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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-03676-01

Fecha
2 de noviembre de 2023
Consejero ponente
Pedro Pablo Vanegas Gil

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-03676-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 7 de septiembre de 2023 dictada por la Sección Cuarta del Consejo de Estado que amparó los derechos fundamentales del señor Brayan Camilo Vargas Rodríguez. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 29 Tener en cuenta que desde el 27 de diciembre de 2019 al 16 de marzo de 2020 habían transcurrido 2 meses y 17 días, es decir que el término faltante para completar el término de caducidad sería de 1 mes y 13 días. 30 La radicación de la solicitud de conciliación se realizó el 17 de marzo de 2020, y la audiencia celebración de la audiencia fue el 20 de mayo de 2020. 20 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Demandante: Brayan Camilo Vargas Rodríguez Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B y otro Radicado: 11001-03-15-000-2023-03676-01 TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2023-03676-01

Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

2 de noviembre de 2023

Demandante: Brayan Camilo Vargas Rodríguez
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B y
otro
Radicado: 11001-03-15-000-2023-03676-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá D.C., dos (2) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-03676-01
Demandante: BRAYAN CAMILO VARGAS RODRÍGUEZ
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B Y OTRO

Temas: Tutela contra providencia judicial –defecto sustantivo –
confirma amparo

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala procede a resolver la impugnación presentada por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B contra la
sentencia del 7 de septiembre 2023, proferida en primera instancia por la Sección
Cuarta del Consejo de Estado. En ese fallo se ampararon los derechos
fundamentales del actor.

I. ANTECEDENTES

1.1. La tutela

1. La parte actora, actuando por intermedio de apoderado judicial, presentó
acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección B y el Juzgado Cuarenta y Nueve Administrativo del
Circuito Judicial de Bogotá1. Con la solicitud de amparo pretende la protección
de sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración
de justicia y a los principios de favorabilidad y seguridad jurídica.

2. En sentir del extremo accionante, la transgresión de las citadas garantías
constitucionales se consolidó con la sentencia del 9 de junio de 2023, proferida
por el tribunal accionado, mediante la cual confirmó la decisión del 21 de
septiembre de 2022 proferida por el juzgado referido, que determinó que se

1 El escrito de tutela se radicó en la ventanilla virtual del Consejo de Estado el 6 de julio de 2023.

1
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Demandante: Brayan Camilo Vargas Rodríguez
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B y
otro
Radicado: 11001-03-15-000-2023-03676-01

configuró el fenómeno de la caducidad del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, promovido contra la Nación – Ministerio de
Defensa Nacional – Fuerza Aérea Colombiana2.

1.2. Pretensión constitucional

3. En concreto la parte actora solicitó lo siguiente:

VI.I. Se solicita al Honorable Juez de tutela- Consejo de Estado, que se tutelen
los Derechos a un Debido Proceso, el Acceso a la Administración de Justicia,
y la protección de los principios de favorabilidad y seguridad jurídica de mi
representado BRAYAN CAMILO VARGAS RODRÍGUEZ.

VI.II. Que en consecuencia de lo anterior, se digne ordenar, revocar las
sentencias de primera instancia proferida en audiencia del 21 de Septiembre
de 2022, por el Juzgado 49 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá,
Segunda Sección, así como también, la sentencia del 9 de junio de 2023,
expedida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Segunda Sección,
Sub-Sección B.

VI.III. Que en consecuencia de lo anterior, se disponga la continuación del
procedimiento establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo, para la demanda por el medio de Control de
Nulidad y Restablecimiento del Derecho, presentada por el suscrito abogado,
en representación del señor BRAYAN CAMILO VARGAS RODRÍGUEZ, al
haber sido impetrada en el término legal favorable, a efecto de que se resuelva
sobre las pretensiones registradas en la demanda en contra del acto
administrativo mediante el cual fue retirado de la Fuerza Aérea Colombiana en
el periodo de prueba.

1.3. Hechos

La Sala resume los supuestos fácticos relevantes de la tutela de la referencia,
de la siguiente manera:

4. Mediante Resolución 1035 del 24 de diciembre de 2019, el señor Brayan
Camilo Vargas Rodríguez fue retirado del servicio activo de las Fuerzas Militares,
por no superar el periodo de prueba. Esta decisión, fue notificada el 26 de
diciembre de 2019.

5. Por lo anterior, el accionante ejerció el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho contra la Nación – Ministerio de Defensa – Fuerza
Aérea Colombiana. Esto, con el fin que se declarara la nulidad de la mencionada
resolución y que, a título de restablecimiento del derecho, se reintegrara al
servicio activo, sin solución de continuidad, al grado con la antigüedad que

2 Identificado con el radicado 11001-33-42-049-2020-00201-00/01.

2
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ostentaban sus compañeros de curso al momento de hacerse efectiva la
sentencia3.

6. El 21 de septiembre de 2022, el Juzgado Cuarenta y Nueve Administrativo
del Circuito Judicial de Bogotá dictó sentencia de primera instancia, en la que
declaró probada la excepción de caducidad del medio de control. En
consecuencia, la autoridad precisó que el actor tenía hasta el 14 de agosto de
2020 para interponer la demanda, pero la radicó el 18 de agosto de 2020.

7. Inconforme con lo anterior, el extremo demandante interpuso recurso de
apelación. En ella señaló que la demanda fue presentada el 14 de agosto a las
16:13 p.m. y no el 18 de agosto, como erradamente lo afirma la providencia
recurrida.

8. El recurso le correspondió al Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección B, que previo a resolver de fondo el recurso de
apelación, mediante auto del 11 de mayo de 2023, requirió a la Oficina de Apoyo
de los Juzgados de Bogotá para que emitiera certificación en la que se indicara,
la fecha en que fue presentada la demanda por parte del señor Vargas
Rodríguez.

9. En respuesta al anterior requerimiento, el coordinador de Archivo y
Correspondencia para los Juzgados Administrativos de Bogotá informó que la
demanda ingresó al buzón de correspondencia el 14 de agosto de 2020 y, que
el 18 de agosto siguiente se repartió para su conocimiento al juzgado.

10. En fallo del 9 de junio de 2023, el tribunal confirmó la decisión del a quo.
En esta sostuvo que operó el fenómeno de la caducidad del medio de control,
pues la demanda debió ser radicada hasta el 13 de agosto de 2020.

11. Explicó el ad quem que el término no podía ser contabilizado solo en
meses sino también en días calendario, teniendo en cuenta que el mes de
febrero de 2020 contaba con 29 días. Así mismo indicó que para el momento en
que el actor radicó la solicitud de conciliación (17 de marzo de 2020), habían
trascurrido 2 meses y 19 días desde que le fue notificado el acto administrativo,
restando 1 mes y 11 días para completar los 4 meses de que trata el artículo 164
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

3 Adicionalmente solicitó el pago de los salarios y prestaciones sociales que dejó de percibir

desde la fecha del retiro hasta que se produjera el reintegro.

3
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1.4. Sustento de la vulneración

12. A juicio de la parte actora la providencia del 9 de junio de 2023 vulneró
sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración
de justicia.

13. Sostuvo que a pesar que el tribunal analizó las disposiciones fijadas en el
Decreto Legislativo 564 de 20204, al verificar la caducidad en el caso concreto
desconoció la suspensión de los términos decretados en la mencionada
disposición5.

14. Explicó que se tuvo como periodo de suspensión desde el 17 de marzo
de 2020 (fecha de radiación de la conciliación) hasta el 1 se julio de 2020 (fecha
en la cual se levantó la suspensión de términos), y no desde el 16 de marzo de
2020, cuando se suspendieron los términos de acuerdo al citado decreto.

15. Explicó que, al tomar como suspensión de términos desde la fecha de
radicación de la solicitud de conciliación, dio prioridad al rigor de las formalidades
y desconoció que en esa época estaba en pleno auge la pandemia del COVID-
19.

16. Finalmente concluyó, que como lo había señalado el juez de primera
instancia, era el 14 de agosto de 2020 que vencía el término de presentar la
demanda, fecha en la que en efecto se radicó.

17. Por otra parte, es menester indicar que el accionante no individualizó el
defecto del que adolece la providencia judicial acusada, sin embargo, la Sala en
virtud de sus facultades interpretativas, encausará sus alegatos, en un defecto
sustantivo.

18. Lo anterior puesto que lo pretendido por el actor, es definir si se
desconoció o restringió el derecho fundamental de acceso a la administración de
justicia y al debido proceso por parte del tribunal accionado, por cuenta del
análisis que realizó respecto del término de caducidad del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho, desatendiendo lo previsto en el artículo
1° del Decreto Legislativo 564 de 2020.

4 Por el cual se adoptan medidas para la garantía de los derechos de los usuarios del sistema de

justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica.
5 Este decreto suspendió los términos de prescripción y caducidad desde el 16 de marzo de

2020.

4
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1.5. Trámite de la acción de tutela

19. Mediante auto del 11 de julio de 2023, el despacho sustanciador inadmitió
la solicitud de amparo. En consecuencia, ordenó al abogado de la parte actora,
para que aportara el poder especial que lo facultaba para ejercer la presente
acción de tutela.

20. El 13 de julio de 2023 el actor presentó el escrito de subsanación. En este
sentido, el despacho sustanciador mediante auto del 1 de agosto de 2023,
admitió la demanda y ordenó notificar en calidad de accionados al Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B y al Juzgado
Cuarenta y Nueve Administrativo del Circuito Judicial Bogotá. Asimismo, vinculó
en calidad de terceros con interés legítimo al Ministerio de Defensa y al
comandante de las Fuerza Área Colombiana.

21. Finalmente, ordenó al Juzgado Cuarenta y Nueve Administrativo del
Circuito Judicial de Bogotá para que allegara copia en medio digital del
expediente con radicado 11001-33-42-049-2020-00201-00/001.

1.6. Intervenciones

1.6.1. Juzgado Cuarenta y Nueve Administrativo del Circuito Judicial de
Bogotá

22. Afirmó que adoptó la decisión que en derecho correspondían toda vez que
la caducidad produce la extinción del derecho a la acción por el transcurso del
tiempo, de tal manera que, la demanda debe ser presentada, por razones de
seguridad jurídica y de interés general, dentro del término fijado en la ley.

23. Por lo anterior sostuvo que la providencia proferida no adolecía de vicios,
por tanto, no se cumplía con los requisitos de procedencia contra providencias
judiciales. En ese sentido solicitó que se declarara la improcedencia o en su
defecto se denegara la protección de los derechos invocados.

24. Finalmente, remitió el vínculo de acceso a la carpeta digital del expediente
11001-33-42-049-2020-00201-00.

1.6.2. Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección B

25. Manifestó que contrario a lo afirmado por el accionante, aplicó en debida
forma las normas y decretos que regulan la materia, en especial teniendo en
cuenta las condiciones establecidas por la pandemia del Covid-19, y, procedió a
citar in extenso, lo indicado en la providencia del 9 de junio de 2023.

5
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26. Sostuvo que el apoderado del accionante no presentó en tiempo el medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho por lo cual operó el
fenómeno de la caducidad. Así mismo afirmó que debía tenerse en cuenta que
para el año 2020, el mes de febrero contaba con 29 días.

27. Insistió en que no se vulneraron derechos fundamentales, en tanto para
analizar la procedencia de confirmar la caducidad decretada, se analizaron los
hechos que rodearon el caso, y se aplicaron las normas que eran aplicables, así
como los decretos que se expidieron por la emergencia sanitaria que imperaba
para la época.

28. Dicho lo anterior, solicitó que se negaran las pretensiones de la acción de
tutela.

1.7. Fallo de primera instancia

29. Mediante fallo del 7 de septiembre de 2023, la Sección Cuarta del Consejo
de Estado amparó los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a
la administración de justicia, alegados por el actor.

30. Sostuvo que la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B incurrió en defecto sustantivo
por indebida interpretación del artículo 1 del Decreto Legislativo 564 de 2020.
Esto, por cuanto al momento de verificar la suspensión de términos en el caso
concreto, erradamente concluyó que se produjo con la presentación de la
solicitud de conciliación del 17 de marzo de 2020, fecha para la cual ya se
encontraban suspendidos los términos (desde el 16 de marzo de 2020) por virtud
del citado Decreto Legislativo.

31. Por consiguiente, consideró que para el momento en que se suspendieron
los términos en virtud del citado decreto, habían trascurrido 2 meses y 17 días,
restando 1 mes y 13 días para presentar la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho, luego el término para oportuno era el 14 de agosto
y no el 13, como erróneamente considera el impugnante.

1.8. Impugnación6

32. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda.
Subsección B reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la acción
constitucional, los cuales recaen en que:

• No se tuvo en cuenta que para el año 2020, el mes de febrero contaba
con 29 días.

6 El fallo de primera instancia fue notificado el 15 de septiembre de 2023 y la impugnación
presentada el 18 de septiembre de 2023.

6
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• La Procuraduría General de la Nación no suspendió los términos para el
trámite de conciliación prejudicial.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

33. Esta Sala es competente para resolver la impugnación presentada por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B
contra la sentencia de primera instancia proferida por la Sección Cuarta del
Consejo de Estado. Lo anterior de conformidad con lo establecido en los
Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021,
así como en el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado.

2.2. Cuestión previa

34. La sala destaca que, si bien el tutelante controvierte las sentencias
proferidas en ambas instancias del proceso ordinario, el análisis en sede
constitucional se realizaría a partir de la providencia de segunda instancia del
expediente contencioso, esto es, el proveído de 9 junio de 2023 expedido por la
Subsección B, de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, comoquiera que con dicha decisión se puso fin a la controversia
al interior del proceso.

2.3. Legitimación en la causa

35. La legitimación en la causa consiste, de una parte, en que quien promueve
la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como fundamento
de las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra, en que el accionado sea
el sujeto frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas (pasiva).

36. Con fundamento en el marco conceptual expuesto, la Sala advierte que el
señor Brayan Camilo Vargas Rodríguez fungió como demandante en el proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho 11001-33-42-049-2020-00201-00/01.
Por tanto, es titular de los derechos fundamentales al debido proceso y de
acceso a la administración de justicia que reclama. En consecuencia, goza de
legitimación en la causa por activa.

37. Por su parte, esta Colegiatura encuentra que el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B se encuentra legitimado en la
causa por pasiva, al ser la autoridad que profirió la decisión reprochada en esta
oportunidad.

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2.4. Problema jurídico

38. Tomando en consideración la situación fáctica expuesta por la parte
actora, las respectivas pretensiones elevadas, el material probatorio recaudado
y el recurso de impugnación presentado, esta Sala debe determinar si confirma,
modifica o revoca el fallo de primera instancia proferido el 7 de septiembre de
2023 por la Sección Cuarta del Consejo de Estado.

39. De encontrarse superados los mismos, la Sala analizará lo siguiente:

40. La autoridad judicial accionada, ¿incurrió en defecto sustantivo al proferir
el fallo del 9 de junio de 2023, mediante el cual confirmó la providencia de primera
instancia que declaró probada la excepción de caducidad del medio de control
promovido contra la Nación – Ministerio de Defensa – Fuerza Aérea
Colombiana?

41. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes
temas: (i) el criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción
de tutela contra providencia judicial; (ii) los requisitos generales de
procedibilidad, los cuales, de encontrarse superados junto con las demás
exigencias, se procederá al análisis de (iii) el caso concreto.

2.5. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia
judiciales

42. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo unificó la diversidad de
criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela contra providencias
judiciales, en fallo de 31 de julio de 20127. Lo anterior, porque hasta ese
momento, las distintas Secciones y la misma Sala Plena tenían diferentes
posturas sobre este tema8. En la referida sentencia se estableció que la tutela
contra providencias judiciales sí es procedente si se cumplen ciertos requisitos
especiales y excepcionales9.

43. A su vez, los requisitos especiales y excepcionales para que proceda una
acción de tutela contra providencia judicial fueron unificados por la Sala Plena
de esta Corporación en la sentencia del 5 de agosto del 2014 10. En esta
sentencia se establecieron seis requisitos generales de procedencia 11 y ocho

7 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de

2012, M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
8 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena

antes reseñado.
9 Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra

providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia”.
10 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto

de 2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01.
11 Los seis requisitos generales de procedibilidad establecidos en la sentencia de unificación del

05 de agosto del 2014 son: i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional; ii) Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de

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defectos especiales en los que puede incurrir una providencia judicial12.

44. Por tanto, previo a estudiar de fondo el asunto y establecer si se configura
los defectos especiales, la Sala determinará si se superan los siguientes
requisitos generales de procedencia:

i) que la tutela no se dirija contra un fallo de tutela,
ii) inmediatez,
iii) subsidiariedad,
iv) relevancia constitucional,
v) identificación razonable de los hechos vulneradores del derecho,
vi) Efecto decisivo de la irregularidad procesal.

45. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos
presupuestos, se declara improcedente la acción de amparo, sin que se analice
el fondo del asunto. Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala
estudiar si se configura uno o más de los defectos materiales o especiales de
procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial. En este mismo
sentido, la sala ha establecido que, para la prosperidad o negación del amparo
impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la
transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de la
decisión y ii) que con la acción no se intente reabrir el debate de instancia.

46. Es importante recalcar que la acción de tutela no puede ser considerada
como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.

defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación
de un perjuicio iusfundamental irremediable; iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es
decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del
hecho que originó la vulneración. iv); Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que
afecta los derechos fundamentales de la parte actora; v) Que la parte actora identifique de
manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados
y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible
y vi) Que no se trate de sentencias de tutela.
12 Los ocho defectos materiales son los siguientes: i) Defecto orgánico, que se presenta cuando

el funcionario judicial que profirió́ la providencia impugnada, carece, absolutamente, de
competencia para ello; ii) Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó́
completamente al margen del procedimiento establecido; iii) Defecto fáctico, que surge cuando
el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se
sustenta la decisión; iv) Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con
base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera
contradicción entre los fundamentos y la decisión; v) Error inducido, que se presenta cuando el
juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma
de una decisión que afecta derechos fundamentales; vi) Decisión sin motivación, que implica el
incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos
de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de
su órbita funcional; vii). Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo,
cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez
ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela
procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente
vinculante del derecho fundamental vulnerado y viii) Violación directa de la Constitución.

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47. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar si en el caso concreto
concurren los requisitos de procedibilidad, en especial el de relevancia
constitucional y, solo en el caso de encontrarlos superados, se resolverá si la
sentencia censurada incurrió en el defecto aludido.

2.5.1. Tutela contra tutela

48. La Sala observa frente al mencionado aspecto, que no se trata de una
tutela contra una decisión de la misma naturaleza13, pues la providencia
cuestionada fue proferida en el trámite del proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho identificado con el radicado 11001-33-42-049-2020-00201-00/01.

2.5.2. Inmediatez

49. En relación con el acatamiento del referido requisito 14, no se advierte
ningún reproche, en vista de que la última providencia dictada en el proceso fue
la del 9 de junio de 2023. Así, sin que sea necesario precisar su fecha de
ejecutoria se advierte que la acción de tutela se presentó en un término
razonable (6 de julio de 2023) a la luz de la sentencia de unificación del 5 de
agosto de 201415, en la que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del
Consejo de Estado adoptó los criterios fijados por la Corte Constitucional en la

13 Al respecto consultar Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección

Quinta, Sentencia 27.02.20., M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, Rad. 11001-03-15-000-
2020-00014-00; Sentencia 27.02.20., M.P. Luis Alberto Álvarez Parra, Rad. 11001-03-15-000-
2020-00400-00; Sentencia 20.02.20., M.P. Luis Alberto Álvarez Parra, Rad. 11001-03-15-000-
2020-00092-00; Sentencia 20.02.20., M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, Rad. 11001-03-15-
000-2020-00179-00; Sentencia 20.02.20., M.P. Luis Alberto Álvarez Parra, Rad. 11001-03-15-
000-2020-00141-00; Sentencia 20.02.20., M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-
2019-04788-01; Sentencia 13.02.20., M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2020-
00137-00; Sentencia 13.02.20., M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2020-00037-
00; Sentencia 06.02.20, M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2019-05346-00;
Sentencia 06.02.20, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, Rad. 11001-03-15-000-2019-
05202-00.
14 Al respecto consultar Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección

Quinta, Sentencia 27.02.20., M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, Rad. 11001-03-15-000-
2020-00014-00; Sentencia 27.02.20., M.P. Luis Alberto Álvarez Parra, Rad. 11001-03-15-000-
2020-00400-00; Sentencia 20.02.20., M.P. Luis Alberto Álvarez Parra, Rad. 11001-03-15-000-
2020-00092-00; Sentencia 20.02.20., M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, Rad. 11001-03-15-
000-2020-00179-00; Sentencia 20.02.20., M.P. Luis Alberto Álvarez Parra, Rad. 11001-03-15-
000-2020-00141-00; Sentencia 20.02.20., M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-
2019-04788-01; Sentencia 13.02.20., M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2020-
00137-00; Sentencia 13.02.20., M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2020-00037-
00; Sentencia 06.02.20, M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2019-05346-00;
Sentencia 06.02.20, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, Rad. 11001-03-15-000-2019-
05202-00.
15 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de

2014, Rad: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor:
Alpina Productos Alimenticios. M. P: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

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otro
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sentencia C-590 de 200516, para determinar la procedencia de la acción
constitucional contra providencia judicial y reiteró que seis (6) meses es el
término razonable para acudir y solicitar el amparo de los derechos
fundamentales que se estimen vulnerados con ocasión de providencias
judiciales.

2.5.3. Subsidiariedad

50. Respecto de este requisito, se advierte que no existe otro medio de
defensa judicial idóneo para que el tutelante pueda defender sus derechos
fundamentales, comoquiera que el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho culminó con la providencia que resolvió el recurso de apelación, es
decir, la sentencia del 9 de junio de 2023, con lo cual resulta evidente el
agotamiento de los recursos ordinarios. Además, los reproches expuestos por la
parte actora no configuran ninguna de las hipótesis para la procedencia del
recurso extraordinario de revisión o de unificación jurisprudencial.

2.5.4. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados

51. Se observa que la parte actora cumplió con este requisito, en tanto
identificó los hechos en los que se suscitó el conflicto jurídico que propone. En
el mismo sentido, explicó las razones por las que considera que el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B vulneró sus
derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia y de debido
procedo.

2.5.5. Estudio del requisito general de procedibilidad de la relevancia
constitucional

52. En primer lugar, se advierte que el Alto Tribunal Constitucional adoptó el
término “relevancia constitucional” en la sentencia C-590 de 200517. En esta
providencia se señaló que la acción de tutela contra providencia judicial sólo es
procedente cuando se cumplan ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad,

16 c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto

en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. De lo
contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de
proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que
sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría
como mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos.
17 Durante el periodo comprendido entre 1992 y 2005 hasta aquí, es claro que el Alto Tribunal

Constitucional si bien aún no contemplaba como requisito general para la procedibilidad de la
acción de tutela, la relevancia constitucional, lo cierto es que de manera indirecta sí hacía alusión
a ella, al señalar que: a) la solicitud de amparo no se constituye como una tercera instancia; b)
que no se instituyó para controvertir la interpretación hecha por los jueces ordinarios en una
decisión judicial; c) que no es procedente para estudiar asuntos netamente económicos. Esto,
bajo el entendido que las discusiones de orden legal escapan del radio de acción de garantías
superiores.

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dentro de los que se encuentra la relevancia constitucional. Sobre esta exigencia,
en aquella oportunidad se advirtió:

Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional.
Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar
cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so
pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones.
En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma
expresa por qué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión
de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las
partes18. (Subrayado fuera de texto).

53. Con fundamento en lo anterior, la Corte Constitucional ha logrado
significativos avances en torno a los criterios que llevan a determinar cuándo se
cumple con esta exigencia. Así, en la sentencia SU-215 de 202219, el Alto
Tribunal unificó los criterios que se deben analizar a la hora de determinar si un
asunto reviste o no de relevancia constitucional.

54. A su vez, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de
Estado, en sentencia de unificación del 5 de agosto del 201420, adoptó de
manera expresa la posición de la Corte Constitucional establecida en la
sentencia C-590 de 2005 sobre los requisitos generales de procedibilidad de la
acción de tutela.

55. En concreto sobre la relevancia constitucional, en aquella oportunidad
señaló que este requisito tiene dos cometidos fundamentales: i) proteger el
principio constitucional de la autonomía funcional de los jueces; y ii) evitar que la
acción de tutela se torne en un instrumento para involucrarse en asuntos que
corresponde a otras jurisdicciones.

56. Finalmente, esta Sección en sentencia del 29 de septiembre de 2022 21
modificó la postura que venía manejando sobre el estudio del requisito de
relevancia constitucional, en especial, en aquellos casos en los cuales se hace
evidente que los temas se limitan a aspectos de índole legal o económico, sin

18 Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005.
19 A través de esta decisión judicial, la Corte Constitucional revisó las sentencias proferidas en

primera y segunda instancia por las Secciones Quinta y Primera del Consejo de Estado, dentro
de una acción de tutela formulada por Producciones RTI S.A.S. contra la Sección Cuarta de este
mismo órgano de cierre. Tras abordar los criterios que debe reunir una solicitud de amparo que
reproche una decisión judicial para superar el requisito de la relevancia constitucional, la Corte
Constitucional esbozó que el mecanismo de tutela formulado por RTI S.A.S. no cumplía con este
postulado. Lo anterior, porque (i) no tenía la identidad para interpretar, aplicar o desarrollar la
Constitución Política o desarrollar el alcance de un derecho fundamental; (ii) involucraba un
debate eminentemente legal; (iii) planteaba una discusión preponderantemente económica; y,
(iv) no cumplía con la carga argumentativa y explicativa rígida porque no se demostraba la grave
violación de los derechos fundamentales invocados.
20 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 05 de agosto

de 2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01.
21 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 29

de septiembre de 2022. Rad. 11001-03-15-000-2022-03365-01, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil.

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que se pueda advertir la necesidad de desarrollar un estudio de fondo sobre una
posible vulneración de una garantía constitucional.

57. De esta manera, esta Sala de Decisión, planteó que el estudio de la
relevancia constitucional debía estar acompañado con los criterios establecidos
por la Corte Constitucional y acogidos por la misma, que en concreto se refieren
a:

i) que el actor cumpla su carga argumentativa, en donde justifique
suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, ya que no basta que se aduzca la vulneración de aquellos;

ii) que la acción de tutela no se erija en una instancia adicional al proceso
ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, puesto que este
mecanismo solo está instituido para proteger derechos fundamentales y
no para discutir la discrepancia que el actor tenga frente a la decisión
judicial. Por ende, no debe ser un debate exclusivamente legal; y

iii) que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se
advierta la tensión entre las decisiones que se enjuician y una vulneración
ostensible de un derecho fundamental. Lo anterior porque estas
controversias corresponde definirlas a los jueces ordinarios y la tutela no
puede convertirse en una tercera instancia.

58. Sobre el particular, la Sala destaca que este asunto es relevante
constitucionalmente. En primer lugar, la parte actora presenta una cuestión de
carácter ius fundamental en la medida en que no solo invoca la protección de
sus garantías superiores, sino que identifica con claridad y suficiencia las
razones por las cuales la decisión cuestionada desconoció las normas
relacionadas con el conteo del término de caducidad y las normas expedidas en
el marco de la Emergencia Económica, Social y Ecológica por el Covid 19.

59. En ese orden de ideas, la Sala considera que los argumentos expuestos
no apuntan a convertir este mecanismo constitucional en una tercera instancia,
pues trascienden de una mera inconformidad con la decisión adoptada por el
juez ordinario.

60. Se puede concluir que no se trata de un asunto de mera legalidad ni
tampoco un asunto que se limite a cuestiones económicas, se trata de una duda
legítima, puesto que el principal efecto de la providencia judicial acusada, que
declaró la caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, es
privar al demandante de la posibilidad que el marco de un proceso judicial se
establezca y debata si los actos administrativos expedidos por la autoridad
demandada se encuentran viciados y por tanto se lesionaron sus derechos.

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2.5. Defecto sustantivo

61. El defecto sustantivo se refiere a un error vinculado a la interpretación y
aplicación de las normas que conforman el ordenamiento jurídico al momento de
resolver un caso concreto, el cual debe ser analizado por el juez de tutela
siempre y cuando tenga una incidencia directa en la decisión y lesione derechos
fundamentales.

62. La jurisprudencia constitucional ha considerado que este defecto se
produce cuando: i) la providencia carece por completo de fundamento jurídico,
por ejemplo, si toma una decisión con base en normas inexistentes o
inconstitucionales; ii) la norma aplicada requería una interpretación sistemática
con otras normas, pero el juez soslayó su estudio; iii) la norma que se empleó es
constitucional, pero inaplicable al caso concreto; iv) la providencia incurre en
incongruencia entre los fundamentos jurídicos y la decisión; v) la interpretación
de la norma aplicada, desconoce sentencias con efectos erga omnes; vi) la
normas no son interpretadas con enfoque constitucional; vii) el precedente
judicial fue desconocido sin ofrecer explicación razonable, y viii) el juez de la
causa se abstiene de aplicar la excepción de inconstitucionalidad ante una norma
que desconoce de manera flagrante y evidente la Constitución Política, siempre
que se solicite la aplicación de esta figura por algunas de las partes22.

2.6. Caso concreto
63. Para determinar si la providencia acusada incurrió en defecto sustantivo y
por ende vulneró los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a
la administración de justicia, es preciso indicar los supuestos de hecho
acreditados en el caso objeto de estudio.

• Mediante Resolución 1035 del 24 de diciembre de 2019, el señor Brayan
Camilo Vargas Rodríguez fue retirado del servicio activo de las Fuerzas Militares.
• La Resolución 1035 del 24 de diciembre de 2019 fue notificada el 26 de
diciembre de 2019.
• La solicitud de conciliación prejudicial fue presentada el 17 de marzo de
2020 y se declaró fallida el 22 de mayo de 2020.
• El 14 de agosto de 2020, el señor Brayan Camilo Vargas Rodríguez
ejerció medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la
Nación – Ministerio de Defensa – Fuerza Aérea Colombiana.
• La demanda correspondió por reparto el 18 de agosto de 2022 al Juzgado
49 Administrativo del Circuito de Bogotá.
• El a quo declaró probada la excepción de caducidad de la acción y el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B,

22 Corte Constitucional. Sentencia T-047 de 2005 M.P. Clara Inés Vargas Hernández.

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confirmó la decisión.
64. Como se indicó en los antecedentes, la parte actora cuestiona la decisión
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B,
por considerar que realizaron un conteo equivoco de los términos para presentar
el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, al no tener en
cuenta la suspensión decretada por el Gobierno Nacional mediante el Decreto
Legislativo 564 de 2020 y los acuerdos expedidos por el Consejo Superior de la
Judicatura.

65. Para resolver el problema jurídico planteado es necesario traer a colación
las motivaciones del tribunal accionado para declarar la excepción de caducidad
del medio de control ejercido por el acto.

• En primer lugar, consideró que para el momento en que se elevó la
solicitud de conciliación prejudicial ante la Procuraduría General de la Nación,
esto es el 17 de marzo de 2020, habían transcurrido 2 meses y 19 días, restando
1 mes y 11 días para completar los 4 meses que prevee la norma para demandar.
Por otra parte, observó que la audiencia de conciliación se llevó a cabo el 22 de
mayo de 2020, por lo tanto, el término se reanudaba ese día, y en consecuencia
el término para demandar, en principio vencerían el 4 de julio de 2020.
• Agregó que el mes de febrero de 2020 contaba con 29 días, día que se
debía tener en cuenta, en tanto la parte actora al presentar la solicitud de
conciliación ante la Procuraduría «interrumpió» los términos de
caducidad, ante lo cual no podía contabilizarse el término en meses, sino
también en días calendario.

• Dicho esto, manifestó el accionado, que debía tenerse en cuenta que en
virtud del Decreto Legislativo 564 de 2020, se suspendieron los términos de
caducidad previstos en el CPACA, desde el 16 de marzo de 2020 hasta el 1 de
julio del mismo año, fecha a partir de la cual el Consejo Superior de la Judicatura
dispuso la reanudación de los referidos términos. En consecuencia, resultaba
más favorable para el actor tener como suspensión dicho término, por tanto, el
actor tenía hasta el 13 de agosto de 2020 para radicar la demanda ante la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

• Así las cosas, al ser el 13 de agosto de 2020 (jueves) un día hábil, este
era el último día con el que contaba el señor Vargas Rodríguez para presentar
la demanda, y al hacerlo hasta el 14 de agosto (viernes) de ese mismo año,
operó el fenómeno de la caducidad del medio de control.

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66. Ahora bien, el artículo 1 del Decreto Legislativo 564 de 2020 dispuso la
suspensión de términos judiciales en los siguientes términos:

Artículo 1. Suspensión de términos de prescripción y caducidad. Los términos
de prescripción y de caducidad previstos en cualquier norma sustancial o
procesal para ejercer derechos, acciones, medios de control o presentar
demandas ante la Rama Judicial o ante los tribunales arbitrales, sean de días,
meses o años, se encuentran suspendidos desde el 16 de marzo de 2020 hasta
el día que el Consejo Superior de la Judicatura disponga la reanudación de los
términos judiciales.

El conteo de los términos de prescripción y caducidad se reanudará a partir del
día hábil siguiente a la fecha en que cese la suspensión de términos judiciales
ordenada por el Consejo Superior de la Judicatura. No obstante, cuando al
decretarse la suspensión de términos por dicha Corporación, el plazo que
restaba para interrumpir la prescripción o hacer inoperante la caducidad era
inferior a treinta (30) días, el interesado tendrá un mes contado a partir del día
siguiente al levantamiento de la suspensión, para realizar oportunamente la
actuación correspondiente.

PARÁGRAFO. La suspensión de términos de prescripción no es aplicable en
materia penal.

67. Así mismo, el Consejo Superior de la Judicatura, profirió diversos
acuerdos23 para suspender los términos. Este, estuvo vigente entre el 16 de
marzo de 2020 y el 30 de junio de 2020, cuando fue levantada en virtud del
Acuerdo PCSJA-11567 del 5 de junio de 202024. Por tanto, a partir del 1 de julio
de 2020 se reanudaron los términos de caducidad.

68. Acorde con lo anterior, esta Corporación ha considerado que el hecho que
la Procuraduría General de la Nación no hubiera suspendido los términos para
la recepción de las solicitudes de conciliación, no podía entenderse como
autorización para desconocer la suspensión referida con anterioridad 25.

69. En efecto, la suspensión se hace extensiva a la solicitud de conciliación
extrajudicial, aun cuando la Procuraduría General de la Nación no hubiera
dispuesto la suspensión de los términos administrativos para la presentación de
las conciliaciones extrajudiciales, posibilidad que otorgaba el artículo 9 del

23 Acuerdos PCSJA20 Nos. 11517 de 15 de marzo, 11518 de 16 de marzo, 11519 de 16 de

marzo, 11521 de 19 de marzo, -11526 de 20 de marzo, 11527 de 22 de marzo, 11528 de 22 de
marzo, 11529 de 25 de marzo, 11532 de 11 de abril, 11546 de 25 de abril, 11549 de 7 de mayo,
11556 de 22 de mayo y 11567 de 5 de junio, todos de 2020.
24 Artículo 1. Levantamiento de la suspensión de términos judiciales. La suspensión de términos

judiciales y administrativos en todo el país se levantará a partir del 1 de julio de 2020 de
conformidad con las reglas establecidas en el presente Acuerdo.
25 Al respecto se reitera la interpretación adoptada por el Consejo de Estado en las sentencias

de tutela del 10 de febrero de 2022, expediente 11001-03-15-000-2021-05281-01, M.P.: Stella
Jeannette Carvajal Basto; del 29 de enero de 2023, expediente 11001-03-15-000-2022-04737-
01, C.P. Milton Chaves García, y del 9 de junio de 2022, expediente 11001-03-15-000-2022-
00923-01 M.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.

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Decreto Legislativo 491 de 2020 y la Resolución 0143 de 202026 pues se
garantizó la atención al público por medios electrónicos.
70. Esta interpretación resulta acorde a lo señalado por la Corte
Constitucional en la sentencia C-213 de 2020, que declaró exequible el artículo
1 del Decreto Legislativo 564 de 2020:
Tal como se evidenció, el Decreto Legislativo objeto de estudio tiene como
propósito de proteger los derechos al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia de los usuarios del sistema judicial. En este sentido,
la Sala estudiará de manera conjunta la finalidad del mencionado Decreto, y
cuando sea del caso, emprenderá valoraciones particulares de las medidas
incorporadas en el decreto enjuiciado. En este orden de ideas, se procederá,
con el estudio de los requisitos materiales del Decreto Legislativo bajo control:
(…)

Por otra parte, el Decreto Legislativo 491 de 2020 ya preveía normas relativas
a la suspensión de los términos de prescripción y de caducidad, en particular,
(i) su artículo 9º disponía que en el caso en que el Procurador General de la
Nación dispusiera la suspensión de la posibilidad de realizar conciliaciones en
los centros de conciliación de la Procuraduría o de conciliación prejudicial en lo
contencioso administrativo, “no correrá el término de prescripción o caducidad
de las acciones o de los medios de control, respectivamente, hasta el momento
en que se reanude la posibilidad de radicación o gestión de solicitudes”; y (ii) el
artículo 10º, relativo a los servicios de arbitraje, conciliación y otros mecanismos
de resolución de conflictos por medios virtuales disponía, de manera general,
no obstante el objeto limitado de dicho artículo, que “Durante la vigencia de la
Emergencia Sanitaria no correrán los términos de prescripción o caducidad de
las acciones”. Aunque no existe en el Decreto 564 de 2020, actualmente bajo
control, una justificación precisa respecto de la modificación de la norma
anterior y únicamente se prevé en la parte motiva que dichos asuntos ahora se
regirán por este decreto, para la Corte es claro que la existencia previa del
Decreto Legislativo 491 de 2020 no enerva la necesidad jurídica de la
expedición del Decreto Legislativo 564 de 2020, por las siguientes razones: (i)
A diferencia de la norma previa, el decreto objeto de control da certeza en
cuanto a la fecha a partir de la cual se encuentran suspendidos los términos,
esto es, el 16 de marzo de 2020; (ii) se superan las dudas interpretativas que
surgen de la lectura sistemática de los artículos 9 y 10 del Decreto Legislativo
491 de 2020, en cuanto que una de dichas normas indica que la suspensión
dependerá de la decisión del Procurador, pero la otra dispone que los términos
de prescripción y caducidad se encuentran suspendidos; (iii) se incluyen
medidas de suspensión de términos de desistimiento tácito y de duración de
los procesos; (iv) se toman previsiones respecto del conteo de términos, luego
de su reactivación, cuando se tratara de términos inferiores a 30 días; y (v), tal
como lo indicó el Gobierno Nacional frente a los requerimientos probatorios del
Magistrado ponente, que buscaban identificar la necesidad jurídica, a diferencia
de la norma anterior que mantenía la suspensión de términos hasta que el
Ministerio de Salud levantara la declaratoria de emergencia sanitaria, en el
presente decreto legislativo se ata la suspensión de los términos indicados a la
suspensión de términos judiciales ordenada por el CSJ y, de manera
congruente, el levantamiento de términos se confía a una decisión
administrativa de la misma corporación, quien tomará en consideración no

26 Por la cual se prorroga la restricción de la atención presencial en el Centro de Atención al

Público CAP y las demás sedes de la Procuraduría General de la Nación y se establecen reglas
para la radicación de conciliaciones

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únicamente las medidas sanitarias, sino, además, la capacidad institucional de
la administración de justicia para prestar el servicio público, incluso a través de
medios virtuales.

Finalmente, el Decreto Legislativo 491 del 28 de marzo de 2020, “Por el cual
se adoptan medidas de urgencia para garantizar la atención y la prestación de
los servicios por parte de las autoridades públicas y los particulares que
cumplan funciones públicas y se toman medidas para la protección laboral y de
los contratistas de prestación de servicios de las entidades públicas, en el
marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica” dispuso en
el inciso final del artículo 10º que "(...) durante la vigencia la Emergencia
Sanitaria no correrán los términos prescripción o caducidad de las acciones".
Sin embargo, la existencia de esta norma no excluye la necesidad jurídica de
la previsión de la suspensión de términos de prescripción y de caducidad
respecto del arbitraje, considerando que se requería unificar las medidas de
suspensión respecto de la Rama Judicial y determinar una condición uniforme
para su levantamiento, en este caso, la decisión del CSJ. (Subraya la Sala).

71. Bajo esta línea, la Sala encuentra que, si bien la autoridad judicial precisó
la suspensión de términos prevista en el mentado Decreto Legislativo 564 de
2020, al momento de verificar la suspensión en el caso concreto, concluyó que
se produjo con la presentación de la solicitud de conciliación del 17 de marzo de
2020, fecha para la cual, ya se encontraban suspendidos los términos.

72. Si bien, la Procuraduría General de la Nación no suspendió los términos
para la recepción de solicitudes de conciliación, esto no implicaba que se
desconociera los efectos de la suspensión de los términos de prescripción y
caducidad ordenada vía decreto legislativo, teniendo en cuenta, que esta última
es la premisa normativa que es aplicable al caso concreto y que permite
garantizar el acceso efectivo a la administración de justicia del accionante,
máxime cuando el mencionado decreto no estableció ningún tipo de excepción.

73. Precisado esto, la Sala considera que el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B incurrió en defecto sustantivo,
al desconocer lo dispuesto en el artículo 1 del Decreto 564 de 2020, pues
inobservó que la suspensión de que trata esta norma aplica para las solicitudes
de conciliación, y no podía en consecuencia sacrificar el acceso efectivo a la
administración de justicia, al pasar por alto, que la suspensión de los términos
judiciales ordenada, fue entre el 16 de marzo y el 30 de junio de 2020.

74. Por otra parte, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca manifestó que,
para el conteo de los términos de la caducidad, debía tenerse en cuenta que en
el año 2020 febrero contaba con 29 días, luego el término no podía ser
contabilizado solo en meses sino también en días calendario.

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Demandante: Brayan Camilo Vargas Rodríguez
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B y
otro
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75. Al respecto la Sala considera que no es de recibo el análisis efectuado,
por cuanto el término previsto en el literal d) numeral 2º del artículo 164 del
CPACA debe ser contado conforme al calendario, salvo que el día en que se
venza el mismo coincida con la vacancia judicial o con el tiempo en el que el
despacho permanezca cerrado por cualquier circunstancia, en cuyo caso el
término de caducidad se correrá para el primer día hábil en el que se preste el
servicio judicial, tal como lo disponen los artículos 118 del Código General del
Proceso27 y el 62 del Código de Régimen Político y Municipal28.

76. Dicho lo anterior se precisa que el término de caducidad del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho está fijado en meses y eso
implica que se tienen en cuenta los meses del calendario común.

77. Dicho lo anterior, para el caso bajo estudio la contabilización de los
términos de caducidad sería:

Fecha Hecho Término faltante
26 de diciembre de 2019 Notificación del acto N/A
administrativo
27 de diciembre de 2019 – 27 Término de 4 meses para N/A
de abril de 2020 presentar demanda de nulidad
y restablecimiento

27
Artículo 118. El término que se conceda en audiencia a quienes estaban obligados a concurrir
a ella correrá a partir de su otorgamiento. En caso contrario, correrá a partir del día siguiente al
de la notificación de la providencia que lo concedió. // El término que se conceda fuera de
audiencia correrá a partir del día siguiente al de la notificación de la providencia que lo concedió.
// Si el término fuere común a varias partes comenzará a correr a partir del día siguiente al de la
notificación a todas. // Cuando se interpongan recursos contra la providencia que concede el
término, o del auto a partir de cuya notificación debe correr un término por ministerio de la ley,
este se interrumpirá y comenzará a correr a partir del día siguiente al de la notificación del auto
que resuelva el recurso. // Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, mientras esté
corriendo un término, no podrá ingresar el expediente al despacho, salvo que se trate de
peticiones relacionadas con el mismo término o que requieran trámite urgente, previa consulta
verbal del secretario con el juez, de la cual dejará constancia. En estos casos, el término se
suspenderá y se reanudará a partir del día siguiente al de la notificación de la providencia que
se profiera. // Mientras el expediente esté al despacho no correrán los términos, sin perjuicio de
que se practiquen pruebas y diligencias decretadas por autos que no estén pendientes de la
decisión del recurso de reposición. Los términos se reanudarán el día siguiente al de la
notificación de la providencia que se profiera, o a partir del tercer día siguiente al de su fecha si
fuera de cúmplase. // Cuando el término sea de meses o de años, su vencimiento tendrá lugar el
mismo día que empezó a correr del correspondiente mes o año. Si este no tiene ese día, el
término vencerá el último día del respectivo mes o año. Si su vencimiento ocurre en día inhábil
se extenderá hasta el primer día hábil siguiente. // En los términos de días no se tomarán en
cuenta los de vacancia judicial ni aquellos en que por cualquier circunstancia permanezca
cerrado el juzgado.

28 Artículo 62. En los plazos de días que se señalen en las leyes y actos oficiales, se entienden

suprimidos los feriados y de vacantes, a menos de expresarse lo contrario. Los de meses y años
se computan según el calendario; pero si el último día fuere feriado o de vacante, se extenderá
el plazo hasta el primer día hábil.

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Demandante: Brayan Camilo Vargas Rodríguez
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B y
otro
Radicado: 11001-03-15-000-2023-03676-01

16 de marzo de 202029 – 30 de Suspensión de términos – 1 mes y 13 días
junio de 202030 COVID 19
1º de julio de 2020 Reanuda el término de 1 mes y 13 días
caducidad del medio de control
14 de agosto de 2020 Vence el término de caducidad
teniendo en cuenta que desde
el 1º de julio del 2020 al 1º de
agosto de 2020 transcurrió 1
mes y desde el 2 de agosto de
2020 al 14 de agosto
finalizaron los 13 días
restantes.
14 de agosto de 2020 Presentación de la demanda

2.7. Conclusión

78. Con base en lo expuesto, la Sala considera que la providencia del 9 de
junio de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección B, vulneró los derechos fundamentales al debido proceso
y al acceso a la administración de justicia del señor Brayan Camilo Cargas
Rodríguez, al declarar probada la excepción de caducidad, sin tener en cuenta
las fechas en que efectivamente estuvieron suspendidos los términos de
caducidad y desconocer la normativa referente al conteo de términos.

79. Po lo anterior confirmará la providencia de primera instancia proferida por
la Sección Cuarta del Consejo de Estado, que amparó los derechos
fundamentales del actor.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,

III. FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 7 de septiembre de 2023 dictada por
la Sección Cuarta del Consejo de Estado que amparó los derechos
fundamentales del señor Brayan Camilo Vargas Rodríguez.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

29 Tener en cuenta que desde el 27 de diciembre de 2019 al 16 de marzo de 2020 habían

transcurrido 2 meses y 17 días, es decir que el término faltante para completar el término de
caducidad sería de 1 mes y 13 días.
30 La radicación de la solicitud de conciliación se realizó el 17 de marzo de 2020, y la audiencia

celebración de la audiencia fue el 20 de mayo de 2020.

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otro
Radicado: 11001-03-15-000-2023-03676-01

TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el número de radicación
en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081.

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