Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-03786-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-03786-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2023-03786-00
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
24 de agosto de 2023
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-03786-00
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CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de agosto de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2023-03786-00
Accionante: Sayda Astrid Cortes Quiñonez, en calidad de agente oficioso
de la señora Lelys Marina Quiñonez Perea
Accionados: Consejo de Estado, y otros
Temas: Acción de tutela por presunta vulneración de los derechos
fundamentales a la igualdad, el acceso a la administración de justicia,
la vida y petición. Reclama pago de perjuicios morales reconocidos
en sentencia de reparación directa.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela instaurada por la señora Sayda Astrid Cortes
Quiñonez, en calidad de agente oficioso de la señora Lelys Marina Quiñonez
Perea, en contra del Consejo de Estado, el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca y el Hospital Universitario del Valle Evaristo García E.S.E.
ANTECEDENTES
La señora Sayda Astrid Cortes Quiñonez, en calidad de agente oficioso de la
señora Lelys Marina Quiñonez Perea instauró acción de tutela, en aras de que
se le amparen sus derechos fundamentales a la igualdad, el acceso a la
administración de justicia, la vida y petición, los cuales considera vulnerados por
el Consejo de Estado, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y el Hospital
Universitario del Valle Evaristo García E.S.E.
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HECHOS
Manifestó que la señora Lelys Marina Quiñonez Perea y su grupo familiar, en la
cual se incluye la demandante, instauraron demanda de reparación directa.
Mediante fallo del 29 de abril de 2019 el Consejo de Estado accedió a las
pretensiones, de ahí que se presentó cuenta de cobro ante el Hospital
Universitario del Valle; sin embargo, este se negó a realizar el pago, señalando
que es un crédito quirografario, fase quinta.
Señaló que el año 2020 tuvo conocimiento de la sentencia del 10 de septiembre
de 20141, por medio de la cual se estableció que las víctimas de las entidades
hospitalarias, que habían entrado en liquidación o reestructuración tienen
prelación en el pago. Así las cosas, presentó acción de tutela, la cual fue negada,
bajo el argumento de que se contaba con el proceso ejecutivo.
Teniendo en cuenta lo anterior, el 14 de septiembre de 2020 inició proceso
ejecutivo, el cual le correspondió al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca;
no obstante, a la fecha de presentación de la demanda, habían transcurrido casi
3 años sin que hubiera pronunciamiento de fondo, aunque presentó 5 solicitudes
de impulso procesal (19 de enero, 12 de febrero, 28 de septiembre, 17 de
noviembre de 2021 y 21 de junio de 2022).
Adujo que se han agotado los siguientes medios de defensa: ante el Hospital
Universitario del Valle radicó el 14 de junio de 2019 cuenta de cobro, por concepto
de perjuicios y el 25 de noviembre de 2019 solicitud de prelación de turno para
pago y ante el contralor General de la Nación y la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado solicitó “control preferente, control de convencionalidad y petición
de circular preventiva nacional”; sin embargo, no se ha logrado el pago de los
perjuicios, situación que afecta a la señora Lelys Marina Quiñonez Perea, dado
que a su avanzada edad (82 años) no ha recibido justicia, pues “las autoridades
judiciales no han implementado medidas concretas de celeridad judicial reforzada
para adultos mayores”.
1 Sentencia del Consejo de Estado, en sala de lo contencioso administrativo sección tercera subsección C,
en sentencia del diez (10) de septiembre de dos mil catorce (2014). Consejero ponente: Enrique Gil Botero.
Con la radicación número: 05001- 23-31-000-1991-06952-01(29590).
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Invocó como fundamento de sus pretensiones la Ley 2055 de 2020 2, la cual
estima que ha sido transgredida por parte de los accionados, pues la señora Lelys
Marina Quiñonez Perea no goza en Buenaventura de las condiciones de
seguridad y salud adecuadas, circunstancia que podría cambiar si se le concede
la prelación del crédito como de primera clase, en la medida en que tendría los
medios para tener una salud digna.
PRETENSIONES
Solicita que se le amparen a la señora Lelys Marina Quiñonez Perea los derechos
fundamentales a la igualdad positiva, petición, la vida digna y la justicia material
y, en consecuencia, se le ordene al Hospital Universitario del Valle dar
cumplimiento al fallo del 29 de abril de 2019 y al magistrado ponente de la
sentencia cuyo pago reclama realizar seguimiento al presente caso.
De manera subsidiaria solicitó que se le ordene al Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca responder de fondo, la petición radicada el día 02 de marzo del
2023 y conminar al Hospital Universitario del Valle, finiquitar el proceso ejecutivo,
independientemente de que algunos beneficiarios de la condena hayan fallecido.
TRÁMITE DEL PROCESO
La acción de tutela fue recibida por reparto en el despacho del consejero ponente,
donde el 17 de julio de 2023 se dispuso su admisión, se ordenó la notificación de
las accionadas y se vinculó a los señores Diego Cortés Lobatón, Rubiela Balanta,
Jesús Daniel, Sayda Astrid, Sandra Rocío, Graciela Inés, Patricia y Gerardo
Aquiles Cortés Quiñones, como terceros interesados.
POSICIÓN DE LOS ACCIONADOS
El Hospital Universitario del Valle rindió informe donde expuso que la sentencia
judicial que hace alusión el accionante con radicado 2003-3991 corresponde a
2 “por medio del cual se aprueba la “convención Internacional para la protección de las personas mayores”
adoptada en Washington, el 15 de junio de 2015”
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un crédito quirografario (quinta fase), cuyos pagos se acordaron para realizar a
partir del mes 79 del acuerdo, es decir, noviembre de 2025.
Que dicha información ha sido puesta en conocimiento de la accionante a través
de las contestaciones entregadas al apoderado, donde se le ha indicado que el
proceso se encuentra en proceso de reestructuración y que su acreencia se
encuentra reconocida en el acuerdo.
El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca allegó copia del expediente
digital, pero no se pronunció sobre la acción de tutela.
La Secretaría General del Consejo de Estado el 21 de julio de 2023 notificó al
consejero ponente de la sentencia del 29 de abril de 2019; sin embargo, este
guardó silencio.
POSICIÓN DE LOS VINCULADOS
La Secretaría General del Consejo de Estado el 31 de julio y 4 de agosto de
2023 notificó a los señores Jesús Daniel, Sayda Astrid, Sandra Rocío,
Graciela Inés, Patricia y Gerardo Aquiles Cortés Quiñones; sin embargo,
estos guardaron silencio.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución y el Decreto
2591 de 1991, la acción de tutela puede ejercerse con el objeto de reclamar la
protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, cuando
éstos se vean vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública y procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de
defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable.
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Caso concreto
La señora Sayda Astrid Cortes Quiñonez, actuando en calidad de agente oficioso
de la señora Lelys Marina Quiñonez Perea solicitó la protección de sus derechos
fundamentales a la igualdad, el acceso a la administración de justicia, la vida y
petición, los cuales estimó vulnerados, en primer lugar, por el Consejo de Estado,
de quien afirma, no ha realizado ninguna actividad tendiente a dar cumplimiento
al fallo de segunda instancia del 29 de abril de 2019 con radicado 76001-23-31-
000-2003-03991-01, dentro del medio de control de reparación directa.
En segundo lugar, por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, comoquiera
que guardó silencio frente a la solicitud de celeridad reforzada que se le realizó
el 02 de marzo de 2023 y, por último, por el Hospital Universitario del Valle
Evaristo García E.S.E, de quien señala, se ha negado a otorgar el pago de la
indemnización a la que tiene derecho la señora Lelys y su núcleo familiar.
Al respecto, la Sala no observa vulneración alguna por parte de la Sala de esta
corporación que profirió la sentencia del 29 de abril de 2019 en segunda instancia
en el proceso de reparación directa antes referenciado, pues dentro de sus
funciones no está la ejecución del fallo.
Asimismo, la Subsección tampoco evidencia transgresión alguna por parte del
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, quien conoce del proceso ejecutivo,
con radicado 76001-23-33-000-2020-01485-00, pues mediante auto del 10 de
agosto del 2023 el despacho negó mandamiento de pago, al considerar que de
acuerdo con el artículo 58 numeral 13 de la Ley 550 de 1999 no procede el
proceso ejecutivo, mientras que el acuerdo de reestructuración este en
ejecución3.
En el caso particular, la Sala advierte que el proceso ejecutivo se radicó el 26 de
noviembre de 2020, fecha para la cual, ya estaba en ejecución el acuerdo de
reestructuración que suscribió el Hospital Universitario del Valle “Evaristo García”
E.S.E. el 28 de marzo de 2019 y el cual tiene una vigencia de 144 meses.
3 Auto del 10 de agosto de 2023, por medio del cual se negó el mandamiento de pago solicitado por la señora
Lelys Marina Quiñonez Perea y otros, en contra del Hospital Universitario del Valle Evaristo García E.S.E
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En cuanto a la negativa del Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” para
realizar el pago de la sentencia de reparación directa, es del caso mencionar
que, revisado el Acuerdo núm. 018 del 28 de octubre de 20204 se evidencia que
el crédito de la accionante se encuentra incluido como quirografario de quinta
clase, que será cancelado a partir del mes 79, es decir, noviembre de 2025, tal
y como se puede apreciar a continuación:
La Corte Constitucional5 ha señalado que, por regla general es improcedente la
tutela para exigir pagos a entidades en procesos de reestructuración. Así se
expreso en sentencia T-310 de 2012:
“...la acción de tutela está sometida a un régimen de excepcionalidad; vale
decir, sólo procede cuando se acredite que con ella puede evitarse la
ocurrencia de un perjuicio irremediable. (...). Como lo recordó la Sentencia
T-897 de 2007:
“cuando se trata de acciones de tutela dirigidas contra entidades en procesos de
reestructuración de pasivos o intervenidas por el Gobierno, esta Corporación ha
sido enfática en señalar la improcedencia general de la tutela por tratarse de un
procedimiento originado en la circunstancias deficitarias de la entidad y que tiene
como finalidad suspender las garantías de los acreedores (por ejemplo,
suspender el derecho a instar un proceso ejecutivo o a continuar el que estuviere
en curso), en orden a alcanzar en el largo plazo la satisfacción de las deudas
pendientes. Si la suspensión de las garantías de los acreedores es la vía que
tomó el legislador para garantizar la satisfacción de las prestaciones adeudadas,
admitir la procedencia de la tutela en la generalidad de los casos, sería
justamente ir en contravía de los propósitos de la ley, y afectar el derecho a la
igualdad de otros acreedores sometidos a las reglas del proceso de
reestructuración.”
Dijo la Corte que la procedencia es excepcional, siempre y cuando se acrediten
circunstancias muy especiales de vulnerabilidad que afecten el derecho
fundamental al mínimo vital. Así, al resolver el caso concreto, expresó:
4 “por medio del cual se autoriza al gerente del Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E.,
adelantar el proceso de convocatoria pública y contratación de la fiducia encargada para adelantar los pagos
establecidos en el acuerdo de reestructuración de pasivos del hospital”
5 Sentencia T 310 de 2012
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“(…) Por lo tanto, es la acción de tutela el único mecanismo con que cuenta el actor
para obtener los recursos que le adeuda el municipio accionado, con miras a
mitigar las dificultades económicas que afronta, en razón a la ausencia de otros
medios para subsistir, teniendo en cuenta su incapacidad para movilizarse y el
diagnóstico de la enfermedad catastrófica que padece según certificación allegada
al expediente (…)”
En este caso, pese a que la señora Lelys Marina Quiñonez Perea es una persona
de especial protección constitucional, lo cierto es que no se acreditaron
circunstancias específicas que demuestren la afectación de su derecho al mínimo
vital o a la salud, entre otras, sino que lo que se alega es la falta de celeridad por
parte de las entidades accionadas y el acceso a la administración de justicia,
situación que no encaja dentro de las excepciones que consagró la Corte, que
permitan al juez constitucional ordenarle a la entidad en reestructuración dar
prelación al crédito.
Adicionalmente, es de advertir que la ley 2055 de 2020, citada como fundamento
por la actora se refiere a la protección de los derechos de las personas adultas
mayores, en término de igualdad y de no discriminación; sin embargo, esta Sala
no encuentra acreditado algún trato discriminatorio a la señora Lelys Marina
Quiñonez Perea, por parte de ninguna de las autoridades accionadas y tampoco
que la graduación del crédito por parte de la entidad hospitalaria accionada
configure tal situación o, que de algún modo se le limiten los derechos
consagrados en dicha ley; de manera tal que habiliten la intervención del Juez
Constitucional en el asunto.
Así las cosas, es claro para la Sala que la petición de la accionante va
encaminada a la prelación del crédito como de primera clase y al pago de los
perjuicios otorgados mediante la sentencia del 29 de abril de 2019, pretensión
frente la cual la acción de tutela resulta improcedente.
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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA:
Primero: Declarar improcedente la acción de tutela interpuesta por la señora
Sayda Astrid Cortes Quiñonez, actuando en calidad de agente oficioso de la
señora Lelys Marina Quiñonez Perea, por los motivos expuestos en esta
providencia.
Segundo: Si esta providencia no fuere impugnada en tiempo oportuno, remítase
el expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Tercero: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Consejero de Estado
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza
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la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el
artículo 186 del CPACA.
HAPC
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