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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-03723-00

Fecha
4 de agosto de 2023
Consejero ponente
Hernando Sanchez Sanchez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-03723-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: DECLARAR no probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva formulada por el Ministerio del Trabajo y la Nueva EPS, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NEGAR la solicitud del amparo que presentó el actor contra la autoridad judicial accionada, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. CUARTO: En caso de que no fuere impugnada la sentencia conforme lo señala el artículo 31 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia. 28 Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-03723-00 Actor: Gustavo Darío López Mera

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2023-03723-00

Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez

4 de agosto de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., cuatro (4) de agosto de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Acción de tutela
Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-03723-00
Actor: Gustavo Darío López Mera
Demandado: Tribunal Administrativo de Nariño

Tema: Defecto procedimental absoluto/alcance

Derechos Fundamentales Invocados: i) Debido proceso, ii) acceso a la
administración de justicia, iii) trabajo y iv) al mínimo vital

Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por el actor contra el Tribunal
Administrativo de Nariño.

La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

I.ANTECEDENTES

La solicitud

1.El actor, en nombre propio, presentó acción de tutela contra el Tribunal
Administrativo de Nariño, porque, a su juicio, al proferir la providencia de 28 de abril
de 2023, en el incidente de desacato adelantado en el proceso de la acción de
tutela identificado con el número único de radicación 520013333001202200155-

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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-03723-00
Actor: Gustavo Darío López Mera

02, vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la
administración de justicia, al trabajo y al mínimo vital.

Presupuestos fácticos

2.Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela, en
síntesis, son los siguientes:

3.Indicó que, presentó acción de tutela contra la empresa de vigilancia privada
Seguridad del Sur Ltda., la Nueva E.P.S y el Ministerio del Trabajo, señalando que
el día 22 de septiembre de 2022, se le dio por terminado su contrato de trabajo
como electricista de alarmas, sin el permiso previo del Ministerio de Trabajo, lo que
implicó la vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, de
acceso a la administración de justicia, al trabajo y al mínimo vital.

4. El Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Pasto profirió sentencia de
primera instancia el 6 de octubre de 2022, resolviendo lo siguiente:

“[…] PRIMERO: TUTELAR los derechos fundamentales del señor GUSTAVO
DARIO LOPEZ MERA, a la estabilidad laboral reforzada, a la salud y seguridad
social y el mínimo vital, derechos que se amparan como mecanismo transitorio,
hasta que finalice el proceso laboral, el cual deberá interponer la accionante en el
término de cuatro (4) meses contados a partir de la notificación de esta sentencia,
de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente proveído.

SEGUNDO: ORDENAR a la Empresa de Vigilancia Privada Seguridad del Sur Ltda.
reintegrar laboralmente al señor GUSTAVO DARIO LOPEZ MERA, en el término
improrrogable de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta
sentencia, en iguales o mejores condiciones a las ejercidas por el accionante al
momento de su desvinculación, con la consecuente afiliación al sistema de
seguridad social en salud, conforme a lo establecido en las consideraciones de este
fallo.
TERCERO: ADVERTIR a la accionada Seguridad del Sur Ltda., que las funciones
laborales que se asignen al señor GUSTAVO DARIO LOPEZ MERA, deberán ser
compatibles con sus condiciones actuales de salud y en caso de ser necesario
deberá realizar la capacitación que se requiera para tal efecto de acuerdo a lo
considerado en este pronunciamiento de tutela.

CUARTO: Se advierte a la accionada Seguridad del Sur Ltda que el incumplimiento
de la decisión le conllevará las sanciones que por desacato prevé el Decreto 2591
de 1991.

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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-03723-00
Actor: Gustavo Darío López Mera

QUINTO: DECLARAR improcedente la acción de tutela frente a las entidades
accionadas MINISTERIO DE TRABAJO, NUEVA E.P.S., la A.R.L. AXA Colpatria, y
en tal virtud se dispone su desvinculación del presente trámite tutelar, conforme a lo
expuesto en la motivación de este proveído […]”.

5. El Tribunal Administrativo de Nariño profirió sentencia de segunda instancia el 16
de noviembre de 2022, resolviendo lo siguiente:

“[…] PRIMERO: MODIFICAR el fallo proferido el 06 de octubre de 2022 por el
Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Pasto, el cual quedará así:

“PRIMERO: TUTELAR los derechos fundamentales del señor GUSTAVO DARIO
LOPEZ MERA, a la estabilidad laboral reforzada, a la salud y seguridad social y el
mínimo vital, derechos que se amparan como mecanismo transitorio, hasta que
finalice el proceso laboral, el cual deberá interponer la accionante en el término de
cuatro (4) meses contados a partir de la notificación de esta sentencia, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente proveído.

SEGUNDO: ORDENAR a la Empresa de Vigilancia Privada Seguridad del Sur Ltda.
reintegrar laboralmente al señor GUSTAVO DARIO LOPEZ MERA, en el término
improrrogable de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta
sentencia, en iguales o mejores condiciones a las ejercidas por el accionante al
momento de su desvinculación, con la consecuente afiliación al sistema de seguridad
social en salud, conforme a lo establecido en las consideraciones de este fallo. En
caso de otorgarse nuevas incapacidades, se ha de entender que aunque no se
produce el reintegro físico del trabajador sí se reanuda el vínculo laboral con la
empresa.

TERCERO: ADVERTIR a la accionada Seguridad del Sur Ltda., que las funciones
laborales que se asignen al señor GUSTAVO DARIO LOPEZ MERA, deberán ser
compatibles con sus condiciones actuales de salud y en caso de ser necesario
deberá realizar la capacitación que se requiera para tal efecto de acuerdo a lo
considerado en este pronunciamiento de tutela.

CUARTO: Se advierte a la accionada Seguridad del Sur Ltda que el incumplimiento
de la decisión le conllevará las sanciones que por desacato prevé el Decreto 2591
de 1991.

QUINTO: DECLARAR improcedente la acción de tutela frente a las entidades
accionadas MINISTERIO DE TRABAJO, NUEVA E.P.S., la A.R.L. AXA Colpatria, y
en tal virtud se dispone su desvinculación del presente trámite tutelar, conforme a lo
expuesto en la motivación de este proveído.

SEXTO: DECLARAR la existencia de cosa juzgada constitucional frente a la
pretensión dirigida a obtener el pago de la suma de $ 350.000,oo por concepto de
daños de la motocicleta

SÉPTIMO: Notifíquese este fallo por el medio más expedito posible.

OCTAVO: En caso de no ser impugnado el fallo, por Secretaría envíese al día
siguiente el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión en los
términos del Decreto 2591/91”.

SEGUNDO: Notifíquese a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.

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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-03723-00
Actor: Gustavo Darío López Mera

TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, remítase el expediente a la Honorable Corte Constitucional para que se
surta la eventual revisión […]”.

6. El actor presentó escrito de incidente de desacato “[…] informando al juzgado que
pese a que fue reintegrado el 12 de diciembre del 2022 por la empresa Seguridad
del Sur Ltda., conforme a lo ordenado en los fallos de tutela; el 22 de marzo del 2023,
le envía al accionante vía Whatsapp, unos documentos suscritos por la Directora de
Talento Humano ANGELA MARIA ROMO GOMEZ, entre los cuales se encuentra la
terminación de su contrato por vencimiento de la protección constitucional temporal
[…]”.

7. El Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Pasto profirió providencia el
24 de abril de 2023, resolviendo lo siguiente:

“[…] PRIMERO: Declarar que el Señor MAURICIO ROSAS GAVILANES, Gerente
de la empresa Seguridad del Sur Ltda., ha incumplido el fallo de tutela del 16 de
noviembre del 2022, dictado por dictado por el H. Tribunal Administrativo del
Nariño, de acuerdo con lo dispuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: De conformidad con el art. 52 del Decreto 2591 de 1991, se resuelve
sancionar Señor MAURICIO ROSAS GAVILANES, Gerente de la empresa
Seguridad del Sur Ltda., persona con competencia para dar cumplimiento al fallo
de tutela en mención, con arresto de un (01) día y multa de cinco (05) días de
salario mínimo legal mensual vigente, sin perjuicio del cabal cumplimiento al fallo
de tutela en mención.

TERCERO: Oficiar al Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la
Nación, con sede en esta ciudad, tan pronto como se emita la providencia en sede
de consulta que confirme la sanción por desacato que se impone en virtud de este
auto, con el fin de que se haga efectiva la sanción de arresto impuesta en este
proveído.

La entidad encargada de hacer efectivo el arresto, garantizará en todo caso los
derechos fundamentales del (los) funcionario(s) sancionado(s), para que no
resulte(n) afectado(s) con la medida de arresto impuesta. En caso de que la
persona sancionada en le presente incidente de desacato, no tenga su residencia
en esta ciudad, el CTI deberá coordinar con la sede en la que el (los) citado(s)
señor(es) tenga(n) su domicilio o residencia, para hacer efectiva la orden de arresto
que se emita, tan pronto se confirme la sanción que se impone en virtud de esta
providencia.

CUARTO: La multa de cinco (05) días de salario mínimo legal mensual vigente,
deberá ser depositada a la ejecutoria de esta providencia a favor del TESORO
NACIONAL – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA en la cuenta del Banco
Agrario de Colombia número 3-0070-000030-4 DTN MULTAS y CAUCIONES
EFECTIVAS. De no ser canceladas dentro de ese plazo, expídase copia del
presente proveído, el cual presta mérito ejecutivo, para su cobro coactivo.

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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-03723-00
Actor: Gustavo Darío López Mera

QUINTO: ORDENAR al Señor MAURICIO ROSAS GAVILANES, Gerente de la
empresa Seguridad del Sur Ltda., para que en forma inmediata de cumplimiento al
fallo de tutela de 16 de noviembre del 2022, dictado por H. Tribunal Administrativo
de Nariño, a favor del accionante.

SEXTO: La presente decisión será consultada ante el Tribunal Administrativo de
Nariño – Sala de Oralidad, reparto, a través de la Oficina Judicial a quien se remitirá
el expediente de manera inmediata […]”.

8. El Tribunal Administrativo de Nariño al resolver el grado de consulta de la sanción
por desacato de tutela mediante auto de 28 de abril de 2023, decidió lo siguiente:

“[…] PRIMERO. – REVOCAR el fallo del veinticuatro (24) de abril de dos mil veintitrés
(2023), proferido por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Pasto, por las
razones expuestas […]”.

9. El Tribunal Administrativo de Nariño consideró que:

“[…] En el sub júdice, el motivo que suscitó el incidente de desacato, se centra en la
pérdida de la protección transitoria que fue otorgada, puesto que, el empleador
considera que se rebasó el plazo máximo para acudir a la justicia ordinaria, omisión
que, a su vez generó la desvinculación del demandante.

Con el fin de verificar si en efecto, el actor omitió cumplir la carga que le fue impuesta,
es necesario entonces, realizar las siguientes precisiones:

Revisado el expediente, se advierte que el fallo de primera instancia fechado al 6 de
octubre del 2022 proferido por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de
Pasto, tuteló los derechos fundamentales del señor Gustavo Darío López de forma
transitoria, protección que impuso al beneficiario, una carga que no es otra que,
interponer la acción correspondiente en la jurisdicción ordinaria dentro de los 4
meses contados a partir de la notificación de dicha providencia, actuación esta que
ocurrió el 10 de octubre de 2022.

Así las cosas, es el 10 de octubre de 2022, la fecha que ha de tomarse en
consideración para efectos de establecer si el actor cumplió la carga que le fue
impuesta.

Ahora bien, de las pruebas que obran en el expediente se observa que el despido se
efectuó el 22 de marzo de 2023, según la afirmación realizada por el accionante en
el hecho 14 del escrito de incidente de desacato y la presentación de la demanda
ante el juez natural se radicó en la misma fecha. Es decir que, las dos actuaciones
se presentaron cuando la protección temporal había finalizado.

Precisa la Sala que, la afirmación de la juez a quo, según el cual, la protección
transcurrió entre el 22 de noviembre del 2022 al 22 de marzo del 2023, siendo la
fecha de inicio aquella correspondiente a la notificación del fallo de segunda instancia
es errónea, por las siguientes razones:

• La carga de activar el aparato judicial, inicia desde el mismo momento en que el
juez de primera instancia tutela concede el amparo y, ello es así, cuando a partir de

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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-03723-00
Actor: Gustavo Darío López Mera

una interpretación armónica de las normas que integran el Decreto 2591 de 1991, se
acude al artículo 27, disposición conforme a la cual, el fallo de tutela debe cumplirse
de forma inmediata, en consecuencia, si en este caso, Seguridad del Sur estuvo
obligada desde la sentencia del 6 de octubre de 2022 a cumplir la orden del juez
constitucional, por su parte, el señor López que fue favorecido con la protección,
también debía cumplir el mandato de la juez a quo e iniciar las acciones
correspondientes.

• En otras palabras, ya se advirtió que las impugnaciones presentadas en contra de
los fallos de primera instancia, se conceden en el efecto devolutivo, quiere decir lo
anterior que las órdenes dispuestas en el fallo preferido por el a quo son de
obligatorio cumplimiento para todos los sujetos involucrados desde su notificación.

• En este caso, la protección transitoria se otorgó desde la primera instancia, cosa
distinta fuese que, se hubiera revocado en ese punto la sentencia, lo que no ocurrió.

• Vale agregar que, en estos eventos, no incide la ejecutoria del fallo, ni su firmeza.
El primer concepto, se traduce en que se alcanza tal característica, cuando contra la
providencia no procede recursos o los ordinarios que tiene previstos la ley no son
interpuestos en tiempo. Y lo segundo, cuando ya se trata de cosa juzgada, en la
medida en que ya no procede recurso alguno para discutir la sentencia que, en
materia de tutela, se alcanza cuando la Corte no la selecciona para revisión o cuando
seleccionada, se expide la sentencia confirmando o revocando los fallos de instancia.
En el sub júdice, la fecha de notificación del fallo del ad quem, es relevante
únicamente para la ejecutoria del fallo de primera instancia, más no como término de
contabilización del inicio de la protección transitoria y tampoco lo es la selección del
fallo para revisión, entenderlo de otra forma, significaría que, la orden del juez de
tutela esta supeditada a esos eventos que tienen lugar en un tiempo más lejano y no
se compaginan con la urgencia que se predica de la acción de tutela y mas cuando
se acude a ella con fundamento en el perjuicio irremediable y se otorga amparo
transitorio.

• Así las cosas, la protección transitoria transcurrió entre el 10 de octubre de 2022 y
el 10 de febrero de 2023, corolario de ello, el despido del Sr. López no se produjo en
desacato al fallo de tutela. De tal forma que, al no acreditarse el elemento objetivo
del desacato, se prescindirá del estudio de los demás elementos y se revocará la
sanción impuesta por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Pasto […]”.

La solicitud de tutela

Pretensiones

10. El actor solicitó en su escrito de tutela:

“[…] El objeto de la presente acción de tutela es el siguiente:

a) Se tutelen mis derechos fundamentales al debido proceso y el acceso a la justicia
y los derechos que fueron protegidos en el fallo de tutela.

b) DEJAR SIN EFECTOS el auto de 28 de abril de 2023, mediante el cual se
resuelve el grado jurisdiccional de consulta, que resolvió: “PRIMERO. – REVOCAR
el fallo del veinticuatro (24) de abril de dos mil veintitrés (2023), proferido por el

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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-03723-00
Actor: Gustavo Darío López Mera

Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Pasto”, proferido por la Dra.
SANDRA LUCIA OJEDA, Magistrada del Tribunal Administrativo de Nariño, dentro
de la acción de tutela 2022-00155.

c) ORDENAR a la Dra. SANDRA LUCIA OJEDA en su condición de Magistrada del
Tribunal Administrativo de Nariño para que en un término prudencial profiera el auto
de reemplazo mediante el cual se resuelva el grado de consulta del incidente de
desacato , de acuerdo a la Constitución y la ley y el precedente jurisprudencial
existente sobre el tema […]”.

11. El actor en su escrito de tutela señaló que el Tribunal Administrativo de Nariño
incurrió en un defecto procedimental absoluto.

Actuación

12.El Despacho sustanciador, mediante auto de 11 de julio de 2023; i) admitió la
acción de tutela; ii) ordenó notificar a los magistrados del Tribunal Administrativo
de Nariño; y iii) vinculó, como terceros con interés, al Juzgado Primero
Administrativo del Circuito de Pasto, a la Nación – Ministerio del Trabajo, a
Seguridad del Sur Ltda., a la Nueva EPS y a Mauricio Rosas Gavilanes,
concediéndoles el término de tres (3) días para que rindieran informe sobre el
particular.

Intervención de la demandada y de los terceros con interés legítimo

13. El Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Pasto señaló que:

“[…] Por otro lado, tenemos que, el actor de la solicitud de amparo constitucional
objeto del presente informe, dirige sus manifestaciones de inconformidad frente a
la decisión proferida en segunda instancia, de fecha de 28 de abril de 2023, dentro
del expediente de incidente de desacato 2022-00155; y no contra la decisión de
primera instancia dictado por esta judicatura, con fecha del 24 de abril del mismo
2023.

Se debe señalar entonces, que este Juzgado, no vulneró los derechos
fundamentales deprecados por el actor, respetando durante el trámite de dicho
asunto, el debido proceso y el derecho de defensa de las partes; agotando
debidamente todas las etapas procesales; fundamentándose al momento de
proferir sentencia de tutela y posteriormente, decisión en trámite de incidente de
desacato, bajo los argumentos que este Despacho consideró pertinentes, conforme
a lo que se puede consultar en los expedientes respectivos […]”.

14. El Tribunal Administrativo de Nariño consideró que:

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Actor: Gustavo Darío López Mera

“[…] - La decisión fue ampliamente motivada y no hay desconocimiento del
precedente.

• La acción de tutela no fue instituida como tercera instancia o herramienta para
modificar decisiones judiciales que hayan hecho tránsito a cosa juzgada, en tanto
ello afecta la seguridad jurídica, además, en este caso no se acredita vía de hecho
o vulneración de los derechos fundamentales del actor como ya se explicó en
precedencia.

• El argumento de la parte actora, según el cual, al modificarse la sentencia de
primera instancia el término de 4 meses con el que contaba para presentar la
demanda ordinaria laboral comienza a la notificación y/o ejecutoria del fallo de
segunda instancia, es erróneo, para tal efecto, basta con señalar que la apelación
de las sentencias de tutela se concede en efecto devolutivo, lo que significa que
desde el fallo de primera instancia, el fallo produce efectos, tal es así, que el
accionante puede iniciar un incidente de desacato, aún si el asunto se encuentra
en segunda instancia pendiente por resolver la impugnación presentada.

• Acudir a la interpretación normativa que propone el actor, significaría restar
exigibilidad a los fallos de primera instancia e induciría a creer que por virtud de
una impugnación en curso, ha de esperarse al resultado de la segunda instancia.

• En este caso, siendo el fallo de primera instancia favorable al actor, emergieron
obligaciones para las dos partes, así: para el accionante activar el aparato judicial
y para el accionado, el reintegro del entonces demandante. De aceptar lo expuesto
por el accionante en esta ocasión, se llegaría al absurdo de que, mientras el
accionado esta obligado desde la notificación del fallo a cumplir su carga, el
accionante esta eximido de ello.

• La acción de tutela tiene por objeto la protección de derechos fundamentales, en
ese sentido, debe prohijarse aquella interpretación que propenda por la urgencia
que dicho amparo requiera que es la establecida por el Tribunal Administrativo de
Nariño en la decisión censurada en esta ocasión […]”.

15. El Ministerio del Trabajo y la Nueva EPS S.A., solicitaron que se les
desvinculara del presente trámite de tutela, al haberse configurado la falta de
legitimación en la causa por pasiva.

16. Mauricio Rosas Gavilanes, en calidad de Representante Legal de Seguridad
del Sur Ltda señaló que:

“[…] Así las cosas, solicito se declare que, en primer lugar la tutela es
improcedente, pues ya existió una tutela que protegió como mecanismo transitorio,
los derechos del señor López y, en segundo lugar, se declare que el Tribunal
Administrativo de Nariño, no incurrió en ninguno de los elementos que determinan
la procedencia de la tutela en contra de otras tutelas o providencias judiciales, pues
las pruebas fueron debidamente analizadas y, el Tribunal, falló conforme a derecho
[…]”.

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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-03723-00
Actor: Gustavo Darío López Mera

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia de la Sala

17. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad
con los artículos 1.º y 37 del Decreto 2591 de 1991, por el cual se reglamenta la
acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Política; el artículo
1.º del Decreto núm. 1983 de 30 de noviembre de 2017, por el cual se establecen
reglas para el reparto de la acción de tutela; y, el Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo
de 2019.

Generalidades de la acción de tutela

18. La acción de tutela ha sido instituida como un instrumento preferente y sumario,
destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales
fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades
públicas, o por los particulares, en los casos expresamente señalados. Procede, a
falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo
transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.

Cuestión previa

19.La Sala advierte que previo al planteamiento del problema jurídico, resulta
necesario precisar el presupuesto procesal sobre la legitimación en la causa por
pasiva, para efectos de determinar, tanto el punto de derecho en discusión, como
el alcance del contenido de la sentencia.

20.Ahora bien, el artículo 13 del Decreto 2591 frente a la legitimación en la causa
por pasiva, señala expresamente lo siguiente:

“[…] La acción se dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano
que presuntamente violó o amenazó el derecho fundamental. Si uno u otro
hubiesen actuado en cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas por un
superior, o con su autorización o aprobación, la acción se entenderá dirigida contra
ambos, sin perjuicio de lo que se decida en el fallo. De ignorarse la identidad de la
autoridad pública, la acción se tendrá por ejercida contra el superior.

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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-03723-00
Actor: Gustavo Darío López Mera

Quien tuviere un interés legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir en él
como coadyuvante del actor o de la persona o autoridad pública contra quien se
hubiere hecho la solicitud […]”.

21.De igual manera la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001 de 30 de
noviembre de 20061, se refirió a la falta de legitimación en la causa por pasiva en
los siguientes términos:

“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la
Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente:

“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo
porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito
de las pretensiones del actor y las razones de la oposición por el demandado,
mediante sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la
causa es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial
que se discute en el proceso. (…).

La legitimación pasiva se consagra como la facultad procesal que le
atribuye al demandado la posibilidad de desconocer o controvertir la
reclamación que el actor le dirige mediante la demanda sobre una
pretensión de contenido material.

Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso
preferente y sumario, con ello no se quiso consagrar un instrumento
judicial carente de garantías procesales, en donde la brevedad y celeridad
procesal sirvan de excusa para desconocer los derechos de las partes o de
los terceros, de manera que en dicho proceso, como en cualquier otro, el
juez debe lograr que la actuación se surta sin vulnerar los principios de
legalidad y contradicción.

La identificación cabal del demandado es una exigencia que tanto la
Constitución como del decreto 2591 de 1991 avalan. Según aquélla, la
acción de tutela se promueve contra autoridad pública y, en ciertos casos,
contra los particulares por la acción u omisión que provoque la violación
de los derechos fundamentales de las personas, y lo mismo señala el
segundo estatuto."[2]. (Negrilla fuera de texto).

Y más adelante, en sentencia T-519 de 2.001 M.P. Clara Inés Vargas esta
misma Corporación anotó que: "... cuando del trámite procesal se deduce que
el demandado no es responsable del menoscabo de los derechos
fundamentales del actor, no puede, bajo ninguna circunstancia, concederse la
tutela en su contra. La legitimación por pasiva de la acción de tutela se rompe
cuando el demandado no es el responsable de realizar la conducta cuya
omisión genera la violación, o cuando no es su conducta la que inflige el daño
[…]”.

1 Corte Constitucional, sentencia T-1412872 de 30 de noviembre de 2006, M.P. Jaime Araújo Rentería.
2 “Esta posición, fue reiterada, entre otras, por la sentencias: T-213 de 2.001 M.P. Carlos Gaviria Díaz y T-562

de 2.002 M.P. Álvaro Tafur Galvis, T-959 de 2.002 M.P. Eduardo Montealegre Lynett”.

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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-03723-00
Actor: Gustavo Darío López Mera

22.La Sala advierte que el Ministerio del Trabajo y la Nueva EPS solicitaron su
desvinculación de la acción de tutela por falta de legitimación en la causa por
pasiva.

23.Al respecto, es preciso indicar que en el proceso de la acción de tutela
identificado con el número único de radicación 520013333001202200155-02, el
Ministerio del Trabajo y la Nueva EPS, fungían como parte demandada.

24.En ese orden de ideas, de conformidad con el Decreto 2591 y la jurisprudencia
anteriormente citada, la Sala concluye que al Ministerio del Trabajo y la Nueva EPS
les asiste interés en la decisión de tutela que se profiera.

25.En tal virtud, la Sala declarará no probada la excepción de falta de legitimación
en la causa por pasiva alegadas.

Problemas Jurídicos

26. En el caso sub examine, los problemas jurídicos que debe resolver la Sala
consisten en: i) determinar si, en efecto, es procedente la acción de tutela
acreditándose el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la
acción de tutela contra sentencias judiciales, y de ser así, ii) establecer si el
Tribunal Administrativo de Nariño, al proferir la providencia de 28 de abril de 2023,
en el incidente de desacato adelantado en el proceso de la acción de tutela
identificado con el número único de radicación 520013333001202200155-02,
incurrió en un defecto procedimental absoluto, lo que trajo como consecuencia que
no declarara el incumplimiento de la sentencia de 16 de noviembre de 2022
proferida por dicha autoridad judicial.

27. Para resolver los anteriores problemas jurídicos esta Sala analizará los
siguientes temas: i) procedencia de la acción de tutela frente a providencias
judiciales; ii) requisitos generales y especiales de procedibilidad de la acción de
tutela cuando se dirige contra providencias judiciales; iii) sobre la procedencia de la
acción de tutela contra decisiones proferidas dentro del trámite incidental de
desacato; iv) análisis del cumplimiento de los requisitos de procedibilidad en el caso
concreto; v) el defecto procedimental absoluto; vi) marco normativo y desarrollo

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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-03723-00
Actor: Gustavo Darío López Mera

jurisprudencial del derecho fundamental al debido proceso; vii) marco normativo y
desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental al acceso a la administración de
justicia; viii) marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental al
trabajo; ix) marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental al
mínimo vital, x) análisis del caso concreto, y finalmente las xi) conclusiones de la
Sala.

Procedencia de la acción de tutela frente a providencias judiciales

28.Con ocasión de la acción de tutela instaurada por la señora Nery Germania
Álvarez Bello3, en un asunto que fue asumido por importancia jurídica por la Sala
Plena, en sentencia del 31 de julio de 2012, consideró necesario admitir que debe
acometerse el estudio de fondo de la acción de tutela cuando se esté en presencia
de providencias judiciales – sin importar la instancia y el órgano que las profiera -
que resulten violatorias de derecho fundamentales, observando al efecto los
parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente y los que en el futuro
determine la Ley y la propia doctrina judicial.

Requisitos generales y especiales de procedibilidad de la acción de tutela
cuando se dirige contra providencias judiciales

29.Esta Sección4 adoptó como parámetros a seguir los indicados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de
los demás pronunciamientos que esta Corporación elabore sobre el tema.

30.Por lo anterior, y con el fin de hacer operante la nueva posición jurisprudencial,
estableció como requisitos generales de procedibilidad de esta acción
constitucional, cuando se dirige contra decisiones judiciales: i) la relevancia
constitucional del asunto; ii) el uso de todos los medios de defensa judiciales salvo
la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de
inmediatez; iv) la existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo en la

3 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 31 de julio de

2012, C.P María Elizabeth García González, radicación número: 11001-03-15-000-2009-01328-02.
4 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 31 de julio de 2012,

C.P María Elizabeth García González, radicación número: 11001-03-15-000-2009-01328-02.

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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-03723-00
Actor: Gustavo Darío López Mera

providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos
causantes de la vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que no se trate de
tutela contra tutela.

31.Además de estas exigencias, la Corte, en la mencionada sentencia C–590 de
2005, precisó que era imperioso acreditar la existencia de unos requisitos
especiales de procedibilidad, que el propio Tribunal Constitucional los ha
considerado como las causales concretas que “de verificarse su ocurrencia
autorizan al juez de tutela a dejar sin efecto una providencia judicial”5.

32.Así pues, el juez debe comprobar la ocurrencia de al menos uno de los
siguientes defectos: i) orgánico; ii) procedimental absoluto; iii) fáctico; iv) material
o sustantivo; v) error inducido; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento del
precedente; y viii) violación directa de la Constitución.

33.De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial: en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo término, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales ya explicados, permitiéndole
de esta manera “dejar sin efecto o modular la decisión”6 que encaje en dichos
parámetros.

34.Se trata, entonces, de una rigurosa y cuidadosa constatación de los
presupuestos de procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar
que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer
principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido
proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso
jurisdiccional.

35.El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 20147.

5Corte Constitucional. Sentencia T- 619 de 3 de septiembre de 2009, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
6 Corte Constitucional. Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, M.P. Mauricio González Cuervo.
7 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 4 de agosto de 2014, C.P

Jorge Octavio Ramírez Ramírez, número único de radicación: 11001031500020120220101.

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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-03723-00
Actor: Gustavo Darío López Mera

Sobre la procedencia de la acción de tutela contra decisiones proferidas
dentro del trámite incidental de desacato

36.La Corte Constitucional, mediante sentencia de unificación SU – 627 de 1.° de
octubre de 20158, fijó una excepción a la regla jurisprudencial de la acción de tutela
contra providencias judiciales, para el efecto, fijó una serie de criterios de
procedibilidad que dependen del objeto del amparo. Esto es, si el mismo se enfoca
en la sentencia proferida dentro del proceso de tutela, o respecto de una actuación
previa o posterior a la mencionada providencia.

37.Respecto a la actuación posterior a la sentencia, en dicho caso, de una tutela, la
Corte Constitucional analizó la posibilidad de que mediante tutela se cuestionen
decisiones proferidas dentro del trámite incidental de desacato. Sobre este evento,
señaló:

“[…] 4.6.3.2. Si la actuación acaece con posterioridad a la sentencia y se trata de
lograr el cumplimiento de las órdenes impartidas en dicha sentencia, la acción de
tutela no procede. Pero si se trata de obtener la protección de un derecho
fundamental que habría sido vulnerado en el trámite del incidente de desacato, y se
cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, la acción de tutela puede proceder de manera excepcional
[…]”9.

38.Asimismo, la Corte Constitucional, mediante sentencia de unificación SU – 034
de 3 de mayo de 201810, profundizó sobre los requisitos de procedencia de la
acción de tutela contra las providencias proferidas dentro de los trámites
incidentales de desacato. En ese sentido, reiteró que debían cumplirse los
requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia judicial, y exigió
que el actor alegara la configuración de, por lo menos, uno de los defectos
especiales.

8 Corte Constitucional. Sentencia SU-627 de 1° de octubre de 2015. Actor: Dirección Nacional de
Estupefacientes en liquidación. M.P. Mauricio González Cuervo.
9 Corte Constitucional. Sentencia SU-627 de 1° de octubre de 2015. M.P. Mauricio González Cuervo. Referencia

Expediente T- 4.496.402. Actor: Dirección Nacional de Estupefacientes en liquidación.
10 Corte Constitucional, Sentencia SU – 034 de 3 de mayo de 2018. M.P. Alberto Rojas Ríos. Referencia:

Expediente T-6.017.539.

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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-03723-00
Actor: Gustavo Darío López Mera

39.De igual forma, precisó que, a fin de cumplir con el requisito de subsidiariedad,
la tutela solo podría interponerse contra la decisión que pone fin al trámite una vez
esté debidamente ejecutoriada. Por ende, si se intentara cuestionar otra decisión
diferente a la que finaliza el trámite la acción de tutela no procedería, ya que el
ordenamiento jurídico consagra el grado jurisdiccional de consulta como “[…] la
instancia obligatoria donde la sanción por desacato cobra firmeza […]”.

40.Igualmente, enfatizó que los argumentos planteados en la tutela deben ser
consistentes con lo alegado en el trámite del incidente de desacato. Por ende,
indicó que no se admite invocar nuevos argumentos no expuestos en el trámite
incidental, y que tampoco procede la solicitud de nuevas pruebas no solicitadas en
el curso del desacato.

41.En lo que respecta al estudio de fondo, precisó que el análisis del juez de tutela
está restringido a estudiar si en el curso del desacato la autoridad judicial vulneró
el derecho al debido proceso.

42.Asimismo, la Corte Constitucional al estudiar la procedencia de la modificación
de la orden contra la providencia que da origen al trámite incidental consideró que
el juez “[…] no puede revisar, cuestionar y/o modificar la decisión de tutela, el
alcance o contenido sustancial de las órdenes impartidas por el juez de la tutela
primigenia –salvo que aquella sea de imposible cumplimiento o ineficaz para
garantizar la efectividad del derecho fundamental amparado–, pues se trata de un
debate que ya fue zanjado, de suerte que en el ejercicio de sus atribuciones ha de
ceñirse al trámite incidental objeto de estudio […]”.

43.En ese orden de ideas, se advierte que la procedencia de la acción de tutela
contra las providencias proferidas en los trámites incidentales de desacato está
sujeta a que: i) se controvierta la decisión que finaliza el trámite, ii) que no se
aleguen nuevos argumentos o pruebas que no hicieron parte del desacato, iii) que
además de comprobarse el cumplimiento de los requisitos generales de
procedencia de tutela contra providencias judiciales se sustente la configuración
de un defecto especial, iv) que se busque la protección del debido proceso y que
su trasgresión se haya originado en el curso del desacato y, que iv) la decisión no

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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-03723-00
Actor: Gustavo Darío López Mera

puede cuestionar o modificar la decisión, el alcance o contenido sustancial de la
orden impartida en este caso por el juez de la acción de cumplimiento primigenia.

Análisis del cumplimiento de los requisitos de procedibilidad de la acción de
tutela en el caso concreto

44.La Sala estudiará la procedencia de la acción de tutela bajo la premisa del
cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales, dispuestos por la sentencia C-590 de 2005,
proferida por la Corte Constitucional.

45.En el caso bajo examen la Sala examinará si la acción de tutela cumple con los
requisitos generales de procedibilidad, así:

45.1. Es evidente que la cuestión que se discute reviste relevancia constitucional,
comoquiera que se controvierte la vulneración de los derechos fundamentales del
actor al i) debido proceso, al ii) acceso a la administración de justicia, al iii) trabajo
y al iv) mínimo vital.

45.2. La Sala debe hacer énfasis, en que en el presente caso se cumple con el
requisito general de la relevancia constitucional dentro del marco de la acción de
tutela contra providencias judiciales, i) toda vez que se trata de la posible afectación
de los derechos fundamentales indicados supra, y además, ii) el actor cumplió con
la carga argumentativa mínima en dar las razones jurídicas por las cuales la
autoridad judicial accionada incurrió en un posible defecto procedimental absoluto.

45.3. Cumplió con el requisito general de inmediatez11.

45.4. No existen medios ordinarios y/o extraordinarios de defensa judicial eficaces
y eficientes con los cuales el actor pueda lograr la protección de los derechos
invocados supra;

11 Puesto que se interpuso antes de que transcurrieran (6) meses después de notificada la providencia de 28
de abril de 2023 proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño.

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Actor: Gustavo Darío López Mera

45.5. Por invocar la acción de tutela un defecto procedimental es necesario hacer
un análisis de este requisito;

45.6. El actor identificó los hechos y los derechos cuya vulneración alega; y

45.7. No se trata de una acción de tutela contra sentencia de tutela.

El defecto procedimental como causal de procedibilidad de la acción de
tutela contra providencias judiciales

46.Frente al defecto procedimental la Corte Constitucional ha establecido que
existen dos clases, a saber: i) defecto procedimental absoluto y ii) exceso ritual
manifiesto. En sentencia SU-159 de 2002 la Alta Corporación consideró que el
defecto procedimental se configura cuando “[…] el juez se desvía por completo del
procedimiento fijado por la ley para dar trámite a determinadas cuestiones […]” y
actúa “[…] en forma arbitraria y con fundamento en su sola voluntad […]”.
Asimismo, señala que el proceso está viciado cuando “[…] se pretermiten eventos
o etapas señaladas en la ley para asegurar el ejercicio de todas las garantías que
se le reconocen a los sujetos procesales de forma tal que, por ejemplo, (i.) puedan
ejercer el derecho a una defensa técnica, que supone la posibilidad de contar con
la asesoría de un abogado –en los eventos en los que sea necesario -, ejercer el
derecho de contradicción y presentar y solicitar las pruebas que considere
pertinentes para sustentar su posición; (ii.) se les comunique de la iniciación del
proceso y se permita su participación en el mismo y (iii.) se les notifiquen todas las
providencias proferidas por el juez, que de acuerdo con la ley, deben serles
notificadas […]”12.

47.De igual manera, la Alta Corte, en sentencia T-204/15, consideró13:

“[…] El defecto procedimental absoluto ha sido definido por la Corte Constitucional
como el vicio que se configura cuando el juez se aparta completamente del
procedimiento establecido por las normas jurídicas, ocasionando una vulneración
del derecho fundamental al debido proceso. Tal como lo ha reseñado la
jurisprudencia constitucional, la razón de ser de la consagración de esta causal de
procedibilidad contra sentencias judiciales está relacionada con la protección de

12Corte Constitucional, Sentencia SU-159 de 6 de marzo de 2002, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
13 Corte Constitucional, Sentencia T-204 de 20 de abril de 2015, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.

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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-03723-00
Actor: Gustavo Darío López Mera

los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia, que sujetan al juez a los procedimientos previamente establecidos, en
virtud del principio de legalidad.

De esta manera, en aquellos casos en que un juez resuelve, en forma arbitraria,
desconocer los procedimientos y las formas establecidas para el desarrollo de los
juicios, vulnera no sólo los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso
a la administración de justicia, relacionados con los derechos a la defensa y
contradicción que le asiste a las partes en el marco de un proceso judicial o de un
procedimiento activo. En realidad, con esta omisión, el juez natural pone en peligro
la protección y efectividad de los derechos subjetivos de las partes en el referido
trámite, lo cual supone una afectación de carácter sustancial, si se tiene en cuenta
que los procedimientos están concebidos para asegurar la efectividad de dichos
derechos sustanciales […]”.

48.En conclusión, la Sala advierte que el defecto procedimental absoluto se
configura cuando la autoridad judicial de manera grosera y arbitraria se desvía
completamente del procedimiento establecido en la ley, lo que trae como
consecuencia la vulneración del derecho fundamental al debido proceso.

Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al debido
proceso

49. Visto el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:

“[…] ARTICULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones
judiciales y administrativas.

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le
imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las
formas propias de cada juicio.

En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se
aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. […]”.

50. Atendiendo a que, la Corte Constitucional14 ha definido el derecho al debido
proceso, como “[…] el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico,
a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación
judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y
se logre la aplicación correcta de la justicia. […]”, y ha recordado que “[…] En virtud
del citado derecho, las autoridades estatales no podrán actuar en forma omnímoda,

14 Corte Constitucional, Sentencia C 980 de 1º. de diciembre de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-03723-00
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sino dentro del marco jurídico definido democráticamente, respetando las formas
propias de cada juicio y asegurando la efectividad de aquellos mandatos que
garantizan a las personas el ejercicio pleno de sus derechos[…]” de manera que
ha resaltado que el derecho al debido proceso tiene como propósito “[…] la defensa
y preservación del valor material de la justicia, a través del logro de los fines
esenciales del Estado, como la preservación de la convivencia social y la
protección de todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes
y demás derechos y libertades públicas (preámbulo y artículos 1° y 2° de la C.P)
[…]”.

Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental de acceso a la
administración de justicia

51.Visto el artículo 229 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:

“[…] ARTICULO 229. Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la
administración de justicia. La ley indicará en qué casos podrá hacerlo sin la
representación de abogado. […]”.

52.Atendiendo a que, la Corte Constitucional15 ha entendido el derecho de acceso a
la administración de justicia, “[…] como la posibilidad reconocida a todas las
personas de poder acudir, en condiciones de igualdad, ante las instancias que
ejerzan funciones de naturaleza jurisdiccional que tengan la potestad de incidir de
una y otra manera, en la determinación de los derechos que el ordenamiento jurídico
les reconoce, para propugnar por la integridad del orden jurídico y por la debida
protección o restablecimiento de sus derechos e intereses legítimos, con estricta
sujeción a los procedimientos previamente establecidos y con plena observancia de
las garantías sustanciales y procedimentales previstas en la Constitución y la ley
[…]”.

15 Corte Constitucional, Sentencia T 799 de 21 de octubre de 2011, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto

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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-03723-00
Actor: Gustavo Darío López Mera

Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al trabajo

53. Visto el artículo 25 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:

“[…] El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus
modalidades, de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a
un trabajo en condiciones dignas y justas […]”.

54. Ahora bien, la Corte Constitucional frente al derecho fundamental al trabajo ha
dicho lo siguiente16:

“[…] En repetidas ocasiones la Corte ha sostenido que el derecho al trabajo es un
derecho fundamental consagrado como principio rector del Estado social de
derecho y como objetivo primordial de la organización política. Al ser fundamental
el derecho al trabajo debe ser reconocido como un atributo inalienable de la
personalidad jurídica; un derecho inherente al ser humano que lo dignifica en la
medida en que a través de él la persona y la sociedad en la que ella se desenvuelve
logran su perfeccionamiento. Sin el ejercicio de ese derecho el individuo no podría
existir dignamente, pues es con el trabajo que se proporciona los medios
indispensables para su congrua subsistencia y además desarrolla su potencial
creativo y de servicio a la comunidad. El derecho al trabajo es la actividad que lo
pone en contacto productivo con su entorno.

El reconocimiento del carácter de fundamentalidad del derecho al trabajo se refleja
en la especial consagración que la Carta Política hace tanto en el sentido de
protección subjetiva con la enumeración de principios mínimos que limitan el
ejercicio legislativo (artículo 53) y con el reconocimiento expreso de la
responsabilidad del Estado en la promoción de políticas de pleno empleo (artículo
334) […]”.

Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al mínimo vital

55. Visto el artículo 94 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:

“[…] La enunciación de los derechos y garantías contenidos en la Constitución y en
los convenios internacionales vigentes, no debe entenderse como negación de
otros que, siendo inherentes a la persona humana, no figuren expresamente en
ellos […]”.

56. En ese orden de ideas, la Corte Constitucional frente al derecho innominado al

16 Corte Constitucional, sentencia T-611 de 8 de junio de 2001, M.P. Jaime Córdoba Triviño.

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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-03723-00
Actor: Gustavo Darío López Mera

mínimo vital, ha dicho17:

“[…] El derecho al mínimo vital ha sido definido por esta Corte como "la porción de
los ingresos del trabajador o pensionado que están destinados a la financiación de
sus necesidades básicas, como son la alimentación, la vivienda, el vestido, el
acceso a los servicios públicos domiciliarios, la recreación, la atención en salud,
prerrogativas cuya titularidad es indispensable para hacer efectivo el derecho a la
dignidad humana, valor fundante del ordenamiento jurídico constitucional".

99. En ese sentido, el mínimo vital constituye un presupuesto básico para el
efectivo goce y ejercicio de la totalidad de los derechos fundamentales, en tanto
salvaguarda de las condiciones básicas de subsistencia del individuo. El
reconocimiento del derecho al mínimo vital encuentra su fundamento en el
concepto de dignidad humana, pues es claro que la carencia de las condiciones
materiales mínimas necesarias para garantizar la subsistencia del individuo,
comporta la negación de la dignidad que le es inherente. Igualmente, este
derecho se proyecta en otros derechos fundamentales como la vida (Art. 11 C.P.),
la salud (Art. 49 C.P.), el trabajo (Art. 25 C.P.) y la seguridad social (Art. 48 C.P.).
De esta forma, la protección al mínimo vital se configura una de las garantías de
mayor relevancia en el Estado Social de Derecho […]”.

Análisis del caso concreto

57. El actor, en nombre propio, presentó acción de tutela contra el Tribunal
Administrativo de Nariño, porque, a su juicio, al proferir el auto de 28 de abril de
2023, en el incidente de desacato adelantado en el proceso de la acción de tutela
identificado con el número único de radicación 520013333001202200155-02,
vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la
administración de justicia, al trabajo y al mínimo vital.

58. Visto el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales en la parte
considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo
probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el
caso concreto.

59. La Sala procederá a apreciar y valorar las pruebas aportadas por las partes, de
conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del artículo 176 del
Código General del Proceso, aplicando para ello las reglas de la lógica y la certeza
que sobre determinados hechos se requiere para efectos de decidir lo que en

17 Corte Constitucional, sentencia T-678 de 16 de noviembre de 2017, M.P. Carlos Bernal Pulido.

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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-03723-00
Actor: Gustavo Darío López Mera

derecho corresponda, en relación con los problemas jurídicos planteados por el
actor en su respectivo escrito de tutela.

Acervo y análisis probatorios

60.Dentro del expediente que contiene la acción de tutela se encuentra lo siguiente:

60.1. Copia de la providencia proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño, el
28 de abril de 2023.

Solución del caso concreto

Análisis de la posible configuración del defecto procedimental absoluto

61. El actor en su escrito de tutela señaló lo siguiente:

“[…] Considero respetuosamente, que la decisión de la Magistrada del Tribunal
Administrativo de Nariño de revocar el auto mediante el cual se sancionó con
desacato proferido por el Juzgado Primero Administrativo vulnera mis derechos
fundamentales los cuales fueron protegidos en el fallo de tutela, pues contrario a lo
manifestado por la entidad accionada, teniendo en cuenta que la sentencia de
segunda instancia fue modificada por el Tribunal Administrativo de Nariño mediante
fallo de 6 de noviembre de 2023, que decidió en el ARTICULO PRIMERO,
MODIFICAR el fallo proferido el 06 de octubre de 2022 por el Juzgado Primero
Administrativo de Pasto, tal como acertadamente lo reconoce el Juez
Constitucional de Primera Instancia, el termino que disponía para presentar la
demanda ordinaria laboral era entre el 22 de noviembre del 2022 al 22 de marzo
del 2023, fecha en la cual efectivamente presente la demanda tal como se
demuestra con la constancia que anexo y que actualmente se encuentra en tramite
el proceso laboral.

11. Si bien es cierto, conforme lo establecido en el Decreto 2591 de 1991, el fallo
de tutela debe cumplirse de forma inmediata porque la impugnación se concede en
el efecto devolutivo, también es verdad, que en el presente caso, el fallo de
segunda instancia al modificar la decisión impugnada, los términos de los cuatro
meses deben contarse a partir de esa fecha, en otras palabras dicha modificación
indujo al error de buena fe al suscrito y a mi apoderado, pues en virtud del artículo
32 del Decreto 2591 de 1991, el juez de segunda instancia tiene dos opciones, si
a su juicio el fallo carece de fundamento procederá a revocado y si encuentra el
fallo ajustado a derecho confirmarlo; en vista que el fallo fue modificado, se
entiende que el termino de los cuatro meses debe contarse a partir de la notificación
del fallo de segunda instancia.

12. Pues considero respetuosamente que el Tribunal Administrativo de Nariño, en
la sentencia de segunda instancia debió adicionar el articulo segundo del fallo
impugnado y confirmar lo demás y no MODIFICAR el fallo proferido el 06 de octubre

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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-03723-00
Actor: Gustavo Darío López Mera

de 2022 por el Juzgado Primero Administrativo de Pasto, pues únicamente se
modificó el articulo segundo, al cual se le adiciono lo siguiente: “En caso de
otorgarse nuevas incapacidades, se ha de entender que aunque no se produce el
reintegro físico del trabajador sí se reanuda el vínculo laboral con la empresa”; lo
anterior vuelvo y repito para no hacer incurrir en error para efectos de la
contabilización del termino de cuatro meses para presentar la demanda laboral
[…]”.

[…]

“[…] En el caso concreto considero respetuosamente que la providencia expedida
por la Dra. SANDRA LUCIA OJEDA, Magistrada del Tribunal Administrativo de
Nariño, constituye una auténtica vía de hecho que violan el derecho fundamental
al debido proceso y específicamente constituye una vía de hecho judicial porque
adolece de defecto procedimental absoluto, al revocar la sanción por desacato
impuesta a la Empresa Seguridad del Sur, supuestamente porque no presente la
demanda laboral dentro del termino comprendido entre entre el 10 de octubre de
2022 y el 10 de febrero de 2023, lo cual no es cierto, porque por el hecho de haber
sido modificada la sentencia el termino debía contarse entre el 22 de noviembre
del 2022 (fecha de ejecutoria de la sentencia de segunda instancia) al 22 de marzo
del 2023. Así las cosas, el juez de segunda instancia no debió revocar la sanción
impuesta y en su lugar debió confirmar la sanción y como así no lo hizo violó el
derecho fundamental al debido proceso, incurrió en una vía de hecho por defecto
procedimental absoluto y además por defecto factico absoluto porque no se
contabilizó en debida forma el termino de los cuatro meses de que disponía para
presentar la demanda ordinaria laboral […]”.

62. Para la Sala, contrario a lo sostenido por el actor, el Tribunal Administrativo de
Nariño no incurrió en un defecto procedimental absoluto, toda vez que no se apartó
del procedimiento y de las reglas establecidas en el Decreto 2591 de 1991, al
establecer que las sentencias de primera instancia proferidas dentro del marco de
las acciones de tutela deben cumplirse de manera inmediata y que la respectiva
impugnación presentada contra las sentencias de primera instancia, se concede
en el efecto devolutivo, por lo que de manera correcta y razonable consideró que
era a partir de la notificación de la sentencia de tutela de primera instancia de fecha
6 de octubre de 2022 que amparó de manera transitoria sus derechos
fundamentales, el deber que tenía el actor dentro de los 4 meses siguientes de la
respectiva notificación, de presentar la “[…] acción correspondiente en la
jurisdicción ordinaria […]”, por lo que la protección transitoria transcurrió entre el
10 de octubre de 2022 y el 10 de febrero de 2023; y en ese orden de ideas, el
despido del señor Gustavo Darío López Mera no se produjo en desacato de la
sentencia de tutela.

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Actor: Gustavo Darío López Mera

63. La Corte Constitucional frente al tema, ha dicho lo siguiente18:

“[…] El citado Juzgado, mediante auto del 31 de agosto de 1994 concedió el
recurso de apelación "en el efecto SUSPENSIVO". Sobre la decisión adoptada
en esta providencia, la Corte Constitucional debe precisar que la apelación de
sentencias de tutela se debe conceder en el efecto DEVOLUTIVO, por cuanto
no está permitido al a-quo suspender los efectos del fallo hasta que se resuelva
el asunto en segunda instancia, según lo señala el artículo 86 de la Constitución
Nacional, cuyo inciso segundo establece que "El fallo, que será de inmediato
cumplimiento, podrá impugnarse ante el juez competente y, en todo caso, este
lo remitirá a la Corte Constitucional para su eventual revisión". (Subrayado
fuera del texto). La norma constitucional citada es desarrollada por el inciso
primero del artículo 31 del Decreto 2591 de 1991:

"Dentro de los tres días siguientes a su notificación el fallo podrá ser impugnado
por el Defensor del Pueblo, el solicitante, la autoridad pública o el representante
del órgano correspondiente, sin perjuicio de su cumplimiento inmediato."
(subrayado fuera del texto).

De lo anterior se concluye que, si bien un fallo de tutela en primera instancia
puede ser recurrido por cualquiera de las partes dentro de los términos
establecidos por la ley, su cumplimiento por éstas es obligatorio mientras se
surte la segunda instancia, la cual, de confirmarlo, dejará en firme la actuación
del a-quo, pero en caso de revocarlo, dejará sin efectos totales o parciales el
fallo objeto de apelación, y producirá otros, los cuales las partes deberán
acatar. Si bien esta circunstancia no modifica para nada las decisiones de tutela
objeto de revisión en el presente caso, se debe prevenir al Juez de primera
instancia para que en el futuro decida con base en lo preceptuado por la citada
disposición […]”.

64. La Corte Constitucional de igual manera indicó que19:

“[…] En su jurisprudencia esta Corte ha establecido que de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 86 de la Constitución, los fallos de tutela deben cumplirse
de forma inmediata y tal cual como fue ordenado en su parte resolutiva, sin perjuicio
de que el mismo pueda ser impugnado y llevado a revisión de la Corte
Constitucional. Este deber de cumplimiento inmediato se justifica en la medida en
que está en juego el carácter normativo de la Constitución, así como la protección
de otros derechos de carácter fundamental, a parte del protegido mediante el fallo
y la realización de los fines del Estado […]”.

65. Ahora bien, la Sala evidencia que el Juzgado Primero Administrativo del
Circuito de Pasto profirió sentencia de tutela de primera instancia el 6 de octubre
de 2022, resolviendo lo siguiente:

18 Corte Constitucional, sentencia T-068 de 22 de febrero de 1995, C.P. Hernando Herrera Vergara.
19 Corte Constitucional, auto núm.132 de 19 de junio de 2012, C.P. Adriana María Guillén Arango.

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Actor: Gustavo Darío López Mera

“[…] PRIMERO: TUTELAR los derechos fundamentales del señor GUSTAVO
DARIO LOPEZ MERA, a la estabilidad laboral reforzada, a la salud y seguridad
social y el mínimo vital, derechos que se amparan como mecanismo transitorio,
hasta que finalice el proceso laboral, el cual deberá interponer la accionante
en el término de cuatro (4) meses contados a partir de la notificación de esta
sentencia, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente
proveído […]”. (Resaltado por la Sala).

66.En ese orden de ideas, el Tribunal Administrativo de Nariño respetando el
procedimiento, como se indicó supra, consideró que el actor tenía la carga de “[…]
interponer la acción correspondiente en la jurisdicción ordinaria dentro de los 4
meses contados a partir de la notificación de dicha providencia, actuación esta que
ocurrió el 10 de octubre de 2022 […]”, por lo que para la Sala, la autoridad judicial
accionada no incurrió en un defecto procedimental absoluto porque de manera
razonable entendió que era a partir de la notificación de la sentencia de primera
instancia proferida por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Pasto, que
el actor tenía la carga de presentar la acción correspondiente, lo que le permitió
concluir lo siguiente:

“[…] Revisado el expediente, se advierte que el fallo de primera instancia
fechado al 6 de octubre del 2022 proferido por el Juzgado Primero
Administrativo del Circuito de Pasto, tuteló los derechos fundamentales del
señor Gustavo Darío López de forma transitoria, protección que impuso al
beneficiario, una carga que no es otra que, interponer la acción
correspondiente en la jurisdicción ordinaria dentro de los 4 meses contados a
partir de la notificación de dicha providencia, actuación esta que ocurrió el 10
de octubre de 2022.

Así las cosas, es el 10 de octubre de 2022, la fecha que ha de tomarse en
consideración para efectos de establecer si el actor cumplió la carga que le fue
impuesta.

Ahora bien, de las pruebas que obran en el expediente se observa que el
despido se efectuó el 22 de marzo de 2023, según la afirmación realizada por
el accionante en el hecho 14 del escrito de incidente de desacato y la
presentación de la demanda ante el juez natural se radicó en la misma fecha.
Es decir que, las dos actuaciones se presentaron cuando la protección
temporal había finalizado.

Precisa la Sala que, la afirmación de la juez a quo, según el cual, la protección
transcurrió entre el 22 de noviembre del 2022 al 22 de marzo del 2023, siendo
la fecha de inicio aquella correspondiente a la notificación del fallo de segunda
instancia es errónea, por las siguientes razones:

• La carga de activar el aparato judicial, inicia desde el mismo momento en que
el juez de primera instancia tutela concede el amparo y, ello es así, cuando a
partir de una interpretación armónica de las normas que integran el Decreto
2591 de 1991, se acude al artículo 27, disposición conforme a la cual, el fallo

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Actor: Gustavo Darío López Mera

de tutela debe cumplirse de forma inmediata, en consecuencia, si en este caso,
Seguridad del Sur estuvo obligada desde la sentencia del 6 de octubre de 2022
a cumplir la orden del juez constitucional, por su parte, el señor López que fue
favorecido con la protección, también debía cumplir el mandato de la juez a
quo e iniciar las acciones correspondientes.

• En otras palabras, ya se advirtió que las impugnaciones presentadas en
contra de los fallos de primera instancia, se conceden en el efecto devolutivo,
quiere decir lo anterior que las órdenes dispuestas en el fallo preferido por el
a quo son de obligatorio cumplimiento para todos los sujetos involucrados
desde su notificación.

• En este caso, la protección transitoria se otorgó desde la primera instancia,
cosa distinta fuese que, se hubiera revocado en ese punto la sentencia, lo que
no ocurrió.

• Vale agregar que, en estos eventos, no incide la ejecutoria del fallo, ni su
firmeza. El primer concepto, se traduce en que se alcanza tal característica,
cuando contra la providencia no procede recursos o los ordinarios que tiene
previstos la ley no son interpuestos en tiempo. Y lo segundo, cuando ya se
trata de cosa juzgada, en la medida en que ya no procede recurso alguno para
discutir la sentencia que, en materia de tutela, se alcanza cuando la Corte no
la selecciona para revisión o cuando seleccionada, se expide la sentencia
confirmando o revocando los fallos de instancia. En el sub júdice, la fecha de
notificación del fallo del ad quem, es relevante únicamente para la ejecutoria
del fallo de primera instancia, más no como término de contabilización del
inicio de la protección transitoria y tampoco lo es la selección del fallo para
revisión, entenderlo de otra forma, significaría que, la orden del juez de tutela
esta supeditada a esos eventos que tienen lugar en un tiempo más lejano y no
se compaginan con la urgencia que se predica de la acción de tutela y mas
cuando se acude a ella con fundamento en el perjuicio irremediable y se otorga
amparo transitorio.

• Así las cosas, la protección transitoria transcurrió entre el 10 de octubre de
2022 y el 10 de febrero de 2023, corolario de ello, el despido del Sr. López no
se produjo en desacato al fallo de tutela. De tal forma que, al no acreditarse el
elemento objetivo del desacato, se prescindirá del estudio de los demás
elementos y se revocará la sanción impuesta por el Juzgado Primero
Administrativo del Circuito de Pasto […]”. (Resaltado por la Sala).

67. En ese orden de ideas, para la Sala el Tribunal Administrativo de Nariño no
incurrió en un defecto procedimental absoluto.

Conclusiones de la Sala

68. En suma, para la Sala la autoridad judicial accionada profirió su providencia de
manera razonable y ajustada a derecho, en donde no se evidenció por esta Sala
una actuación grosera o arbitraria que haya traído como consecuencia la

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Actor: Gustavo Darío López Mera

vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la
administración de justicia y al trabajo del actor.

69. Con fundamento en las consideraciones jurídicas establecidas en la parte
motiva de esta sentencia, la Sala negará las pretensiones del amparo.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,

III. RESUELVE:

PRIMERO: DECLARAR no probada la excepción de falta de legitimación en la causa
por pasiva formulada por el Ministerio del Trabajo y la Nueva EPS, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NEGAR la solicitud del amparo que presentó el actor contra la autoridad
judicial accionada, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

CUARTO: En caso de que no fuere impugnada la sentencia conforme lo señala el
artículo 31 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a
la ejecutoria de esta providencia.

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Actor: Gustavo Darío López Mera

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala
en la sesión de la fecha.

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente Consejera de Estado
Consejero de Estado

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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