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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-03661-00

Fecha
31 de julio de 2023
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-03661-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación propuesta por el Presidente de la República, por las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: LEVANTAR la medida provisional ordenada mediante el auto de 6 de julio de 2023. TERCERO: AMPARAR los derechos fundamentales a la vida, a la seguridad personal y a la integridad del ciudadano Uverney Ijaji López, vulnerados por la Unidad Nacional de Protección. En consecuencia, ORDENAR al director de la UNIDAD NACIONAL DEL PROTECCIÓN - UNP que, de manera inmediata, restituya el esquema de protección ordenado al actor a través de la Oficio N° T.E. No 496 de 21 de abril de 2022, consistente en lo siguiente: BENEFICIARIO MEDIDA DE URGENCIA APROBADA UVERNEY IJAJI LOPEZ Un (1) vehículo blindado nivel IIIA y C.C (…) dos (2) agentes escoltas con su respectiva dotación consistente en: una (01) pistola, un (01) chaleco de protección balística y un (01) medio de comunicación. Medidas complementarias: Un (1) chaleco de protección balística. 18 Radicación: 11001-03-15-000-2023-03661-00 Accionante: Uverney Ijaji López Un (1) botón de apoyo. Un (1) medio de comunicación. CUARTO: CONMINAR a la Unidad Nacional de Protección para que, a efectos de evitar la materialización de un perjuicio irremediable, estudie la posibilidad de restituir el esquema de seguridad del accionante mediante el trámite de contratación de urgencia previsto en el artículo 42 de la Ley 80 de 1993. QUINTO: REMITIR copia de la presente providencia con destino a la Procuraduría Delegada Preventiva y de Control de Gestión para el Seguimiento del Acuerdo de Paz, a efectos de que le haga seguimiento al cumplimiento de las órdenes emitidas. SEXTO:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2023-03661-00

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

31 de julio de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., treinta y uno (31) de julio de dos mil veintitrés (2023)

Consejero Ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Radicación: 11001-03-15-000-2023-03661-00
Accionante: UVERNEY IJAJI LÓPEZ
Accionado: PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y UNIDAD NACIONAL DE
PROTECCIÓN
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA – AMPARA LOS DERECHOS
FUNDAMENTALES A LA VIDA Y A LA SEGURIDAD PERSONAL-
PERSONA FIRMANTE DEL ACUERDO DE PAZ.

Sentencia de primera instancia

La Sala decide la acción de tutela presentada por el ciudadano Uverney Ijaji López,
a través de apoderado judicial, en contra del Presidente de la República y de la
Unidad Nacional de Protección - UNP, por considerar vulnerados sus derechos
fundamentales a la vida, a la seguridad personal y al debido proceso.

I. LA SOLICITUD DE TUTELA

1. El ciudadano Uverney Ijaji López, por intermedio de apoderado judicial, solicitó
el amparo de sus derechos fundamentales a la vida, a la seguridad personal y al
debido proceso, cuya vulneración le atribuyó al Presidente de la República y a la
Unidad Nacional de Protección – UNP, en razón a la omisión de dichas entidades
de impartir cumplimiento a las medidas urgentes de protección ordenadas en el
Trámite de Emergencia -T.E.- No. 496 de 20221, suscrito por el Subdirector
Especializado de Seguridad y Protección de la Unidad Nacional de Protección2.

II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA

2. De conformidad con lo planteado por el extremo accionante, los hechos y razones
que motivan la solicitud de amparo se contraen, en síntesis, a lo siguiente:

1
De acuerdo con el artículo 2.4.1.4.9 del Decreto 299 de 2017 «El Director o el Subdirector Especializado de Seguridad y
Protección de la Unidad Nacional de Protección podrá adoptar, en caso de riesgo inminente y excepcional, todas las medidas
necesarias para proteger la vida e integridad física de una persona perteneciente a la población objeto del presente Capítulo.
Lo anterior sin necesidad de concepto previo por parte de la Mesa Técnica.
Dentro de los diez (10) días siguientes a la aplicación de las medidas, se deberá informar a la Mesa Técnica. La Mesa Técnica
analizará las medidas adoptadas y las podrá ratificar, modificar o eliminar según el caso, (sic)».
2
Conforme con el punto 3.4.7.4.1 del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable
y Duradera «El Gobierno Nacional creará una Subdirección al interior de la UNP, especializada en la seguridad y protección,
para las y los integrantes del nuevo partido o movimiento político que surja del tránsito de las FARC-EP a la actividad legal,
actividades y sedes, así como a las y los antiguos integrantes de las FARC-EP que se reincorporen a la vida civil y a las
familias de todos los anteriores de acuerdo con el nivel de riesgo.».
En ese sentido, a través del Decreto 300 de 2017, se creó la Subdirección Especializada de Seguridad y Protección de
la Unidad Nacional de Protección, y mediante Decreto 1782 de 17 de septiembre de 2018 se designó al Alto Consejero
Presidencial para el Posconflicto (hoy Unidad de implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la
Construcción de una Paz Estable y Duradera de la Oficina del Alto Comisionado de Paz), en calidad de delegado permanente
del Gobierno en la Mesa Técnica de Seguridad y Protección del Programa de Protección.

2

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Accionante: Uverney Ijaji López

2.1. Señalóque es un excombatiente de las FARC – EP en proceso de
reincorporación a la vida civil, y que militó en el Frente 60 Jaime Pardo Leal, el cual
tuvo como zona de injerencia, el municipio de Argelia -Cauca.

2.2. Relató que, actualmente, viene adelantado su proceso de retorno a la vida civil
en las nuevas áreas de reincorporación -N.A.R.3- en Argelia -Cauca en la «[…]
COOPERATIVA ECOMUN MULTIACTIVA AGROFORESTAL SANTA CLARA -
CEMAS […]».

2.3. Indicó que debido a la inseguridad que se vive en el municipio de Argelia -Cauca,
le solicitó a la Unidad Nacional de Protección -UNP- la implementación de medidas
de seguridad para salvaguardar su vida e integridad personal.

2.4. Comentó que, en respuesta a su petición, la UNP dispuso a través del Trámite
de Emergencia Nº 496 de 21 de abril de 20224 implementar de manera urgente las
siguientes medidas de seguridad en favor del actor y su núcleo familiar5: 1 vehículo
blindado nivel IIIA y 2 agentes escoltas con su respectiva dotación de 1 pistola, 1
chaleco de protección balística y 1 medio de comunicación6.

2.5. Indicó que el 24 de mayo de 2023, mientras se transportaba en el vehículo que
le asignaron, fue víctima de un atentado con arma de fuego, por lo que el vehículo
blindado debió ingresar a reparación. Sin embargo, a la fecha de presentación de la
acción de tutela de la referencia, la UNP no le ha asignado otro vehículo.

2.6. Manifestó que se encuentra muy preocupado por su vida y la de su núcleo
familiar por las «[…] condiciones de seguridad que imperan en el municipio de
Argelia - Cauca, el cual es uno de los municipios que, a nivel nacional, han reportado
el mayor número de afectaciones a excombatientes desde la firma del Acuerdo Final
para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera.
[…]».

2.7. Advirtió que, de acuerdo con el artículo 2.4.1.4.8 del Decreto 299 de 2017, luego
de que la Mesa Técnica de Seguridad y Protección de la UNP recibe el caso para
el estudio y aprobación de medidas materiales de protección tiene 15 días para
realizar la valoración respectiva, definir la situación de riesgo, establecer las

3
De acuerdo con el libro «La reincorporación de las FARC tres años después Desafíos y propuestas» de las autoras María
Victoria Llorente -Directora Ejecutiva de la FIP- y María Lucía Méndez -Directora de Empresas y Construcción de Paz-
«Inicialmente, en diciembre de 2016, fueron creadas con una vigencia de seis meses las Zonas Veredales Transitorias de
Normalización (ZVTN), definidas dentro del Acuerdo de Paz como lugares de ubicación temporal para la dejación de armas y
las medidas tempranas de desmovilización. En la medida en que se cumplía el término inicial y el proceso de desmovilización
apenas arrancaba, estas zonas fueron extendidas por seis meses más. Luego, ante la ausencia de lineamientos sobre el
rumbo de la reincorporación, el término fue ampliado por dos años más y las zonas fueron convertidas en Espacios
Territoriales para la Capacitación y Reincorporación (ETCR), con una vigencia hasta agosto de 2019.
(…)
Con la salida de un porcentaje importante de excombatientes de los ETCR, se comenzó a configurar un fenómeno de
concentración por fuera de estos espacios el cual ha sido denominado Nuevas Áreas de Reincorporación (NAR).»
(p.13). Negrillas fuera del texto).
4
Las medidas que se le otorgaron al actor solo tenían vigencia por tres (3) meses, tiempo en el cual se debía realizar la
evaluación del riesgo, para que una vez se cuente con la ponderación de este proceda la Mesa Técnica de Seguridad y
Protección con el ajuste, la modificación, la ratificación o el levantamiento de las medidas de emergencia otorgadas. A la
fecha del trámite de la presente acción constitucional no consta que la UNP haya realizado el respectivo estudio del
riesgo.
5
El núcleo familiar del actor está conformado por su cónyuge Anjhela Yulissa Benavides Hernández, y sus hijos menores de
18 años de edad E.V.I.B. y A.S.I.B
6
Igualmente, se dispusieron medidas complementarias como 1 chaleco de protección balística, 1 botón de apoyo y 1 medio
de comunicación.

3

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Accionante: Uverney Ijaji López

medidas idóneas a implementar y puntualizar los lineamientos. Y posterior a esto,
en un plazo no mayor a 5 días, la UNP deberá implementar las medidas aprobadas.

2.8. Advirtióque en razón de las omisiones en que está incurriendo la UNP se
encuentra expuesta su vida y su seguridad personal, al igual que las de su núcleo
familiar, por lo que considera que es un sujeto de especial protección con una alta
vulnerabilidad en este momento.

III. PRETENSIONES

3. La parte accionante formuló la siguiente pretensión:

[…] PRIMERO.- TUTELAR los derechos fundamentales a la vida, seguridad y
debido proceso de que es titular UVERNEY IJAJI LOPEZ, mayor de edad,
identificado con cédula de ciudadanía No. 1.112.485.554 de Bolívar – Cauca.

SEGUNDO.- Imponer medida provisional alusiva a que, en el término de 12
horas posteriores al admisorio de la acción de tutela, se materialicen
integralmente las medidas de seguridad previstas en el trámite de urgencia 496
del 21 de abril del 2022 proferida por la UNP, esto es, en lo que se encuentra
pendiente por implementar: la disposición de un vehículo blindado y dos
agentes escoltas. […]. (sic en toda la cita)

IV. TRÁMITE DE LA TUTELA

4. Mediante auto de 6 de julio de 2023, el magistrado a cargo de la sustanciación del
presente proceso admitió la acción de tutela de la referencia en contra del Presidente
de la República y de la Unidad Nacional de Protección - UNP.

5. En la misma providencia, se decretó la medida provisional solicitada por la parte
actora y se ordenó a la Unidad Nacional de Protección – UNP que, de manera
inmediata, y hasta tanto se dicte fallo en el presente proceso constitucional, «haga
entrega al actor de un vehículo blindado nivel IIIA y asigne dos agentes escoltas con
su respectiva dotación -consistente en: una (01) pistola, un (01) chaleco de protección
balística y un (01) medio de comunicación, para cada uno de ellos-, en armonía con
lo señalado en el precitado Oficio N° T.E. No 496 de 21 de abril de 2022 y con
fundamento en las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia».

6. Asimismo, notificó al agente del Ministerio Público ante esta Sección, para lo de su
competencia.

V. INTERVENCIONES

7. Efectuadas las notificaciones a las autoridades accionadas, se advierte que se
allegaron los siguientes informes:

7.1. El Presidente de la República, a través de apoderada judicial, rindió informe en
el que aclaró que no es competente para dar una respuesta frente a la situación del
señor Uverney Ijaji López, toda vez que es competencia de la UNP implementar las
medidas de seguridad de acuerdo con el riesgo al que está expuesto el accionante.

4

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Accionante: Uverney Ijaji López

7.2. Explicó que existe falta de legitimación en la causa por pasiva en razón a que no es
el responsable de cumplir con la obligación cuya omisión genera la violación, por lo
que solicitó que se le desvinculara del presente trámite constitucional.

7.3. Asimismo, señaló que no existe una vulneración de derechos fundamentales por
parte del Presidente de la República, toda vez que: «[…] no ha adelantado ninguna
acción o incurrido en una omisión que pueda incidir en el hecho de que se le brinde un
esquema de seguridad al accionante. […]».

7.4. La Unidad Nacional de Protección - UNP, por conducto del jefe de la oficina
jurídica de la entidad, mencionó que en este momento «[…] no cuenta con un parque
automotor propio que se encargue de suministrar los vehículos (blindados o
convencionales) que son otorgados para la protección de los beneficiarios en el
marco del programa que se lidera. […]», razón por la cual, desde el año 2012,
estructuran procesos de selección abreviada con el objeto de celebrar contratos de
arrendamiento para los vehículos que se requieren.

7.5. Sostuvoque el contratista responsable de arrendarle los vehículos le puso de
presente que debido a la pandemia COVID-19 y la guerra entre Rusia y Ucrania se
está presentado un desabastecimiento de vehículos a nivel mundial, por lo que no ha
sido posible atender las obligaciones de suministrar los vehículos blindados o
convencionales que requiere la UNP.

7.6. Por lo anterior, la UNP solicita «[…] tener en cuenta la situación de fuerza mayor
que se está viviendo en esta Entidad, el cual es un acaecimiento externo ajeno a la
actividad que ejerce la UNP, es una situación sobreviviente con causa extraña y
externa, irresistible e imprevisible […]».

7.7. De igual manera, la UNP señaló lo siguiente:

[…] En consecuencia, las situaciones expuestas de fuerza mayor donde se
presenta falta de automotores y repuestos a nivel mundial y el retraso en la
producción de vehículos, aunado al incremento de personas que requieren
protección del programa, dificultan el cumplimiento oportuno en la
implementación de medidas, situación que la Entidad diariamente intenta
superar, pero que se constituye en situaciones externas al actuar interno.

Por consiguiente, teniendo en cuenta que la Unidad Nacional de Protección a
través de la Subdirección de Protección demostró haber ceñido todas sus
actuaciones al marco normativo y funcional del Programa de Protección;
que ha solicitado la implementación del vehículo, del cual nos encontramos a la
espera de confirmación por parte de la Rentadora encargada de asignar el
vehículo para su realización. […]. (Negrillas del texto y subrayas por fuera del texto)

7.8. Por último, la UNP puso de relieve que la acción de constitucionalidad presentada
por el señor Uverney Ijaji López no cumple con el principio de subsidiariedad, toda vez
que pretende desconocer los mecanismos administrativos con los que cuenta para
exigir el cumplimiento de lo dispuesto en el T.E. Nº 496 de 2022. Frente a lo cual puso
de relieve lo siguiente:

[…] Es importante resaltar que, con respecto al caso en particular, la Corte
Constitucional se ha pronunciado en reiterada jurisprudencia con respecto a la

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Accionante: Uverney Ijaji López

inconveniencia de utilizar la Acción de Tutela para demandar a la UNP atención
en cada caso particular. Esta Unidad Recurre a la sentencia T-130 de 2011 con
ponencia del Magistrado Jorge Iván Palacio Palacio, al referirse al carácter
subsidiario de la Acción de tutela en los siguientes términos:

“(…) La jurisprudencia constitucional ha sostenido de manera uniforme y
reiterada, siguiendo lo establecido en el texto del artículo 86 de la Carta
Política, que la acción de tutela es un mecanismo de protección de los
derechos fundamentales de naturaleza inmediata, subsidiaria y residual.”

Como consecuencia de dicha afirmación, la Corte ha manifestado que – por
regla general – controversias de índole legal, contractual o reglamentaria no
están cobijadas dentro del ámbito de aplicación de la acción de tutela, en tanto
para aquellas el ordenamiento jurídico ha contemplado instrumentos judiciales
para resolverlas de manera más adecuada y efectivo. […]

VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA

VI.1. Competencia

8. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de tutela,
de conformidad con lo establecido en el artículo 37 del Decreto Ley 2591 del 19 de
noviembre de 19917, en concordancia con el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de
abril de 20218 y en armonía con el Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019.

VI.2. Cuestión previa – de la solicitud de desvinculación

9. La Sala advierte que, previamente a la definición del problema jurídico que se
habrá de resolver, resulta necesario pronunciarse respecto de la solicitud de
desvinculación procesal presentada por el Presidente de la República.

10. Respecto de la legitimación en la causa por pasiva en procesos de tutela, la Corte
Constitucional en sentencia SU - 077 de 2018, señaló lo siguiente:

[…] La legitimación pasiva en la acción de tutela hace referencia a la aptitud
legal de la entidad contra quien se dirige la acción, de ser la llamada a responder
por la vulneración o amenaza del derecho fundamental, en caso de que la
transgresión del derecho alegado resulte demostrada.9

Sobre el particular, el artículo 86 de la Constitución establece que la tutela
procede contra cualquier autoridad pública. Por lo tanto, es posible
concluir que el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del
Estado Civil, están legitimadas por pasiva en el caso que se analiza, pues
se trata de autoridades públicas, presuntamente responsables de las
acciones y omisiones que, a juicio del accionante, vulneraron sus
derechos fundamentales […] (Negrillas y subrayas fuera del texto).

11. En este contexto, la Sala considera que el Presidente de la República sí le asiste
la legitimación en la causa por pasiva en esta oportunidad, en primera medida,
porque fue vinculado por el mismo accionante como uno de los causantes de la
vulneración y amenaza de sus derechos fundamentales, por lo cual debía ser

7
"Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política".
8
“Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario
del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
9
Ver sentencias T-430 de 1993 (M.P. Hernando Herrera Vergara) y T-662 de 1999 (M.P. Alejandro Martínez Caballero)

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Accionante: Uverney Ijaji López

vinculado al presente trámite constitucional. Además, los hechos que fundamentan
la presente acción constitucional se encuentran materialmente relacionados con las
funciones presidenciales.

VI.3. Problemas jurídicos

12. De acuerdo con la situación fáctica planteada, la Sala le corresponde establecer:

a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos de procedencia de la
acción de tutela. Y si ello es así, se deberá determinar:

b) Si se encuentran vulnerados los derechos fundamentales a la vida, a la
seguridad personal y al debido proceso del señor Uverney Ijaji López con
ocasión de la presunta omisión de las entidades accionadas de cumplir con
las medidas urgentes de protección dispuestas en el Trámite de
Emergencia -T.E.- No. 496 de 2022, suscrito por el Subdirector
Especializado de Seguridad y Protección de la Unidad Nacional de
Protección.

13. Con el fin de resolver estos problemas jurídicos, se harán previamente algunos
planteamientos respecto de los requisitos de procedencia de la acción de tutela.

VI.4. Procedencia de la acción de tutela

14. El artículo 86 superior consagra que toda persona podrá solicitar ante los jueces
«la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales,
cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la
omisión de cualquier autoridad pública».

15. La regulación de la acción de amparo se encuentra en el Decreto Ley 2591 de
1992, norma que en sus artículos 5° y 6° señala que la acción de tutela procede:

[…] [C]ontra toda acción u omisión de las autoridades públicas, que haya
violado, viole o amenace violar cualquiera de los derechos de que trata el
artículo 2 de esta ley. También procede contra acciones u omisiones de
particulares, de conformidad con lo establecido en el Capítulo III de este
Decreto. La procedencia de la tutela en ningún caso está sujeta a que la acción
de la autoridad o del particular se haya manifestado en un acto jurídico escrito
[…].

16. Asu vez, la referida norma señala que este medio amparo deviene en
improcedente en las siguientes circunstancias:

[…] 1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales,
salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en
cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el
solicitante.

2. Cuando para proteger el derecho se pueda invocar el recurso de habeas
corpus.

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Accionante: Uverney Ijaji López

3. Cuando se pretenda proteger derechos colectivos, tales como la paz y los
demás mencionados en el artículo 88 de la Constitución Política. Lo anterior no
obsta, para que el titular solicite la tutela de sus derechos amenazados o
violados en situaciones que comprometan intereses o derechos colectivos
siempre que se trate de impedir un perjuicio irremediable.

4. Cuando sea evidente que la violación del derecho originó un daño
consumado, salvo cuando continúe la acción u omisión violatoria del derecho.

5. Cuando se trate de actos de carácter general, impersonal y abstracto […].

17. Así las cosas, la jurisprudencia constitucional ha precisado que los requisitos de
procedencia de la acción de tutela son: i) legitimación en la causa por activa, ii)
inmediatez, y iii) subsidiariedad.

18. En relación con el requisito asociado a la legitimación en la causa por activa,
el artículo 10 del Decreto Ley 2591 de 1992 prevé que «el titular de los derechos
fundamentales que se estiman amenazados o vulnerados puede ejercer la acción
de tutela: i) por sí mismo o actuando mediante apoderado judicial, o ii) a través
de agente oficioso, quien deberá manifestar que actúa como tal y acreditar las
razones por las cuales el titular de los derechos fundamentales que se estiman
amenazados o conculcados no puede ejercer por sí mismo su propia
defensa».

19. La Corte Constitucional, mediante la sentencia T – 010 de 201910, en relación con
la interposición de la acción de amparo precisó que tal mecanismo se puede
interponer: «(a) [a través de] ejercicio directo, cuando quien interpone la acción de
tutela es a quien se le está vulnerando el derecho fundamental; (b) por medio de
representantes legales, como en el caso de los menores de edad, los incapaces
absolutos, los interdictos y las personas jurídicas; (c) por medio de apoderado
judicial, caso en el cual el apoderado debe ostentar la condición de abogado
titulado y al escrito de acción se debe anexar el poder especial para el caso o en su
defecto el poder general respectivo; y finalmente, (d) por medio de agente
oficioso».

20. En cuanto al requisito de inmediatez, la Corte Constitucional ha sostenido que
«si bien es cierto la acción de tutela no tiene un término de caducidad, esto no debe
entenderse como una facultad para presentar la misma en cualquier tiempo
(…) por cuanto a la luz del artículo 86 Superior la acción de tutela tiene por
objeto la protección inmediata»11. Así las cosas, y de acuerdo con la
jurisprudencia constitucional, la acción de amparo debe interponerse en un término
razonable, en razón al principio de seguridad jurídica y debido a la naturaleza propia
del amparo.

21. Por su parte, en lo atinente a la subsidiariedad, la jurisprudencia ha precisado
que la acción de tutela es improcedente «[c]uando existan otros recursos o medios
de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable».

10
Corte Constitucional. Sala Séptima de Revisión. Sentencia T - 010 de 2019. M.P.: Cristina Pardo Schlesinger.
11
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU- 391 de 2016. M.P Alejandro Linares Cantillo.

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Accionante: Uverney Ijaji López

VI.5. El caso concreto

22. El ciudadano Uverney Ijaji López, por intermedio de apoderado judicial, solicitó
el amparo de sus derechos fundamentales a la vida, a la seguridad personal y al
debido proceso, cuya vulneración le atribuyó al Presidente de la República y a la
Unidad Nacional de Protección – UNP, en razón a la omisión de dichas entidades
de cumplir con las medidas urgentes de protección dispuestas en el Trámite de
Emergencia -T.E.- No. 496 de 2022, suscrito por el Subdirector Especializado de
Seguridad y Protección de la Unidad Nacional de Protección.

VI.5.1. Análisis del caso concreto

23. En relación con este aspecto de la discusión, la Sala comienza por señalar que
se encuentran acreditados los requisitos de procedencia de la acción de tutela, en
tanto que: (i) el señor Uverney Ijaji López está legitimado en la causa por activa,
al ser el directamente afectado por la presunta omisión de las autoridades
accionadas; (ii) la acción de amparo fue promovida dentro de un término
razonable12, y (iii) el actor no cuenta con otro medio judicial expedito y eficaz que
garantice la protección de sus derechos fundamentales a la vida, a la seguridad
personal y al debido proceso, a lo que se agrega que, en este caso, la acción de
tutela procede como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable,
teniendo en cuenta el atentado del que fue víctima el señor Uverney Ijaji López.

24. Igualmente, y pese a lo sostenido por la UNP, en este caso no nos encontramos
frente a una controversia de índole legal, contractual o reglamentaria. Por el
contrario, el centro de la controversia gira en torno a la protección de los derechos
fundamentales a la vida, a la seguridad y a la integridad del accionante por la
omisión de la entidad accionada de dar cumplimiento a las medidas de protección
establecidas en el Trámite de Emergencia -T.E.- No. 496 de 2022.

VI.5.1.1 El derecho fundamental a la vida y la omisión de cumplir con lo
ordenado en el Trámite de Emergencia Nº 496 de 2022

25. El derecho fundamental a la vida se encuentra contemplado en el artículo 11
constitucional, norma que en su tenor literal prevé:

«El derecho a la vida es inviolable. No habrá pena de muerte». (Negrillas fuera
de texto)

26. Asimismo, junto a la norma constitucional citada, coexisten múltiples
instrumentos internaciones incorporados al derecho interno que consagran la
obligación de los Estados de respetar y de proteger el derecho a la vida de los
ciudadanos.

27. Entre los distintos instrumentos jurídicos internacionales incorporados al derecho
interno encontramos la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ratificada
a través de la Ley 16 de 30 de diciembre de 1972, que en su artículo 4° establece

12
El señor Uverney Ijaji López radicó el 5 de julio de 2023, a través de apoderado judicial, la acción de tutela de la referencia,
esto es 1 mes y 12 días después del atentado del que fue víctima.

9

Radicación: 11001-03-15-000-2023-03661-00
Accionante: Uverney Ijaji López

«1. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará
protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie
puede ser privado de la vida arbitrariamente».

28. Igualmente, el artículo 6° del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y
Políticos, ratificado mediante la Ley 74 de 26 de diciembre de 1968, establece que
«1. El derecho a la vida es inherente a la persona humana. Este derecho estará
protegido por la ley. Nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente».

29. Asimismo, el artículo 3° de la Declaración Universal de los Derechos Humanos
señala que «Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad
de su persona».

30. Debe destacarse, conforme con las normas citadas con antelación, que junto con
el derecho a la vida coexiste el deber correlativo de respeto a cargo de los demás
asociados y también la obligación de protección de este derecho por parte del
Estado.

31. En cuanto al derecho a la vida y su deber de protección a cargo del Estado, la
Corte Constitucional en la sentencia T – 165 de 199513 señaló lo siguiente:

[…] El Estado social de derecho no se limita a garantizar, mediante un
reconocimiento formal, el derecho a la vida, sino que lo promociona,
protege y hace todo lo que esté a su alcance para lograr su efectividad. La
doctrina humanista y social que inspira a la Carta Política es la dignidad de la
vida humana, la cual se hace efectiva en los derechos fundamentales y en la
solidaridad del hombre dentro de la sociedad; dicha concepción se hace
realidad en la aplicación de la justicia distributiva por parte del Estado, que
determina su acción de acuerdo con las necesidades sociales y personales. Esa
es la razón por la cual el Estado colombiano se fundamenta en la dignidad de
la persona, es decir, en el merecimiento ontológico de ésta, con base en la
racionalidad.

¿Hasta dónde llega la capacidad protectora del Estado? Como nadie está
obligado a lo imposible, es obvio que la acción protectora del Estado debe estar
en consonancia con sus capacidades reales de acción, ya que el mundo jurídico
se fundamenta en la realidad y opera de acuerdo con ella. Es así como resulta
impropio pretender acciones extralimitadas por parte de un Estado que,
ontológicamente, no puede rebasar los límites de su propia potencia.

El Estado tiene su razón de ser en la protección de la vida humana y debe
proyectar su función en aras de una más justa calidad de vida. La Constitución
encabeza su listado de derechos fundamentales con la inviolabilidad del
derecho a la vida, lo cual implica que sobre este derecho descansan todos
los demás y que, en virtud de ello, se protege incondicionalmente. La
universalidad de este derecho implica su validez en todo tiempo y lugar y su
incondicionalidad, la efectividad debida siempre al ser humano en lo referente
a su mismo ser.

Siempre que la vida humana se vea afectada, en su núcleo esencial,
mediante lesión o amenaza inminente y grave, el Estado social deberá
proteger de inmediato al afectado, a quien le reconoce su dimensión
inviolable. Así el orden jurídico total se encuentra al servicio de la
persona, que es el fin del derecho. […] (Negrillas fuera del texto)

13
Corte Constitucional. Sentencia T – 165 de 1995. C.P.: Vladimiro Naranjo Mesa.

10

Radicación: 11001-03-15-000-2023-03661-00
Accionante: Uverney Ijaji López

32. Adicionalmente a la obligación del Estado de proteger el derecho a la vida,
encontramos el derecho a la seguridad personal, que en la jurisprudencia
constitucional ha sido caracterizado desde tres dimensiones: (i) como un valor
constitucional; (ii) como un derecho de índole colectiva, y (iii) como un derecho
fundamental. En relación con estas tres dimensiones del aludido concepto, la Corte
Constitucional mediante la sentencia T – 123 de 201914 señaló lo siguiente:

«[…] 4.1. En relación con lo dispuesto por la Carta Política y los instrumentos
internacionales que hacen parte de la legislación interna, esta Corporación ha
estudiado el derecho a la seguridad personal determinando tanto su contenido
como su alcance. Así entonces, la Corte ha señalado que la seguridad presenta
tres connotaciones jurídicas relevantes: (i) es un valor constitucional, (ii) es un
derecho colectivo, y (iii) es un derecho fundamental.
(…)
. Respecto al primero (valor constitucional), este se origina a partir de analizar
el Preámbulo de la Constitución, “al indicar que fue voluntad del pueblo
soberano asegurar la vida, la convivencia y la paz, y del artículo 2°, según el
cual las autoridades están instituidas para proteger a todas las personas
residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos
y libertades”, por lo tanto, la seguridad se constituye como “garantía de las
condiciones necesarias para el ejercicio de todos los derechos y libertades
fundamentales por parte de las personas que habitan el territorio nacional”.

4.4. Frente al segundo (derecho colectivo), ha determinado esta Corporación,
que es “un derecho que asiste en forma general a todos los miembros de la
sociedad, quienes se pueden ver afectados por circunstancias que pongan en
riesgo bienes jurídicos colectivos tan importantes para el conglomerado social,
como el patrimonio público, el espacio público, la seguridad y salubridad
públicas, la moral administrativa, el medio ambiente o la libre competencia
económica (Art. 88, C.P.)”.

4.5. En cuanto al tercero (derecho fundamental), la Corte dispuso que es
“aquél que faculta a las personas para recibir protección adecuada por
parte de las autoridades, cuandoquiera que estén expuestas a [amenazas]
que no tienen el deber jurídico de tolerar, por rebasar éstos los niveles
soportables de peligro implícitos en la vida en sociedad; en esa medida el
derecho a la seguridad constituye una manifestación del principio de
igualdad ante las cargas públicas, materializa las finalidades más básicas
asignadas a las autoridades del Constituyente, garantiza la protección de
los derechos fundamentales de los más vulnerables, discriminados y
perseguidos, y manifiesta la primacía del principio de equidad”».

33. En cuanto a la dimensión del derecho fundamental a la seguridad personal, en
la sentencia T – 719 de 200315 se precisó que si bien en la Constitución de 1991
no había una norma específica que consagrara este derecho, lo cierto era que
existían «tres instrumentos internacionales vinculantes para Colombia que
incluyen el derecho a la seguridad personal en su catálogo de garantías
fundamentales». Tales instrumentos, de acuerdo con la Corte, son: (i) la
Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 [Art. 3° «[t]odo individuo
tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona»]; (ii) la
Convención Americana de Derechos Humanos [Art. 7° «[t]oda persona tiene
derecho a la libertad y a la seguridad personal»]; y (iii) el Pacto Internacional de

14
Corte Constitucional. Sentencia T – 123 de 2019. M.P.: Luis Guillermo Guerrero Pérez.
15
Corte Constitucional. Sentencia T – 719 de 2003. M.P.: Manuel José Cepeda Espinosa.

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-03661-00
Accionante: Uverney Ijaji López

Derechos Civiles y Políticos [Art. 9° «[t]odo individuo tiene derecho a la libertad y a
la seguridad personal»].

34. En consonancia con lo anterior, estableció la Corte que el derecho a la seguridad
personal implicaba las siguientes obligaciones a cargo del Estado:

«Dado el rol central que juegan las autoridades competentes en cuanto a (i) la
detección del riesgo que gravita sobre una persona, (ii) la determinación de su
grado de intensidad, (iii) la identificación del derecho fundamental bajo cuya
órbita de protección específica se encuentra el individuo afectado, y (iv) la
identificación y puesta en práctica de las medidas a aplicar, la Sala precisa
que el derecho a la seguridad personal genera, entre otras, las siguientes
obligaciones constitucionales para las autoridades, frente a quien se ve
potencialmente afectado por un riesgo extraordinario:

1. La obligación de identificar el riesgo extraordinario que se cierne sobre una
persona, una familia o un grupo de personas, así como la de advertir oportuna
y claramente sobre su existencia a los afectados. Por eso, no siempre es
necesario que la protección sea solicitada por el interesado.

2. La obligación de valorar, con base en un estudio cuidadoso de cada
situación individual, la existencia, las características (especificidad,
carácter individualizable, concreción, etc.) y el origen o fuente del riesgo que se
ha identificado.

3. La obligación de definir oportunamente las medidas y medios de protección
específicos, adecuados y suficientes para evitar que el riesgo extraordinario
identificado se materialice.

4. La obligación de asignar tales medios y adoptar dichas medidas, también de
manera oportuna y en forma ajustada a las circunstancias de cada caso, en
forma tal que la protección sea eficaz.

5. La obligación de evaluar periódicamente la evolución del riesgo
extraordinario, y de tomar las decisiones correspondientes para responder a
dicha evolución.

6. La obligación de dar una respuesta efectiva ante signos de concreción o
realización del riesgo extraordinario, y de adoptar acciones específicas para
mitigarlo o paliar sus efectos.

7. La prohibición de que la Administración adopte decisiones que creen un
riesgo extraordinario para las personas en razón de sus circunstancias, con el
consecuente deber de amparo a los afectados». [Negrillas fuera de texto]

35. Aunado a lo anterior, vale la pena agregar que en virtud del punto 3.4.7.4 del
Acuerdo Final para la Terminación del conflicto y la construcción de una paz
estable y duradera, celebrado entre el Estado de Colombia y los miembros de las
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – FARC EP, se pactaron
obligaciones específicas a cargo del Gobierno Nacional, entre las que se encuentra
el «Programa de protección integral para las y los integrantes del nuevo movimiento
o partido político que surja del tránsito de las FARC-EP a la actividad legal,
actividades y sedes, así como a las y los antiguos integrantes de las FARC-EP que
se reincorporen a la vida civil y a las familias de todos los anteriores, de acuerdo
con el nivel de riesgo».

36. El objeto del citado programa es el siguiente:

12

Radicación: 11001-03-15-000-2023-03661-00
Accionante: Uverney Ijaji López

«El Gobierno Nacional asume el compromiso de implementar un programa
de protección integral en coincidencia con lo desarrollado en el acuerdo
"Participación política: Apertura democrática para construir la paz",
numeral 2.1.2.1, literal c, que tendrá como objetivo proteger a las y los
integrantes del nuevo partido o movimiento político que surja del tránsito
de las FARC-EP a la actividad legal, sedes y actividades, así como a las y
los antiguos integrantes de las FARC-EP que se reincorporen a la vida
civil y a las familias de todos los anteriores de acuerdo con el nivel de
riesgo.

Este Programa que estará adscrito al Departamento Administrativo de la
Presidencia de la República bajo la supervisión del Delegado Presidencial en
la Instancia de Alto Nivel del Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de
la Política, contará con autonomía administrativa y financiera, mantendrá
coordinación permanente y operativa con las instituciones del Estado
pertinentes.

Las medidas establecidas en el presente numeral, se aplicarán a las y los
representantes de las FARC-EP en proceso de reincorporación a la vida
civil y adscritos/as al cumplimiento de tareas del proceso de paz, que sean
designados/as por la Delegación de Paz de las FARC-EP, conforme a lo
que se establezca en el Acuerdo Final y desde la firma del mismo.

3.4.7.4.1 Subdirección especializada de seguridad y protección en la UNP

El Gobierno Nacional creará una Subdirección al interior de la UNP,
especializada en la seguridad y protección, para las y los integrantes del nuevo
partido o movimiento político que surja del tránsito de las FARC-EP a la
actividad legal, actividades y sedes, así como a las y los antiguos integrantes
de las FARC-EP que se reincorporen a la vida civil y a las familias de todos los
anteriores de acuerdo con el nivel de riesgo.

La Subdirección Especializada de Seguridad y Protección, contará con la
participación activa y permanente de no menos de dos representantes del
nuevo partido o movimiento político que surja del tránsito de las FARC-EP a la
actividad política legal y el conjunto de su estructura y funcionamiento se
definirá por el Gobierno Nacional y las FARC-EP»16.

37. A efectos de dar cumplimiento a las anteriores obligaciones, el Gobierno
Nacional profirió el Decreto N° 299 de 23 de febrero de 2017, por medio del cual se
adopta y reglamenta el «Programa de protección especializada de seguridad y
protección», que se encuentra incorporado al Decreto N° 1066 de 2015, «por medio
del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo del
Interior».

38. En el artículo 2.4.1.4.1 del Decreto N° 299 de 23 de febrero de 2017 establece
lo siguiente:

«Crear el Programa de Protección Especializada de Seguridad y Protección,
en virtud del cual la Unidad Nacional de Protección, el Ministerio del Interior y
demás entidades, dentro del ámbito de sus competencias, incluirán como
población objeto de protección, a las y los integrantes, del nuevo
movimiento o partido político que surja del tránsito de las FARC-EP a la
actividad política legal, sus actividades y sedes, a las y los antiguos

16
Acuerdo Final para la Terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera.

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-03661-00
Accionante: Uverney Ijaji López

integrantes de las FARC-EP que se reincorporen a la vida civil, así como
a las familias de todos los anteriores de acuerdo con el nivel de riesgo.

Serán población objeto de protección los menores de edad que salgan de los
campamentos de las FARC-EP. El programa de protección coordinará las
medidas con las entidades competentes.

PARÁGRAFO: La población objeto de este programa tendrá presunción
de riesgo extraordinario de acuerdo con criterios de razonabilidad
presentados por los representantes de las FARC-EP en la mesa Técnica.

La Policía Nacional participará en el programa, designando los enlaces de
coordinación y demás aspectos que correspondan según lo que determina el
Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz
Estable y Duradera».

39. Asimismo,el artículo 2.4.1.4.9 del mismo Decreto contempla un trámite de
emergencia, el cual establece lo siguiente:

«Trámite de Emergencia. El Director o el Subdirector Especializado de
Seguridad y Protección de la Unidad Nacional de Protección podrá adoptar, en
caso de riesgo inminente y excepcional, todas las medidas necesarias para
proteger la vida e integridad física de una persona perteneciente a la población
objeto del presente capítulo. Lo anterior sin necesidad de concepto previo por
parte de la Mesa Técnica.

Dentro de los diez (10) días siguientes a la aplicación de las medidas, se deberá
informar a la Mesa Técnica. La Mesa Técnica analizará las medidas adoptadas
y las podrá ratificar, modificar o eliminar según el caso».

40. Retornando al caso objeto de estudio, se observa que el señor Uverney Ijaji
López es signatario del Acuerdo Final para la Terminación del conflicto y la
construcción de una paz estable y duradera y, en consecuencia, es un antiguo
miembro del grupo subversivo FARC – EP. El referido ciudadano se encuentra en
proceso de reincorporación a la vida civil y reside en el área de reincorporación
ubicada en Argelia - Cauca.

41. Adicionalmente, se encuentra acreditado en el presente proceso que el pasado
21 de abril de 2022, mediante el Oficio T.E. Nº 496 de 2022, el Subdirector
Especializado de Unidad y Protección de la UNP dispuso de la implementación
de las siguientes medidas de protección en favor del aquí accionante y de su núcleo
familiar:

«Atendiendo al Trámite de Emergencia 496 del día 21 de abril de 2022, este
despacho dispone implementar de manera urgente las medidas que se
describen a continuación, hasta tanto al Mesa Técnica de Seguridad y
Protección ratifique, modifique o levante las medidas asignadas.

PRIMERO: Aprobar el otorgamiento a favor del señor:

BENEFICIARIO MEDIDA DE URGENCIA
APROBADA
UVERNEY IJAJI LOPEZ Un (1) vehículo blindado nivel IIIA y
C.C (…) dos (2) agentes escoltas con su
respectiva dotación consistente en:
una (01) pistola, un (01) chaleco de

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-03661-00
Accionante: Uverney Ijaji López

protección balística y un (01) medio de
comunicación.

Medidas complementarias:

Un (1) chaleco de protección balística.

Un (1) botón de apoyo.

Un (1) medio de comunicación.

Las anteriores medidas serán extensivas al respectivo núcleo familiar del señor
UVERNEY IJAJI JOPEZ, el cual está compuesto por:
(…)
Parágrafo primero - Temporalidad: Las medias que se le otorgarán al señor
UVERNEY IJAJI LÓPEZ tendrán una temporalidad de tres (03) meses. Estos
términos comenzarán a regir a partir de la fecha en que se haga efectiva al
implementación de estas.

SEGUNDO: Comunicar al Grupo de Implementación Supervisión y Finalización
de Medidas de la Subdirección Especializada, al presente determinación, a fin
de que proceda a comunicar al decisión al beneficiario.

Parágrafo 1 - En el marco de las funciones asignadas al Grupo de
Implementación, Supervisión y Finalización de Medidas de Protección, "realizar
periódicamente las actividades de control y seguimiento de las medidas
asignadas a los beneficiarios en los términos de uso, manejo e idoneidad con
enfoque de prevención".

Parágrafo 2 – Atendiendo el principio de coordinación y corresponsabilidad
institucional establecido en el Decreto 299 de 2017, desde el ámbito de su
competencia, desplegar todas las acciones que surjan en el ámbito de la
implementación de este programa deberán estar garantizadas a través de la
coordinación y la corresponsabilidad entre todas las instituciones del Estado.
Con el objetivo de lograr al mayor efectividad de las medidas adoptadas en
materia de seguridad y protección, las autoridades competentes dentro de este
programa actuarán en forma ordenada, sistemática, coherente, eficiente y
armónica, para lo cual se deberá asegurar al articulación con las demás
instituciones del orden nacional, departamental y municipal.

Parágrafo 3 - El señor UVERNEY IJAJI LÓPEZ se hará responsable del uso de
los elementos de protección asignados por lo que en caso de que dichos
elementos se vean involucrados en acciones relacionadas con conductas
penales de conformidad se tendrán en cuenta los numerales 3 y 4 del artículo
2.4.1.2.48 del Decreto 1066 de 2015. En ese sentido, el beneficiario de la
Medida Urgente Aprobada y su núcleo familiar deberá trasladarse de su zona
de riesgo a fin de salvaguardar su derecho a la vida, libertad, seguridad e
integridad personal.

TERCERO: Continúese la realización de la Evaluación de Riesgo respectiva,
para que una vez se cuente con la ponderación de riesgo el caso sea valorado
por la Mesa Técnica para que sea dicha instancia quien decida sobre el ajuste,
la modificación, ratificación o levantamiento de las medidas previamente
otorgadas para el beneficiario».

42. Asimismo, también se encuentra acreditado en el proceso que el pasado 24 de
mayo de 2023 le fue retirado el esquema de seguridad al accionante porque el
vehículo resultó averiado por un «atentado con arma de fuego». Además, la
afirmación anterior fue corroborada por la UNP en el informe de 11 de julio de 2023,

15

Radicación: 11001-03-15-000-2023-03661-00
Accionante: Uverney Ijaji López

elaborado por el Jefe de la Oficina Jurídica de la UNP, Daniel Augusto Jorge El
Saieh Sánchez, en el que se señaló:

«II. VEHÍCULO Desde el GISFM hago trazabilidad de correo enviado por el
grupo de Automotores: Cordial saludo. De manera atenta informo que el
vehículo de placas HIX659 ingresó a taller el día 25 de mayo de 2023 y la
rentadora indicó que por los nuevos contratos ya no pertenece a la zona,
razón por la cual desde el Grupo de Automotores se realizó la solicitud a
la nueva rentadora y se está a la espera de confinación de disponibilidad».
[sic en toda la cita]

43. Así las cosas, la Sala observa que también se encuentra acreditado que en la
actualidad no le ha sido restituido el esquema de protección asignado al señor Ijaji
López mediante el Oficio T.E. Nº 496 de 2022.

44. En vista de todo lo anterior, en criterio de la Sala existe una clara e innegable
amenaza a los derechos fundamentales a la vida, a la seguridad personal y a la
integridad del señor Uverney Ijaji López, con ocasión de la omisión de la Unidad
Nacional de Protección – UNP de restituirle el esquema de protección temporal
asignado al actor, con ocasión del trámite de emergencia T.E. Nº 496 de 21 de abril
de 2022.

45. Cabe señalar que las medidas temporales de protección decretadas en virtud del
trámite de emergencia previsto en el artículo 2.4.1.4.9 del Decreto N° 1066 de 2015
únicamente pueden ser modificadas o eliminadas por la Mesa Técnica de
Seguridad y Protección, de conformidad con el inciso segundo del artículo
citado, que señala «[d]entro de los diez (10) días siguientes a la aplicación de
las medidas, se deberá informar a la Mesa Técnica. La Mesa Técnica analizará
las medidas adoptadas y las podrá ratificar, modificar o eliminar según el
caso».

46. En el caso sub examine, se observa que al señor Uverney Ijaji López le fue
retirado el esquema de protección asignado, sin que existiera una decisión de la
Mesa Técnica.

47. La UNP, para efectos de justificar tal situación, en su escrito de contestación
manifestó que invocaba la configuración de la causal eximente de responsabilidad
asociada a la fuerza mayor debido a que: «se presenta falta de automotores y
repuestos a nivel mundial y el retraso en la producción de vehículos, aunado al
incremento de personas que requieren protección del programa, dificultan el
cumplimiento oportuno en la implementación de medidas, situación que la Entidad
diariamente intenta superar, pero que se constituye en situaciones externas al
actuar interno».

48. En relación con lo anterior, y conforme a la jurisprudencia constitucional, debe
resaltarse que para la configuración de la fuerza mayor es necesario: (i) que el
hecho sea irresistible; (ii) que sea imprevisible y (iii) que sea externo respecto del
obligado».

49. Con sustento en las anteriores premisas, es claro que el argumento expuesto por
la UNP carece de vocación de prosperidad porque los hechos que se aducen como

16

Radicación: 11001-03-15-000-2023-03661-00
Accionante: Uverney Ijaji López

constitutivos de fuerza mayor no son irresistibles y tampoco son imprevisibles.
En efecto, la entidad accionada reconoce que, desde el año 2020, existen
problemas relacionados con el suministro de vehículos de protección con ocasión
de la «pandemia [de] COVID 19 y [la] guerra entre Rusia y Ucrania». Estos hechos,
en modo alguno, pueden calificarse como imprevisibles o irresistibles porque datan
de años anteriores.

50. En este mismo sentido, resulta relevante traer a colación que, mediante la
sentencia SU – 020 de 2022, la Corte Constitucional declaró «el Estado de Cosas
Inconstitucional (ECI) por el bajo nivel de cumplimiento en la implementación
del componente de garantías de seguridad a favor de la población signataria
del Acuerdo Final de Paz en proceso de reincorporación a la vida civil, de sus
familias y de quienes integran el nuevo partido político Comunes». Como
fundamento de lo anterior, el máximo Tribunal de lo Constitucional precisó lo
siguiente:

«En vista de la especificidad de la situación que enfrentan las personas
firmantes del Acuerdo Final de Paz en proceso de reincorporación a la vida civil,
sus familias y las personas integrantes del partido Comunes, el incumplimiento
de las obligaciones previstas en el punto 3.4 del Acuerdo Final de Paz,
desarrollado por normas constitucionales y legales, ha sido grave, recurrente y
en sí mismo evidencia una práctica generalizada de desinterés gubernamental,
prologada en un tiempo inaceptable para los estándares exigidos para el
cumplimiento de los acuerdos de paz por lo que esta debe entenderse como
generalizada, irrazonable y desproporcionada. No solo afecta a las y a los
accionantes en el expediente de la referencia sino a todas las personas que se
comprometieron a dejar las armas y a transitar hacia la vida civil, a cambio de
lo cual, el Estado debe ofrecerles debida, oportuna y eficaz protección basada
en un concepto de seguridad humana preventiva e integral».

51. Por todo lo anterior, se observa que en esta oportunidad existe una evidente y
grave amenaza de los derechos fundamentales a la vida, a la seguridad personal y
a la integridad del señor Ijaji López. Dicha amenaza es consecuencia de la
indebida gestión contractual de la Unidad Nacional de Protección – UNP, que
según lo informado este trámite carece de un proveedor de vehículos en el
departamento de Cauca y debido a esto no ha podido restituirle el esquema de
seguridad al accionante.

52. Así lascosas, la Sala amparará los derechos fundamentales a la vida, a la
seguridad personal y a la integridad del señor Uverney Ijaji López, lesionados por
la Unidad Nacional de Protección – UNP. Por lo tanto, se hace necesario
ordenarle a la autoridad accionada que, de manera inmediata, le restituya el
esquema de seguridad asignado al actor a través del Trámite de Emergencia 496 del
día 21 de abril de 2022, consistente en:

BENEFICIARIO MEDIDA DE URGENCIA
APROBADA
UVERNEY IJAJI LOPEZ Un (1) vehículo blindado nivel IIIA y
C.C (…) dos (2) agentes escoltas con su
respectiva dotación consistente en:
una (01) pistola, un (01) chaleco de
protección balística y un (01) medio de
comunicación.

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-03661-00
Accionante: Uverney Ijaji López

Medidas complementarias:

Un (1) chaleco de protección balística.

Un (1) botón de apoyo.

Un (1) medio de comunicación.

53. Adicionalmente, y comoquiera que la UNP ha venido manifestado en este trámite
constitucional sobre la supuesta imposibilidad de restituir el esquema de seguridad
por razones contractuales, la Sala conminará a dicha entidad para que haga uso de
todos los mecanismos legales y contractuales de urgencia, a efectos de evitar que
se materialice la amenaza a los derechos fundamentales de actor.

54.Adicionalmente, la Sala remitirá copia de esta providencia con destino a la
Procuraduría Delegada Preventiva y de Control de Gestión para el Seguimiento del
Acuerdo de Paz, a efectos de que le haga seguimiento al cumplimiento de las
órdenes emitidas en el presente proceso constitucional.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación propuesta por el Presidente de
la República, por las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.

SEGUNDO: LEVANTAR la medida provisional ordenada mediante el auto de 6 de
julio de 2023.

TERCERO: AMPARAR los derechos fundamentales a la vida, a la seguridad
personal y a la integridad del ciudadano Uverney Ijaji López, vulnerados por la
Unidad Nacional de Protección. En consecuencia, ORDENAR al director de la
UNIDAD NACIONAL DEL PROTECCIÓN - UNP que, de manera inmediata,
restituya el esquema de protección ordenado al actor a través de la Oficio N° T.E.
No 496 de 21 de abril de 2022, consistente en lo siguiente:

BENEFICIARIO MEDIDA DE URGENCIA
APROBADA
UVERNEY IJAJI LOPEZ Un (1) vehículo blindado nivel IIIA y
C.C (…) dos (2) agentes escoltas con su
respectiva dotación consistente en:
una (01) pistola, un (01) chaleco de
protección balística y un (01) medio de
comunicación.

Medidas complementarias:

Un (1) chaleco de protección balística.

18

Radicación: 11001-03-15-000-2023-03661-00
Accionante: Uverney Ijaji López

Un (1) botón de apoyo.

Un (1) medio de comunicación.

CUARTO: CONMINAR a la Unidad Nacional de Protección para que, a efectos
de evitar la materialización de un perjuicio irremediable, estudie la posibilidad de
restituir el esquema de seguridad del accionante mediante el trámite de contratación
de urgencia previsto en el artículo 42 de la Ley 80 de 1993.

QUINTO: REMITIR copia de la presente providencia con destino a la Procuraduría
Delegada Preventiva y de Control de Gestión para el Seguimiento del Acuerdo de
Paz, a efectos de que le haga seguimiento al cumplimiento de las órdenes emitidas.

SEXTO: NOTIFÍQUESE a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del
Decreto Ley 2591 de 1991.

SÉPTIMO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y quede en firme,
REMÍTASE el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
conforme lo establece el artículo 31 del Decreto Ley 2591 de 1991.

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
Presidente

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.
En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley. (p:30)

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