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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2023-03750-00

Fecha
31 de agosto de 2023
Consejero ponente
Gabriel Valbuena Hernández

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2023-03750-00

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO.- RECHAZAR POR IMPROCEDENTE la acción de tutela instaurada por la señora Clelia Andrea Anaya Benavides contra el Juzgado Cincuenta y Cinco Administrativo del Circuito de Bogotá y el Tribunal Administrativo de 6 Sentencia T-375 de 2018. Corte Constitucional. www.consejodeestado.gov.co 17 Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia ACCIÓN DE TUTELA Radicado: 11001-03-15-000-2023-03750-00 Ac c i o n a n t e : C l e l i a An d r e a An a y a B e n a v i d e s Cundinamarca – Sección Cuarta – Subsección B, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia. SEGUNDO: De no ser impugnada esta sentencia, ENVÍESE a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 11001-03-15-000-2023-03750-00

Consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernández

31 de agosto de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ

Bogotá D. C. treinta y uno (31) de agosto de dos mil veintitrés (2023).

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2023-03750-00
Accionante: CLELIA ANDREA ANAYA BENAVIDES
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA –
SECCIÓN CUARTA – SUBSECCIÓN B Y OTRO

Tema: Tutela contra providencia judicial / derechos
fundamentales al debido proceso, tutela judicial
efectiva, buen nombre y patrimonio / trámite del
incidente de desacato / modulación de una orden
dictada en una acción de tutela / incumplimiento del
requisito de subsidiariedad

Sentencia de primera instancia

La Sala de Subsección decide la acción de tutela instaurada por la
señora Clelia Andrea Anaya Benavides, actuando en nombre propio,
contra el Juzgado Cincuenta y Cinco Administrativo del Circuito de
Bogotá y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Cuarta
– Subsección B, por la presunta vulneración de derechos fundamentales
ocurrida con ocasión de la expedición de las providencias del 13 y 15
de febrero de 2023, respectivamente, dentro del proceso con radicado
núm. 1100-13-34-2055-2022-00551/01.

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ACCIÓN DE TUTELA
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I. ANTECEDENTES

La solicitud de protección de sus derechos fundamentales al debido
proceso, tutela judicial efectiva, buen nombre y patrimonio se
fundamenta en los siguientes:

1. HECHOS

1.1. La señora Julia Inés Lozano Quiroga presentó acción de tutela en
contra de la Unidad para la Atención y Reparación Integral de las
Víctimas (en adelante UARIV) solicitando la protección de su derecho
fundamental de petición.

1.2. El proceso fue conocido por el Juzgado Cincuenta y Cinco
Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá que, por medio de
sentencia del 5 de diciembre de 2022, concedió el amparo pretendido
y ordenó:

«[…]

SEGUNDO.- ORDENAR a la Unidad para la Atención y Reparación Integral de
las Víctimas – UARIV que, por conducto del funcionario competente, dentro de
las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta providencia,
responda, de: fondo, completa, clara y congruente, la petición de la señora Julia
Inés Lozano Quiroga […] indicándole el plazo aproximado y orden, en el que
podrá acceder a la indemnización administrativa por el hecho victimizante del
desplazamiento forzado. De otra parte, copia de lo actuado por la entidad debe ser
enviado a este juzgado, para comprobar el cumplimiento de la sentencia.

[…]».

1.3. El 19 de enero de 2023 la señora Julia Inés Lozano Quiroga
interpuso incidente de desacato en contra de la UARIV por el
incumplimiento de lo ordenado en el trámite constitucional.

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1.4. Por considerar incumplida la orden de tutela, el Juzgado Cincuenta
y Cinco Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, por medio de
auto del 13 de febrero de 2023, resolvió:

«PRIMERO.- DECLARAR que se ha incurrido en desacato a la providencia
emitida por este despacho el 5 de diciembre de 2022, por la Doctora Clelia Andrea
Anaya Benavides, […] en condición de la Directora Técnica de Reparaciones de
la UARIV; por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO.- IMPONER a la Doctora Clelia Andrea Anaya Benavidez, […] en
condición de la Directora Técnica de Reparaciones de la UARIV, multa
equivalente a dos (2) salarios mínimos legales mensuales vigentes, la cual será
cancelada dentro del término de diez (10) días contados a partir de la ejecutoria de
la presente providencia […]».

1.5. La decisión precitada fue conocida en el grado jurisdiccional de
consulta por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección
Cuarta – Subsección B que, a través de auto del 15 de febrero de 2023,
consideró bien impuesta la sanción por desacato y confirmó la decisión
proferida por el Juzgado Cincuenta y Cinco Administrativo del Circuito
Judicial de Bogotá.

2. FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN

La parte accionante alega que existe una imposibilidad de cumplir con
la orden de tutela del 5 de diciembre de 2022, toda vez que no es
posible para la UARIV indicar un plazo aproximado en el cual la señora
Julia Inés Lozano Quiroga puede acceder a la indemnización
administrativa por el hecho victimizante del desplazamiento forzado.
Ello, por cuanto la entidad debe ser respetuosa del procedimiento
establecido en la Resolución núm. 1049 de 2019 –la cual fijó los
criterios de priorización para el reconocimiento reparatorio– y del
debido proceso administrativo.

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En ese sentido, sostiene que con las providencias acusadas el Juzgado
Cincuenta y Cinco Administrativo del Circuito de Bogotá y el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca – Sección Cuarta – Subsección B
incurrieron en un defecto fáctico por la indebida valoración del
informe rendido dentro del trámite del incidente de desacato, en el cual
se indicó que el orden de pago de la indemnización estaba sujeto al
Método Técnico de Priorización que maneja la UARIV.

Asimismo, señala un desconocimiento del precedente1 fijado por la
Corte Constitucional en la sentencia SU-034 de 2018, el cual consagra
expresamente las reglas jurisprudenciales para que los jueces de tutela
en primera instancia modulen el cumplimiento del fallo, en especial los
que se relacionan con el pago de la indemnización administrativa en
temas de víctimas del conflicto armado interno.

Finalmente, indica que existe una violación directa de la
Constitución por el quebranto de sus derechos fundamentales al
debido proceso e igualdad, y de los principios de seguridad jurídica,
confianza legítima y buena fe.

3. PRETENSIONES

La parte accionante solicita lo siguiente:

«PRIMERO: AMPARAR mis derechos fundamentales al debido proceso, a la
tutela judicial efectiva, buen nombre, y patrimonio, vulnerados por el
JUZGADO CINCUENTA Y CINCO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO -
SECCIÓN SEGUNDA DE BOGOTÁ y el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO
DE CUNDINAMARCA - SECCIÓN CUARTA SUBSECCIÓN "B", teniendo
en cuenta lo ya expuesto y la Sentencia SU- 034 de 2018 de la Corte Constitucional.

1 Si bien en los fundamentos del escrito de tutela la accionante alega un defecto sustantivo, se tiene que la argumentación

que sustenta el mismo encaja dentro de los supuestos que ha delimitado la jurisprudencia para la causal específica de
procedibilidad de desconocimiento del precedente.

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SEGUNDO: ORDENAR al JUZGADO CINCUENTA Y CINCO
ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO - SECCIÓN SEGUNDA DE
BOGOTÁ, modular los efectos del fallo del 05 de diciembre de 2022, en
cumplimiento de la Sentencia SU- 034 de 2018 y el Auto 206 de 2017 de la Corte
Constitucional, en la medida que se cumplió con la orden al expedir la Resolución
04102019-171346 del 17 de diciembre de 2019, con fundamento en la Resolución
No. 01049 de 2019, que reconoció el derecho a la entrega de la indemnización a la
señora JULIA INES LOZANO QUIROGA y dispuso la aplicación del método
técnico de priorización, en atención a que no acreditó un criterio de priorización.

Y en consecuencia, INAPLICAR Y/0 DEJAR SIN EFECTOS las sanciones
impuesta en auto del 13 de febrero de 2023 en mi contra, consistente en multa de
dos (02) salarios mínimos legales mensuales vigentes, decisión CONFIRMADA por
el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA - SECCIÓN
CUARTA - SUBSECCIÓN "B" en auto del 15 de febrero de 2023.

TERCERO: ORDENAR al JUZGADO CINCUENTA Y CINCO
ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO - SECCIÓN SEGUNDA DE BOGOTÁ
y al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA - SECCIÓN
CUARTA - SUBSECCIÓN "B", que comunique a la autoridad encargada de la
ejecución de la sanción de multa, que las mismas se han levantado (sic) con ocasión
a la acreditación de la imposibilidad del cumplimiento de la orden judicial de tutela.

CUARTO: CONMINAR al JUZGADO CINCUENTA Y CINCO
ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO - SECCIÓN SEGUNDA DE BOGOTÁ
y al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA - SECCIÓN
CUARTA - SUBSECCIÓN "B", a que acate y aplique los precedentes
jurisprudenciales frente a la procedencia del levantamiento de la sanción, previa
acreditación del cumplimiento de la orden y/o acreditando las razones que
imposibilitan su cumplimiento, con base en la naturaleza persuasiva del incidente
de desacato».

4. INFORMES

Mediante auto del 13 de julio de 2023 el despacho sustanciador admitió
la acción de tutela de la referencia y ordenó notificar al Juzgado
Cincuenta y Cinco Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá y al
Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Cuarta –
Subsección B como accionados y a la señora Julia Inés Lozano Quiroga
como tercero interesado en las resultas del proceso.

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Asimismo, ordenó notificar a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica
del Estado para que, de considerarlo necesario, interviniera en el
presente asunto.

4.1. El Juzgado Cincuenta y Cinco Administrativo del Circuito
Judicial de Bogotá, por conducto de su titular, rindió informe en el
cual realizó un recuento de las actuaciones adelantadas en (i) el trámite
de la acción de tutela; (ii) el trámite incidental y (iii) la solicitud de
inaplicación de la sanción impuesta contra la señora Clelia Andrea
Anaya Benavides.

Expuso que en el presente asunto no se reúnen los requisitos
preliminares para la procedencia de la acción, habida cuenta que no se
observa su relevancia constitucional; de otra parte, se reiteró que si
bien se presenta como ataque a la decisión del incidente de desacato,
lo cierto es que esta deriva de una sentencia de tutela y el incidente de
desacato no es autónomo, sino consecuencia del incumplimiento de una
sentencia contra la cual no se utilizaron los recursos establecidos por la
ley. Así, en el fondo, consideró que lo discutido no es la sanción por el
incumplimiento de la sentencia, sino lo decidido en el proceso
constitucional.

4.2. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección
Cuarta – Subsección B, por medio de la magistrada ponente de la
decisión cuestionada, solicitó que se rechace por improcedente la
acción de tutela de la referencia o, de ser el caso, se niegue el amparo
deprecado.

Señaló que las respuesta dadas por la UARIV a la señora Julia Inés
Lozano Quiroga no denotaron claridad ni certeza, máxime cuando no
demostraron que se haya dado cabal cumplimiento a lo dispuesto en el
fallo de tutela, pues sólo se limitó a reiterar lo que establecen las

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resoluciones administrativas que regulan los métodos de priorización
para el pago de la indemnización administrativa.

Sostuvo que la parte accionante no agotó todos los recursos ordinarios
y extraordinarios a su alcance antes de acudir al juez de tutela,
teniendo en cuenta que no impugnó la sentencia del proceso
constitucional que dio origen al incidente de desacato, lo cual constituye
un incumplimiento del requisito de subsidiariedad.

4.3. Pese a haber sido notificadas en debida forma, las demás partes
guardaron silencio.

II. CONSIDERACIONES

1. COMPETENCIA

Corresponde a esta Sala de Subsección conocer la presente acción de
tutela, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1º del Decreto
2591 de 1991, en concordancia con el Decreto 333 de 2021.

2. PROBLEMA JURÍDICO

De conformidad con lo expuesto, entiende la Sala de Subsección que el
problema jurídico se circunscribe a determinar si el Juzgado Cincuenta
y Cinco Administrativo del Circuito de Bogotá y el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca – Sección Cuarta – Subsección B, con
la expedición de las providencias del 13 y 15 de febrero de 2023,
respectivamente, proferidas dentro del proceso con radicado núm.
1100-13-34-2055-2022-00551/01 incurrieron en una vulneración de
los derechos fundamentales al debido proceso, tutela judicial efectiva,
buen nombre y patrimonio de la parte accionante.

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Previamente a lo anterior, se deberá determinar la procedencia de la
acción de tutela contra la providencia judicial cuestionada.

3. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN

3.1. PROCEDENCIA EXCEPCIONAL DE LA ACCIÓN DE TUTELA
CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL

En términos generales y de acuerdo con la jurisprudencia constitucional
vigente2, aceptada mayoritariamente por la Sala Plena de esta
corporación3, es posible acudir al recurso de amparo para obtener la
protección material de los derechos fundamentales, cuando éstos
resulten amenazados o vulnerados por decisiones judiciales. Ello
atendiendo a que el ejercicio de la judicatura, como cualquier rama del
poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción a los
valores, principios y derechos que la propia Constitución establece; y
en esa perspectiva, cualquier autoridad investida de la potestad de
administrar justicia, sin importar su linaje, es susceptible de ser
controlada a través de ese mecanismo constitucional cuando se
desbordan los límites que la carta le impone.

Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y
residual, supone el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de
quien pretende la protección de sus derechos, en tanto que el ejercicio
natural de la jurisdicción se inscribe dentro de procedimientos
destinados a la eficacia de los mismos y en esa medida las
irregularidades que allí surjan son subsanables en el contexto del
proceso. De ahí que la Corte Constitucional estructurara, después de
años de elaboración jurisprudencial, los requisitos generales de

2 Corte Constitucional. Sentencia C-590-05.
3 Sentencia de treinta y uno (31) de julio de dos mil doce (2012). Radicación número: 11001-03-15-000-2009-01328-

01(IJ) Actor: Nery Germania Álvarez Bello. C.P. María Elizabeth García González.

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procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales, que
tienen como propósito garantizar el delicado equilibrio entre el principio
de seguridad jurídica, la autonomía e independencia de los jueces para
interpretar la ley y la necesidad de asegurar la vigencia efectiva de los
derechos constitucionales fundamentales.

De tal suerte, que se erigieron como requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales:

«a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. b.
Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de
defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar
la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable. c. Que se cumpla
el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un
término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. d.
Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene
un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora. e. Que la parte actora identifique de
manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que
esto hubiere sido posible. f. Que no se trate de sentencias de tutela». (Resalta la
Sala).

La causal de improcedencia de la acción relacionada con la existencia
de otros medios de defensa responde al carácter subsidiario de la acción
de tutela, con el propósito respetar la división de competencias que la
misma carta política ha delineado y el principio de especialidad de la
jurisdicción; por tanto, desconocer tales atribuciones implicaría invadir
a los jueces que recibieron el encargo constitucional de poner fin a las
controversias en una jurisdicción determinada, para lo cual, fueron
revestidos de autonomía e independencia.

De igual forma, se refiere a aquellos eventos en los que la petición
presentada en la acción de tutela puede ser resuelta, no sólo a través
de las acciones ordinarias u otros mecanismos de defensa judicial, sino

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además cuando las partes dentro de un proceso han contado
con los mecanismos de defensa y no han hecho uso de ellos,
buscando ante tal omisión acudir a esta vía para que se reviva la
oportunidad procesal ya precluida.

El argumento de improcedencia en comento tiene sustento en los
deberes jurídicos que tienen las partes en el trámite de los
procesos judiciales para impugnar o controvertir las decisiones
con las que están en desacuerdo y cuya oportunidad se establece
en cada uno de los estatutos que rigen el proceso de que se trate.

Así las cosas, dependiendo del caso que se estudie, el establecimiento
de los recursos y demás oportunidades procesales tienen por objeto
que el mismo funcionario judicial o su superior funcional reexaminen la
actuación censurada y la modifiquen o revoquen. En ese sentido, el juez
constitucional no podrá declarar procedente una solicitud de amparo
cuando la parte interesada en controvertir la decisión judicial no ejerció
su derecho en tiempo o simplemente dejó de cumplir con los
formalismos establecidos en la legislación procesal, por
desconocimiento o falta de diligencia.

Frente a ello ha señalado la Corte Constitucional:

«Una segunda razón estriba en el respeto por la importancia del proceso judicial.
Las etapas, recursos y procedimientos que conforman un proceso, son el primer
espacio de protección de los derechos fundamentales de los asociados,
especialmente en lo que tiene que ver con las garantías del debido proceso. Es en
este sentido que la sentencia C-543/92 puntualiza que: ‘tratándose de instrumentos
dirigidos a la preservación de los derechos, el medio judicial por excelencia es el
proceso, tal como lo acreditan sus remotos orígenes’ (negrillas del original). Por
tanto, no es admisible que el afectado alegue la vulneración o amenaza de un
derecho fundamental cuando no ha solicitado el amparo de sus derechos dentro del
proceso, pues, en principio, el ordenamiento jurídico le ha dotado de todas las
herramientas necesarias para corregir durante su trámite las irregularidades

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procesales que puedan afectarle»4.

4. CASO CONCRETO

En el presente asunto se decide la acción de tutela instaurada por la
señora Clelia Andrea Anaya Benavides contra el Juzgado Cincuenta y
Cinco Administrativo del Circuito de Bogotá y el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca – Sección Cuarta – Subsección B, por la presunta
vulneración de derechos fundamentales al debido proceso, tutela
judicial efectiva, buen nombre y patrimonio ocurrida con ocasión de la
expedición de las providencias del 13 y 15 de febrero de 2023,
respectivamente, dentro del proceso con radicado núm. 1100-13-34-
2055-2022-00551-01.

De conformidad con los fundamentos expuestos en la tutela, se observa
que la parte accionante alega la configuración de las causales
específicas de procedibilidad de defecto fáctico, desconocimiento del
precedente y violación directa de la Constitución, en las cuales
presuntamente incurrieron las autoridades judiciales accionadas al
momento de resolver el incidente de desacato propuesto por la señora
Julia Inés Lozano Quiroga en contra de la UARIV, por el incumplimiento
de la sentencia del 5 de diciembre de 2022 dictada por el Juzgado
Cincuenta y Cinco Administrativo del Circuito de Bogotá.

Al respecto, el núcleo central de la argumentación que motiva la
interposición de la acción bajo estudio se relaciona con la imposibilidad
de la Unidad para indicar el plazo aproximado y orden en el que podrá
acceder a la indemnización administrativa la demandante en el proceso
de tutela. Esto porque, según lo señala el marco normativo, la entrega
de las medidas de reparación, atención y asistencia debe cumplir los
principios de progresividad, gradualidad, y sostenibiliclad fiscal, siendo

4 Corte Constitucional, sentencia T-001 de 2017.

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inviable jurídica y materialmente pagarle a todas las víctimas al mismo
tiempo.

En consideración a ello, la demandante sostiene que el método técnico
de priorización es la herramienta que determina el orden de pago de
las personas que no se enmarcan en las situaciones del artículo 4.° de
la Resolución núm. 1049 de 2019 pero que según la evaluación de otros
factores sí es necesario apremiar el pago de la indemnización
administrativa. Es decir, la Unidad depende un presupuesto anual que
se deberá distribuir en las personas que sean priorizadas y las que
salgan favorables luego de la aplicación del citado método de
priorización.

Es por lo anterior que alega que no se puede dar cumplimiento a la
orden de tutela proferida el 5 de diciembre de 2022 en atención que en
la UARIV no hay manera de saber la cantidad de víctimas que serán
priorizadas y, por ende, no se puede asignar una fecha de pago cuando
no es seguro si financieramente la entidad pueda asumir la
indemnización.

En ese orden de ideas, si bien la presente acción se dirige en contra de
las providencias que resolvieron el incidente de desacato, esta Sala de
Subsección advierte que los argumentos que hoy se exponen ante el
juez constitucional coinciden con los que fueron estudiados por el
Juzgado Cincuenta y Cinco Administrativo del Circuito de Bogotá al
momento de decidir la tutela a través de la cual la señora Julia Inés
Lozano Quiroga solicitó la protección de su derecho fundamental al
debido proceso, y que la pretensión principal de la accionante es la
modulación de la orden de tutela dictada el 5 de diciembre de 2022,
mediante la que se resolvió:

«[…]

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SEGUNDO – ORDENAR a la Unidad Administrativa para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas – UARIV que, por conducto del funcionario
competente, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación
de esta providencia, responda, de: fondo, completa, clara y congruente, la petición
de la señora Julia Inés Lozano Quiroga, identificada con cédula de ciudadanía Nº.
28.866.368, de 25 de octubre de 2022, radicada bajo el número 2022-8408885-2,
indicándole el plazo aproximado y orden, en el que podrá acceder a la
indemnización administrativa por el hecho victimizante del desplazamiento
forzado. De otra parte, copia de lo actuado por la entidad debe ser enviado a este
juzgado, para comprobar el cumplimiento de la sentencia».

Sobre esto, resulta evidente que, en el informe rendido por la UARIV
en el trámite tutelar, el tema de la imposibilidad para el otorgamiento
de la fecha de pago de la indemnización administrativa ya era de
conocimiento de la entidad, tal y como lo expuso en el Oficio Radicado
núm. 20220899985-1 en el que indicó:

«En el caso particular de JULIA INES LOZANO QUIROGA, el 31 de julio de
2021, la Unidad para las Víctimas aplicó el Método Técnico de Priorización, con
el propósito de determinar, de manera proporcional a los recursos presupuestales
asignados a la Unidad para las Víctimas en el año 2021, el orden de entrega de la
indemnización reconocida a su favor. Así las cosas, conforme el resultado de la
aplicación del Método, se concluye que NO es procedente materializar la entrega
de la medida de indemnización ya reconocida respecto de (de los) integrante(s)
relacionado(s) en su solicitud con radicado 378715-1716456, por el hecho
victimizante de DESPLAZAMIENTO FORZADO, lo cual le fue debidamente
notificado al accionante mediante oficio 202141025932721.

Posteriormente la Unidad para las Víctimas aplicó nuevamente el Método Técnico
de Priorización con el propósito de determinar el orden de entrega de la
indemnización administrativa, atendiendo de proporcional (sic) a los recursos
presupuestales asignados en dicho año. En ese sentido y de acuerdo con el
resultado se concluyó que NO era posible materializar la entrega de la medida
reconocida en el presente caso por el hecho victimizante de DESPLAZAMIENTO
FORZADO. Lo anterior como consecuencia de: (i) la ponderación de las variables
demográficas, socioeconómicas, de caracterización del daño y el avance en su
proceso de reparación integral; (ii) el orden definido tras el resultado de la
aplicación del Método Técnico respecto del universo de víctimas aplicadas y (iii)
la disponibilidad presupuestal con la que cuenta la Unidad, lo cual le fue
debidamente notificado al accionante mediante oficio 2022-0439298-1.

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Por consiguiente, a la Unidad para las Víctimas le es imposible otorgar una
fecha de pago a JULIA INES LOZANO QUIROGA de acuerdo con lo
establecido en el procedimiento administrativo contemplado en la Resolución
1049 de 2019. Pues en el caso particular, el resultado de la aplicación del Método
no lo ubicó dentro del universo de víctimas que accederán a la indemnización
administrativa conforme la disponibilidad presupuestal asignada para el año
2022». (Subrayado y negrillas fuera del texto)

De igual modo, la aplicación del método técnico de priorización –prueba
que se alega como desconocida para sustentar el cargo del defecto
fáctico– también fue un argumento que se puso a consideración del
juez constitucional dentro del trámite de tutela inicial, a saber:

«Por otro lado, la aplicación del método técnico de priorización, como proceso
técnico, implica el abordaje de una serie de gestiones que se realizan con el apoyo
de la Red Nacional de Información, en primer lugar, relacionadas con la
unificación de los datos y consultas administrativas en las fuentes de información
con las que cuenta la Unidad, que permiten arrojar el resultado de la ponderación
de las variables demográficas, socioeconómicas, de caracterización del daño, y de
avance en el proceso de reparación integral, así como también, realizar las
validaciones tendientes a establecer que la víctima no haya fallecido, que no se
haya excluido del Registro Único de Víctimas o que el monto a reconocer no
supere el máximo de los 40 SMLMV. De ahí que se requiera de un tiempo
prudencial para llevar a cabo este procedimiento técnico, toda vez que, los listados
ordinales que arroje, serán los que orienten la priorización que debe seguir la
Entidad para el otorgamiento de la medida indemnizatoria en los casos que no
cuentan con una situación de urgencia manifiesta o extrema vulnerabilidad, razón
por la cual, no le es posible a la Unidad otorgar indistintas fechas de pago de la
indemnización, pues esta depende de todo lo descrito hasta el momento».

En ese sentido, es claro entonces que las condiciones relacionadas con
la imposibilidad de la UARIV para otorgar una fecha de pago de la
indemnización administrativa eran conocidas para la entidad desde
antes de proferirse la sentencia del 5 de diciembre de 2022, decisión
que no fue impugnada por la entidad, quedó en firme y fue remitida a
la Corte Constitucional para su eventual revisión desde el 13 de enero
de 2023.

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Así las cosas, es posterior al trámite incidental cuando la parte
accionante solicita (i) la aplicación de la sentencia SU-034 de 2018,
dictada por la Corte Constitucional; y (ii) la modulación de la orden de
tutela, pese a que en su momento dispuso de medios idóneos de
defensa mediante los cuales pudo haber cuestionado la orden de tutela
del 5 de diciembre de 2022, como lo es la impugnación de la misma
ante el juez natural de la causa.

Frente a esto, se debe aclarar que, si bien en otros casos la figura de
la modulación de las órdenes de tutela es procedente para revocar
sanciones impuestas en el trámite de incidentes de desacato, es
necesario (i) que se demuestre que no existe responsabilidad subjetiva
en el incumplimiento de la sentencia de amparo o (ii) que se presenten
hechos nuevos o circunstancias que desborden lo fallado por el juez
constitucional y que no hayan sido objeto de estudio de este al
momento de proferir la decisión.

En efecto, en asuntos similares, esta Sala de Subsección ha sostenido:

«Debe entonces recordarse que para que proceda la sanción por desacato, debe
demostrarse de manera inequívoca la responsabilidad subjetiva. Así lo ha señalado
la Corte Constitucional:

“Cuando hay incumplimiento deliberado de una orden de dar o de hacer o de
no hacer, el juez que tenga competencia hará cumplir la orden con fundamento
en los artículos 23 y 27 del decreto 2591 de 1991. Si adicionalmente se ha
propuesto el incidente de desacato, aplicará la sanción teniendo en cuenta que
en éste la responsabilidad es subjetiva.

Cuando la obligación es de dar, el juez competente hará de todas maneras cumplir
la orden. Sin embargo, debe examinar si hayo no responsabilidad subjetiva, para
efectos del desacato.

[…]

No solo el cumplimiento de la orden se contempla el decreto (sic) 2591 de 1991.
Dicho decreto y la jurisdicción constitucional han analizado lo relativo al trámite
del desacato. Sobre desacato se ha pronunciado esta Corporación en varias
oportunidades: C-243/96, T-554/96 y especialmente T-763/98. En esta última

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sentencia prosperó la tutela porque en el incidente de desacato se había violado el
debido proceso.

Si el incidente de desacato finaliza con decisión condenatoria, puede haber
vía de hecho si no aparece la prueba del incumplimiento, o no hay
responsabilidad subjetiva”.

En este panorama, es claro para la Sala que aunque a la fecha no se ha logrado el
efectivo cumplimiento de la orden de tutela de 16 de julio de 2018, dicha
circunstancia ha obedecido, también, a la conducta del señor González Cristancho,
quien ha rechazado el nombramiento en múltiples círculos notariales, poniendo de
presente, incluso, la posible existencia de derechos de terceros, sin que ello sea de
su competencia.

Por tanto, considera esta Sala de Subsección que en las decisiones que impusieron
la sanción en sede de desacato no se observó la responsabilidad subjetiva de la
funcionaria encartada, pues por un lado, esta ha demostrado las gestiones
adelantadas con el fin de postular al señor González Cristancho a una notaría que
se encuentre dentro de los parámetros señalados por la sentencia de tutela, y por
otra parte, también el señor González Cristancho ha contribuido de manera
sustancial a que a la fecha, no se haya concretado su nombramiento y posesión en
las notarías ofertadas, pues ha solicitado ser nombrado en ciertas notarías de su
preferencia, amparándose en la orden de tutela»5.

De esta manera, en el presente asunto es claro que los argumentos a
través de los cuales la señora Clelia Andrea Anaya Benavides solicita la
modulación de la orden de tutela objeto del incidente de desacato
acusado no son nuevos y fueron incluso planteados por la misma
entidad dentro del trámite de tutela inicial que no fue apelado, situación
que no encaja dentro de los requisitos fijados para que sea posible el
procedimiento modulatorio pretendido.

Señalado lo anterior, resulta entonces claro que no se cumplen con los
requisitos generales de procedibilidad porque, al ser la tutela un
mecanismo residual y subsidiario, no puede usarse para sustituir la
órbita de competencia del juez natural toda vez que la accionante antes
que pretender la modulación de la orden dictada el 5 de diciembre de

5 Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A. Sentencia del 7 de junio de 2019. Radicación núm. 11001-03-

15-000-2019-02146-00. Accionante: Daniela Andrade Valencia.

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2022, debió haber impugnado dicho fallo y plantear en sede de esa
acción los argumentos que hoy trae ante el juez constitucional.

En ese sentido, es necesario reiterar que la jurisprudencia
constitucional6 ha sido clara en precisar que las personas deben hacer
uso de todos los recursos ordinarios y extraordinarios que el sistema
judicial ha dispuesto para conjurar la situación que amenaza o lesiona
sus derechos, de tal manera que se impida el uso indebido de la acción
de tutela como vía preferente o instancia judicial adicional.

En este orden de ideas, por no advertirse cumplido el requisito de
subsidiariedad y no encontrarse demostrada la inminente configuración
de un perjuicio irremediable, esta Sala de Subsección rechazará por
improcedente la acción de tutela instaurada por la señora Clelia Andrea
Anaya Benavides contra el Juzgado Cincuenta y Cinco Administrativo
del Circuito de Bogotá y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca –
Sección Cuarta – Subsección B.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto la Sección Segunda, Subsección A del Consejo
de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO.- RECHAZAR POR IMPROCEDENTE la acción de tutela
instaurada por la señora Clelia Andrea Anaya Benavides
contra el Juzgado Cincuenta y Cinco Administrativo del
Circuito de Bogotá y el Tribunal Administrativo de

6 Sentencia T-375 de 2018. Corte Constitucional.

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Cundinamarca – Sección Cuarta – Subsección B, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la
presente providencia.

SEGUNDO: De no ser impugnada esta sentencia, ENVÍESE a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión
celebrada el treinta y uno (31) de agosto de dos mil veintitrés (2023).

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado Consejero de Estado

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