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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-03707-01

Fecha
3 de mayo de 2024
Consejero ponente
Jaime Enrique Rodríguez Navas

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-03707-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 19 de diciembre de 2023, proferida por la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado, por las razones expuestas en esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes y a los interesados, por el medio más expedito. TERCERO: REMITIR la presente providencia a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2023-03707-01

Consejero ponente: Jaime Enrique Rodríguez Navas

3 de mayo de 2024

Radicado: 11001-03-15-000-2023-03707-01
Accionante: Luis Ángel Betancourth Castro

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
MAGISTRADO PONENTE: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS

Bogotá D.C., tres (3) de mayo de dos mil veinticuatro (2024)

Radicado número: 11001-03-15-000-2023-03707-01
Accionante: Luis Ángel Betancourth Castro
Accionado: Tribunal Administrativo de Caldas.
Referencia: Acción de tutela

Tema: Tutela contra providencia judicial – debido proceso.
Subtema 1: Pensión de sobreviviente. Aplicación retrospectiva de la Ley 100 de 1993 para el caso de
servidores del orden territorial.
Subtema 2: Debido proceso. Defecto sustantivo. Desconocimiento del precedente. No acreditado.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación que presentó la parte actora en contra de la sentencia
del 19 de diciembre de 2023, proferida por la Sección Segunda, Subsección B del
Consejo de Estado.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de tutela.

Luis Ángel Betancourth Castro solicitó el amparo de sus derechos fundamentales al
debido proceso, igualdad, mínimo vital y a la seguridad social, que consideró
vulnerados con la sentencia de segunda instancia de fecha 24 de marzo de 2023,
proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas, dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho radicado bajo el número 17-001-33-33-003-2014-00098-
02.

1.2. Hechos de la solicitud1.

1.2.1. Luis Ángel Betancourth Castro promovió demanda en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la E.S.E. Hospital de Caldas,
a la que le correspondió el radicado 17-001-33-33-003-2014-00098-00.

1.2.2. El Juzgado Tercero Administrativo Oral de Manizales dictó sentencia de primera
instancia el 14 de mayo de 2020, en la que declaró la nulidad de las Resoluciones
HCG-067 y CH 080 del 4 de octubre y 29 de noviembre de 2010, y, condenó a la
entidad a reconocer y pagar a favor del señor Betancourth Castro la pensión de
sobreviviente con ocasión del fallecimiento de su cónyuge, la señora Marleny
Velásquez Martínez. Lo anterior, bajo la aplicación retrospectiva de la Ley 100 de 1993
por favorabilidad.

1.2.3. Tanto el demandante como el demandado en el proceso ordinario presentaron
recurso de apelación. En sentencia de segunda instancia de fecha 24 de marzo de
1
Escrito de tutela contenido en el índice 002 del expediente digital de tutela de primera instancia en
Samai, con certificado número 0A05D38CC40E711C 64ED829563E59CD5 BD279FF62FB175C7
63B1D0AFF4FB2292.

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Radicado: 11001-03-15-000-2023-03707-01
Accionante: Luis Ángel Betancourth Castro

2023, el Tribunal Administrativo de Caldas revocó la decisión, para en su lugar negar
las pretensiones de la demanda bajo el argumento que para la fecha del fallecimiento
de la causante (3 de agosto de 1994) no habían entrado en vigencia los lineamientos
y parámetros de la Ley 100 de 1993 para los servidores del orden territorial, lo que solo
ocurrió a partir del 30 de junio de 1995. En consecuencia, no era procedente la
aplicación retrospectiva solicitada en la demanda.

1.3. Pretensiones de la acción de tutela.

La parte accionante pidió al juez constitucional i) amparar sus derechos fundamentales
al debido proceso, igualdad, mínimo vital y a la seguridad social; ii) ordenar a la
autoridad judicial accionada proferir una sentencia de reemplazo “respetando el
precedente judicial y en consecuencia aplicando la ley general sobre la ley especial y
teniendo en cuenta los planteamientos expuestos en el recurso de apelación por mi
apoderado judicial que tienen que ver con la fecha desde la que se declaró la
prescripción”.

1.4. Argumentos de la solicitud de amparo.

Consideró el accionante que el Tribunal Administrativo de Caldas basó su decisión en
dos (2) sentencias del Consejo de Estado2 que no son aplicables a su caso particular,
pues allí se analizaron situaciones de personas fallecidas antes de la entrada en
vigencia de la Ley 100 de 1993, y desconoció el precedente establecido por la
Corporación para empleados públicos cuyo fallecimiento ha tenido lugar luego del 1
de abril de 1994, pese a que en el proceso ordinario se acreditó que su cónyuge falleció
el 3 de agosto de 1994.

Sostuvo que, el Tribunal negó el reconocimiento del derecho pensional bajo el
argumento de que el régimen general entró en vigencia para servidores territoriales a
partir del 30 de junio de 1995, sin tener en cuenta que se ha reconocido el mismo
derecho para miembros de las fuerzas militares y para los docentes oficiales, quienes
están expresamente excluidos de conformidad con lo dispuesto en artículo 279 de la
Ley 100 de 1993.

Afirmó la existencia de un defecto sustantivo por desconocimiento del precedente
vertical que corresponde a las sentencias del 22 de abril de 20213, 24 de agosto de
20184, 9 de agosto de 20185 y del 30 de mayo de 2019, así como la omisión de la
autoridad judicial accionada en cuanto a incluir la motivación que le permitía apartarse.
Además, aseguró, “se evidencia es que como ya dijimos, sustentó su decisión en
sentencias que no tienen aplicación a mi caso, pues se trata de fallecidos antes del 1
de abril de 1994, cuando todavía no estaba vigente la ley 100 de 1993” – sic -.

Informó ser una persona de la tercera edad, con hipertensión y diabetes lo que le
impide acceder al mercado laboral, y requiere el reconocimiento de la pensión para
garantizar su mínimo vital.

2
Sentencia del 5 de julio de 2018, número interno 2414-17, y, sentencia de 20 de febrero de 2020,
número interno 0691-2016.
3
Radicado No. 25000-23-42-000- 2016-04589-01, C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
4
Radicado No. 47001-23- 33-000-2015-00449-01 C.P. César Palomino Cortés.
5
Radicado No. 54001-23-33-000-2015-00341-01 C.P. Gabriel Valbuena Hernández.

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Accionante: Luis Ángel Betancourth Castro

1.5. Trámite en primera instancia.

1.5.1. En primera instancia, la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado
profirió auto el 19 de octubre de 2023 en el que admitió la acción tutela, y vinculó a la
E.S.E. Hospital de Caldas, al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, al municipio de
Manizales, y al Departamento de Caldas.

1.5.2. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público 6, formuló la excepción de falta de
legitimación en la causa por pasiva, bajo el argumento que no tiene la competencia ni
la facultad para reconocer pensiones, reliquidarlas o definir controversias entre la
E.S.E. Hospital de Caldas y sus extrabajadores, y, por ende, no le es atribuible la
vulneración alegada por la parte actora.

1.5.3. El Juzgado Tercero Administrativo de Manizales 7, allegó en medio digital el
expediente ordinario, pero, no se pronunció frente a la solicitud de amparo. En igual
sentido procedió el Tribunal Administrativo de Caldas8.

1.5.4. El Municipio de Manizales y el Departamento de Caldas, no allegaron
pronunciamiento.

1.6. Sentencia de tutela de primera instancia.

La Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado profirió sentencia de
primera instancia, el 19 de diciembre de 20239, en la que negó la solicitud de amparo
constitucional, bajo el argumento de que el Tribunal Administrativo del Caldas consignó
en la sentencia censurada el marco normativo que regula el reconocimiento de la
pensión de sobrevivientes antes de la entrada en vigencia del régimen general de
pensiones, para concluir que al caso concreto eran aplicables los lineamientos de la
Ley 12 de 1975, cuyos requisitos no fueron acreditados por el señor Luis Ángel
Betancourth Castro en el proceso ordinario.

Agregó que, el accionado realizó el análisis de los lineamientos régimen general en
pensiones y la aplicación del principio de favorabilidad, sin embargo, esto supone que
la norma debe estar vigente para el momento en que se causa el derecho pensional;
además, explicó que a la fecha del fallecimiento de la señora Marleny Velásquez
Martínez (3 de agosto de 1994), la Ley 100 de 1993 no se encontraba vigente para los
servidores públicos del orden territorial, y que, esto ocurrió solo a partir del 30 de junio
de 1995.

De otro lado, indicó, que el Tribunal se basó en decisiones del Consejo de Estado y de
la Corte Constitucional, según las cuales, el principio de favorabilidad solo es
predicable cuando existen dos o más regímenes que permiten diferentes
interpretaciones, lo que no se observó en el caso concreto, dado que las únicas normas
procedentes son las Leyes 12 de 1975 y 33 de 1985.
6
Documento contenido en el índice 0013 del expediente digital de tutela de primera instancia en Samai,
con certificado núm. 17D4DDE9CD1FCE30 7B6CA5989B158FBF 9045A0BDBE3FC409
49C989E5213F5A00
7
Documento contenido en el índice 0014 del expediente digital de tutela de primera instancia en Samai,
con certificado núm.
F2426788879E8824 427E4CEBBE7BDB5A 9DC56650843C289C 9E31F039DC998B9D
8
Documento contenido en el índice 0014 del expediente digital de tutela de primera instancia en Samai,
con certificado núm BF79CB3DF9BB2D1C 6EBCCE78B2BCE757 7D51171C849DDF94
D3A925932A2F1A59
9
Documento contenido en el índice 25 del expediente digital de tutela de primera instancia en Samai.

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Accionante: Luis Ángel Betancourth Castro

A partir de lo anterior, la Sección Segunda, Subsección B, consideró que la sentencia
del 24 de marzo de 2023 no incurrió en defecto sustantivo ni en desconocimiento del
precedente, pues fue proferida de conformidad con la normatividad que regula la
materia, apoyada en la jurisprudencia del Consejo de Estado y de la Corte
Constitucional.

1.7. Impugnación.

El actor presentó escrito de impugnación10 en contra de la sentencia del 19 de
diciembre de 2023, en el que solicitó su revocación conforme a las siguientes razones:

1.7.1. Consideró que, no se hizo un análisis de todos los argumentos que expuso en
el escrito de tutela ni de las pruebas que aportó, sino que se acogieron todos los
argumentos de la sentencia censurada. Explicó que, la Ley 100 de 1993 derogó todas
las normas anteriores y que le son contrarias, dentro de las que se encuentran la Ley
12 de 1975 y la Ley 33 de 1985, por lo que no puede afirmarse que continuaban
vigentes, y que eran aplicables para adoptar la decisión en su caso particular; además,
“la derogatoria nunca estableció que solo las derogaba desde el 1 de abril de 1994
para los empleados públicos del nivel nacional y las dejaba vigentes para los
empleados del nivel territorial” – sic -.

1.7.2. Afirmó que, la aplicación de las normas anteriores solo es permitida por el
artículo 36 de la Ley 100 de 1993 que prevé el régimen de transición únicamente para
efectos de pensión de vejez, mas no para la pensión de sobrevivientes; aunado, la
derogatoria no aplicó para los servidores del orden territorial a partir del 30 de junio de
1995 sino que “fue una derogatoria de forma inmediata y general para empleados
públicos sin distinción alguna”, acorde a lo expuesto por la Corte Constitucional en
sentencia C-540 de 2008.

1.7.3. Agregó que, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha permitido el
reconocimiento de la pensión de sobrevivientes con fundamento en la Ley 100 de 1993
para servidores excluidos por el artículo 279, pero no para “las personas que están
diferidas en su aplicación solo 14 meses”, pese a que se cumple con el requisito de
contar con veintiséis (26) semanas de cotización, como es su caso, pues se probó que
la señora Marleny Velásquez Martínez había cotizado por espacio de 13 años y 21
días para el momento de su fallecimiento.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia.

La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada, en virtud de lo
dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política de Colombia y en el artículo 32
del Decreto 2591 de 1991.

2.2. Legitimación en la causa.

La Sala encuentra acreditada la legitimación en la causa por activa, pues, Luis Ángel
Betancourth Castro es el titular de los derechos que afirmó fueron vulnerados, en su
condición de demandante dentro del proceso ordinario en el que fue proferida la

10
Documento contenido en el índice 30 del expediente digital de tutela de primera instancia.

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providencia objeto de tutela, y, por lo tanto, en caso de configurarse los defectos
alegados, resultaría afectado en relación con sus garantías constitucionales.

En ese contexto, también está probada la legitimación en la causa por pasiva
porque el Tribunal Administrativo de Caldas, como juez de segunda instancia del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, profirió la providencia del 24 de
marzo de 2023.

2.3. Procedibilidad de la acción.

Como lo ha establecido la jurisprudencia constitucional y particularmente la
sistematización realizada en la sentencia C-590 de 2005, en los casos en que la
solicitud de amparo se dirige contra una providencia judicial, es pertinente realizar,
primero, un examen de procedibilidad general11 para, luego, en caso de resultar
superado dicho estudio, pasar a efectuar pronunciamiento de fondo en el que se
resuelva el problema jurídico, en los términos de los defectos aducidos por la parte
actora conforme a las causales específicas de procedencia de la acción de tutela
contra providencia judicial12.

Así, preciso resulta para la Sala de Subsección, examinar si la solicitud de amparo
cumple o supera los requisitos generales de procedencia.

En cuanto a la inmediatez, se encuentra que la tutela fue presentada dentro de un
plazo razonable, esto es dentro del término de seis (6) meses, por cuanto la
providencia atacada fue proferida por el accionado el 24 de marzo de 2023, y notificada
el 27 de marzo siguiente, mientras que la solicitud de amparo se radicó y repartió el 6
de julio de 202313.

11
Antes que todo es necesario (i) verificar la legitimación en la causa como una exigencia preliminar en
cualquier acción de amparo, para, posteriormente, pasar a constatar los demás requisitos generales de
procedibilidad, en los siguientes términos: (ii) que en la solicitud de tutela se expresen de manera clara
los hechos y los fundamentos de la afectación de derechos que se imputa a la decisión judicial; (iii) que
la cuestión que se discute tenga relevancia constitucional; (iv) que previo a la solicitud de tutela se hayan
agotado todos los medios de defensa judicial con los que cuenta la persona afectada; (v) que se cumpla
con el principio de inmediatez; (vi) que en caso de que se alegue una irregularidad procesal, la misma
tenga la entidad de afectar la decisión; y de manera general, (vii) no procede elevar una solicitud de
amparo contra decisiones proferidas dentro de procesos de tutela.
12
Las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial se
concretan en los defectos o errores en que puede incurrir la decisión cuestionada, de modo que, si en
una decisión judicial se presenta alguna de las causales específicas, podrá ser razón suficiente para el
amparo constitucional. A saber:
a) Defecto orgánico, que se presenta cuando el juez carece de competencia; b) defecto procedimental,
que ocurre cuando la autoridad judicial actuó al margen del procedimiento establecido; c) defecto fáctico,
esto es, cuando el juez no tuvo en cuenta el material de prueba obrante en el expediente para proferir
decisión; d) defecto material o sustantivo, el que se origina en el evento en que se decida con
fundamento en normas inexistentes o inconstitucionales, en contravía de ellas, o existe una evidente y
grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; e) error inducido, cuando la autoridad judicial
es víctima de engaño por terceros y el mismo lo condujo a tomar una decisión que afecta derechos
fundamentales; f) decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de
dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional; g) desconocimiento del precedente
constitucional, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez
ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance y h) violación directa de la Constitución
Política, cuando los jueces desconocen la aplicación de la Ley Fundamental, conforme al mandato
consagrado en el artículo 4º de la Carta Política que antepone de manera preferente la aplicación de
sus postulados.
13
Índice 001 del expediente digital de tutela de primera instancia en Samai.

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Frente al requisito de subsidiariedad, la Sala de Subsección no advierte acerca de la
existencia de recurso algún otro de que dispusieran le parte actora para resolver la
vulneración de sus derechos, dado que no cuenta con un mecanismo judicial ordinario
contra la sentencia de segunda instancia.

Finalmente, en relación con el requisito de relevancia constitucional, se observa que
los hechos y argumentos expuestos en el libelo petitorio del amparo son claros,
concisos y suficientes, en la medida en que sostienen que la sentencia del 24 de marzo
de 2023 desconoce el precedente del Consejo de Estado en materia de
reconocimiento de pensión de sobreviviente en aplicación del principio de
favorabilidad. En ese orden, también está superado el requisito pues los cargos
suponen la configuración de los defectos por desconocimiento del precedente judicial
con vulneración del derecho fundamental al debido proceso.

Tampoco se advierte que el asunto planteado verse sobre la configuración de una
irregularidad procesal o que se trate de una tutela contra sentencia de tutela. En
consecuencia, la Sala continuará con el estudio de fondo de la tutela contra providencia
judicial.

2.4. Problema jurídico.

Corresponde a la Sala definir si el Tribunal Administrativo de Caldas vulneró los
derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al mínimo vital y a la
seguridad social. En particular, se deberá establecer si dicha autoridad judicial incurrió
en desconocimiento del precedente jurisprudencial en relación con el reconocimiento
de la pensión de sobrevivientes en aplicación de la Ley 100 de 1993, por favorabilidad,
y tratándose de un servidor público del orden territorial.

2.5. Caso concreto.

2.5.1. Es preciso indicar que, de conformidad con la jurisprudencia constitucional, una
providencia judicial incurre en defecto sustantivo cuando la autoridad jurisdiccional
“(i) aplica una disposición en el caso que perdió vigencia por cualquiera de la razones
previstas por la normativa, por ejemplo, su inexequibilidad; (ii) aplica un precepto
manifiestamente inaplicable al caso, por ejemplo porque el supuesto de hecho del que
se ocupa no tiene conexidad material con los presupuestos del caso; (iii) a pesar del
amplio margen hermenéutico que la Constitución le reconoce a las autoridades
judiciales, realiza una interpretación contraevidente -interpretación contra legem- o
claramente irrazonable o desproporcionada; (iv) se aparta del precedente judicial –
horizontal o vertical- sin justificación suficiente; o (v) se abstiene de aplicar la excepción
de inconstitucionalidad ante una violación manifiesta de la Constitución, siempre que
su declaración haya sido solicitada por alguna de las partes en el proceso”14.

Por precedente se ha entendido, por regla general, aquella sentencia o conjunto de
sentencias que presentan similitudes con un caso nuevo objeto de escrutinio en
materia de (i) patrones fácticos y (ii) problemas jurídicos, y en las que en su ratio
decidendi se ha fijado una regla para resolver la controversia, que sirve también para
solucionar el nuevo caso.

14
Corte Constitucional, Sentencia T-830 de 2012.

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Específicamente, en sentencia SU-354 de 2017, que citó la Sentencia SU-053 de
201515, la Corte Constitucional definió el precedente judicial como “la sentencia o el
conjunto de ellas, anteriores a un caso determinado, que, por su pertinencia y
semejanza en los problemas jurídicos resueltos, debe necesariamente considerarse
por las autoridades judiciales al momento de emitir un fallo”.

En relación con el defecto por desconocimiento del precedente, este “se configura
cuando el funcionario judicial se aparta de las sentencias emitidos [sic] por los
tribunales de cierre (precedente vertical) o los dictados por ellos mismos (precedente
horizontal) al momento de resolver asuntos que presentan una situación fáctica similar
a los decididos en aquellas providencias, sin exponer las razones jurídicas que
justifiquen el cambio de jurisprudencia”16 y que “no obstante, el precedente no
constituye una obligatoriedad absoluta, pues en razón del principio de la autonomía
judicial, el juez puede apartarse de aquellos, siempre y cuando presente (i) de forma
explícita las razones por las cuales se separa de aquellos, y (ii) demuestre con
suficiencia que su interpretación aporta un mejor desarrollo a los derechos y principios
constitucionales”17 . Por tanto, la invocación de un precedente está determinado por
la especialidad, de manera que sea el órgano de cierre que defina los criterios y reglas
aplicables en casos semejantes o, en el caso del precedente horizontal, los órganos
judiciales deben resolver los asuntos que conocen a partir de un criterio de igualdad.

2.5.2. El artículo 46 de la Ley 100 de 199318, reguló lo concerniente al reconocimiento
de la pensión sobrevivientes de la siguiente manera:

“Artículo 46. Tendrán derecho a la pensión de sobrevivientes:

1. Los miembros del grupo familiar del pensionado por vejez, o invalidez por riesgo común,
que fallezca, y

2. Los miembros del grupo familiar del afiliado que fallezca, siempre que este hubiere
cumplido alguno de los siguientes requisitos:

a. Que el afiliado se encuentre cotizando al sistema y hubiere cotizado por lo menos
veintiséis (26) semanas al momento de la muerte”

El artículo 12 de la Ley 797 de 200319, introdujo una modificación en el sentido de
indicar que accederían a la pensión por muerte “los miembros del grupo familiar del
afiliado al sistema que fallezca, siempre y cuando éste hubiere cotizado cincuenta
semanas dentro de los tres últimos años inmediatamente anteriores al fallecimiento”.

Por otra parte, el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el 13 de la Ley 797
de 2003, preceptuó como beneficiarios de la pensión de sobrevivientes, en primer
orden, al cónyuge o la compañera o compañero permanente supérstite y, en segundo,
a los hijos menores de 18 años y a los mayores de 18 hasta los 25, así como los
requisitos que deben acreditar unos y otros para tener derecho al beneficio
prestacional.

Ahora, en relación con la aplicación de los parámetros de la Ley 100 de 1993, el
artículo 288 dispuso:
15
M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado
16
Corte Constitucional, sentencia T-459 de 2017.
17
Corte Constitucional, sentencia T-342 de 2016
18
Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones.
19
Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley
100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y especiales.

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Radicado: 11001-03-15-000-2023-03707-01
Accionante: Luis Ángel Betancourth Castro

“Artículo 288. Aplicación de las disposiciones contenidas en la presente ley y en leyes
anteriores. Todo trabajador privado u oficial, funcionario público, empleado público y
servidor público tiene derecho a la vigencia de la presente Ley le sea aplicable cualquier
norma en ella contenida que estime favorable ante el cotejo con lo dispuesto en leyes
anteriores sobre la misma materia, siempre que se someta a la totalidad de disposiciones
de esta Ley”

Por su parte, el parágrafo del artículo 151 de la misma norma establece que, “el
Sistema General de Pensiones para los servidores públicos del nivel departamental,
municipal y distrital, entrara a regir a más tardar el 30 de junio de 1995, en la fecha
que así lo determine la respectiva autoridad gubernamental”; la exequibilidad del
parágrafo fue declarada por la Corte Constitucional en sentencia C-415 de 2014.

2.5.3. En relación con el precedente jurisprudencial aplicable a la materia, es
importante destacar que, en sentencia del 25 de abril de 201320, la Sección Segunda
del Consejo de Estado rectificó la posición que venía asumiendo para la decisión de
las demandas de nulidad y restablecimiento del derecho que pretendían el
reconocimiento de derechos pensionales bajo la aplicación retrospectiva del régimen
general en pensiones en razón del principio de favorabilidad e igualdad, y, precisó que
la Ley que resulta aplicable es la que se encuentre vigente al momento en que se
estructura el derecho, que, para el caso de la pensión de sobrevivientes es la fecha
en que se produce el fallecimiento del afiliado. Esto, por cuanto aceptar lo contrario
iría en contravía del principio de irretroactividad de la Ley derivado de los lineamientos
de la Ley 153 de 1887. Además, destacó la mencionada providencia, que por lo
general, la Ley sustancial entra a regir las situaciones que se produzcan a partir de su
vigencia pues aún no se encuentran consolidadas, y solo por excepción rige de
manera retroactiva; sin embargo, para que ello ocurra, la norma debe precisar lo
pertinente, que no es el caso de la Ley 100 de 1993 que en el artículo 151 indica que
rige a partir del 1 de abril de 1994, y a partir del 30 de junio de 1995 para los servidores
públicos del nivel departamental, municipal y distrital.

La tesis de improcedencia de aplicar la Ley 100 de 1993 a situaciones que se
consolidaron antes de la entrada en vigor, se ha mantenido en el tiempo, y se aplica
actualmente por la Sección Segunda del Consejo de Estado uniformemente para
decidir demandas relativas al reconocimiento de pensiones de sobreviviente de
miembros de la Fuerza Pública21, servidores públicos del orden territorial 22,
docentes oficiales23, y, servidores de la Rama Judicial24, entre otros.

20
Expediente 76001233100020070161101 (1605-09)
21
Sentencia del 4 de marzo de 2021, Subsección B, Radicación número: 25000-23-42-000-2013-06962-
01(2680-19); sentencia de 20 de noviembre de 2020, Subsección B, Radicación número: 18001-23-33-
000-2018-00098-01(1219-19); sentencia del 17 de julio de 2020, Subsección B, radicación 05001-23-
33-000-2014-01918-01
22
Sentencia del 27 de noviembre de 2020, Subsección B, Radicación número: 05001-23-33-000-2014-
01874-01(1691-18); sentencia del 16 de octubre de 2020, Subsección B, Radicación número: 76001-
23-33-000-2016-00527-01(3606-18); sentencia del 12 de diciembre de 2023, Subsección B, Radicación:
66001-23-33-000-2019-00240-01(1422-2022); sentencia del 5 de octubre de 2023, Subsección A,
Radicación: 76001 23 33 000 2014 01488 01 (1029-2022)
23
Sentencia de 18 de noviembre de 2020, Subsección A, Radicación número: 17001-23-33-000-2016-
00091-01(0229-18); sentencia del 23 de octubre de 2020, Subsección A Radicación número: 17001-23-
33-000-2017-00268-01(4111-19)
24
Sentencia del 13 de agosto de 2020, Subsección A, Radicación número: 52001-23-33-000-2015-
00321-01(3974-16)

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Accionante: Luis Ángel Betancourth Castro

2.5.4. De la revisión de las pruebas25 que acompañaron la solicitud de amparo
constitucional, encuentra la Sala:

2.5.4.1. El Juzgado Tercero Administrativo Oral de Manizales dictó sentencia de
primera instancia el 14 de mayo de 2020, dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho radicado bajó el numeral 17001 – 33 – 33 – 002 – 2014
– 00098 – 00, en la que declaró la nulidad de las Resoluciones HCG-067 y CH 080
del 4 de octubre y 29 de noviembre de 2010, y condenó a la E.S.E. Hospital de Caldas
a reconocer y pagar a favor del señor Luis Ángel Betancourth Castro la pensión de
sobrevivientes con ocasión del fallecimiento de la señora Marleny Velásquez Martínez,
con fundamento en los lineamientos de la Ley 100 de 1993.

En su motivación, el Juez indicó que para el momento del fallecimiento de la causante
(3 de agosto de 1994) la Ley 100 de 1993 no cobijaba su situación particular, dado
que al tratarse de una servidora del nivel territorial su vigencia operaba a partir del 30
de junio de 1995; por ende, les son aplicables los parámetros del Decreto 1848 de
1969, que prevé el cumplimiento de veinte (20) años de servicio.

Precisó que, para el 3 de agosto de 1994, la causante contaba con 13 años y 20 días
de servicio por lo que no cumplió con los requisitos del mencionado Decreto, pero que,
no obstante, a partir del 1 de abril de 1994 se encontraba en vigencia de la Ley 100
de 1993 lo que permitía -por favorabilidad- reconocer el derecho, pues el régimen
general prevé un tiempo de cotización de veintiséis (26) semanas.

2.5.4.2. La decisión fue apelada por ambas partes. En sentencia del 24 de marzo de
2023 (censurada), el Tribunal Administrativo de Caldas la revocó, y en su lugar negó
las pretensiones de la demanda.

Expuso el Tribunal que, en razón de la fecha del fallecimiento de la señora Marleny
Velásquez Martínez, era la Ley 12 de 1975 la que regulaba el reconocimiento
pensional que demandó el señor Luis Ángel Betancourth Castro, y consideró
improcedente la aplicación retrospectiva de la Ley 100 de 1993, con fundamento en
la sentencia T - 730 de 2014 de la Corte Constitucional que abordó el estudio de la
diferencia entre el principio de favorabilidad y la condición más beneficiosa, así como
en la sentencia del 25 de abril de 2013 mediante la cual la Sección Segunda del
Consejo de Estado rectificó su posición frente al tema, para indicar que la ley que
resulta aplicable es la que se encuentre vigente al momento en que se estructura el
derecho; además, que dicha fue reiterada en sentencias emitidas en procesos de
nulidad y restablecimiento del derecho del 5 de marzo de 201526, del 5 de julio de
201827, del 20 de febrero de 202028, y en fallo de tutela del 21 de abril de 201629.

A partir de este marco normativo y jurisprudencial, el accionado analizó las pruebas
del expediente ordinario para concluir que, como el fallecimiento de la causante tuvo
lugar el 3 de agosto de 1994, no aplicaba por retrospectividad la Ley 100 de 1993. Así,
dado que el sistema general de pensiones para los empleados del orden territorial
entró en vigencia 30 de junio de 1995 concluyó: “estima este Tribunal que en el

25
Contenidas en el índice 001 del expediente digital de primera instancia Samai, con certificado número
0A05D38CC40E711C 64ED829563E59CD5 BD279FF62FB175C7 63B1D0AFF4FB2292.
26
Radicación número: 05001-23-33-000-2012-00772-01(0328-14)
27
Radicación número: 44001 23 33 000 2015 00141 01 (2414-17
28
Radicación 05001-23-33-000-2015-00627-01 (0691-2016)
29
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-03707-01
Accionante: Luis Ángel Betancourth Castro

presente caso no resulta procedente su aplicación en virtud del principio de
favorabilidad”.

2.5.5. Teniendo en cuenta lo anterior, y contrario a como lo consideró el accionante
en la solicitud de amparo y en la impugnación, no se advierte la existencia de un
defecto sustantivo por desconocimiento del precedente jurisprudencial en la sentencia
del 24 de marzo de 2023, dado que las razones que fundamentaron la improcedencia
de la aplicación retrospectiva de la Ley 100 de 1993 corresponden a la rectificación
adoptada en la sentencia del 25 de abril de 2013 en la que se precisó que la norma
aplicable al derecho pensional reclamado, es la que se encuentra vigente al momento
que dicho derecho nace.

Es pertinente aclarar que la tesis de improcedencia de aplicación retrospectiva del
régimen general de pensiones es la que constituye el precedente jurisprudencial en
relación con el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes para situaciones
especiales como la que describe la actora en el escrito de tutela, además, como se
indicó en el punto 2.5.3 de esta providencia, la Sección Segunda del Consejo de
Estado, como órgano de cierre en la especialidad laboral, ha mantenido en el tiempo
la tesis adoptada a partir de la sentencia del 25 de abril de 2013 para definir las
pretensiones de asuntos judiciales promovidos en relación con este derecho.

Las decisiones judiciales citadas por el Tribunal Administrativo de Caldas como
fundamento de la sentencia censurada, a pesar de abordar el estudio del
reconocimiento de la pensión de sobreviviente para los beneficiarios de servidores
públicos excluidos de la aplicación de la Ley 100 de 1993, como es el caso de los
miembros de la Fuerza Pública30, tiene fundamento en el precedente creado a partir
de la sentencia del 25 de abril de 2013, y por ende, no puede afirmarse un defecto
sustantivo en la decisión, pues como se indicó en precedencia, esta Corporación ha
aplicado esta tesis en forma uniforme para decidir casos relacionados con docentes
oficiales, miembros de la fuerza pública, servidores judiciales, e incluso, empleados
territoriales, precisando que la norma aplicable es la vigente al momento del
fallecimiento del causante.

Concretamente, en relación con el nivel territorial, la Sección Segunda ha reiterado31
la improcedencia de aplicar en forma retrospectiva los lineamientos de la Ley 100 de
1993 para el reconocimiento pensional, cuando el análisis del caso particular ha
concluido que la norma no se encontraba vigente para el momento del fallecimiento
del causante, tal y como sucedió con el asunto puesto en conocimiento de la
jurisdicción por el aquí accionante, dado que para el 3 de agosto de 1994, fecha de
fallecimiento de la señora Marleny Velásquez Martínez – quien fungía como empleada
territorial –, las disposiciones del sistema general en pensiones no habían entrado en
vigencia para su caso particular, por expresa disposición del parágrafo del artículo 151
de la Ley 100 – declarado exequible por la Corte Constitucional -.

2.5.6. El análisis efectuado en precedencia desvirtúa los argumentos de la parte
actora, pues no es cierto que la Ley 100 de 1993 haya derogado las Leyes 12 de 1975
y 33 de 1985, dado que, se reitera, sus parámetros entraron en vigencia para los

30
Por disposición del artículo 279 de la Ley 100 de 1993.
31
Sentencia del 27 de noviembre de 2020, Subsección B, Radicación número: 05001-23-33-000-2014-
01874-01(1691-18); sentencia del 16 de octubre de 2020, Subsección B, Radicación número: 76001-
23-33-000-2016-00527-01(3606-18); sentencia del 12 de diciembre de 2023, Subsección B, Radicación:
66001-23-33-000-2019-00240-01(1422-2022); sentencia del 5 de octubre de 2023, Subsección A,
Radicación: 76001 23 33 000 2014 01488 01 (1029-2022)

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Radicado: 11001-03-15-000-2023-03707-01
Accionante: Luis Ángel Betancourth Castro

empleados territoriales a partir del 30 de junio de 1995, además, no encuentra
relevancia para la decisión del presente asunto el régimen de transición previsto en el
artículo 36 de la Ley 100 de 1993, pues la sentencia censurada se basó el estudio de
la aplicación retrospectiva de la norma, y no en los efectos del régimen de transición.

De otro lado, las patologías del accionante que fueron alegadas con la solicitud de
amparo, soportadas en el historial clínica que la acompañó, no tienen la fuerza
suficiente para acreditar la afectación del mínimo vital y del derecho a la seguridad
social, pues, debe tenerse en cuenta que desde el fallecimiento de la causante (3 de
agosto de 1994) y la petición de reconocimiento de la pensión de sobrevivientes (año
2010)32, transcurrieron aproximadamente 16 años, lo que desvirtúa que la negativa del
reconocimiento de la prestación genere una afectación actual y grave a sus derechos
constitucionales fundamentales.

2.5.7. Con las razones expuestas en precedencia, la Sala encuentra que la sentencia
del 24 de marzo de 2023 no desconoció el precedente que en la materia ha
establecido el Consejo de Estado y, en consecuencia, no se avizora la vulneración de
los derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad. Aunado, tampoco se
probó lesión de los derechos al mínimo vital y a la seguridad social, motivos por los
cuales, se confirmará la sentencia impugnada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 19 de diciembre de 2023, proferida por la
Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado, por las razones expuestas en
esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes y a los interesados, por el
medio más expedito.

TERCERO: REMITIR la presente providencia a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase

NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de Sala
Firmado electrónicamente

JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Magistrado Magistrado
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
SFGS

32
Se toma directamente del escrito de la demanda ordinaria y de la sentencia de primera instancia,
aclarando que allí solo se indicó que la petición se radicó en el año 2010, y no fue aportada la copia de
la petición con el sello de recibido.

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