio, una relevancia de tipo legal, y que aún
haciendo una interpretación armónica del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 junto
con las disposiciones constitucionales contenidas en los artículos 13 (derecho a la
igualdad), artículo 25 (derecho al trabajo), artículo 48 (derecho a la seguridad social)
y el artículo 53 (derecho a la situación más favorable al trabajador y al pago oportuno
y reajuste de las pensiones) del Estatuto Superior, se llegaría a la conclusión de que
el contenido de dicho artículo, por el sólo hecho de derivarse de postulados
constitucionales no tiene ‘per se’ vocación de derecho fundamental.”27

En esta ocasión, la Corte acoge y reitera el citado pronunciamiento máxime teniendo
en cuenta que el sujeto que aduce la vulneración no demuestra, ni siquiera
sumariamente, un perjuicio irremediable que haga de este caso, un asunto de
relevancia constitucional que permita el estudio de fondo, menos aún si se tiene en
cuenta que los jueces ordinarios laborales reconocieron la indexación de la mesada
pensional y negaron, bajo argumentos sólidos y no caprichosos, los intereses
moratorios sobre la indexación […]”.

25 Corte Constitucional, Sentencia T-586 de 2012. Magistrado ponente: Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
26 Corte Constitucional, sentencia T-635 de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
27 Ibidem.

20

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Actor: Afranio Cardona Granados

36. En ese orden de ideas, el requisito general de la relevancia constitucional se
acredita cuando: i) en el caso bajo estudio por parte del juez constitucional se
involucra la amenaza o vulneración de derechos fundamentales y ii) cuando el actor
en su escrito de tutela cumplen con satisfacer una carga argumentativa mínima de
establecer las razones jurídicas por las cuales la autoridad judicial demandada
incurrió en algunas de las causales especiales de procedibilidad de la acción de
tutela contra providencias judiciales, y trajo como consecuencia la afectación de los
derechos fundamentales.

37. Recientemente, la Corte Constitucional en la sentencia SU – 215 de 202228
precisó, en relación con el alcance del requisito general de la relevancia
constitucional, cuáles eran los deberes del juez constitucional:

“[…] [E]l juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar,
aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión
meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones
particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de
tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige advertir,
a. El caso no además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos
fundamentales.

(…)

tiene la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o
determinar el alcance de un derecho fundamental

42. Con respecto a este requisito, la accionante no explicó cómo la resolución
del caso ayuda a interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución Política o el
núcleo esencial de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso
a la administración de justicia.

(…)

b. El caso involucra un debate jurídico eminentemente legal

45. Aunque la acción de tutela interpuesta por PRTI hace referencia a la
violación de derechos fundamentales, principalmente al debido proceso y al
acceso efectivo a la administración de justicia, lo cierto es que la solicitud de
amparo está construida sobre lo que el demandante considera es una mejor
interpretación de una norma de naturaleza legal y, en particular, sobre la

28 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.

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pretensión de que se acoja su lectura con respecto a la exención definida en literal
e) del artículo 481 del Estatuto Tributario.

(…)

c. El caso plantea una discusión preponderantemente económica

65. Como ya se mencionó la Corte ha sido clara en señalar que un asunto
carece de relevancia constitucional cuando el contenido de la controversia es
exclusivamente económico pues esta no involucra el interés general sino uno
estrictamente privado o particular. Esto no significa, claro está, que jamás proceda
la tutela contra sentencias en un asunto de naturaleza económica, pues
eventualmente en este tipo de casos se puede llegar a comprometer algún derecho
fundamental. Así, por ejemplo en acciones de tutela formuladas contra providencias
judiciales en las que se discute: (i) el reconocimiento de derechos pensionales; (ii)
pretensiones de reparación directa; (iii) laudos arbitrales (…) entre otras materias que
implican pretensiones económicas, la Corte ha reconocido la relevancia
constitucional del asunto siempre que se advierta con claridad que la acción
de tutela está dirigida a obtener la protección de un derecho fundamental y no
a reabrir la discusión definida ante los jueces ordinarios.

(…)

d. La acción de tutela no cumple con la carga argumentativa y explicativa rígida pues
no se demuestra una grave violación de los derechos fundamentales

69. Como ya se indicó, la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales proferidas por una alta corte debe ser examinada con especial
rigurosidad. Por ende, se requiere demostrar que en la providencia atacada se
presenta una afectación desproporcionada a un derecho fundamental,
producto de una actuación arbitraria. Por este motivo, no basta con mencionar
una vulneración a los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a
la administración de justicia, sino que se requiere demostrar: (i) su existencia,
(ii) su carácter desproporcionado y (iii) su carácter arbitrario, para entender
acreditado el requisito general de procedencia de relevancia constitucional
[…]”. (Resaltado por la Sala).

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental al
debido proceso

38. Visto el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:

“[…] ARTICULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones
judiciales y administrativas.

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le
imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las
formas propias de cada juicio.

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En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará
de preferencia a la restrictiva o desfavorable. […]”.

39. Atendiendo a que, la Corte Constitucional ha definido el derecho al debido
29

proceso, como “[…] el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico,
a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación
judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se
logre la aplicación correcta de la justicia. […]”, y ha recordado que “[…] En virtud del
citado derecho, las autoridades estatales no podrán actuar en forma omnímoda,
sino dentro del marco jurídico definido democráticamente, respetando las formas
propias de cada juicio y asegurando la efectividad de aquellos mandatos que
garantizan a las personas el ejercicio pleno de sus derechos[…]” de manera que ha
resaltado que el derecho al debido proceso tiene como propósito “[…] la defensa y
preservación del valor material de la justicia, a través del logro de los fines
esenciales del Estado, como la preservación de la convivencia social y la protección
de todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes y demás
derechos y libertades públicas (preámbulo y artículos 1° y 2° de la C.P) […]”.

Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental de acceso a la
administración de justicia

40. Visto el artículo 229 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:

“[…] ARTICULO 229. Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la
administración de justicia. La ley indicará en qué casos podrá hacerlo sin la
representación de abogado. […]”.

41. Atendiendo a que, la Corte Constitucional30 ha entendido el derecho de acceso
a la administración de justicia, “[…] como la posibilidad reconocida a todas las
personas de poder acudir, en condiciones de igualdad, ante las instancias que
ejerzan funciones de naturaleza jurisdiccional que tengan la potestad de incidir de
una y otra manera, en la determinación de los derechos que el ordenamiento jurídico
les reconoce, para propugnar por la integridad del orden jurídico y por la debida
protección o restablecimiento de sus derechos e intereses legítimos, con estricta

29 Corte Constitucional, Sentencia C 980 de 1º. de diciembre de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo
30 Corte Constitucional, Sentencia T-799 de 21 de octubre de 2011, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.

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sujeción a los procedimientos previamente establecidos y con plena observancia de
las garantías sustanciales y procedimentales previstas en la Constitución y la ley
[…]”.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental a la
seguridad social

42. Visto el artículo 48 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:

“[…] La Seguridad Social es un servicio público de carácter obligatorio que se
prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los
principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que
establezca la ley.

Se garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable a la Seguridad
Social.

El Estado, con la participación de los particulares, ampliará progresivamente la
cobertura de la Seguridad Social que comprenderá la prestación de los servicios
en la forma que determine la ley.

La Seguridad Social podrá ser prestada por entidades públicas o privadas, de
conformidad con la ley.

No se podrán destinar ni utilizar los recursos de las instituciones de la Seguridad
Social para fines diferentes a ella.

La ley definirá los medios para que los recursos destinados a pensiones
mantengan su poder adquisitivo constante […]”.

43. De igual manera, la Corte Constitucional frente al derecho fundamental a la
seguridad social ha dicho lo siguiente:31

“[…] El artículo 48 de la Constitución Política consagra el derecho a la seguridad
social bajo una doble connotación: i) como derecho fundamental; y ii) como un
servicio público de carácter obligatorio que se presta bajo la dirección, coordinación
y control del Estado32.

Esta garantía fundamental “surge como un instrumento a través del cual se le
garantiza a las personas el ejercicio de sus derechos fundamentales cuando se
encuentran ante la materialización de algún evento o contingencia que mengüe su
estado de salud, calidad de vida y capacidad económica, o que se constituya en un

31 Corte Constitucional, sentencia T-281 de 23 de julio de 2018, M.P. José Fernando Reyes Cuartas.
32 Artículo 48. “La Seguridad Social es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la

dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y
solidaridad, en los términos que establezca la Ley. Se garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable
a la Seguridad Social. El Estado, con la participación de los particulares, ampliará progresivamente la cobertura
de la Seguridad Social que comprenderá la prestación de los servicios en la forma que determine la Ley”.

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obstáculo para la normal consecución de sus medios mínimos de subsistencia a
través del trabajo”33. Su fundamentalidad se sustenta en el principio de dignidad
humana en virtud del cual “resulta posible que las personas afronten con decoro las
circunstancias difíciles que les obstaculizan o impiden el normal desarrollo de sus
actividades laborales y la consecuente recepción de los recursos que les permitan
ejercer sus derechos subjetivos”34 […]”.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental a al
mínimo vital

44. Visto el artículo 94 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:

“[…] La enunciación de los derechos y garantías contenidos en la Constitución y en
los convenios internacionales vigentes, no debe entenderse como negación de otros
que, siendo inherentes a la persona humana, no figuren expresamente en ellos […]”.

45. En ese orden de ideas, la Corte Constitucional frente al derecho innominado al
mínimo vital, ha dicho35:

“[…] El derecho al mínimo vital ha sido definido por esta Corte como "la porción de
los ingresos del trabajador o pensionado que están destinados a la financiación de
sus necesidades básicas, como son la alimentación, la vivienda, el vestido, el
acceso a los servicios públicos domiciliarios, la recreación, la atención en salud,
prerrogativas cuya titularidad es indispensable para hacer efectivo el derecho a la
dignidad humana, valor fundante del ordenamiento jurídico constitucional".

99. En ese sentido, el mínimo vital constituye un presupuesto básico para el efectivo
goce y ejercicio de la totalidad de los derechos fundamentales, en tanto salvaguarda
de las condiciones básicas de subsistencia del individuo. El reconocimiento del
derecho al mínimo vital encuentra su fundamento en el concepto de dignidad
humana, pues es claro que la carencia de las condiciones materiales mínimas
necesarias para garantizar la subsistencia del individuo, comporta la negación de
la dignidad que le es inherente. Igualmente, este derecho se proyecta en otros
derechos fundamentales como la vida (Art. 11 C.P.), la salud (Art. 49 C.P.), el trabajo
(Art. 25 C.P.) y la seguridad social (Art. 48 C.P.). De esta forma, la protección al
mínimo vital se configura una de las garantías de mayor relevancia en el Estado
Social de Derecho […]”.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental a la
igualdad

46. Visto el artículo 13 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que

33 Sentencia T-173 de 2016.
34 Ibídem.
35 Corte Constitucional, sentencia T-678 de 16 de noviembre de 2017, M.P. Carlos Bernal Pulido.

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establece que:

“[…] ARTICULO 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán
la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos,
libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza,
origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.

El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y
adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados.

El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición
económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y
sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. […]”.

47. Atendiendo a que la Corte Constitucional36 ha entendido que el derecho a la
igualdad “[…] comporta un conjunto de mandatos independientes y no siempre
armónicos, entre los que se destacan (i) la igualdad formal o igualdad ante la ley,
relacionada con el carácter general y abstracto de las disposiciones normativas
dictadas por el Congreso de la República y su aplicación uniforme a todas las
personas; (ii) la prohibición de discriminación, que excluye la legitimidad
constitucional de cualquier acto (no solo las leyes) que involucre una distinción
basada en motivos definidos como prohibidos por la Constitución Política, el
derecho internacional de los derechos humanos, o bien, la prohibición de
distinciones irrazonables; y (iii) el principio de igualdad material, que ordena la
adopción de medidas afirmativas para asegurar la vigencia del principio de igualdad
ante circunstancias fácticas desiguales. […]”.

Análisis del caso concreto

48. El actor, actuando en nombre propio, presentó acción de tutela contra el Tribunal
Administrativo de Santander, porque, a su juicio, al proferir la sentencia de 2 de
diciembre de 2021, en el proceso adelantado en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de
radicación 680013333014-2017-00232-01, vulneró sus derechos fundamentales a
la igualdad, al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, a la
seguridad social y al mínimo vital.

36 Corte Constitucional, Sentencia C178 de 26 de marzo de 2014, M.P. María Victoria Calle Correa.

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Actor: Afranio Cardona Granados

49. Visto el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales en la parte
considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo
probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el caso
concreto.

50. La Sala procederá a apreciar y valorar todas las pruebas decretadas por las
partes, de conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del artículo
176 del Código General del Proceso, aplicando para ello las reglas de la lógica y la
certeza que sobre determinados hechos se requiere para efectos de decidir lo que
en derecho corresponda, en relación con los problemas jurídicos planteados por el
actor en su respectivo escrito de tutela y en la impugnación.

Acervo y análisis probatorios

51. Dentro del expediente que contiene la acción de tutela se encuentra lo siguiente:

51.1. Copia de la sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal
Administrativo de Santander, el 2 de diciembre de 2021.

Solución del caso concreto

Análisis del posible incumplimiento del requisito general de la relevancia
constitucional

52. Para la Sala, el presente asunto no se encuentra comprendido dentro de los que
la jurisprudencia constitucional ha identificado como de clara relevancia
constitucional. El actor en su escrito de tutela señaló lo siguiente37:

“[…] Previo a desarrollar aquellos defectos, debe precisarse que la consideración
que se estima vulneradora de mis prerrogativas fundamentales es un aparte de la
parte motiva de la decisión cuestionada, a partir del cual se condiciona los factores
integrantes del I.B.L. solo a los que se acredite su efectiva cotización, sin tener en
cuenta que hay un factor, denominado “prima de antigüedad” que aunque se no se
haya cotizado en su integridad por omisión de mi entidad empleadora, el mismo es
un ítem legal integrante del I.B.L. conforme al Decreto 1158 de 1994, y es solo
sobre este asunto respecto al cual gira la presente acción, encontrándose

37 Transcripción literal del texto de la solicitud del amparo.

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Actor: Afranio Cardona Granados

conformidad respecto a lo demás decidido. Se transcribe dicha consideración para
su análisis:
“Así las cosas, se concluye que, si bien el accionante no tiene derecho a que
su pensión se reliquide con todos los factores salariales devengados en el
último año de servicios conforme al Decreto 758 de 1990 como lo reclama en
la demanda y la impugnación de la sentencia, si tiene derecho a que se le
reliquide con el promedio de la totalidad de factores devengados y
cotizados (enlistados en el Decreto 1158 de 1994) en el tiempo que le hacía
falta para adquirir el status de pensionado que ocurrió el 12 de noviembre de
2003 o, con el promedio de lo cotizado en toda su vida laboral, si esto último
le resulta más favorable, conforme lo dispone el artículo 21 de la Ley 100 de
1993. (...)” (Subraya original) […]”.

[…]

“[…] A. Defecto Sustantivo

En cuanto a esta modalidad de la vía de hecho, se considera que es dable acceder
a lo pedido, en medida que al decirse en la decisión cuestionada que se
condicionaba la inclusión del factor denominado “PRIMA DE ANTIGÜEDAD” al
Ingreso Base de Liquidación, a acreditar la cotización previa, se vulnero los
artículos 48 y 53 constitucionales, que para el caso se desarrollaron
legislativamente en el artículo 1 del Decreto 1158 del 3 de junio de 1994, artículo
17 de la Ley 100 de 1993, artículo 24 de la Ley 100 de 1993, artículo 57 de la
Ley 100 de 1993, artículo 271 de la Ley 100 de 1993 y artículo 272 de la Ley 100
de 1993, igualmente vulnerados.

El articulo 48 constitucional desarrolla el derecho irrenunciable a la seguridad
social, imponiendo al estado un deber de garantía de cumplimiento de la legalidad,
el cual armonizado con el artículo 53 superior, lleva a identificar que en amparo del
derecho al mínimo vital del trabajador afiliado al sistema de pensiones, es deber
del estado ejercer de forma efectiva la gestión de cobro de aportes fijados en la
Ley, lo cual correlativamente hace que la omisión del empleador, aun cuando este
fuese una entidad pública, no sea imputable al trabajador beneficiario de la
asignación pensional, bajo el principio constitucional de irrenunciabilidad del
derecho al aporte. […]”.
[…]

“[…] Dichas normas se consideran vulneradas, en forma conjunta, por la decisión
cuestionada, pues en la misma se dice que la omisión de una entidad empleadora
de realizar la cotización legal de un factor obligatorio de aporte, que para el caso
es el concerniente a la denominación “PRIMA DE ANTIGÜEDAD”, repercute en el
beneficiario de la asignación pensional, pues dicho factor no será integrante de su
Ingreso Base de Liquidación, sin tener en cuenta que era un deber legal de la
ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES E.I.C.E.
de ejercer sus competencias de cobro de cotizaciones obligatorias, y aquella entidad
estando obligada a ejercer la facultad de cobro aludida, no podría afectar el mínimo
legal en favor del beneficiario.

Teniendo en cuenta las normas legales referidas, que desarrollan los postulados
constitucionales de obligatoriedad de la cotización e irrenunciabilidad del
derecho pensional, previsto en los artículos 48 y 53 constitucionales, se
impondría reconocer que mi Ingreso Base de Liquidación – I.B.L. debería
recalcularse teniendo en cuenta el factor obligatorio de aporte denominado
“PRIMA DE ANTIGÜEDAD”, instando a la A.F.P. COLPENSIONES E.I.C.E. a
ejercer sus facultades de cobro coactivo en contra de la entidad empleadora omisa.

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Actor: Afranio Cardona Granados

En este orden de ideas, se considera sustentado el defecto sustantivo alegado, al
indicarse las normas constitucionales y legales desatendidas en la decisión, que de
haberse aplicado en debida forma llevarían a una decisión diferente.

B. Violación del Precedente

En atención a la pertinencia de las normas legales aludidas en el anterior defecto,
existen decisiones uniformes del H. Consejo de Estado, H. Corte Suprema de
Justicia – Sala de Casación Laboral, y H. Corte Constitucional en las que se
reconoce: 1) obra un deber legal de tener en cuenta en el Ingreso Base de
Liquidación – I.B.L. todo factor legal de cotización en su integridad; y 2) la omisión
en el ejercicio de la gestión de cobro de una A.F.P. no puede ser imputada al
afiliado.

El precedente vinculante vulnerado del H. Consejo de Estado – Sección Segunda,
identificado como soporte del presente defecto por violación del precedente, se
expresa en las siguientes decisiones especificas -sin perjuicio de otras decisiones
no conocidas por el suscrito- (a) RAD: 23001-23-33-000-2015- 00154-01(4282-16),
CP - Gabriel Valbuena Hernández, del veintiséis (26) de noviembre de dos mil veinte
(2020); (b) RAD: 25000-23-42-000-2013-00387- 01(1958-2015), CP - César
Palomino Cortés, del primero (1) de septiembre de dos mil veintidós (2022); (c) RAD:
680012333000201400756 01 (288-2016), CP - Rafael Francisco Suárez Vargas, del
once (11) de julio de dos mil diecinueve (2019); y (d) RAD: 25000-23-42-000-2015-
05067-01 (1634-2019), CP - César Palomino Cortés, del veinticuatro (24) de febrero
de dos mil veintidós (2022), señalándose expresamente en la última de estas
decisiones: […]”.

[…]

“[…] Conforme lo dicho, a partir del precedente vinculante, no es indispensable
acreditar la cotización del factor objeto de solicitud, sin perjuicio de los efectos de
pago que se fije en la sentencia de instancia, siendo suficiente acreditar la existencia
del deber legal de cotizarse el mismo, lo cual para el caso concreto se cumple a
partir de la artículo 1 del Decreto 1158 del 3 de junio de 1994, siendo esto una
constatación de la violación del precedente en la decisión atacada. […]”.

[…]

“[…] Así las cosas, dicha separación del precedente para mi caso concreto
determino una afectación de mi garantía al trato igual ante la Ley y los jueces, pues
mí mismo juez natural en otros asuntos equivalentes ha tomado una decisión
diferenciada, implicando que a partir del in dubio pro operario se me extienda el
beneficio de mis pares en clase y condiciones. […]”.

53. De igual manera, el actor en su escrito de impugnación manifestó lo siguiente:
“[…] En esta oportunidad se precisa que no se impugna la consideración consistente
en la satisfacción de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales en el caso concreto, por lo cual, al amparo de la
garantía de no reformatio in peijus, al ser impugnante único, se estima que no ha de
revisarse en segunda instancia nuevamente la satisfacción de dichos requisitos,
dando lugar al estudio de fondo de las causales propuestas.

Aclarado lo anterior, se procede a desarrollar las razones especificas por las cuales
se considera debidamente acreditados los defectos denominados “defecto
sustantivo”, “Desconocimiento del precedente”, y “violación directa de la

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constitución”, en la sentencia cuestionada en la presente acción de forma separada,
para efectos de su revisión y decisión […]”.

DEFECTO SUSTANTIVO

“[…] Los anterior, al ser manifestación incorporada en providencia judicial emitida
por el H. Consejo Estado – Sección Segunda, se estima como consideración
calificada de la existencia de regla consiste en el deber de aporte respecto al factor
denominado “PRIMA DE ANTÜGUEDAD” y la obligación de sirtir el cobro coactivo
respecto de aportes no realizados.

En concurrencia con lo anterior, la decisión impugnada sustenta la negativa al
amparo por defecto sustantivo manifestando que “(…) el artículo 1º del Decreto
1158 de 1994 (…) se acogió para ordenar el cálculo de la mesada del actor (…) por
cuanto en la sentencia objeto de reproche los magistrados accionados no
desconocieron (…) que Colpensiones no haya adelantado los respectivos
procedimientos administrativos para obtener el pago de los dineros por ese
concepto (…)

Esta consideración se considera errada, pues si bien en la parte motiva de la
sentencia acusada en la presente acción tuitiva se aprecia una redacción confusa,
determinante de solicitud de aclaración negada en el proceso de origen, en la parte
motiva se dispone expresamente:

“Así las cosas, se concluye que, si bien el accionante no tiene derecho a que
su pensión se reliquide con todos los factores salariales devengados en el
último año de servicios conforme al Decreto 758 de 1990 como lo reclama en
la demanda y la impugnación de la sentencia, si tiene derecho a que se le
reliquide con el promedio de la totalidad de factores devengados y
cotizados (enlistados en el Decreto 1158 de 1994) en el tiempo que le hacía
falta para adquirir el status de pensionado que ocurrió el 12 de noviembre de
2003 o, con el promedio de lo cotizado en toda su vida laboral, si esto último
le resulta más favorable, conforme lo dispone el artículo 21 de la Ley 100 de
1993. (...)” (Subraya original) […]”.

[…]

“[…] Sobre lo razonado vale decir que una forma de presentación del defecto factico,
conforme la misma sentencia impugnada, es cuando el juez de instancia omite
aplicar una norma del sistema normativo pertinente para resolver el caso concreto.

En mi caso concreto, los artículos 17, 24, 57, 271 y 272 de la Ley 100 de 1993
imponen reconocer que las omisiones totales o parciales de cotización, respecto a
un factor salarial legal, como es la prima de antigüedad (Decreto 1158 de 1994), no
pueden llevar a afectar el derecho pensional del afiliado o beneficiario de la
asignación pensional, pues es COLPENSIONES E.I.C.E. quien esta llamado a
realizar el cobro coactivo sobre dicho aparte, que por demás no prescribe o caduca
dicha facultad legal. […]”.

[…]

VIOLACIÓN DEL PRECEDENTE

“[…] Al analizar los pronunciamientos emitidos por el H. Consejo de Estado –
Sección Segunda en sentencias del 11 de julio de 20196, 26 de noviembre de 20207
y 24 de febrero8 y 1º de septiembre9, ambas de 2022, el fallo impugnando concluye
que en dichas decisiones se ordenó la inclusión del factor denominado “PRIMA DE
ANTIGÜEDAD” en el Ingreso Base de Liquidación (I.B.L.) de los demandantes, con

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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-03560-01
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independencia de su cotización, soportado en los factores enlistados en el Decreto
1158 de 1994.

Pese a lo anterior se estimo que el precedente alegado no era aplicable suscrito, a
partir de la distinción entre el caso planteado en esta oportunidad y los referidos
en las sentencias reseñadas, resumida en; 1) los casos aducidos son en el marco
del régimen pensional previsto en la Ley 33 de 1985, y no con ocasión del previsto
Decreto 758 de1990, como es mi caso; y 2) los demandantes de dichos procesos
les hacia falta más de 10 años para adquirir el estatus pensional a la entrada en
vigor de la Ley 100 de 1993, y en mi caso hacia falta menos de dicho plazo, variando
las reglas de cálculo del I.B.L. […]”.

[…]

“[…] En atención a lo anterior, resulta indiferente si el régimen pensional aplicable
por ministerio del instituto de la transición pensional corresponde al previsto en la
ley 33 de 1985, o al previsto en la Ley 71 de 1988, o al previsto en el Decreto 758
de 1990 (Que es mi caso), o cualquier otro régimen previsto en norma previa a la
ley 100 de 1993, pues a todos estos regímenes pensionales públicos, por ministerio
del precedente de unificación les será aplicable las reglas del Ingreso Base de
Liquidación (I.B.L.) del artículo 36 de la Ley 100 de 1993. […]”.

[…]

“[…] En concurrencia con esta situación, respecto a la distinción del precedente, al
decirse que mi caso no se puede servir de lo resuelto en las sentencias alegadas,
en medida que al suscrito le faltaba menos de diez (10) años para adquirir el derecho
a la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993, se aprecia que tampoco asiste razón al
fallo de la instancia impugnado. […]”.

[…]

“[…] Conforme lo dicho, en manera concurrente con lo alegado respecto al defecto
sustantivo, pues en últimas el precedente enunciado indica la obligación de
incorporar factores enlistados en el Decreto 1158 de 1994 -prima de antigüedad-,
cotizado o no por ministerio del deber legal, se considera que se convalido una
separación de un precedente debidamente identificado desde las instancias, sin
justificación suficiente, dando lugar a la procedencia de la tutela igualmente por la
causal propuesta de violación del precedente. […]”.

VIOLACION DIRECTA DE LA CONSTITUCIÓN

[…]

“[…] En esta oportunidad se considera que la decisión impugnada vario el alcance
de la tutela formulada, en medida que lo sostenido preliminarmente era que con
ocasión del principio de legalidad y obligatoriedad cotización, en concurrencia con
la garantía de irrenunciabilidad de derechos previstos en la Ley, no era dable
condicionar la inclusión de un factor legal en el Ingreso Base de Liquidación (I.B.L.)
a la actuación o no de un empleador, que para el caso fue omiso en su deber de
aporte integral del factor.

Conforme a lo dicho, se aprecia por el suscrito que al condicionar la decisión
enjuiciada la inclusión del factor denominado “PRIMA DE ANTIGÜEDAD” en el
Ingreso Base de Liquidación a la acreditación de cotización de dicho factor, cuando
se prueba en debida forma su condición de devengado, se reconoce el mismo como
un factor renunciable, contrariando el articulo 53 superior.

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En igual sentido, al limitar el alcance de un derecho legal, que por esa mera
condición detenta la calidad de mínimo irrenunciable, conforme a la misma ley que
sanciona con ineficacia cualquier pacto en contra de ley que reconoce derechos
sociales (Artículo 271 y 272 Ley 100 de 1993), se da una vulneración efectiva de la
prerrogativa de seguridad social y mínimo vital, pues el reconocimiento del derecho
pensional fragmentado e inferior a los mínimos legales no enmienda la vulneración
a la prerrogativa integral al mismo […]”.

54. Al respecto, es preciso indicar que el asunto controvertido por el actor ya fue
objeto de estudio por la autoridad judicial accionada y la acción de tutela contra
providencia judicial no constituye una tercera instancia que permita reabrir el debate
resuelto por el juez natural, sino que tiene por objeto verificar si la entidad accionada
incurrió en la vulneración de derechos fundamentales.

55. Además de lo anterior, para la Sala, a diferencia de lo sostenido por el actor en
su respectivo escrito de tutela e impugnación, en el caso sub examine, se plantea
una afectación de derechos fundamentales que tienen su origen en últimas en un
debate estrictamente probatorio, legal y económico, el cual ya fue expuesto dentro
del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, y fue decidido por el juez
natural de la causa, por lo que no le corresponde al juez constitucional hacer un
pronunciamiento adicional, toda vez que ello implicaría desconocer el principio de
autonomía e independencia judicial y desnaturalizaría el mecanismo constitucional
convirtiéndolo en una instancia adicional.

56. Ahora bien, precisado lo anterior, se advierte que a través de la sentencia de
unificación SU – 215 de 2022, señaló que la simple enunciación de la vulneración
de un derecho fundamental y la asociación de dicha afectación con la configuración
de un defecto es insuficiente para tener por acreditado el cumplimiento del requisito
general de la relevancia constitucional. A juicio del máximo Tribunal de lo
Constitucional es indispensable que el caso en cuestión: (i) tenga la “[…] entidad de
interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental […]; (ii) que el alcance de la controversia “[…] no se limite a
una discusión meramente legal o de contenido estrictamente económico con
connotaciones particulares o privadas […]”; y (iii) que en el escrito de tutela se
“[…] justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales […]”.

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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-03560-01
Actor: Afranio Cardona Granados

57. La Sala considera que la discusión que se expone a través del escrito de tutela,
siguiendo lo expuesto por la Corte Constitucional en la sentencia antes transcrita,
no tiene trascendencia constitucional porque el núcleo de la controversia se
encuentra limitado a asuntos meramente probatorios, legales y económicos cuya
competencia se encuentran en cabeza del juez de lo contencioso administrativo.

58. Igualmente, el conflicto que subyace en esta oportunidad tiene un alcance de
contenido particular, meramente probatorio, legal y económico, esto es así porque
la discusión, además de los argumentos que se extraen de la acción de tutela, más
que develar la necesidad de protección de un derecho fundamental, buscan que el
juez de tutela valide la tesis jurídica del actor y, con ello, acceda a las pretensiones
de la demanda, sin que de esta discusión se pueda evidenciar una clara
trascendencia o relevancia constitucional.

59. Para la Sala, la controversia planteada por el actor es de naturaleza puramente
probatoria, legal y económica; y no gira en torno al contenido, alcance y goce del
derecho fundamental indicado supra.

60. En ese orden de ideas, la Sala considera que la acción de tutela busca
cuestionar el criterio de interpretación probatoria de la autoridad judicial accionada,
es decir, el actor acude al juez constitucional buscando la corrección del criterio
jurídico del juez natural y reabrir un debate probatorio y económico concluido que
escapa de la órbita de competencia del juez constitucional. Si bien es cierto, el actor
alega la vulneración de sus derechos fundamentales indicado supra, el criterio de la
relevancia constitucional, no se determina con su mera enunciación, sino mediante
la acreditación expresa y razonable de una presunta amenaza o vulneración de los
mismos, lo cual no aconteció en el caso sub examine.

61. Los supuestos de vulneración a los derechos fundamentales al acceso a la
administración de justicia, al mínimo vital, a la igualdad y a la seguridad social
enunciados por el actor, no se evidencia en el caso sub examine, toda vez que el
proceso ordinario se adelantó ante el juez competente, en respeto de las formas
propias del proceso, y respetó el derecho de presentar y controvertir las pruebas
allegadas. Además, no concurre una situación de amenaza o alguna causal de
vulnerabilidad que amerite la actuación del juez constitucional.

33

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-03560-01
Actor: Afranio Cardona Granados

62. En ese orden de ideas, para la Sala alegar un presunto desconocimiento de
principios o garantías superiores, en el marco de un debate de carácter netamente
probatorio y económico, no es una circunstancia que habilite por sí misma la
procedencia de la tutela contra una providencia judicial.

63. De conformidad con lo anteriormente expuesto, para la Sala no se cumple con
el requisito general de relevancia constitucional dentro del marco de la acción de
tutela contra providencias judiciales, en la medida que, si bien el actor enuncia la
trasgresión de los derechos fundamentales indicados supra, esa presunta
afectación tiene su origen en un debate estrictamente probatorio, legal y económico.

Conclusiones de la Sala

64. Con fundamento en lo anterior, la Sala revocará la sentencia de tutela de 2 de
agosto de 2023 proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo
de Estado, por medio de la cual negó las pretensiones del amparo.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

III. RESUELVE:

PRIMERO: REVOCAR la sentencia de tutela del 2 de agosto de 2023 proferida por
la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, para en su lugar,
DECLARAR improcedente la solicitud de amparo, por las razones expuestas en la
parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto Ley núm.
2591 de 1991, dentro de los diez (10) siguientes a la ejecutoria de esta sentencia,
REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-03560-01
Actor: Afranio Cardona Granados

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente Consejera de Estado
Consejero de Estado

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera
en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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