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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-03743-01

Fecha
30 de noviembre de 2023
Consejero ponente
Luis Alberto Álvarez Parra

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-03743-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 28 de septiembre de 2023 proferida por el Consejo de Estado, Sección Cuarta, por medio de la cual se DECLARÓ LA IMPROCEDENCIA del mecanismo de amparo. En su lugar, NEGAR EL AMPARO SOLICITADO. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros vinculados en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2023-03743-01

Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

30 de noviembre de 2023

Demandantes: WXYZ y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección C
Radicado: 11001-03-15-000-2023-03743-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente (E): LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá D.C., treinta (30) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación N.º: 11001-03-15-000-2023-03743-01
Demandantes: WXYZ Y OTROS
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,
SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN C

Temas: Tutela contra providencia judicial – víctimas de delitos de lesa
humanidad como sujetos de especial protección constitucional

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala resuelve la impugnación interpuesta por la parte actora contra la sentencia
del 28 de septiembre de 2023, dictada por el Consejo de Estado, Sección Cuarta
mediante la cual declaró improcedente el amparo solicitado.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

Con escrito enviado por correo electrónico el 10 de julio de 2022 al buzón web de la
Secretaría General del Consejo de Estado, los señores WXYZ y otros1, actuando a
través de apoderado judicial, ejercieron acción de tutela contra el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, con el fin de que
sean amparados sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, de
acceso a la administración de justicia, a la reparación integral y a la integridad
personal.

La actora consideró vulneradas las referidas garantías constitucionales, con ocasión
del auto proferido por la autoridad demandada el 30 de noviembre de 2022,
mediante el cual confirmó la decisión dictada por el Juzgado 31 Administrativo Oral
del Circuito Judicial de Bogotá que declaró la caducidad del medio de control de
reparación directa con radicado 10013336-031-2022-00126-00/01 presentado por
los actores contra la Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional, la Policía

1 En sentencia de primera instancia, la Sección Cuarta del Consejo de Estado anonimizó a los actores

debido a que algunos de ellos hacen parte del programa de protección a testigos en virtud de
investigaciones que adelantan las autoridades del Estado por la desaparición y muerte del señor
Carlos Alberto Barreto Ruiz. Por tanto, estimó que su mención en la providencia podría vulnerar su
derecho a la intimidad, integridad y seguridad personal. De conformidad con ello, esta sala de
decisión tampoco hará referencia a los nombres de los tutelantes.

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Demandante: WXYZ y otros
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
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Nacional y la Fiscalía General de la Nación.

1.2. Pretensión

Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos
fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió:

Con fundamento en los hechos que sustenta la acción de tutela y los elementos
de derecho, en concordancia con el conjunto de Principios para la Protección y
Promoción de los Derechos Humanos, el derecho a la verdad, la justicia, la
reparación y las garantías de no repetición, así como el derecho a un recurso
judicial efectivo. Ruego su Señoría, aplicar los principios de interpretación
favorable en derechos Humanos para revocar la decisión de segunda instancia
promovido el día 30 de noviembre de 2022, notificada el día 11 de enero de
2023 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Magistrado
Ponente: FERNANDO IREGUI CAMELO, Expediente N° 2022-000126-01, y en
su efecto:

1. Realizar el respectivo control de convencionalidad y constitucionalidad y
TUTELAR los derechos fundamentales a la igualdad, (artículo 13 CP y 24
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos - CADH, al debido
proceso y recurso judicial efectivo, artículos, 29 y 229 CP, garantía y
protección judicial, artículos, 8 y 25 de la Convención, la Verdad, la Justicia,
y la Reparación.
2. Revocar el Auto de Segunda Instancia del día 30 de noviembre de 2022,
notificada el día 11 de enero de 2023 proferida por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca - Magistrado Ponente: FERNANDO IREGUI CAMELO,
Expediente N° 2022-000126-01.
3. Ordenar al Tribunal Administrativo de Cundinamarca ADMITIR la demanda
interpuesta por el señor WXYZ y otros contra la Nación – Ministerio de
Defensa Nacional – Ejercito Nacional y otros.
4. En consecuencia, ORDENAR a la autoridad judicial accionada que, dentro
del término de que trata el decreto 2591 de 1991, expida una nueva decisión
de reemplazo en la que se tengan en cuenta las consideraciones expuestas,
en relación con la caducidad del medio de control de reparación directa, sin
perjuicio del control de legalidad de los demás requisitos.
5. Se guarde debida reserva de la información y documentos, ya que
compromete la vida y seguridad de los demandantes y sus familias.».2

1.3. Hechos probados y/o admitidos

La Sala encontró demostrados los siguientes supuestos fácticos relevantes para la
decisión que se adoptará en la sentencia:

El 29 de enero de 2009, el señor Carlos Alberto Barreto Ruiz se dirigía hacia el
Corregimiento de Bruselas del municipio de Pitalito (Huila) y fue detenido por
miembros de la Policía Nacional, quienes le «ordenaron […] que descendiera del
vehículo para practicarle una requisa». En dicho momento llegaron al lugar 3
personas en un automóvil «quienes, de común acuerdo con la Policía, [lo] obligaron
a abordar el vehículo».

2 Transcripción del texto original con posibles errores.

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El señor Barreto Ruíz «fue dirigido a las instalaciones del Batallón de Infantería No.
27 “Magdalena”», lugar en el que habría sido «torturado y desaparecido de manera
forzada».

El 11 de febrero de 2009, fue encontrado sin vida el cuerpo del señor Barreto Ruiz,
en la vereda Vega Grande del municipio de Orapa (Huila), en inmediaciones del río
Magdalena. Aquel presentaba signos de tortura y avanzado estado de
descomposición.

Una de las actoras radicó denuncia por la desaparición forzada y muerte del señor
Barreto Ruiz. Por estos hechos, actualmente se adelantan 3 investigaciones
penales ante distintas autoridades judiciales.

El 17 de diciembre de 2019, la Jurisdicción Especial para la Paz (de ahora en
adelante, JEP) profirió una resolución por medio de la cual asumió el conocimiento
de la solicitud presentada por un agente de la Policía Nacional por los delitos de
concierto para delinquir, desaparición forzada, tortura y homicidio agravado, de los
cuales fue víctima el señor Barreto Ruiz. Este proceso se encuentra en la etapa de
instrucción.

El 3 de mayo de 2022, los demandantes interpusieron demanda en ejercicio del
medio de control de reparación directa contra la Nación, Ministerio de Defensa,
Ejército Nacional, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, con el fin
de que se les declarara responsables por los daños y perjuicios ocasionados con
motivo de los delitos perpetuados contra el señor Barreto Ruiz.

Mediante auto del 22 de julio de 2022, el Juzgado 31 Administrativo Oral del Circuito
Judicial de Bogotá rechazó la demanda al encontrar configurado el fenómeno
procesal de la caducidad del medio de control. Como fundamento de su decisión,
expuso que en aplicación del numeral 2 del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011, el
cómputo de caducidad en los casos de desaparición forzada se debe contabilizar
desde el momento de la aparición del cuerpo sin vida de la víctima de la víctima.
Argumentó que, en el caso en particular, esto habría ocurrido el 11 de febrero de
2009 y, por tanto, el término oportuno de interposición de la demanda feneció el 11
de febrero de 2011.

Inconformes con ello, los actores presentaron recurso de apelación. Arguyeron que
el daño antijurídico se configuró el 17 de diciembre de 2019 con la resolución de la
JEP, debido a que fue en ese momento cuando un agente de la fuerza pública
decidió someterse a dicha jurisdicción por los delitos de tortura, homicidio y
desaparición forzada de los cuales fue víctima el señor Barreto Ruiz. Agregaron que,
antes de ello, no se tenía certeza sobre la autoría del ilícito.

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Sostuvieron que, de conformidad con el numeral 2 del artículo 164 de la Ley 1437
de 2011, la caducidad en los casos de desaparición forzada puede contabilizarse
desde el momento en que aparezca la víctima o a partir del fallo penal definitivo. De
tal forma, solicitaron que se aplicara la opción más favorable para los actores y, por
tanto, se tomara en consideración que no había operado la caducidad, puesto que
el proceso penal sigue en curso.

Adujeron que, al tratarse de un crimen de lesa humanidad, el daño derivado de una
desaparición forzada no está cobijado por el fenómeno de la caducidad de la
demanda. Por tanto, añadieron que en el asunto debían prevalecer los principios
pro actione y pro homine. Pusieron de presente que en tales situaciones, las
víctimas indirectas suelen ser objeto de intimidaciones que afectan la interposición
oportuna de las acciones judiciales.

A través de providencia del 30 de noviembre de 2022, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C confirmó la decisión de primera
instancia. Precisó que, en el caso estudiado, el cómputo de la caducidad debía
analizarse de acuerdo con el numeral 2 del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011, lo
contemplado por la jurisprudencia en relación con la caducidad y le sentencia de
unificación del 29 de enero de 20203, proferida por la Sección Tercera del Consejo
de Estado y mediante la cual se establecieron reglas para el cómputo de este
fenómeno procesal en las situaciones que involucran delitos de lesa humanidad y
crímenes de guerra.

Consideró que era necesario aplicar un criterio más flexible para el análisis de la
caducidad, dado que los demandantes desconocieron durante un período de tiempo
la participación de los agentes del Estado en el crimen impetrado. Por tanto, tomó
como pauta para la contabilización del término el 16 de diciembre de 2018, fecha
en la que se acusó a un agente estatal como autor de tales hechos y en la que se
tuvo como víctimas a los accionantes en el proceso penal.

Argumentó que, a partir de dicha fecha, se podía establecer probatoriamente que
los afectados conocían o debieron conocer la participación por acción u omisión del
Estado en los hechos que rodearon la muerte del señor Barreto Ruiz y pudieron
advertir la posibilidad de imputarle la responsabilidad patrimonial.

A su vez, afirmó que si se admitiera como fecha de inicio del cómputo de caducidad
la de la resolución de la JEP, esto es, del 17 de diciembre de 2019, se tendría que
tomar la misma decisión. Esto, pues el 8 de junio de 2021, la parte actora presentó
solicitud de conciliación prejudicial y, en esta fecha, habían transcurrido 1 año, 5
meses y 22 días. El término de caducidad se habría reanudado el 29 de julio de
2021, fecha de la constancia de no acuerdo y, dado que la demanda fue presentada

3 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena. Sentencia

del 29.01.20. M.P. Marta Nubia Velásquez Rico. Expediente: 85001-33-33-002-2014-00144-01
(61.033).

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el 3 de mayo de 2022, era necesario concluir que aún bajo dicho estudio, no se
cumplía con el tiempo requerido para radicar el medio de control.

La sentencia cuestionada se notificó por estado electrónico el 11 de enero de 2023.

1.4. Sustento de la vulneración

La parte actora expuso que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Tercera, Subsección C, al confirmar el auto proferido por el Juzgado 31
Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bogotá, vulneró sus garantías
constitucionales por los argumentos que a continuación se exponen.

Precisó que el término de caducidad de la acción para el delito de desaparición
forzada cuenta con las dos siguientes posibilidades, de conformidad con el numeral
2, literal i, inciso 2.º del artículo 1644 de la Ley 1437 del 2011: desde que aparece la
víctima o desde la ejecutoria del fallo definitivo adoptado en el proceso penal.

Alegó que, en el caso en particular, los jueces de instancia contaron el término de
caducidad desde el momento en que apareció la víctima, esto es, el 11 de febrero
de 2009 y, en tal sentido, concluyeron que el tiempo con el que se contaba feneció
el 11 de febrero de 2011. Sostuvo que, sin embargo, se debió llevar a cabo el estudio
de la caducidad desde el escenario más favorable, esto es, empezar la
contabilización del término desde la ejecutoria de la sentencia final y, de tal forma,
concluir que este fenómeno procesal no ha operado, dado que aún no se ha dictado
el respectivo fallo.

Puso de presente que, de conformidad con la norma en cita, se podía computar la
caducidad desde el momento en que se tuvo conocimiento del hecho generador del
daño; señaló que, a pesar de que conocieron los hechos de desaparición forzada y
homicidio, no tenían certeza de la participación del Estado en tal caso y, por tanto,
el término no podía contarse desde el 2009.

En este orden de ideas, indicó que desde el momento en que hicieron parte del
proceso que cursa ante la JEP advirtieron que agentes estatales participaron en los
delitos perpetrados contra el señor Barreto Ruiz. Por tanto, a su juicio, el daño
alegado se configuró el 17 de diciembre de 2019, pues fue en esta fecha en la que
se profirió la resolución por medio de la cual se asumió el conocimiento de la petición
presentada por un agente de la Policía Nacional por medio de la cual solicitó
someterse a tal jurisdicción por tales hechos.

4 «Sin embargo, el término para formular la pretensión de reparación directa derivada del delito de

desaparición forzada, se contará a partir de la fecha en que aparezca la víctima o en su defecto
desde la ejecutoria del fallo definitivo adoptado en el proceso penal, sin perjuicio de que la demanda
con tal pretensión pueda intentarse desde el momento en que ocurrieron los hechos que dieron lugar
a la desaparición».

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Manifestó que solo cuando una de las víctimas indirectas fue reconocida como tal
ante la JEP, tuvieron conocimiento de la participación del Estado en los hechos de
desaparición forzada y homicidio estudiados. Por tanto, sostuvo que no existía
ninguna otra prueba que le permitiera contar con dicha certeza.

Enfatizó que varios de los demandantes fueron víctimas de amenazas «y se les
previno de dejar la región, si no, correrían la misma suerte de la víctima directa».
Anexaron algunos documentos que acreditaban que este desplazamiento tuvo lugar
en el 2009, a diferentes partes del país, posterior a los hechos de desaparición y
homicidio del cual fue víctima el señor Barreto Ruiz. Agregó que estas personas
pasaron a vivir en distintas regiones del país, después de residir en el departamento
del Huila. Al respecto, manifestó:

En sana lógica, nadie que estime huir para proteger su vida está en la
posibilidad de acudir a la jurisdicción, previo el otorgamiento de poderes,
recolección de información, verificación de los actores y otras cuestiones, más
cuando está probado que lo que hicieron los agentes del Estado fue ocultar la
verdad con el uso de la fuerza con la comisión de delitos de lesa humanidad.

De forma subsidiaria, señaló que el fenómeno de la caducidad no debió aplicarse al
caso en particular debido a que el daño ocasionado está relacionado con crímenes
de lesa humanidad. Sostuvo que, en consecuencia, la autoridad judicial accionada
desconoció el Pacto de San José de Costa Rica y el sistema convencional de
derechos humanos, lo que a su vez implicaba un incumplimiento con su deber de
surtir el debido control de convencionalidad de la norma de caducidad en el caso en
particular y, de tal forma, hacer prevalecer los principios pro homine y pro actione y,
por tanto, admitir la demanda del medio de control de reparación directa.

1.5. Admisión de la demanda

La magistrada ponente de la decisión de primera instancia, mediante auto del 3 de
agosto de 2023: i) admitió la demanda; ii) ordenó notificar al Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, y iii) vinculó, en calidad de
terceros con interés al Juzgado 31 Administrativo Oral del Circuito Judicial de
Bogotá y a la señora María Salazar.

1.6. Intervenciones

1.6.1. Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección
C

La autoridad judicial demandada reiteró los argumentos expuestos en el auto
cuestionado y que, a su juicio, sustentaron el cómputo de la caducidad desde el 16
de diciembre de 2018. Agregó que no es posible acoger la tesis propuesta por la
parte tutelante, según la cual, la contabilización del respectivo término inicia solo
con la ejecutoria del fallo penal pues esto implicaría condicionar al resultado del

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proceso penal «el límite de tiempo para obtener la satisfacción del derecho a la
reparación ante la Jurisdicción Contencioso Administrativo desconociendo por
completo el mandato del legislador plasmado en el artículo 164 del CPACA».

1.6.2. Juzgado 31 Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bogotá

El tercero vinculado aportó el expediente del medio de control de reparación directa
y se abstuvo de pronunciarse en relación con la controversia constitucional
estudiada.

A pesar de haber sido debidamente notificada, la señora María Salazar guardó
silencio.

1.7. Sentencia de primera instancia

Por medio de fallo proferido el 28 de septiembre de 2023, la Sección Cuarta del
Consejo de Estado declaró la improcedencia de la acción de tutela al no encontrar
superado el requisito de relevancia constitucional.

Precisó que la parte actora reiteró los argumentos expuestos en el recurso de
apelación interpuesto en el proceso de reparación directa, los cuales ya fueron
debidamente estudiados por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

Expuso detalladamente los motivos que fundamentaron la decisión cuestionada
mediante esta acción constitucional y sostuvo que los cargos formulados por los
tutelantes ya fueron resueltos mediante una aplicación flexible de la figura de la
caducidad en la que el juez dio prevalencia a los principios pro actione y pro homine.

Consideró que en el auto del 30 de noviembre de 2022, la demandada acogió un
criterio más flexible para la contabilización del término de caducidad, dadas las
características del caso en particular y agregó que estos argumentos no fueron
controvertidos por los tutelantes. Señaló que en el escrito de tutela no se expusieron
nuevas razones de inconformidad derivadas de la providencia judicial que confirmó
la caducidad de la acción ni se alegó que, en este auto, persistía una tesis arbitraria
o caprichosa en relación con el plazo razonable de interposición de la demanda.

La sentencia de primera instancia fue notificada por correo electrónico el 4 de
octubre de 2023.

1.8. Impugnación

Mediante memorial remitido el 9 de octubre de 2023, la parte actora impugnó el fallo
de primera instancia y solicitó que se accediera a las pretensiones de la demanda.

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Destacó que para el juez de primera instancia «no tuvo ninguna relevancia la
aplicación de las reglas de caducidad» y que, a pesar de que estas se encuentran
establecidas en la ley, no fueron tenidas en cuenta para el caso en concreto. De tal
forma, expuso que no se valoraron los argumentos desarrollados en la tutela y sobre
los cuales insistió en el escrito de impugnación.

Indicó que de conformidad con el artículo 164 de la Ley 1437 de 2011, el término de
caducidad para los delitos de lesa humanidad se contabiliza «desde que aparece el
cuerpo» o «desde la sentencia del proceso penal». Añadió que, a pesar de que el
cuerpo de la víctima apareció en el 2009, hasta la fecha no se ha proferido fallo en
el trámite penal.

Señaló que la relevancia constitucional del asunto radica en la aplicación de la regla
de caducidad «que dejaría sin justicia y sin reparación a muchas de las familias de
las 6402 víctimas de las ejecuciones extrajudiciales en Colombia» lo cual, a su vez,
contradice «los tratados internacionales de derechos humanos y la posición de la
ONU sobre el tema en Colombia». De tal forma, insistió en que ello implicaba un
desconocimiento del sistema convencional de derechos humanos.

Al respecto, sostuvo que «la administración de justicia privilegia la formalidad sobre
lo sustancial sin tener en cuenta las consideraciones de las víctimas» y afirmó que:

No sería necesario acudir a la aplicación de las normas internacionales si los
operadores de justicia en Colombia no limitaran los derechos de las víctimas a
obtener el resarcimiento de todo orden, derivado de las arbitrariedades que ha
cometido el Estado con las mencionadas ejecuciones extrajudiciales. Lo que no
se entiende es que no se evidencia una razón lógica y fundamental (aparte del
acatamiento del precedente judicial indebidamente aplicado en la regla de
caducidad), por la cual no se le otorgue a los jueces penales o a la JEP la
posibilidad de proferir decisiones en relación con los casos de desaparición
forzada y que ello se enmarque dentro de las reglas del artículo 164 de la ley
1437 de 2011, es decir, la negación del acceso a la justicia.

Puso de presente que el Tribunal Administrativo de Santander la condenó en costas
«desconociéndose de plano la vigencia y favorabilidad de la Ley 2028 de 2021,
cuando de ninguna forma se evidencia falta de fundamento para demandar o
temeridad en los hechos de la demanda».

Alegó que el ordenamiento jurídico establece una regla especial para la
contabilización del término de caducidad en los casos de reparación directa
derivados del delito de desaparición forzada, el cual fue cumplido por los
demandantes a quienes, a su juicio, se les impide el acceso a la administración de
justicia ante una limitada interpretación de la norma. A su vez, manifestó lo siguiente:

Bien sea que se aplique dicho término de manera directa (como están obligados
los jueces) o bien sea que a través de la excepción de inconstitucionalidad o de
la excepción de inconvencionalidad se haga, la relevancia radica en la clara

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violación de los derechos fundamentales de las víctimas –que sigue vigente- y
que la administración judicial debe cesar.

Reiteró que el caso cuenta con relevancia constitucional pues la ley ha establecido
un término desconocido por la autoridad judicial demandada, lo cual quebranta la
confianza legítima de la parte actora. Agregó que este desconocimiento de la norma
aplicable al asunto en cuestión implica una vulneración de tales disposiciones
legales y de los convenios internacionales vigente.

1.7. Manifestación de impedimento del magistrado Omar Joaquín Barreto
Suárez

Mediante escrito enviado el 15 de noviembre de 2023, el magistrado Omar Joaquín
Barreto Suárez manifestó su impedimento para conocer y decidir el presente
mecanismo constitucional, con fundamento en la causal contemplada en el artículo
56, numeral 1º del Código de Procedimiento Penal.

Expuso que su cónyuge se desempeña como fiscal adscrita a una unidad nacional
de la Fiscalía General de la Nación, entidad que integró el extremo pasivo en el
medio de reparación directa en el que se dictó la decisión demandada. Aseguró que,
en consecuencia, se encuentra inmerso en dicha causal que establece:

ARTÍCULO 56. CAUSALES DE IMPEDIMENTO. Son causales de impedimento:
(…)
1. Que el funcionario judicial, su cónyuge o compañero o compañera
permanente, o algún pariente suyo dentro del cuarto grado de consanguinidad
o civil, o segundo de afinidad, tenga interés en la actuación procesal.

1.8. Auto que declaró infundado el impedimento manifestado por el
magistrado Omar Joaquín Barreto Suárez

Mediante auto del 30 de noviembre de 2023, los magistrados Luis Alberto Álvarez
Pérez y Pedro Pablo Vanegas Gil y el conjuez Humberto Sierra Porto declararon
infundado el impedimento manifestado por el consejero Omar Joaquín Barreto
Suárez, pues se consideró que no se configuraba la causal invocada. Lo anterior,
toda vez que no se evidenció un interés directo o indirecto de la cónyuge del
magistrado Barreto Suárez que pueda inferir en el sentido de la decisión.

En ese sentido, se consideró que la existencia de un vínculo contractual entre la
cónyuge del consejero con la Fiscalía General de la Nación, no implica
necesariamente que se cumpla el supuesto de facto que da asidero a la
manifestación, debido a que es necesario establecer si efectivamente existe un
interés real, actual y cierto en la actuación que es objeto de pronunciamiento.

Por tanto, la Sala negó la solicitud de impedimento del magistrado Barreto Suárez
y, en consecuencia, decidió que participaría en esta decisión.

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II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para resolver la impugnación interpuesta por la parte
actora contra la sentencia 28 de septiembre de 2023, dictada por el Consejo de
Estado, Sección Cuarta de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la
Constitución Política, 37 del Decreto Ley 2591 de 1991, en el Decreto 1069 de 2015,
modificado por el Decreto 333 de 2021, así como en el artículo 13 del Acuerdo 80
de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.

2.2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si revoca, modifica o confirma la decisión de
primera instancia proferida el 28 de septiembre de 2023, por la Sección Cuarta del
Consejo de Estado, a través de la cual declaró la improcedencia del amparo
solicitado, para lo cual se deberán resolver los siguientes interrogantes:

• ¿Se superan en este asunto los requisitos de procedibilidad de la tutela
contra providencia judicial?

De ser positiva la respuesta a la anterior pregunta, se resolverá el siguiente
problema:

• ¿Vulneró el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección C los derechos fundamentales invocados al rechazar la
demanda de reparación directa mediante el auto del 30 de noviembre de
2022?

Para resolver los problemas jurídicos planteados, se analizará: i) las víctimas de
delitos de lesa humanidad como sujetos de especial protección constitucional; ii) el
criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela contra
providencia judicial; iii) requisitos generales de procedibilidad de la tutela contra
providencia judicial y, iv) caso en concreto.

2.3. Las víctimas de delitos de lesa humanidad como sujetos de especial
protección constitucional

En lo que respecta a la condición de sujetos de especial protección, la Corte
Constitucional los ha definido como aquellas personas que, debido a condiciones
particulares, a saber, física, psicológica, económica o social, merecen un amparo
reforzado en aras de lograr una igualdad real y efectiva.

En ese sentido, ha establecido que entre los grupos de especial protección se
encuentran los niños, los adolescentes, los adultos mayores, los disminuidos físicos,

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síquicos y sensoriales, las mujeres cabeza de familia, las personas desplazadas por
la violencia y, en general, las víctimas del conflicto armado, así como aquellas que
se encuentran en extrema pobreza y:

todas aquellas personas que por su situación de debilidad manifiesta se ubican
en una posición de desigualdad material con respecto al resto de la
población; motivo por el cual considera que la pertenencia a estos grupos
poblacionales tiene una incidencia directa en la intensidad de la evaluación del
perjuicio, habida cuenta que las condiciones de debilidad manifiesta obligan a
un tratamiento preferencial en términos de acceso a los mecanismos judiciales
de protección de derechos, a fin de garantizar la igualdad material a través de
discriminaciones afirmativas a favor de los grupos mencionados5.

En jurisprudencia reiterada6 la Corte Constitucional ha construido un sólido criterio
relacionado con la protección de las personas que han sido víctimas de violaciones
a derechos humanos y crímenes de lesa humanidad en el marco del conflicto
armado interno. La condición particular de vulnerabilidad de estas personas
demanda que el Estado tenga un rol activo para que las necesidades que aquellos
tengan sean satisfechas pronta y oportunamente, «lo que incluye el acceso a la
administración de justicia, para obtener la protección y/o el restablecimiento de los
derechos que les han sido vulnerados, precisamente, por causa del conflicto»7.

En tal sentido, al alto tribunal ha fijado las siguientes pautas constitucionales
mínimas en relación con las garantías que les asiste a tales sujetos, «las cuales se
erigen en presupuestos normativos para el ordenamiento jurídico»8: i) acceso
efectivo a la tutela judicial; ii) protección frente a la revictimización; iii) aplicación y
remisión a las reglas generales, siempre y cuando se ajusten a la protección
especial de las víctimas; iv) protección para que la ley sea interpretada
razonablemente de acuerdo con la Constitución y no de manera rígida; v) protección
frente a la demora o inacción de las autoridades competentes; vi) protección frente
a trámites adicionales; vii) protección del principio de adecuación, y viii) protección
frente a la ausencia de procedimientos para ejercer un derecho.

5 Corte Constitucional, Sala Séptima de Revisión, Sentencia T-495 del 16.06.10., M.P. Jorge Ignacio

Pretelt Chaljub.
6 Ver, entre otras: Corte Constitucional, Sala Octava de Revisión, Sentencia T-188 del 15.03.07., M.P.

Álvaro Tafur Galvis; Corte Constitucional, Sala Quinta de Revisión, Sentencia T-462 del 21.06.12.
M.P. Jorge Iván Palacio Palacio; Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T-364
del 12.06.15. M.P. Mauricio González Cuervo; Corte Constitucional, Sala Primera de Revisión,
Sentencia del 27.06.17. M.P. Carlos Bernal Pulido; Corte Constitucional, Sala Octava de Revisión,
Sentencia T-113 del 22.03.19. M.P. José Fernando Reyes Cuartas.
7 Corte Constitucional, Sala Primera de Revisión, Sentencia del 27.06.17. M.P. Carlos Bernal Pulido
8 Corte Constitucional, Sala Octava de Revisión, Sentencia T-113 del 22.03.19. M.P. José Fernando

Reyes Cuartas.

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2.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 20129
unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de
tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma
Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema 10 y declaró su
procedencia.11

Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros para
realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) relevancia
constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez, y iv)
subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y extraordinarios,
siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que
se dice vulnerado. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos
presupuestos, se declara la improcedencia del amparo solicitado, sin que se
analice el fondo del asunto.

Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse en
la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y
de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la
prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo
o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida
directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el
debate de instancia.

Igualmente, se debe manifestar que esta acción constitucional no puede ser
considerada como una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir
términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez
natural. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.5. Estudio sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva

2.5.1. Relevancia constitucional

De acuerdo con la sala, este requisito se encuentra cumplido en el caso en concreto,
por tratarse de una controversia que involucra derechos a la igualdad, a la
reparación integral, al debido proceso y de acceso a la administración de justicia de
sujetos de especial protección constitucional, debido a su condición de víctimas de

9 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 31.07.12., M.P. María

Elizabeth García González, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
10 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes

reseñado.
11 Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra

providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia.”

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delitos de lesa humanidad, como lo fue la desaparición forzada y el homicidio del
señor Barreto Ruiz.

En consonancia con lo anterior, la parte actora cumplió con el deber de evidenciar
suficientemente una tensión entre la providencia censurada y el núcleo esencial de
las garantías constitucionales alegadas. Esto, al exponer los motivos por los cuales
considera que sus derechos se han vulnerado ante la confirmación del rechazo de
la demanda de reparación directa dictada mediante el auto del 30 de noviembre de
2022.

En este orden de ideas, la controversia propuesta cumple con las reglas
establecidas por la Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 202212, como
pasa a exponerse.

Se encuentra que el asunto en cuestión no tiene por objeto la búsqueda de una
instancia adicional al proceso de reparación directa en el que se profirió el auto
cuestionado y, por tanto, no reemplaza los recursos ordinarios dispuestos para la
defensa de los derechos invocados. Esto, pues el interés de la parte actora no es
reabrir un debate zanjado por el juez natural de la causa, sino poner de presente
que la decisión censurada vulneró gravemente sus derechos a la reparación
integral, al debido proceso y de acceso a la administración de justicia pues, a su
juicio se desconoció la flexibilización necesaria en el estudio de la caducidad del
medio de control en estos asuntos y se aplicó indebidamente la norma que regula
la situación en concreto.

De tal forma, la parte actora no pretende que esta sala de decisión se pronuncie
sobre aspectos propios del juez natural de la causa, pues los argumentos expuestos
fueron planteados con el objetivo de evidenciar, según su criterio, una decisión
arbitraria que desconoció una disposición normativa y, a su vez, no atendió a los
preceptos convencionales que deben ser aplicados en estas situaciones.

De acuerdo con lo anterior, se cumple con el requisito de formular los argumentos
de la demanda desde una perspectiva de derechos fundamentales y garantías
constitucionales, dado que en el escrito inicial se hizo especial énfasis en la
condición de la parte actora como víctima de un delito de lesa humanidad. Al
respecto, en asuntos relacionados con derechos de las víctimas al interior de
procesos de reparación directa -en especial, situaciones que involucren graves
violaciones a derechos humanos-, la Corte Constitucional13 ha considerado que
revisten una relevancia constitucional por la naturaleza misma de la controversia y
las garantías fundamentales involucradas.

12 Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia SU-215 del 16.06.22. M.P. Natalia Ángel Cabo.
13 Al respecto, ver: Corte Constitucional, Sala Sexta de Revisión, sentencia T-113 del 14.03.19. M.P.

Gloria Stella Ortiz Delgado; Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia SU-272 del 12.08.21. M.P.
Alberto Rojas Ríos

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En efecto, de acuerdo con el alto tribunal, con fundamento en los artículos 1, 2, 15,
21, 93, 229 y 250 constitucionales, la Convención Americana de los Derechos
humanos y la jurisprudencia de la Corte Interamericana, las víctimas son titulares
de los derechos a la verdad sobre lo sucedido, a la justicia y determinación de las
responsabilidades por tales hechos y a la reparación integral a los perjudicados14.

Por lo anterior, el presente litigio está revestido de relevancia constitucional al
relacionarse con el reconocimiento de la indemnización por los perjuicios
ocasionados como consecuencia de la desaparición forzada y el posterior homicidio
del señor Barreto Ruiz, los cuales están catalogados como delitos de lesa
humanidad, lo que involucra directamente una tensión entre la providencia
censurada y el núcleo esencial de los derechos invocados. Esto pues, como ha
establecido la Corte Constitucional15, hace parte del núcleo esencial del derecho a
la reparación integral de las víctimas, el reconocimiento de una indemnización
económica o jurídica por el daño padecido.

2.5.2. Tutela contra tutela

La sala observa frente al mencionado aspecto, que no se trata de una tutela contra
una decisión de la misma naturaleza, ya que la providencia censurada fue proferida
en segunda instancia del proceso de reparación directa con radicado 10013336-
031-2022-00126-00/01.

2.5.3. Inmediatez

En relación con el acatamiento del referido requisito, no se advierte ningún reproche,
en vista de que la providencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Tercera, Subsección C fue proferida el 30 de noviembre de 2022 y notificada vía
correo electrónico el 11 de enero de 2023. Dado que el accionante interpuso la tutela
el 10 de julio de 2023, la sala considera que se presentó dentro de un término
razonable para el ejercicio de la acción de tutela contra providencia judicial.

Lo anterior, a la luz de la sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014 16, en la
que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado adoptó
los criterios fijados por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 200517, para
determinar la procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial, y

14 Corte Constitucional, Sala Sexta de Revisión, sentencia T-113 del 14.03.19. M.P.
15 Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia SU-272 del 12.08.21. M.P. Alberto Rojas Ríos
16 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de

2014, Rad: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios. M. P: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
17 c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un

término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. De lo contrario, esto
es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión,
se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones
judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos.

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reiteró que seis (6) meses es el término prudente para acudir y solicitar el amparo
de los derechos fundamentales que se estimen vulnerados con ocasión de
providencias judiciales.

2.5.4. Subsidiariedad

En relación con los argumentos expuestos en el escrito de la demanda, se acredita
que los tutelantes no disponen de otros medios de defensa judicial ordinarios ni
extraordinarios para cuestionar la providencia dictada en segunda instancia, por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, toda vez
que ninguna de las razones presentadas se puede adecuar a las causales de
procedencia de los recursos extraordinarios de revisión o de unificación de
jurisprudencia.

2.6. Caso en concreto

Los accionantes afirmaron que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección C vulneró sus derechos a la igualdad, a la reparación
integral, al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, al proferir el
auto del 30 de noviembre de 2022, mediante el cual se confirmó la providencia del
22 de julio del mismo año dictada por el Juzgado 31 Administrativo Oral del Circuito
Judicial de Bogotá que rechazó la demanda de reparación directa al advertirse la
configuración del fenómeno jurídico de la caducidad del medio de control.

Al respecto, la sala advierte que si bien los actores no formularon explícitamente
ningún yerro, los argumentos expuestos se encuadran en un defecto sustantivo y
violación directa de la Constitución.

De conformidad con los motivos expuestos en la tutela y en el escrito de
impugnación, se infiere que la parte actora alegó que se incurrió en defecto
sustantivo, ante el presunto desconocimiento del numeral 2, literal i, inciso 2.º del
artículo 16418 de la Ley 1437 del 2011 que, a juicio de la parte actora, establece que
el término de caducidad de la acción para el delito de desaparición forzada debe ser
contabilizado desde que aparece la víctima o desde la ejecutoria del fallo definitivo
adoptado en el proceso penal.

En tal sentido, alegó que el tribunal debió aplicar el término de caducidad más
favorable para las víctimas y, de tal forma, concluir que no se ha configurado dicho
fenómeno procesal al no haberse proferido aún fallo en el proceso penal. A su vez,
sostuvo que tuvo certeza de la participación de agentes estatales en el daño

18 «Sin embargo, el término para formular la pretensión de reparación directa derivada del delito de

desaparición forzada, se contará a partir de la fecha en que aparezca la víctima o en su defecto
desde la ejecutoria del fallo definitivo adoptado en el proceso penal, sin perjuicio de que la demanda
con tal pretensión pueda intentarse desde el momento en que ocurrieron los hechos que dieron lugar
a la desaparición».

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ocasionado desde el 17 de diciembre de 2019, fecha en la que la JEP profirió la la
resolución mediante la que se asumió el conocimiento de la petición presentada por
un agente de la Policía Nacional por medio de la cual solicitó someterse a tal
jurisdicción por tales hechos.

A su vez, la parte demandante sostuvo que incurrió en una violación directa de la
Constitución, ante el presunto desconocimiento del Pacto de San José de Costa
Rica y las normas convencionales que establecen que, en daños ocasionados por
delitos de lesa humanidad, el fenómeno de la caducidad no puede ser aplicado.

A continuación, se expondrán las generalidades de los defectos alegados y,
posteriormente, se estudiarán los cargos formulados por los tutelantes.

2.6.1. Generalidades del defecto sustantivo

La Corte Constitucional19, ha explicado que el defecto sustantivo se presenta
cuando «la autoridad judicial aplica una norma claramente inaplicable al caso o deja
de aplicar la que evidentemente lo es, u opta por una interpretación que contraríe
los postulados mínimos de la razonabilidad jurídica»20.

Puntualmente, el defecto sustantivo lo configuran los siguientes supuestos: el
fundamento de la decisión judicial es una norma que no es aplicable al caso
concreto, por impertinente21 o porque ha sido derogada22, es inexistente23,
inexequible24 o se le reconocen efectos distintos a los otorgados por el Legislador25.

La Corte Constitucional también ha previsto los siguientes supuestos para la
configuración del defecto referido: no se hace una interpretación razonable de la
norma26; la disposición aplicada es regresiva27 o contraria a la Constitución28; el
ordenamiento otorga un poder al juez y este lo utiliza para fines no previstos en la
disposición29; la decisión se funda en una interpretación no sistemática de la

19 Corte Constitucional, Sentencia SU-195, 12.03.12, M.P. Dr. Jorge Iván Palacio Palacio.
20 Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia SU.159, 06.03.02, M.P. Manuel José Cepeda
Espinosa; Sentencia T-043, 27.01.05, M.P.Marco Gerardo Monroy Cabra; Sentencia T-295, 31.03.05,
M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; Sentencia T-657, 10.08.06, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra;
Sentencia T-686, 31.08.07, M.P. Jaime Córdoba Triviño; Sentencia T-743, 24.07.06, M.P. Manuel
José Cepeda Espinosa, Sentencia T-033, 01.02.10, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio, Sentencia T-
792, 01.10.10, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio entre otras.
21 Corte Constitucional, Sentencia T-189, 03.03.05, M.P. Manuel José cepeda Espinosa.
22 Corte Constitucional, Sentencia T-205, 04.03.04, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
23 Corte Constitucional, Sentencia T-800, 22.09.06, M.P. Jaime Araújo Rentería.
24 Corte Constitucional, Sentencia T-522 de 2001. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
25 Corte Constitucional, Sentencia SU-159, 06.03.02, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
26 Corte Constitucional, Sentencias T-051, 30.01.09, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y T-1101,

28.10.2005, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
27 Corte Constitucional, Sentencia T-018, 22.01.08, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
28 Corte Constitucional, Sentencia T-086, 08,02,07, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
29 Corte Constitucional, Sentencia T-231, 13.04.94, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.

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norma30; se afectan derechos fundamentales, debido a que el operador judicial
sustentó o justificó de manera insuficiente su actuación.

Procederá entonces el amparo constitucional cuando se acredite la existencia de un
defecto sustantivo, en cualquiera de los supuestos que se han presentado
anteriormente.

2.6.2. Generalidades del defecto por violación directa de la Constitución

Al respecto, la Corte Constitucional31 ha señalado que este defecto se configura
cuando el juez ordinario profiere una providencia que desconoce la Constitución en
los dos casos que se señalan a continuación.

El primero, tiene lugar cuando el juez «deja de aplicar una disposición fundamental
a un caso concreto»32. En este caso, procede la tutela contra providencia judicial
por el defecto referido cuando: i) el juez no interpreta y aplica una disposición legal
orientado por el precedente constitucional; ii) la controversia versa sobre un derecho
de aplicación inmediata, y iii) cuando en la providencia se vulnera un derecho
fundamental sin tener en cuenta el principio de interpretación conforme a la
Constitución33.

El segundo caso de violación directa de la Constitución tiene lugar cuando el juez
«aplica la ley al margen de los dictados de la Constitución»34, y se fundamenta en
el artículo 4 de la Carta Política que establece que esta es norma de normas y, por
tanto, en todo caso que el juez deduzca que una norma es incompatible con aquella,
es deber del mismo «aplicar las disposiciones constitucionales con preferencia a las
legales mediante el ejercicio de la excepción de inconstitucionalidad» 35.

2.6.3. Estudio de los cargos formulados

Mediante el auto cuestionado, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Tercera, Subsección C confirmó la declaratoria de caducidad del medio de control
de reparación directa, en aplicación del numeral 2, literal i, inciso 2.º del artículo 164
de la Ley 1437 del 2011.

Sostuvo que, de conformidad con dicha norma, la pauta para iniciar la
contabilización del término de caducidad era el 11 de febrero 2009, fecha en la que
fue encontrado el cadáver del señor Barreto Ruiz, tal como concluyó el juez de la
primera instancia del proceso ordinario.

30 Corte Constitucional, Sentencia T-807, 26.08.04, M.P. Clara Inés Vargas.
31 Corte Constitucional, Sentencia SU-198, 11.04.13, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
32 Ibidem
33 Ibidem
34 Ibidem
35 Ibidem

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No obstante, consideró que era necesario aplicar un criterio flexible para el cómputo
de dicho tiempo, dadas las condiciones particulares del caso. En tal sentido, adujo
que los demandantes en dicha fecha no tenían conocimiento de la participación de
agentes estatales en los hechos ilícitos, por lo que no había surgido el interés de
interponer la demanda ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

Por tanto, en aplicación de los principios de favorabilidad y pro homine, y ante la
necesidad de armonizar la interpretación de dicha disposición normativa con los
parámetros constitucionales y tratados de derechos humanos, concluyó que este
término debía contarse desde el 16 de diciembre de 2018. Lo anterior, al establecer
que a dicha fecha se contaba con el escrito de acusación presentado por la Fiscalía
General de la Nación ante el juez competente y mediante el cual se señalaba como
posible perpetrador de los crímenes en cuestión a un agente de la fuerza pública.

En este orden de ideas, el tribunal estableció que, para dicho momento los
afectados conocían o debieron conocer la participación del Estado en los delitos
investigados y, por tanto, advirtieron la posibilidad de imputarle responsabilidad
patrimonial. Esto, pues si quien figuraba como víctima dentro del respectivo proceso
tenía conocimiento de la vinculación de los agentes estatales en los hechos
generadores del daño, se encontraba en una situación jurídica idónea para
promover la demanda de reparación directa.

De conformidad con lo anterior, indicó que en este escenario más flexible se debía
mantener la decisión de declarar la caducidad de la acción, pues el lapso de
interposición oportuna del medio de control transcurrió entre el 17 de diciembre de
2019 y el 17 de diciembre de 2020 y la demanda se interpuso el 3 de mayo de 2022.

En consideración del despliegue argumentativo de la autoridad judicial accionada,
es posible establecer que no existió un desconocimiento del artículo 164 de la Ley
1437 de 2011 pues, contrario a lo alegado por la parte actora, existió una aplicación
razonable de dicha disposición. En efecto, no se advierte un desconocimiento
arbitrario de tal norma, pues el tribunal computó el referido término en el escenario
más favorable para los interesados, mediante una interpretación del material
probatorio obrante en el expediente bajo las reglas de la lógica y la sana crítica.

A pesar de lo anterior, el tribunal expuso que si se tomara como parámetro de inicio
del término la fecha sugerida por la parte demandante, esto es, el 17 de diciembre
de 2019, la consecuencia sería la misma. Lo anterior, pues de las pruebas allegadas
al proceso observó que el 8 de junio de 2021 los accionantes presentaron solicitud
de conciliación prejudicial, esto es, cuando habían transcurrido 1 año, 5 meses y 22
días. De tal forma, puso de presente que el término se reanudó el 29 de julio de
2021, fecha en la que se expidió la constancia de no acuerdo, lo que le permitió
concluir que, aún en este caso, la demanda también habría sido interpuesta sin

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cumplir con los parámetros de caducidad establecidos por la Ley 1437 del 2011,
pues aquella se radicó el 3 de mayo de 2022.

Por tanto, la sala concluye que en esta situación tampoco se advierte ninguna
arbitrariedad pues, aún bajo la tesis de la parte actora en relación con la fecha en la
que se ha debido contabilizar el término de caducidad, la accionada estableció de
manera razonable que la parte actora no cumplió con el término de caducidad
establecido por la ley para la interposición del medio de control de reparación directa
en situaciones relacionadas con el delito de desaparición forzosa. Por tanto, en este
caso tampoco es posible la configuración del defecto sustantivo por
desconocimiento del artículo 164 de la Ley 1437 del 2011.

En relación con el argumento de que la caducidad del medio de control solo puede
contarse desde la ejecutoria de la sentencia penal, el tribunal expuso que la
aplicación de esta figura procesal no podía condicionarse al resultado del proceso
penal en cuanto al límite de tiempo con el que cuentan los interesados para acudir
ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, pues ello desconocería lo
establecido por el legislador en el artículo 164 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Al respecto, la sala encuentra que este argumento es razonable y conforme con los
parámetros normativos estudiados. Es necesario poner de presente que tal
disposición establece que el término de caducidad en casos de desaparición forzada
«se contará a partir de la fecha en que aparezca la víctima o en su defecto desde
la ejecutoria del fallo definitivo adoptado en el proceso penal».

Por tanto, tal como estableció la demandada, una aplicación rigurosa del artículo
permite concluir que la fecha de contabilización del término fue aquella en la que se
encontró el cuerpo del señor Barreto Ruiz, esto es, el 11 de febrero de 2009. Esto,
en consonancia con una interpretación literal de lo dispuesto allí, pues este tiempo
opera desde el momento en que la víctima aparece o, «en su defecto», desde la
ejecutoria de la sentencia penal definitiva. Al existir certeza de la fecha en que
apareció sin vida el cuerpo de tal persona, es razonable que el tribunal no haya
aplicado el segundo evento establecido para el conteo del término de caducidad en
estos casos.

Debe recordarse que si bien esta situación implica un hecho de desaparición
forzada, también está relacionada con una investigación por homicidio perpetrado,
presuntamente, por agentes estatales, motivo por el cual no es posible establecer
que la figura procesal en cuestión rige exclusivamente al momento de la ejecutoria
de una decisión definitiva en el proceso penal, pues este evento es susceptible de
aplicarse cuando la desaparición se prolonga en el tiempo y no se ha encontrado a
la víctima.

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Sin embargo, tal como fue expuesto con antelación, en virtud del principio de
flexibilidad aplicable en estos casos, el operador judicial accionado computó el
término de caducidad desde la fecha en que los interesados pudieron advertir la
participación de agentes del Estado en los hechos generadores del daño y, a pesar
de ello, el parámetro procesal tampoco fue cumplido.

En este orden de ideas, contrario a lo alegado por la parte actora, se encuentra que
el tribunal aplicó de manera razonable la norma en cuestión, en armonía con los
parámetros constitucionales que rigen la situación en concreto y, por tanto, no existe
una configuración del defecto sustantivo alegado.

En relación con el cargo por violación directa de la Constitución ante el presunto
desconocimiento de las normas convencionales que establecen la imposibilidad de
aplicar el término de caducidad ante situaciones relacionadas con delitos de lesa
humanidad, la autoridad judicial accionada trajo a colación la sentencia de
unificación proferida el 29 de enero de 2020 por la Sala Plena de la Sección Tercera
del Consejo de Estado.

Puso de presente que, en dicho fallo, se consagró la regla de derecho según la cual
en las pretensiones indemnizatorias formuladas con ocasión de delitos de lesa
humanidad o crímenes de guerra, sí resultaban aplicables las reglas de caducidad
previstas para el medio de control de reparación directa. Agregó que este es un
criterio avalado por la Corte Constitucional mediante la sentencia SU-312 del 13 de
agosto de 2020 y, por tanto, no puede ser desconocido.

Al respecto, es necesario poner de presente que en sentencia del 30 de julio de
2021, la Sección Tercera del Consejo de Estado36 indicó que el carácter vinculante
y obligatorio de la jurisprudencia de las altas Cortes tiene fundamento normativo en
el inciso primero del artículo 230 de la Constitución Política, que consagra que «los
jueces, en sus providencias, sólo están sometidos al imperio de la ley».

A su vez, el alto tribunal indicó en la providencia en referencia37 que, de acuerdo
con la Corte Constitucional38, el sentido de dicha disposición exige que los jueces
también están sometidos a la jurisprudencia de las altas corporaciones, las cuales
son las competentes para definir los criterios de interpretación de las normas.

Por su parte, la Sala Plena de dicha corporación, en sentencia del 28 de agosto de
201839 estableció que de acuerdo con el artículo 237, ordinal 1 de la Constitución,

36 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
Sentencia del 30.07.21., M.P. Marta Nubia Velázquez Rico. Exp.: 05001-23-33-000-2018-01831-
01(66941)
37 Ibidem.
38 Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia SU-611 de 4.10.17, M.P: Luis Guillermo Guerrero

Pérez, exp: T-4867717.
39 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 28.08.18., M.P.

César Palomino Cortés. Exp: 52001-23-33-000-2012-00143-01(IJ)

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una de las atribuciones del Consejo de Estado es «desempeñar las funciones de
tribunal supremo de lo contencioso administrativo». Por tal motivo, «la
jurisprudencia que profiere este órgano de cierre es vinculante para resolver los
conflictos cuya competencia está atribuida a esta jurisdicción, por la Constitución y
la Ley».

Agregó que en la sentencia C-816 de 201140, la Corte Constitucional señaló que las
decisiones proferidas por las altas cortes como autoridades de cierre de las
correspondientes jurisdicciones cuentan con características de permanencia e
identidad y con un carácter vinculante y obligatorio, «por emanar de órganos
diseñados para la unificación de la jurisprudencia, y en virtud de los principios de
igualdad, buena fe y seguridad jurídica previstos en los artículos 13 y 83 de la
Constitución Política»41

En este orden de ideas, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Tercera, Subsección C, al momento de resolver el asunto en segunda instancia, se
encontraba en la obligación de aplicar el criterio unificado por el órgano de cierre en
la materia de estudio y no podía desconocer las reglas de derecho dictadas allí,
pues ello implicaría actuar en contravía de lo dispuesto por el artículo 230 superior.

Como consecuencia de lo anterior, la aplicación de dicha regla de caducidad en el
asunto en concreto no derivó en una vulneración de ninguna disposición de orden
superior, pues el reconocimiento del término conforme con lo estipulado en la
sentencia de unificación implica la garantía del acceso a la administración de justicia
y del debido proceso de las víctimas de delitos de lesa humanidad. En consonancia
con lo decidido por el tribunal, la sala advierte que en el asunto en concreto no se
configuró una transgresión de las garantías fundamentales de los tutelantes y, en
tal sentido, no existió una violación de ninguna norma constitucional, pues lo que
existió fue un cumplimiento, por parte del operador judicial, de aplicar el criterio
unificado por el órgano de cierre en la materia estudiada.

Por último, si bien los accionantes alegaron que varios de ellos fueron víctimas de
desplazamiento forzado después de los hechos de desaparición y homicidio
perpetrados contra el señor Barreto Ruiz, no sustentaron con suficiencia en el
proceso ordinario ni en el presente trámite constitucional, en qué sentido tal
situación acaecida en el año 2009 impidió materialmente el ejercicio del derecho de
acción.

De tal forma, tal como lo estableció el tribunal demandado, no obra prueba alguna
que permita justificar la falta de activismo frente a la jurisdicción de lo contencioso

40 Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-816 del 01.11.11. M.P. Mauricio González Cuervo.

Exp.: D-8473.
41 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 28.08.18., M.P.

César Palomino Cortés. Exp: 52001-23-33-000-2012-00143-01(IJ)

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administrativo, tomando en consideración que las víctimas acudieron ante los
jueces penales e instauraron la respectiva denuncia por los delitos en cuestión.

2. 5. Conclusión

Con fundamento en lo expuesto en los párrafos precedentes, se revocará la
sentencia del 28 de septiembre de 2023 dictada por la Sección Cuarta del Consejo
de Estado que declaró la improcedencia de la tutela promovida por la parte actora
y, en su lugar, se negará el amparo solicitado, al no encontrarse configurados los
defectos alegados por la parte actora en el escrito de tutela.

III. DECISIÓN

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

FALLA:

PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 28 de septiembre de 2023 proferida por el
Consejo de Estado, Sección Cuarta, por medio de la cual se DECLARÓ LA
IMPROCEDENCIA del mecanismo de amparo. En su lugar, NEGAR EL AMPARO
SOLICITADO.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros vinculados en la forma
prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Con aclaración de voto

Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos, conforme a lo
dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

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