RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2023-03728-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-03728-01

Fecha
14 de septiembre de 2023
Consejero ponente
Rocio Araujo Oñate

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-03728-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 27 de julio de 2023 proferida por el Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A, por las razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, al día siguiente a su ejecutoria.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2023-03728-01

Consejero ponente: Rocio Araujo Oñate

14 de septiembre de 2023

Demandante: Marizon Caicedo Guapi
Demandados: Tribunal Administrativo del Meta y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2023-03728-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

MAGISTRADA PONENTE: ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Bogotá D.C., catorce (14) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-03728-01
Demandante: MARIZON CAICEDO GUAPI
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL META Y OTRO

Temas: Acción de tutela contra providencia judicial – inmediatez.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a pronunciarse sobre la impugnación presentada por la parte actora
contra la sentencia del 27 de julio de 2023 proferida por el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección A, que declaró la improcedencia de la acción.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

1. Con escrito radicado el 7 de julio de 2023 mediante correo electrónico, el señor
Marizon Caicedo Guapi, actuando en nombre propio, presentó acción de tutela contra
el Tribunal Administrativo del Meta y el Juzgado Cuarto Administrativo Oral de
Villavicencio, con el fin de que le fueran amparados los derechos fundamentales al
«debido proceso, dignidad humana, igualdad, mínimo vital y seguridad social.»

2. La parte actora consideró vulneradas las referidas garantías constitucionales con
ocasión de la sentencia del 16 de septiembre de 2021 proferida por el Tribunal
Administrativo del Meta, mediante la cual se confirmó la providencia del 13 de
noviembre del 2019 del Juzgado Cuarto Administrativo Oral de Villavicencio, que negó
las pretensiones de la demanda. Lo anterior, en el marco del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 50001-33-33-004-2018-00409-01,
instaurado contra la Nación, Ministerio de Defensa, Armada Nacional.

3. Como pretensiones solicitó que se tutelen sus derechos fundamentales y como
consecuencia de lo anterior, revocar la anterior decisión.

1

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Marizon Caicedo Guapi
Demandados: Tribunal Administrativo del Meta y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2023-03728-01

1.2. Hechos probados y/o admitidos

4. La solicitud de amparo se fundamentó en los siguientes hechos que, a juicio de la
Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia:

5. El señor Caicedo Guapi instauró demanda en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la Nación, Ministerio de Defensa,
Armada Nacional, para que se dejara sin efectos la Orden Administrativa de Personal
0613 del 8 de junio de 2018, «Por la cual se retira del servicio activo por Decisión del
Comandante de la Fuerza a un Infante de Marina Profesional de la Armada Nacional». Como
restablecimiento del derecho, solicitó el reintegro al cargo que ostentaba al momento
de retiro, sin solución de continuidad y que se le reconocieran y pagaran los
emolumentos dejados de percibir desde la fecha de retiro hasta que se produzca el
reintegro, además de una suma como indemnización por despido sin justa causa.

6. El Juzgado Cuarto Administrativo Oral de Villavicencio, en sentencia del 13 de
noviembre de 2019, negó las pretensiones formuladas en la demanda, para lo cual,
efectuó un recuento normativo y jurisprudencial sobre el retiro del servicio de los
miembros de las Fuerzas Militares por facultad discrecional, contenida en el Decreto
1793 de 2000, así como del material probatorio obrante en el expediente.

7. Luego de ello, concluyó que el acto de retiro se ciñó a las disposiciones legales y
constitucionales que reglamenta la situación. Lo anterior por cuanto, el retiro se
fundamentó en la recomendación del comandante de la correspondiente Unidad
Operativa por razones del servicio, pues contra el demandante cursaba una denuncia
por acoso sexual instaurada por otro Infante de Marina, además llegó tarde a prestar
guardia «tomando su fusil que no tenía asignado, situación que desencadenó un incidente
con el armamento resultando lesionado otro miembro de la institución; concluyendo la entidad
demandada que las conductas relatadas constituyen un riesgo para la Armada y una pérdida
de confianza en el demandante».

8. Inconforme con la decisión, la parte demandante interpuso recurso de apelación el
cual fue desatado por el Tribunal Administrativo del Meta, que en fallo del 16 de
septiembre de 2021 confirmó la decisión del a quo, por las mismas razones anotadas
y habida cuenta que, con el escaso material probatorio aportado al expediente no se
logró desvirtuar la presunción de legalidad de la que gozaba el acto administrativo
demandado.

La anterior decisión fue notificada el por correo electrónico el 27 de septiembre de
2020.

1.3. Fundamentos de la vulneración

9. El accionante consideró que el Tribunal Administrativo del Meta con ocasión de la
providencia del 16 de septiembre de 2021, proferida en el marco del proceso de nulidad
2

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Marizon Caicedo Guapi
Demandados: Tribunal Administrativo del Meta y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2023-03728-01

y restablecimiento del derecho vulneró sus derechos fundamentales «debido proceso,
dignidad humana, igualdad, mínimo vital y seguridad social», pues laboró como fusilero en
la Brigada de Infantería N.º 5 de Puerto Carreño- Vichada hasta el 8 de junio de 2018,
cuando llegó la orden de desacuartelamiento, por retiro del servicio en razón a la
facultad discrecional. Adujo que dicho desacuartelamiento, obedeció a que fue
acusado de acoso sexual y un supuesto retardo a recibir el servicio de guardia, sin que
se haya adelantado una investigación seria y objetiva al respecto. Que fue retirado sin
justa causa, pues nunca se enteró de los hechos, por lo que consideraba vulnerado su
derecho al debido proceso.

10. Afirmó el actor, que la sentencia que resolvió el asunto presentó un vicio de
incongruencia, porque vincularon a la Dirección de escuelas de la Policía Nacional,
quien nada tenía que ver con la controversia, aunado a que «no estudiaron en debida
forma los respectivos expedientes» y que lo narrado por la autoridad judicial en la parte
motiva de la providencia no se correspondía con la realidad de los hechos.

11. Señaló que fue condenado en costas en segunda instancia, como un hecho
victimizante que atribuye a su condición de persona LGBTI. Así lo expresó:

«La discriminación y la exclusión social son las principales causas por las que las
personas LGBTI tienen dificultades para acceder a la justicia.

No ostante sufrir la humillacion al ser despedido de las filas por la condicion
deshorrosa de ser una persona cuya diversidad sexual forma parte de una minoria
descriminada los compañeros y supeirores en una acto totalmente inhumano
decian toda clase de impropellos desde las sombras salir en esas condiciones no
me duele tanto si no la indominia de los tribunales que sin un un analisis lo
condenan a costas en un pais demostrando con este ultimo gesto donde empieza
la fobia en la justicia y es legalizada para castigar a un sewr humano que el unico
delito es ser diferente y cuyas Condiciones economicas son precarias.

En Colombia en el campo laboral se evidencia una gran discriminación hacia los
homosexuales, para quienes su sitio de trabajo suele convertirse en un lugar en el
que deben soportar burlas y chistes con mala intención...»1

1.4. Auto admisorio

12. Mediante auto del 11 de julio de 2023 se admitió la demanda de tutela y se dispuso
su notificación, a la parte accionante como al Juzgado Cuarto Administrativo Oral de
Villavicencio y al Tribunal Administrativo del Meta, como autoridades judiciales
accionadas. Igualmente, se ordenó vincular en calidad de tercero con interés a la
Nación, Ministerio de Defensa, Armada Nacional.

1
Transcripción literal con posibles errores ortográficos.
3

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Marizon Caicedo Guapi
Demandados: Tribunal Administrativo del Meta y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2023-03728-01

1.5. Intervenciones

Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, se presentaron las
siguientes intervenciones:

1.5.1. Juzgado Cuarto Administrativo de Villavicencio

13. Señaló que, de las gestiones desplegadas por dicho despacho no se observó
vulneración alguna a los derechos fundamentales invocados por el actor y,
adicionalmente, no se cumplió con el requisito de inmediatez para la procedencia de
la acción de tutela.

1.5.2. El Ministerio de Defensa, Armada Nacional

14. En primera medida se refirió al trámite del proceso ordinario y a las sentencias que
pusieron fin al mismo, expresando que las autoridades judiciales realizaron un estudio
juicioso del asunto, acorde con el ordenamiento jurídico.

15. Acotó que la acción de tutela presentada por el señor Marizon Caicedo Guapi, no
cumplía con el requisito de inmediatez ya que la providencia acusada fue notificada
por correo electrónico el 27 de septiembre de 2020 y la presente acción se radicó el 7
de julio de 2023, habiéndose superado el término razonable y prudencial de los 6
meses establecidos como regla general para presentar la acción de tutela contra
providencia judicial.

1.5.3. Tribunal Administrativo del Meta

16. Indicó que se remitía a las consideraciones de la providencia cuestionada, pues
esta contenía la fundamentación jurídica, normativa, jurisprudencial y fáctica,
analizada al momento de tomar la decisión del 16 de septiembre de 2021.

17. Adicionalmente, sobre los argumentos expuestos por la parte accionante, resaltó
que se estaba acudiendo al mecanismo constitucional como una tercera instancia, ya
que en la decisión del juez colegiado fueron expuestos los argumentos para confirmar
la sentencia de primera instancia.

18. Resaltó, que tales argumentos se soportaron en la normatividad aplicable al caso,
«cuestión distinta es que una jurisprudencia citada en la premisa jurídica aludía a las
diferencias entre las causales de retiro similar para las Fuerzas Militares y la Policía Nacional,
pero luego de citar las normas propias de la Fuerza a la que perteneció el demandante». Citó
el siguiente extracto de la sentencia:

4

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Marizon Caicedo Guapi
Demandados: Tribunal Administrativo del Meta y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2023-03728-01

1.6. Sentencia de primera instancia

19. El Consejo de Estado - Sección Segunda – Subsección A mediante fallo del 27 de
julio de 20232 declaró la improcedencia de la acción toda vez que no se superó el
requisito de inmediatez, porque la decisión cuestionada fue notificada por correo
electrónico el 27 de septiembre de 2021. No obstante, la acción de la referencia fue
interpuesta hasta el 7 de julio de 2023 «esto es, por fuera del término de los seis meses
previstos jurisprudencialmente».

1.7. Impugnación

20. La parte actora, con escrito allegado el 8 de agosto de 2023, inconforme con la
anterior decisión la impugnó y manifestó estar en desacuerdo con esta, por los mismos
argumentos plasmados en el escrito inicial. Además, adujo que se debía flexibilizar el
requisito de inmediatez ya que «se presentaron condiciones de tiempo y lugar, además de
existir una condición insalvable como lo es la muerte del señor abogado Diego Fernando
Salamanca, quien murió a causa del Covid 19», lo que lo dejó sin defensa técnica para
instaurar la acción de tutela.

21. Igualmente, indicó que era un sujeto de especial protección, ya que hace parte de
la comunidad LGBTI, cuyos derechos prevalecen, por lo que el Estado, la sociedad y
la familia debían brindarle una garantía especial en todos los ámbitos de su vida.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

22. Esta Sala es competente para conocer de la impugnación presentada por el señor
Caicedo Guapi contra la sentencia de primera instancia proferida el 27 de julio 2023
por el Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A, de conformidad con lo
establecido en los Decretos 2591 de 1991, 1069 de 2015 y 333 de 2021, así como en
el Acuerdo 080 de 2019.

2
Notificado el 10 de febrero de 2023.

5

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Marizon Caicedo Guapi
Demandados: Tribunal Administrativo del Meta y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2023-03728-01

2.2. Problema jurídico

23. Corresponde a la Sala dar respuesta a los siguientes interrogantes:

¿Se superan en el caso concreto los requisitos de procedibilidad adjetiva de la acción
de tutela contra providencia judicial?

24. De ser positiva la respuesta al interrogante anterior, la Sala analizará lo siguiente:

¿El Tribunal Administrativo del Meta vulneró los derechos fundamentales al «debido
proceso, dignidad humana, igualdad, mínimo vital y seguridad social»? Esto, con ocasión de
la sentencia del 16 de septiembre de 2021 proferida por el Tribunal Administrativo del
Meta, mediante la cual se confirmó la providencia del a quo, que negó las pretensiones
de la demanda, en el marco del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho,
mediante el cual se buscaba dejar sin efectos el acto administrativo que lo retiró de
servicio por facultad discrecional.

25. Para resolver los problemas jurídicos planteados, se analizarán los siguientes
temas: i) el criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de
tutela contra providencia judicial; ii) de los requisitos de procedibilidad adjetiva; y iii) el
caso en concreto.

2.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

26. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 20123
unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela
contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma Sala
Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema4 y declaró su procedencia.5

27. Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros para
realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) que tenga relevancia
constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez; iv)
subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y extraordinarios,
siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se
dice vulnerado. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos
presupuestos, se declara la improcedencia del amparo solicitado, sin que se analice
el fondo del asunto.

3
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 31.07.12., M.P. María
Elizabeth García González, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
4
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñado.
5
Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia.”
6

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Marizon Caicedo Guapi
Demandados: Tribunal Administrativo del Meta y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2023-03728-01

28. Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse
en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y
de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la
prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo o
razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente
en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.

29. Huelga manifestar que esta acción constitucional no puede ser considerada como
una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural. Bajo las
anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.4. Estudio sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva

2.4.1. Inmediatez6

30. Se ha insistido en que la acción de tutela debe presentarse en un plazo razonable7,
el cual debe ser ponderado por el juez en cada caso, pues de lo contrario se burlaría
el alcance jurídico establecido por el constituyente y se desvirtuaría su finalidad de ser
un medio de protección actual, inmediato y efectivo8.

31. De acuerdo con lo anterior, esta Sección9 ha considerado como plazo prudencial
el de seis (6) meses desde la ocurrencia del hecho generador – el cual es el día hábil
siguiente a la ejecutoria de la providencia judicial cuestionada- que da lugar a la
solicitud de protección y la presentación de esta, y cuando este es excesivo se declara
su improcedencia. No obstante, lo anterior, se analiza en cada caso concreto si median
razones suficientes que justifiquen el retardo, como para omitir su consideración y
entrar al fondo del debate jurídico planteado.

6
Al respecto consultar Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta,
Sentencia 27.02.20., M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, Rad. 11001-03-15-000-2020-00014-
00; Sentencia 27.02.20., M.P. Luis Alberto Álvarez Parra, Rad. 11001-03-15-000-2020-00400-00;
Sentencia 20.02.20., M.P. Luis Alberto Álvarez Parra, Rad. 11001-03-15-000-2020-00092-00; Sentencia
20.02.20., M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, Rad. 11001-03-15-000-2020-00179-00; Sentencia
20.02.20., M.P. Luis Alberto Álvarez Parra, Rad. 11001-03-15-000-2020-00141-00; Sentencia 20.02.20.,
M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2019-04788-01; Sentencia 13.02.20., M.P. Rocío
Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2020-00137-00; Sentencia 13.02.20., M.P. Rocío Araújo Oñate,
Rad. 11001-03-15-000-2020-00037-00; Sentencia 06.02.20, M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-
15-000-2019-05346-00; Sentencia 06.02.20, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, Rad. 11001-
03-15-000-2019-05202-00.
7
Dicho criterio fue expuesto por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 05.08.14,
Rad. 11001-03-15-000-2012-02201-01, Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina Productos
Alimenticios, M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez. Así mismo, reiterado entre otras en: Consejo de
Estado, Sección Quinta, Sentencia 26.02.15, Rad. 11001-03-15-000-2015-00045-00, M.P. Lucy
Jeannette Bermúdez Bermúdez; Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia 15.10.15, Rad. 11001-
03-15-000- 2015-01605-01, M.P. Alberto Yepes Barreiro.
8
Corte Constitucional, Sala Séptima de Revisión, Sentencia T-290 14.04.11., M.P. Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub.
9
Ver, entre otras, Sentencia 18.04.13, Rad. 11001-03-15-000-2012-01172-01, M.P. Susana Buitrago
Valencia; Sentencia 03.07.13, Rad. 11001-03-15-000-2012-01891-01, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez
Bermúdez; Sentencia 03.07.13, Rad. 11001-03-15-000-2013-00142-01, M.P. Alberto Yepes Barreiro;
Sentencia 21.09.16, Rad. 11001-03-15-000-2016-01549-01, M.P. Rocío Araújo Oñate.
7

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Marizon Caicedo Guapi
Demandados: Tribunal Administrativo del Meta y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2023-03728-01

32. En relación con aquellas circunstancias que justifican el retardo para promover la
acción de tutela en un término razonable, la Corte Constitucional en sentencia T-256
de 201510, cuya tesis es acogida por esta Sala como criterio auxiliar, indicó que la
acción de tutela será procedente «cuando fuere promovida en un extenso espacio entre el
hecho que generó la vulneración, siempre que: i) exista un motivo válido para la inactividad de
los accionantes, por ejemplo, el estado de indefensión, interdicción, abandono, minoría de
edad, incapacidad física, entre otros; ii) la inactividad injustificada vulnere el núcleo esencial
de los derechos de terceros afectados con la decisión; iii) exista un nexo causal entre el
ejercicio inoportuno de la acción y la vulneración de los derechos de los interesados; o iv)
cuando se demuestre que la vulneración es permanente en el tiempo y que, pese a que el
hecho que la originó es muy antiguo respecto de la presentación de la tutela, la situación
desfavorable del actor derivada del irrespeto por sus derechos, continúa y es actual11».

33. Respecto del acatamiento del requisito de inmediatez la Sala encuentra que este
no se encuentra superado. Lo anterior, por cuanto la sentencia del Tribunal
Administrativo del Meta que se acusa como vulneradora fue proferida el 16 de
septiembre de 2021, notificada mediante correo electrónico enviado el 27 de
septiembre del mismo año.

34. En tal sentido, sin que sea necesario establecer su fecha de ejecutoria y teniendo
en cuenta que la acción de tutela se radicó el 7 de julio de 2023, se advierte que
transcurrieron casi 2 años, plazo que no resulta razonable para esta Sala.

35. Se tiene que, la parte actora justificó la tardanza de la interposición de la acción
constitucional bajo los siguientes argumentos que se sintetizan: i) y que su apoderado
falleció debido al Covid 19, situación que lo dejó sin defensa técnica para instaurar la
acción de tutela, y; ii) que por pertenecer a la comunidad LGBTI es sujeto de especial
protección, cuyos derechos deben ser protegidos.

36. Esta Sala considera que no resulta de recibo el primer argumento toda vez que de
conformidad con lo expuesto en el artículo 1º del Decreto 2591 de 1991 12 «por el cual
se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política» la
acción de tutela, al ser un procedimiento preferente, sumario e informal, no exige la
presencia de un abogado para su interposición.

10
Corte Constitucional, Sala Octava de Decisión, Sentencia T-256 05.05.15, M.P. Martha Victoria
Sáchica Méndez.
11
“Ver sentencias T-1229 de 2000, T-684 de 2003, T-016 de 2006 y T-1044 de 2007, T- 1110 de 2005,
T-158 de 2006, T-166 de 2010, T-502 de 2010, T-574 de 2010, T-576 de 2010”.
12
“Artículo 1º: Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la
protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos
resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los
particulares en los casos que señale este Decreto. Todos los días y horas son hábiles para interponer
la acción de tutela.

8

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Marizon Caicedo Guapi
Demandados: Tribunal Administrativo del Meta y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2023-03728-01

37. En tal sentido, esta puede presentarse de manera directa por cualquier persona
que considere lesionados sus derechos fundamentales, aunado a que tampoco se
«requiere ser abogado, ni tener conocimientos jurídicos, ni mucho menos saber escribir, es
decir, la Constitución y la ley no exigen calidad alguna para el sujeto activo de la acción.
Inclusive, no es requisito esencial presentarla por escrito, la ley consagra la posibilidad de que
la misma se pueda incoar verbalmente en casos de urgencia o cuando el solicitante no sepa
escribir o sea menor de edad».13 Lo anterior cobra especial relevancia si se tiene en
cuenta que el actor instauró la acción de tutela en nombre propio, por lo que se advierte
que no era necesario, como él lo afirma, actuar mediante apoderado judicial.

38. Frente al segundo argumento, se tiene que La Corte Constitucional ha señalado
en diversas sentencias14 que las personas que hacen parte de la población LGBTI son
sujetos de especial protección constitucional, pues son un grupo históricamente
marginado y por tanto sometido a una discriminación estructural.

39. Por lo anterior, cuando se involucra la vulneración a los derechos fundamentales
de personas que pertenecen a dicha comunidad, el juez constitucional tiene la
obligación de asumir el estudio de estos casos con una especial sensibilidad
constitucional y compromiso con la dignidad humana, «aplicando criterios de enfoque
diferencial que obedezcan a la situación generalizada de vulnerabilidad y que tiendan a una
solución jurídica que contribuya a la superación de la misma.»

40. En tal sentido, si bien se ha aceptado que las personas pertenecientes a la
comunidad LGBTI son sujetos de especial protección, esta circunstancia por sí sola no
permite flexibilizar el estudio de este requisito, pues lo cierto es que ni del escrito de
tutela ni de la impugnación se advierte que por este hecho no haya podido elevar la
solicitud de amparo en tiempo, aunado a que no se demostró que se haya encontrado
en un estado de incapacidad, imposibilidad o de debilidad manifiesta que le hubiera
impedido comparecer ante el juez de tutela.

41. Igualmente, la Sala advierte que el accionante no allegó prueba sumaria alguna
que acreditara el nexo causal entre dicha situación y la imposibilidad de presentar
oportunamente la acción de tutela contra la decisión que considera fue vulneradora de
sus garantías constitucionales.

42. Frente al punto, se recuerda que, la Corte Constitucional en la sentencia T-031 del
8 de febrero de 2016, la cual representa criterio auxiliar para la Sala, manifestó que
para determinar la razonabilidad del tiempo, en procura de establecer si existe o no
una tardanza injustificada e irrazonable, se debía tener en cuenta la existencia de un
nexo causal entre el ejercicio tardío de la acción y la vulneración de los derechos del
interesado; lo que implica la existencia de un nexo causal entre dicha situación y la

13
T-493 del 28.06.2007
14
Ver, entre otras, las sentencias T-909 de 2011. M.P. Juan Carlos Henao Pérez; T-314 de 2011. M.P.
Jorge Iván Palacio Palacio; T-077 de 2016. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio, T-030 de 2017. M.P. Gloria
Stella Ortiz Delgado; y T-141 de 2017. M.P. María Victoria Calle Correa.

9

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Marizon Caicedo Guapi
Demandados: Tribunal Administrativo del Meta y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2023-03728-01

imposibilidad de presentar oportunamente la acción de tutela contra las decisiones que
se consideren fueron vulneratorias de derechos fundamentales.

43. Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala advierte que transcurrieron casi 2 años
entre la notificación de la providencia cuestionada y la interposición de este medio de
amparo. En ese orden de ideas y dado que la parte actora no justificó ninguna de las
excepciones anteriormente señaladas como criterios que flexibilizan el requisito de
inmediatez, se confirmará la improcedencia de la acción.

2.5. Conclusión

44. El tiempo que dejó transcurrir la parte accionante para alegar la vulneración de sus
derechos fundamentales, sin evidenciarse justificación razonable sobre el mismo,
desconoce el requisito de inmediatez y, por tanto, resulta improcedente la solicitud de
amparo.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 27 de julio de 2023 proferida por el Consejo
de Estado – Sección Segunda – Subsección A, por las razones expuestas en la parte
considerativa de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
al día siguiente a su ejecutoria.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
(Firmado electrónicamente)
Presidente

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
(Firmado electrónicamente)
Magistrada

10

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Marizon Caicedo Guapi
Demandados: Tribunal Administrativo del Meta y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2023-03728-01

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
(Firmado electrónicamente)
Magistrado

Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

11

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.