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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-03683-01

Fecha
5 de octubre de 2023
Consejero ponente
Stella Jeannette Carvajal Basto

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-03683-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE: Primero.- CONFÍRMASE la sentencia de 8 de agosto de 2023, dictada por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “B”, por las razones aquí expuestas. Segundo.-

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2023-03683-01

Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto

5 de octubre de 2023

Radicación: 11001-03-15-000-2023-03683-01
Demandante: JOHN FREDDY SÁNCHEZ DÍAZ

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

Bogotá D.C., cinco (5) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-03683-01
Demandante: JOHN FREDDY SÁNCHEZ DÍAZ
Demandados: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN
EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL, DIRECCIÓN
EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE
BOGOTÁ Y JUZGADO VEINTIDÓS DE EJECUCIÓN DE
PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE BOGOTÁ

Temas: Tutela contra autoridad administrativa. Vacaciones individuales del
régimen especial de la rama judicial. Derecho al descanso
remunerado

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la impugnación
presentada por la Dirección Ejecutiva Administración Judicial, a través de
apoderado judicial, contra la sentencia de 8 de agosto de 2023, dictada por el
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “B”, en la que amparó los
derechos fundamentales al trabajo y a la igualdad del accionante en los siguientes
términos:

“PRIMERO. AMPARAR los derechos fundamentales al trabajo y a la igualdad del señor
John Freddy Sánchez Díaz, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia.

SEGUNDO. ORDENAR a la Nación – Rama Judicial – Consejo Superior de la
Judicatura, a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y a la Dirección
Seccional de Administración Judicial de Bogotá, que dentro del término de las cuarenta
y ocho (48) horas siguientes, contadas a partir de la notificación de esta providencia,
adelanten las gestiones administrativas y presupuestales a que haya lugar, con el fin de
expedir el Certificado de Disponibilidad Presupuestal, para que el Juzgado Veintidós de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, provea el reemplazo del señor
John Freddy Sánchez Díaz y así garantizar que se concrete el disfrute al derecho del
descanso remunerado.

TERCERO. ORDENAR al Juzgado Veintidós de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad de Bogotá, que una vez se haya expedido el correspondiente Certificado de
Disponibilidad Presupuestal, proceda, dentro de los quince (15) días siguientes, a
conceder el disfrute de las vacaciones solicitadas por el señor John Freddy Sánchez
Díaz.

CUARTO. Si no fuere impugnada, envíese a la Corte Constitucional para su eventual
revisión”.

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-03683-01
Demandante: JOHN FREDDY SÁNCHEZ DÍAZ

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

El accionante manifestó que actualmente se desempeña como asistente jurídico
grado 19, en propiedad, del Juzgado Veintidós de Ejecución de Penas y Medidas
de Seguridad de Bogotá, el cual pertenece al régimen individual de vacaciones.

Sostuvo que solicitó disponibilidad presupuestal a la Dirección Seccional de
Administración Judicial de Bogotá para el disfrute de sus vacaciones a partir de 22
de agosto de 2023, mismas que había causado por haber laborado en el periodo
comprendido entre el 2 de octubre de 2021 y el 1° de octubre de 2022.

Afirmó que, en respuesta a su petición, la Dirección Ejecutiva de Administración
Seccional de Bogotá, a través del oficio DESAJBOADO23-511 de 16 de junio de
2023, negó la expedición del certificado de disponibilidad presupuestal para
proveer su reemplazo mientras disfruta de sus vacaciones, tras argumentar que
“conforme a la Circular PSAC05-89, proferida por el Consejo Superior de la
Judicatura, para Despachos judiciales de más de 3 servidores, incluido el juez, no
se expide disponibilidad presupuestal; en tal virtud es de informarle que no es
viable atender de manera positiva su petición”.

Finalmente, refirió que mediante Resolución No. 015 de 23 de junio de 2023, la
Jueza Veintidós de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá negó
la solicitud de vacaciones que elevó, atendiendo los factores de necesidad y
afectación en la prestación del servicio.

2. Fundamentos de la acción

El accionante, quien actúe en nombre propio, presentó acción de tutela con el
objeto de que el juez constitucional proteja sus derechos fundamentales al
descanso y al trabajo en condiciones dignas, supuestamente vulnerados con la
decisión de negarle el disfrute del periodo de vacaciones causado a su favor, con
ocasión de la negativa a asignar la disponibilidad presupuestal para nombrar su
reemplazo durante dicho periodo por parte de las autoridades accionadas.

Aseveró que en el caso se vulnera su derecho fundamental al descanso
remunerado, puesto que se está viendo limitado por circunstancias de carácter
administrativo, carga que, adujo, no debe asumir, y reprochó que sus funciones
sean asumidas transitoriamente por los demás trabajadores del despacho en el
que labora, los cuales, afirmó, tienen sus propias funciones por lo que se
generaría un represamiento de los asuntos que conoce el juzgado.

Manifestó que, además del disfrute de sus vacaciones, resulta de mayor
importancia en este momento la designación de su reemplazo, “pues el cargo que
desempeño, dadas las funciones encomendadas, resultan de suma importancia en
el funcionamiento del Juzgado, de manera que al quedar “vacante” durante mis
vacaciones, la debida prestación del servicio se verá inevitablemente afectada,
máxime si se considera que las peticiones que gestiono son las de mayor nivel de
relevancia, en tanto comportan, en su mayoría, la libertad de procesados, así
como la resolución de las acciones constitucionales, las que por la distribución de

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funciones no son del conocimiento del oficial mayor menos del asistente
administrativo del Juzgado”.

Adujo que la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá
negó la disponibilidad presupuestal para designar su reemplazo con base en la
prohibición expresa dada por el Consejo Superior de la Judicatura en las circulares
PSAC05-89 y PSAC11-44, “sin atender en forma concreta las circunstancias y
causas excepcionales señaladas en la solicitud, que para el caso no solo
corresponden a la excesiva carga laboral que tienen estos juzgados, sino también
al estado de cosas inconstitucional que afecta a población privada de la libertad,
que requieren decisiones en términos prevalentes y perentorios, en atención al
régimen de obligaciones y deberes que se predica respecto a los administradores
de justicia de esta especialidad”.

Por último, indicó que se trata de un derecho ya adquirido por desarrollar con
dedicación y compromiso las funciones asignadas al cargo, por lo que, a su juicio,
resulta contradictorio que el Consejo Superior de la Judicatura y la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial, “quienes incluso antes y ahora por la
pandemia vienen implementando medidas de descongestión y disponibilidad presupuestal
en el Centro de Servicios Administrativos de esta especialidad, al quedar vacante el cargo
de Asistente Jurídico por 25 días, no certifiquen la disponibilidad presupuestal con la
excusa de la existencia de dos circulares del año 2005 y 2011 que no favorecen a la
realidad actual que subsiste en los despachos, lo que me lleva acudir a este amparo
constitucional, puesto que no cuento con otro mecanismo para salvaguardar mi derecho al
descanso sin perjudicar el servicio de administrar pronta justicia”.

3. Pretensiones

En el escrito de tutela se formulan las siguientes:

“1º. Se tutelen mis derechos fundamentales invocados como amenazados, violados y/o
vulnerados, dando aplicación a los precedentes jurisprudenciales citados y disponga lo
siguiente:

2º. Se ordene a Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Bogotá que
apropie, en el término que fije el Despacho, las partidas presupuestales necesarias
para el nombramiento de mi remplazo y emita el correspondiente certificado de
disponibilidad presupuestal - CDP para el disfrute de mis vacaciones por el término de
veinticinco (25) días, a partir del 22 de agosto de 2023.

3º. Se conmine a la señora Juez 22 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de
Bogotá, que una vez sea expedido el CDP por parte de la Dirección Ejecutiva Seccional
de Administración Judicial Bogotá, decida nuevamente frente a mi solicitud de
vacaciones.

4º. Se exhorte a las autoridades respectivas, en este caso al Consejo Superior de la
Judicatura y Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá, para
que en el futuro esta situación no se vuelva a presentar y se gestione a nivel nacional la
apropiación de recursos para designar en encargo a otra persona, para que los
funcionarios y empleados de la Rama Judicial puedan disfrutar de sus vacaciones sin
interferir en la eficiencia de la administración de justicia”.

4. Pruebas relevantes

Se allegaron copias digitales de i) la certificación DESAJBOADO23-464, proferida
por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá, en la
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que se observa un periodo vacacional causado y no disfrutado por el actor, ii) de la
solicitud que el accionante presentó ante la Jueza Veintidós de Ejecución de
Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá en la que pidió la concesión de sus
vacaciones y iii) de la Resolución No. 015 de 2023, mediante la cual la
mencionada autoridad denegó el requerimiento del accionante con base en lo
manifestado a aquel por la Coordinación de Talento Humano de la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá, quien le informó que no
atendería su solicitud de expedición de certificado de disponibilidad presupuestal
para autorizar un reemplazo para el disfrute de vacaciones.

5. Trámite procesal

Por auto de 11 de julio de 2023, el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección “B”, admitió la demanda de tutela y ordenó notificar al accionante y a
las autoridades accionadas.

6. Oposición

6.1. Respuesta de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

El apoderado de la entidad rindió informe en el que solicitó la desvinculación por
falta de legitimación en la causa por pasiva, por cuanto, adujo, esa entidad no
estaba obligada a disponer recursos que permitieran la contratación del reemplazo
del demandante para la concesión del periodo de vacaciones que solicitó ante su
nominador.

Sostuvo que en el caso existe falta de conformación del litisconsorcio por pasiva,
en tanto las Direcciones Ejecutivas Seccionales se encuentran bajo la dirección y
coordinación de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, por lo que, si
bien es cierto que la ejecución presupuestal de esas Seccionales es autónoma e
independiente de acuerdo a sus necesidades, “lo cierto es que tanto ellas como
esta entidad tienen prohibido la apropiación de recursos para garantizar la
contratación de los re[e]mplazos de los Empleados Judiciales con régimen de
vacaciones individuales conforme lo dispone la Circular PSAC11-44 de noviembre
23 de 2011, así pues que la negativa de la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Bogotá se ajusta a lo reglamentado por el Consejo
Superior de la Judicatura, por ende, no se trata de una afectación a un derecho
personal e individual del accionante, sino de la ejecución y cumplimiento de un
Acto General y Abstracto que reglamenta una situación para la generalidad de los
Empleados Judiciales; al margen de ello, como se manifestó para esta Entidad y
sus Seccionales, está prohibido la apropiación de recursos para los efectos
ordenados por su Despacho, por ello, para que surtiese legalidad el presente
trámite constitucional la PASIVA debió haber sido legalmente integrada, por la
Seccional Bogotá y por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, el
Consejo Superior de la Judicatura y el Ministerio de Hacienda Crédito Público,
pues son estas entidades del orden nacional las que establecen la política
económica y presupuestal que deben seguir y cumplir las Entidades Públicas, en
este caso las pertenecientes a la Rama Judicial; y al faltar a la convocatoria de
estas Entidades, claramente el trámite constitucional se encuentra viciado de
Nulidad”.

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Adicionalmente, pidió que se declarara la improcedencia de la acción de tutela,
pues, a su juicio, intrínsecamente se dirige contra un acto administrativo de
carácter general y abstracto, como lo era la circular PSAC11-44 del 23 de
noviembre de 2011.

Alegó que en el caso existe una violación a los principios de planeación,
presupuesto y servicio público esencial, en tanto, declaró, el juez constitucional de
tutela no puede librar orden que conlleve la apropiación y ejecución del
presupuesto de las entidades públicas.

Para terminar, sostuvo que en el caso no se configura un perjuicio irremediable
que haga procedente la tutela como mecanismo transitorio, “pues lo que se
advierte es que la parte actora radicó el derecho de petición mediante el cual
solicitan el disfrute de vacaciones es de competencia de la Dirección Seccional de
Administración Judicial de Bogotá; situación que lleva a concluir que no existe un
perjuicio irremediable”.

6.2. Respuesta de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Bogotá

La apoderada de la entidad rindió informe en el que solicitó que se denegaran las
pretensiones de la acción, por cuanto, afirmó, esa entidad no ha menoscabado los
derechos fundamentales de la parte accionante, ya que carece de legitimidad en la
causa por pasiva para dar cumplimiento a lo solicitado por la parte actora,
teniendo en cuenta que es el juez nominador quien tiene la discrecionalidad de
programar los turnos de descanso de la planta de personal que presta sus
servicios dentro del despacho judicial, “razón por la cual es evidente que la Juez
22 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, ha omitido al deber
de acatar y cumplir una orden jurídica impartida por un Superior generando
controversias entre el accionante y esta Seccional, pues finalmente es ese
despacho judicial, el que vulnera el derecho fundamental al descanso que tiene el
tutelante por norma constitucional”.

Sostuvo que el artículo 146 de la Ley Estatutaria 270 de 1996 faculta al juez
nominador para conceder las vacaciones individuales de acuerdo con las
necesidades del servicio, por lo que en el caso del referido funcionario judicial no
solamente le correspondía constatar que el empleado judicial hubiera causado el
periodo de vacaciones, sino, además, verificar los demás requisitos para
concederlas, de tal forma que no afectara la prestación del servicio de administración
de justicia.

Agregó que el concepto dado por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
mediante Oficio DEAJRHO18-74 de 5 de enero de 2018, resulta en consonancia con
lo establecido en el artículo 146 de la Ley Estatutaria 270 de 1996, porque las
Circulares PSAC05-89 y PSAC05-44 de 2015, que en su momento preveían la
expedición del certificado de disponibilidad presupuestal para nombrar el reemplazo
del servidor judicial que disfrutaba de sus vacaciones individuales, fueron derogadas
por la Circular PSAC11-44 de 2011 y, en tal razón, la apropiación presupuestal
solamente es aplicable para el régimen de vacaciones individuales de los
funcionarios judiciales.

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Añadió que, en ese sentido, en el caso se observa que no hay reglamentación que
autorice al ordenador del gasto, esto es, la Dirección Seccional de Administración
Judicial de Bogotá para hacer la respectiva apropiación presupuestal para nombrar
un reemplazo durante la ausencia del empleado judicial que disfrute de sus
vacaciones individuales, como tampoco se evidencia precedente judicial de la Corte
Constitucional que por vía de tutela arribe a tal conclusión.

Afirmó que, en esa medida, se infiere que no existe transgresión de los derechos
invocados por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Bogotá, pues la expedición de un certificado de disponibilidad presupuestal no se
encuentra autorizado para el nombramiento del reemplazo del empleado judicial que
disfrute de sus vacaciones, pues tal requisito solo está previsto para los funcionarios
judiciales del régimen de vacaciones individuales.

Finalmente, sostuvo que en el caso no se encuentra acreditado el requisito de la
subsidiariedad, en tanto, indicó, “al versar el litigio que se presenta entre las partes
sobre la no expedición de certificado de disponibilidad presupuestal para el
nombramiento del empleado en reemplazo del accionante, con el fin de que ésta
pueda disfrutar de sus vacaciones, es claro que dicho correctivo se puede debatir en
su legalidad mediante el uso de los mecanismos ordinarios que para el efecto trae la
normatividad colombiana, y que para el asunto en estudio, son completamente
eficaces e idóneos para resolver lo planteado, sin que con ellos resulten vulnerados
derechos del actor”.

6.3. Respuesta del Consejo Superior de la Judicatura

El jefe del área jurídica de la entidad rindió informe en el que solicitó que se
declare la falta de legitimación en la causa por pasiva a su favor, en tanto, declaró,
no es viable endilgarle alguna responsabilidad, toda vez que las acciones u
omisiones que atribuye el accionante como vulneradoras de sus derechos recaen
exclusivamente sobre la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial
de Bogotá, entidad que actúa como ordenador del gasto de conformidad con los
numerales 2 y 6 del artículo 103 de la Ley Estatutaria 270 de 1996, y que tiene a
cargo expedir el certificado de disponibilidad presupuestal para designar los
reemplazos de los funcionarios y empleados judiciales que pretenden el disfrute
de sus vacaciones.

6.4. Respuesta del Juzgado Veintidós de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad de Bogotá

La titular del despacho rindió informe en el que solicitó que se amparen los
derechos fundamentales del accionante “sin afectar la prestación del servicio de
administración de justicia. Para ello, es necesario que se expida el certificado de
disponibilidad presupuestal con el fin de que otra persona pueda asumir las
funciones del abogado Sánchez Díaz quien, dicho sea de paso, tiene a su cargo
las funciones de apoyar a la juez, en las decisiones de los procesos con personas
privadas de la libertad, cuya resolución no da espera a su regreso de vacaciones”.

Sostuvo que son varios los fallos de tutela que han amparado los derechos
fundamentales al descanso y al trabajo digno y han ordenado a algunas
Direcciones Ejecutivas Seccionales de Administración Judicial adelantar las
gestiones administrativas y presupuestales necesarias para que los despachos
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judiciales puedan designar una persona en reemplazo del servidor judicial que
tiene derecho a su descanso remunerado.

7. Sentencia de tutela impugnada

El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “B”, mediante sentencia de 8
de agosto de 2023, amparó los derechos al trabajo e igualdad del accionante, y
ordenó i) al Consejo Superior de la Judicatura, a la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial y a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Bogotá, que adelantaran las gestiones administrativas y
presupuestales a que haya lugar, con el fin de expedir el certificado de
disponibilidad presupuestal, para que el Juzgado Veintidós de Ejecución de Penas
y Medidas de Seguridad de Bogotá, provea el reemplazo del señor John Freddy
Sánchez Díaz, y ii) al Juzgado Veintidós de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad de Bogotá, que una vez se haya expedido el correspondiente
certificado de disponibilidad presupuestal, proceda a conceder el disfrute de las
vacaciones solicitadas por el accionante.

En primer lugar, sostuvo que la acción cumple con los requisitos de procedibilidad
y, en lo atinente al requisito a la subsidiariedad, indicó que el mismo se encuentra
cumplido, en tanto, si bien la afectación se adoptó por medio de un acto
administrativo que bien puede ser atacado judicialmente, dicho mecanismo no
resulta eficaz para garantizar el oportuno disfrute del periodo de descanso de la
accionante y, por el contrario, exigirle el agotamiento de dicho medio a la tutelante
prolongaría en el tiempo la vulneración de su derecho al trabajo en condiciones
dignas.

Posteriormente, refirió que la decisión proferida por la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Bogotá, mediante Resolución No.
DESAJBOADO23-511 de 16 de junio de 2023, constituye una vulneración del
derecho al trabajo en condiciones de dignidad del accionante, puesto que impone
una limitación injustificada a su disfrute, circunstancia que desnaturaliza el deber
ser de la relación laboral.

Adujo que no es de recibo que la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Bogotá, pretenda desconocer su responsabilidad bajo el argumento de
que el accionante no puede disfrutar del período de vacaciones al que tiene
derecho por la mera voluntad de su nominador, pues ello desconoce derechos de
raigambre constitucional y, además, su consecuencia no puede ser soportada por
el actor.

Afirmó que si bien el servicio público esencial prestado por el despacho judicial en
el que labora el actor no puede ser interrumpido, debido a que parte del equipo se
encuentre de vacaciones, esto impone la obligación a la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Bogotá de tomar los correctivos
necesarios, en aras de no afectar el normal funcionamiento del Juzgado Veintidós
de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, “por lo que se
ordenará que se realicen las gestiones a que haya lugar, con el fin de nombrar un
reemplazo que la sustituya, en tanto disfruta de las vacaciones solicitadas al titular
del Juzgado Veintidós de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá”.

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Por último, expresó que, comoquiera que la apropiación presupuestal corresponde
a un trámite colaborativo entre el nivel central y las seccionales, “se dispondrá
que en forma conjunta la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial y la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Bogotá, adelanten las gestiones con el fin de garantizar los recursos
para nombrar un reemplazo que sustituya en sus funciones al señor John Freddy
Sánchez Díaz, en tanto disfruta de su período vacacional”.

8. Escrito de impugnación

Dentro del término previsto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, el
apoderado judicial de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial impugnó el
fallo de primera instancia y solicitó que se revocara, en escrito en el que reiteró
todos los argumentos que allegó en la contestación.

De otra parte, como argumentos de impugnación, sostuvo que actualmente la
Corte Constitucional se encuentra adelantando la revisión de una acción de tutela
-expediente T-8.735.764-, en la que se plantea la necesidad de determinar si
asuntos como el presente son procedentes, y si en procura de garantizar un
derecho fundamental el juez constitucional de tutela puede librar una orden de
ejecución presupuestal, “cuando dicha orden se puede tornar de imposible
cumplimiento y ello acarrearía para el Representante Legal de la Accionada estar
incurso en un posible desacato”.

Aseveró que es un absurdo que se haya librado una orden a esa entidad en la
sentencia impugnada, pues, adujo, no ha dado ni ha proferido ningún acto
administrativo con el cual se vulnere el derecho del accionante, pues la autoridad
que expide la reglamentación frente a la disposición de recursos para la
contratación de reemplazos de los empleados con régimen de vacaciones
individuales es el Consejo Superior de la Judicatura, quien no termina siendo
vinculado.

Agregó que el acto administrativo que regula esta situación es la Circular PSAC11-
44 del 23 de noviembre de 2011, “que termina siendo un Acto General y Abstracto
contra el cual no es procedente la Acción de Tutela; la negativa en la concesión de
las vacaciones es del Titular del Despacho Judicial para el cual labora el
Accionante, acto por demás ilegal y violatorio claro está, pero frente al cual esta
Entidad no tiene relación o competencia para derogarlo o atacarlo, la Dirección
Seccional, es quien efectivamente en apego a la reglamentación niega la
expedición del CDP adicionalmente porque no cuenta con los recursos, y se
termina impartiendo una Orden de Carácter Presupuestal a Esta Entidad para que
apropie unos recursos que legalmente no puede expidiendo un Certificado de
Disponibilidad Presupuestal, debiendo sustraer recursos de otros rubros ya que el
rubro para el pago de salarios de los reemplazos de estos empleados no existe,
debiéndose esperar un fallo y la confirmación del mismo para poder apropiar los
recursos y aumentando la estadística de fallos en contra”.

Finalmente, aseveró que varios despachos judiciales en pronunciamientos
recientes han modificado su postura y emitido nueva jurisprudencia en ese
sentido, unos al declarar la improcedencia de la acción de tutela al no agotarse la
instancia judicial correspondiente, y otros en el sentido de negar la expedición del
certificado de disponibilidad presupuestal “al ser claro la ilegalidad de una orden
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constitucional en dicho sentido y el perjuicio que se ocasiona al presupuesto de la
Rama Judicial”.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29
del Decreto 2591 de 1991 y 25 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir la presente
impugnación.

2. Planteamiento del problema jurídico

Le corresponde a la Sala determinar, en los términos del escrito de impugnación,
si debe revocar la sentencia de 8 de agosto de 2023, dictada por el Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección “B”, en la que amparó los derechos
fundamentales al trabajo y a la igualdad del accionante, y si, conforme con lo
sostenido por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, esa entidad no es
responsable por la vulneración de derechos fundamentales derivada de la
negativa a garantizar los recursos para proveer un reemplazo del accionante
mientras este disfruta de sus vacaciones.

3. Generalidades de la acción de tutela

El artículo 86 de la Constitución Política señala que toda persona tendrá la acción
de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, “cuando quiera que estos resulten vulnerados por
la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”. Destaca esa disposición que
dicha solicitud de amparo, “solo procederá cuando el afectado no disponga de otro
medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable.”

Dada su naturaleza subsidiaria, esta acción sólo procede cuando no existen otros
medios de defensa judicial para amparar los derechos fundamentales invocados o,
en su defecto, siempre que ello sea necesario para evitar la ocurrencia de un
perjuicio irremediable, caso en el cual procederá como mecanismo transitorio de
protección.

A su turno, el artículo 6° del Decreto 2591 de 1991 establece que la acción de
tutela es improcedente cuando existen otros medios de defensa judicial, a menos
que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, en
los siguientes términos:

“(..) La acción de tutela no procederá:

1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla
se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La
existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia,
atendiendo las circunstancias en que se encuentre el solicitante”.

Tanto la Constitución Política como el Decreto 2591 de 1991, dan la posibilidad al
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juez de tutela de valorar las circunstancias particulares de cada caso y determinar
si la acción de tutela es procedente o, si por el contrario, existen otros medios
jurídicos que permiten satisfacer los derechos fundamentales del actor.

Siguiendo estos parámetros, la jurisprudencia constitucional ha extendido los
efectos del requisito de subsidiariedad, al considerar que el sólo hecho de que
existan otros medios de defensa judicial, no hace que automáticamente la acción
de tutela se torne improcedente, ya que bajo ciertas circunstancias el carácter
subsidiario y residual de la misma puede llegar a tener algunas excepciones. Así
lo precisó la Sala Plena de la Corte Constitucional en sentencia SU- 263 de 20151:

“(i) Cuando los medios ordinarios de defensa judicial no son lo suficientemente
idóneos y eficaces para proteger los derechos presuntamente conculcados;

(ii) Aun cuando tales medios de defensa judicial sean idóneos, de no concederse la
tutela como mecanismo transitorio de protección, se produciría un perjuicio
irremediable a los derechos fundamentales.

(iii) Cuando el accionante es un sujeto de especial protección constitucional (personas
de la tercera edad, personas discapacitadas, mujeres cabeza de familia, población
desplazada, niños y niñas, etc.), y por tanto su situación requiere de particular
consideración por parte del juez de tutela"2.

De esta forma, el carácter subsidiario y residual de la acción de tutela ha servido
para restringir su procedencia, como quiera que el sistema judicial permite a las
personas valerse de diversas acciones ordinarias y extraordinarias que pueden ser
eficaces para la defensa de sus derechos3, ya que, si bien la regla de la
subsidiariedad debe aplicarse de forma general para determinar la procedencia de
la acción de tutela, el juez constitucional puede llegar a intervenir en algunos
casos en los que se demuestre que no existe otro medio de defensa judicial o que
a pesar de existir no es idóneo ni eficaz, cuando se pretenda evitar un perjuicio
irremediable o cuando el accionante es un sujeto de especial protección
constitucional, lo anterior, teniendo en cuenta que la finalidad de la acción de
amparo es la protección de los derechos fundamentales.

En conclusión, para la procedencia de la acción de tutela cuando exista otro medio
de defensa judicial, el juez constitucional debe tener en cuenta la eficacia e
idoneidad del otro medio, o si se encuentra frente a un perjuicio irremediable,
circunstancias que son determinantes a fin de valorar la procedencia formal del
amparo constitucional.

4. Estudio y solución del caso concreto

4.1. El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “B”, mediante sentencia
de 8 de agosto de 2023, como juez de tutela de primera instancia, amparó los
derechos al trabajo a la igualdad del accionante y ordenó i) a las accionadas que
adelantaran las gestiones administrativas y presupuestales a que haya lugar, con
el fin de expedir el certificado de disponibilidad presupuestal, para que el juzgado

1
Véase al respecto: Corte Constitucional, sentencia T-656 de 2006, M.P. María Victoria Calle Correa,
sentencia T-435 de 2006 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto, T-768 de 2005 M.P. Jaime Araújo Rentería,
sentencia T-651 de 2004 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, y T-1012 de 2003 M.P. Eduardo Montealegre
Lynett.
2
Corte Constitucional, sentencia SU-263 de 2015, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
3
Cfr. Corte Constitucional, sentencia T-301 de 2009, M.P. Mauricio González Cuervo.
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en el que labora provea su reemplazo, y ii) al titular del juzgado que, una vez se
haya expedido, proceda a conceder el disfrute de las vacaciones solicitadas por el
accionante.

Lo anterior, luego de considerar que la decisión proferida por la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá mediante Resolución No.
DESAJBOADO23-511 de 16 de junio de 2023, constituye una vulneración del
derecho al trabajo en condiciones de dignidad del accionante, puesto que impone
una limitación injustificada a su disfrute, circunstancia que, señaló, desnaturaliza el
deber ser de la relación laboral, y que esa entidad no podía desconocer su
responsabilidad bajo el argumento de que el accionante no puede disfrutar del
período de vacaciones al que tiene derecho por la mera voluntad de su nominador,
pues ello desconoce derechos de raigambre constitucional.

4.2. En el escrito de impugnación, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
solicitó que se revocara el fallo de primera instancia, por cuanto, sostuvo, es un
absurdo que se haya librado una orden a esa entidad en la sentencia de primera
instancia, pues, adujo, no ha dado ni ha proferido ningún acto administrativo con el
cual se violente el derecho del accionante, pues la autoridad que expide la
reglamentación frente a la disposición de recursos para la contratación de
reemplazos de los empleados con régimen de vacaciones individuales es el
Consejo Superior de la Judicatura, quien no termina siendo vinculado.

Agregó que la Corte Constitucional se encuentra adelantando la revisión de una
acción de tutela en la que se plantea la necesidad de determinar si asuntos como
el presente son procedentes, y si en procura de garantizar un derecho
fundamental el juez de tutela puede librar una orden de ejecución presupuestal, y
aseveró que el acto administrativo que regula esta situación es la Circular
PSAC11-44 de 23 de noviembre de 2011, acto general y abstracto contra el cual
no es procedente la acción de tutela.

4.3. En primer lugar, en tanto en la impugnación la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial reiteró la falta de subsidiariedad de la solicitud, la Sala
aclara que al estudiar este requisito de procedencia de la acción de tutela, ha
señalado4 que cuando hay actos administrativos de por medio, el medio de control
que resulta idóneo es el de nulidad y restablecimiento del derecho, el cual
contempla la posibilidad de hacer uso de la figura de la suspensión provisional de
los actos para evitar un posible perjuicio que llegue a tener la característica de
irremediable.

En el presente caso, si bien existe i) una decisión que negó la solicitud del periodo
de vacaciones que solicitado por el actor, esto es, la Resolución No. 015 de 23 de
junio de 2023, proferida por la Jueza Veintidós de Ejecución de Penas y Medidas
de Seguridad de Bogotá, en la que se argumentó la necesidad del servicio y la
negativa de expedir el certificado de disponibilidad presupuesta solicitado por el
actor y ii) el oficio mediante el cual la oficina de talento humano de la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá negó la expedición del
certificado de disponibilidad presupuestal, los cuales podría controvertir en sede
ordinaria con la exposición de las causales de nulidad que considere pertinentes, a

4
Véase la reciente sentencia de 8 de junio de 2023, exp. 11001-03-15-000-2023-02340-00, M.P. Wilson
Ramos Girón y la sentencia de 21 de enero de 2021, rad. 11001-03-15-000-2020-05050-00, M.P. Milton
Chaves García.
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juicio de la Sala el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho no
resultaría idóneo y eficaz para solicitar el reconocimiento del descanso
remunerado, como fue señalado por el a quo.

No cabe duda de que el descanso es una garantía propia del derecho al trabajo,
por lo que, impedir su disfrute con fundamento en restricciones administrativas
resultaría ser una carga desproporcionada que no debe soportar el funcionario que
cumplió con todas las condiciones para acceder al beneficio prestacional.

Por lo tanto, en el presente asunto, como fue advertido en primera instancia, de
manera excepcional procede la acción de tutela para amparar los derechos
fundamentales invocados por la parte actora, en tanto es el mecanismo
constitucional idóneo y eficaz que permite garantizar la efectividad del derecho
fundamental al descanso.

4.4. De otra parte, el artículo 146 de la Ley Estatutaria 270 de 19965 dispone que
los servidores judiciales de los Juzgados de Ejecución de Penas pertenecen al
régimen de vacaciones individuales y que tienen derecho a un descanso
remunerado de veintidós días continuos por cada año de servicios.

Al respecto, esta Sala ha indicado que las vacaciones “tienen por objeto que el
empleado recupere las fuerzas físicas e intelectuales luego de un tiempo dedicado
a trabajar y de esa manera preserve su capacidad de trabajo. Las vacaciones,
tienen una naturaleza de derecho adquirido para quien ha cumplido con los
requisitos legales establecidos para que se causen. El empleador o nominador, es
la persona que está llamada a otorgar las vacaciones al trabajador”6.

En este sentido, el disfrute de las vacaciones constituye un derecho fundamental
cuya protección puede ser solicitada mediante el ejercicio de la acción de tutela.

4.5. Ahora bien, en el año 2005 la Presidencia del Consejo Superior de la
Judicatura informó a los nominadores de la Rama Judicial el procedimiento para
solicitar el nombramiento de reemplazos por vacaciones del personal titular de los
despachos judiciales. Para tal efecto, profirió las Circulares PSAC-0589 de 18 de
noviembre de 2005, cuyo asunto fue “asignación de recursos para reemplazos por
vacaciones del personal titular en los despachos judiciales, excepto los juzgados
del sistema penal acusatorio” y 044 de 12 de mayo de 2005, en la que estableció
el procedimiento para la programación de vacaciones individuales de los
servidores judiciales del Sistema Penal Acusatorio.

En esos actos administrativos se establecieron como condiciones alternativas para
la programación de las vacaciones las siguientes:

5
ARTÍCULO 146. VACACIONES. Las vacaciones de los funcionarios y empleados de la Rama Judicial serán
colectivas, salvo las de los de la Sala Administrativa de los Consejos Superiores y Seccionales de la
Judicatura, las de los Tribunal Nacional, las de los Juzgados Regionales mientras existan, de Menores,
Promiscuos de Familia, Penales Municipales y de Ejecución de Penas; y las de los de la Fiscalía y el Instituto
Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
Las vacaciones individuales serán concedidas de acuerdo con las necesidades del servicio por la Sala
Administrativa del Consejo Superior y Seccionales de la Judicatura por la Sala de Gobierno del respectivo
Tribunal a los Jueces y por el respectivo nominador en los demás casos, por un término de veintidós días
continuos por cada año de servicio.
6 Consejo de Estado. Sección Cuarta. Sentencia de 12 de diciembre de 2018. Radicado: 08001-23-33-000-

2018-00756-01. C.P. Milton Chaves García.
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“Que el número total de servidores del Despacho, incluido el Juez o del Centro de
Servicios, sea menor o igual a tres, toda vez que debido al personal escaso no es
conveniente aplicar la figura del encargo para nombrar el reemplazo del juez, y/o
redistribuir las funciones del empleado que disfrutará de vacaciones, entre los
empleados restantes.

Cuando se trate de nombramientos de reemplazos por vacaciones de Jueces, cuyo
despacho tenga más de tres servidores, el Tribunal encargado de dicho nombramiento
deberá certificar que en el Despacho no existe ningún empleado que cumpla los
requisitos para ser designado en encargo como Juez, situación que debe ser
corroborada e igualmente certificada por el Director Secciona/, previa verificación de las
hojas de vida correspondientes”.

Posteriormente, el 23 de noviembre de 2013, el Consejo Superior de la Judicatura
profirió la Circular PSAC11-44, en la que derogó lo establecido en las referidas
circulares “para efectos de no incluir condicionamientos para el nombramiento de
reemplazos en provisionalidad de los funcionarios judiciales que se encuentran
sujetos al régimen de vacaciones individuales cuando pretendan hacer uso de
este derecho, para lo cual deberán seguir el procedimiento que aquí se señala y
que permitirá gestionar los recursos para el nombramiento en provisionalidad de
los reemplazos, cuando haya lugar a ello”, eliminando así la restricción de la
asignación de recursos para reemplazos solo a los eventos en que se acreditara
alguna de las condiciones contenidas en las circulares precedentes.

En ésta, se indicó que los funcionarios judiciales del régimen de vacaciones
individuales debían reportar la programación de vacaciones correspondientes al
siguiente año ante el Consejo Seccional de la Judicatura y la Dirección Seccional
del respectivo distrito judicial, hasta el mes de marzo de cada año y se estableció
que las designaciones en encargo son procedentes cuando las necesidades del
servicio lo exijan, por ejemplo tratándose de un juez, y “cuando no sea posible
designar en encargo a alguno de los servidores del correspondiente despacho
judicial, la respectiva Dirección Seccional deberá incluir dentro del proyecto de
presupuesto del año siguiente, la asignación de recursos que permita efectuar el
nombramiento en provisionalidad de sus reemplazos”.

Para la Sala, del contenido de la mencionada circular se observa que el propósito
del Consejo Superior de la Judicatura era eliminar los obstáculos en el disfrute de
las vacaciones individuales de los servidores judiciales, por lo que no condicionó la
asignación de presupuesto al cumplimiento de los requisitos que existían en el
pasado, imponiendo únicamente el deber al funcionario de reportar antes del mes
de marzo la programación de vacaciones para el año siguiente.

4.6. En el presente caso, no obstante lo anterior y aun cuando el accionante
cuenta con un periodo de vacaciones causado, frente a la solicitud de asignación
presupuestal elevada con el fin de nombrar su reemplazo, la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Bogotá respondió que conforme a la
Circular PSAC-0589 de 2005, proferida por el Consejo Superior de la Judicatura,
para despachos judiciales de más de tres servidores, incluido el juez, no se
expiden certificados de disponibilidad presupuestal.

Como se anotó, la Circular PSAC11-44 de 2013 tuvo como propósito eliminar los
condicionamientos para el nombramiento de reemplazos en provisionalidad de los
funcionarios judiciales, a lo que se agrega que, como ha indicado esta Sala en

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oportunidades anteriores7, “la omisión de establecer un procedimiento para
garantizar los rubros de los reemplazos de los empleados judiciales no puede
servir de fundamento para desconocer el derecho al descanso de estos”.

En este sentido, contrario a lo afirmado por la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial en la impugnación, en el caso la falta de asignación de
recursos para nombrar su reemplazo desconoce el derecho al descanso del
accionante y el trabajo en condiciones dignas, en tanto en la práctica, implica el
aplazamiento indefinido de sus vacaciones ya causadas, con la excusa de no
entorpecer el funcionamiento normal del Juzgado Veintidós de Ejecución de Penas
y Medidas de Seguridad de Bogotá, situación que, a juicio de la Sala, no es más
que un obstáculo o barrera administrativa de los que se previó evitar con la
expedición de la última circular.

En este punto, es importante resaltar que de conformidad con el artículo 98 de la
Ley Estatutaria 270 de 1996, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial es
“el órgano técnico y administrativo que tiene a su cargo la ejecución de las
actividades administrativas de la Rama Judicial, con sujeción a las políticas y
decisiones del Consejo Superior de la Judicatura”. Por su parte, el artículo 99
ibídem prevé que el director ejecutivo de Administración Judicial tiene entre sus
funciones: (i) administrar los bienes y recursos destinados para el funcionamiento
de la Rama Judicial y responder por su correcta aplicación o utilización y (i) actuar
como ordenador del gasto para el cumplimiento de las obligaciones que
correspondan.

Lo anterior es razón suficiente para descartar el argumento de la impugnación
conforme con el cual resulta “absurdo emitir órdenes a la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial” en el presente trámite, pues dadas sus funciones legales,
es necesario incluir a dicha entidad entre las autoridades a las que se dirigen las
órdenes del amparo.

Por su parte, los Consejos Seccionales tienen el deber de “ejercer la vigilancia
judicial para que la justicia se administre oportuna y eficazmente, y cuidar del
normal desempeño de las labores de funcionarios y empleados de esta Rama”8, lo
que sustenta la responsabilidad que le asiste en el caso concreto a la Dirección
Seccional de Administración Judicial de Bogotá.

Como se anticipó, esta Sala, en un caso de connotaciones fácticas similares,
manifestó que “asuntos de índole administrativa no pueden afectar el derecho al
goce y disfrute del periodo vacacional que legalmente les asiste a los trabajadores,
aún más si se tiene en cuenta que el descanso constituye un derecho fundamental
derivado del derecho al trabajo en condiciones dignas. Impedir el derecho al
descanso con base en restricciones administrativas no es una carga que deban
soportar las actoras, puesto que las vacaciones constituyen una garantía
fundamental que tienen todos los empleados, por lo que no puede ser
transgredida ni en función del servicio ni por cuestiones de índole presupuestal9”,
por lo que la Sala confirmará la decisión que amparó los derechos fundamentales

7
Consejo de Estado. Sección Cuarta. Sentencia de 28 de junio de 2022, radicación 18001-23-33-000-2022-
00066-01, M.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello y sentencia de 12 de diciembre de 2018, radicado: 08001-23-
33-000-2018- 00756-01. M.P. Milton Chaves García.
8 Ley Estatutaria 270 de 1996.
9
Rad. 2020-00143-00 C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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del accionante.

Por lo demás, frente al argumento elevado en la impugnación conforme con el cual
la Corte Constitucional se encuentra adelantando la revisión del expediente de
tutela T-8.735.764, “en la que se plantea la necesidad de determinar si asuntos
como el presente son procedentes, y si en procura de garantizar un derecho
fundamental el juez constitucional de tutela puede librar una orden de ejecución
presupuestal”, la Sala aclara que la problemática allí planteada se resolvió
mediante la sentencia SU-296 de 2 de agosto de 202310, en la que la Corte amparó
el derecho fundamental al descanso individual de empleados y funcionarios
judiciales a quienes sus nominadores les negaron la concesión de las vacaciones
a las cuales tenían derecho, por lo que revocó el fallo de segunda instancia
proferido el 18 de febrero de 2022 por el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección “C” dentro del expediente al que alude en el escrito de impugnación,
mediante el cual se declaró improcedente el amparo invocado y, en su lugar,
confirmó parcialmente la decisión de primera instancia del 4 de octubre de 2021, a
través de la cual el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “B” concedió
el amparo del derecho fundamental al descanso, en los términos de esta
providencia.

En dicha decisión, la Corte Constitucional también ordenó al Consejo Superior de
la Judicatura que, en un plazo que no exceda los seis meses contados a partir de
la notificación de esa providencia, y previa consulta y o participación de los jueces,
adopte la reglamentación necesaria para garantizar la efectividad del derecho a
las vacaciones que se disfrutan en forma individual en la Rama Judicial y, a partir
de la debida planeación, se prevenga la aplicación de razones de orden
presupuestal, logístico o administrativo como barreras para el disfrute de dicho
derecho.

Conviene precisar que esta Sala11 ha sido del criterio de que el plazo razonable
para adelantar las gestiones administrativas y presupuestales en los casos de
amparo del derecho al descanso remunerado es de 30 días. No obstante, en el
presente caso, si bien el a quo ordenó adelantarlas en el término de 48 horas
siguientes a partir de la notificación de la sentencia, la Sala no modificará dicho
plazo, habida cuenta de que se constató telefónicamente con el demandante que
este ya disfrutó del periodo de vacaciones que solicitó.

Por las razones expuestas, la Sala confirmará la sentencia proferida por el
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “B” el 8 de agosto de 2023, en
la que accedió a la protección constitucional reclamada por el actor.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

10
Información contenida en el Comunicado No. 25 de 2 y 3 de agosto de 2023 de la Corte Constitucional.
11
Procesos 11001-03-15-000-2021-04086-00(AC) y 11001-03-15-000-2021-03365-01.
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RESUELVE:

Primero.- CONFÍRMASE la sentencia de 8 de agosto de 2023, dictada por el
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “B”, por las razones aquí
expuestas.

Segundo.- NOTIFÍQUESE esta decisión por el medio más eficaz y expedito
posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Tercero.- PUBLÍQUESE esta providencia en la página web del Consejo de
Estado.

Cuarto.- REMÍTASE el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que
surta el trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución
Política.

Notifíquese y cúmplase,

Esta sentencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidenta

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA WILSON RAMOS GIRÓN

16

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