Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-03658-00
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-03658-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2023-03658-00
Consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernández
7 de septiembre de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Bogotá D. C. siete (7) de septiembre de dos mil veintitrés (2023).
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2023-03658-00
Accionante: KAROL YESSID BLANCO MONROY EN CALIDAD DE
PERSONERO MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NORTE DE
SANTANDER Y OTRO
Tema: Tutela contra providencias judiciales / derecho
fundamental al debido proceso / coadyuvancia en
procesos de nulidad simple / oportunidad para
integrar el contradictorio / incumplimiento del
requisito de subsidiariedad
Sentencia de primera instancia
La Sala de Subsección decide la acción de tutela instaurada por el señor
Karol Yessid Blanco Monroy, en su calidad de personero municipal de
San José de Cúcuta, en contra del Juzgado Noveno Administrativo del
Circuito Judicial de Cúcuta y del Tribunal Administrativo de Norte de
Santander por la presunta vulneración de derechos fundamentales
ocurrida dentro del trámite del proceso con radicado núm. 54001-33-
33-009-2018-00237-00.
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ACCIÓN DE TUTELA
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I. ANTECEDENTES
La solicitud de protección del derecho fundamental al debido proceso
se fundamenta en los siguientes:
1. HECHOS
1.1. El municipio de San José de Cúcuta presentó medio de control de
nulidad simple en contra de los acuerdos núms. 000026 de 19 de abril
de 2004 y 0060 de 30 de diciembre de 2009, proferidos por el Concejo
Municipal de Cúcuta, a través de los cuales se fijó el procedimiento para
«el pago de las sentencias judiciales dictadas en contra de la
Contraloría, Personería y Concejo Municipal de San José de Cúcuta y se
dictan otras disposiciones».
1.2. La demanda correspondió al Juzgado Séptimo Administrativo del
Circuito Judicial de Cúcuta bajo el radicado núm. 54001-33-33-006-
2014-00737-00. En dicho proceso se vincularon a la Contraloría
Municipal y a la Personería Municipal de San José de Cúcuta en calidad
de terceros con interés para que hicieran uso de su derecho de defensa.
1.3. El 26 de enero de 2021 se profirió sentencia de primera instancia,
a través de la cual se negaron las pretensiones de la demanda.
1.4. Simultáneamente a las actuaciones previas, el procurador
veinticuatro judicial II para asuntos administrativos de Cúcuta presentó
otro medio de control de nulidad simple contra los mismos acuerdos
que demandó el municipio de Cúcuta y señalando iguales pretensiones.
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1.5. Dicho proceso fue conocido por el Juzgado Noveno Administrativo
del Circuito Judicial de Cúcuta con el radicado núm. 54001-33-40-009-
2018-00237-00, pero no se vinculó a la Personería ni a la Contraloría
Municipal de Cúcuta para que participaran y ejercieran contradicción.
1.6. El 13 de diciembre de 2022 se dictó sentencia de primera instancia
mediante la cual se accedieron a las pretensiones de la demanda y se
decretó la nulidad de los acuerdos invocados.
2. FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN
La parte accionante sostiene que el Juzgado Noveno Administrativo del
Circuito Judicial de Cúcuta tenía el deber y la obligación de poner en
conocimiento de la Personería Municipal de San José de Cúcuta, en
calidad de tercero interesado, el proceso que seguía en curso, debido a
que esta le asiste un interés concreto, personal, serio y actual sobre las
resultas del proceso, pues es titular del derecho que emana del acto
administrativo acusado.
Indica que la decisión que se adoptara al final del proceso la beneficiaría
o perjudicaría en cualquiera de los casos de manera directa, por lo que
la no vinculación es una actuación al margen del procedimiento
establecido en el numeral 3 del artículo 171 del CPACA, omitiendo así
el Juzgado su deber de analizar si existían terceros con un interés
directo en el resultado del proceso y garantizar su derecho de
contradicción y defensa.
Señala que la acción de tutela es de carácter urgente toda vez que los
acuerdos frente a los cuales se decretó la nulidad ordenaban que las
sentencias proferidas en contra de entidades como la Personería, se
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pagarían con cargo al presupuesto de la administración central y no al
presupuesto de este ente de control, pero al anularse dichos actos
administrativos se afecta la funcionalidad de la entidad «debido a que
estarían ante la imposibilidad de cancelar los salarios de la planta de
personal, vulnerando así su mínimo vital».
3. PRETENSIONES
La parte accionante solicita lo siguiente:
«[…]
SEGUNDO: TUTELAR el derecho fundamental al debido proceso que le asiste a
la Personería Municipal de san José de Cúcuta y sus funcionarios.
TERCERO: En consecuencia, ORDENAR al Tribunal Administrativo de Norte de
Santander decretar la nulidad de todo lo actuado desde que se profirió auto
admisorio de la demanda dentro del proceso radicado N° 54-001-33-33-009-2018-
00237-00 que cursó en primera instancia en el Juzgado Noveno Administrativo del
Circuito de Cúcuta, incluyendo la medida cautelar decretada dentro del mismo
expediente; y VINCULAR y NOTIFICAR personalmente en dicho auto admisorio,
a la Personería Municipal de San José de Cúcuta para que pueda ejercer su derecho
de defensa y contradicción». (sic en toda la cita).
4. INFORMES
Mediante auto del 10 de julio de 2023, el despacho sustanciador admitió
la acción de tutela de la referencia y ordenó notificar al Juzgado
Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de Cúcuta y al Tribunal
Administrativo de Norte de Santander como accionados, y a la Alcaldía
Municipal de San José de Cúcuta y al Concejo Municipal de San José de
Cúcuta como terceros interesados en las resultas del proceso.
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Asimismo, ordenó notificar a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica
del Estado para que, de considerarlo necesario, interviniera en el
presente asunto.
Posteriormente, por medio de auto del 11 de agosto de 2023, se vinculó
al Juzgado Noveno Administrativo del Circuito Judicial de Cúcuta y se
resolvió:
«PRIMERO.- NOTIFICAR al Juzgado Noveno Administrativo del Circuito
Judicial de Cúcuta como accionado.
SEGUNDO.- REMITIR copia de la solicitud de tutela para que proceda a rendir
el respectivo informe dentro del término de dos (2) días, contados a partir de la
notificación de la presente providencia».
4.1. La Alcaldía Municipal de San José de Cúcuta se opuso a la
prosperidad de las pretensiones porque alega que, de conformidad con
el precedente fijado por la Corte Constitucional en la sentencia C-540
de 2011, el pago de sentencias proferidas contra las contralorías y
personerías municipales hacen parte del rubro de gastos de
funcionamiento de dichos entes de control, junto con los gastos básicos
para el sostenimiento de su planta de personal y servicios mínimos para
su normal funcionamiento.
Sostuvo que la Personería de San José de Cúcuta pretende desconocer
el ordenamiento jurídico que se refiere a la autonomía territorial de los
municipios y la moralidad administrativa, la eficacia, economía y
celeridad en el ejercicio de la función pública, con el fin de que el
municipio de San José de Cúcuta con cargo al presupuesto de la
administración central pague las sentencias condenatorias proferidas
contra la entidad, situación contraria a lo consagrado en la
normatividad constitucional y legal.
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Asimismo, en cuanto a la solicitud de nulidad de todo lo actuado,
expuso que la parte accionante no señala en qué consiste la vulneración
de sus derechos fundamentales y como, de las actuaciones surtidas por
las autoridades judiciales accionadas, pueda desprenderse un
quebranto de sus garantías constitucionales vigentes.
4.2. El Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de
Cúcuta solicitó su desvinculación por falta de legitimación en la causa
por pasiva, toda vez que la acción de tutela se dirige contra el proceso
cursado ante el Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Cúcuta.
4.3. El Juzgado Noveno Administrativo del Circuito Judicial de
Cúcuta realizó un recuento de las actuaciones adelantadas en el
proceso de nulidad para señalar que no se vulneraron los derechos
fundamentales de las partes.
Expuso que, de acuerdo al artículo 118 de la Constitución Política de
Colombia, las personerías municipales cumplen la función de ministerio
público y les corresponden la guarda y promoción de los derechos
humanos, la protección del interés público y la vigilancia de la conducta
oficial de quienes desempeñan funciones públicas. Sin embargo,
también son servidores públicos del nivel local, de manera que hacen
parte de la estructura orgánica de la administración municipal.
En ese sentido, señaló que dado que el proceso de nulidad simple de
radicado No. 54001-33-33-009-2018-00237-00 se tramitó contra el
municipio de Cúcuta y el Concejo Municipal de Cúcuta, y que la
Personería Municipal de Cúcuta hace parte de la estructura orgánica de
la administración municipal, es procedente concluir que se encontraba
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representada por la parte demandada dentro de este proceso por medio
de quién ostenta la personería jurídica, esto es, la entidad territorial,
por lo que manifestó que sí se garantizó su derecho a la defensa.
Finalmente indicó que al interior del proceso de nulidad simple de
radicado núm. 54001-33-33-009-2018-00237-00 no se solicitó la
nulidad de lo actuado por parte de la Personería Municipal de Cúcuta,
por tanto, no existe solicitud pendiente por resolver; por el contrario,
reiteró que el proceso se encuentra culminado con la sentencia del 13
de diciembre de 2022 contra la que tampoco se presentó recurso de
apelación.
4.4. Las demás partes guardaron silencio.
II. CONSIDERACIONES
1. COMPETENCIA
Corresponde a esta Sala de Subsección conocer la presente acción de
tutela, de conformidad con lo dispuesto en los decretos 2591 de 1991
y 333 de 2021.
2. PROBLEMA JURÍDICO
De conformidad con lo expuesto, entiende la Sala de Subsección que el
problema jurídico se circunscribe a determinar si el Juzgado Noveno
Administrativo del Circuito Judicial de Cúcuta y el Tribunal
Administrativo de Norte de Santander, con el trámite del proceso con
radicado núm. 54001-33-33-009-2018-00237-00, incurrieron en una
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vulneración del derecho fundamental al debido proceso de la parte
accionante.
Previo a lo anterior, se estudiará si la presente acción de tutela cumple
con los requisitos generales de procedibilidad fijados por la
jurisprudencia.
Para dar respuesta al planteamiento se procederá a analizar: i) la
acción de tutela contra providencias judiciales y ii) el caso concreto.
3. PROCEDENCIA EXCEPCIONAL DE LA ACCIÓN DE TUTELA
CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL
En términos generales y de acuerdo con la jurisprudencia constitucional
vigente1, aceptada mayoritariamente por la Sala Plena de esta
corporación2, es posible acudir al recurso de amparo para obtener la
protección material de los derechos fundamentales, cuando éstos
resulten amenazados o vulnerados por decisiones judiciales. Ello
atendiendo a que el ejercicio de la judicatura, como cualquier rama del
poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción a los
valores, principios y derechos que la propia Constitución establece; y
en esa perspectiva, cualquier autoridad investida de la potestad de
administrar justicia, sin importar su linaje, es susceptible de ser
controlada a través de ese mecanismo constitucional cuando se
desbordan los límites que la carta le impone.
Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y
residual, supone el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de
1 Corte Constitucional. Sentencia C-590-05.
2 Sentencia de treinta y uno (31) de julio de dos mil doce (2012). Radicación número: 11001-03-15-000-2009-01328-
01(IJ) Actor: Nery Germania Álvarez Bello. C.P. María Elizabeth García González.
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quien pretende la protección de sus derechos, en tanto que el ejercicio
natural de la jurisdicción se inscribe dentro de procedimientos
destinados a la eficacia de los mismos y en esa medida las
irregularidades que allí surjan son subsanables en el contexto del
proceso. De ahí que la Corte Constitucional estructurara, después de
años de elaboración jurisprudencial, los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales, que
tienen como propósito garantizar el delicado equilibrio entre el principio
de seguridad jurídica, la autonomía e independencia de los jueces para
interpretar la ley y la necesidad de asegurar la vigencia efectiva de los
derechos constitucionales fundamentales.
De tal suerte, que se erigieron como requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales:
«a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. b. Que se
hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al
alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable. c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es
decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir
del hecho que originó la vulneración. d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe
quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se
impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora. e. Que la parte actora
identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre
que esto hubiere sido posible. f. Que no se trate de sentencias de tutela». (Resalta la Sala).
La causal de improcedencia de la acción relacionada con la existencia
de otros medios de defensa responde al carácter subsidiario de la acción
de tutela, con el propósito respetar la división de competencias que la
misma carta política ha delineado y el principio de especialidad de la
jurisdicción; por tanto, desconocer tales atribuciones implicaría invadir
a los jueces que recibieron el encargo constitucional de poner fin a las
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controversias en una jurisdicción determinada, para lo cual, fueron
revestidos de autonomía e independencia.
De igual forma, se refiere a aquellos eventos en los que la petición
presentada en la acción de tutela puede ser resuelta, no sólo a través
de las acciones ordinarias u otros mecanismos de defensa judicial, sino
además cuando las partes dentro de un proceso han contado
con los mecanismos de defensa y no han hecho uso de ellos,
buscando ante tal omisión acudir a esta vía para que se reviva la
oportunidad procesal ya precluida.
El argumento de improcedencia en comento tiene sustento en los
deberes jurídicos que tienen las partes en el trámite de los
procesos judiciales para impugnar o controvertir las decisiones
con las que están en desacuerdo y cuya oportunidad se establece
en cada uno de los estatutos que rigen el proceso de que se trate.
Así las cosas, dependiendo del caso que se estudie, el establecimiento
de los recursos y demás oportunidades procesales tienen por objeto
que el mismo funcionario judicial o su superior funcional reexaminen la
actuación censurada y la modifiquen o revoquen. En ese sentido, el juez
constitucional no podrá declarar procedente una solicitud de amparo
cuando la parte interesada en controvertir la decisión judicial no ejerció
su derecho en tiempo o simplemente dejó de cumplir con los
formalismos establecidos en la legislación procesal, por
desconocimiento o falta de diligencia.
Frente a ello ha señalado la Corte Constitucional:
«Una segunda razón estriba en el respeto por la importancia del proceso judicial. Las etapas,
recursos y procedimientos que conforman un proceso, son el primer espacio de protección
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de los derechos fundamentales de los asociados, especialmente en lo que tiene que ver con
las garantías del debido proceso. Es en este sentido que la sentencia C-543/92 puntualiza
que: ‘tratándose de instrumentos dirigidos a la preservación de los derechos, el medio
judicial por excelencia es el proceso, tal como lo acreditan sus remotos orígenes’ (negrillas
del original). Por tanto, no es admisible que el afectado alegue la vulneración o amenaza de
un derecho fundamental cuando no ha solicitado el amparo de sus derechos dentro del
proceso, pues, en principio, el ordenamiento jurídico le ha dotado de todas las herramientas
necesarias para corregir durante su trámite las irregularidades procesales que puedan
afectarle»3.
4. CASO CONCRETO
En el presente asunto se decide la acción de tutela instaurada por el
señor Karol Yessid Blanco Monroy, en su calidad de personero municipal
de San José de Cúcuta, en contra del Juzgado Noveno Administrativo
del Circuito Judicial de Cúcuta y del Tribunal Administrativo de Norte de
Santander por la presunta vulneración de su derecho fundamental al
debido proceso ocurrida dentro del trámite del proceso con radicado
núm. 54001-33-33-009-2018-00237-00.
Para resolver, esta Sala de Subsección advierte que dentro del proceso
bajo estudio se han adelantado las siguientes actuaciones:
i. La Procuraduría Veinticuatro Judicial II para Asuntos Administrativos
presentó medio de control de nulidad simple en contra de los Acuerdos
núms. 000026 de 19 de abril de 2004 y 0060 de 30 de diciembre de
2009, proferidos por el Concejo Municipal de Cúcuta, a través de los
cuales se fijó el procedimiento para «el pago de las sentencias judiciales
dictadas en contra de la Contraloría, Personería y Concejo Municipal de
San José de Cúcuta y se dictan otras disposiciones».
3 Corte Constitucional. Sentencia T-001 de 2017.
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ii. El Juzgado Noveno Administrativo del Circuito Judicial de Cúcuta, a
través de auto del 9 de abril de 2019, admitió la demanda y ordenó
notificar personalmente a las partes demandadas por la vía electrónica
a los correos: notificaciones_judiciales@cucuta-
nortedesantander.gov.co y
secretaria_general_auxiliar2@concejocucuta.gov.co.
iii. Por medio de auto del 11 de febrero de 2020 se aceptó la
coadyuvancia presentada por la Contraloría Municipal de Cúcuta y se
negó la solicitud de acumulación de procesos presentada por el Concejo
Municipal de San José de Cúcuta y la Contraloría Municipal de Cúcuta,
en relación con el medio de control radicado núm. 54001-33-33-006-
2014-00737-00 tramitado ante el Juzgado Séptimo Administrativo del
Circuito Judicial de Cúcuta.
iv. El 13 de diciembre de 2022 el Juzgado Noveno Administrativo del
Circuito Judicial de Cúcuta dictó sentencia de primera instancia y
resolvió:
«PRIMERO: DECLARAR LA NULIDAD PARCIAL del acuerdo No. 000026
del 19 de abril de 2004, “Por el cual se fija el procedimiento para el pago de las
sentencias judiciales de orden laboral proferidas en contra de las decisiones del
Concejo Municipal, la Contraloría Municipal o la Personería Municipal”; acto
proferidos (sic) por el Concejo Municipal de Cúcuta y contrarios a la Constitución,
específicamente los apartes subrayados y resaltados, que a continuación se
consignan:
“ARTICULO PRIMERO: El cumplimiento de las sentencias judiciales de orden
laboral proferidas en contra el Concejo Municipal, la Personería Municipal y la
Contraloría Municipal, se cancelarán con cargo al rubro “Sentencias y
Conciliaciones” del presupuesto de la administración Central Municipal,
conforme lo establece la Constitución y la Ley.
…
ARTICULO SEGUNDO: Los recaudos que se originen como resultado de los
procesos de repetición por las sentencias proferidas en contra del Concejo
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Municipal, la Personería Municipal y la Contraloría Municipal, ingresaran a
la Administración Central Municipal.”
Lo anterior, conforme a lo expuesto en la parte motiva de la presente sentencia
judicial.
SEGUNDO: DECLARAR LA NULIDAD PARCIAL del acuerdo No. 060 del
10 de diciembre de 2009, “por el cual se fija el procedimiento para el pago de las
sentencias judiciales proferidas en contra de la Contraloría, Personería y Concejo
Municipal de San José de Cúcuta y se dictan otras disposiciones”, específicamente
el aparte subrayado y resaltado, que a continuación se consigna:
“ARTICULO PRIMERO: El pago de las sentencias judiciales de todo orden
proferidas en contra de la Contraloría, Personería y el Concejo Municipal de
San José de Cúcuta, y que estén debidamente ejecutoriadas, se cancelarán con
cargo al rubro “sentencias y conciliaciones” del presupuesto de la administración
central del Municipio de San José de Cúcuta, de conformidad con lo establecido
en la Constitución Política y la Ley».
v. Contra dicha decisión no se interpuso recurso alguno, quedando en
firme la sentencia a la fecha.
vi. De igual modo, en el proceso radicado núm. 54001-33-33-006-
2014-00737-00, el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial
de Cúcuta dictó fallo de primera instancia mediante el cual accedió a
las pretensiones de la demanda.
vii. Sin embargo, el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, al
conocer el recurso de apelación, mediante sentencia del 21 de julio de
2023, (i) declaró probada la excepción de cosa juzgada y (ii) se estuvo
a lo resuelto en la providencia del 13 de diciembre de 2022 proferida
por el citado Juzgado Noveno Administrativo del Circuito Judicial de
Cúcuta dentro del proceso radicado núm. 54001-33-33-009-2018-
00237-00.
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De conformidad con lo anterior, encuentra esta Sala de Subsección que
la parte accionante no hizo uso de los medios de defensa con los cuales
contaba al interior de la nulidad simple para solicitar su vinculación
como tercero interesado en las resultas del proceso. Al respecto, no se
advierte de las actuaciones descritas que la Personería Municipal de
Cúcuta haya presentado algún escrito a través del cual pretendiera su
inclusión dentro del trámite del medio de control, como sí lo hizo la
Contraloría Municipal de Cúcuta y de lo cual, conforme lo indica en el
escrito de tutela, tenía conocimiento el ente demandante.
Frente a ello, el artículo 71 del Código General del Proceso dispone:
«ARTÍCULO 71. COADYUVANCIA. Quien tenga con una de las partes
determinada relación sustancial a la cual no se extiendan los efectos jurídicos de
la sentencia, pero que pueda afectarse si dicha parte es vencida, podrá intervenir
en el proceso como coadyuvante de ella, mientras no se haya dictado sentencia de
única o de segunda instancia.
El coadyuvante tomará el proceso en el estado en que se encuentre en el momento
de su intervención y podrá efectuar los actos procesales permitidos a la parte que
ayuda, en cuanto no estén en oposición con los de esta y no impliquen disposición
del derecho en litigio.
La coadyuvancia solo es procedente en los procesos declarativos. La solicitud de
intervención deberá contener los hechos y los fundamentos de derecho en que se
apoya y a ella se acompañarán las pruebas pertinentes.
Si el juez estima procedente la intervención, la aceptará de plano y considerará las
peticiones que hubiere formulado el interviniente.
La intervención anterior al traslado de la demanda se resolverá luego de efectuada
esta».
Asimismo, el artículo 223 del CPACA establece:
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«Artículo 223. Coadyuvancia en los procesos de simple nulidad. En los
procesos que se tramiten con ocasión de pretensiones de simple nulidad, desde la
admisión de la demanda y hasta en la audiencia inicial, cualquier persona podrá
pedir que se la tenga como coadyuvante del demandante o del demandado.
El coadyuvante podrá independientemente efectuar todos los actos procesales
permitidos a la parte a la que ayuda, en cuanto no esté en oposición con los de esta.
Antes del vencimiento del término para aclarar, reformar o modificar la demanda,
cualquier persona podrá intervenir para formular nuevos cargos o para solicitar que
la anulación se extienda a otras disposiciones del mismo acto, caso en el cual se
surtirán los mismos traslados ordenados para la reforma de la demanda principal».
De igual modo, tampoco se encuentra que la parte accionante pidiera
la nulidad de todo lo actuado por indebida integración del contradictorio
en los términos del artículo 208 del CPACA, el cual remite a la ley
procesal general para efectos de estudiar las causales de nulidad que
se tramitarán como incidente. Frente a esto, la Personería demandante
pudo presentar la solicitud en comento, de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 133 del Código General del Proceso, que señala:
«ARTÍCULO 133. CAUSALES DE NULIDAD. El proceso es nulo, en todo o en
parte, solamente en los siguientes casos:
[…]
8. Cuando no se practica en legal forma la notificación del auto admisorio de la
demanda a personas determinadas, o el emplazamiento de las demás personas
aunque sean indeterminadas, que deban ser citadas como partes, o de aquellas que
deban suceder en el proceso a cualquiera de las partes, cuando la ley así lo ordena,
o no se cita en debida forma al Ministerio Público o a cualquier otra persona o
entidad que de acuerdo con la ley debió ser citado».
En efecto, en cuanto a su oportunidad, trámite y efecto de las nulidades
y de otras cuestiones accesorias, el artículo 210 de la Ley 1437 de 2011
indica lo siguiente:
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«Artículo 210. Oportunidad, trámite y efecto de los incidentes y de otras cuestiones
accesorias. El incidente deberá proponerse verbalmente o por escrito durante las
audiencias o una vez dictada la sentencia, según el caso, con base en todos los
motivos existentes al tiempo de su iniciación, y no se admitirá luego incidente
similar, a menos que se trate de hechos ocurridos con posterioridad. La solicitud y
trámite se someterá a las siguientes reglas:
1. Quien promueva un incidente deberá expresar lo que pide, los hechos en que se
funda y las pruebas que pretenda hacer valer.
2. Del incidente promovido por una parte en audiencia se correrá traslado durante
la misma a la otra para que se pronuncie y en seguida se decretarán y practicarán
las pruebas en caso de ser necesarias.
3. Los incidentes no suspenderán el curso del proceso y serán resueltos en la
audiencia siguiente a su formulación, salvo que propuestos en audiencia sea
posible su decisión en la misma.
4. Cuando los incidentes sean de aquellos que se promueven después de proferida
la sentencia o de la providencia con la cual se termine el proceso, el juez lo
resolverá previa la práctica de las pruebas que estime necesarias. En estos casos
podrá citar a una audiencia especial para resolverlo, si lo considera procedente».
Así las cosas, el principio de subsidiariedad de la acción de tutela es
una herramienta que permite reconocer la validez y viabilidad de los
medios y recursos ordinarios de protección judicial como dispositivos
legítimos y prevalentes para la salvaguarda de los derechos,
reconocimiento que obliga a los asociados a incoar los recursos
jurisdiccionales con los que cuenten para conjurar la situación que
estimen lesiva de sus derechos.
Sobre ello, la jurisprudencia constitucional4 ha sido clara en precisar
que las personas deben hacer uso de todos los recursos ordinarios y
extraordinarios que el sistema judicial ha dispuesto para conjurar la
situación que amenaza o lesiona sus derechos, de tal manera que se
impida el uso indebido de la acción de tutela como vía preferente o
instancia judicial adicional.
4 Sentencia T-375 de 2018. Corte Constitucional.
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Frente a esto, si bien la Corte Constitucional5 ha señalado que, aun
cuando existe otro medio de defensa, la acción de tutela puede
proceder de forma excepcional si se acredita un perjuicio irremediable,
también ha dispuesto que este debe cumplir los siguientes supuestos:
i. Ser inminente, es decir, que se trate de una amenaza que está
por suceder prontamente.
ii. Ser grave, esto es, que el daño o menoscabo material o moral
en el haber jurídico de la persona sea de gran intensidad.
iii. Porque las medidas que se requieren para conjurar el perjuicio
irremediable sean urgentes.
iv. Porque la acción de tutela sea impostergable a fin de
garantizar que sea adecuada para restablecer el orden social.
De tal modo, al no comprobarse la inminencia, ni existencia de un
perjuicio irremediable, no resulta procedente un estudio de fondo
cuando la parte accionante no hizo uso de los medios de defensa judicial
que son idóneos y efectivos para obtener el amparo de las pretensiones
aquí planteadas, por lo que se rechazará la acción de tutela instaurada
por el señor Karol Yessid Blanco Monroy, en su calidad de personero
municipal de San José de Cúcuta, en contra del Juzgado Noveno
Administrativo del Circuito Judicial de Cúcuta y del Tribunal
Administrativo de Norte de Santander.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto la Sección Segunda, Subsección A del Consejo
de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
5 Sentencia T-828 de 2014. Corte Constitucional.
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FALLA
PRIMERO: RECHAZAR POR IMPROCEDENTE la acción de tutela
presentada por el señor Karol Yessid Blanco Monroy, en
su calidad de personero municipal de San José de Cúcuta,
en contra del Juzgado Noveno Administrativo del Circuito
Judicial de Cúcuta y del Tribunal Administrativo de Norte
de Santander, de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva de la presente providencia.
SEGUNDO: De no ser impugnada esta sentencia, ENVIAR a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión
celebrada el siete (07) de septiembre de dos mil veintitrés (2023).
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado Consejero de Estado
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