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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2023-03753-00

Fecha
30 de agosto de 2023
Consejero ponente
Rocio Araujo Oñate

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2023-03753-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA: PRMERO: DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la acción de tutela promovida por la señora Aura Marleny Arcila Giraldo, por lo referido en este proveído. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, al día siguiente a su ejecutoria, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2023-03753-00

Consejero ponente: Rocio Araujo Oñate

30 de agosto de 2023

Demandante: Aura Marleny Arcila Giraldo
Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera
Radicado: 11001-03-15-000-2023-03753-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

MAGISTRADA PONENTE: ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Bogotá D.C., treinta (30) de agosto de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-03753-00
Demandante: AURA MARLENY ARCILA GIRALDO
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN PRIMERA

Temas: Tutela contra providencia judicial – Improcedencia por no superar
el requisito de la subsidiariedad

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a resolver la acción de tutela presentada por la señora Aura Marleny
Arcila Giraldo contra la Sección Primera del Consejo de Estado.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

1. Mediante escrito presentado el 11 de julio de 20231, la señora Aura Marleny
Arcila Giraldo, actuando por medio de apoderado judicial, ejerció acción de tutela
contra la Sección Primera del Consejo de Estado, con el fin de reclamar el amparo
de sus derechos fundamentales «(…) a probar, debido proceso, defensa, contradicción,
legalidad y la debida valoración de las pruebas (artículo 29 C.P.) que son esenciales para la
recta administración de justicia (artículo 228 C.P.), el derecho de acceso a la administración
de justicia».

2. La accionante consideró vulneradas las referidas garantías constitucionales,
con ocasión de la sentencia proferida por la autoridad judicial accionada el 5 de mayo
de 2023, la cual, a su turno, confirmó la decisión de primera instancia, adoptada por
el Tribunal Administrativo de Antioquia el 21 de octubre de 2021, en ejercicio del
medio de control de pérdida de investidura que promovió el ciudadano Luis Humberto
Guidales García contra la señora Arcila Giraldo, en su calidad de concejal del
municipio de Medellín y cuyo radicado es 05001-23-33-000-2021-01485-00/1/2/3.

1
Acción de tutela presentada el 10 de julio de 2023 ante el buzón web del aplicativo de Tutelas y
Habeas Corpus de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.

1
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Demandante: Aura Marleny Arcila Giraldo
Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera
Radicado: 11001-03-15-000-2023-03753-00

1.2. Pretensiones

3. Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos
fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió:

(…)

SEGUNDA: Como consecuencia de lo anterior se DEJE SIN EFECTO las decisiones
judiciales proferidas por la Sección Primera del Consejo de Estado para definir la
controversia en el proceso con radicado Nro. 050012333000202101485-03, por
cuanto las decisiones adoptadas se encuentran conculcando derechos fundamentales
y desconociendo los principios iusfundamentales cardinales del Estado Social de
Derecho.

TERCERA. Como consecuencia de lo anterior, ordenar a la Sección Primera del
Consejo de Estado, que proceda a dictar una nueva providencia en el proceso con
radicado Nro. 050012333000202101485-03, ajustada a la Constitución y la Ley y
respetuosa de los derechos fundamentales de la señora Aura Marleny Arcila Giraldo.

CUARTA: Adoptar las demás medidas de protección constitucional que se consideren
pertinentes en aras de que no se vuelvan a vulnerar los derechos fundamentales de
la señora Aura Marleny Arcila Giraldo.2.

1.3. Hechos

La Sala encontró demostrados los siguientes supuestos fácticos relevantes para la
decisión que se adoptará en la sentencia:

4. El señor Luis Humberto Guidales García instauró demanda en ejercicio del
medio de control de pérdida de investidura contra la señora Aura Marleny Arcila
Giraldo como concejal del municipio de Medellín, para el periodo 2020-2023, por, a
su juicio, incurrir en la causal de inhabilidad prevista en el numeral 4º del artículo 433
de la Ley 136 de 19944. A su vez, invocó el numeral 5º del artículo 275 de la Ley

2
Transcripción literal que puede contener errores.
3
«ARTÍCULO 43. INHABILIDADES. No podrá ser inscrito como candidato ni elegido concejal
municipal o distrital:

4. Quien tenga vínculo por matrimonio, o unión permanente, o de parentesco en segundo grado de
consanguinidad, primero de afinidad o único civil, con funcionarios que dentro de los doce (12) meses
anteriores a la elección hayan ejercido autoridad civil, política, administrativa o militar en el respectivo
municipio o distrito; o con quienes dentro del mismo lapso hayan sido representantes legales de
entidades que administren tributos, tasas o contribuciones, o de las entidades que presten servicios
públicos domiciliarios o de seguridad social en el régimen subsidiado en el respectivo municipio o
distrito. Así mismo, quien esté vinculado entre sí por matrimonio o unión permanente o parentesco
dentro del segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad o único civil, y se inscriba por el
mismo partido o movimiento político para elección de cargos o de corporaciones públicas que deban
realizarse en el mismo municipio o distrito en la misma fecha».
4
Modificado por el artículo 40 de la Ley 617 de 2000.

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1437 de 20115.

5. El ciudadano consideró que la señora Arcila Giraldo se encontraba inhabilitada
por tener un vínculo en segundo grado de consanguinidad con el señor Elkin Darío
Arcila Giraldo, quien se desempeñaba como subgerente comercial de Fomento y
Desarrollo, adscrito a la Gerencia General del Instituto para el Desarrollo de
Antioquia y desempeñaba funciones de ordenación del gasto y celebración de
contratos y convenios.

6. En primera instancia, el Tribunal Administrativo de Antioquia en sentencia del
21 de octubre de 2021, decretó la pérdida de investidura de la señora Arcila Giraldo.

7. Del recurso de apelación presentado por la entonces demandada, resolvió la
Sección Primera del Consejo de Estado mediante sentencia del 5 de mayo de 2023,
en la que confirmó la decisión del a quo, tras considerar que estaban presentes tanto
el elemento objetivo como subjetivo de la causal de pérdida de investidura.

8. Dentro del elemento objetivo se probó que i) la señora Arcila Giraldo ostentaba
la calidad de concejal, ii) la tutelante tenía un vínculo de parentesco en segundo
grado de consanguinidad con el señor Elkin Darío Arcila Giraldo, quien tuvo la
condición de funcionario público entre el 18 de enero de 2016 hasta el 28 de febrero
de 2021, iii) el funcionario con el que tuvo el vínculo ejerció autoridad administrativa
dentro de los 12 meses anteriores a la elección6 y, iv) el ejercicio de autoridad del
funcionario tuvo lugar en el municipio en donde fue elegida la concejal7.

9. Sobre el elemento subjetivo, se encontró que «(…) le era exigible una actitud de
mayor diligencia, sin que sea de recibo para la Sala el argumento de que su convicción sobre
la rectitud de su conducta constituya razón suficiente para acreditar que actuó de buena fe
porque lo cierto es que constituye obligación de todo servidor público estudiar los requisitos,
naturaleza y prohibiciones de sus aspiraciones y para el ejercicio del cargo público; en ese
sentido, a la Concejal le era exigible, por un lado, conocer la Ley 136 en la medida en que,
en ella, se establecen expresamente las inhabilidades, incompatibilidades, funciones,
deberes y prohibiciones del cargo y, en caso de duda, solicitar concepto a las autoridades o
entidades públicas competentes o acudir a la asesoría idónea por parte de profesionales,

5
«ARTÍCULO 275. CAUSALES DE ANULACIÓN ELECTORAL. Los actos de elección o de
nombramiento son nulos en los eventos previstos en el artículo 137 de este Código y, además,
cuando:

5. Se elijan candidatos o se nombren personas que no reúnan las calidades y requisitos
constitucionales o legales de elegibilidad o que se hallen incursas en causales de inhabilidad».
6
Las elecciones al Concejo Distrital de Medellín se realizaron el 27 de octubre de 2019, lo cual implica
que el ámbito temporal de la inhabilidad inició el 27 de octubre de 2018 hasta el 27 de octubre de
2019 y, el pariente ostentó el cargo entre el 18 de enero de 2016 hasta el 18 de febrero de 2021.
7
El Instituto para el Desarrollo de Antioquia es una entidad descentralizada del orden departamental
de Antioquia y tiene su sede en el Distrito de Medellín, es decir que el área de influencia del Instituto
tanto a nivel administrativo como funcional comprende al Distrito que tiene su sede.

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respecto de su situación particular, lo cual, se reitera, no se probó en este caso».

10. Dicha providencia fue notificada electrónicamente el 11 de mayo de 2023 por
mensaje de datos.

11. La accionante solicitó el 5 de mayo de 2023, por un lado, la nulidad de la
sentencia y, por el otro, la aclaración y adición de la misma.

12. En auto interlocutorio del 16 de junio de 2023, la Sección Primera del Consejo
de Estado negó las solicitudes de aclaración y adición, al advertir que:

En esa medida, la Sala considera que la solicitud, más que aclarar conceptos o frases
que ofrezcan verdadero motivo de duda o que se resuelva sobre algún extremo de la
litis o sobre cualquier otro punto que de conformidad con la ley debía ser objeto de
pronunciamiento, lo que pretende es: i) cuestionar la sentencia proferida en segunda
instancia, con el objeto de reabrir el debate que se abordó en las instancias, sobre la
causal de pérdida de investidura prevista en el numeral 2.° del artículo 55 de la Ley
136, por incurrir en la inhabilidad establecida en el numeral 4.° del artículo 43 de esa
misma normativa y, en especial, el supuesto del elemento objetivo relativo a que el
vínculo de parentesco se tenga con funcionario que, dentro de los 12 meses
anteriores a la elección, haya ejercido autoridad; ii) cuestionar autos que resolvieron
solicitudes de nulidad29 y que se encuentran ejecutoriados; y iii) presentar
argumentos sobre la procedencia de nulidades contra la sentencia: lo cual escapa al
objeto de la aclaración y adición de sentencias.

Asimismo, la Sala observa que se utiliza la aclaración y adición de sentencias para
presentar argumentos novedosos que no fueron discutidos en la sentencia, por no
haber sido presentados en el recurso de apelación, en especial, el relativo a la
aplicación de la sentencia SU-207 de 9 de junio de 2022 proferida por la Corte
Constitucional; y que la Concejal presenta adicionalmente consultas jurídicas en torno
a la aplicación al caso concreto de “reglas de decisión” contenidas en sentencias de
unificación; aspecto que escapa al problema jurídico abordado en la sentencia
proferida dentro del proceso de pérdida de investidura, impidiendo a la Sala realizar
algún pronunciamiento en el marco de la solicitud que hoy se resuelve.

13. La providencia fue notificada el 27 de junio del año en curso, por medio de
correo electrónico.

14. En lo referente a la nulidad solicitada, la autoridad judicial accionada corrió
traslado de esta y se notificó el 12 de julio de 2023.

1.4. Fundamentos de la vulneración

15. El apoderado judicial de la parte actora adujo que la Sección Primera del
Consejo de Estado incurrió en un defecto por desconocimiento del precedente al
inaplicar sin fundamento la sentencia de unificación 207 del 9 de junio de 2022
proferida por la Corte Constitucional, la cual resultaba aplicable a su caso. La regla
de decisión dispuesta en la providencia reza:

Cuando deba determinarse la configuración de la inhabilidad de un funcionario

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municipal elegido por su parentesco con un funcionario departamental, la autoridad
judicial debe realizar una valoración probatoria concreta y ajustada a los principios de
razonabilidad y proporcionalidad. Ello impone un examen específico de la
probabilidad real -más allá de potencial- de ejercer la autoridad administrativa en el
nivel municipal y, de esta forma, incidir a los electores. No es posible la valoración
genérica o abstracta fundada solo en consideraciones formales sobre la naturaleza de
la entidad.

16. Asimismo, manifestó que en el auto del 16 de junio de 2023, la autoridad
judicial accionada despreció la aplicación del precedente referido al comentar que los
argumentos eran novedosos, para así justificar la utilización de precedentes
jurisprudenciales anteriores al referido.

17. En consecuencia, advirtió que se desconoció el precedente constitucional
vinculante y se excedió el principio de legalidad en materia sancionatoria, vulnerando
los derechos fundamentales de la tutelante, pues para decidir solamente se
analizaron las pruebas documentales que permitían estudiar el factor objetivo de la
conducta, más no el subjetivo.

18. En lo relacionado con lo dispuesto en el numeral 4º del artículo 43 de la Ley
136 de 1994, señaló que para que se configure la inhabilidad se requiere demostrar
que el pariente del concejal haya ejercido autoridad civil, política, administrativa o
militar, supuesto de hecho, que debe acompasarse con la regla de decisión
establecida en la sentencia SU-207 de 2022; es decir, que se debe realizar una
valoración probatoria concreta y ajustada a los principios de razonabilidad y
proporcionalidad.

19. En atención a ello, señaló que no existió dicho análisis, ya que la valoración de
las pruebas fue antojadiza, pese a encontrarse probado que ni siquiera se ejerció la
autoridad en el período inhabilitante. De forma precisa indicó que «[S]e imponía un
examen específico de la probabilidad real -más allá de potencial- de ejercer la autoridad
administrativa en el nivel municipal y, de esta forma, incidir a los electores».

20. Por otro lado, expuso la configuración de un defecto sustantivo, pues a su
juicio, se inaplicó el inciso 4 del artículo 29 de la Constitución Política, que establece
el derecho fundamental a la prueba, en la medida que se negó y confirmó la negativa
de practicar unos testimonios. Agregó que en el proceso se promovieron diversas
solicitudes de nulidad que, en su criterio, fueron “ignoradas”, al punto que se profirió
sentencia sin permitir que se presentaran pruebas a su favor.

21. Además, refirió una adecuada interpretación del artículo 43 de la Ley 136 de
1994, pues «(…) la conducta prohibitiva se reduce a ejercer o ejecutar actos de poder y no
a la mera posibilidad de su ejercicio». Además, mencionó que si bien el electorado
puede verse influenciado de manera directa o indirecta por el pariente investido de
autoridad, ello solo sucede al momento en que se realizan acciones tendientes a
modificar la voluntad de la ciudadanía para inducirlos a votar por un candidato

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determinado, no por la mera posibilidad de su ejercicio.

1.5. Trámite de la acción de tutela

22. La magistrada ponente mediante auto del 19 de julio de 2023 admitió la
demanda de tutela y ordenó notificar a la parte demandante y, como parte
demandada, a los magistrados del Consejo de Estado, Sección Primera.

23. Asimismo, dispuso la vinculación, como terceros con interés jurídico en el
resultado del proceso a la Procuraduría General de la Nación, a la Agencia Nacional
de Defensa Jurídica del Estado y al Tribunal Administrativo de Antioquia.

24. Además, fue negada la medida provisional solicitada por la señora Arcila
Giraldo. Por último, le reconoció la personería para actuar al abogado Rodrigo
Palacio Cardona en calidad de apoderado judicial de la actora.

25. Mediante auto del 11 de agosto de 2023, se vinculó al señor Luis Humberto
Guidales García, como tercero con interés jurídico, por haber sido el extremo activo
del proceso de pérdida de investidura.

1.6. Intervención

Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, se presentó la
siguiente contestación:

1.6.1. Consejo de Estado, Sección Primera
26. Por medio de correo electrónico remitido el 29 de mayo de 2023, el magistrado
ponente de la decisión solicitó que se declare la improcedencia de la acción de tutela
por no superar el requisito de relevancia constitucional o, en su defecto, que se
nieguen las pretensiones de la demanda.

27. Mencionó que, la solicitud de tutela se fundamenta en argumentos de mera
legalidad que fueron planteados en el proceso y objeto de pronunciamiento mediante
la sentencia del 5 de mayo de 2023, lo que adicionalmente demuestra que se utiliza
el mecanismo como una tercera instancia.

28. En lo referente a la sentencia SU-207 del 9 de junio de 20228, puso de
presente que no se pueden catalogar como precedente judicial en este caso concreto
en la medida en que los presupuestos fácticos de los procesos que se resolvieron en
dicha sentencia no guardan similitud con el que fue objeto de pronunciamiento en la
sentencia proferida en el proceso de pérdida de investidura, y, en consecuencia, no
hay lugar a su aplicación.

8
Sentencia que resolvió los expedientes T-8.361.046 Y T-8.425.408.

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29. De forma específica, adujo que en uno u otro caso se abordaron supuestos
fácticos diferentes en la medida en que, en los expedientes T-8.361.046 y T-
8.425.408 se resolvieron las acciones de tutela interpuestas contra sentencias
proferidas en medios de control de nulidad electoral y, en este caso, se trata de una
sentencia proferida en el marco de un proceso de pérdida de investidura, en el que
se abordó el estudio de los elementos objetivo y subjetivo de la respectiva causal de
pérdida de investidura, en este caso la prevista en el numeral 2° del artículo 55 de la
Ley 136.

30. Además, señaló que los presupuestos fácticos son diferentes en uno u otro
caso en la medida en que, por un lado, en los expedientes T-8.361.046 y T-
8.425.408 se estudió la inhabilidad de los alcaldes y, en el caso del concejal, aquella
derivada de un pariente que ejercía autoridad administrativa y civil como secretario
general de la Contraloría Departamental del Valle; y, por el otro, en el caso objeto de
esta acción de tutela, se estudió la causal de pérdida de investidura por incurrir en la
inhabilidad de concejal derivada de un pariente que ejercía autoridad administrativa
como subgerente comercial de Fomento y Desarrollo del Instituto para el Desarrollo
de Antioquia – IDEA.

31. Sin perjuicio de lo anterior, explicó que la sentencia de 5 de mayo de 2023
respetó la regla de decisión adoptada en la sentencia SU-207 de 9 de junio de 2022,
dado que realizó una valoración probatoria concreta y ajustada a los principios de
razonabilidad y proporcionalidad.

32. Por otro lado, en lo relativo al defecto sustantivo alegado, mencionó que el
Tribunal Administrativo de Antioquia mediante auto de 17 de septiembre de 2021,
resolvió, entre otros asuntos, negar la solicitud probatoria de la Concejal, en la
medida que «(…) no cumple con los criterios de utilidad y necesidad que debe revelar la
prueba testimonial, toda vez que, dada la naturaleza de los hechos que dieron lugar a la
presente demanda, y por los cuales se pretende la pérdida de investidura de la señora Arcila
Giraldo, así como, los medios de defensa utilizados por ésta, su ocurrencia o no, se
demuestran con la prueba documental aportada y decretada en el presente litigio (…)».

33. Adicionalmente, resaltó todos los autos mediante los cuales se resolvieron
recursos de reposición y apelación contra ese auto del 17 de septiembre,
demostrando que «(…) el Consejo de Estado aplicó el artículo 29 de la Constitución
Política y, en armonía con el artículo 168 de la Ley 1564, sobre rechazo de plano, consideró
que los testimonios solicitados no cumplían el requisito de pertinencia; en ese orden de
ideas, lo pretendido por la actora es convertir la acción de tutela en una tercera instancia con
el objeto de reabrir un debate de legalidad que se resolvió por el juez competente, lo cual, se
reitera, resulta improcedente en el marco de esta acción constitucional».

34. Pese a que la Procuraduría General de la Nación, la Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del Estado, el Tribunal Administrativo de Antioquia y el señor
Luis Humberto Guidales García fueron notificados en debida forma, guardaron

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silencio9.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

35. El Consejo de Estado es competente para conocer de la demanda presentada
por la señora Aura Marleny Arcila Giraldo de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 86 de la Constitución Política, 37 del Decreto Ley 2591 de 1991 y el
numeral 7° del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el
Decreto 333 de 2021.

36. Lo anterior, por cuanto la acción de tutela se dirige, contra el Consejo de
Estado, Sección Primera, por tanto, debe aplicarse el numeral 7º de la última norma
referida.

2.2. Problema jurídico

37. Corresponde a la Sala dar respuesta a los siguientes interrogantes:

• ¿Se superan en el caso concreto los requisitos generales de procedibilidad
adjetiva de la acción de tutela contra providencia judicial?

38. De ser positiva la respuesta al interrogante anterior, la Sala analizará lo
siguiente:

• ¿El Consejo de Estado, Sección Primera incurrió en los defectos sustantivo y
por desconocimiento del precedente al interior de la sentencia de 5 de mayo
de 2023?

39. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes temas:
(i) el criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela
contra providencia judicial; (ii) de los requisitos de procedibilidad adjetiva y si es
procedente; (iii) estudio del caso concreto.

2.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

40. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de
10
2012 unificó la diversidad de criterios que esta corporación tenía sobre la acción
de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma

9
Índice 7 y 16 de Samai.
10
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 31.07.12., M.P. María
Elizabeth García González, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.

8
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Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema11 y declaró su
procedencia12.

41. Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros
para realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) que supere la
relevancia constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez; y
iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y
extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección
del derecho que se dice vulnerado. De modo que, de no observarse el cumplimiento
de uno de estos presupuestos, se declara la improcedencia del amparo solicitado,
sin que se analice el fondo del asunto.

42. Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala
adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en
la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde
para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa,
motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida
directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el
debate de instancia.

43. Igualmente, se debe resaltar que esta acción constitucional no puede ser
considerada como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir
términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez
natural. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.4. Estudio sobre los requisitos de procedibilidad

2.4.1. Subsidiariedad

44. La Sala considera necesario indicar que el inciso 3º del artículo 86 de la
Constitución consagra este requisito como presupuesto de procedencia de la acción
de tutela y determina que «esta acción sólo procederá cuando el afectado no disponga de
otro medio de defensa judicial», precepto reglamentado por el numeral 1º del artículo 6º
del Decreto 2591 de 1991.

45. Tanto la jurisprudencia de la Corte Constitucional13 como de esta Corporación
ha sostenido que, debido al carácter subsidiario y residual de la acción de tutela, en
principio, este medio de defensa judicial resulta improcedente cuando: i) el
accionante dejó de interponer los recursos judiciales ordinarios que estaban a su
alcance para confrontar la vulneración o amenaza de sus derechos fundamentales: ii)

11
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñado.
12
Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia.”
13
Corte Constitucional, sentencia T-011 de 2007.

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el accionante acude directamente a la acción de tutela a pesar de existir otro
mecanismo de defensa judicial a su disposición o; iii) el proceso o asunto se
encuentra en trámite.

46. En el asunto que nos compete, se evidencia que la señora Aura Marleny Arcila
Giraldo presenta la acción de tutela de la referencia contra la sentencia del 5 de
mayo de 2023 que resolvió en segunda instancia el medio de control de pérdida de
investidura que interpuso el señor Luis Humberto Guidales García contra la actora
por considerar que esta se encontraba incursa en la causal de inhabilidad
consagrada en el numeral 4º del artículo 43 de la Ley 136 de 1994.

47. La tutelante expone su inconformismo con la providencia en mención, porque
a su juicio, se configuraron los defectos sustantivo y por desconocimiento del
precedente.

48. Frente al primero indicó que se inaplicó el inciso 4º del artículo 29 Superior, en
la medida que se negó la práctica de unos testimonios y a pesar de que se
promovieron diversos recursos, la sentencia del 5 de mayo de 2023 fue dictada sin
que se permitiera presentar pruebas a su favor. Además, mencionó que sobre el
artículo 43 de la Ley 136 de 1994 se efectuó una incorrecta interpretación dado que,
si bien el electorado puede verse influenciado de manera directa o indirecta por el
pariente investido de autoridad, ello solo sucede al momento en que se realizan
acciones tendientes a modificar la voluntad de la ciudadanía.

49. En lo referente al segundo yerro, la accionante adujo que la Sección Primera
del Consejo de Estado inaplicó sin fundamento la sentencia SU-207 de 2022, en la
que la Corte Constitucional creó una regla de decisión que era aplicable a su caso,
pues la autoridad judicial accionada debió realizar una valoración probatoria concreta
y ajustada a los principios de razonabilidad y proporcionalidad; cuestión que se echa
de menos.

50. No obstante lo anterior, esta Sala de Decisión observa que en el proceso
ordinario, la señora Aura Marleny Arcila Giraldo presentó el 16 de mayo de 2023 una
solicitud de nulidad de la sentencia del 5 de mayo del año en curso, frente a la cual
se corrió traslado por medio de auto del 7 de julio de 2023 y notificado el 12
siguiente.

51. En dicha petición, la accionante hace una «(…) solicitud de nulidad procesal con
fundamento en la causal genérica de afectación al derecho fundamental al debido proceso
contenido en el artículo 29 de la Constitución la cual es aplicable por remisión expresa del
artículo 208 del CPACA».

52. De manera específica, invocó la afectación del derecho al debido proceso, en
atención al vicio que existe en el trámite adelantado, pues a su juicio «(…) se

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Demandante: Aura Marleny Arcila Giraldo
Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera
Radicado: 11001-03-15-000-2023-03753-00

desconocen las formas propias del juicio y ello impacta en el derecho de contradicción y
defensa, así como a la posibilidad de solicitar y aportar prueba y a que los argumentos sean
tenidos en cuenta por el operador judicial a la hora de proferir la decisión3, causal genérica
que en el caso particular se concreta en el hecho que no se realizó una valoración del acervo
probatorio de manera integral, pues se pretermitió la práctica de testimonios».

53. Además, indicó que la sentencia del 5 de mayo de 2023 se dedicó a estudiar
únicamente el factor objetivo y dejó de lado el análisis del factor subjetivo, pues no
practicó las pruebas que se solicitaron y no podía por tanto recurrir a inferencias
lógicas ni a suposiciones de lo que sucedió o no sucedió.

54. Asimismo, manifestó que en el medio de control se ignoró la existencia de la
sentencia de unificación SU-207 de 2022 y, por ende, «(…) debe anularse, pues, no
solo la petición respetuosa se refiere a la necesidad de realizar una valoración de LAS
PRUEBAS que no se practicaron por capricho del juez, sino que se pretende ignorar que en
el caso bajo estudio se profirió una sentencia en la que se realiza una valoración genérica o
abstracta de la causal de pérdida de investidura, pues, en la sentencia se reconoce y se
acepta que bien puede imponerse la sanción a sabiendas de la inexistencia de las pruebas
que si hubieren permitido desentrañar el factor subjetivo de la conducta que hoy no se sabe
si fue dolosa o culposa».

55. En atención a lo referido, se observa que la solicitud de nulidad presentada
por la accionante recae sobre los mismos puntos de inconformismo expuestos en el
escrito de tutela, por lo cual, estos deben ser objeto de análisis del juez contencioso
administrativo y no del juez constitucional.

56. Se advierte que, desde el 24 de julio de 2023 el expediente 05001-23-33-000-
2021-01485-03, se encuentra al despacho para decidir sobre la petición, sin que
hasta el momento la autoridad judicial accionada haya proferido pronunciamiento
alguno, tal y como se corroboró en el aplicativo web Samai.

57. En tal sentido, si bien la parte actora alega los defectos sustantivo y por
desconocimiento del precedente, se reitera que so pena de invadir la órbita de
competencia y la autonomía del juez ordinario no es factible en esta sede analizar los
motivos de fondo, máxime cuando el proceso se encuentra en trámite y pendiente de
la expedición de la providencia que resuelva sobre la nulidad de la sentencia del 5 de
mayo de 2023 y, en tal sentido será el juez competente de la causa quien defina el
asunto.

58. Por otra parte, es importante resaltar que, la jurisprudencia ha considerado la
viabilidad de flexibilizar el presente requisito, siempre y cuando se advierta la
presencia de un perjuicio irremediable, no obstante, en el caso concreto, no se
observa la configuración de éste.

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Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera
Radicado: 11001-03-15-000-2023-03753-00

2.5. Conclusión

59. Por las razones expuestas, se declarará la improcedencia de acción de tutela
porque no se encontró satisfecho el requisito general de la subsidiariedad y no
resulta viable realizar un análisis del derecho invocado por la parte actora en el caso
concreto, de tal manera que no se abordará el fondo del asunto planteado por
encontrarse en trámite la solicitud de nulidad de sentencia en el medio de control de
pérdida de investidura.

III. DECISIÓN

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la ley,
FALLA:

PRMERO: DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la acción de tutela promovida por
la señora Aura Marleny Arcila Giraldo, por lo referido en este proveído.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación, al día siguiente a su ejecutoria, REMITIR el expediente a
la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

(Firmado electrónicamente)
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente

(Firmado electrónicamente)
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

(Firmado electrónicamente)
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado

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Demandante: Aura Marleny Arcila Giraldo
Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera
Radicado: 11001-03-15-000-2023-03753-00

(Firmado electrónicamente)
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

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