Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-03748-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-03748-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2023-03748-00
Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez
4 de septiembre de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero Ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá D.C., cuatro (04) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)
Radicación: 11001-03-15-000-2023-03748-00
Accionante: Jorge Antonio Blanco Gómez
Accionado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otro
Referencia: Acción de tutela
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES –
Improcedencia / RELEVANCIA CONSTITUCIONAL - Instancia adicional – la parte
actora pretende reabrir el debate probatorio al no estar de acuerdo con lo decidido
por el juez natural. - Carga argumentativa / Subsidiaridad.
Surtido el trámite de ley1, sin que se advierta irregularidad o causal de nulidad que
invalide lo actuado, procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia dentro
del recurso de amparo constitucional formulado por el señor Jorge Antonio Blanco
Gómez contra la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá y la Comisión
Nacional de Disciplina Judicial.
I. ANTECEDENTES
A. Demanda y sus fundamentos
1.- El 10 de julio de 2023, el señor Jorge Antonio Blanco Gómez presentó acción de
tutela contra la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá y la Comisión
Nacional de Disciplina Judicial, con el fin de que se dejaran sin efectos las sentencias
de 7 de marzo de 2022 y 29 de marzo de 20232, proferidas por dichas autoridades
judiciales al interior del proceso disciplinario3 que se promovió en su contra, por su
comportamiento en un proceso concordatario.
2.- El asunto fue conocido en primera instancia por la Comisión Seccional de
Disciplina Judicial de Bogotá, que en sentencia de 7 de marzo de 2022 declaró
1 Cfr. Decreto 1983 de 2017 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1., 2.2.3.1.2.4. y 2.2.3.1.2.5 del
Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto
de la acción de tutela”.
2 Notificada el 21 de abril de 2023.
3 Radicado 11001110200020190563800/01.
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-03748-00
Accionante: Jorge Antonio Blanco Gómez
Accionado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
disciplinariamente responsable al accionante y le impuso la sanción de censura4. En
criterio de dicha autoridad, el abogado Blanco Gómez incurrió en las conductas
descritas el artículo 32 de la Ley 1123 de 2007 5, en la modalidad dolosa, por el
desconocimiento del deber previsto en el numeral 7° del canon 28 de la ley en
mención6, al considerar que el actor utilizó expresiones peyorativas en contra del
juez y la auxiliar de justicia del proceso concordatario, las cuales encontró revestidas
de la aptitud necesaria para ir en contra de la dignidad de los funcionarios judiciales.
3.- En sentencia del 29 de marzo de 2023 la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial confirmó la decisión del A quo. Primero, hizo un estudio de los argumentos
relacionados con la nulidad propuesta, la cual negó, al considerar que no se
avizoraba ningún tipo de irregularidad sustancial que hubiere afectado el derecho de
defensa y debido proceso del señor Blanco Gómez en la causa disciplinaria. Por otra
parte, en relación con los argumentos del recurso de apelación, sostuvo que lo dicho
en primera instancia guardaba total concordancia con la postura de esa Corporación
en torno a la falta contenida en el artículo 32 de la Ley 1123 de 2007, por lo que no
existía ningún desconocimiento del precedente judicial, aunado a que hizo una
valoración probatoria ajustada a derecho.
4.- Finalmente, la Comisión advirtió que al revisar las expresiones contenidas en los
diferentes escritos presentados por el disciplinado, observó que los calificativos para
referirse a la liquidadora del concordato fueron ofensivos y desobligantes, y exceden
los límites de la vehemencia y contundencia que pueden llegar a tener los abogados
al referirse a su contraparte. Adicionalmente, que la forma en que el profesional
investigado se refirió al juez que conocía del asunto fue peyorativa e insinuante, y
pusieron en entredicho su imparcialidad y honradez. En razón a ello, sostuvo que las
manifestaciones realizadas por el disciplinado exceden el derecho de reprochar y
disentir que ostentan los abogados, y evidencian un verdadero animus injuriandi.
5.- El disciplinado presentó una solicitud de adición y complementación, que fue
rechazada por auto de 11 de mayo de 2023, en el cual se le indicó que en la
sentencia no se incurrió en ningún error aritmético y tampoco en sus datos de
identificación. Adicional a ello se realizó un pronunciamiento sobre todos los
aspectos debatidos, pues (i) se ordenó la terminación de la investigación respecto
de una de las conductas porque prescribió, (ii) se negó la solicitud de nulidad
impetrada por el disciplinado y (iii) se confirmó la decisión de primera instancia.
4 Ley 1123 de 2007, “Artículo
41. Censura. Consiste en la reprobación pública que se hace al infractor por la
falta cometida”.
5 “Artículo 32. Constituyen faltas contra el respeto debido a la administración de justicia y a las autoridades
administrativas:
Injuriar o acusar temerariamente a los servidores públicos, abogados y demás personas que intervengan en los
asuntos profesionales, sin perjuicio del derecho de reprochar o denunciar, por los medios pertinentes, los delitos
o las faltas cometidas por dichas personas”.
6 “7. Observar y exigir mesura, seriedad, ponderación y respeto en sus relaciones con los servidores públicos,
colaboradores y auxiliares de la justicia, la contraparte, abogados y demás personas que intervengan en los
asuntos de su profesión”.
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6.- En su escrito de tutela la parte actora sostuvo que las autoridades judiciales
accionadas vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso, defensa,
acceso a la administración de justicia, igualdad y propiedad privada, al incurrir en los
siguientes defectos:
7.- Violación directa la Constitución, pues las providencias censuradas son
contrarias a la dignidad humana, igualdad, imparcialidad, defensa, debido proceso,
prevalencia del derecho sustancial, acceso a la administración de justicia y propiedad
privada. Además, las mismas están sustentadas en un régimen objetivo de
responsabilidad y se fundan en una errada valoración probatoria.
8.- Alegó que las accionadas desconocieron los precedentes de la Corte
Constitucional7, el artículo 1 del Código Penal, la misma disposición del Código de
Procedimiento Penal, la Ley 1123 de 2007 y el Bloque de Constitucionalidad.
9.- Luego de hacer un recuento de las actuaciones surtidas dentro del proceso
concordatario, afirmó que los miembros de la junta asesora de liquidación han
actuado al margen de la Ley 222 de 1995 con aquiescencia del despacho judicial
que conoce el proceso. Frente a eso reprochó que la Comisión no sólo omitió
compulsar copias a la justicia penal y censurar el actuar de los servidores judiciales,
sino que resolvió sancionarlo a él por su forma de expresarse. Concretamente indicó:
“solo dije la verdad, esos términos los he empleado a lo largo y ancho de mi ejercicio
profesional en más de (50) cincuenta años, eso sí con éxito y jamás había tenido
amonestación alguna ni mucho menos sanción disciplinaria alguna”. Precisó que
decir la verdad no constituye una falta disciplinaria y, en línea con lo anterior,
cuestionó que las accionadas no trascribieron de forma integral el escrito censurado.
10.- Manifestó que las accionadas pasaron por alto estudiar las causales de
exclusión de responsabilidad 3 8 y 6 9 consagradas en artículo 22 del Código
Disciplinario, que se configuraron en su caso.
11.- Por otra parte, adujo que a pesar de que solicitó la nulidad del proceso del
proceso en primera instancia, no se resolvió sobre la misma, sino que se envió la
actuación al superior jerárquico que se pronunció en la sentencia, aduciendo que la
nulidad y la apelación se referían a lo mismo. A su juicio, ese actuar vulneró su
derecho al debido proceso y el principio de doble conformidad, toda vez que los
incidentes de nulidad gozan de dos instancias y las decisiones son susceptibles de
los recursos de reposición y apelación; por tal motivo, considera que el juez omitió
aplicar el inciso 4 del artículo 134 y 127 del C.G.P. y el artículo 31 Constitucional.
12.- Defecto fáctico, porque los fallos cuestionados incumplen las exigencias
consagradas en el artículo 280 del C.G.P., pues no contienen un examen crítico de
7 Citó las sentencias T-401/92, T-414/92, T-426/92, T-211/94, C-191/98, SU-256/96 y SU-111/97.
8 “Se obre en legítimo ejercicio de un derecho o de una actividad lícita”.
9 “Se obre con la convicción errada e invencible de que su conducta no constituye falta disciplinaria”.
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las pruebas y en esa medida desconocieron las irregulares en que incurrieron su
contraparte y los servidores judiciales, en el marco del proceso concordatario.
13.- Indicó que las declaraciones de sus denunciantes son falsas y temerarias. Y
censuró que el juez disciplinario no se haya pronunciado sobre la tacha que presentó.
14.- “Defecto sustancial, orgánico o procedimental”, pues las accionadas
omitieron aplicar varias disposiciones legales 10 y se apartaron del precedente
jurisprudencial del Consejo Superior de la Judicatura11.
15.- Aseveró que con la decisión acusada se viola los artículos 23, 24 y 25 de la Ley
1123 de 2007, según los cuales la acción disciplinaria prescribe en 5 años, pues los
hechos que dieron lugar a la investigación datan del 1 de junio de 2017, y a la fecha
de ejecutoria de la sentencia han transcurrido casi 6 años.
16.- Reiteró que se realizó una defectuosa valoración probatoria que llevó a
tergiversar los hechos y las circunstancias que favorecían al disciplinado. Y ello llegó
hasta el punto de ignorar las pruebas recaudadas en la inspección judicial realizada
en el juzgado que conoció del proceso ordinario.
17.- Adujo que las accionadas omitieron aplicar el principio de prejudicialidad, pues
a pesar de que lo solicitó en su escrito de nulidad, en primera instancia no hubo
pronunciamiento y en segunda instancia, en el auto que resolvió la solicitud de
aclaración y adición se indicó que el Código Disciplinario no consagra el mismo.
18.- Manifestó que en el caso sub judice, los juzgadores disciplinarios omitieron
pronunciarse sobre los indicios, así como calificar la conducta procesal de las partes.
Y por último, informó que presentó una denuncia penal contra los querellantes del
proceso disciplinario, que actualmente cursa en la Fiscalía General de la Nación.
B. Trámite procesal y contestación de la demanda
19.- Mediante auto de 12 de julio de 202312, se admitió la acción de tutela y se
ordenó notificar de su presentación a las autoridades judiciales demandadas, así
como negar la solicitud de pruebas realizada por el accionante. De igual forma se
ordenó comunicar la decisión a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado
para lo de su cargo.
(i) Comisión Nacional de Disciplina Judicial13
10 Citó los artículos 166, 167,168, 169, 173, 174, 212 y 225 de la Ley 222 de 1995, 190 del Código de Comercio,
4, 5, 8, 21, 22, 23, 24, 25 y 85 de la ley 1123 de 2007, 9, 64 y 74 del Código Civil, 13, 29 y 230 de la Constitución
Política, 2,7,13, 42, 44, 50, 85,121,191, 279 y 280 del Código General del Proceso, 4, 5 y 7 del Código de
Procedimiento Penal, 67, 286 a 297 y 497 del Código Penal, 69 del Código único Disciplinario y, 4 y 22 del Código
Disciplinario del Abogado.
11 Mencionó las sentencias de 31 de julio de 2019 (110011102000201701780-01), 23 agosto de 2018
(110011102000201701733-01) “y otras providencias”.
12 Notificado el 17 de julio de 2023.
13 Intervención digital contenida en 19 folios, enviado el 21 de julio de 2023.
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20.- Precisó que el proceso que adelantó tenía como objeto establecer la
responsabilidad disciplinaria del abogado Blanco Gómez, no pronunciarse sobre el
proceso concursal ni la actuación de quienes fungieron como contraparte y juez de
aquel. En ese sentido, la providencia proferida es el resultado de un estudio
probatorio integral que permitió concluir que el referido profesional incurrió en una
falta disciplinaria y en esa medida era merecedor de la sanción impuesta.
21.- Solicita que se declare improcedente la solicitud de amparo, pues la misma
carece de relevancia constitucional, toda vez que se sustenta en una serie de
afirmaciones referidas al proceso concursal, que fueron reiteradas en el proceso
disciplinario, y debidamente resueltas en la sentencia censurada.
(ii) Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá14
22.- Manifestó que el actor presentó esta acción constitucional por el desacuerdo y
molestia que le produjo la decisión sancionatoria, pues los hechos en que se
fundamentó la decisión no dan cuenta de una deficiencia en la valoración que ponga
en evidencia un juicio de valor ostensiblemente ajeno a las reglas de la lógica. En
ese sentido, solicitó negar el amparo.
23.- Sobre el reproche por no compulsar copias, indicó que si el actor conoció de
situaciones con relevancia penal pudo haberlas denunciado directamente.
24.- Y en cuanto a la censura por no pronunciarse sobre la solicitud de nulidad,
aclaró que no había obligación de pronunciarse de la misma como quiera que fue
formulada con posterioridad a la sentencia de primer grado.
25.- En escrito aparte, la Comisión Seccional envió otra respuesta, indicando que
en el proceso disciplinario se cumplieron a cabalidad todas las rituales procesales
contenidas en la Ley 1123 de 2007, por lo que no había lugar a conceder el amparo.
II. CONSIDERACIONES
C. La acción de tutela contra providencias judiciales
26.- El Consejo de Estado ha indicado de manera consistente y reiterada que, los
requisitos generales alusivos a la procedencia formal del mecanismo tuitivo de los
derechos fundamentales, son los siguientes 15: (i) que la cuestión que se discuta
resulte de evidente relevancia constitucional, (ii) que se hayan agotado todos los
medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental
irremediable, (iii) que se cumpla el requisito de inmediatez, (iv) cuando se trate de
14 Intervención digital contenida en 5 folios, enviado el 18 de julio de 2023.
15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 23 de febrero de
2017, exp. 11001-03-15-000-2016-03336-00 (AC).
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una irregularidad procesal, debe quedar claro que esta tiene un efecto decisivo o
determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora, (v) que la accionante identifique de manera
razonable, tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos y que
hubiere alegado tal afectación en el proceso judicial, siempre que esto hubiere sido
posible; y, (vi). que no se trate de sentencias de tutela.
27.- La relevancia constitucional, como requisito general de procedibilidad de la
acción de tutela contra providencias judiciales, supone la presentación de un conflicto
que trascienda las discusiones legales ante el juez constitucional. Bien es sabido que
el ámbito de los derechos fundamentales tiene un efecto irradiador en el
ordenamiento, de tal suerte que, en la práctica, no existen temas jurídicos que no
puedan relacionarse con un derecho constitucional16.
28.- En tal virtud, no basta con que el actor afirme que una determinada providencia
judicial transgrede derechos fundamentales para dar por cumplido dicho requisito,
sino que este debe estructurar una fundamentación clara y suficiente en torno a la
necesidad de la intervención del juez de tutela con el propósito de hacer cesar la
presunta infracción de los derechos fundamentales invocados.
29.- La Sala Plena del Consejo de Estado ha expresado que para determinar si una
acción de tutela cumple con el requisito de relevancia constitucional, es necesario
examinar dos elementos 17 : (i) Que el actor motive con suficiencia argumentativa
dicha relevancia constitucional, para lo cual no basta con enunciar la vulneración de
derechos fundamentales, sino que se deben expresar las razones de índole
constitucional que revelan un juicio de desvalor respecto de tales derechos, cuya
fuente es la providencia judicial censurada; y (ii) Que la tutela no constituya una
instancia adicional al proceso ordinario en el cual fue proferida la providencia
acusada.
D. Análisis del caso concreto
30.- Revisado en su integridad el escrito de tutela, los memoriales presentados en
el proceso disciplinario y las decisiones cuestionadas, la Sala advierte que el asunto
carece por completo de relevancia constitucional, no solo porque se advierte que el
propósito del actor es convertir esta acción constitucional en una tercera instancia
del trámite disciplinario, sino también porque varios de los reproches formulados
carecen de carga argumentativa. Otros, por su parte no superan el requisito de
subsidiariedad.
31.- Resulta evidente que la parte demandante busca un nuevo análisis de los
aspectos definidos por el juez natural de la causa, pues muchos de los argumentos
16 Corte Constitucional, Sentencia T-079 de 2010.
17 Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado. Radicado número:
11001 03 15 000 2012 02201 01 (IJ).
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planteados en el escrito de tutela fueron, a su vez, formulados en el recurso de
apelación presentado contra el fallo de 7 de marzo de 2022, la solicitud de nulidad,
la solicitud de adición y complementación de sentencia. Los mismos se centraron en
sostener que: (i) la sanción carece de sustento probatorio, (ii) se aplicó un régimen
objetivo de responsabilidad, (iii) se desconoció el precedente judicial aplicable, (iv)
se omitió compulsar copias a la justicia penal por las irregularidades acaecidas en el
curso del proceso concordatario, (v) no hubo un pronunciamiento sobre la conducta
de la contraparte y el juez en dicho proceso ordinario, (vi) no se tuvieron en cuenta
las pruebas recaudadas en la inspección judicial, (vii) se omitió aplicar el principio
de prejudicialidad, (viii) no se hizo referencia a la tacha de las pruebas testimoniales,
(ix) no se tuvo en cuenta que en los memoriales por los cuales fue sancionado
simplemente se dijo la verdad y, (v) la autoridad se abstuvo de aplicar el principio de
investigación integral.
32.- En el fallo de 29 de marzo de 2023 la Comisión Nacional, luego de aclarar que
el disciplinado presentó en documentos separados (apelación y nulidad) los mismos
argumentos, se pronunció sobre los anteriores reproches así:
<< (…) De la omisión de denunciar supuestas conductas punibles por parte del Juzgado 51
Civil del Circuito de Bogotá y de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá.
(literales a, b, d y e).
(…)
Esta Colegiatura considera que la circunstancia alegada por el disciplinado no constituye una
«irregularidad sustancial que afecte el debido proceso», toda vez que la presente causa
disciplinaria versa sobre la incursión del abogado Jorge Antonio Blanco en la falta contenida en
el artículo 32 de la ley 1123 de 2007 y no sobre la responsabilidad penal de los sujetos que el
recurrente pretendía se denunciaran.
En ese sentido, no observa esta colegiatura la relación existente entre una eventual denuncia
por parte del Juzgado de conocimiento ni de la primera instancia, sobre la eventual ocurrencia
de unas conductas punibles, y el desarrollo normal de este proceso, pues lo que se debate en
la presente causa tiene que ver con la falta contra el respeto debido a la administración de
justicia por parte del investigado.
(…)
(ii) Los hechos o circunstancias en que se fundamentó la sentencia de primera instancia (literal
c)
(…)
Al respecto, debe decirse que la sentencia proferida por la Comisión Seccional de Disciplina
Judicial de Bogotá hizo alusión detallada a todos los hechos y circunstancias que sirvieron de
base para la expedición de la decisión objeto de recurso. Es así como, en los folios 3 a 11 de
la sentencia de primera instancia, el A quo realizó un pormenorizado recuento de todos y cada
uno de los hechos que sirvieron de soporte a la decisión recurrida.
De otro lado, puso de presente el apelante que las declaraciones de los quejosos fueron
tachadas de falsas y que de ello no se dijo nada en la sentencia de primera instancia. Sobre el
particular, se observa que, escuchadas con detenimiento todas las sesiones de audiencia de
pruebas y calificación, y la audiencia de juzgamiento, en las que intervino el disciplinado, en la
sesión de audiencia de pruebas y calificación provisional realizada el 23 de septiembre de 2020,
en el momento en que se disponía a testificar la señora Nydia Jannette Ramírez Muñoz, el
abogado disciplinado solicitó el uso de la palabra y manifestó lo siguiente (…)
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La señora Nydia Jannette Ramírez Nieto era la liquidadora dentro del proceso concordatario
del señor Misael Muñoz, proceso dentro del cual se suscitaron los hechos objeto de
investigación de la presente causa disciplinaria y cuyo testimonio resultaba pertinente
conducente y útil para una correcta ilustración por parte de la primera instancia. La tacha de
sospecha elevada por el disciplinado en la audiencia de pruebas y calificación provisional no
impedía que dicho testimonio fuera recibido y valorado (…)
(iii) La prejudicialidad alegada (literales f y g)
(…) Sobre este tópico, manifestó además el disciplinado que ante la conducta omisiva por parte
del Juzgado de conocimiento y del A quo, de interponer unas denuncias penales, él «formuló
la correspondiente denuncia penal, (…)
Al respecto, resulta necesario aclarar una vez más que el objeto del proceso disciplinario en
estudio dista diametralmente de la finalidad de lo pretendido en el proceso penal iniciado a
instancias del abogado investigado. Una cosa es la responsabilidad penal que se persigue
dentro de una causa, y otra muy diferente el ámbito de aplicación, los destinatarios y lo que se
pretende al interior de un proceso disciplinario al tenor de lo dispuesto en la Ley 1123 de 2007,
pues ambos escenarios gozan de independencia y las resultas de uno no están supeditadas al
desenlace del otro; por lo tanto, la prejudicialidad alegada no resulta aplicable y el hecho de
que el disciplinado hubiese interpuesto una denuncia penal contra los quejosos y la liquidadora
en nada conduce a la configuración de una irregularidad sustancial.
(iv) Vulneración del debido proceso y derecho de defensa (literal h)
(…) De lo trascrito se colige que la inconformidad aludida por el disciplinado tiene que ver de
nuevo con las pruebas obrantes en el plenario de un lado, sobre lo cual manifestó que la primera
instancia «dejó sin pruebas al investigado», y de otro lado, con la vulneración a su derecho de
defensa. Sea lo primero decir que el A quo en su decisión hizo un recuento de las pruebas
existentes en el plenario. Así las cosas, se tiene que obran dentro del proceso: (…)
Nótese que todas las pruebas enunciadas obran en el expediente y, además, fueron decretadas
e incorporadas en las diferentes sesiones de audiencia con la presencia del abogado
investigado, siempre garantizando su derecho de contradicción sobre las mismas. De otro lado,
se observa que en el presente proceso se profirió auto de apertura mediante providencia del
10 de septiembre de 2019, el cual fue debidamente notificado al investigado. Así mismo, se le
citó en debida forma y compareció a todas las sesiones de audiencia de pruebas y calificación
provisional, rindió versión libre e intervino de manera activa en la práctica de los testimonios
obrantes en el plenario interrogando a los testigos.
Además, el abogado estuvo presente en la sesión de audiencia en la cual se le formularon
cargos y posteriormente en la audiencia de juzgamiento en la cual tuvo la oportunidad, otorgada
por el magistrado institutor, de ampliar su versión libre y de presentar alegatos de conclusión.
Finalmente, debe decirse que la sentencia de primera instancia fue notificada en debida forma,
contra la cual el disciplinado presentó una solicitud de nulidad y el recurso de apelación, el cual,
como ya se dijo, contenía igualmente una solicitud de nulidad cuyos argumentos eran los
mismos que los plasmados en el escrito presentado de manera paralela y que precisamente
esa colegiatura estudia para tomar una decisión al respecto.
(…)
¿Se apartó la sentencia recurrida de los precedentes jurisprudenciales emitidos por esta
jurisdicción?
Sea lo primero advertir que el abogado Jorge Antonio Blanco censuró que en la sentencia de
primera instancia fue en contravía de los precedentes jurisprudenciales emanados de la otrora
Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura para lo cual citó una
sentencia proferida el 31 de julio radicación número 110011102000201701780-01 y una
decisión del 23 agosto de 2018, radicación 110011102000201701733 01(…)
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-03748-00
Accionante: Jorge Antonio Blanco Gómez
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
Puso de presente el A quo que las frases empleadas por el abogado investigado «exceden los
límites de la libertad de expresión, ya que pasan de ser argumentaciones apasionadas a
expresiones virulentas al comportar, sin hesitación, epítetos o calificativos lesivos para las
partes e intervinientes del proceso judicial». De otro lado, dijo la sentencia recurrida que las
aseveraciones del disciplinado «envuelven la atribución clara, concreta y categórica de hechos
delictuosos a personas determinadas: la liquidadora y el funcionario judicial dentro del proceso
199-4240».(…)
Finalmente, el primer nivel, al citar un pronunciamiento de la Corte Constitucional, manifestó
(…) La Comisión Nacional de Disciplina Judicial, en reciente decisión, reiteró los diferentes
pronunciamientos que la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y que esta
Colegiatura en particular han proferido en torno al análisis de la falta contenida en el artículo
32 de la ley 1123 de 2007. Al respecto, la Comisión manifestó (…)
Se observa que los argumentos citados por el fallador de primera instancia no son diferentes a
lo que esta Corporación ha dicho en tratándose del análisis de la falta contenida en el artículo
32 del Estatuto Disciplinario de los Abogados (…)
¿La sentencia objeto de apelación careció de análisis, valoración probatoria y motivación?
Al respecto, además de reiterar lo dicho en el numeral iv del primer problema jurídico abordado
en esta providencia, debe precisarse que la sentencia de primera instancia motivó en debida
forma la decisión a través de la cual se declaró la responsabilidad disciplinaria del investigado.
Además de la narración de los hechos de manera clara, la relación y la valoración de las
pruebas obrantes en el plenario, entre las cuales se destacó la trascripción de los escritos
presentados por el disciplinado ante el Juzgado 51 Civil del Circuito de Bogotá que originaron
el presente proceso disciplinario, y la valoración de la versión libre rendida por el disciplinado
en la audiencia de pruebas y calificación, así como la ampliación de la misma en la audiencia
de juzgamiento, se tiene que el A quo realizó un motivado análisis de la responsabilidad
disciplinaria del investigado(…)
Sobre esta afirmación debe decirse que a través de inspección judicial que obra en el plenario,
se allegaron al proceso todos los memoriales y recursos que fueron analizados para concluir la
incursión del abogado en la falta enrostrada, además, sirvió para aclarar el contexto de los
hechos objeto de investigación. Al respecto, el primer nivel dejó claro que «las actuaciones
surtidas bajo el radicado 1999-4240, al cual se le practicó inspección judicial el 16 de abril de
2020, como consta en el acta levantada en la fecha, de la cual nos serviremos para verificar, a
modo de contexto, el entorno procesal en el que tuvieron lugar los hechos materia de esta
actuación disciplinaria:».
Por último, en el acápite del recurso de apelación denominado «PRUEBAS», el disciplinado
dijo(…)
Sobre estas peticiones, debe reiterarse lo dicho a lo largo de la presente providencia sobre la
base de que i) las pruebas que obran en el plenario fueron debidamente valoradas por el A quo,
ii) no opera la figura de la prejudicialidad, como ya se anotó cuando esta Comisión se refirió a
la solicitud de nulidad impetrada por el abogado investigado y iii) en todo caso la etapa procesal
para solicitar pruebas se encuentra precluida. Y si bien subsiste la posibilidad de decretar
pruebas de oficio, no ve esta corporación la pertinencia de solicitar el «estado de la denuncia
penal impetrada por JORGE ANTONIO BLANCO» contra los quejosos y la liquidadora Nidya
Ramírez Nieto, pues, como se ha insistido, el proceso penal que cita el disciplinado, es
absolutamente independiente de los hechos jurídicamente relevantes investigados en la
presente causa disciplinaria.
Finalmente, esta Comisión advierte que, al revisar las expresiones contenidas en los diferentes
escritos presentados por el disciplinado, se observa que los calificativos para referirse a la
liquidadora del concordato en cuestión, son ofensivos y desobligantes (…).
Con las conductas desplegadas por el abogado Jorge Antonio Blanco en contra de la
liquidadora Nydia Ramírez y del juez de conocimiento del proceso concordatario, es claro que
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-03748-00
Accionante: Jorge Antonio Blanco Gómez
Accionado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
se afectó el deber profesional de observar mesura, seriedad, ponderación y respeto en sus
relaciones con las personas que intervengan en los asuntos de su profesión.
Igualmente resulta evidente que las manifestaciones injuriosas y temerarias aludidas, fueron
hechas por el disciplinado con total conocimiento de lo que se estaba haciendo, con plena y
total voluntariedad, con conciencia de que dichas expresiones encarnan per se un ilícito
disciplinario, y evidentemente el abogado pudo actuar de manera mesurada, moderada y
decidió no hacerlo (…)>>.
33.- Bajo este escenario, la mayoría de los argumentos expuestos por el señor
Jorge Antonio Blanco Gómez en la presente acción, fueron los mismos que expresó
en el proceso disciplinario, los cuales, a su vez, fueron resueltos en su totalidad por
la Comisión Nacional de Disciplina Judicial en el fallo de 29 de marzo de 2023; en el
sentido de determinar que el disciplinado con total conocimiento de lo que estaba
haciendo realizó manifestaciones injuriosas y temerarias en contra del juez y la
auxiliar judicial del proceso concordatario; por lo que de las pruebas arrimadas al
proceso, la jurisprudencia y normas aplicables al asunto, pudo determinar que el
abogado disciplinado tenía un verdadero animus injuriandi, por lo que evidentemente
incurrió en el ilícito disciplinario al tenor de lo dispuesto en el artículo 32 de la ley
1123 de 2007.
34.- Se precisa, además, que fue esa instancia judicial la que tuvo a su cargo valorar
los alegatos de hecho y de derecho que el demandante sometió a su consideración,
sin que ahora quepa prolongar el debate sobre los mismos. De ahí que verificado
que el malestar que se formula contra la providencia judicial fue el mismo que se
debatió y definió ante los jueces de la causa, ningún espacio cabrá para el juez
constitucional.
35.- En lo que respecta a los otros cargos planteados, la Sala encuentra lo siguiente:
(i). Frente al argumento relacionado con que la Comisión Seccional de Disciplina
Judicial de Bogotá vulneró el derecho al debido proceso por no resolver la solicitud
de nulidad, se advierte que el mismo no tiene vocación de prosperidad. El actor
pretende que se apliquen las normas del Código General del Proceso,
concretamente los artículos 134 y 127, desconociendo que dicho trámite disciplinario
se rige por la Ley 1123 de 2007, que en su artículo 106 dispone que “Las nulidades
generadas y planteadas con posterioridad a la audiencia de pruebas y calificación
serán resueltas en la sentencia”. Así, teniendo en cuenta que la solicitud de nulidad
se presentó después de la audiencia de pruebas y calificación, y con posterioridad al
fallo de primera instancia, es razonable la consideración de la Comisión Seccional
referida a que perdió competencia para resolver el asunto y, como lo dijo en el auto
que concedió el recurso de apelación, debía remitir la mentada solicitud al superior
jerárquico para que se pronunciara al respecto, en sentencia. Adicional a lo anterior,
se advierte que esta posición fue avalada por la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial, como máxima autoridad de esa jurisdicción, y en ese sentido no le
corresponde al juez de tutela imponer sus criterios interpretativos.
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-03748-00
Accionante: Jorge Antonio Blanco Gómez
Accionado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
(ii). El reproche relativo a que el juez no transcribió literalmente el escrito por el cual
fue sancionado el actor carece en absoluto de carga argumentativa. La Sala destaca
que la ausencia de una transcripción no puede llevar a concluir que dicho documento
no fue valorado. Por demás, no es obligación de los jueces reproducir en sus
providencias el contenido de documentos que reposan en el expediente.
(iii). La queja sobre la falta de estudio del fenómeno prescriptivo, no tiene sustento,
pues la simple lectura de la providencia cuestionada permite a la Sala advertir que
en la misma, de manera expresa, se indicó que frente al reproche disciplinario
derivado de los dos memoriales enviados por el actor el 1 de junio de 2017 debía
advertirse que operó la prescripción. Situación que no implicaba la revocatoria de la
sanción, pues la misma encontró sustentó en las afirmaciones realizadas por el
disciplinado en un escrito de fecha posterior.
(iv). El argumento relativo a la omisión de aplicar ciertos preceptos legales carece
de carga argumentativa, pues el actor se limitó a enunciar las disposiciones,
haciendo una breve referencia a su contenido, pero no explicó de qué manera se
configuró un defecto sustantivo. En su solicitud, no construyó ningún argumento
dirigido a explicar si el fundamento de la decisión judicial acusada es una norma que
no resultaba aplicable al caso concreto, o si se incurrió en alguna interpretación
irrazonable.
(v). Finalmente, en lo que respecta al cargo relacionado con que los jueces no se
pronunciaron sobre las causales de exclusión de responsabilidad disciplinaria, se
advierte que el mismo no supera el requisito de subsidiariedad, en la medida que la
parte actora nunca puso de presente tal argumento ante los jueces naturales de la
causa, pues del proceso disciplinario allegado en préstamo no se advierte que el
señor Blanco Gómez haya hecho alusión a las dos causales de exclusión de
responsabilidad que ahora invoca. Y de haberlas alegado, igualmente contaba con
la posibilidad de solicitar la adición de la sentencia en ese sentido y no lo hizo. De
este modo, se advierte que el actor no puede pretender utilizar este mecanismo
constitucional como un reemplazo de las vías judiciales ordinarias.
36.- En razón a todo lo anterior, las presuntas deficiencias alegadas respecto de la
decisión adoptada dentro del proceso disciplinario, responden, en realidad, a una
mera discrepancia valorativa sobre el resultado desfavorable del proceso que no es
susceptible de admitirse como una causal de procedibilidad especial, pues siempre
que se trate de interpretaciones diversas y razonables, es el juez natural el llamado
a fijar aquella que mejor se ajuste al caso de que se trate, conforme a los criterios de
la sana crítica y en virtud de su autonomía e independencia.
37.- Por lo demás, no sobra mencionar que la jurisprudencia constitucional no ha
considerado factible la procedencia excepcional de la tutela contra providencias
judiciales, cuando quiera que estas se fundamentan en un determinado criterio
jurídico, en una razonable interpretación de las normas que son aplicables a la causa
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-03748-00
Accionante: Jorge Antonio Blanco Gómez
Accionado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
y en una valoración adecuada de las pruebas allegadas, ya que de no ser ello así,
habría una intromisión arbitraria del juez de tutela que menoscabaría de manera
grave los principios constitucionales de autonomía e independencia judicial, los
cuales, en forma precisa, habilitan al juez para aplicar la ley sustancial y procesal 18.
38.- De acuerdo con lo anterior, se declarará la improcedencia del amparo
deprecado.
39.- En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
III. RESUELVE
PRIMERO. - DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela de la referencia, por
las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia.
SEGUNDO. - Se ordena NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.
TERCERO. - De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR esta actuación
a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE19
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su
encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de
Estado, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y
autenticidad en el enlace https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador.
Igualmente puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR
que aparece a la derecha. Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los
abogados tienen la responsabilidad de registrarse en el sistema Samai.
18 Cfr. Sentencia T-1015 de 2010 de la Corte Constitucional.
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