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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-03585-00

Acción de tutela contra providencias judiciales: debe reunir los

Fecha
9 de agosto de 2023
Consejero ponente
Maria Adriana Marin
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-03585-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO. Negar la solicitud de amparo presentada por el señor Ricardo Quintero Serpa contra el Tribunal Administrativo de Bolívar, en lo atinente a la violación del principio de no reformatio in pejus. SEGUNDO. Declarar improcedente la acción de tutela en lo que tiene que ver con los defectos sustantivo, violación directa de la Constitución y desconocimiento del precedente, respecto de la declaratoria de cosa juzgada. TERCERO.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2023-03585-00

Consejero ponente: Maria Adriana Marin

9 de agosto de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá, D.C., nueve (9) de agosto de dos mil veintitrés (2023)

Radicación: 11001-03-15-000-2023-03585-00
Demandante: RICARDO QUINTERO SERPA
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLÍVAR
Referencia: SENTENCIA DE TUTELA DE PRIMERA INSTANCIA

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES – Debe reunir los
requisitos generales establecidos por la jurisprudencia constitucional, para que proceda su
estudio de fondo / DEFECTO SUSTANTIVO - No se configura por el hecho de que el juez
de segundo grado declare de oficio la excepción de cosa juzgada / RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL – No se cumple en lo que se refiere a la reiteración del debate de
instancia sobre la cosa juzgada.

La Sala decide la acción de tutela instaurada por el señor Ricardo Quintero Serpa
contra el Tribunal Administrativo de Bolívar.

I. A N T E C E D E N T E S

1. La demanda

1.1. Pretensiones

El 15 de mayo de 20231, el señor Ricardo Quintero Serpa, por medio de
apoderada judicial, interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de
Bolívar, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la igualdad y de
acceso a la administración de justicia2, con ocasión de la sentencia de segunda
instancia proferida el 15 de mayo de 2023, en la que se revocó el fallo del 18 de
octubre de 2022, emitido por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de
Cartagena y, en su lugar, declaró de oficio la excepción de cosa juzgada, en el
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 13-001-33-33-
001-2020-00010-01. Formuló las siguientes pretensiones:

[…] Solicito respetuosamente a los Señores Magistrados de tutela, dejar sin
efecto la sentencia No. 038/2023 de fecha 15 de mayo de 2023, proferido por
el Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala de Decisión No 001 y en su lugar
se amparen los derechos fundamentales solicitados por el accionante,
Ordenando al Tribunal Administrativo del Bolívar dictar un nuevo fallo en el

1 Se advierte que, el 18 de julio de 2023, el expediente ingresó al despacho de la magistrada
ponente, para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.
2 También solicita alega la vulneración del derecho al mínimo vital y móvil; y a las garantías de los

derechos adquiridos, la buena fe y la confianza de los ciudadanos en las autoridades; y la violación
al principio de la non reformatio in peius.

Radicación: 11001-03-15-000-2023-03585-00
Demandante: Ricardo Quintero Serpa
Demandado: Tribunal Administrativo de Bolívar
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

que se pronuncie únicamente sobre el contenido del recurso de apelación
interpuesto por el accionante, como apelante único.

1.2. Hechos

Del escrito de tutela y del expediente se extraen los siguientes supuestos fácticos
jurídicamente relevantes:

El señor Ricardo Quintero Serpa, en su condición de Capitán de Fragata®, tiene
asignación de retiro reconocida por la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares
(CREMIL) con fundamento en el Decreto 1211 de 1990.

El 28 de marzo de 2016 y el 29 de octubre de 2019, elevó peticiones para el
reajuste de su asignación de retiro con el IPC correspondiente a los años 2001,
2002, 2003, 2004, las cuales fueron denegadas por CREMIL mediante los Oficios
211 del 15 de abril de 2016 y 690 del 21 de noviembre de 2019.

Contra los citados oficios instauró demanda en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho, que en primera instancia fue conocida por
el Juzgado Primero Administrativo de Cartagena, el que, mediante sentencia del
18 de octubre de 2022, accedió parcialmente a las pretensiones, pero declaró la
prescripción de algunas de las mesadas.

Inconforme con la declaratoria de prescripción, la parte actora interpuso recurso
de apelación, que fue resuelto por el Tribunal Administrativo de Bolívar mediante
la sentencia del 15 de mayo de 2023. En dicha providencia, se revocó la decisión
apelada para declarar de oficio la excepción de cosa juzgada.

1.3. Argumentos de la tutela

Sostuvo el demandante que los fundamentos invocados por el Tribunal para
declarar la excepción de la cosa juzgada son violatorios al precedente
jurisprudencial dictado por el Consejo de Estado desde el año 2016, toda vez que,
en casos similares, ha planteado que en materia de reliquidación de la asignación
de retiro por IPC no se configura la cosa juzgada.

Citó las providencias dictadas (i) el 3 de octubre de 20193 por la Sección Quinta
del Consejo de Estado, para afirmar que en un caso similar amparó los derechos
del accionante y ordenó proferir un nuevo fallo, y (ii) el 11 de diciembre de 20204,
de la Sección Primera de esta Corporación, que dejó sin efecto la providencia que

3 Expediente: 11001031500020190389900.
4 Expediente: 11001-03-15-000-2020-04782-00.

Radicación: 11001-03-15-000-2023-03585-00
Demandante: Ricardo Quintero Serpa
Demandado: Tribunal Administrativo de Bolívar
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

declaró la cosa juzgada y ordenó expedir una providencia de reemplazo, por
considerar que en el debate de reajuste de la asignación de retiro con el IPC no
opera tal institución.

Alegó que en el presente caso no se encuentra configurada la identidad de objeto
ni de causa petendi, por cuanto se acusaron actos administrativos distintos,
originados en peticiones diferentes. Que, además, se trata de un debate sobre el
reajuste de pensiones, en donde no opera la cosa juzgada, según lo ha sostenido
el Consejo de Estado.

Adujo que, lo expuesto evidencia el desconocimiento del precedente judicial y
la vulneración al debido proceso, por desconocimiento del principio de non
reformatio in pejus, por cuanto el Tribunal agravó su situación de apelante único al
declarar de oficio la excepción de cosa juzgada.

En esa medida, sostuvo que la providencia incurrió en defecto sustantivo, violación
directa a la Constitución y desconocimiento del precedente jurisprudencial del
Consejo de Estado, al interpretar en indebida forma la institución jurídica de la
cosa juzgada.

2. Trámite impartido e intervenciones

Mediante auto del 7 de julio de 2023, se admitió la acción de tutela y se ordenó
que aquel se notificara a los magistrados que integran el Tribunal Administrativo
de Bolívar, como parte demandada y, como tercero con interés, al director de la
Caja de Retiro de las Fuerzas Militares. Así mismo, se ordenó la notificación de la
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

2.1. El Tribunal Administrativo de Bolívar, por intermedio del ponente de la
decisión cuestionada, solicitó que se negara el amparo solicitado, en razón a que
no se vulneró ningún derecho fundamental de la parte actora.

Adujo que no se acredita el requisito de relevancia constitucional, toda vez que la
controversia propone reabrir el debate sobre la prosperidad de la excepción de
cosa juzgada, pues ni siquiera detalla la forma en que la decisión cuestionada
afectó sus derechos fundamentales, sino que se limita a reiterar los argumentos
expuestos en el proceso ordinario.

De otra parte, señaló que no se configuró el desconocimiento del precedente
judicial, habida consideración, a que la decisión cuestionada se fundamentó en
providencias proferidas por el Consejo de Estado en las que se decretó la cosa

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Demandante: Ricardo Quintero Serpa
Demandado: Tribunal Administrativo de Bolívar
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juzgada en procesos en donde se discutieron prestaciones periódicas, es decir,
que se motivó en jurisprudencia análoga al caso tratado.

2.2. La Caja de Retiro de las Fuerzas Militares señaló que la acción de tutela es
improcedente porque no cumple con el requisito de subsidiariedad, como quiera
que lo que pretende el accionante es que se reconozcan los derechos incoados
en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, frente a los cuales existe
un pronunciamiento judicial anterior.

Agregó, que no se demostró la existencia de un perjuicio irremediable que amerite
la intervención urgente del juez de tutela.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

1. Problema Jurídico

Lo primero que la Sala deberá examinar es si está acreditado o no el cumplimiento
del requisito de relevancia constitucional. Solo en el evento de que se reúna esta
exigencia y todos los demás requisitos generales, se analizará si las autoridades
judiciales accionadas incurrieron en los defectos endilgados y, por ende,
vulneraron los derechos fundamentales invocados por la accionante.

2. Análisis de la Sala

2.1. Requisitos generales de procedibilidad

2.1.1. De la inmediatez: la tutela cumple con este requisito, toda vez que la
providencia con la que culminó el proceso ordinario fue dictada el 15 de mayo de
2023 y se notificó el 20 de junio siguiente5, mientras que la solicitud de amparo se
presentó el 4 de julio de 2023, esto es, dentro de los seis meses siguientes a la
notificación de la decisión. Este término resulta razonable.

2.1.2 La providencia cuestionada no fue proferida en un proceso de tutela.

2.1.3. Del agotamiento de los mecanismos de defensa judicial: la Sala estima que
este requisito está acreditado, puesto que contra la sentencia de segunda
instancia no procede recurso alguno, y las razones que motivan la demanda de
tutela no se ajustan a la procedencia o trámite de los recursos extraordinarios
previstos en la Ley 1437 de 2011.

5 Asíconsta en el sistema de consulta de procesos de SAMAI y en el expediente remitido al
proceso de tutela.

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Demandante: Ricardo Quintero Serpa
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Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

2.1.3. De la relevancia constitucional

La acción de tutela se concentra en dos debates diferentes, aunque relacionados.
El primero, referido a si el Tribunal tenía la potestad de declarar excepciones de
oficio en segunda instancia en detrimento del apelante único; el segundo,
supeditado a la respuesta anterior, trata de si en el caso estaban acreditados los
elementos de la cosa juzgada y si esta no aplica respecto de reclamaciones sobre
prestaciones periódicas.

Previo a examinar de fondo sendas acusaciones, la Sala debe escindir el estudio
de dichos cargos para determinar el cumplimiento del presupuesto de la
relevancia constitucional.

Sobre la potestad del Tribunal para declarar excepciones en segunda instancia, la
Sala estima que la tutela cumple el requisito de relevancia constitucional, dado
que no se trata de un reiteración del debate de instancia adicional puesto que el
demandante no discutió en el proceso ordinario los alcances del recurso de
apelación, ni se trata de un debate interpretativo o de carácter legal para extender
en sede constitucional el origen de la discusión del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho.

En contraste, la discusión de la parte actora sobre el supuesto desconocimiento a
la prohibición de agravar en sede de apelación se la situación del apelante único
corresponde a un asunto que compromete las garantías del debido proceso, de
acceso a la administración de justicia y de los límites de la segunda instancia, por
lo que, en ese aspecto, la tutela supera el requisito de relevancia constitucional.

Ahora bien, como de la respuesta a dicho problema depende el análisis de sí se
acreditaron o no los elementos de la cosa juzgada, la Sala procede a examinar de
fondo el asunto preliminarmente expuesto.

• Análisis de fondo de los defectos sustantivo, violación directa de la
Constitución y procedimental absoluto

Aun cuando en la tutela no se califica en estricto sentido la violación del principio
de no reformatio in pejus como un defecto sustantivo, procedimental o de
violación directa de la Constitución, de las razones propuestas en la demanda se
advierte que se alega el desconocimiento de las disposiciones normativas de
orden legal y constitucional en la materia, así como los límites competenciales del
juez de segundo grado.

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Demandante: Ricardo Quintero Serpa
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Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

Ahora bien, no hay duda de que en el ordenamiento jurídico patrio existe tanto en
la Constitución como en diferentes disposiciones legales la garantía de que, si se
trata de un apelante en solitario, el juez de segundo grado no puede agravar su
situación dentro del litigio.

Con toda claridad —pese a que se refiere a asuntos relacionados en materia
punitiva—, prevé el artículo 31 de la Constitución que «[e]l superior no podrá
agravar la pena impuesta cuando el condenado sea apelante único».

En igual sentido, pero con diferente matiz consagra el artículo 328 del Código
General del Proceso que «…[e]l juez no podrá hacer más desfavorable la
situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera
indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella».

Y, por último, el artículo 187 de la Ley 1437 de 2011, confiere competencia al juez
contencioso administrativo para reconocer en primera o segunda instancia las
excepciones que encuentre acreditadas, sean alegados o no:

ARTÍCULO 187. CONTENIDO DE LA SENTENCIA. La sentencia tiene que
ser motivada. En ella se hará un breve resumen de la demanda y de su
contestación y un análisis crítico de las pruebas y de los razonamientos
legales, de equidad y doctrinarios estrictamente necesarios para fundamentar
las conclusiones, exponiéndolos con brevedad y precisión y citando los textos
legales que se apliquen.

En la sentencia se decidirá sobre las excepciones propuestas y sobre
cualquiera otra que el fallador encuentre probada El silencio del inferior no
impedirá que el superior estudie y decida todas la excepciones de fondo,
propuestas o no, sin perjuicio de la no reformatio in pejus.

[…]

La lectura armónica de esas disposiciones junta con otras figuras y prerrogativas
de naturaleza constitucional, permiten concluir que la prohibición de reforma en
peor no es una garantía absoluta porque las citadas disposiciones y el deber de
respetar otros principios constitucionales, aparejen algunas excepciones. Nótese
que el mismo artículo 328 del CGP, afirma que el juez solo puede pronunciarse
sobre los argumentos del apelante, «sin perjuicio de las decisiones que deba
adoptar de oficio», dentro de las que, necesariamente deben considerarse los
presupuestos procesales.

Dicho en otras palabras, existen situaciones relacionadas directamente con los
presupuestos procesales o los elementos para que pueda emitirse de manera
válida una sentencia de mérito, respecto de los cuales el juez debe constatar de
oficio su existencia o no. En esas circunstancias, el silencio de alguna de las

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partes, la decisión en contrario del inferior o la existencia de un solo recurrente
favorecido, no limita ni impide que al juez de segundo grado examine y, de ser
necesario se pronuncie sobre esas cuestiones, porque, valga insistir, están
relacionadas con otras garantías de igual o superior rango a la no reforma en
peor, que no pueden ser ignoradas para evitar agravar al apelante único.

Una de esas condiciones, es la inexistencia de la cosa juzgada para evitar
desconocer decisiones judiciales en firme, o que existan discusiones indefinidas o
a perpetuidad sobre materias que ya fueron examinadas, precisamente, para
garantizar principios como la seguridad jurídica, los derechos adquiridos y la
estabilidad de las resoluciones a las cuestiones litigios resueltas por la
jurisdicción.

De manera que sí es posible que el juez de segundo grado pueda declarar de
oficio la excepción de cosa juzgada. No hacerlo, conllevaría al absurdo de que la
seguridad jurídica o la certeza sobre una pretensión resuelta dependiera de la
voluntad de una de las partes o de los apelantes.

Conviene señalar, que esta Corporación ya se ha pronunciado respecto de la
posibilidad de declarar excepciones de oficio, pese a que aparentemente agraven
al apelante único. Por ejemplo, la Subsección C de la Sección Tercera en
providencia del 24 de julio de 2013 señaló:

[S]e ha resaltado que dicha garantía [la no reformatio in pejus] no tiene un
carácter absoluto, por cuanto en su aplicación tiene dos limitantes, a saber:

i) La imposibilidad de reformar el fallo de primer grado en perjuicio del
apelante sólo tiene cabida cuando la impugnación respectiva sea formulada
por un solo interesado (apelante único), lo cual puede comprender diversas
hipótesis fácticas como aquella que corresponde a casos en los cuales, en
estricto rigor, se trata de varias apelaciones desde el punto de vista formal,
pero interpuestas por personas que aunque diferentes entre sí, en realidad
comparten un mismo interés dentro del proceso o integran una misma parte
dentro de la litis (demandada o demandante), por lo cual materialmente han
de tenerse como impugnaciones únicas.

ii) En aquellos casos relacionados con la apelación de los fallos inhibitorios de
primer grado, en los cuales el juez de la segunda instancia encuentre que hay
lugar a proferir una decisión de mérito, así deberá hacerlo “… aun cuando
fuere desfavorable al apelante” (artículo 357, inciso final, C. de P. C.)11.

Conviene precisar que con fundamento en la posición actual de la Sala Plena
de Sección Tercera, en relación con la regla general, según la cual aquellos
temas no propuestos en el recurso de alzada estarían llamados a excluirse
del conocimiento del juez ad quem, la misma debe entenderse y admitirse
junto con las excepciones que se derivan, por ejemplo, i) de las normas o los
principios previstos en la Constitución Política; ii) de los compromisos
vinculantes asumidos por el Estado a través de la celebración y consiguiente
ratificación de Tratados Internacionales relacionados con la protección de los
Derechos Humanos y la vigencia del Derecho Internacional Humanitario, o iii)
de las normas legales de carácter imperativo, dentro de las cuales se
encuentran, a título puramente ilustrativo, aquellos temas procesales

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que, de configurarse, el juez de la causa debe decretar de manera
oficiosa, no obstante que no hubieren sido propuestos por la parte
impugnante como fundamento de su inconformidad para con la decisión
censurada. 6 (Resalta esta Sala)

En igual sentido, al resolver un recurso de apelación formulado por la parte
demandante en un caso en que le fue negadas las pretensiones, la Subsección A
de la Sección Segunda del Consejo de Estado, pese a que no era el objeto de la
apelación, revocó la sentencia de primera instancia y declaró de oficio la
excepción de cosa juzgada:

[L]a competencia funcional del juez de segunda instancia está limitada por las
razones de inconformidad expresadas por el recurrente en el recurso de
apelación. Es decir, que las competencias funcionales del juez de la
apelación, cuando el apelante es único, no son irrestrictas, pues están
limitadas, en primer lugar, por el principio de la non reformatio in pejus
contemplado en el artículo citado (artículo 328 del C.G.P), y en segundo, por
el objeto mismo del recurso, cuyo marco está definido, a su vez, por los juicios
de reproche esbozados por el apelante, en relación con la situación creada
por el fallo de primera instancia.

Así pues, al ad quem le está vedado, en principio y salvo algunas
excepciones, revisar temas del fallo de primera instancia que no fueron objeto
de impugnación, como quiera que los mismos quedan excluidos del siguiente
debate y, por lo tanto, debe decirse que, frente a dichos aspectos, termina por
completo la controversia, ello en garantía de los derechos a la defensa, doble
instancia y debido proceso que le asiste a los sujetos procesales.

No obstante lo anterior, sobre la materia, es de resaltar que el inciso segundo
del artículo 187 del CAPCA prevé:

«Artículo 187. Contenido de la sentencia. La sentencia tiene que ser
motivada. En ella se hará un breve resumen de la demanda y de su
contestación y un análisis crítico de las pruebas y de los razonamientos
legales, de equidad y doctrinarios estrictamente necesarios para
fundamentar las conclusiones, exponiéndolos con brevedad y precisión y
citando los textos legales que se apliquen.

En la sentencia se decidirá sobre las excepciones propuestas y sobre
cualquiera otra que el fallador encuentre probada. El silencio del inferior
no impedirá que el superior estudie y decida todas la excepciones de
fondo, propuestas o no, sin perjuicio de la no reformatio in pejus.»

En este sentido, se observa que al juez de segunda instancia le corresponde
declarar probada de oficio o a petición de parte, cualquier excepción que
encuentre demostrada, haya sido o no objeto de pronunciamiento por parte
del a quo. De esta forma, es claro entonces que sin que se desconozca el
principio de congruencia exigido en las providencias judiciales, el ad quem en
virtud de los hechos demostrados en el debate judicial, puede declarar
excepciones de oficio con el fin de proferir un fallo que obedezca a la realidad
procesal.

[…]

Con base en la anterior facultad del ad quem para decidir sobre los medios
exceptivos, se encuentra entre ellos, la cosa juzgada, figura que ha sido
concebida como una institución jurídico procesal en virtud de la cual las
decisiones contenidas en una sentencia y otras providencias judiciales tienen
el carácter de inmutables, vinculantes y definitivas, ello con la finalidad de

6 Expediente 27.155, M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

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lograr la terminación definitiva de controversias, en aras de buscar la
seguridad jurídica7. 8

A ello se suma, que la misma Ley 1437 de 2011 en el artículo 180 —antes de la
reforma introducida por la ley 2080 de 2021—permitía que en la audiencia inicial,
la autoridad judicial «de oficio o a petición de parte, resolv[iera] sobre las
excepciones previas y las de cosa juzgada, caducidad, transacción, conciliación,
falta de legitimación en la causa y prescripción extintiva.» potestad que, con
algunas variables de orden procesal, se mantuvo con la inclusión del artículo 182
A que dispone en su numeral 3 que «En cualquier estado del proceso, cuando el
juzgador encuentre probada la cosa juzgada, la caducidad, la transacción, la
conciliación, la falta manifiesta de legitimación en la causa y la prescripción
extintiva.» Todo ello para apuntalar la premisa de que existen aspectos
procesales en los que el juez tiene deberes oficiosos.

Por consiguiente, las excepciones previas (y mixtas), al igual que los
presupuestos procesales por ser elementos dirigidos, en gran medida, a la
purificación e idoneidad del trámite del proceso para tener las condiciones para la
sentencia de mérito o estar relacionados con la extinción del derecho de acción o
el sustancial perseguido, pueden ser declaradas de manera oficiosa en primera o
en segunda instancia, sean propuesta como excepción o no, esté siendo apelada
esa determinación o no, con apelante único o disenso múltiple, sin que por esa
circunstancia per se, la sentencia constituya como violación del principio de
congruencia o de la prohibición de reforma en peor, dado que se trata de una
excepción fundada normativa y constitucionalmente en principios superiores y en
la libertad de configuración del legislador.

De esta forma, se concluye muy pronto que el Tribunal Administrativo de Bolívar
no incurrió en la vulneración alegada, pues es potestad y deber del juez de
segundo grado declarar de oficio la existencia de cosa juzgada. Circunstancia
diferente es que en un caso determinado no se configuren los elementos para
ello. En ese caso, la acusación no puede ser por la senda de la violación de la
garantía de la no reformatio in pejus, sino por otro defecto que cuestione los
elementos de esa determinación.
Consecuente con lo expuesto, la Sala negará el amparo en lo que concierne a la
violación del principio de no reformatio in pejus.

7 Cita original de la providencia: En este sentido ver entre otras, las sentencias del Consejo de

Estado, Sección Segunda, del 28 de febrero de 2013, radicación: 11001-03-25-000-2007-00116-
00(2229-07), demandante: Luz Beatriz Pedraza Bernal, y de la Corte Constitucional C-259 de
2015.
8 Sentencia del 6 de junio de 2019, radicado 73001-23-33-000-2016-00224-01(1107-17), M.P.

William Hernández Gómez

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2.1.4. Segundo análisis de la relevancia constitucional

La segunda discusión de la tutela concierne a si estaban dadas o no las
condiciones para declarar la excepción de cosa juzgada, esto es, si en las
discusiones sobre prestaciones periódicas derivadas de la reliquidación del IPC
puede declarar esta figura y/o si se cumplieron las condiciones para ello.

Frente a ello, la Sala anticipa que la presente tutela deviene improcedente porque
se está ejerciendo para convertirla en una instancia adicional del proceso
ordinario.

Nótese que la parte actora considera que, en su caso particular, la sentencia del
15 de mayo de 2023, dictada por el Tribunal Administrativo de Bolívar incurrió en
defecto sustantivo, violación directa de la Constitución y desconocimiento del
precedente, al interpretar y aplicar de manera incorrecta las normas que disciplina
la cosa juzgada, puesto que desconoció que no existía identidad de objeto y de
causa, pese a la existencia de un proceso anterior.

En primer lugar, vale la pena señalar que la pretensión octava de la demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho que dio origen a la providencia que se
acusa, se solicitó que no se declarara la cosa juzgada pese a la existencia de un
proceso anterior. Asimismo, la allí demandada —CREMIL—formuló la excepción
de cosa juzgada, que fue descartada por el Juzgado Primero Administrativo de
Cartagena. No obstante, al resolver el recurso de apelación, el Tribunal
Administrativo de Bolívar, advirtió que se configuraron los tres elementos para
declarar su existencia y así lo hizo de oficio.

De acuerdo con lo anterior, de la comparación entre las razones esgrimidas en la
demanda ordinaria y los argumentos invocados en la solicitud de amparo, se
evidencia que los defectos alegados en la tutela, referentes a la no configuración
de la cosa juzgada, fueron invocados para continuar con el debate jurídico que ya
fue decidido en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, y sobre el
cual se pronunciaron, aunque en sentidos diferentes, tanto el fallador de primera
como de segunda instancia.

En el siguiente cuadro se cotejarán los argumentos expuestos en el proceso
ordinario y las razones que se esgrimieron en la solicitud de amparo, a fin de
ilustrar de mejor manera cómo la parte demandante está utilizando la tutela como
instancia adicional:

Radicación: 11001-03-15-000-2023-03585-00
Demandante: Ricardo Quintero Serpa
Demandado: Tribunal Administrativo de Bolívar
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

Argumentos presentados en el proceso Argumentos de la demanda de tutela
ordinario (demanda)
“7. La anterior afirmación que sirve de A juicio del accionante el Tribunal
fundamento a la Entidad para negar las Administrativo de Bolívar, Sala de
peticiones al demandante, es totalmente Decisión No. 001, al momento de declarar
FALSA pues el reajuste del ´índice de de manera Oficiosa la Excepción de la
precios al consumidor IPC de los periodos Cosa Juzgada, vulneró sus derechos
antes referenciados, no se le ha fundamentales, al revocar y negar el fallo
reconocido al demandante dentro de su de primera instancia el cual accedió
asignación de retiro, vulnerando la entidad parcialmente a las pretensiones solicitadas
el derecho a la igualdad que todo en la demanda, desconociendo las
pensionado tiene que sus pensiones anteriores decisiones dictadas por el
pueden ser revisables en cualquier Honorable Concejo de Estado, donde se
momento y como la asignación de retiro ha ordenado al Tribunal Administrativo de
del demandante se asimila a una pensión, Bolívar, a cambiar su tesis sobre el tema
es provechoso de tal revisión, un sin objeto de estudio, respecto de la no
número de veces, siempre y cuando el existencia de la cosa juzgada, de
demandante considere que la entidad conformidad a las sentencias de tutelas
encargada de efectuar la liquidación no lo proferidas por el Consejo de Estado en
hace de manera correcta (…)” sus distintas secciones, donde se ha
indicado que para estos casos no se
“Es de aclarar al despacho que se recurre configura la excepción de cosa juzgada;
nuevamente a la jurisdicción contenciosa razón suficiente que conlleva al accionante
administrativa por existir precedentes a considerar presuntamente vulnerado su
judiciales sobre el tema de la no existencia derecho fundamental a la igualdad,
de la cosa juzgada, sobre la reliquidación seguridad jurídica y desconocimiento del
del concepto del IPC, cuando el precedente judicial, frente a los demás
demandante inicia un nuevo proceso, en pensionados de la fuerzas publica, que
razón que su asignación de retiro no fue han iniciado demanda por los mismo
reajustada en debida forma, y le es dable hechos facticos y jurídicos, y que en
a él pedir en cualquier tiempo su revisión y algunas ocasiones como el caso del
se le modifique lo que anteriormente se le accionante, han sido resueltos por el
había negado, acogiéndose al principio de Consejo de Estado a través de autos
favorabilidad e irrenunciabilidad de los interlocutorios y sentencias de tutela
derechos y garantías sociales, lo mismo contra las providencias judiciales que han
que la habilitación del artículo 164 del declarado la excepción de cosa juzgada
CPACA y lo indicado por las sentencias frente a la reliquidación por concepto del
referenciadas en el acápite de hechos IPC de la asignación de retiro, de dicho
Numeral 9”. personal, fallos que han, ordenando a los
distintos tribunales del país, proferir una
Citó la sentencia proferida el 10 de mayo nueva sentencia ordenado el
de 2018 por la Sección Segunda reconocimiento de sus pretensiones
Subsección A de esta corporación, dentro solicitadas en la demanda.
del radicado No. 05001-23-33-000-2017-
00277-01 (3952-17), en donde se indicó Aunado a lo anterior considera el
que el principio de cosa juzgada puede accionante que el Tribunal Administrativo
relativizarse en los casos en donde se de Bolívar, Sala de Decisión No.

001,
pretenda el reconocimiento y pago de una errará al interpretar dicha excepción, y
prestación periódica como lo son las desconoció el precedente jurisprudencial,
pensiones, como quiera que las existente del Consejo de Estado que ha
decisiones contrarias a las reclamaciones ordenado al mismo Tribunal, cambiar sus
de los asociados, tan solo producen fallos y en su lugar dictar una nueva
efectos vinculantes respecto de las providencia, toda vez, que no se
mesadas que ya fueron objeto de decisión, encuentra configurada, en razón son actos
más no frente a las demás que se causen administrativos diferentes, por lo que no se
con posterioridad a la ejecutoria de la cumple el requisito de la identidad de
providencia. objeto conforme a la jurisprudencia del
Consejo de Estado, y más aún cuando se
En la misma ocasión, recalcó que por debaten prestaciones periódicas, pues ello
tratarse de un derecho pensional, conduce a vulnerar los postulados del
considerado prestación periódica el Estado Social de Derecho establecido en
demandante podía solicitar la reliquidación nuestra Carta Política, como los derechos
de su mesada cuantas veces quiera. fundamentales al debido proceso,
igualdad, mínimo vital, y móvil, a los
Citó la sentencia proferida por la Sección derechos de la tercera edad, favorabilidad,
Quinta de esta Corporación el 27 de legalidad, seguridad jurídica y los

Radicación: 11001-03-15-000-2023-03585-00
Demandante: Ricardo Quintero Serpa
Demandado: Tribunal Administrativo de Bolívar
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

septiembre de 2018, dentro del proceso derechos adquiridos, y desconocimiento al
No. 11001-03-15-000-2018-01588-01, precedente Judicial establecido por el
donde se indicó que en materia de Honorable Consejo de Estado mediante
reajuste de la asignación de retiro con las siguientes providencias donde se han
IPC, no existe identidad de objeto cuando decidido a favor casos similares, con los
se depreca la nulidad de actos mismos fundamentos facticos y jurídicos al
administrativos diferentes. del accionante, las cuales me permito
referenciar: (cita sentencias de esta
corporación, entre ellas, las dos que se
citan en la columna izquierda).

Con claridad, la Sala observa que en el proceso ordinario y en la demanda de
tutela, el señor Ricardo Quintero Serpa planteó que frente a la discusión
encaminada al reajuste de su asignación de retiro con el IPC correspondiente a
los años 2001, 2002, 2003 y 2004, y la modificación de la base prestacional a
partir del año 2005, no existe cosa juzgada porque no hay identidad de objeto,
dado que se trata de diferentes actos administrativos diferentes, y que por ser una
prestación periódica podía solicitar su reliquidación en sede administrativa y
judicial en varias oportunidades, en razón a que la decisión contenida en una
sentencia solo afecta las mesadas causadas y no las futuras.

Lo anterior, fue estudiado y resuelto por el Tribunal Administrativo de Bolívar en la
sentencia objeto de reparo, después de realizar un análisis fáctico, normativo y
jurisprudencial sobre su competencia para estudiar de oficio la cosa juzgada, y a
cada uno de los elementos que configuran dicha institución, concluyó que se
daban las razones para reconocer su existencia. Así se lee la providencia:

Como se ha explicado, la excepción de cosa juzgada se configura cuando en
el nuevo litigio concurren tres (3) elementos, a saber: (i) identidad de partes,
(ii) identidad de objeto e (iii) identidad de causa petendi9. Bajo ese entendido,
procederá el Tribunal a analizar la concurrencia de estos elementos en el
presente caso.

i) Identidad de partes.

De la comparación que antecede se observa que el señor Ricardo Quintero
Serpa ha sido el demandante en ambos procesos y que la entidad
demandada fue la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares (CREMIL). Por lo
anterior, es claro que existe identidad de partes, en los dos procesos
judiciales, tanto en el sujeto activo como en el pasivo.

ii) Identidad de objeto.

9 “Identidad de objeto, es decir, la demanda debe versar sobre la misma pretensión material o
inmaterial sobre la cual se predica la cosa juzgada. Se presenta cuando sobre lo pretendido existe
un derecho reconocido, declarado o modificado sobre una o varias cosas o sobre una relación
jurídica. Igualmente se predica identidad sobre aquellos elementos consecuenciales de un derecho
que no entendido, procederá el Tribunal a analizar la concurrencia de estos elementos en el
presente caso”.

Radicación: 11001-03-15-000-2023-03585-00
Demandante: Ricardo Quintero Serpa
Demandado: Tribunal Administrativo de Bolívar
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

Radicación: 11001-03-15-000-2023-03585-00
Demandante: Ricardo Quintero Serpa
Demandado: Tribunal Administrativo de Bolívar
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

Confrontando la información del recuadro, se advierte que ambas demandas
persiguen sustancialmente las mismas pretensiones, esto es, el reajuste de la
asignación de retiro del señor Ricardo Quintero Serpa conforme al Índice de
Precios al Consumidor (IPC) para el periodo de 1997 a 2004 (proceso 003-
2018- 00235-01) y, entre el lapso de 2001 a 2004 (proceso 010-2020-00010-
01).

Contrario a lo manifestado por el juzgado de instancia, no se evidencia
diferencias respecto a la pretensión de modificar la base prestacional del
demandante. Esta pretensión se encuentra prevista en el ordinal quinto del
proceso 003-2008-00235-01, así como en el ordinal cuarto del expediente
bajo radicado número 001-2020-00010-01. Inclusive, se constata que la
pretensión de indexar de las sumas de dinero también aparece en ambas
demandas.

Las únicas diferencias que se vislumbran son las pretensiones segunda, sexta
y octava del proceso 001-2020-00010-01, donde se pide (i) la declaratoria de
nulidad de actos administrativos diferentes al proceso original, (ii) la aplicación
de la prescripción cuatrienal, y finalmente, (iii) que se aclare que no prospera
la excepción de cosa juzgada. Sin embargo, estas tres (3) súplicas de la
demanda están ligadas a la prosperidad de la pretensión de reajustar la
asignación de retiro del demandante conforme al IPC. Por lo tanto, atentaría
contra el principio de seguridad jurídica, permitir que estas diferencias tengan
la virtualidad de obviar el estudio de la cosa juzgada en el presente asunto.

En recientes pronunciamientos, el Consejo de Estado ha indicado que
demandar actos administrativos diferentes bajo la misma finalidad, no
permite prescindir de la configuración de la “identidad de objeto”. Por
ejemplo, en las sentencias del 17 de febrero10 y 10 de noviembre de 202211 se

10 “iii) Resulta claro que existe identidad de objeto entre los dos procesos referidos, esto es, se

intenta que se resuelva nuevamente sobre la pretensión de reconocimiento de la pensión gracia.
Ahora, si bien los actos administrativos demandados no son los mismos, esto se debe a que se

Radicación: 11001-03-15-000-2023-03585-00
Demandante: Ricardo Quintero Serpa
Demandado: Tribunal Administrativo de Bolívar
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

decretó la excepción de cosa juzgada, por cuanto, los demandantes
perseguían demandar un nuevo acto administrativo en el que se les negaba el
reconocimiento de la pensión gracia, a pesar de que anteriormente ya habían
obtenido una sentencia desfavorable a sus intereses por parte de la
jurisdicción de lo contencioso administrativo.

En consecuencia, la Sala encuentra comprobada la identidad de objeto en el
presente caso, ya que, este nuevo proceso (radicado número 001-2020-
00010-01) busca la prosperidad de una serie de pretensiones que ya habían
sido resueltas por el Tribunal Administrativo de Bolívar mediante la sentencia
del 25 de noviembre de 2010, identificada bajo radicado 003-2008-00235-01.

De hecho, al realizar una búsqueda de la jurisprudencia que resultaba
aplicable al presente caso, se pudo evidenciar que el señor Ricardo Quintero
Serpa promovió una acción de tutela contra la sentencia del 25 de noviembre
de 2010 proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, la cual, fue
rechazada por improcedente por la Sección Segunda del Consejo de Estado
en sentencia del 14 de abril de 201129, y confirmada por el fallo de tutela del
16 de junio de 2011 expedido por la Sección Cuarta del Consejo de Estado12.

En ese orden de ideas, se concluye que el señor Ricardo Quintero Serpa ha
intentado revivir la discusión planteada en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho, bajo radicado 003-2008-00235-01 resuelto hace
más de diez (10) años por esta Corporación Judicial, a través del agotamiento
de una nueva reclamación administrativa.

iii) Identidad de causa.

Como se puede ver, los fundamentos fácticos de ambas demandas presentan
identidad en la causa. Los procesos objeto de análisis, buscan establecer la
procedencia de la reliquidación de la asignación de retiro del señor Ricardo
Quintero Serpa durante el periodo de 2001 a 2004, y subsiguientes.

Además, el principal sustento normativo de ambos procesos es el parágrafo
4° del artículo 279 de la Ley 100 de 1993, adicionado por el artículo 1° de la
Ley 238 de 1995, según el cual, “[l]as excepciones consagradas en el
presente artículo no implican negación de los beneficios y derechos

provocó el pronunciamiento de la administración en dos oportunidades, para que se resolviera
sobre igual punto, en los que, en efecto, se tomó idéntica decisión denegatoria.” (Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección A, M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas, Rad. No. 15001-
23-33-000-2019-00109-01 (3178-2021), sentencia del 17 de febrero de 2022).
11 “En lo que atañe a la identidad de objeto, se constata que, si bien los actos administrativos

demandados difieren, los dos procesos analizados tienen como finalidad el reconocimiento y pago
de la pensión gracia a la demandante y la cancelación de las mesadas dejadas de percibir.”
(Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, C.P. William Hernández Gómez, Rad. No.
25000-23-42-000-2014- 01304-01 (0479-2017), Sentencia del 10 de noviembre de 2022).
12 “En el presente caso, se observa que para adoptar la decisión motivo de inconformidad, el

Tribunal Administrativo de Bolívar, sí tuvo en cuenta el precedente judicial señalado por el actor en
el escrito de tutela, sin embargo, al aplicarlo al caso concreto, consideró que en virtud del principio
de favorabilidad, dicho precedente no podía aplicarse por cuanto la fórmula empleada por la Caja
de Retiro de las Fuerzas Militares era más beneficiosa para el actor. A partir de esa conclusión, la
autoridad judicial accionada se apartó de acatar el referido precedente, sin que ello sea una causal
que configure vía de hecho como lo alega el actor.” (Consejo de Estado, Sección Cuarta, M.P.
Martha Teresa Briceño de Valencia, rad. No. 11001-03-15-000-2011-00284-01(AC), sentencia del
16 de junio de 2011).

Radicación: 11001-03-15-000-2023-03585-00
Demandante: Ricardo Quintero Serpa
Demandado: Tribunal Administrativo de Bolívar
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

determinados en los artículos 14 y 142 de esta ley para los pensionados de
los sectores aquí contemplados”.

Con base en este precepto legal, ambas demandas buscaban que se aplicara
el artículo 14 de la Ley 100 de 1993 a la situación pensional del señor Ricardo
Quintero Serpa, en el sentido de reajustar su asignación de retiro conforme a
la variación porcentual del Índice de Precios al Consumidor, (IPC) certificado
por el DANE para los años de 2001 a 2004.

En ese orden de ideas, resolver los cargos de la presente demanda supone
pronunciarse sobre un asunto que ya fue debatido y objeto de sentencia
judicial que quedó debidamente ejecutoriada e hizo tránsito a cosa juzgada,
razón por la cual resulta improcedente volver analizar hechos y pretensiones
ya juzgados, a efectos de modificarlas mediante la adopción de una nueva
providencia. Es decir, debe salvaguardarse la institución de la cosa juzgada,
con independencia de que se discuta el reconocimiento de una prestación
periódica, pues se trata de una figura que goza de protección constitucional y
garantiza la seguridad jurídica en el marco de un Estado Social de Derecho.

En síntesis, el Tribunal Administrativo de Bolívar, apoyado en jurisprudencia
emitida por la Sección Segunda de esta Corporación —autoridad judicial de cierre
de la controversia examinada—, consideró que, contrario a lo señalado por el a
quo, en el debate propuesto por el señor Ricardo Quintero Serpa se configuró la
excepción de cosa juzgada, porque se presentaron los tres elementos que la
estructuran: identidad de partes, de objeto y de causa, teniendo en cuenta que la
identidad de objeto no se circunscribe a que los actos demandados sean los
mismos, sino que haciendo una interpretación más amplia, aquella se consolida
cuando la pretensión es la misma, en este caso, el reajuste de la asignación de
retiro con el IPC correspondiente a los años 2001 a 2004, y el posterior incremento
de la base prestacional.

Como lo constató el Tribunal Administrativo de Bolívar en los dos procesos el
accionante pretende que se aplique el reajuste a su prestación con el IPC
correspondiente a los años 2001 a 2004 y se verifique la incidencia en la base
prestacional a partir del 2005, situación que ya fue definida en el proceso
anterior13, y sobre el particular en segunda instancia se indicó:

En los años 1996 a 2004 no se evidencia que el pensionado hubiera sufrido
detrimento en el valor final del reajuste de su asignación de retiro (entre el
reconocido por la entidad demandada con aplicación del sistema oscilatorio y
el resultante de la aplicación del IPC). Es cierto que en unos años al comparar
los porcentajes de reajuste aplicados (del sistema oscilatorio y el IPC) se
encuentra que los porcentajes del IPC son mayores, pero, al aplicarlos a la
mesada del año anterior en su respectivo sistema, el resultado final sigue
siendo inferior en su valor al que la entidad reconoció al pensionado. En esas
condiciones, no aparece demostrado que el pensionado hubiera sufrido
detrimento económico en el lapso analizado por el hecho de haber sido
aplicado el reajuste de su asignación por el sistema oscilatorio especial y
propio del régimen prestacional de la fuerza pública; por tanto, en este caso, y
teniendo en cuenta el principio de favorabilidad (aplicación de la norma más

13En primera instancia, dentro del proceso No. 13-001-23-3-003-2008-00235-01, fue proferida
sentencia el 21 de octubre de 2008 por el Juzgado Séptimo Administrativo de Cartagena. En
segunda instancia, se pronunció el Tribunal Administrativo de Bolívar, en sentencia del 25 de
noviembre de 2010.

Radicación: 11001-03-15-000-2023-03585-00
Demandante: Ricardo Quintero Serpa
Demandado: Tribunal Administrativo de Bolívar
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

favorable al trabajador) no resulta quebrantado, por tal razón, el artículo 14 de
la ley 100 de 1993.

Ahora bien, pese a que el accionante en su escrito de demanda solicita el
reajuste de su asignación de retiro conforme al IPC desde el año 1997 hasta
la fecha de la sentencia que ponga fin a la presente contienda judicial, la Sala
solo analizó dicha petición hasta la anualidad de 2004, puesto que, el reajuste
de la asignación de retiro conforme al IPC solo podrá aplicarse en el caso que
resulte más favorable al empleado hasta el año de 2004, dado que, con la Ley
923 de 2004, el legislador volvió a consagrar expresamente el sistema de
oscilación, como fórmula para incrementar las asignaciones de retiro de los
miembros de la fuerza pública.

Lo anterior evidencia que en esa oportunidad se analizó el reajuste con el IPC
correspondiente a los años 2001 a 2004 y se llegó a la conclusión de que no debe
reajustarse la prestación con el IPC, porque en comparación al incremento
realizado en aplicación del principio de oscilación, al actor no le favorece.

Asimismo, el Tribunal hizo expresa referencia al fenómeno de la cosa juzgada
relativa que ocasionalmente se ha aplicado en materia pensional, y se apartó de
dicha tesis, con fundamento en pronunciamientos jurisprudenciales de esta
Corporación:

El fenómeno procesal de la cosa juzgada opera, incluso, cuando se discute el
reconocimiento o reliquidación de pensiones, dado que, la Sala Plena del
Consejo de Estado descartó la tesis de la “cosa juzgada relativa”. El órgano
de cierre indicó que debe salvaguardarse la aplicación del principio de
seguridad jurídica, al considerar que los cambios jurisprudenciales no pueden
afectar las situaciones que fueron decididas por una autoridad judicial14.

Igualmente, la autoridad judicial acusada se refirió a la posibilidad de declarar
oficiosamente la excepción de cosa juzgada en el trámite de segunda instancia,
aun cuando no se hubiese formulado este argumento en el recurso de apelación, y
fundamentó su tesis en providencias de esta corporación, como la proferida el 6
de junio de 2019 por la Sección Segunda, Subsección A15, y la del 2 de febrero de
2023, emitida por la Subsección B de la misma Sección16.

Para la Sala, los argumentos expuestos por la autoridad accionada son razonables
y no merecen reproche alguno desde el punto de vista constitucional, y el hecho
de que la parte actora no los comparta, no habilita al juez de tutela para volver a
estudiar un asunto que ya fue decidido razonablemente y con suficiente
motivación por el Tribunal Administrativo de Bolívar.

14 «La Sala Plena de esta Corporación, por regla general, ha dado aplicación al precedente en

forma retrospectiva, método al que se acudirá en esta sentencia, disponiendo que las reglas
jurisprudenciales que se fijaron en este pronunciamiento se aplican a todos los casos pendientes
de solución tanto en vía administrativa como en vía judicial a través de acciones ordinarias; salvo
los casos en los que ha operado la cosa juzgada que, en virtud del principio de seguridad jurídica,
resultan inmodificables». (Consejo de Estado, Sala Plena, M.P. César Palomino Cortés, Rad. No.
52001-23-33-000- 2012-00143-01(IJ), Sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018).
15 Rad. No. 73001-23-33-000-2016-00224-01(1107-17).
16 Rad. No. 50001-23-33-000-2017-00547-01 (6304-2019).

Radicación: 11001-03-15-000-2023-03585-00
Demandante: Ricardo Quintero Serpa
Demandado: Tribunal Administrativo de Bolívar
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

Este mecanismo de estirpe constitucional no puede convertirse en el único y
preferido medio de la parte que pierde el pleito u obtiene una decisión contraria a
sus intereses.

En suma, se concluye, que lo que existe en el presente caso es una discrepancia
de criterio de la parte actora con la providencia demandada, diferencia que, en
sentir de la Sala, no constituye razón suficiente ni valedera para que el juez de
tutela intervenga, por lo que se impone declarar improcedente la tutela, por cuanto
no cumplió el requisito de relevancia constitucional.

De otra parte, es cierto que en muchas oportunidades esta corporación en sede
de tutela amparó los derechos fundamentales invocados cuando se ha declarado
la cosa juzgada en casos de reajuste de asignaciones de retiro con el IPC.

Sin embargo, al amparo se llegó porque algunas veces, en el primer proceso se
discutieron unas anualidades y en el segundo otras17; o porque habiéndose
ordenado el reajuste en la primer sentencia quedó pendiente definir la incidencia
en la base prestacional a partir del 2005, lo que se persigue en el segundo
proceso18; o incluso, porque no se definió la pretensión de reajuste de fondo por
haberse declarado una prescripción que a la postre se descarta 19, pero esas
situaciones particulares no coinciden con la expuesta en el caso concreto.

En todo caso, los pronunciamientos han sido tutelas que, como bien es sabido,
tienen efectos inter partes y no constituyen precedente vinculante, sin embargo, el
juez natural de la causa puede tenerlas en cuenta como criterio auxiliar o
apartarse de ellas, como lo hizo el Tribunal accionado.

Finalmente, es importante indicar que contra las providencias de primera y
segunda instancia proferidas dentro del proceso ordinario No. 13-001-23-33-003-
2008-00235-01, el actor interpuso acción de tutela20, que fue declarada
improcedente por esta Corporación en sentencia de 14 de abril de 2011 proferida
por la Sección Segunda, Subsección A, confirmada por la Sección Cuarta el 16 de
julio de la misma anualidad.

17 Es el caso de la sentencia invocada por el accionante, proferida el 3 de octubre de 2019 por la

Sección Quinta, con ponencia de la consejera Rocío Araújo Oñate, dentro del proceso No. 11001-
03-15-000-2019-03899-00.
18 Es el caso de la sentencia invocada por el accionante, proferida el 11 de diciembre de 2020 por

la Sección Primera, con ponencia del consejero Hernando Sánchez Sánchez, dentro del proceso
No. 11001-03-15-000-2020-04782-00.
19 Ver el fallo proferido el 27 de mayo de 2021 por la Sección Quinta, con ponencia del consejero

Carlos Enrique Moreno Rubio, dentro del proceso No. 11001-03-15-000-2021-01925-00(AC).
20 Radicado No. 11001031500020110028400.

Radicación: 11001-03-15-000-2023-03585-00
Demandante: Ricardo Quintero Serpa
Demandado: Tribunal Administrativo de Bolívar
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

PRIMERO. Negar la solicitud de amparo presentada por el señor Ricardo Quintero
Serpa contra el Tribunal Administrativo de Bolívar, en lo atinente a la violación del
principio de no reformatio in pejus.

SEGUNDO. Declarar improcedente la acción de tutela en lo que tiene que ver
con los defectos sustantivo, violación directa de la Constitución y desconocimiento
del precedente, respecto de la declaratoria de cosa juzgada.

TERCERO. Notifíquese a las partes y a los interesados por el medio más
expedito y eficaz.

CUARTO. Si no se impugna, por Secretaría General, envíese el expediente de
tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF

Esta providencia fue discutida en sala de la fecha del encabezado y firmada
electrónicamente mediante el aplicativo SAMAI. La autenticidad e integridad de su
contenido pueden ser validadas escaneando el código QR que aparece a la
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https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx.

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