Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-03668-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-03668-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2023-03668-01
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
2 de noviembre de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D. C., dos (2) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-03668-01
Referencia: Acción de tutela
ACTOR: CARLOS ORLANDO GALINDO MUÑOZ
TESIS: SE CONFIRMA LA DECISIÓN IMPUGNADA QUE DECLARÓ
IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO POR NO CUMPLIRSE EL
REQUISITO GENERAL DE LA RELEVANCIA CONSTITUCIONAL. LA
DIVERGENCIA OBEDECE A UN DEBATE DE ASPECTOS QUE FUERON
RESUELTOS DE FORMA ADMISIBLE POR LA AUTORIDAD JUDICIAL
ACCIONADA.
DERECHOS FUNDAMENTALES: AL DEBIDO PROCESO Y A LA
IGUALDAD.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por el actor contra la
sentencia de 9 de agosto de 2023, mediante la cual la SECCIÓN
TERCERA -SUBSECCIÓN “A”- DEL CONSEJO DE ESTADO1
declaró improcedente la solicitud de amparo de la referencia.
1 En adelante la Sección Tercera
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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-03668-01
ACTOR: CARLOS ORLANDO GALINDO MUÑOZ
I. ANTECEDENTES
I.1.- La Solicitud
El señor CARLOS ORLANDO GALINDO MUÑOZ, actuando en
nombre propio, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el
artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus
derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad, los cuales
estima vulnerados por el JUZGADO TREINTA ADMINISTRATIVO
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ2 y la SECCIÓN SEGUNDA
-SUBSECCIÓN “F”- DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
CUNDINAMARCA3 al haber proferido la providencia de 30 de octubre
de 2018 y 6 de diciembre de 20224, respectivamente, dentro del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con
el número único de radicación 11001-33-35-030-2018-00183-01.
I.2.- Hechos
Afirmó que ingresó a la POLICÍA NACIONAL el 18 de enero de 2001
y fue retirado del servicio activo el 1o. de diciembre de 2017,
mediante la Resolución núm. 264 de 27 de noviembre de 2017.
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En adelante el Juzgado
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En adelante el Tribunal
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Decisión notificada el 16 de diciembre de 2022, a través de correo electrónico
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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-03668-01
ACTOR: CARLOS ORLANDO GALINDO MUÑOZ
Refirió que fue retirado del servicio por voluntad de la Dirección
General de la institución, previa recomendación de la Junta de
Evaluación y Clasificación para Suboficiales, Personal del Nivel
Ejecutivo y Agentes de la Policía Metropolitana de Bogotá.
Adujo que, inconforme con lo anterior, promovió demanda en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho con el fin de que se declarara la nulidad del acto
administrativo de desvinculación, proceso que fue identificado con el
número único de radicación 2018-00183-00 y le correspondió en
primera instancia al JUZGADO que, mediante sentencia de 30 de
octubre de 2018, denegó las pretensiones de la demanda.
Manifestó que dicha decisión fue objeto de recurso de apelación, el
cual fue desatado por el TRIBUNAL que, mediante providencia de 6
de diciembre de 2022, confirmó la sentencia de primera instancia,
bajo el argumento de que el retiro del servicio se dispuso en legal
forma, pues fue en uso de la potestad discrecional de la institución y
estaba amparado en la recomendación de la Junta de Evaluación y
Clasificación, en la que, además de las condecoraciones y
felicitaciones, se evidenciaba una serie de registros negativos que
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ACTOR: CARLOS ORLANDO GALINDO MUÑOZ
afectaban gravemente la actividad funcional de la institución y la
pérdida de confianza de la misma.
I.3. Fundamentos de derecho
A juicio del actor, en el presente asunto, la autoridad judicial
accionada incurrió en defecto sustantivo por desconocimiento
del precedente judicial, toda vez que no tuvo en cuenta la
sentencia C-1076 de 2002 dictada por la Corte Constitucional, los
fallos de 2 de febrero5 y 16 de febrero de 20176 proferidos por el
Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia, respectivamente,
así como una sentencia de tutela7 proferida por ese mismo Tribunal.
Aseguró que en el análisis efectuado no se tuvo en cuenta que la
Policía Nacional aplicó de forma indebida el artículo 27 de la Ley 1015
de 7 de febrero de 20068, al insertar anotaciones negativas -como
llamados de atención- en su formulario de seguimiento, pese a que
se encontraba prohibido realizarlas por escrito.
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Expediente 68001-23-33-000-2016-01103-01
6
Expediente 90048
7
Expediente 11001-33-34-006-2020-00300- 01
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Por medio de la cual se expide el Régimen Disciplinario para la Policía Nacional
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Resaltó que los motivos que fundamentaron el acto mediante el cual
fue retirado del servicio no resultaban proporcionales ni razonables
para justificar una pérdida de confianza por parte de la institución,
pues las anotaciones negativas no bastaban para sustentar el retiro
del servicio, por lo que el acto acusado no se encontraba ajustado a
derecho, debido a la falta de valoración de las circunstancias de
modo, tiempo y lugar en las que ocurrieron dichas conductas, así
como de las buenas calificaciones y reconocimientos con los que
contaba, excediendo con ello la facultad discrecional otorgada por la
ley.
Igualmente sostuvo que la providencia cuestionada incurrió en
defecto fáctico al interpretar de forma errónea el acta núm. 1014
GUTAH-SUBCO-2.25 de 24 de noviembre de 2017, a través de la cual
la Junta de Evaluación y Clasificación para Suboficiales, Personal del
Nivel Ejecutivo y Agentes de la Policía Metropolitana de Bogotá dio la
recomendación para retirarlo del servicio activo, pues la misma
estaba viciada de falsa motivación, toda vez que se consignaron unos
hechos que no correspondían con la realidad.
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I.3.- Pretensiones
El actor solicitó el amparo de sus derechos fundamentales invocados
como violados y, en consecuencia:
“[…] se REVOQUE la Sentencia de primera instancia del 30 de
octubre de 2018 proferida por el JUZGADO 30 TREINTA
ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ D.C y
sentencia Segunda instancia de fecha seis (6) de diciembre de
dos mil veintidós (2022) proferida por Honorable TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA. SECCION SEGUNDA
SUBSECCION F dentro del EXPEDIENTE: 11001-33-35-030-
2018-00183-01 y en su lugar se ORDENE expedir nuevo fallo en
donde se acceda a las pretensiones de la demanda
3. TERCERO: me sean respetados, entre otros, los derechos
fundamentales, debido Proceso e igualdad y se aplique a esta
solicitud el principio de legalidad. […]”.
I.4.- Defensa
I.4.1.- El TRIBUNAL sostuvo que no vulneró en forma alguna los
derechos fundamentales invocados por el actor, por cuanto la
decisión cuestionada se encuentra ajustada a derecho, al marco legal
y jurisprudencial que rige la materia.
Señaló que en la decisión controvertida se acreditó que el
procedimiento administrativo a través del cual se efectuó el retiro del
accionante se había adoptado conforme con el ordenamiento vigente,
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toda vez que en el acto acusado se especificaron de forma detallada
las razones que lo sustentan, esto es, los motivos aducidos por la
Junta de Evaluación y Clasificación para recomendar el retiro, la
afectación de la confianza de la institución y la prestación del servicio
y, además, que la recomendación de la Junta no requería estar
precedida de un procedimiento administrativo, habida cuenta que
obedece al poder discrecional de la institución.
I.4.2.- El JUZGADO solicitó tener en cuenta los fundamentos de
hecho y de derecho que se expusieron en las providencias objeto de
reproche constitucional para emitir la decisión que en derecho
corresponda.
II. FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO
La Sección Tercera, mediante sentencia de 9 de agosto de 2023,
declaró improcedente la solicitud de amparo por no cumplir con el
requisito general de relevancia constitucional.
Sostuvo que el actor promovió la presente solicitud de amparo con
el fin de formular en sede constitucional los mismos reparos que
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fueron expuestos dentro del proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho, lo cual ponía de manifiesto que lo pretendido era reabrir
el debate jurídico, sin que se evidenciara la vulneración de derechos
fundamentales.
Manifestó que la acción de tutela no es un mecanismo
complementario al del medio de control ordinario y no tiene por fin
revisar las bases del debate judicial para definir como instancia final
las razones de derecho objeto de la controversia.
Indicó que la providencia cuestionada se fundamenta en argumentos
válidos, razonables y en la jurisprudencia y ley aplicables al caso, sin
que se observara una argumentación caprichosa, irrazonable y
parcializada contraria al ordenamiento jurídico, lo que impedía la
intervención del juez constitucional.
Afirmó que los defectos alegados corresponden a una discrepancia
valorativa sobre el resultado desfavorable del proceso, que no es
susceptible de admitirse como una causal de procedibilidad especial,
pues tratándose de interpretaciones diversas y razonables, es el juez
natural el llamado a fijar aquella que mejor se ajuste al caso de que
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se trate, conforme a los criterios de la sana crítica y en virtud de su
autonomía e independencia.
Adujo que la presente solicitud de amparo pretende prolongar un
debate ya definido por el juez de instancia, sin que lo que se alega
ante el juez constitucional revele la presencia de un real defecto,
pues más allá de su simple enunciado, lo que demuestra es la
discrepancia de criterios de quien no resultó favorecido con la
decisión del juez natural de la causa.
III. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN
La parte actora impugnó la decisión de primera instancia y solicitó
que se revoque, toda vez que se encuentra en desacuerdo, pues el
acto administrativo controvertido debía ser declarado nulo, habida
cuenta que en su caso se debía aplicar lo dispuesto en el artículo 27
de la Ley 1015 de 2006.
Afirmó que la providencia cuestionada desconoció lo establecido en
la sentencia C-210 de 2003, en la cual se declaró inexequible la
expresión “se anotará en la hoja de vida” que figuraba en el segundo
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inciso del artículo 51 de la Ley 734 de 5 de febrero de 20029, que
hace referencia a los llamados de atención a los miembros de las
diferentes dependencias de la Policía Nacional por conductas que
pudieran contrariar en menor grado el orden administrativo, que no
tuvieran la suficiente entidad de afectar el deber funcional.
IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de
conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19
de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela
establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en
concordancia con el artículo 2º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021
y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019,
proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la
distribución de negocios entre las secciones.
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“Por la cual se expide el Código Disciplinario Único”
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Generalidades de la acción de tutela contra providencia judicial
Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012
(Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello,
Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un
asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a
unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de
tutela contra providencias judiciales cuando se esté en presencia de
la violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose
observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente.
En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como
parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin
perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella
elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de
unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez
Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).
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En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los
requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial, así:
“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que
no tienen una clara y marcada importancia constitucional
so pena de involucrarse en asuntos que corresponde
definir a otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez
de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa
porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente
una cuestión de relevancia constitucional que afecta los
derechos fundamentales de las partes.
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus
derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela
como un mecanismo de protección alternativo, se correría el
riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las
decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración[6]. De
lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda
meses o aún años después de proferida la decisión, se
sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica
ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una
absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la
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sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo con
la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la irregularidad
comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como
ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse
como crímenes de lesa humanidad, la protección de tales
derechos se genera independientemente de la incidencia que
tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado
al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento
de pretender la protección constitucional de sus derechos.
f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto los
debates sobre la protección de los derechos fundamentales no
pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas
las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de
selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las
sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala
respectiva, se tornan definitivas.
… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es
necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para
que proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se
presente, al menos, uno de los vicios o defectos que adelante se
explican.
a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada, carece,
absolutamente, de competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
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c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10] o
que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance
de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela
procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho
fundamental vulnerado .[11]
i. Violación directa de la Constitución […]”. (Negrillas fuera del
texto).
En el presente asunto, la Sala advierte que el actor pretende que se
dejen sin efectos las sentencias de 30 de octubre de 2018 y 6 de
diciembre de 2022, proferidas por el JUZGADO y el TRIBUNAL,
respectivamente, dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el número único de
radicación 11001-33-35-030-2018-00183-00/01, en el que fueron
denegadas sus pretensiones.
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A las citadas providencias se les atribuye la vulneración de los
derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad, habida
cuenta que, a juicio del actor, las autoridades judiciales accionadas
incurrieron en desconocimiento del precedente y no tuvieron en
cuenta que el acto que ordenó su retiro del servicio activo de la Policía
Nacional no se encontraba ajustado a derecho, pues las conductas a
las que se referían las anotaciones negativas en su formulario de
seguimiento no tenían la suficiente entidad de afectar el deber
funcional.
La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por la
SECCIÓN TERCERA que declaró improcedente el amparo solicitado,
en razón a que el asunto carece de relevancia constitucional, toda
vez que los argumentos expuestos por la parte actora ya habían sido
debatidos, analizados y resueltos en el trámite del proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho, lo cual ponía de manifiesto que se
había acudido al amparo para insistir en los fundamentos ventilados
ante el juez natural de la causa.
La impugnación de la parte actora está estructurada sobre una
reiteración de los argumentos principales que sostuvieron su posición
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jurídica inicial, conforme a la cual la autoridad judicial accionada
vulneró sus derechos fundamentales, toda vez que se debía declarar
la nulidad del acto administrativo cuestionado, ya que su retiro no
estaba debidamente sustentado y, en consecuencia, debía aplicarse
lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 1015 de 200610.
Además, señaló que la providencia cuestionada desconoció lo
establecido en la sentencia C-210 de 2003, en la que se declaró
inexequible la expresión “... se anotará en la hoja de vida
y...”, contenida en el segundo inciso del artículo 51 de la derogada
Ley 734 de 200211, refiriéndose a los llamados de atención realizados
a los miembros de las diferentes dependencias de la Policía Nacional,
por hechos que pudieran contrariar en menor grado el orden
administrativo que no tenían la suficiente entidad para afectar el
deber funcional, tal y como ocurrió en su caso.
10
“ARTÍCULO 27. MEDIOS PARA ENCAUZARLA. <Ley derogada a partir del 29 de marzo de
2022 por el artículo 85 de la Ley 2196 de 2022> Los medios para encauzar la disciplina son
preventivos y correctivos.
Los medios preventivos hacen referencia al ejercicio del mando con el fin de orientar el comportamiento
de los subalternos a través de llamados de atención verbal, tareas tales como acciones de tipo
pedagógico, asistencia a cursos de formación ética, trabajos escritos, como medios disuasivos de
aquellas conductas que no trascienden ni afectan la función pública, sin que ello constituya antecedente
disciplinario.
Los medios correctivos hacen referencia a la aplicación del procedimiento disciplinario en caso de
ocurrencia de falta definida como tal en la presente ley.
PARÁGRAFO. El Director General de la Policía Nacional, mediante Acto Administrativo, creará el comité
de recepción, atención, evaluación y trámite de quejas e informes en cada una de las unidades que
ejerzan la atribución disciplinaria, señalando su conformación y funciones”.
11
Ley derogada, a partir del 29 de marzo de 2022, por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019, salvo
el artículo 30 que continúa vigente hasta el del 28 de diciembre de 2023
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De conformidad con los parámetros planteados en líneas anteriores,
la Sala examinará el cumplimiento de los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales,
según la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional, acogida
por la Sala Plena de esta Corporación, en especial, el requisito de la
relevancia constitucional.
De acuerdo con la sentencia C- 590 de 2005 antes transcrita, cuando
la tutela se dirige contra una providencia judicial debe discutirse una
cuestión de «evidente relevancia constitucional». Bajo esta
expresión, la jurisprudencia constitucional ha explicado que la acción
de tutela contra providencias judiciales no está diseñada como una
tercera instancia, ni su objeto puede ser el de reemplazar los medios
de defensa ordinarios, por lo que la solicitud de amparo no puede
encaminarse a reabrir un debate de legalidad, sino que es necesario
que se ponga de presente el desconocimiento de garantías
esenciales, propias del debido proceso constitucional 12, de manera
tal que «sólo aquellas vulneraciones comprometedoras de contenidos
constitucionalmente protegidos de este derecho podrán ser
examinadas en sede de tutela».13
12
Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-061 de 2007, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
13
Cfr. Sentencia T-102 de 2006, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
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Acerca de la relevancia constitucional como requisito de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la
Sala Plena de esta Corporación14, en sentencia de unificación de 5 de
agosto de 2014, sostuvo:
“[…] Relevancia constitucional
La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser
desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la
revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales para evitar que se convierta en una
tercera instancia.
El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, es el que interesa para efectos de esta
sentencia.
La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad
tiene dos cometidos fundamentales. Por un lado, protege “el
principio constitucional de la autonomía funcional de los
jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [15]; por otro, evita
que la acción de tutela se torne en un instrumento para
“involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras
jurisdicciones” [16].
Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte
“derechos fundamentales de las partes”, es un requisito de la
acción de tutela que supone la conjunción de dos elementos
necesarios [17].
El primer elemento dice relación con la carga argumentativa
14
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, número único de radicación 11001
03 15 000 2012 02201 01 (IJ), CP: doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
[15] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”
[16] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[17] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra
decisiones judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de
2005.”
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ACTOR: CARLOS ORLANDO GALINDO MUÑOZ
del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto
es de relevancia constitucional por la afección de sus
derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales.
A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe
motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia
constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga
de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo,
para que el Juez pueda determinar si se cumple tal
requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el
amparo constitucional [18].
El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela
no puede erigirse en una instancia procesal adicional. En
consecuencia, en caso que de la acción de tutela se derive que
esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o
declararla improcedente.
La tutela contra providencias judiciales supone siempre una
discusión en torno a derechos fundamentales. No está
concebida para cuestiones de mera legalidad o de
apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas
cuestiones carecerían de relevancia constitucional.
En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de
2007, Magistrado Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo
siguiente:
“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la
cuestión que se pretende discutir por medio de la acción
de tutela debe ser una cuestión de evidente
relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la
tutela contra providencias judiciales no da lugar a una
[18] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal
Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda
justificará la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del
artículo 50 (“el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal
Constitucional en razón de su especial trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su
importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y
para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del
Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la procedencia de la acción de amparo en general y, en
particular, contra providencias judiciales.”
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ACTOR: CARLOS ORLANDO GALINDO MUÑOZ
tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, es necesario que la causa que origina la
presentación de la acción suponga el desconocimiento de
un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela
contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto
de evidente relevancia constitucional y no puede ser
utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [19]. Si
bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de
relevancia constitucional de aquellos que no lo son,
también lo es que esta Corporación ha sido
particularmente cuidadosa al intentar establecer criterios
de diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada en
los antecedentes originados en la Asamblea Nacional
Constituyente de 1991, ha reconocido la existencia de
dos ámbitos del derecho al debido proceso. El primero
que emerge de la propia Constitución y que es el
denominado debido proceso constitucional, y otro
que es fruto de la labor legislativa, al que se denomina
simplemente debido proceso [20].
En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional
• art. 29 CN-, aboga por la protección de las garantías
esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio de
la Corte, tales garantías esenciales son el derecho al juez
natural [21]; el derecho a presentar y controvertir las
pruebas; el derecho de defensa –que incluye el derecho
a la defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia
en el proceso penal; el principio de predeterminación de
las reglas procesales o principio de legalidad; el derecho
a la publicidad de los procesos y decisiones judiciales y
la prohibición de juicios secretos. […]
Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la
relevancia constitucional de un caso, por violación al debido
proceso, por ejemplo, cuando el asunto que se estudia hace parte
de su núcleo esencial o cuando se presentan desvíos caprichosos
y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de defensa
y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose
de manera grave el equilibrio procesal entre las partes.
[19] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”
[20] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”
[21] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”
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ACTOR: CARLOS ORLANDO GALINDO MUÑOZ
No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra
decisiones judiciales impone un estudio riguroso de los
requisitos de procedibilidad y de prosperidad de la acción,
más cuando se trata de atacar las providencias de las altas
Cortes, tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la
sentencia SU-917 de 2013: […]”. (Resaltado fuera del texto).
Asimismo, en un reciente pronunciamiento, la Corte Constitucional
en sentencia SU- 215 de 2022, precisó que la exigencia de dicho
requisito tiene como finalidades las siguientes:
“[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii)
la protección de la autonomía e independencia de los jueces; (iii)
la preservación de la específica finalidad de la acción de tutela,
instituida para la protección y restablecimiento de los derechos
fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la
acción como una instancia adicional de los procesos
adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la
solución de discusiones de naturaleza eminentemente
legal […]”. (Destacado fuera de texto)
En la providencia aludida la Corte Constitucional reiteró que “[…] la
tutela contra providencias judiciales implica un juicio de
validez y no un juicio de corrección del fallo cuestionado,
circunstancia que excluye su formulación para la discusión de
asuntos de interpretación que dieron origen a la controversia
judicial[...]”, por lo que indicó que para determinar si la acción de
tutela en concreto cumplía con el requisito de relevancia
constitucional debía analizarse:
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“[…](i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a
una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares
o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una
afectación desproporcionada a derechos fundamentales.
Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una
providencia judicial de una alta corte, se exige advertir,
además, una vulneración arbitraria o violatoria de
derechos fundamentales […]”. (Destacado fuera de texto)
En definitiva, la relevancia constitucional como requisito genérico de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales tiene
como propósito (i) evitar que la acción de tutela se utilice para
discutir asuntos de mera legalidad o de contenido estrictamente
económico, (ii) impedir que la acción de tutela se convierta en una
instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones
judiciales, y (iii) preservar la competencia y la independencia del juez
ordinario.
Descendiendo al caso concreto, la Sala de Decisión estima
pertinente precisar que las inconformidades del actor se encuentran
relacionadas con que su retiro de la Policía Nacional se fundamentó
en un acto administrativo que no se encuentra ajustado a derecho,
debido a unas anotaciones negativas registradas en el formulario de
seguimiento que no tenían la entidad suficiente para afectar los
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deberes funcionales y que tampoco se valoró de manera íntegra su
trayectoria en la institución.
Así las cosas, la Sala advierte que los fundamentos de la sustentación
de la presunta vulneración de los derechos deprecados por el actor
son los mismos que fueron puestos a consideración ante la
jurisdicción de lo contencioso administrativo y se evidencia que lo
pretendido es crear una instancia adicional trayendo argumentos que
ya fueron suficientemente debatidos por los jueces naturales del
litigio.
En efecto, la divergencia recae sobre un asunto de mera legalidad,
porque los motivos que fundamentan la inconformidad de la parte
actora se sustentan, básicamente, en que, la autoridad judicial
accionada debió declarar que su retiro de la Policía Nacional no
estaba debidamente sustentado y, en consecuencia, anular el acto
administrativo controvertido, debido a que no se encontraba
ajustado a derecho. Dicho aspecto, además de que carece de una
perspectiva constitucional, se limita a una discusión meramente
legal, que gira en torno a la inconformidad con la decisión adoptada
por el juez natural del asunto, el cual fue resuelto por el TRIBUNAL
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de forma admisible, así:
“[…] 8. CASO CONCRETO
El demandante sostiene que debe declararse la nulidad de la
Resolución No. 264 del 27 de noviembre de 2017 por medio
de la cual fue retirado del servicio por “voluntad de la Dirección
General”, previa recomendación de la Junta de Evaluación y
Clasificación para Suboficiales, Personal del Nivel Ejecutivo y
Agentes de la Policía Metropolitana de Bogotá, pues en su sentir
dicho acto está viciado por desviación de poder y/o falsa
motivación.
La entidad demandada sostiene que deben negarse las
pretensiones de la demanda teniendo en cuenta que el acto
demandado, mediante el cual se retiró del servicio al
demandante, fue producto de la facultad discrecional en ejercicio
de lo dispuesto en el Decreto Ley 1791 de 2000 y la Ley 857 de
2003 y con el concepto previo de la Junta de Evaluación y
Clasificación para Suboficiales, Personal del Nivel Ejecutivo y
Agentes de la Policía Metropolitana de Bogotá.
Establecido lo anterior, procederá la Sala a analizar los cargos
contra el acto acusado, así:
Con respecto a la motivación, el apoderado de la parte actora
alega en el recurso de apelación que el retiro se fundamenta en
unas anotaciones negativas registradas en el formulario de
seguimiento que no tienen la suficiente entidad para afectar los
deberes funcionales; además, que no se tuvieron en cuenta las
anotaciones positivas, las felicitaciones, las condecoraciones ni
las calificaciones superiores, esto, es no se valoró de manera
íntegra su trayectoria.
De igual forma sostiene que el retiro no está debidamente
sustentado pues no cumplió con los estándares dispuestos por
la jurisprudencia y las normas.
Considera la Sala que este cargo no tiene vocación de prosperar,
como quiera que el Comandante de la Policía Metropolitana de
Bogotá, al expedir la Resolución demandada, consignó que el
retiro del servicio activo del Patrullero CARLOS ORLANDO
GALINDO MUÑOZ obedecía a la recomendación hecha por la
Junta de Evaluación y Clasificación para Suboficiales, Personal
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del Nivel Ejecutivo y Agentes de la Policía Metropolitana de
Bogotá, en la que se evidenciaba, además de las
condecoraciones y felicitaciones, las anotaciones negativas de
las que fue objeto en su trayectoria profesional, evidenciándose
que el uniformado afectaba notablemente la confianza pública e
institucional.
En ese orden, los registros negativos en los cuales se fundó la
demandada para el retiro del demandante afectan clara y
gravemente la actividad funcional de la Policía, sin que se pueda
considerar que no fue debidamente sustentada la decisión.
En este caso contrario a lo afirmado por el actor la decisión del
retiro no fue desproporcionada ni vulneró el debido proceso,
comoquiera que esta se fundamentó en lo dispuesto por la Junta
de Evaluación y Clasificación, la que a su vez para su
recomendación tuvo en cuenta el desempeño del demandante,
esto es, sus anotaciones positivas y negativas.
Debe destacarse que en el Acta No. 1014 GUTAH-SUBCO 2.25
del 24 de noviembre de 2017 de la Junta de Evaluación y
Clasificación para Suboficiales, Personal del Nivel Ejecutivo y
Agentes de la Policía Metropolitana de Bogotá, se tuvo en cuenta
la trayectoria del señor CAMELO PINEDA; además, se
evidenciaron dieciocho (18) anotaciones negativas en el
“formulario de seguimiento”, circunstancia que se encuentra
acreditada en el plenario y de la cual el accionante no efectuó
manifestación alguna al respecto. En este punto es preciso
resaltar que el actor asegura que desconocía las anotaciones
realizadas en su formulario de seguimiento, así como también
que no sabía manejar la herramienta tecnológica EVA, sin
embargo, de la lectura del formulario I de evaluación de
Desempeño Policial se observa que, en la concertación de la
gestión, exactamente en relación con la efectividad del
cumplimiento de las tareas asignadas dentro del proceso, se
señaló como uno de los compromisos:
[…]
Teniendo en cuenta lo anterior, para el demandante uno de los
compromisos como evaluado era notificarse de las anotaciones
que se le realizaban por parte de su evaluador, quien a su vez
debía realizar los correspondientes registros ante cualquier
incumplimiento. No puede el actor pretender excusarse
amparándose en el desconocimiento del funcionamiento de la
herramienta tecnológica, máxime cuando observa que frente a
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uno de los llamados de atención (23/11/2016) presentó la
correspondiente reclamación (25/11/2016), esto es, sí conocía
el funcionamiento de dicha herramienta, distinto es que como se
evidenció de los formularios de seguimiento no realizara el
ingreso a la misma para notificarse de sus anotaciones.
Ahora, analizadas las pruebas allegadas al plenario, se advierte
que con estas no se logra desvirtuar la legalidad del acto
acusado, puesto que la trayectoria del señor GALINDO MUÑOZ
solo demuestra que cumplía con sus funciones que por Ley le
habían sido asignadas, y como lo señaló la H. Corte
Constitucional en la SU- 172 de 2015 “puede existir otras
razones que motiven el retiro del servicio activo, que no son
estrictamente valoradas a través de la hoja de vida o el buen
desempeño del agente” como en el presente asunto, la
desconfianza que generó su comportamiento. Por lo tanto, es
razonable la pérdida de confianza por parte de la Institución en
el uniformado, tal como se expuso en el acto de retiro, luego no
se encuentra falsa motivación en el mismo.
[…]
En este punto es preciso resaltar que si bien la Sala no
desconoce las exaltaciones y reconocimientos que la entidad le
hizo en su vida laboral al demandante, lo cierto es que
precisamente ese buen servicio es el que se espera de todos los
servidores públicos, máxime de los encargados de velar por la
seguridad del país.
En suma, no hay prueba de que el contenido de la Resolución
No. 264 del 27 de noviembre de 2017 sea falso, de tal suerte
que esté viciado de nulidad. En otras palabras, no hay
incongruencia entre los fundamentos fácticos y la decisión de
retirar del servicio al señor CARLOS ORLANDO GALINDO
MUÑOZ, por lo que se presume que la Resolución demandada se
profirió en aras de mejorar el servicio en vista de que el actor no
venía ejerciendo su cargo en debida forma, de lo cual dan
cuenta, como quedó dicho, las anotaciones negativas
registradas en el “formulario de seguimiento”.
Por otra parte, en lo que respecta a la falta de proporcionalidad
y racionabilidad, argumenta el apoderado del demandante que
el retiro no obedeció al mejoramiento del servicio porque solo se
tuvo en cuenta las anotaciones negativas en las evaluaciones de
desempeño, sin analizar la calificación obtenida ni los registros
en su hoja de vida, donde se puede observar su desempeño
policial.
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Frente al tema del retiro de los miembros de la Policía Nacional
en ejercicio de la facultad discrecional, la jurisprudencia del H.
Consejo de Estado ha sido constante en precisar que el ejercicio
de aquella facultad corresponde a una actividad en la que el
Gobierno Nacional exterioriza su potestad para prescindir de los
servicios de alguno de sus efectivos, siempre bajo la premisa de
que la misma se hace en aras de mejorar del servicio, práctica
en la que confluyen elementos como la confianza y la moral de
la Institución, la que de ser ejecutada e inspirada en razones
diferentes a la buena prestación del servicio, desnaturaliza su
finalidad y por lo tanto vicia de nulidad la decisión adoptada.
En este caso, el retiro del servicio fue la materialización del poder
discrecional con base en un estudio que se hizo al examinar su
historial de servicio.
Si bien al actor se le reportaron varias felicitaciones, así como 6
condecoraciones, también es cierto que existieron 18
anotaciones negativas, en el periodo 2016-2017, que no fueron
desvirtuadas, con las cuales se logra demostrar, por parte de la
entidad demandada, que dicho acto se profirió por razones del
buen servicio, pues es evidente la afectación del mismo con las
conductas que había venido presentando el señor Patrullero
GALINDO MUÑOZ.
Lo anterior demuestra que venían ocurriendo situaciones que
afectaron la confianza depositada en el Patrullero de la Policía
Nacional por parte de la Institución y la comunidad, tales como
sus retardos injustificados en servicio, el incumplimiento de las
órdenes, de sus obligaciones, la falta de compromiso, las cuales,
como se dijo, no fueron desvirtuadas.
Aunado a lo anterior, se observa que la Junta de Evaluación y
Clasificación para Suboficiales, Personal del Nivel Ejecutivo y
Agentes realizó un análisis de fondo, completo y preciso de la
situación particular del demandante, en el que tuvo en cuenta
todos sus antecedentes contemplados en su historia laboral,
incluyendo su evaluación de desempeño, las felicitaciones, las
condecoraciones obtenidas en su trayectoria institucional, esto
es, contrario a lo afirmado por el actor, se tuvo en cuenta todos
los aspectos tanto positivos como negativos.
[…]
En conclusión, el actor no demostró ninguna de las causales de
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nulidad invocadas. Por el contrario en el proceso quedó probado
que el procedimiento administrativo a través del cual se produjo
el retiro del accionante cumple con los estándares
jurisprudenciales establecidos para efectuar el retiro en uso de
la facultad discrecional porque: (i) A pesar de que se admite que
en dichos actos no conste su motivación, el que retiró al señor
GALINDO MUÑOZ especifica claramente los motivos ciertos
aducidos por la Junta de Evaluación y Clasificación para
Suboficiales, personal del Nivel Ejecutivo y Agentes para
recomendar el retiro; (ii) la decisión de retirar del servicio al
accionante es proporcional y razonable, por afectar la confianza
de la Institución y la prestación del servicio; (iii) no se vulneró
el debido proceso del accionante puesto que la recomendación
de la Junta no requiere estar precedida por un procedimiento
administrativo, habida cuenta de que se realiza con fundamento
en el poder discrecional; y (iv) el accionante conocía los hechos
que dieron origen a su retiro […]”.
De los apartes transcritos de la sentencia cuestionada se extrae que
el TRIBUNAL realizó un análisis de la situación fáctica y jurídica del
asunto, de lo cual concluyó que el acto administrativo que ordenó la
desvinculación del actor de la Policía Nacional se encontraba ajustado
a derecho, toda vez que el mismo se profirió en aras de mejorar el
servicio y obedeció a una decisión discrecional de la institución, por
sugerencia de la Junta de Evaluación y Clasificación para
Suboficiales, Personal del Nivel Ejecutivo y Agentes de la Policía
Metropolitana de Bogotá, que evidenció que en la trayectoria laboral
del accionante recibió anotaciones positivas, pero también dieciocho
anotaciones negativas22 en el formulario de seguimiento, que no
22
Por falta de compromiso institucional, mala presentación personal, no cumplir con la obligación de
ingresar a la herramienta tecnológica-EVA, falta de resultados operativos, no aprobar el test de doctrina
institucional, no aprobar capacitación, incumplimiento de órdenes y no cumplir planes preventivos.
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fueron desvirtuadas por aquel, las cuales demostraban su falta de
compromiso, control y liderazgo y, como consecuencia de ello, hubo
una continua afectación del servicio.
Corolario a lo anterior, la autoridad judicial accionada advirtió que
conforme lo señaló la Corte Constitucional en la SU-172 de 2015,
podían existir otras razones que motivaran el retiro del servicio
activo, que no eran estrictamente valoradas a través de la hoja de
vida o el buen desempeño del agente, como en el presente asunto,
en el cual el acto de retiro fue la materialización del poder
discrecional y estaba motivado en la pérdida de confianza por parte
de la Institución que generó el comportamiento del uniformado, con
base en un estudio que se hizo al examinar su historial de servicio.
Sumado a lo anterior, la autoridad judicial accionada encontró que si
bien era cierto que al actor se le reportaron varias felicitaciones, así
como seis condecoraciones; no era menos cierto que, existieron
dieciocho anotaciones negativas, en el período 2016-2017, que no
fueron desvirtuadas, con las cuales se lograba demostrar, por parte
de la Policía Nacional, que dicho acto se profirió por razones del buen
servicio, ya que resultaba evidente la afectación del mismo con las
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conductas del actor.
Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala advierte que la acción de
tutela de la referencia es improcedente por falta del requisito
general de la relevancia constitucional, porque a través de esta
el actor lo que pretende es cuestionar una decisión judicial como si
este mecanismo se tratase de un recurso o instancia adicional al
proceso ordinario, sin que en todo caso se vislumbre que la autoridad
accionada pudo haber actuado de forma abiertamente arbitraria o
desbordado los límites del principio de la autonomía judicial.
Situación distinta es que el actor no comparta la tesis allí dispuesta
al ser adversa a sus intereses, lo cual no significa que la decisión sea
arbitraria, sino que de conformidad con la autonomía judicial de la
que goza el juez de conocimiento, el TRIBUNAL decidió el asunto
sometido a su consideración.
Cabe agregar que esta Sección, en otras oportunidades, ha declarado
improcedentes acciones de tutela cuando la cuestión litigiosa no
resulta ser de verdadera relevancia constitucional, debido a que se
centra en reabrir un debate judicial debidamente clausurado. Tal fue
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ACTOR: CARLOS ORLANDO GALINDO MUÑOZ
el caso de la providencia de 9 de febrero de 201723, en la que se
indicó:
“[…] En el caso objeto de estudio, la Sala observa que no
se cumple con los requisitos arriba expuestos, lo cual
genera que la solicitud de amparo tutelar se torne
improcedente, toda vez que lo pretendido por la parte actora
es reabrir nuevamente el debate y/o la discusión jurídica sobre
cuestiones estrictamente legales que ya fueron discutidas y
falladas en el trámite del proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho, con radicado No. 11001-33-31-015-2011-
00427-00, por parte de los jueces de dicha causa, con
pleno desconocimiento de que el objeto del juicio de
amparo constitucional no es otro que la defensa de los
derechos fundamentales y no la revisión de la legalidad de
las decisiones de la justicia ordinaria […]”.(Resaltado fuera
del texto).
Igualmente, en providencia de 29 de agosto de 201824, sostuvo lo
siguiente:
“[…] En torno a la decisión de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, lo que se evidencia es su insistencia en
el argumento de la falta de competencia del funcionario que
decidió su retiro de la institución, aspecto que fue
precisamente el que revisó la Sección Segunda, Subsección “B”
del Consejo de Estado en sede de revisión, y frente a la cual
indicó de manera clara, que se trataba de un punto nuevo
que no había sido presentado en su momento en el escrito
de apelación, por lo que el recurso extraordinario no
estaba diseñado para convertirse en una tercera instancia.
Y se tiene que estos argumentos resultan válidos y
razonables.
23
Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, número único
de radicación 11001-03-15-000-2016-03249-00, CP: Roberto Augusto Serrato Valdés.
24
Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, número único
de radicación 11001 03 15 000 2018 02380 00, CP: María Elizabeth García González.
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ACTOR: CARLOS ORLANDO GALINDO MUÑOZ
Es por ello que no se advierte la existencia de una cuestión que
sea de verdadera relevancia constitucional que conlleve la
presunta trasgresión de los derechos fundamentales del actor,
sino la reiteración de planteamientos que, por lo menos en
sede de revisión ya fueron estudiados por el juez natural y que
no pueden volver a ser analizados ahora en sede de tutela, pues
esta acción constitucional tiene por objeto la protección
inmediata de derechos de rango fundamental que se
encuentren vulnerados, lo cual no sucede en este caso
[…]” (Destacado de la Sala).
En suma, para la Sala no se advierte la existencia de una cuestión
que sea de «verdadera relevancia constitucional» que conlleve la
presunta trasgresión de los derechos fundamentales del actor, sino
una divergencia dirigida a cuestionar una decisión judicial como si
este mecanismo se tratase de un recurso o instancia adicional, en
relación con aspectos que fueron resueltos de forma admisible por la
autoridad accionada, por lo cual el juez de tutela no puede
inmiscuirse en dicho asunto, so pena de otorgar a la acción de tutela
un carácter que no le es propio de su naturaleza y de paso invadir la
competencia y la independencia del juez ordinario.
Igualmente, se advierte que el desacuerdo con la interpretación y
consideraciones que efectúe la autoridad que conoce un asunto, se
debe respetar por el juez de tutela, quien no puede desconocer la
decisión que adopte el juez natural dentro del ámbito de sus
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ACTOR: CARLOS ORLANDO GALINDO MUÑOZ
competencias, lo cual sólo es dable cuando se vulneran derechos
fundamentales, lo que en el presente caso no se encontró probado.
En consecuencia, la Sala declarará improcedente la presente acción
de tutela por carencia del requisito general de la relevancia
constitucional, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de
la presente providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.
F A L L A:
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud el amparo
solicitado por no cumplir el requisito general de la relevancia
constitucional, de conformidad con las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
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ACTOR: CARLOS ORLANDO GALINDO MUÑOZ
TERCERO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y
quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.
COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 2 de noviembre de 2023.
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Presidente
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
Sigue leyendo
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