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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-03721-00

Fecha
10 de agosto de 2023
Consejero ponente
Carlos Enrique Moreno Rubio

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-03721-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: Declárase la improcedencia de la acción de tutela promovida por la señora Lina Marcela Salamanca Cortés, por lo señalado en la parte motiva de esta sentencia. SEGUNDO:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2023-03721-00

Consejero ponente: Carlos Enrique Moreno Rubio

10 de agosto de 2023

Demandante: Lina Marcela Salamanca Cortés
Demandados: Consejo Superior de la Judicatura,
Unidad de Administración de Carrera Judicial y otro
Rad: 11001-03-15-000-2023-03721-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

MAGISTRADO PONENTE: CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO

Bogotá, D. C., diez (10) de agosto de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-03721-00
Demandante: LINA MARCELA SALAMANCA CORTÉS
Demandados: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA,
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE CARRERA
JUDICIAL Y OTRO

Temas: Tutela de fondo. Improcedencia de la acción de tutela
contra actos administrativos. Requisito de
subsidiariedad.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Decide la Sala en primera instancia la acción de tutela promovida por la
parte actora, de conformidad con lo dispuesto en el inciso 1º del numeral 2º
del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto
333 del 6 de abril de 2021.

I. ANTECEDENTES

1. La petición de amparo

Mediante escrito radicado el 7 de julio de 2023 a través de la aplicación de
radicación de tutelas en línea de la Rama Judicial, la señora Lina Marcela
Salamanca Cortés interpuso acción de tutela para obtener la protección de
sus derechos fundamentales a la igualdad, acceso a cargos públicos, trabajo
y debido proceso por exceso de ritual manifiesto y principio al mérito,
presuntamente lesionados por el Consejo Superior de la Judicatura – Unidad
de Administración de Carrera Judicial y la Universidad Nacional de

1

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Demandante: Lina Marcela Salamanca Cortés
Demandados: Consejo Superior de la Judicatura,
Unidad de Administración de Carrera Judicial y otro
Rad: 11001-03-15-000-2023-03721-00

Colombia1.

Sostuvo que las mencionadas garantías constitucionales le han sido
vulneradas por las entidades mencionadas al haber sido rechazada dentro
del concurso de méritos de la convocatoria 27, por medio de la cual se
adelanta el proceso de selección para la provisión de los cargos de
funcionarios de la Rama Judicial, por la causal 3.4 del artículo 3 del Acuerdo
PCSJA18-11077 de 16 de agosto de 2018, relativa a no acreditar el requisito
mínimo de experiencia.

En consecuencia, la parte accionante solicitó:

“…

SEGUNDO: Itera de lo anterior, se DEJE SIN EFECTOS
PARCIALMENTE la Resolución N° CJR23 - 0061 de 8 de febrero de
2023 en lo que respecta a mi rechazo del concurso.

TERCERO: ANULAR el Oficio CJO23-1179 del trece (13) de marzo
de 2023, notificado a mi correo electrónico el 22 de marzo de 2023,
mediante la cual, a pesar de no estar resolviendo un recurso, se
confirmó la decisión de rechazo del concurso.

CUARTO: Como consecuencia de lo preliminar, se ORDENE al
Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Carrera Judicial, que
en el término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la
notificación de la sentencia que proteja mis derechos fundamentales,
profiera una nueva decisión respecto de mi situación, de tal manera
que se cambie mi estado a Admitida y se me permita continuar en el
proceso de selección de la convocatoria N° 27.”

La solicitud de tutela tuvo como fundamento los siguientes:

2. Hechos

Sostuvo que en el trámite de la convocatoria 27 para la provisión de cargos
en la Rama Judicial, participó en el concurso y que, mediante la Resolución
CJR22-0351 de 1 de septiembre de 2022 se publicaron los resultados de la
prueba de aptitudes y conocimientos en la que obtuvo un puntaje de 837,68
para el cargo de juez penal municipal, adquiriendo el status de “aprobado”.

Indicó que a través de la Resolución CJR23-0061 de 8 de febrero de 2023,
se publicó la relación de concursantes admitidos y rechazados. En esta
resolución se dispuso su “rechazo” por la causal 3.4 del artículo 3 del

1
En la referencia de la demanda, la accionante señaló como demandadas: “Consejo
Superior de la Judicatura (Unidad de Administración de la Carrera Judicial y Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial) y la Universidad Nacional de Colombia”.

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Acuerdo PCSJA18-11077 de 16 de agosto de 2018, esto es, por no acreditar
el requisito mínimo de experiencia.

Mencionó que, como contra la anterior decisión no procedía ningún recurso,
presentó vía correo electrónico la solicitud de verificación de documentos, en
su respectiva oportunidad.

Refirió que, con oficio CJO23-1179 del 13 de marzo de 2023, notificado a su
correo electrónico el 22 del mismo mes y año, se resolvió su solicitud de
verificación de documentos, y en la misma se indicó que “…con la
documentación aportada al momento de la inscripción, no se acreditó el
requisito mínimo de experiencia, por lo que no es posible generar estado de
admitido, dentro de la convocatoria para la provisión de cargos de
funcionarios de la Rama Judicial”.

3. Sustento de la vulneración

La parte accionante manifestó que el Consejo Superior de la Judicatura, en
una clara vulneración del derecho a la igualdad, decidió convalidar esa
declaración juramentada solo para los concursantes incursos en la causal de
rechazo 3.5, sin ningún fundamento en la convocatoria, y no para los
concursantes incursos en la causal 3.4, como lo fue en su caso, relativa a la
falta de experiencia.

4. Trámite de la solicitud de amparo

Por auto del 13 de julio de 2023 se admitió la solicitud de tutela.

En consecuencia, se ordenó la notificación los magistrados que integran el
Consejo Superior de la Judicatura y a la directora de la Unidad de
Administración de Carrera Judicial, así como al representante de la
Universidad Nacional de Colombia.

De igual manera, se dispuso:

“Tercero: De igual forma, notifíquese a los participantes de la
Convocatoria 27 de 2018. Para ello, líbrese oficio al Consejo Superior
de la Judicatura y a la Universidad Nacional de Colombia, para que
surtan dicha comunicación en sus páginas web.

Para efectos de vincular a eventuales interesados en las resultas del
proceso, se ordena a la Secretaría publicar en la página web del
Consejo de Estado un aviso sobre la existencia de esta acción.”

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5. Argumentos de defensa

Surtidas las notificaciones de rigor, se presentaron las siguientes
intervenciones:

5.1. Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de Administración de Carrera
Judicial

Esta entidad se opuso a la prosperidad de lo solicitado por la accionante, al
considerar que, mediante Resolución CJR23-0061 de 08 de febrero de
2023se rechazó a la accionante por la causal 3.4 del Acuerdo PCSJA18-
11077 de 16 de agosto de 2018, y dentro del término de solicitud de
verificación de requisitos mínimos, solicitó la revisión de las certificaciones
laborales allegadas y aportó nueva documentación con el fin de soportar la
experiencia exigida.

Indicó que, la Unidad de Carrera Judicial del Consejo Superior de la
Judicatura mediante oficio CJO23-1179 del 13 de marzo de 2023, le informó
a la accionante sobre las certificaciones expedidas por el Juzgado Quinto
Penal del Circuito de Ibagué en la que desarrolló la práctica jurídica ad-
honorem en el periodo desde “25/08/2015 hasta el 15/12/2015” y la expedida
por la Fiscalía 21 de la Unidad Local de Fiscalías de Ibagué, en el cargo
profesional en el periodo desde “09/03/2016 hasta el 07/04/2016”.

Precisó que, no es válida porque es experiencia previa a la obtención del
título de abogado, como lo determina el parágrafo 1° del artículo 128 de la
Ley 270 de 1996.

Refirió que, la experiencia profesional se contabilizó teniendo en cuenta la
fecha de obtención del título de abogado, que en este caso es 08/04/2016 y
al realizar la sumatoria de los tiempos de las certificaciones que cumplen con
los parámetros definidos en la convocatoria, se observa que no acredita el
término mínimo requerido para el cargo de aspiración equivalente a 720 días,
puesto que acreditó un total de 35 días.

Adujo que en cumplimiento de lo dispuesto en el parágrafo 1° del artículo 128
de la Ley 270 de 1996 es clara en informar a los participantes que debe ser
adquirida con posterioridad a la obtención del título de abogado, sin que haya
lugar a interpretaciones diferentes. Así, la única experiencia profesional a
tener en cuenta es posterior a esa fecha, esto es, “08/04/2016”.

Consideró que, no es viable valorar la documentación de certificación de
experiencia allegada por la accionante con posterioridad al término de
inscripción toda vez que la recepción de documentos para acreditar los

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requisitos del cargo transcurrió desde el 27 de agosto a las cero horas (0:00)
hasta el 7 de septiembre de 2018 a las veinticuatro horas (24:00)3, tiempo en
que se llevaron a cabo las inscripciones al presente concurso, vía WEB, a
través del Portal de la Rama Judicial www.ramajudicial.gov.co.

Destacó que, la acción de tutela no es el mecanismo idóneo para atacar
actos administrativos que por su propia naturaleza se encuentran amparados
por el principio de legalidad, partiendo del presupuesto de que la
administración, al momento de manifestarse a través de un acto, debe acatar
las prerrogativas constitucionales y legales a las que se encuentra
subordinada.

Mencionó que, la inconformidad de la accionante radica en la condición
establecida en el Acuerdo PCSJA18-11077 de 2018, que sirvió de soporte
jurídico a la Resolución CJR23-0061 de 8 de febrero de 2023, por tratarse de
un acto administrativo de carácter general, lo procedente es iniciar el medio
de control de nulidad, toda vez que, la acción de tutela no es el escenario
para controvertir actos administrativos ni sirve para reemplazar los
mecanismos ordinarios de defensa.

Agregó que, si la actora considera que dicha decisión no se ajusta a derecho,
debe acudir al juez natural del asunto, pues esta acción constitucional no
puede ser utilizada como vía paralela de protección cuando la legislación
tiene establecidas las vías adecuadas para debatir judicialmente asuntos
como el presente, a través del ejercicio del correspondiente medio de control
judicial previsto en la Ley 1437 de 2011.

5.2. Universidad Nacional de Colombia

Señaló que, con ocasión de lo dispuesto en el auto admisorio de la demanda,
la publicación del auto en cuestión en la página web de la Rama Judicial, es
el medio idóneo para informar a quienes tengan un interés legítimo en el
trámite de la referencia.

Hizo referencia al trámite del procedimiento administrativo a través del cual
se desarrolla el concurso en cuestión, de lo cual, resaltó que, el Consejo
Superior de la Judicatura, Unidad de Administración de la Carrera Judicial
expidió la Resolución CJR23-0213 de 8 de junio de 2023 a través de la cual
admitió al concurso de méritos a los aspirantes rechazados exclusivamente
por la causal 3.5 - No presentar la declaración juramentada de ausencia de
inhabilidades e incompatibilidades. Esto, en cumplimiento de una orden de

5

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tutela2.

Sostuvo que, la universidad en calidad de consultor del concurso, ha
desarrollado su labor dentro de los términos señalados en la Ley y la
reglamentación específica que regula el sistema especial de selección para
los cargos requeridos en la convocatoria 27 de 2018.

Señaló que la acción de tutela es improcedente por no cumplir con el
requisito de la subsidiariedad ante la existencia de otros mecanismos para
cuestionar la legalidad de actos administrativos, y porque no ha vulnerado
derecho alguno de la accionante, la cual tampoco acreditó un perjuicio
irremediable y que, para el caso concreto se presentó el fenómeno de
carencia actual de objeto por hecho superado.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer de la presente acción de tutela, de
conformidad con lo establecido por el Decreto 2591 de 19913 y el numeral 2°
del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 20154, modificado por el Decreto
333 del 6 de abril de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019, proferido por la Sala
Plena del Consejo de Estado.

2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si las autoridades demandadas vulneraron
los derechos fundamentales invocados por la parte accionante, al haber sido
rechazada dentro del concurso de méritos de la convocatoria 27, por medio
de la cual se adelanta el proceso de selección para la provisión de los cargos
de funcionarios de la Rama Judicial, por la causal 3.4 del artículo 3 del
Acuerdo PCSJA18-11077 de 16 de agosto de 2018, esto es, por no acreditar
el requisito mínimo de experiencia.

2
Del 31 de mayo de 2023 de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia,
expediente 11001-0230000-2023-00335-00, que dejó sin efectos parcialmente la Resolución
CJR23-0061 del 8 de febrero de 2023 “exclusivamente respecto de la exclusión de
aspirantes del concurso Convocatoria 27 por la configuración de la causal de rechazo 3.5.
del artículo 3° del Acuerdo PCSJA18-11077 del 16 de agosto de 2018…”
3
Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la
Constitución Política.
4
Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del
Derecho.

6

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3. De la procedencia de la acción de tutela

El artículo 86 de la Constitución Política consagra el precepto constitucional,
según el cual, toda persona puede ejercer la acción de tutela para reclamar
ante los jueces la protección inmediata de sus derechos fundamentales
siempre que sean violados o amenazados por la acción u omisión de las
autoridades públicas o de los particulares en los precisos casos que indica el
Decreto Ley 2591 de 1991.

Este instrumento de defensa se caracteriza por tener un trámite preferente,
ser residual y subsidiario, lo que permite advertir que el ejercicio de esta
acción no es absoluto, sino que está limitado por las causales de
improcedencia contenidas en el artículo 6º del Decreto 2591 de 1991 5, entre
otros motivos, la relativa a la existencia de otros mecanismos de defensa
judicial para garantizar la protección del derecho que se alega amenazado o
vulnerado (subsidiariedad).

Adicionalmente, se precisa que el numeral primero de la citada norma
estableció lo siguiente:

“La acción de tutela no procederá:

1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que
aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en
cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentre el
solicitante.”

De modo que, la única excepción a la regla de la improcedencia de la acción
de tutela cuando existen otros mecanismos de defensa para obtener la
protección de los derechos invocados, es la existencia de un perjuicio
irremediable el cual se configura según la Corte Constitucional “…cuando el
peligro que se cierne sobre el derecho fundamental es de tal magnitud que
afecta con inminencia y de manera grave su subsistencia, requiriendo por
tanto de medidas impostergables que lo neutralicen…”6.

Al momento de analizar si en un caso particular se está ante un perjuicio
irremediable que justifique el amparo transitorio, deben evaluarse en conjunto
los siguientes elementos, los cuales han sido definidos de forma reiterativa

5
Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la
Constitución Política.
6
Corte Constitucional, sentencia T-636 de 2006, con ponencia de la magistrada Clara Inés
Vargas Hernández.

7

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bajo los siguientes términos7:

i) Que el perjuicio sea inminente, lo cual implica que la amenaza exista o esté
por existir.

ii) Que éste sea grave y tenga la suficiente entidad para comprometer un bien
moral o material de la persona.

iii) Que haya necesidad de adoptar medidas urgentes para superar la
condición de amenaza del derecho fundamental.

iv) Que no se pueda postergar la acción de tutela, pues de lo contrario el
mecanismo de protección sería ineficaz.

A su vez, se señala que, en relación con las acciones de tutela presentadas
con ocasión de los concursos de mérito, tanto la Corte Constitucional8 como el
Consejo de Estado9 han sostenido que, por regla general, el amparo no es el
dispositivo judicial apto para controvertir los actos proferidos dichos
procedimientos, cuando estos son susceptibles de ser demandados ante los
jueces administrativos al involucrar un debate de legalidad y el cumplimiento
de actos normativos (como leyes, reglamentos o la misma convocatoria).

No obstante, la Corte Constitucional ha identificado algunas excepciones a la
anterior regla, cuando:

i) El empleo ofertado en el proceso de selección cuenta con un periodo fijo
determinado por la Constitución o por la ley10;

ii) se imponen trabas para nombrar en el cargo a quien ocupó el primer lugar
en la lista de elegibles11;

iii) el caso presenta elementos que podrían escapar del control del juez de lo
contencioso administrativo, por lo que tiene una marcada relevancia
constitucional12 y, finalmente,

7
Corte Constitucional, sentencias T-225 de 1993, T-809 de 2013, T-695 de 2014 y T-884 de
2014.
8
Corte Constitucional, sentencias T-388 de 1998, T-095 de 2002, SU-913 de 2009, T-556 de
2010, T-169 de 2011, T-156 de 2012, T-604 de 2013, T-180 de 2015, T-610 de 2017, T-438
de 2018, T-227 de 2019, T-425 de 2019, entre otras.
9
Consejo de Estado, Sección Segunda Subsección B. Radicación número: 23001-23-33-
000-2012-00067-01, Sentencia del 29 de noviembre de 2012.
10
Corte Constitucional, sentencias T-509 de 2011, T-604 de 2013, T-748 de 2013, SU-553
de 2015, T-551 de 2017, T-610 de 2017 y T-059 de 2019.
11
Corte Constitucional, sentencias SU-136 de 1998, T-455 del 2000, T-102 de 2001, T-077
de 2005, T-521 de 2006, T-175 de 2009, T-556 de 2010, T-156 de 2012, entre otras.
12
Corte Constitucional, sentencias T-785 de 2013, T-160 de 2018, entre otras.

8

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iv) cuando por las condiciones particulares del accionante (edad, estado de
salud, condición social, entre otras), al demandante le resulta
desproporcionado acudir al mecanismo ordinario.

4. Caso concreto

La parte actora sostuvo que sus garantías constitucionales le han sido
vulneradas por las entidades mencionadas al haber sido rechazada dentro
del concurso de méritos de la convocatoria 27, por medio de la cual se
adelanta el proceso de selección para la provisión de los cargos de
funcionarios de la Rama Judicial, por la causal 3.4 del artículo 3 del Acuerdo
PCSJA18-11077 de 16 de agosto de 2018, relativa a no acreditar el requisito
mínimo de experiencia.

En ese orden, la demandante pretende que se deje sin efectos la Resolución
CJR23-0061 del 8 de febrero de 2023 y, se anule el oficio CJO23-1179 del
13 de marzo de la misma anualidad, con la finalidad de que se profiera una
nueva decisión que cambie su estado a “admitida” y se le permita continuar
en el concurso.

En lo particular, se observa que la decisión contenida en la Resolución
CJR23-0061 de 8 de febrero de 2023 es un acto administrativo que contiene
una decisión de la administración pasible de control.

Lo mismo ocurre con el contenido del oficio CJO23-1179 del 13 de marzo de
2023, con el cual se indicó que, con la documentación aportada al momento
de la inscripción, no se acreditó el requisito mínimo de experiencia, por lo
tanto, no era posible generar estado de “admitido”, dentro de la convocatoria
para la provisión de cargos de funcionarios de la Rama Judicial.

De manera que, la inconformidad que expuso la parte actora respecto de la
aludida decisión administrativa debe plantearse ante el juez de lo
contencioso administrativo, a través del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de
2011:

“ARTÍCULO 138. NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL
DERECHO. Toda persona que se crea lesionada en un derecho
subjetivo amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la
nulidad del acto administrativo particular, expreso o presunto, y se le
restablezca el derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño.
La nulidad procederá por las mismas causales establecidas en el inciso
segundo del artículo anterior.

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Igualmente podrá pretenderse la nulidad del acto administrativo general
y pedirse el restablecimiento del derecho directamente violado por este
al particular demandante o la reparación del daño causado a dicho
particular por el mismo, siempre y cuando la demanda se presente en
tiempo, esto es, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su
publicación. Si existe un acto intermedio, de ejecución o cumplimiento
del acto general, el término anterior se contará a partir de la notificación
de aquel”.
Así las cosas, el escenario descrito es idóneo y eficaz para formular los
reparos presentados en esta acción constitucional, y por medio de este
controvertir la decisión de la administración, proceso en el que, puede
solicitar las medidas cautelares conforme con los artículos 229 y 230 de la
Ley 1437 de 2011, como lo es la, suspensión de los efectos de la Resolución
CJR23-0061 del 8 de febrero de 2023.

Finalmente, es preciso señalar que, en este caso, tampoco se acreditó
ninguna de las circunstancias excepcionales que la jurisprudencia ha
admitido como válidas para superar el requisito de la subsidiariedad. Esto es
así porque:

a) El cargo al que aspira la accionante no es de aquellos de periodo fijo
determinado por la Constitución o por la ley.

b) En este caso no se imponen trabas para nombrar en el cargo a quien
ocupó el primer lugar en la lista de elegibles, puesto que aún no se ha
llegado a esa etapa de la convocatoria 27.

c) Aunque se exhiben circunstancias que podrían afectar los derechos
fundamentales de los concursantes, no hay evidencia de que los
fundamentos de las pretensiones y la afectación puedan escapar del control
del juez de lo contencioso administrativo. Por tanto, no se acreditó que este
asunto contenga “una marcada relevancia constitucional”.

d) La parte actora no demostró ni en el proceso constitucional se observó
que esta se encontrara bajo condiciones particulares de edad, estado de
salud, condición social u otras, por las cuales resultase desproporcionado
exigirle acudir al mecanismo ordinario ante los jueces administrativos.

Así las cosas, al existir un medio principal y no acreditarse ninguna situación
excepcional, se encuentra que, el mecanismo principal ante la jurisdicción de
lo contencioso administrativo es el idóneo y eficaz para obtener la protección
de los derechos fundamentales invocaos por la parte demandante.

En consecuencia, como la acción promovida no satisface el requisito de la
subsidiariedad, se declarará su improcedencia.
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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: Declárase la improcedencia de la acción de tutela promovida por
la señora Lina Marcela Salamanca Cortés, por lo señalado en la parte motiva
de esta sentencia.

SEGUNDO: Notifíquese a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los 3 días
siguientes a la notificación, remítase el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión, de conformidad con lo establecido en el artículo 31
del Decreto 2591 de 1991.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la
providencia oficial con el número de radicación en
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081”

11

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

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