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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-03665-00

Fecha
24 de agosto de 2023
Consejero ponente
Carlos Enrique Moreno Rubio

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-03665-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: Declárase improcedente la acción de tutela de la referencia, de conformidad con lo señalado en la parte considerativa de esta providencia. SEGUNDO:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2023-03665-00

Consejero ponente: Carlos Enrique Moreno Rubio

24 de agosto de 2023

Demandante: Luis Carlos Monroy Minota
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B
Rad: 11001-03-15-000-2023-03665-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO

Bogotá D.C., veinticuatro (24) de agosto de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación No: 11001-03-15-000-2023-03665-00
Demandante: LUIS CARLOS MONROY MINOTA
Demandados: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA,
SUBSECCIÓN B Y OTROS

Temas: Tutela contra providencia judicial- inmediatez

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a decidir la solicitud formulada por la parte actora en ejercicio
de la acción de tutela consagrada en la Constitución Política, artículo 86 y
desarrollada en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el
Decreto 333 de 2021, y el artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena
de esta Corporación.

I. ANTECEDENTES

1. La petición de amparo

El señor Luis Carlos Monroy Minota, quien actúa en nombre propio, instauró
acción de tutela en contra del Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B, con el fin de que se protejan sus derechos fundamentales al
debido proceso, a la seguridad social y a la vida, que consideró vulnerados con
el auto de 7 de julio de 2021, proferido dentro del medio de control de nulidad
11001-03-25-000-2018-01138-00, a través del cual se decretó la medida
cautelar de suspensión provisional de los efectos del Acta del 22 de abril de
2014, “por medio de la cual se decide sobre el pago de la mesada 14 a los
pensionados del Ministerio de Defensa -Secretaría General - Dirección
Administrativa - Grupo de Prestaciones Sociales”, suscrita por la directora
administrativa y la coordinadora del Grupo de Prestaciones Sociales de la
Unidad de Gestión General del Ministerio de Defensa Nacional.

Pide que se ordene a la autoridad judicial accionada que, en un término de
quince (15) días, se revise nuevamente la medida cautelar objeto de
controversia y se decrete la nulidad de la providencia que la decretó, esto es, el
auto de 7 de julio de 2021.

1

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Demandante: Luis Carlos Monroy Minota
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B
Rad: 11001-03-15-000-2023-03665-00

2. Hechos

El accionante narró los siguientes supuestos fácticos que, a juicio de la Sala,
resultan relevantes para la decisión que se va a adoptar dentro del presente
asunto.

En el año 2009 se graduó como suboficial del Ejército Nacional, en el grado de
cabo tercero; posteriormente, en el año 2013 presentó molestia en el estómago
y pérdida de la visión, por lo que se le realizó una junta médica laboral en donde
se dictaminó un porcentaje de pérdida de capacidad laboral del 22.33%, con
reubicación laboral.

En el año 2016 presentó molestias como diabetes, hipertensión, pérdidasd
auditiva por explosión de mina antipersona acaecida en el año 2012 y apnea del
sueño, por lo cual se realizó nueva junta médica laboral registrada en la
Dirección de Sanidad del Ejército bajo el número 87885, en la que se dictaminó
un porcentaje de discapacidad del 52.33%, y un acumulativo del 74.45%
incluyendo el año 2013.

Pese a no haber estado apto para su reubicación laboral, continuó laborando en
la institución hasta el año 2018 donde presentó varias patologías como dolor
lumbar y síntoma de trauma de hernia discal dictaminados por médico
especialista, además de presentar una dislipidemia, hipotiroidismo e
insuficiencia mitral leve; luego fue valorado por el comité de psiquiatría que
dictaminó estrés postraumático y finalmente, ese mismo año se realizó junta
médica laboral número 104681, en la que se concluyó su pérdida de capacidad
laboral en un 84.27%.

En el año 2019 le fue reconocida pensión de invalidez y cuatro años después de
otorgado el disfrute de la mesada 14 el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B, mediante providencia de 7 de julio de 2021, suspendió
provisionalmente los efectos del Acta del 22 de abril de 2014, “por medio de la
cual se decide sobre el pago de la mesada 14 a los pensionados del Ministerio
de Defensa -Secretaría General - Dirección Administrativa - Grupo de
Prestaciones Sociales”, suscrita por la directora administrativa y la coordinadora
del Grupo de Prestaciones Sociales de la Unidad de Gestión General del
Ministerio de Defensa Nacional, que servía de sustento para el pago de la citada
prestación.

3. Sustento de la vulneración

El actor señaló que es un sujeto de especial protección estatal debido a su
situación de debilidad manifiesta, por lo cual está pensionado desde el año
2019; no obstante, en razón de la medida cautelar adoptada por la providencia
cuestionada, le fue suspendido el pago de la mesada 14, lo que viola la
Constitución Política y desconoce su condición de discapacidad y sus
innumerables patologías adquiridas mientras estaba en el servicio activo.

Hizo un recuento sobre el régimen de la Fuerza Pública en materia prestacional
y destacó que de conformidad con la Constitución, la Ley 100 de 1993 que creó

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el sistema de seguridad social para todo el mundo no opera para las Fuerzas
Militares, por lo que se trata de un régimen exceptuado, de manera que al
proferirse la medida cautelar por parte de la autoridad judicial accionada se
lesionó el artículo 48 de la carta superior.

Indicó que la Corte Constitucional ha concluido que la excepción sobre el
régimen de seguridad no lesiona el derecho a la igualdad, y ha mencionado que
los regímenes exceptuados responden a la necesidad de proteger grupos que
por sus características especiales reciben un trato diferenciado de la
generalidad del sistema; para el efecto, citó la sentencia C-665 de 1996.

Manifestó que el auto objeto de tutela desconoció las normas aplicables a los
miembros de las fuerzas militares, pues realizó una distinción entre asignación
de retiro y pensión de invalidez con base en una normativa inaplicable y
apartándose del precedente de la Corte Constitucional.

Aseveró que el sustento de la excepcionalidad del régimen de seguridad social
de los miembros de la Fuerza Pública se basó en la garantía de los derechos
adquiridos a través de los Decretos 1211, 1212 y 1214 de 1990, y bajo el
principio de favorabilidad, por lo que no era posible aplicar de forma retroactiva
normas a situaciones que se consolidaron con anterioridad a su entrada en
vigencia.

Trajo a colación el desarrollo normativo y jurisprudencial sobre protección a
personas en situación de discapacidad como sujetos de especial protección
constitucional, de cara al régimen aplicable en materia de pensión de invalidez
de los miembros de la Fuerza Pública.

4. Trámite de la acción de tutela

Por auto de 10 de julio de 2023 se admitió la acción del tutela y se ordenó su
notificación al magistrado Juan Enrique Bedoya Escobar, quien reemplazó en el
cargo a la ponente inicial de la providencia objeto de tutela; de igual forma, se
vinculó a las partes (demandantes, demandados y coadyuvantes) del medio de
control de nulidad 11001-03-25-000-2018-01138-00, dentro del cual se emitió el
auto controvertido.

5. Argumentos de defensa

Realizadas las notificaciones de rigor, se dieron las siguientes intervenciones:

5.1. La Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, CASUR, por conducto
de la jefe de la Oficina Asesora Jurídica, manifestó que el accionante no figura
dentro de la base de datos de la entidad como beneficiario de prestación alguno,
por lo que carece de legitimación en la causa por pasiva.

5.2. La Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, CREMIL, a través de apoderada
judicial, señaló que la función de la entidad es reconocer y pagar la asignación
de retiro al personal de las Fuerzas Militares. En relación con la demanda de
nulidad que originó el auto cuestionado, indicó que el acto administrativo

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suspendido a través de este fue expedido por el Ministerio de Defensa Nacional-
Dirección Administrativa y Coordinación del Grupo de Prestaciones Sociales de
la Unidad de Gestión General, dependencia que no tiene competencia con el
reconocimiento de asignaciones de retiro, por lo que como la acción de tutela se
dirige contra la medida cautelar de suspensión del Acta de 22 de abril de 2014,
que decidió sobre el pago de la mesada 14 a los pensionados de esa dirección,
y no contra las asignaciones de retiro o sustituciones a beneficiarios de personal
de las Fuerzas Militares, no tiene injerencia en la vulneración invocada.

5.3. El Ministerio de Defensa Nacional- Dirección de Veteranos y Rehabilitación
Inclusiva, DIVRI, por conducto del coordinador de Prestaciones Sociales, pidió
que se declare improcedente la acción de tutela por carencia actual de objeto,
toda vez que el 14 de julio de 2023 le fue cancelada la mesada 14 (prima de
mitad de año) al señor Luis Carlos Monroy Minota.

5.4. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, por medio de apoderado
judicial, precisó que la acción de tutela es improcedente porque la decisión de
fondo sobre el proceso de nulidad no se ha adoptado, además el asunto carece
de relevancia constitucional porque se trata de un simple desacuerdo con la
decisión judicial controvertida.

5.5. La señora Leidy Eraso, quien fue demandante en el proceso de nulidad que
dio origen al auto objeto de tutela, solicitó que se acceda a la protección del
debido proceso porque si bien se levantó la medida cautelar, el auto aún no se
encuentra ejecutoriado por lo que no se puede hacer efectiva esa decisión.

5.6. El señor Henry Alfredo Bustos Caicedo, coadyuvante en el proceso de
nulidad, arguyó que el magistrado Juan Enrique Bedoya Escobar, a través del
auto de 11 de julio de 2023, decidió levantar la medida cautelar cuestionada sin
tener competencia y aprovechando que dicha decisión no tiene recursos.
Además, no precisó de qué manera se cumplieron los requisitos para tal efecto
ni desvirtuó las razones que tuvo la magistrada Sandra Lizzet Ibarra para
decretar la suspensión provisional del acto demandado, por lo que se observa
que su levantamiento no puede estar sometido a órdenes, caprichos, protestas
sociales o presiones.

5.7. El magistrado Juan Enrique Bedoya Escobar, quien está a cargo del medio
de control de nulidad objeto de tutela, aseveró que mediante providencia de 11
de julio de 2023 se revocó el auto de 7 de julio de 2021, que había decretado la
medida cautelar de suspensión provisional del Acta de 22 de abril de 2014,
suscrita por la directora administrativa y la coordinadora del Grupo de
Prestaciones Sociales de la Unidad General del Ministerio de Defensa Nacional,
por lo cual la acción de tutela carece de objeto por sustracción de materia,
debido a que se superaron los hechos que el actor señaló como vulneratorios de
sus derechos fundamentales.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

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La Sala es competente para conocer en primera instancia la presente acción de
tutela, en atención a lo consagrado por el Decreto 2591 de 1991, el artículo
2.2.3.1.2.1 del Decreto No. 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de
2021, y el artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta
Corporación.

2. Problema jurídico

Corresponde en este caso determinar si, tal y como lo argumenta la parte
actora, la Sección Segunda, Subsección B de esta Corporación lesionó sus
derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad social y a la vida, con
el auto de 7 de julio de 2021 proferido dentro del medio de control de nulidad
11001-03-25-000-2018-01138-00, a través del cual se decretó la medida
cautelar de suspensión provisional de los efectos del Acta del 22 de abril de
2014, “por medio de la cual se decide sobre el pago de la mesada 14 a los
pensionados del Ministerio de Defensa -Secretaría General - Dirección
Administrativa - Grupo de Prestaciones Sociales”, suscrita por la directora
administrativa y la coordinadora del Grupo de Prestaciones Sociales de la
Unidad de Gestión General del Ministerio de Defensa Nacional.

En tales condiciones, se revisarán los siguientes aspectos: (i) el criterio de la
Sección sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial;
(ii) estudio sobre los requisitos de procedencia adjetiva y, finalmente, de
encontrarse superados, (iii) el fondo del asunto.

3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

De conformidad con el precedente jurisprudencial proferido por la Sala Plena de
lo Contencioso Administrativo, en fallo del treinta y uno (31) de julio de dos mil
doce (2012)1, mediante el cual unificó la diversidad de criterios que la
Corporación tenía sobre la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales2, conforme al cual:

“De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto
que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de
tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las distintas
Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento
de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a
dicha acción constitucional, de manera excepcional, cuando se ha
advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales,
de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita, como se hace
en esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo,
cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten
violatorias de tales derechos, observando al efecto los parámetros

1 Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. ACCIÓN DE

TUTELA - Importancia jurídica. Actora: NERY GERMANIA ÁLVAREZ BELLO. Magistrada
Ponente: María Elizabeth García González.
2 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena

antes reseñado.
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fijados hasta el momento Jurisprudencialmente.”3.

La Corporación ha modificado su criterio sobre la procedencia de la acción de
tutela y, en consecuencia, conforme a él, es necesario estudiar las acciones de
tutela que se presenten contra providencia judicial y analizar si ellas vulneran
algún derecho fundamental, observando al efecto los parámetros fijados hasta el
momento por la jurisprudencia, como expresamente lo indica la decisión de
unificación.

Así, ahora es importante precisar bajo qué parámetros se hará ese estudio,
pues la sentencia de unificación se refirió a los “…fijados hasta el momento
jurisprudencialmente…”.

En efecto, sabido es que la tutela es un mecanismo residual y excepcional para
la protección de derechos fundamentales como lo señala el artículo 86 de la
Carta y, por ende, la procedencia de esta acción constitucional contra
providencia judicial no puede ser ajena a esas características.

La Corte Constitucional se ha referido en forma amplia4 a unos requisitos
generales y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, sin
distinguir cuáles dan origen a que se conceda o niegue el derecho al amparo -
procedencia sustantiva- y cuáles impiden efectivamente adentrarnos en el fondo
del asunto -procedencia adjetiva-.

En ese orden, primero se verificará que la solicitud de tutela cumpla unos
presupuestos generales de procedibilidad. Estos requisitos son: i) que el asunto
sea relevante desde el punto de vista constitucional, ii) que no se trate de tutela
contra tutela; iii) inmediatez y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los
requisitos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y
eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado.

Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la Sección declarará
improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del asunto.

Por el contrario, cumplidos esos requisitos, corresponderá a la Sala adentrarse
en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la
solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde
para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la
causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que
incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente
reabrir el debate de instancia.

Se resalta que esta acción constitucional no puede ser considerada como una
“tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.

4. Examen de los requisitos de procedencia adjetiva

3 Idem.
4 Entre otras en las sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T-774 del 13 de agosto de 2004

y C-590 de 2005.
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Para comenzar por el estudio de los parámetros esenciales de viabilidad de la
tutela cuando se dirige contra providencias judiciales, la Sala encuentra que no
se cumple con el requisito de inmediatez.

Se advierte que la acción de tutela fue estatuida por el constituyente con el
objeto de proveer una protección inmediata de los derechos fundamentales
conculcados, lo que supone su amparo rápido, urgente, actual y eficaz 5 .

Así, el requisito de la inmediatez exige que la tutela se interponga tan pronto se
produce el hecho, acto u omisión al que se le atribuye la vulneración de los
derechos fundamentales, o por lo menos dentro de un término prudencial y
consecuencial a su ocurrencia, pues el paso prolongado del tiempo, indica que
se ha disipado la gravedad de la lesión y la urgencia de la protección deprecada,
desvirtuándose así, la inminencia de la afectación6, tal plazo prudencial ha sido
calculado por la Corte Constitucional (acogido por el Consejo de Estado en 6
meses), y ha de analizarse en cada caso concreto para determinar si un exceso
en el mismo se halla justificado como para omitir su consideración y entrar al
fondo del debate jurídico planteado.

En el caso en estudio, el auto de 7 de julio de 2021 a través del cual se decretó
la medida cautelar controvertida, fue objeto de recurso de súplica el cual fue
resuelto mediante providencia de 28 de julio de 2022 en el sentido de
confirmarlo, la cual fue notificada por estado el 26 de agosto de 2022, por lo que
de conformidad con el artículo 52 de la Ley 2080 de 2021, la notificación se
entendió realizada a los 2 días hábiles siguientes al envío del mensaje,
quedando debidamente ejecutoriada el 2 de septiembre de 2022.

No obstante, la acción de tutela fue presentada hasta el 5 de julio de 2023, es
decir, más de 10 meses después de la ejecutoria de la providencia cuestionada.

Así las cosas, para la Sala es claro que la presente solicitud de amparo
desconoce el principio de inmediatez que debe caracterizarla, de lo cual se
desprende la inexistencia de necesidad o urgencia en la intervención del juez
constitucional.

Sobre el punto, resulta del caso precisar que no existe norma o parámetro
jurisprudencial que establezca un plazo perentorio para presentar tutela contra
providencia judicial, pero de ninguna manera se puede permitir que su uso se
difiera indefinidamente, sin que medie una razón válida. Lo contrario sería
desconocer la línea jurisprudencial que en cuanto a la exigencia del requisito de
“inmediatez” ha trazado la Corte Constitucional, autoridad judicial que se
manifestó de la siguiente manera7:

5 El artículo 86 de la Carta prevé que “toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante
los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí
misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales (...)”.

6 Al respecto la Corte Constitucional en el fallo T-142 de 1 de marzo de 2012, M.P. Humberto

Antonio Sierra Porto, reiteró la tesis según la cual “la tutela resulta improcedente cuando la
demanda se interpone después de transcurrido un lapso irrazonable y extenso, desde la fecha
en que sucedieron los hechos o viene presentándose el hecho vulnerador que la parte
accionante estima que afecta sus derechos fundamentales”.
7 Corte Constitucional, sentencia T – 246 DE 2015, M.P. Dra.: Martha Victoria Sáchica Méndez.

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“Según la naturaleza de la acción de tutela, la cual tiene el propósito de
obtener la protección inmediata de los derechos constitucionales
fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o amenazados, se ha
discutido acerca de la necesidad de estudiar un plazo razonable en la
interposición del amparo. La Sentencia SU-961 de 1999 dio origen al
principio de la inmediatez, no sin antes reiterar, como regla general, que la
posibilidad de interponer la acción de tutela en cualquier tiempo significa
que esta no tiene un término de caducidad. La consecuencia de ello es que
el juez constitucional, en principio, no puede rechazarla con fundamento en
el paso del tiempo y tiene la obligación de entrar a estudiar el asunto de
fondo.

Teniendo en cuenta este sentido de proporcionalidad entre medios y fines,
la inexistencia de un término de caducidad no puede significar que la acción
de tutela no deba interponerse dentro de un plazo razonable. La
razonabilidad de este plazo está determinada por la finalidad misma de la
tutela, que debe ser ponderada en cada caso concreto. De acuerdo con los
hechos, entonces, el juez está encargado de establecer si la tutela se
interpuso dentro de un tiempo prudencial y adecuado, de tal modo que no
se vulneren derechos de terceros.

(…)”

Sin embargo, la Corte Constitucional y esta Sala han admitido la procedencia de
la acción de tutela interpuesta cuando ha transcurrido un extenso espacio entre
el hecho que generó la vulneración, siempre que: i) exista un motivo válido para
la inactividad de los accionantes, por ejemplo, el estado de indefensión,
interdicción, abandono, minoría de edad, incapacidad física, entre otros; ii) la
inactividad injustificada vulnere el núcleo esencial de los derechos de terceros
afectados con la decisión; iii) exista un nexo causal entre el ejercicio inoportuno
de la acción y la vulneración de los derechos de los interesados; o iv) cuando se
demuestre que la vulneración es permanente en el tiempo y que, pese a que el
hecho que la originó es muy antiguo respecto de la presentación de la tutela, la
situación desfavorable del actor derivada del irrespeto por sus derechos,
continúa y es actual, circunstancias que no fueron alegadas ni demostradas en
el caso en estudio.

Por consiguiente, la acción de tutela no cumple con el requisito de procedibilidad
de inmediatez, razón por la cual se declarará improcedente.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: Declárase improcedente la acción de tutela de la referencia, de
conformidad con lo señalado en la parte considerativa de esta providencia.

SEGUNDO: Notifíquese a las partes y a los intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

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TERCERO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación, remítase el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión, al día siguiente de su ejecutoria.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la
providencia oficial con el número de radicación en
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081”

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