Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-03807-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-03807-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2023-03807-01
Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas
18 de octubre de 2023
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-03807-01
Demandante: Iván Jesús Pérez Martínez
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Bogotá, D.C., dieciocho (18) de octubre de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-03807-01
Demandante: Iván Jesús Pérez Martínez
Demandado: Tribunal Administrativo de Bolívar
Temas: Tutela contra providencia judicial emitida en un proceso ejecutivo.
Incumplimiento de requisito de procedibilidad. Falta de relevancia
constitucional.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala la impugnación presentada por la parte actora en contra de la
sentencia del 18 de agosto de 2023, proferida por el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección C, que declaró improcedente el amparo constitucional.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
El 13 de julio de 2023, en ejercicio de la acción de tutela, prevista en el artículo 86 de
la Constitución Política, el señor Iván Jesús Pérez Martínez, por intermedio de
apoderado, promovió demanda en orden a que se tutele su derecho fundamental al
debido proceso.
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Demandante: Iván Jesús Pérez Martínez
Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se deje sin efectos la sentencia del
30 de mayo de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala de
Decisión 2, dentro del proceso ejecutivo con radicación 13001-33-33-010-2021-
00258-01 y, en su lugar, que se ordene al Tribunal pronunciarse de acuerdo con lo
dicho por el juez constitucional.
1.1.2. Los hechos
El apoderado del accionante narró como hechos de tutela, los siguientes:
i) El señor Iván Jesús Pérez Martínez y el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena
de Indias, a través de la Alcaldía Localidad de la Virgen y Turística, suscribieron el
Contrato ALC-LOC2 CM-001-2016, cuyo objeto fue la interventoría técnica,
administrativa, financiera y jurídica para la pavimentación en concreto rígido y
adecuaciones de vías en la localidad de la Virgen y Turística.
ii) El contrato se ejecutó de conformidad con lo establecido en el contenido de sus
cláusulas, incluyendo el pago de los aportes al Sistema General de la Seguridad
Social y, posterior a su finalización, se procedió a su liquidación bilateral y
consensuada, dando un saldo por pagar a favor del señor Iván Jesús Pérez Martínez
de $134.419.889.
iii) El señor Iván Jesús Pérez Martínez presentó demanda ejecutiva singular de
mayor cuantía en contra del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena, aportando
como título ejecutivo el acta de liquidación del contrato y solicitando librar
mandamiento de pago por el valor de $134.419.889, correspondiente al saldo de la
obligación producto de la ejecución del contrato, y de $713.455.709,
correspondientes a los intereses corrientes y moratorios desde el 27 de diciembre de
2017 y los que se siguieran causando hasta que se hiciera efectivo el pago.
iv) Mediante auto del 4 de febrero de 2022, el Juzgado Décimo Administrativo Oral
del Circuito Judicial de Cartagena libró mandamiento de pago en contra del Distrito
Turístico y Cultural de Cartagena.
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Demandante: Iván Jesús Pérez Martínez
v) La demandada presentó recurso de reposición en contra de la anterior decisión y a
través de auto del 29 de agosto de 2022, el Juzgado confirmó lo resuelto en el auto
del 4 de febrero de 2022.
vi) La entidad ejecutada presentó las excepciones de fondo tituladas «inexistencia de
autenticidad del título ejecutivo complejo como requisito formal de su exigibilidad» e
«inexistencia de los documentos para conformar título ejecutivo complejo como base
de recaudo».
vii) El 28 de febrero de 2023, el Juzgado Décimo Administrativo Oral del Circuito
Judicial de Cartagena celebró la audiencia única concentrada inicial y de instrucción
y juzgamiento, de que tratan los artículos 372, 373 y 443 del CGP, dentro del cual se
realizó un interrogatorio de parte al apoderado del demandante y se dictó sentencia
en el sentido de declarar no prósperas las excepciones propuestas por el Distrito de
Cartagena y de seguir adelante con la ejecución.
viii) El Distrito de Cartagena presentó recurso de apelación en contra de la anterior
decisión, fundamentado en los mismos argumentos en los que soportó la prosperidad
de las excepciones presentadas.
ix) Mediante sentencia de 30 de mayo de 2023, el Tribunal Administrativo de Bolívar,
Sala de decisión 2, revocó la sentencia y, en su lugar, declaró probada la excepción
de «inexistencia de los documentos para conformar título ejecutivo».
1.1.3. Los defectos invocados
En sentir del apoderado del accionante, el fallo del Tribunal incurrió en los siguientes
vicios o defectos:
1.1.3.1. Defecto fáctico
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i) El Tribunal realizó una equivocada interpretación probatoria, estableciendo cargas
innecesarias, al plantear la tesis de la complejidad del título ejecutivo consecuencia
de una duda probatoria que le generó la interpretación del acta de liquidación con las
respuestas dadas por el apoderado del demandante en el interrogatorio de parte —
minutos 13:33 a 21:28 de la audiencia concentrada—.
ii) Lo anterior carece de certeza puesto que el alcalde de la Localidad de la Virgen y
Turística acordó celebrar la liquidación del contrato en razón a que el señor Efraín
Pico —supervisor y quien firmó el acta de recibo final de la obra—, expidió
certificación en la que hizo constar el cumplimiento del pago de la seguridad social.
Además, dicho evento también se ratificó en el interrogatorio de parte, en el que
nunca se negó el cumplimiento del pago de la obligación, ya que esta se cumplió en
los términos pactados en la cláusula décimo primera, es decir, con cada una de las
cuatro cuotas mensuales, evento que fue debidamente certificado por el supervisor
del contrato y que dio lugar a que se hicieran pagos por una suma total de
$134.419.889.
iii) Adicionalmente, existió una equivocada interpretación del juez colegiado al
relacionar la declaración del demandante con la cláusula segunda del acta de
liquidación, pues señaló que en el interrogatorio se dio a conocer que existieron
inconsistencias que generaron, en algunas oportunidades, la devolución de las
cuentas, cuando lo cierto es que ninguna de ellas estaba relacionada con el pago de
los aportes a la seguridad social. Un error de redacción no puede interpretarse como
absoluto cuando en el cuerpo del acta de liquidación se manifestó estar a paz y salvo
con las obligaciones al pago de los aportes a la seguridad social.
iv) Aunado a lo anterior, no era necesario que al proceso se aportara el acto
administrativo por medio del cual se delegaron facultades al alcalde local para
suscribir el acta de liquidación, ya que este actuó facultado por la Ley 1617 de 2013
y, además, porque en el contrato se establecieron las funciones del supervisor, entre
estas, el autorizar el pago de las cuentas siempre y cuando el contratista cumpliera
con el pago a la seguridad social.
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Demandante: Iván Jesús Pérez Martínez
1.1.3.2. Defecto material o sustantivo
i) El Tribunal planteó la tesis de la complejidad del título contrariando la línea
jurisprudencial definida por el Consejo de Estado sobre la condición de título
ejecutivo autónomo del acta de liquidación del contrato.
ii) En las sentencias de tutela del 25 de octubre de 2019 y del 23 de julio de 2021,
proferidas por el Consejo de Estado, Sección Quinta, y Sección Segunda,
Subsección B, dentro de los expedientes 11001-03-15-000-2019-02338-01 (AC) y
11001-03-15-000-2021-01955-01(AC), respectivamente, se señaló que el acta de
liquidación del contrato no trata de un título ejecutivo complejo.
1.2. Actuación procesal
El 17 de julio de 2023, el consejero de Estado Nicolás Yepes Corrales admitió la
acción de tutela y, en consecuencia, ordenó notificar del proveído a los magistrados
del Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala de Decisión 2, como accionados, para
que, dentro del término de dos días, ejercieran su derecho de defensa; y vinculó al
Juzgado Décimo Administrativo de Cartagena, que conoció en primera instancia el
proceso ejecutivo con radicado 13001-33-33-010-2021-00258-01, y al Distrito
Turístico y Cultural de Cartagena, en su condición de demandado en el asunto
ordinario, para que dentro del término de dos días se pronunciaran sobre el
contenido de la acción impetrada.
Asimismo, ordenó a la Secretaría del Tribunal Administrativo de Bolívar remitir, en el
término más expedito, el proceso ejecutivo con radicado 13001-33-33-010-2021-
00258-01; tuvo como pruebas los documentos aportados con la solicitud de amparo
constitucional; reconoció personería al abogado Eduardo Javier Morales Mendoza,
portador de la tarjeta profesional 155.712 del Consejo Superior de la Judicatura, para
que obrara como apoderado judicial del accionante, en los términos y para los
efectos del poder conferido; y suspendió los términos de la acción de tutela desde el
14 de julio de 2023, inclusive, hasta que el expediente reingresara al despacho.
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1.3. Contestación de la demanda
1.3.1. El Tribunal Administrativo de Bolívar. El 18 de julio de 2023, la Secretaría
de la corporación remitió el enlace para consulta del expediente digital requerido; y al
día siguiente, el magistrado José Rafael Gurrero Leal rindió informe sobre los hechos
de tutela en el que solicitó declarar improcedente la acción o, en su defecto, negar la
tutela, en atención a lo siguiente:
i) La acción de tutela es improcedente, puesto que lo pretendido por el accionante es
que el juez constitucional valore el título ejecutivo, a la luz de lo que él considera el
cumplimiento de los requisitos para su ejecución, convirtiendo el mecanismo
constitucional en una tercera instancia de debate.
ii) La Sala de decisión sí realizó el estudio correspondiente al acta de liquidación
como título ejecutivo autónomo, contrario a lo que manifiesta el accionante, pues
procedió al análisis de los requisitos que conforman los títulos ejecutivos para
determinar si, de la sola acta de liquidación, se podía extraer la exigibilidad de la
pretensión dineraria que se buscaba obtener, encontrando que en la parte resolutiva
del acta existían espacios en blanco que no permitían corroborar el cumplimiento de
los requisitos establecidos en el contrato, para efectos del pago de lo adeudado. Lo
anterior, por cuanto en la transcripción del acta se anunció una inconsistencia en
relación con los aportes parafiscales que impidieron el curso normal del pago,
desconociendo si ello logró subsanarse.
iii) Por lo tanto, la Sala consideró que era necesario traer los aportes al sistema de
seguridad social integral y el pago de sus obligaciones parafiscales con su respectiva
factura o, al menos, que se aportara la certificación de su cumplimiento emitida por el
supervisor, así como la certificación de recibido a entera satisfacción por parte de la
entidad, para que el acta de liquidación adquiriera la cualidad de exigibilidad.
iv) Muy a pesar de que el acta de liquidación sea un título ejecutivo autónomo, de
esta deben emanar los requisitos de ser claro, expreso y exigible, y en el caso, para
comprobar su exigibilidad, era necesario que se acompañara de otros documentos.
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1.3.2. El Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias. El 21 de julio de
2023, la abogada de la Oficina Asesora Jurídica, Yasira Esther Alfaro España,
solicitó declarar la falta de legitimación en la causa por pasiva de la entidad y, en
consecuencia, su desvinculación del trámite de tutela; y también, declarar la
improcedencia de la acción de tutela, en atención a las siguientes circunstancias:
i) La Alcaldía Mayor de Cartagena y las dependencias que hacen parte del Distrito de
Cartagena no tienen competencia para dirimir el asunto, toda vez que la posible
vulneración del derecho fundamental al debido proceso corresponde a un
procedimiento que se lleva a cabo al interior de un proceso judicial. La valoración
probatoria no es realizada por el Distrito de Cartagena, ya que este solo presenta su
defensa y alegatos, los cuales son apreciados por el director del proceso.
ii) No se agotó el requisito de subsidiariedad indispensable para acceder a la vía
constitucional. El accionante tiene a su disposición el recurso extraordinario de
revisión, cuya finalidad es la de deshacer las sentencias ejecutoriadas cuando se
evidencian falencias que llevaron al juez a emitir un fallo contrario a derecho.
1.4. Sentencia impugnada
El 18 de agosto de 2023, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C,
negó la solicitud de desvinculación planteada por la Alcaldía de Cartagena de Indias
y declaró improcedente el amparo constitucional solicitado, en atención a los
siguientes considerandos:
i) La Alcaldía de Cartagena sí tiene interés en el actual trámite constitucional al fungir
como parte ejecutada en el proceso ejecutivo enjuiciado, además, fue vinculada al
asunto en calidad de tercero con interés y no como parte accionada.
ii) El amparo impetrado no satisface el requisito de relevancia constitucional, puesto
que su objeto es revivir el análisis efectuado por el Tribunal dentro del proceso
ejecutivo, como si se tratara de una instancia adicional. La parte accionante pretende
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que se evalúe nuevamente el acta de liquidación del contrato ALC-LOC2_CM-001-2016
a efectos de que se concluya que, por sí sola, constituye un título ejecutivo, pese a
que la autoridad judicial accionada explicó que, ante la disparidad de afirmaciones
allí contenidas, dicho documento no cumplía con el requisito de ser exigible dado que
no fue posible tener certeza del cumplimiento de la condición de realizar los aportes
al sistema de seguridad social integral y el pago de sus obligaciones parafiscales.
iii) Y en lo relacionado con el alegato de que no era necesario arrimar un documento
que probara que el alcalde local Gregorio Rico Gómez actuó en calidad de
delegatario del alcalde de Cartagena, se advierte que el juez constitucional carece de
competencia y de elementos para verificar tal afirmación. Sin perjuicio de ello, se
observa que el argumento principal de la providencia enjuiciada versó sobre la falta
de exigibilidad del título ejecutivo, situación que no fue desvirtuada.
1.5. Impugnación
El 1 de septiembre de 2023, el apoderado del accionante impugnó la decisión de
primera instancia en orden a que se revoque y, en su lugar, se concedan las
pretensiones de tutela. Para dichos efectos, reiteró los argumentos expuestos en el
libelo y agregó los siguientes:
i) La jurisprudencia constitucional ha señalado que pueden tutelarse derechos
fundamentales cuando una providencia judicial ordinaria los vulnere y, siempre que
se cumplan con los requisitos de procedencia. Para el caso, la vulneración al debido
proceso se da porque el Tribunal le imputó un error procesal al demandante, cuando
no era su carga y, además, porque desconoció la jurisprudencia en la que se indica
que el acta de liquidación —máxime cuando se da por mutuo acuerdo— comprende
un título ejecutivo, sin requerimiento adicional alguno.
ii) En el caso no se pretende una nueva evaluación de la legalidad del título ejecutivo
aportado (en tanto que si cumple los requisitos), sino la forma de interpretación de
las pruebas que, en juicio del Tribunal, no brindaron la certeza necesaria para
establecer la exigibilidad del título. Proferir la sentencia ordinaria sobre la base de
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exigirse más cargas probatorias que resultan innecesarias, cuando el Consejo de
Estado ha establecido la idoneidad del acta de liquidación del contrato como título
ejecutivo autónomo, es una violación al derecho fundamental al debido proceso.
Además, se citaron sentencias del Consejo de Estado para motivar la protección del
derecho fundamental vulnerado porque es precisamente la corporación la que ha
establecido que para dar inicio a un proceso ejecutivo es suficiente cuando en el acta
de liquidación del contrato por mutuo acuerdo se establece la claridad de la
obligación, más allá de otras situaciones.
2. Consideraciones
2.1. Competencia
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 constitucional y el inciso 2, artículo 25
del Acuerdo n.º 080 de 20191, según el cual «Las tutelas que sean de competencia
del Consejo de Estado en primera instancia y en segunda instancia se someterán a
reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso
Administrativo y serán resueltas por la sección o subsección de la cual haga parte el
magistrado a quien le haya correspondido el reparto», esta Sala es competente para
conocer de la presente impugnación, propuesta contra el fallo de tutela proferido por
la Subsección C de la Sección Tercera de esta corporación.
2.2. Problema jurídico
Consiste en dilucidar, en primer lugar, si la presente acción de tutela cumple con los
requisitos de procedencia para controvertir la sentencia del 30 de mayo de 2023,
proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala de Decisión 2, dentro del
proceso ejecutivo con radicación 13001-33-33-010-2021-00258-01. En caso
afirmativo, se analizará, en segundo lugar, si con la adopción de la referida
providencia se vulneró el derecho fundamental al debido proceso invocado.
2.3. Sobre la acción de tutela contra providencias judiciales
1 Por medio del cual se modificó el reglamento interno del Consejo de Estado.
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La jurisprudencia constitucional2 ha evolucionado en torno a la consideración de la
procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial, y ha
desarrollado diferentes reglas para su estudio, consolidadas en la Sentencia C-590
de 2005,3 en la que se hace distinción entre causales genéricas, aquellas que hacen
referencia a los requisitos que posibilitan la interposición de la acción, y causales
específicas de procedibilidad, que persiguen verificar la procedencia del amparo una
vez cotejada la validez de su interposición.
De esta forma, se señalaron como causales genéricas de procedencia las
siguientes: i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional; ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios
de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la
consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; iii) que se cumpla el
requisito de la inmediatez, contado a partir del hecho que originó la vulneración; iv)
que cuando se trate de una irregularidad procesal, se señale, de manera clara, que
esta tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que
afecta los derechos fundamentales del solicitante del amparo; v) que la parte actora
identifique razonablemente tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos trasgredidos y que hubiere alegado tal violación en el proceso judicial
siempre que esto hubiere sido posible; y vi) que no se trate de sentencias de tutela.
Frente a estas causales el juez debe hacer un examen exigente y cuidadoso, al ser
precisamente la acción de tutela contra providencia judicial de naturaleza
«excepcional».
En igual sentido, se señalaron como causales específicas de procedibilidad,
aquellas que se centran en el estudio de la providencia que se ataca, las siguientes:
defecto orgánico, defecto procedimental absoluto, defecto fáctico, defecto material o
sustantivo, error inducido, decisión sin motivación, desconocimiento del precedente y
violación directa de la Constitución. La Corte hizo especial hincapié en el hecho de
2 Sentencias C-543 de 1992,T-079 de 1993, T-158 de 1993, T-173 de 1993, T-231 de 1994, T-118 de
1995, T-492 de 1995, T-567 de 1998, SU-047 de 1999, T-382 de 2001, T-1031 de 2001, T-441 de
2003, T-462 de 2003, T-589 de 2003, T-949 de 2003, T-200 de 2004, T-774 de 2004.
3Reiteradas en las sentencias SU-813 de 2007 y SU-913 de 2009.
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que para que proceda el amparo, debe estar plenamente demostrada al menos una
de las anteriores causales o defectos.
2.4. Hechos probados
Del expediente ejecutivo con radicación 13001-33-33-010-2021-00258-01, la Sala
establece lo siguiente:
i) El 26 de octubre de 2021, el señor Iván Jesús Pérez Martínez, por intermedio de
apoderado, promovió demanda ejecutiva de mayor cuantía en contra del Distrito
Turístico y Cultural de Cartagena de Indias, con el fin de obtener el pago de las
obligaciones insolutas producto de la terminación y liquidación del contrato de
interventoría ALC-LOC2-CM-001-2016. Así las cosas, solicitó librar mandamiento de
pago por valor de: a) $134.419.889, correspondientes al saldo de la obligación
producto de la ejecución del contrato ALC-LOC2-CM-001-2016; y de b) $713.455.709,
correspondientes a intereses corrientes y moratorios desde el 27 de diciembre de
2017 y los que se sigan causando desde esta fecha hasta que se haga efectivo su
pago; y además, condenar a la ejecutada al pago de costas y agencias en derecho
producto del proceso de ejecución.
ii) El 4 de febrero de 2022, el Juzgado Décimo Administrativo del Circuito Judicial de
Cartagena libró mandamiento de pago en favor del señor Iván Jesús Pérez Martínez
y en contra del Distrito de Cartagena, por la suma de $134.419.889, emanados del
acta de liquidación bilateral del contrato de interventoría ALC-LOC2-CM-001-2016, más
los intereses moratorios causados desde el día siguiente a la suscripción del acta —
20 de marzo de 2018— hasta que se efectuara el pago, aplicando la tasa equivalente
al doble del interés legal civil sobre el valor histórico actualizado, para liquidar los
intereses, según lo previsto en el ordinal 8 del artículo 4 de la Ley 80 de 1993.
iii) El 29 de agosto de 2022, el Juzgado Décimo Administrativo del Circuito Judicial
de Cartagena confirmó la anterior decisión.
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iv) El 30 de mayo de 2023, el Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala de Decisión 2,
revocó la sentencia de primera instancia y, en su lugar, declaró probada como
excepción la inexistencia de los documentos para conformar el título ejecutivo.
2.5. Verificación del cumplimiento de las causales de procedibilidad
Es de advertir ab initio que en tratándose de asuntos dirigidos a cuestionar
providencias adoptadas en juicios ejecutivos que condenan al pago de sumas
dinerarias, la acción de tutela resulta improcedente por incumplimiento de la causal
de procedibilidad de «relevancia constitucional».
La Corte Constitucional ha decantado una sólida línea jurisprudencial en lo referente
a dicha causal,4 en la que ha reiterado que su establecimiento cumple cuatro
propósitos principales, a saber: «i) el respeto por las competencias de las
jurisdicciones; ii) la protección de la autonomía e independencia de los jueces; iii) la
preservación de la específica finalidad de la acción de tutela, instituida para la
protección y restablecimiento de los derechos fundamentales; y iv) la prevención del
uso indebido de la acción como una instancia adicional de los procesos
adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la solución de discusiones
de naturaleza eminentemente legal o con un marcado contenido económico».5
De esta forma, ha señalado que para verificar su cumplimiento, el juez de tutela debe
concluir i) que el asunto tiene trascendencia para interpretar, aplicar y/o desarrollar la
Constitución Política o para determinar el contenido y alcance de un derecho
fundamental; ii) que la controversia no se limita a una discusión meramente legal,
como la correcta interpretación o aplicación de una norma de rango legal o
reglamentario —salvo que se explique con suficiencia el por qué la interpretación o
aplicación de una norma legal afectó garantías constitucionales—,6 o de contenido
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La cual puede consultarse, entre otras, en las sentencias SU-573 de 2019, SU-128 de 2021, SU-103
de 2022 y SU-215 de 2022.
5 Sentencia SU-573 de 2019.
6 No significa que en todos los casos en los que se cuestione la definición y aplicación judicial de
normas de rango legal se incumple el requisito de relevancia constitucional […] en la labor judicial la
indebida aplicación de normas de rango legal puede derivar en una violación de derechos
fundamentales. Justamente esa situación es la que sustenta la existencia, caracterización y definición
del defecto sustantivo. En todo caso, la relevancia constitucional exige que el accionante vincule la
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económico, por tratarse de una controversia estrictamente monetaria con
connotaciones particulares o privadas, que no representen un interés general
—salvo que se comprometa algún derecho fundamental—,7 y iii) que existe
justificación razonable de una afectación grave y/o desproporcionada de derechos
fundamentales, producto de una actuación arbitraria.8
En el sub judice, los alegatos de la parte actora lo que avizoran es que se utiliza el
mecanismo de amparo como una instancia adicional para plantear un nuevo debate
del asunto que no le corresponde definir al juez de tutela.
Así, se cuestiona la existencia de un defecto «fáctico» por indebida valoración
probatoria, pues para efectos de determinar que el acta de liquidación del contrato
cumplía con el requisito de exigibilidad impuso la carga probatoria excesiva de
acreditación del pago a la seguridad social y del recibido a entera satisfacción de la
entidad por parte del supervisor del contrato, sin tener en cuenta que del contenido
del acta de liquidación se puede extraer que el supervisor dio fe del cumplimiento del
pago de los aportes a la seguridad social y que las inconsistencias que generaron la
devolución de algunas cuentas —según lo señalado en el interrogatorio de parte—
no tenían que ver con la omisión en el pago de dichos aportes, y que, además, no
era necesario que al proceso se aportara el acto administrativo que delegó facultades
al alcalde local para suscribir el acta de liquidación, ya que este actuó facultado por
la Ley 1617 de 2013, y porque en el contrato se establecieron las funciones del
supervisor, entre estas, el autorizar el pago de las cuentas siempre y cuando el
contratista cumpliera con el pago a la seguridad social.
discusión legal con la violación de una garantía fundamental o, en otros términos, que explique con
suficiencia el por qué la interpretación o aplicación de una norma de rango legal afectó garantías
constitucionales. SU-215 de 2022.
7 Esto no significa, claro está, que jamás proceda la tutela contra sentencias en un asunto de
naturaleza económica, pues eventualmente en este tipo de casos se puede llegar a comprometer
algún derecho fundamental. Así, por ejemplo en acciones de tutela formuladas contra providencias
judiciales en las que se discute: (i) el reconocimiento de derechos pensionales; (ii) pretensiones de
reparación directa; (iii) laudos arbitrales y las sentencias de anulación; (iv) procesos ejecutivos, entre
otras materias que implican pretensiones económicas, la Corte ha reconocido la relevancia
constitucional del asunto siempre que se advierta con claridad que la acción de tutela está dirigida a
obtener la protección de un derecho fundamental y no a reabrir la discusión definida ante los jueces
ordinarios. SU-215 de 2022.
8 Sentencias SU-573 de 2019 y SU-128 de 2021.
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Demandante: Iván Jesús Pérez Martínez
Dichos alegatos permiten evidenciar que lo querido por el accionante es que se
realice una valoración del acta de liquidación del contrato como de las demás
pruebas aportadas al plenario, cuando lo cierto es que la tarea de decidir ante
distintos medios probatorios cuál o cuáles de ellos y con qué concreto alcance deben
ser utilizados para la resolución de un determinado supuesto litigioso constituye una
función exclusiva de los órganos judiciales ordinarios.
En el caso, el juez colegiado fue claro en señalar que ante la disparidad de
afirmaciones encontradas en el acta de liquidación no era posible tener certeza del
cumplimiento de la condición de realizar los aportes al sistema de seguridad social
integral y el pago de sus obligaciones parafiscales, conclusión que corresponde a la
manifestación de la autonomía e independencia judicial de que gozan los jueces al
analizar el material probatorio puesto a su disposición, que como lo ha fijado la Corte
Constitucional es el «campo en el que la independencia del juez se mantiene con
mayor vigor […]. Ello por cuanto el juez de la causa es el que puede apreciar y
valorar de la manera más certera el material probatorio que obra dentro de un
proceso», sin que al juez de tutela le esté permitido «convertirse en una instancia
revisora de la actividad de evaluación probatoria del juez que ordinariamente conoce
de un asunto», como lo pretende la parte actora.
Asimismo, se controvierte la configuración de un «sustantivo» al contrariarse algunas
sentencias de tutela proferidas por el Consejo de Estado en torno a la condición de
título ejecutivo autónomo del acta de liquidación del contrato, cuando lo cierto es que
las sentencias de tutela no comportan precedente jurisprudencial por tener estas
efectos inter partes, es decir, que no van más allá del caso objeto de controversia, de
tal suerte que las consideraciones allí planteadas solo sugieren un antecedente
jurisprudencial que no obligan al operador jurídico.
Es decir, que el apoderado de la parte actora acude a esta instancia constitucional
manteniendo sus argumentos en un debate que ya fue definido en el proceso, y ello
deviene en una reiteración de circunstancias fácticas y jurídicas que fueron
sometidas a estudio y sobre las que ya se profirió una decisión de fondo.
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Además, es de agregar, en gracia de discusión, que el pago de las obligaciones
insolutas producto de la terminación y liquidación del contrato de interventoría
suscrito entre el señor Iván Jesús Pérez Martínez y el Distrito Turístico y Cultural de
Cartagena de Indias, a través de la Alcaldía Localidad de la Virgen y Turística,
obedece a una controversia estrictamente monetaria con connotaciones particulares
o privadas que no compromete una vulneración iusfundamental, toda vez que lo
perseguido en el asunto es que, en últimas, el juez de ejecución ordene el pago de
las sumas dinerarias a las que el accionante considera tener derecho.
Debe tenerse en cuenta que la acción de tutela contra providencia judicial fue
instituida como un mecanismo extraordinario de protección de derechos
fundamentales que puedan verse afectados a partir de las decisiones adoptadas en
el marco de un proceso judicial, por lo que, dada su naturaleza, la procedencia y
estudio debe ceñirse a una serie de límites constitucionales que tienen por objeto
impedir que sea utilizada como una tercera instancia, pues ello sería invadir la esfera
propia del juez natural de la causa y, por contera, su autonomía e independencia
judicial en la solución de la litis.
Así las cosas, debe este juez constitucional confirmar lo resuelto en primera instancia
en cuanto declaró improcedente el amparo constitucional al no cumplirse en el caso
con el requisito de «relevancia constitucional».
3. Conclusión
Con los anteriores argumentos la Sala confirmará el numeral segundo de la
sentencia impugnada que declaró improcedente el amparo constitucional solicitado.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,
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Demandante: Iván Jesús Pérez Martínez
F A L L A:
Primero. Confirmar el numeral segundo de la sentencia del 18 de agosto de 2023,
el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, que declaró improcedente el
amparo constitucional solicitado, de acuerdo con lo expuesto en este proveído.
Segundo. Ejecutoriada esta providencia, remitir el expediente de tutela a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior sentencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Aclaración de voto Aclaración de voto
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado Electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en
la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de
conformidad con el artículo 186 del CPACA.
YASM
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