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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-03641-00

Fecha
11 de agosto de 2023
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-03641-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Negar el amparo de los derechos fundamentales de Jesús David Ballestas Castro, en la solicitud de tutela presentada contra la Presidencia de la República, la Unidad Nacional de Protección, la Fiscalía General de la Nación y el Servicio Nacional de Aprendizaje, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. Segundo. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Tercero. Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2023-03641-00

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

11 de agosto de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., once (11) de agosto de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2023-03641-00
Demandantes: Jesús David Ballestas Castro
Demandados: Presidencia de la República y otro.

Temas: Derecho a la vida, a la seguridad personal y a la educación de
persona reinsertada a la vida civil

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
__________________________________________________________________

Decide la Sala la solicitud de tutela formulada por Jesús David Ballestas Castro,
en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución
Política, y desarrollada en los decretos 2591 de 1991, 1069 de 2015 y 333 de 2021.

1. Antecedentes

1.1. La solicitud

Jesús David Ballestas Castro promovió solicitud de tutela con el fin de que se
ampararan sus derechos fundamentales a la vida, a la seguridad personal y a la
educación, los cuales consideró vulnerados con ocasión de las presuntas omisiones
en que han incurrido la Presidencia de la República, la Unidad Nacional de
Protección,1 la Fiscalía General de la Nación y el Servicio Nacional de Aprendizaje2
en su proceso de reinserción a la vida civil, en tanto la etapa productiva del curso
de técnico en servicios de recepción hotelera se encuentra truncada, ha recibido
amenazas por parte de grupos armados y no se le han otorgado medidas de
protección.

Como fundamento de la solicitud de amparo expuso lo siguiente3:

i) Jesús David Ballestas Castro es firmante del acuerdo de paz celebrado entre las
FARC EP y el gobierno nacional, y actualmente es aprendiz del SENA, sin embargo,
el desarrollo de la etapa productiva se vio suspendida, toda vez que el sitio hotelero
donde la iba a realizar no abrió convocatoria este año por cuestiones económicas.

1 En adelante UNP
2 En adelante SENA
3 Archivo obrante en el índice 2 del SAMAI.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2023-03641-00
Demandante: Jesús David Ballestas Castro

ii) La encargada de los enlaces corporativos del SENA habló con el Hotel Tiuna,
para que pudiera realizar las prácticas allí, pero que, debido a problemas de
seguridad y amenazas de muerte por parte de grupos armados, se le recomendó
por la UNP no encontrarse en la calle durante las tardes y noches, y que si bien se
le reconocieron medidas de seguridad estas no se han implementado.

iii) La jefa de contratos del SENA decidió retirar al demandante del Hotel Sea
Avenue para proteger su imagen corporativa y la de los demás trabajadores, sin
reconocerle los días laborados, lo que afecta el reporte de sus compromisos con la
Agencia para la Reincorporación y Normalización.

iv) Desde el 18 de agosto de 2022 ha recibido amenazas de forma persistente, al
ser nombrado consejero político departamental del Partido Comunes en el
Archipiélago de San Andrés; por lo que acudió ante la JEP para que intervenga y le
ayude a tramitar sus denuncias, sin que se hubiera hecho nada al respecto.

iv) La parte demandante consideró que las entidades demandadas vulneraron sus
derechos fundamentales, en tanto, i) la Fiscalía General de la Nación no ha
intervenido en su situación; ii) el SENA no ha garantizado la culminación de su
proceso de aprendizaje y iii) la UNP no le ha asignado un esquema de seguridad
acorde a las circunstancias narradas.

1.1.2. Pretensiones

Con fundamento en la situación fáctica expuesta, solicitó lo siguiente:

«[…] 1. Ordenar a la FGN recibir las denuncias por los hechos que se han venido
presentando desde que fue nombrado Consejero.

2. Ordenar al SENA, Regional de San Andrés Islas, permitirle realizar su etapa
productiva.

3. Qué el Estado colombiano, brinde las garantías para su reincorporación social,
educativa, y económica a la vida civil […]».

1.2. Informes rendidos en el proceso

1.3.1. El Departamento Administrativo de Presidencia de la República4 solicitó
la desvinculación del asunto por falta de legitimación en la causa por pasiva. De
manera, subsidiaria pidió negar las pretensiones de amparo ante la inexistencia de
una acción u omisión de su parte que amenace o vulnere los derechos
fundamentales del demandante.

4 Archivo obrante en el índice 12 del SAMAI en actuación denominada
RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECT RONICO_ANEXO20230292900(.pdf) NroActua 12

2

Radicado: 11001-03-15-000-2023-03641-00
Demandante: Jesús David Ballestas Castro

1.3.2. La Fiscalía General de la Nación5 manifestó no haber vulnerado derechos
fundamentales en el sub lite, para lo cual especificó que garantizó el derecho de
acceso a la justicia del demandante al recibir la denuncia que presentó por el delito
de amenazas a la que le correspondió el número de noticia criminal
880016001208202250570; asimismo se le indicó que debía presentarse ante el
fiscal de conocimiento para tratar sobre las nuevas amenazas recibidas, sin que
aquél hiciera lo propio.

1.3.3. La Unidad Nacional de Protección6 solicitó la desvinculación de la solicitud
de tutela, en tanto las pretensiones de la parte actora no tienen conexidad con las
funciones de la entidad, por lo que resaltó que es el SENA y la FGN quienes deben
pronunciarse respecto a los requerimientos de la parte actora. Además, señaló que,
de considerarse justificada su vinculación, debe declararse improcedente el amparo
por inexistencia de vulneración de los derechos fundamentales invocados, pues ha
realizado las actuaciones pertinentes, de acuerdo con el marco legal que la rige.

1.3.4. Los demás terceros con interés en el resultado del proceso guardaron
silencio.7

2. Consideraciones

En atención a los argumentos expuestos en el escrito de impugnación y a las
pruebas que obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración
en el siguiente orden: i) competencia para decidir; ii) determinación del problema
jurídico; iii) procedencia de la tutela – de los derechos a la vida y la seguridad
personal y iv) análisis de la Sala.

2.1. Competencia

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y el 1
del Decreto 333 del 6 de abril de 20218 esta Sala es competente para conocer de la
presente solicitud de amparo contra la Presidencia de la República y otros.

2.2. Problema jurídico

5 Archivo obrante en el índice 8 del SAMAI en actuación denominada
RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_CORREO_CAROLINAGUZ(.pdf) NroActua
8
6 Archivo obrante en el índice 12 del SAMAI en actuación denominada
RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_CORREO_JEIMYTATIAN(.pdf) NroActua
12
7 Mediante auto del 6 de julio de 2023, se admitió la tutela de la referencia y se ordenó vincular al

Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), la Fiscalía Seccional de San Andrés Islas y la Jurisdicción
Especial para la Paz (JEP).
8 Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,

Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción
de tutela.

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Radicado: 11001-03-15-000-2023-03641-00
Demandante: Jesús David Ballestas Castro

La Sala deberá definir si: ¿las autoridades demandadas vulneraron los derechos
fundamentales de Jesús David Ballestas Castro con ocasión de las presuntas
omisiones en las que pudieron incurrir relacionadas con la recepción de sus
denuncias por amenazas, otorgamiento de medidas de protección e implementación
de la etapa productiva de un programa de aprendizaje del SENA?

2.3. De la procedencia de la acción de tutela.

El artículo 86 constitucional señala que: «[…] Esta acción solo procederá cuando el
afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable […]». A su vez, el artículo 6
del Decreto 2591 de 1991 dispone las causales de improcedencia de la solicitud de
amparo:

«[…] 1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla
se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia
de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las
circunstancias en que se encuentra el solicitante. […]»

Como se observa, la solicitud de tutela es de carácter subsidiario y así lo ha definido
la Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia9, es decir, no es un mecanismo
de defensa judicial alternativo o supletorio de los recursos o medios ordinarios
previstos por el legislador para el amparo de un derecho y tampoco constituye un
último y único medio judicial para alegar la amenaza o vulneración de un derecho,
pues es la tutela el mecanismo preferente de protección de los derechos
fundamentales, cuyo ejercicio conduce a la obtención de un amparo efectivo e
inmediato frente a los actos u omisiones que los amenacen o vulneren.

2.3.1. Del derecho a la vida digna

La Constitución Política de 199110 definió el derecho a la vida como uno de los
pilares y valores superiores del Estado Social de Derecho dada su inviolabilidad,
razón por la cual debe prevalecer y ser garantizado por todas las autoridades y
entidades públicas y privadas. La Corte Constitucional en sentencia SU-677 de
2017, recordó lo dicho por esa corporación al respecto:

9 Ver, entre muchas otras, las sentencias: T-1140 de 2004, T-1093 de 2004, T-514 de 2003 y T-1121

de 2003.
10 PREÁMBULO. El pueblo de Colombia, en ejercicio de su poder soberano, representado por sus

delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente, invocando la protección de Dios, y con el fin de
fortalecer la unidad de la Nación y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la
justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y
participativo que garantice un orden político, económico y social justo, y comprometido a impulsar la
integración de la comunidad latinoamericana, decreta, sanciona y promulga la siguiente:
ARTICULO 11. El derecho a la vida es inviolable. No habrá pena de muerte.

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Demandante: Jesús David Ballestas Castro

«[…] 29. Ahora bien, desde sus inicios esta Corporación ha reconocido el carácter
prevalente que tiene el derecho a la vida y la obligación de todas las autoridades
públicas y privadas de protegerlo. En particular, en la sentencia T-535 de
1992[79] señaló que:

“[l]a Constitución protege a las personas contra toda acción u omisión de cualquier
naturaleza, que objetivamente ponga en peligro la vida de un ser humano. Ello se
fundamenta en la característica de inviolabilidad que es de la esencia misma del
mencionado derecho. Esto significa que la vida es un valor ilimitado como
correlativamente lo es su protección”. (Negrilla fuera del texto original).

Adicionalmente, resaltó que el derecho a la vida es la base para ejercer los demás
derechos reconocidos en nuestro ordenamiento jurídico, y en esa medida, constituye un
presupuesto indispensable para que cualquier persona pueda ser titular de derechos y
de obligaciones. En este sentido, el Estado debe adoptar todas las medidas que permitan
a las personas vivir en condiciones dignas.

En relación con lo anterior, en la sentencia T-444 de 1999[80], este Tribunal señaló
que la protección constitucional del derecho a la vida no solamente consiste en la
posibilidad de existir, sino que se deben tener en cuenta las condiciones en las
que ello se haga, pues supone la garantía de una existencia digna. En
consecuencia, las autoridades estatales tienen la obligación de proteger a todas
las personas en su vida, entendida desde un sentido amplio como “vida plena”, lo
que incluye la integridad física, psíquica y espiritual, la salud, y en general las
condiciones mínimas materiales necesarias para la existencia digna.

Asimismo, la sentencia T- 860 de 1999[81], reiterada en la T-675 de 2011[82], señaló que
la muerte no es la única circunstancia contraria al derecho fundamental a la vida, sino
todo aquello que la haga insoportable y hasta indeseable. Además indicó que:
“El dolor o cualquier otro malestar que le impida al individuo desplegar todas las
facultades de que ha sido dotado para desarrollarse normalmente en sociedad, ha dicho
la Corte, aunque no traigan necesariamente su muerte, no solamente amenazan, sino
que rompen efectivamente la garantía constitucional señalada, en tanto que hacen
indigna su existencia”.

30. En el mismo sentido, la sentencia T-536 de 2007[83], señaló que esta Corporación
adoptó un concepto amplio del derecho a la vida, que no sólo tiene en consideración el
aspecto biológico, sino que también abarca el reconocimiento y la búsqueda de la vida
digna. En esta medida, afirmó que el que artículo 11 Superior debe interpretarse en
relación con el principio de dignidad humana, lo que significa que las personas deben
alcanzar un estado lo más lejano posible al sufrimiento y tener todas las facultades para
desempeñarse en sociedad como individuos normales y con una óptima calidad de vida.

Ahora bien, esta Corte también se ha pronunciado sobre la vinculación del derecho a la
vida y el ejercicio de otros derechos. En particular en la sentencia T-645 de
1998[84] reiterada en la T-062 de 2006[85], este Tribunal destacó que en el derecho a la
vida se encuentran comprendidos otros derechos como la salud y la integridad física, lo
que implica que el Estado adopte todas las medidas correspondientes para la
satisfacción de tales derechos.

31. En esta oportunidad, la Corte reitera las reglas jurisprudenciales que establecen que
el derecho a la vida: (i) tiene una protección prevalente en la Constitución Política de
1991 y en la concepción del Estado Social de Derecho; (ii) constituye un presupuesto
indispensable para que una persona pueda ser titular de otros derechos y de
obligaciones; (iii) no solamente consiste en la posibilidad de existir, sino que debe

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Demandante: Jesús David Ballestas Castro

presuponer la garantía de una existencia digna y (iv) comprende la protección de otros
derechos fundamentales como la salud y la integridad física. […]»

2.3.2. El derecho a la seguridad personal

La Corte Constitucional lo definió como aquél que faculta a las personas para recibir
protección adecuada por parte de las autoridades, en aquellos casos en los cuales
están expuestos a riesgos excepcionales que no tienen el deber jurídico de
soportar11.

De un lado, la jurisprudencia constitucional ha determinado diferentes escalas de
riesgos con el fin de identificar objetivamente cuándo una persona puede solicitar
protección especial por parte del Estado12, clasificación que resulta de gran
importancia para diferenciar «el campo de aplicación del derecho a la seguridad personal
de las órbitas de otros dos derechos fundamentales con los cuales está íntimamente
relacionado, sin confundirse con ellos: la vida y la integridad personal»13.

En sentencia T-339 de 2010 precisó la diferencia entre «riesgo» y «amenaza» con
el fin de determinar en qué ámbito se hace necesario que la administración otorgue
medidas de protección especial, para lo cual explicó:

«[…] El riesgo es siempre abstracto y no produce consecuencias concretas, mientras
que la amenaza supone la existencia de señales o manifestaciones que hagan suponer
que algo malo va a suceder. En otras palabras, la amenaza supone la existencia de
signos objetivos que muestran la inminencia de la agravación del daño. Por este motivo,
cualquier amenaza constituye un riesgo pero no cualquier riesgo es una amenaza […]».

11 Sentencia T-339 de 2010. En este caso un ciudadano interpuso acción de tutela contra el Ministerio

del Interior, con el objetivo de obtener la protección de sus derechos fundamentales a la vida y a la
igualdad, presuntamente vulnerados por la actitud omisiva de la entidad demandada, puesto que su
esquema de seguridad no funcionaba en condiciones óptimas. Esta corporación tuteló el derecho a
la seguridad personal y ordenó a la accionada que equipara a los dos escoltas y pusiera a su
disposición un carro que le permitiera desplazarse con seguridad, advirtiendo que dichos
mecanismos debían tomarse hasta que el Comité de Reglamentación y Evaluación de Riesgos
determinará si el actor debía estar o no cobijado por tales mecanismos. Adicionalmente, pidió al
accionante que presentara solicitud de protección ante el Programa de Protección de Derechos
Humanos del Ministerio en mención, para que fuera el Comité de Reglamentación y Evaluación de
Riesgos el que determinará si tenía derecho a ser beneficiario de tales medidas.
12 Ídem.
13 Sentencia T-234 de 2012. Correspondió a la Corte determinar si la Fiscalía General de la Nación

y el Ministerio del Interior vulneraron los derechos fundamentales a la vida, a la integridad, a la
libertad, a la seguridad personal y al acceso a la justicia de una persona, quien en su condición de
defensora de derechos humanos, víctima de violencia sexual, desplazamiento forzado y constantes
amenazas e intimidaciones, no había sido destinataria de ningún tipo de medida de protección, bajo
la consideración de que el riesgo al que estaba expuesta era de naturaleza ordinaria. Este tribunal
amparó sus derechos y, entre otras medidas, ordenó a las entidades accionadas que,
conjuntamente, valoraran de manera objetiva y razonada la situación de la accionante, incluyendo
las variables que fueran necesarias; al Ministerio del Interior, por intermedio de la UNP, que
dispusiera y materializara las medidas de protección que necesitaba en su condición de defensora
de derechos humanos, las cuales debían ser dispensadas de manera inmediata e ininterrumpida,
mientras se definiera el esquema de seguridad que requería de acuerdo con su situación.

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Decisión en la que también sostuvo que cuando se mencionan los tipos de riesgo,
se refiere «con más exactitud al concepto de amenaza pues no es suficiente con que exista
una contingencia de un posible daño, sino que debe haber alguna manifestación, alguna
señal, que haga suponer que la integridad de la persona corre peligro. De esta manera, no
se debe hablar únicamente de escala de riesgos sino de escala de riesgos y amenazas
pues los dos primeros niveles de la escala se refieren al concepto de riesgo en la medida
en la que, en estos niveles, existe una posibilidad abstracta y aleatoria de que el daño se
produzca. En cambio, en los dos últimos niveles de la escala, ya no existe un riesgo
únicamente, sino que existe una amenaza en la medida en la que existen hechos reales
que, por su sola existencia, implican la alteración del uso pacífico del derecho atacado y
hacen suponer que la integridad de la persona corre peligro […]»

En esta medida, la Corte Constitucional ha explicado la escala de riesgo y amenaza
que debe ser aplicada a situaciones en las que es solicitada protección especial,
así:

«[…] 1) Nivel de riesgo: existe una posibilidad abstracta y aleatoria de que el daño a la
vida o a la integridad personal se produzca. Este nivel se divide en dos categorías: a)
riesgo mínimo: categoría hipotética en la que la persona sólo se ve amenazada por la
muerte y la enfermedad naturales y; b) riesgo ordinario: se refiere a aquel riesgo que
proviene tanto de factores internos como externos a la persona y que se deriva de la
convivencia en sociedad. En este nivel de la escala, los ciudadanos deben soportar los
riesgos que son inherentes a la existencia humana y a la vida en sociedad.
Cuando una persona pertenece a este nivel, no está facultada para exigir del Estado
medidas de protección especial, pues su derecho a la seguridad personal no está siendo
afectado, en la medida en la que el riesgo de daño no es una lesión pero sí, en el mejor
de los casos, un riesgo de lesión.
2) Nivel de amenaza: existen hechos reales que, de por sí, implican la alteración del uso
pacífico del derecho a la tranquilidad y que hacen suponer que la integridad o la libertad
de la persona corren verdadero peligro. En efecto, la amenaza de daño conlleva el inicio
de la alteración y la merma del goce pacífico de los derechos fundamentales, debido al
miedo razonable que produce visualizar el inicio de la destrucción definitiva del derecho.
Por eso, a partir de este nivel, el riesgo se convierte en amenaza. Dependiendo de su
intensidad, este nivel se divide en dos categorías:
a) amenaza ordinaria: Para saber cuándo se está en presencia de esta categoría, el
funcionario debe hacer un ejercicio de valoración de la situación concreta y determinar
si ésta presenta las siguientes características:
(i) existencia de un peligro específico e individualizable. Es decir, preciso, determinado
y sin vaguedades;
(ii) existencia de un peligro cierto, esto es, con elementos objetivos que permitan inferir
que existe una probabilidad razonable de que el inicio de la lesión del derecho se
convierta en destrucción definitiva del mismo. De allí que no pueda tratarse de un peligro
remoto o eventual;
(iii) tiene que ser importante, es decir que debe amenazar bienes o intereses jurídicos
valiosos para el sujeto como, por ejemplo, el derecho a la libertad;
(iv) tiene que ser excepcional, pues no debe ser un riesgo que deba ser tolerado por la
generalidad de las personas y finalmente,
(iv) deber ser desproporcionado frente a los beneficios que deriva la persona de la
situación por la cual se genera el riesgo.
Cuando concurran todas estas características, el sujeto podrá invocar su derecho
fundamental a la seguridad personal para recibir protección por parte del Estado, pues
en este nivel, se presenta el inicio de la lesión del derecho fundamental y, en esta
medida, se presenta un perjuicio cierto que, además, puede o no agravarse. Por estos

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motivos, la persona tiene derecho a que el Estado intervenga para hacer cesar las
causas de la alteración del goce pacífico del derecho o, al menos, para evitar que el
inicio de la lesión se vuelva violación definitiva del derecho.
b) amenaza extrema: una persona se encuentra en este nivel cuando está sometida a
una amenaza que cumple con todas las características señaladas anteriormente y
además, el derecho que está en peligro es el de la vida o la integridad personal. De allí
que, en este nivel, el individuo pueda exigir la protección directa de sus derechos a la
vida y a la integridad personal y, en consecuencia, no tendrá que invocar el derecho a la
seguridad como título jurídico para exigir protección por parte de las autoridades.
Por lo tanto, en el nivel de amenaza extrema, no sólo el derecho a la seguridad personal
está siendo violado sino que, además, también se presenta la amenaza cierta que
muestra la inminencia del inicio de la lesión consumada de los derechos fundamentales
a la vida y a la integridad personal. De allí que, cuando la persona esté en este nivel,
tiene el derecho a que el Estado le brinde protección especializada.
3) Daño consumado: se presenta cuando ya hay una lesión definitiva del derecho a la
vida o a la integridad personal. En el evento de presentarse lo segundo, dicha lesión a
la integridad personal también genera la protección especial no sólo frente a la integridad
personal sino también frente a la vida […]»14

Conforme con lo expuesto, cuando un individuo se encuentra sometido a un nivel
de riesgo normal u ordinario no se presenta vulneración alguna del derecho a la
seguridad personal, ya que los riesgos que emanan de la existencia humana y de
la vida en sociedad deben ser soportados por todas las personas. Por el contrario,
si una persona está sometida a una amenaza concreta, bien sea ordinaria o
extrema, se está en presencia de la alteración del referido derecho por encontrase
en peligro la integridad física o la vida según el caso15. En estos eventos el Estado
tiene la obligación de adoptar los mecanismos de protección en favor de aquellos
individuos que se encuentran sometidos a un nivel de riesgo superior al normal,
siempre que se acrediten al menos sumariamente los hechos que permitan deducir
la existencia de una amenaza real16.

Tal situación conlleva a que las autoridades puedan identificar el tipo de amenaza
que se cierne sobre la persona y definir de manera oportuna las medidas y medios
de protección específicos, adecuados y suficientes con el fin de impedir la
consumación de un daño, especialmente cuando se trata de personas que por razón
de su labor están expuestas a un nivel de amenaza mayor, como por ejemplo los
defensores de derechos humanos, altos funcionarios, periodistas, entre otros17.

2.4. Análisis de la Sala

Jesús David Ballestas Castro acudió al juez de tutela con el fin de que se ampararan
sus derechos fundamentales y, en consecuencia, se ordene a la FGN que reciba
las denuncias por amenazas a su vida e integridad personal y al SENA que le
permita realizar la etapa productiva de su programa de aprendizaje, además de

14 Sentencia T-234 de 2012.
15 Sentencia T-078 de 2013.
16 Sentencia T-339 de 2010.
17 Sentencia T-234 de 2012.

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Demandante: Jesús David Ballestas Castro

brindarle las garantías para su reincorporación social, educativa, y económica a la
vida civil.

Lo anterior, en tanto las entidades demandadas vulneraron sus derechos
fundamentales, toda vez que la Fiscalía General de la Nación no ha intervenido en
su situación; el SENA no ha garantizado la culminación de su proceso de
aprendizaje y la UNP no le ha asignado un esquema de seguridad acorde a las
circunstancias narradas.

Así, para mayor claridad del asunto, la Sala estudiará cada una de las
inconformidades manifestadas, como se observa a continuación:

2.4.1. De las denuncias presentadas ante la Fiscalía General de la Nación

De las pruebas aportadas al expedientes, se tiene que el 18 de agosto de 2022 el
ente investigador recibió denuncia por parte del demandante por el delito de
amenazas en su contra, por parte de actores criminales armados por hechos
ocurridos el 17 de junio de la misma anualidad, tal como consta en el formato único
de noticia criminal 880016001208202250570.

Asimismo, informó que, cuando el demandante acudió por segunda vez al área de
denuncias, se le orientó en el sentido de acudir al fiscal titular de la investigación
para comunicarle que persistían las amenazas, sin embargo, no se ha acercado a
las instalaciones del ente acusador con el fin de manifestar lo sucedido

En este orden de ideas, se evidencia que el derecho fundamental al acceso a la
justicia del aquí demandante se ha garantizado, en tanto le fue recibida la denuncia
mencionada y se le ha orientado sobre el procedimiento a seguir para hacer lo
propio de persistir las amenazas, frente a lo cual cabe resaltar que aquel no ha
acudido en cumplimiento de las formalidades propias que impone la normatividad
adjetiva penal para la presentación de denuncias, querellas o peticiones.

En consecuencia, esta Sala de decisión negará el amparo solicitado, de acuerdo
con los supuestos fácticos y probatorios acreditados.

2.4.2. De la asignación de un esquema de seguridad acorde a las circunstancias

Jesús David Ballestas Castro en oportunidad anterior acudió al juez de tutela con el
fin de lograr el amparo de su derecho a la seguridad personal, por lo que el Juzgado
Único Administrativo del Circuito Judicial de San Andrés mediante sentencia del 27
de abril de 2023 ordenó a la UNP completarle o realizarle el esquema de protección
dispuesto en Resolución MTSP-0086 del 24 de febrero de 2023.

De acuerdo con el informe rendido por dicha entidad, el 5 de julio de 2023 se le
entregaron al demandante como medidas de protección, un celular y un botón, lo

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Demandante: Jesús David Ballestas Castro

cual consta en el acta de entrega suscrita en la fecha referida.

Así pues, resulta pertinente aclarar que, aun cuando Jesús David Ballestas Castro
expuso que no se le habían entregado las mencionadas medidas de protección, no
refirió ninguna pretensión al respecto y, contrario a ello, la UNP acreditó su
suministro; razón por la cual no hay lugar a emitir ningún pronunciamiento al
respecto.

Además, la Sala le recuerda al demandante que de considerar incumplida la orden
de amparo que ya fue proferida en su favor, cuenta con el trámite de desacato en
los términos del artículo 5218 del Decreto 2591 de 1991, ante el Juzgado Único
Administrativo del Circuito Judicial de San Andrés.

2.4.3. De la realización de las prácticas empresariales en virtud del contrato de
aprendizaje suscrito con el SENA

Es pertinente recordar que el demandante manifestó ser firmante del acuerdo de
paz celebrado entre las FARC EP y el gobierno nacional, que actualmente es
aprendiz del SENA y que no le ha sido posible realizar la etapa de práctica
empresarial con los enlaces corporativos asignados, en tanto ha recibido varias
negativas por la condición de seguridad en la que se encuentra.

Sobre las circunstancias mencionadas, no se aportó prueba alguna que acredite las
afirmaciones efectuadas por el demandante, por lo que la ausencia de elementos
de convicción que permitan al juez de tutela tener certeza sobre los supuestos en
los que se fundamenta el relamo constitucional formulado no permite emitir una
decisión favorable al respecto; tal como lo señaló esta Sala de decisión en sentencia
de tutela del 4 de agosto de 202319, así:

«[…] Cabe precisar que de accederse a lo exigido por el demandante, se
desnaturalizaría la tutela, por cuanto se estudiarían cuestiones abstractas que no están
relacionadas directamente con el quebranto de los derechos constitucionales
fundamentales de la persona que la promueve. En ese escenario, se admitiría, de
manera errada, que el amparo es un mecanismo para obtener pronunciamientos
judiciales sobre asuntos en los que no se evidencia afectación de prerrogativas
superiores. […]»

Ahora, en cuanto a la Presidencia de la República si bien el demandante la identificó
como entidad demandada, respecto de esta no se alegó ni se acreditó ninguna
acción u omisión que pueda calificarse como vulneradora de los derechos

18 Artículo 52. Desacato. La persona que incumpliere una orden de un juez proferida con base en el

presente Decreto incurrirá en desacato sancionable con arresto hasta de seis meses y multa hasta
de 20 salarios mínimos mensuales, salvo que en este Decreto ya se hubiere señalado una
consecuencia jurídica distinta y sin perjuicio de las sanciones penales a que hubiere lugar.
La sanción será impuesta por el mismo juez mediante trámite incidental y será consultada al superior
jerárquico quien decidirá dentro de los tres días siguientes si debe revocarse la sanción. La consulta
se hará en el efecto devolutivo.
19 Expediente 11001-03-15-000-2023-03754-00

10

Radicado: 11001-03-15-000-2023-03641-00
Demandante: Jesús David Ballestas Castro

fundamentales del demandante; por lo que no hay lugar a emitir pronunciamiento al
respecto.

En este orden de ideas, quedan desvirtuadas las inconformidades en las que la
parte demandante centró sus esfuerzos, de forma que la Sala negará el amparo de
los derechos fundamentales invocados por Jesús David Ballestas Castro, en la
solicitud de tutela presentada contra la Presidencia de la República, la Unidad
Nacional de Protección, la Fiscalía General de la Nación y el Servicio Nacional de
Aprendiza.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por
autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Negar el amparo de los derechos fundamentales de Jesús David Ballestas
Castro, en la solicitud de tutela presentada contra la Presidencia de la República, la
Unidad Nacional de Protección, la Fiscalía General de la Nación y el Servicio
Nacional de Aprendizaje, de conformidad con las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.

Segundo. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Tercero. Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes
a su notificación, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR CÉSAR PALOMINO CORTÉS
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente

Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el aplicativo
SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la integridad y autenticidad
del presente documento en el link
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador

11

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