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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-03743-00

Fecha
28 de septiembre de 2023
Consejero ponente
Myriam Stella Gutierrez Arguello
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-03743-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA 1. Declarar la improcedencia de la acción de tutela promovida por WXYZ y otros, de conformidad con las razones expuestas en esta providencia. 12 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 11001-03-15-000-2023-03743-00 Demandante: WXYZ y otros 2. Ordenar a la Secretaría General de esta Corporación que restrinja el acceso al público del expediente digitalizado de tutela nro. 11001-03-15-000-2023- 03743-00, salvo este fallo. Lo anterior, de conformidad con los protocolos ideados por esa dependencia para tal fin. 3. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. 4. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado. 5. De no ser impugnada la presente providencia, enviarla a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2023-03743-00

Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello

28 de septiembre de 2023

Radicado: 11001-03-15-000-2023-03743-00
Demandante: WXYZ y otros

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá D.C., veintiocho (28) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2023-03743-00
Demandante WXYZ Y OTROS
Demandado TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN
TERCERA, SUBSECCIÓN C
Temas Acción de tutela contra providencia judicial. Causales Generales de
Procedibilidad. Relevancia constitucional. Medio de control de
reparación directa. Caducidad de la acción en eventos que
involucran crímenes de lesa humanidad- desaparición forzada.
Aplicación de la sentencia de unificación de 29 de enero de 2020 y
del artículo 164.2.i del CPACA.

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
Corresponde a la Sección Cuarta del Consejo de Estado, decidir en primera
instancia la acción de tutela instaurada por WXYZ y otros, de conformidad con lo
dispuesto por los Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021.

ANTECEDENTES

1. Pretensiones
El 10 de julio de 20231, WXYZ y otros2, por conducto de apoderado judicial,
interpusieron acción de tutela contra la Subsección C de la Sección Tercera del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Consideran que el auto del 30 de
noviembre de 2022, en el que la autoridad judicial confirmó la decisión de declarar
la caducidad de la acción en el proceso de reparación directa nro. 10013336-031-
2022-00126-01, vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso, a la
igualdad, al acceso a la administración de justicia, a la reparación integral y a la
integridad personal. En consecuencia, formularon las siguientes pretensiones3:
«Con fundamento en los hechos que sustenta la acción de tutela y los elementos de derecho,
en concordancia con el conjunto de Principios para la Protección y Promoción de los Derechos
Humanos, el derecho a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, así
como el derecho a un recurso judicial efectivo. Ruego su Señoría, aplicar los principios de
interpretación favorable en derechos Humanos para revocar la decisión de segunda instancia
promovido el día 30 de noviembre de 2022, notificada el día 11 de enero de 2023 proferida
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Magistrado Ponente: FERNANDO IREGUI
CAMELO, Expediente N° 2022-000126-01, y en su efecto:
1. Realizar el respectivo control de convencionalidad y constitucionalidad y TUTELAR los
derechos fundamentales a la igualdad, (artículo 13 CP y 24 de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos - CADH, al debido proceso y recurso judicial efectivo, artículos,
29 y 229 CP, garantía y protección judicial, artículos, 8 y 25 de la Convención, la Verdad,
la Justicia, y la Reparación.

1 La acción de tutela se radicó por correo electrónico dirigido al buzón de la Secretaría General del Consejo
de Estado. Consultado a través del sistema de gestión judicial del Consejo de Estado: SAMAI (índice 2).
2 No se hará referencia a los nombres de los accionantes, dado que algunos de ellos, según se relata en el
escrito de tutela, hacen parte de programas de protección de testigos en virtud de las investigaciones que
adelantan las autoridades del Estado por la desaparición y muerte del señor Carlos Alberto Barreto Ruiz.
Luego, se estima que su mención en la providencia podría vulnerar su derecho a la intimidad, integridad y
seguridad personal.
3 Páginas 27 y 28 de la acción de tutela. Expediente digitalizado. Samai, índice 2.
1

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-03743-00
Demandante: WXYZ y otros

2. Revocar el Auto de Segunda Instancia del día 30 de noviembre de 2022, notificada el día
11 de enero de 2023 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca -
Magistrado Ponente: FERNANDO IREGUI CAMELO, Expediente N° 2022-000126-01.
3. Ordenar al Tribunal Administrativo de Cundinamarca ADMITIR la demanda interpuesta
por el señor WXYZ y otros contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejercito
Nacional y otros.
4. En consecuencia, ORDENAR a la autoridad judicial accionada que, dentro del término de
que trata el decreto 2591 de 1991, expida una nueva decisión de reemplazo en la que se
tengan en cuenta las consideraciones expuestas, en relación con la caducidad del medio
de control de reparación directa, sin perjuicio del control de legalidad de los demás
requisitos.
5. Se guarde debida reserva de la información y documentos, ya que compromete la
vida y seguridad de los demandantes y sus familias.» (Sic para toda la cita)

2. Hechos

En el expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

2.1. El 3 de mayo de 2022, WXYZ y otros promovieron medio de control de
reparación directa contra la Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional,
Policía Nacional y Fiscalía General de la Nación, con la finalidad de que se
declarara su responsabilidad administrativa y patrimonial, por la desaparición
y posterior asesinato del señor Carlos Alberto Barreto Ruíz, hechos ocurridos
en los meses de enero y febrero de 2009, en el departamento del Huila.

En los antecedentes de la acción, se lee que el 29 de enero de 2009, cuando
se dirigía en vehículo al corregimiento de Bruselas, en cercanías del Batallón
de Infantería No. 27 “Magdalena”, el señor Barreto Ruíz fue detenido, junto con
su acompañante, por una patrulla adscrita a la Policía de Pitalito. También se
narra que fue obligado a subir a un vehículo particular y que su cuerpo fue
encontrado sin vida, con signos de violencia y en alto estado de
descomposición, el 11 de febrero de 2009, en el municipio de Oporapa, Huila.

Se informó que por estos hechos fueron adelantados dos procesos ante la
justicia penal ordinaria. Uno de ellos por los delitos de concierto para delinquir
agravado en concurso material heterogéneo con el delito de favorecimiento de
desaparición forzada y homicidio agravado, donde se designó como testigo
protegido a una de las personas aquí accionantes.
Finalmente, se informó que, el 17 de diciembre de 2019, la Jurisdicción
especial para la Paz JEP profirió resolución en la cual asumió el conocimiento
de la solicitud presentada por un agente de la fuerza pública, por los delitos de
concierto para delinquir agravado, desaparición agravada, tortura agravada y
homicidio agravado, cuya víctima fue Carlos Alberto Barreto Ruíz.
2.2. El conocimiento del asunto, en primera instancia, correspondió al Juzgado 31
Administrativo del Circuito Judicial de Medellín, bajo el radicado Nro. 11001-33-
36-031-2022-000126-00.

En auto del 22 de julio de 2022, el Juzgado rechazó la demanda en razón a
que encontró acreditado el fenómeno procesal de caducidad de la acción.
Como fundamento de su decisión, expuso que, en aplicación del artículo
164.2.i) del CPACA, el inicio del cómputo de caducidad para el evento de
desaparición forzada inicia desde el momento en que aparece la víctima, para
este caso: a partir del 10 de febrero de 2009. Luego, el término de interposición
oportuno de la acción feneció el 11 de febrero de 2011.

2.3. La parte demandante interpuso recurso de apelación con fundamento en los
siguientes argumentos:

2

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Radicado: 11001-03-15-000-2023-03743-00
Demandante: WXYZ y otros

(i) El daño antijurídico se configuró el 17 de diciembre de 2019, con la resolución
de la JEP. Pues fue en ese momento cuando un agente de la fuerza pública
solicitó someterse a esa jurisdicción por los delitos de tortura, homicidio y
desaparición del señor Barreto Ruíz. Antes de ese evento, las víctimas
indirectas no tenían certeza sobre los autores del ilícito.
(ii) El artículo 164.2 i) permite que el cómputo de la caducidad de la acción para los
eventos de desaparición forzada se cuente en cualquiera de dos momentos:
cuando aparezca la víctima o a partir del fallo penal definitivo. Solicita que en
este caso se tome la opción más favorable a los demandantes, es decir, la
segunda y como no ha terminado el proceso penal por los hechos, no ha
operado la caducidad.
(iii) El daño derivado del evento de desaparición forzada no está cobijado por el
fenómeno de caducidad de la acción por tratarse de crímenes de lesa
humanidad. En tal virtud, debe dejarse de lado el enfoque en exceso formalista
y hacer prevalecer los principios pro actione y pro homine.
(iv) En casos como el que se analiza, las víctimas indirectas suelen ser objeto de
intimidaciones que afectan la interposición oportuna de acciones judiciales.

2.4. En providencia del 30 de noviembre de 2022, la Subsección C de la Sección
Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca confirmó la decisión de
primera instancia que declaró la caducidad de la acción.

El Tribunal precisó que el cómputo de caducidad en el caso concreto debía
analizarse a la luz del artículo 164.2.i) del CPACA, del alcance que ha dado la
jurisprudencia contenciosa al fenómeno de la caducidad y de las reglas
establecidas en la sentencia de unificación de la Sección Tercera del Consejo
de Estado con radicación interna 61.033, para el cómputo de la caducidad en
casos que involucran delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra.

La autoridad judicial optó por aplicar un criterio más flexible para el cómputo
de la caducidad, considerando la manifestación de los demandantes sobre el
desconocimiento de la participación de agentes del Estado en los hechos. Así
pues, tomó como pauta para el cómputo de caducidad de la acción, el 16 de
diciembre de 2018, fecha en la que se acusó a un agente del Estado como
autor de los hechos que rodearon la desaparición y muerte de la víctima
directa. Esto comoquiera que los demandados fueron incluidos como víctimas
en el proceso penal.

Como argumento subsidiario, indicó que, aún si se tuviera como fecha de inicio
del cómputo de caducidad la del 17 de diciembre de 2019, la conclusión
también sería la caducidad de la acción. Esto, porque «el día 8 de junio de 2021, el
apoderado de la parte accionante, presentó solicitud de conciliación prejudicial, es decir
cuando había trascurrido 1 año, 5 meses y 22 días, término que se reanudó el 29 de julio de
2021 (constancia). Como la demanda fue presentada el 3 de mayo de 2022 (aproximadamente
9 meses después de emitida la constancia), se concluye que, aun admitiendo el mencionado
extremo temporal, el líbelo se instauró también fuera del término bienal que establece el
artículo 164 del CPACA.»

La notificación de la providencia se surtió en estado electrónico del 11 de enero
de 20234.

3. Fundamentos de la acción

Los accionantes alegaron que el auto del 30 de noviembre de 2022 vulneró sus
derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al acceso a la
administración de justicia, a la reparación integral y a la integridad personal, porque
el cómputo de la oportunidad de la demanda desconoció las particularidades

4 Información tomada de la consulta del proceso de reparación directa, segunda instancia, en Samai para
Tribunales Administrativos en el proceso nro. 11001333603120220012601, índice 6.
3

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Demandante: WXYZ y otros

fácticas del caso y la normativa nacional e internacional en la que debía fundarse.
A continuación, se relacionan los argumentos a partir de los cuales, la parte actora
sustentó la anterior afirmación.

En primer lugar, precisaron que el término de caducidad de la acción para el delito
de desaparición forzada tiene dos posibles interpretaciones, según deriva del inciso
segundo del artículo 164.2.i del CPACA. El cómputo puede iniciar desde el momento
en que aparece la víctima o desde la ejecutoria del fallo definitivo adoptado en el
proceso penal. En el caso particular, los jueces de instancia decidieron contar el
término de la caducidad desde el momento en que apareció la víctima, 11 de febrero
de 2009, por lo que concluyeron que el término feneció el 11 de febrero de 2011.
No obstante, debieron analizar la caducidad desde el escenario más favorable para
este caso, es decir, desde la ejecutoria de la sentencia penal y como aún no se ha
dictado, la conclusión razonable es que no ha operado la caducidad.

De otra parte, destacaron que en el caso particular era relevante que, atendiendo al
artículo 164.2.i del CPACA, no se computara la caducidad desde la ocurrencia del
hecho, sino desde el momento en que se tuvo conocimiento de este. En esa vía,
advirtieron que, aunque conocieron de los hechos de desaparición forzada y
asesinato, no sabían de la participación de agentes del Estado en los hechos; luego,
la caducidad no podía iniciar en el 2009.

En línea con lo anterior, indicaron que solo «al momento en que se hacen parte del proceso
que cursa en la JEP cuando advierten la participación de agentes del Estado en la desaparición y
muerte del señor Barreto. En el caso particular, el daño alegado por la parte demandante, se
configuró el día 17 de diciembre de 2019, conforme a la Resolución No. (…) de la misma fecha en
comento, expedida por la JEP, por cuanto puede verificar que el señor (…) en calidad de (miembro
de la fuerza pública), solicita someterse ante la Jurisdicción Especial para la Paz para contar la
verdad (…)».

Manifestaron que solo cuando una de las víctimas indirectas fue reconocida como
tal ante la JEP, pudieron conocer de la participación de agentes del Estado en los
hechos de desaparición forzada y homicidio analizados. En esa línea, mencionaron
que «ningún otro hecho o elemento material probatorio ha dado hasta el momento el conocimiento
de que agentes del Estado participaron en la desaparición y muerte del señor Barreto».

También indicaron que en el cómputo de la caducidad debió considerarse que,
después de la ocurrencia de los hechos de desaparición forzada y homicidio del
señor Carlos Alberto Barreto Ruíz, las víctimas indirectas fueron sometidas a
amenazas e intimidaciones, lo que las llevó al exilio y afectó la interposición
oportuna del medio de control.

Finalmente, como argumento subsidiario, señalaron que el fenómeno de caducidad
de la acción no debió aplicarse al caso particular debido a que el daño alegado tiene
relación con crímenes de lesa humanidad. En consecuencia, adujeron que la
decisión accionada desconoce el Pacto de San José de Costa Rica y que
correspondía a la autoridad judicial surtir control convencional de la norma de la
caducidad en el caso particular y hacer prevalecer los principios pro homine y pro
actione, y disponer la admisión de la demanda.

4. Trámite impartido e intervenciones

4.1. En auto del 14 de julio de 2023, el despacho ponente requirió al apoderado de
la parte actora para que aclarara y/o acreditara la representación que nueve
de los accionantes anunciaron tener respecto de las personas que fueron
relacionadas en el proveído.

4.2. La demanda se subsanó en los términos requeridos por el despacho ponente.
En consecuencia, en auto del 3 de agosto de 2023, se admitió la acción de
tutela interpuesta por WXYZ y otros contra la Subsección C de la Sección
4

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Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca; y se vinculó, en calidad
de terceros con interés, al Juzgado 31 Administrativo de Bogotá autoridad
judicial que conoció, en primera instancia, el proceso radicado bajo el Nro.
11001-33-36-031-2022-000126-00 y a la señora María Salazar, dada su
calidad de parte demandante en el mencionado proceso.

4.3. La Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, por conducto del ponente de la decisión, reiteró los
argumentos y pruebas que habían sido expuestos en el auto acusado y que a
su juicio justifican el cómputo de caducidad de la acción desde el 16 de
diciembre de 2018.

Agregó que no puede acogerse la tesis de cómputo de caducidad propuesta
por la accionante, según el cual solo puede iniciar el conteo con la ejecutoria
del fallo penal, situación que aún no se había dado en el caso particular,
porque ello implicaría «dejar a merced de las resultas del proceso penal el límite de tiempo
para obtener la satisfacción del derecho a la reparación ante la Jurisdicción Contencioso
Administrativo desconociendo por completo el mandato del legislador plasmado en el artículo
164 del CPACA».

4.4. El Juzgado 31 Administrativo Oral de Bogotá, a través de la secretaria del
despacho, aportó el expediente digitalizado del medio de control de reparación
directa nro. 1001-33-36-031-2022-00126-00/01 y la constancia de que la
existencia de este proceso constitucional se le notificó a la señora María
Salazar.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19915, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

2. La acción de tutela contra providencias judiciales

La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales,
y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa
excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos generales6
y especiales7 que deben cumplirse de forma estricta, para lo cual, se deben reunir
todos los requisitos generales, y por lo menos uno de los defectos o requisitos
especiales de la acción.

5 Decreto 2591 de 1991, Art. 1º: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo
momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su
nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos
resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los
particulares en los casos que señala este decreto”.
6 Los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i)
que el actor indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; ii) el accionante haya utilizado
todos los mecanismos judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de sus derechos
fundamentales (subsidiariedad); iii) que la acción se haya interpuesto en un término prudencial (inmediatez);
iv) que el asunto sea de evidente relevancia constitucional; v) que no se trate de una decisión proferida en
sede de tutela; vi) injerencia de la irregularidad procesal en la providencia atacada.
7 Los requisitos especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i)
defecto orgánico, ii) defecto procedimental, iii) defecto fáctico, iv) defecto material o sustantivo, v) defecto
por error inducido, vi) defecto por falta de motivación, vii) defecto por desconocimiento del precedente y viii)
defecto por violación directa de la Constitución.
5

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De manera pacífica y reiterada, la jurisprudencia constitucional8 ha indicado que
cuando se interpone la acción de tutela contra providencias judiciales, el examen de
los requisitos generales de procedencia debe realizarse con especial rigor, para no
desconocer los principios de autonomía e independencia judicial, y los de legalidad,
cosa juzgada y juez natural como elementos esenciales del derecho al debido
proceso. Por lo anterior, la procedencia de la acción contra providencias judiciales
exige un mayor rigor en la fundamentación del vicio que se atribuye a la sentencia
judicial objeto de tutela y que el análisis sobre el cumplimiento de los requisitos debe
restringirse únicamente a los argumentos planteados por los intervinientes en el
proceso.

3. Cuestión previa: de la reserva del expediente de tutela

En la pretensión quinta de la acción de tutela se solicitó la reserva de la información
y documentos que pudieran comprometer la intimidad, seguridad personal e
integridad de quienes conforman la parte activa de este proceso.

La Sala accederá a esta petición considerando la calidad de víctima que ha sido
reconocido algunos de los accionantes en los procesos que se adelantan por los
hechos de homicidio y desaparición forzada objeto de análisis. Asimismo, porque,
los documentos aportados a esta acción de tutela contienen (i) información sobre
los datos personales e incluso de contacto de los accionantes; (ii) algunos de ellos,
según indican, se sometieron a programas de protección de testigos, y (iii) al
expediente se anexó información sensible del proceso penal y del seguido ante la
JEP, que aún están en curso.

Así las cosas, la Sala ordenará a la Secretaría General de esta Corporación que,
restrinja, en el sistema de gestión de procesos SAMAI, la vista pública del
expediente de tutela nro. 11001-03-15-000-2023-03743-00, para que solo accedan a
aquel, las partes del proceso y las autoridades judiciales a quienes corresponde el
conocimiento de esta acción constitucional. Lo anterior, con excepción del fallo de
tutela, comoquiera que se trata de un documento público en el que, en todo caso,
se adoptarán las correspondientes medidas de protección de la información
sensible.

4. Planteamiento del problema jurídico

Por tratarse de una acción de tutela contra providencias judiciales, en primer lugar,
se surtirá el examen general de procedibilidad para determinar si la solicitud de
amparo supera los requisitos desarrollados por la jurisprudencia constitucional, en
especial, el de relevancia constitucional.

De superarse ese análisis preliminar, pasará a la Sala establecer si la Subsección
C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca incurrió en
desconocimiento de los derechos fundamentales de la parte accionante al confirmar
la decisión de caducidad de la acción en el medio de control de reparación directa
nro. 11001-33-36-031-2022-00126-00/01, sin considerar las situaciones particulares
del caso y la normativa sobre derechos humanos y derecho internacional
humanitario que permitían hacer un cómputo flexible de ese fenómeno procesal.

5. El presupuesto de relevancia constitucional: alcance y su análisis en el
caso individual

5.1. La jurisprudencia ha reiterado que, a fin de proteger la autonomía funcional y
la independencia judicial, los jueces de tutela no tienen competencia para

8 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-686 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Y Consejo
de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014. Proceso No.
11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). M.P. Jorge Octavio Ramírez R.
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reemplazar al juez de la causa y decidir sobre la controversia ordinaria. Su
labor, entonces, está orientada a proteger derechos fundamentales vulnerados
y a proferir órdenes encaminadas a su restablecimiento. Con base en esta
premisa, la procedencia de la tutela contra providencias judiciales está
condicionada a que el asunto sea de evidente relevancia constitucional.

Aunque no siempre es sencillo dilucidar la línea que separa aquellos casos
que son de relevancia constitucional y los que no, esta Sala de Decisión, a
partir de lo señalado por la Sala Plena del Consejo de Estado en Sentencia de
unificación de 5 de agosto de 2014 y por la Corte Constitucional en la
Sentencia T–248 de 2018, ha fijado algunos criterios orientadores para
determinar si una solicitud de amparo de tutela cumple o no con este requisito:

(i) Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o
vulneración de derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no
puede utilizarse para plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos
eminentemente económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones
se alejan del objeto de la acción de tutela.
(ii) Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la
relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales.
Debe tenerse en cuenta, para el efecto, que “no basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de
la tutela contra providencias judiciales”9. Es necesario que el interesado exponga
de manera clara las razones por las que considera que la providencia judicial
amenaza o vulnera los derechos fundamentales.
(iii) Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las
razones de la decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la
demanda de tutela debe referirse a las razones fundamentales de la decisión
cuestionada, deben tener relación con la ratio decidendi. De modo que pueda
abordarse el estudio con una expectativa de incidencia en el sentido de la propia
decisión cuestionada.
(iv) Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el
proceso ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está
concebida como un mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o
modificar los argumentos que dejaron de plantearse o proponerse ante el juez
natural.
(v) Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del
proceso ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más
informal que sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de
derechos fundamentales, su uso está proscrito cuando se emplea como si fuera
una instancia adicional del proceso ordinario.

La Corte Constitucional ha dicho que la relevancia constitucional es el primer
presupuesto genérico de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales. Su corroboración exige que el juez constitucional
evidencie de manera diáfana, que la cuestión que se presenta tiene una
marcada importancia constitucional que afecte derechos fundamentales.
Desde esta perspectiva, el presupuesto de relevancia constitucional lo que
persigue es que el juez de tutela evite inmiscuirse en asuntos que carezcan de
importancia iusfundamental y que corresponde decidir de manera exclusiva al
juez natural10.

De esta forma, conforme se indicó debe existir una coherencia lógica de los
planteamientos de las partes en relación con los asuntos puestos a

9 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014.
Radicado: 11001-03-15-000-2012-02201-01. C. P: Jorge Octavio Ramírez R. Demandante: Alpina
Productos Alimenticios S.A. Demandado: Consejo De Estado – Sección Primera.
10 Al respecto se pueden consultar las siguientes providencias de la Corte Constitucional: Su-139 de 2019, T-
422 de 2018, T- 715 de 2016, C-590 de 2005.
7

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consideración del juez natural, decididos por estos, y la supuesta vulneración
de derechos fundamentales como consecuencia de lo decidido o acontecido
en el respectivo proceso, pues la acción de tutela no puede ser utilizada para
adicionar, completar, modificar los argumentos que dejaron de plantearse ante
el juez de la causa.
En palabras de la Corte Constitucional, el deber de identificar de manera
razonable los hechos que generan la vulneración que se alega a través de la
presente acción, tiene su justificación en la medida en que “sí es menester que el
actor tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la
decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus derechos”11.

En línea con el último criterio de la relevancia constitucional, corresponde al
juez verificar que la tutela no se esté utilizando como si fuera una instancia
adicional al proceso en el cual se profirió la providencia atacada. Para tal
propósito, le corresponde estudiar si los cargos expuestos en el proceso en
que se profirió la providencia cuestionada y los desarrollados en el escrito de
tutela son iguales; y si estos fueron resueltos integralmente por el juez natural.

En caso de que se trate de los mismos argumentos y de que estos hayan sido
estudiados por el juez de la causa, es probable que el juez de tutela concluya
que el mecanismo constitucional se está empleando como una instancia
adicional. En este supuesto, se evidencia que lo perseguido por el tutelante es
insistir en los argumentos planteados ante el juez natural, con la esperanza de
que el juez de tutela, a diferencia del juez de la causa, sí acceda a sus
pretensiones.
5.2. Estudiados los antecedentes del caso individual, la Sala observa que los
argumentos de la acción de tutela son una reiteración de los expuestos en el
recurso de apelación dentro del proceso de reparación directa sub examine,
los cuales ya fueron debidamente estudiados y decididos por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, como se evidenciará más adelante.
Adicional a lo anterior, se observa que en el auto del 30 de noviembre de 2022,
la autoridad judicial accionada acogió una tesis más flexible para la
contabilización del término de caducidad, dadas las características del caso
particular, pero estos nuevos argumentos no fueron objeto de disenso en la
acción de tutela. Es más, en esta providencia judicial se indicó que, aún si en
gracia de discusión, se iniciara el cómputo de la oportunidad de la acción
desde la fecha defendida por los actores (tesis reiterada en la tutela),
subsistiría la decisión de caducidad, porque la radicación de la acción superó
el plazo razonable de dos años.
Entonces, si bien la Sala ha sido del criterio de analizar de fondo los casos en
los que se discute la posible vulneración del derecho al acceso a la
administración de justicia de víctimas del conflicto armado interno en casos de
caducidad de la acción, lo cierto es que las particularidades de este asunto no
permiten que se supere o flexibilice el requisito de relevancia constitucional.
Esto, comoquiera que en el escrito de tutela no se exponen argumentos de
inconformidad derivados de la providencia judicial que declaró en segunda
instancia la caducidad de la acción ni se alega que persiste una tesis arbitraria
o caprichosa en torno al plazo razonable de interposición de la demanda, sino
que, los accionantes fundamenta la petición de amparo en alegatos que se
alejan de la ratio de la providencia judicial censurada.
Esto impide que el juez constitucional analice la posible vulneración de los
derechos fundamentales en la providencia acusada a la luz de los cargos de

11 Sentencia C-590 del 8 de junio de 2005. Ponencia del doctor Jaime Córdoba Triviño.
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la acción de tutela, ya que no son coherentes con su contenido. Entonces, para
proceder con el análisis de fondo debería la Sala adelantar un juicio de
corrección12 sobre todos los argumentos de la providencia acusada y tal
ejercicio, como es sabido, desconoce la naturaleza de este mecanismo
constitucional.

5.3. En el siguiente cuadro se advierten las similitudes entre los argumentos de la
acción de tutela y los del recurso de apelación que los demandantes
interpusieron contra el auto del 22 de julio de 2022:

Escrito de tutela en el proceso nro. 2023- Recurso de apelación contra el auto del 22 de julio
03743-00 de 2022. Rad.2022-00126-01
«(…) el término de caducidad para el delito de «el término de caducidad para el delito de desaparición
desaparición forzada tiene dos posibles eventos o forzada tiene dos posibles eventos para su conteo: a
reglas para su conteo: a partir del día de aparición de partir del día de aparición de la víctima, lo cual se
la víctima o en su defecto desde la ejecutoria del fallo convierte en un dato histórico cierto y objetivo, del cual
definitivo adoptado en el proceso penal, lo que los se puede predicar los postulados generales para la
convierte en datos ciertos y objetivos del cual se caducidad de la simple acción de reparación directa.
puede predicar los postulados generales para la Ahora bien, de tenerse presente el postulado No. (1) el
caducidad de la simple acción de reparación directa. cuerpo del señor Barreto Ruiz, fue encontrado su
(…) Tanto el Despacho de primera como de segunda cuerpo el “11 de febrero de 2009, sobre el lecho del río
instancia argumentan su postura en esta regla, como Magdalena en la vereda Vega Grande, del municipio de
quiere que enfatizan en que el término de caducidad Oporapa (Huila). (…) Respecto al postulado No. (2), el
feneció el 11 de febrero de 2011. (…) Respecto a la proceso penal que cursa ante la Fiscalía 150 General
regla No. (2) (la ejecutoria del fallo definitivo adoptado de la Nación Especializada Delgada a cargo de la
en el proceso penal y que ha sido inaplicada por los Dirección Especializada Contra las Violaciones a los
Despachos accionados) la investigación penal que Derechos Humanos. (Ver folios 262 a 308 del
cursa ante la Fiscalía 150 General de la Nación expediente digital), aún no ha finalizado y la finalidad del
Especializada Delegada a cargo de la Dirección mismo predica en direccionar a determinar la
Especializada Contra las Violaciones a los Derechos responsabilidad de miembros de pertenecientes a las
Humanos, aún no ha finalizado y a la fecha no ha sido entidades del Estado. Conforme al postulado “o en su
posible determinar la responsabilidad penal del o los defecto” el legislador otorgó la potestad de escoger una
individuos participes por los hechos ya conocidos» de las dos posturas ya descritas, lo que lo hace una
figura optativa que puede ser elegida entre varias»
«para ejercer el medio de control de la reparación «Por otra parte, el segundo evento del artículo 164.2
directa deben tenerse en cuenta los siguientes literal i) inciso primero, “cuando el demandante tuvo o
supuestos para que opere la caducidad: (1) “al día debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha
siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de
causante del daño”; o (2) “de cuando el demandante haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia”, el
tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en cómputo de la caducidad ha sido estructurado a partir
fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de un criterio de ser conocido o tener conocimiento, y
de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia.” se configura cuando el hecho dañoso pudo haberse
(…) es sólo al momento en que se hacen parte del presentado en un momento determinado y sus
proceso que cursa en la JEP cuando advierten la repercusiones se manifestaron de manera externa a los
participación de agentes del Estado en la afectados, es decir, el término de caducidad inicia a
desaparición y muerte del señor Barreto. En el caso partir de cuándo el daño se hizo visible para quien lo
particular, el daño alegado por la parte demandante, padeció. En el caso que se cuestiona, el daño alegado
se configuró el día 17 de diciembre de 2019, conforme por la parte demandante, se configuró el día 19 de
a la Resolución No.

007852 de la misma fecha en diciembre de 2019, conforme a la Resolución No.
comento, expedida por la JEP, por cuanto puede 007852 de la misma fecha en comento, expedida por la
verificar que el señor NELSON HUMBERTO JEP, por cuanto se verificar que el señor NELSON
MURILLO MORALES, identificado con la C.C. No. HUMBERTO MURILLO MORALES, identificado con la
4.431.934, en calidad de patrullero de la Policía C.C. No. 4.431.934, en calidad de patrullero de la
Nacional (miembro de la fuerza pública), solicita Policía Nacional (miembro de la fuerza pública), solicita
someterse ante la Jurisdicción Especial para la Paz. someterse ante la Jurisdicción Especial para la Paz
(…)»
(…) el cómputo del término de caducidad, se debe de
contabilizar desde 18 de diciembre de 2019 (o
después de su ejecutoria), toda vez que de acuerdo a
la Resolución No. 007852 proferida por la JEP, fue
desde ese momento en el que se conoció que, el
hecho jurídico imputable fue cometido por agentes del
Estado; De tal manera que antes de este tiempo aun
teniendo presente que el cuerpo del señor Barreto
Ruiz, fue encontrado sin vida el día 11 de febrero de
2009, no se tenía certeza cuál era la parte pasiva
perpetradora o autores del delito de semejante crimen
de lesa humanidad»

12 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-022- de 2019: «(...) a acción de tutela contra sentencias judiciales
es un instrumento excepcional, dirigido a enfrentar aquellas situaciones en que la decisión del juez incurre en graves
falencias, de relevancia constitucional, las cuales tornan la decisión incompatible con la Constitución. En este sentido, la
acción de tutela contra providencias judiciales es concebida como un “juicio de validez” y no como un “juicio de corrección”
del fallo cuestionado[16], lo que se opone a que se use indebidamente como una nueva instancia para la discusión de los
asuntos de índole probatoria o de interpretación del derecho legislado, que dieron origen a la controversia, más aún
cuando las partes cuentan con los recursos judiciales, tanto ordinarios como extraordinarios, para combatir las decisiones
que estiman arbitrarias o que son incompatibles con la Carta Política.»
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Escrito de tutela en el proceso nro. 2023- Recurso de apelación contra el auto del 22 de julio
03743-00 de 2022. Rad.2022-00126-01
«Además, nótese el hecho victimizante de que los «Tampoco puede perderse de vista que, aun cuando se
familiares –en su mayoría los demandantes-, comenten los delitos perpetrados, los mismos suelen
recibieron amenazas de muerte de estos particulares estar seguidos de amedrentamiento generalizado con
narcotraficantes y se les previno de dejar la región amenazas que producen el claro propósito de generar
sino correrían la misma suerte de la víctima directa. pánico y terror en las víctimas, una vez que se conocen
Se anexan algunas resoluciones sobre el los detalles de lo ocurrido e impedir que ellas acudan a
desplazamiento forzado de que fueron víctimas y el la justicia y denuncien a los perpetradores.»
hecho de que tuvieron que salir hacia diferentes
partes del país protegiendo sus vidas y las de sus
familias (…)»
Como argumento subsidiario, indicó que el fenómeno «De lo anterior se puede concluir que, en el seno de las
de caducidad de la acción de debió aplicarse al caso Altas Cortes, como garantía del Estado hacia la
particular debido a que el daño alegado tiene relación dignidad del ser humano, De manera que, debido a la
con crímenes de lesa humanidad. En consecuencia, gravedad de estos asuntos, se determine que su
estima que la decisión accionada desconoce el Pacto carácter imprescriptible y la afectación masiva de los
de San José de Costa rico y que correspondía a la derechos involucrados no pueden estar sometidos bajo
autoridad judicial surtir control convencional de la el imperio de la caducidad, pese a haberse presentado
norma de la caducidad en el caso particular y hacer de forma extemporánea. Dicha postura la asumió el
prevalecer los principios pro homine y pro actione, y Consejo de Estado, al tratarse de delitos de lesa
disponer la admisión de la demanda. humanidad1 o graves violaciones a los derechos
humanos, no es viable aplicar la figura procesal de la
caducidad. El demandante podrá acudir en cualquier
momento ante la jurisdicción de lo contencioso
administrativo.»

5.4. Establecido lo anterior, la Sala observa que estos cargos, ya fueron resueltos
por la Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, tal como pasará a demostrarse.

5.4.1. En el auto del 30 de noviembre de 2022, el Tribunal acusado expuso que
la regla para el cómputo de la caducidad de la acción, cuando se persigue
la declaración de responsabilidad del Estado por una desaparición
forzada, es la establecida en el inciso segundo del artículo 164.2.i del
CPACA. Por lo que, en principio, la pauta para iniciar el conteo de la
caducidad en el caso particular era el 11 de febrero de 2009, cuando fue
encontrado muerto el señor Carlos Alberto Barreto Ruíz. Tal y como lo
indicó el a quo.

No obstante, considerando la manifestación de los demandantes de que
en esa fecha no tenían conocimiento de la participación de agentes del
Estado en los hechos ilícitos y, por lo tanto, no había surgido el interés
para demandar, el Tribunal optó por flexibilizar el cómputo de la
caducidad en aplicación de los principios pro actione y pro homine. Y en
esa vía en la providencia, se lee:
«No obstante, tal y como se ha señalado de manera pacífica la jurisprudencia, entre dos
interpretaciones posibles de una norma debe preferirse aquella que armonice con los
derechos constitucionales y tratados de derechos humanos, (…) dentro del respeto al
principio de favorabilidad o pro homine, según el cual, deben privilegiarse aquellas
hermenéuticas que sean más favorables a los derechos de la persona, y como quiera
que dentro de los hechos de la demanda se invoca que la familia del señor Carlos
Alberto Barreto Ruiz, “no tuvo noticia alguna de quiénes fueron o tuvieron participación
en los hechos que terminaron con la desaparición forzada y posterior muerte”, se
analizaran las pruebas allegadas a efectos de dar un tratamiento favorable al conteo de
la caducidad, así:
De las limitadas pruebas allegadas al plenario esta Corporación pudo establecer que el
día 16 de diciembre de 2018, ya se contaba con escrito de acusación que en palabras
de la normativa penal se presenta por parte del fiscal ante el juez competente para
adelantar el juicio (…), el acusado para el caso concreto era un [agente de la Fuerza
Pública] lo cual permite probatoriamente establecer que, para ese momento, los
afectados conocían o debieron conocer la participación por acción u omisión del Estado
en los delitos investigados, y advirtieron la posibilidad de imputarle responsabilidad
patrimonial; es claro que si [quien] figuraba como víctima dentro del respectivo proceso,
tenía conocimiento de la vinculación de agentes del Estado con los execrables hechos
de desaparición y homicidio (…), se encontraba entonces en situación jurídica idónea

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para promover las acciones de reparación originadas por tales hechos.» 13 (Negrita de
la Sala)

Conforme a lo anterior, concluyó que en este escenario más flexible se
mantiene la decisión de caducidad de la acción, dado que el lapso de
interposición oportuna de la acción transcurrió entre el 17 de diciembre
de 2018 y el 17 de diciembre de 2020, pero la demanda se radicó el 3 de
mayo de 2023.

5.4.2. Como argumento subsidiario, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca expuso que, aun si se tomara como parámetro de inicio
de la caducidad la fecha sugerida por la parte demandante, la
consecuencia seguiría siendo, la caducidad de la acción.
Esta afirmación se sustentó en las siguientes consideraciones:
«(…) si se admitiera, como lo solicita el apelante, que se tome el término de caducidad
desde la Resolución No. (…) del 17 de diciembre de 2019, de la Jurisdicción Especial
Para la Paz se tiene que el término empezaría a correr desde el 18 de diciembre de
2019; de las documentales allegadas al proceso, se observa que el día 8 de junio de
2021, el apoderado de la parte accionante, presentó solicitud de conciliación prejudicial,
es decir cuando había trascurrido 1 año, 5 meses y 22 días, término que se reanudó el
29 de julio de 2021 (constancia). Como la demanda fue presentada el 3 de mayo de
2022 (aproximadamente 9 meses después de emitida la constancia), se concluye que,
aun admitiendo el mencionado extremo temporal, el líbelo se instauró también fuera del
término bienal que establece el artículo 164 del CPACA.» 14

5.4.3. Relativo al argumento de que la caducidad de la acción solo se puede
computar desde la ejecutoria de la sentencia penal, el Tribunal expuso
que la operancia de esa figura procesal no podía dejarse «a merced de las
resultas del proceso penal el límite de tiempo para obtener la satisfacción del derecho
a la reparación ante la Jurisdicción Contencioso Administrativo, desconociendo por
completo el mandato del legislador plasmado en el artículo 164 del CPACA.»

5.4.4. Finalmente, la autoridad accionada también descartó el argumento
subsidiario de inaplicación del cómputo de caducidad en el caso
particular, considerando que se trata de un delito de lesa humanidad.

Al respecto, indicó que « la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado
en la sentencia de unificación proferida el 29 de enero de 2020, determinó claramente
un conteo diferente de caducidad en asuntos relacionados con el delito de desaparición
forzada y concluyó que en las pretensiones indemnizatorias formuladas con ocasión de
los delitos de lesa humanidad o los crímenes de guerra, sí resultan aplicables las reglas
de caducidad previstas para el medio de control de reparación directa, criterio avalado
por la Corte Constitucional en sede de revisión de tutela en la sentencia SU - 312 del
13 de agosto de 2020»15

5.5. Como se ve, todos los argumentos que fueron expuestos en la acción de tutela
se analizaron y resolvieron en el auto del 30 de noviembre de 2022. Tanto así
que, frente a la acusación de la aplicación rígida y rigurosa de la figura de la
caducidad, al tener como parámetro la fecha en que apareció la víctima de
desaparición forzada (11 de febrero de 2009), el Tribunal optó por un cómputo
más flexible en prevalencia de los principios pro actione y pro homine.
Bajo ese rasero, procedió con el análisis de las pruebas que se habían
aportado con la demanda y concluyó que la parte actora conoció la posible
participación de agentes del Estado en los hechos delictivos desde el 16 de
diciembre de 2018.

13 Archivo denominado “16. Decisión Tribunal” dentro del expediente digitalizado del medio de control de
reparación directa nro. 11001-33- 36-031-2022-00126-00/01. Samai, índice 16
14 Ibidem.
15 Ibidem.
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No obstante, esta nueva tesis de cómputo de caducidad que atiende a la
información que deriva de los medios de prueba del proceso, no fue discutida
en la acción de tutela.

Los accionantes no hicieron referencia alguna a este razonamiento del
Tribunal que, por demás, constituye el argumento principal de la decisión de
confirmar la caducidad de la acción. Más bien, la parte actora se limita a
reiterar los argumentos de la apelación, pero alejada de la ratio de la
providencia que ataca.

La misma omisión se extiende al argumento contenido en el auto del 30 de
noviembre, según el cual, aún si el cómputo se iniciara desde la fecha
propuesta por el actor (17 de diciembre de 2019), también se materializaría el
fenómeno de caducidad de la acción.

5.6. Así las cosas, es claro que la acción de tutela no supera el requisito de
relevancia constitucional, dado que (i) se toma como una instancia adicional
para reiterar los argumentos de la apelación, ya resueltos por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca; y porque (ii) los argumentos de la solicitud
de amparo no se acompasan con las razones de la decisión objeto de tutela.

5.7. De otra parte, es pertinente recordar que la jurisprudencia constitucional ha
dicho que la acción de tutela contra providencias judiciales no se instituyó
como un análisis de las mejores razones entre las expuestas en la decisión
atacada y la interpretación sostenida por el tutelante, en tanto que no obedece
a su naturaleza y propósito.

De ahí que la simple disparidad de criterio no constituye en sí misma una
vulneración de derechos fundamentales. De aceptar esa posibilidad, se
desnaturalizaría la acción de tutela contra providencias judiciales, como
mecanismo excepcional. Es por tal motivo, que de manera reiterada se ha
sostenido que cuando se controvierten decisiones judiciales, la procedencia
del amparo está sujeto a que el asunto sea de tal relevancia en materia
constitucional, que se logre apreciar sin mayor esfuerzo una vulneración
grosera o de bulto, lo que no ocurre en este caso.

Es importante recordar que al cuestionar una decisión proferida por un juez
mediante la acción de tutela automáticamente entran en juego los principios
de independencia, autonomía funcional y juez natural. Por consiguiente, a fin
de encontrar un equilibrio entre la posibilidad de dejar una decisión judicial sin
efectos y tales principios es imperativo que se cumplan con rigor cada uno de
los requisitos generales señalados jurisprudencialmente, incluyendo la
relevancia constitucional.

6. Por las razones expuestas, la Sala concluye que en el caso individual la
solicitud de amparo no satisface el requisito de relevancia constitucional y, en
consecuencia, declarará la improcedencia de la acción de tutela.

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Declarar la improcedencia de la acción de tutela promovida por WXYZ y
otros, de conformidad con las razones expuestas en esta providencia.

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2. Ordenar a la Secretaría General de esta Corporación que restrinja el acceso
al público del expediente digitalizado de tutela nro. 11001-03-15-000-2023-
03743-00, salvo este fallo. Lo anterior, de conformidad con los protocolos
ideados por esa dependencia para tal fin.

3. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.

4. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.

5. De no ser impugnada la presente providencia, enviarla a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase,

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidenta

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA WILSON RAMOS GIRÓN

13

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