Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-03820-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-03820-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2023-03820-00
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
23 de agosto de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., veintitrés (23) de agosto de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2023-03820-00
Demandante: Dilia Margarita Martínez Verbel
Demandado: Tribunal Administrativo de Sucre y otro
Temas: Tutela contra providencia judicial / Nulidad y restablecimiento
del derecho contra la Resolución 0801 de 2019 por medio de
la cual se declaró insubsistente nombramiento respecto de un
cargo de libre nombramiento y remoción / Defecto sustantivo y
fáctico, y violación directa de la Constitución Política
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
________________________________________________________________
Decide la Sala la solicitud formulada por Dilia Margarita Martínez Verbel, en
ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política,
y desarrollada en los decretos 2591 de 1991, 1069 de 2015 y 333 de 2021.
1. Antecedentes
1.1. La solicitud1
Dilia Margarita Martínez Verbel promovió solicitud de tutela con el fin de que se
ampararán sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia, los cuales consideró vulnerados con ocasión de la
sentencias proferidas el 30 de marzo de 2022 y el 23 de febrero de 2023 por el
Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Sincelejo y el Tribunal
Administrativo de Sucre, respectivamente, en el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el radicado
70001333300220190036900-01.
Como fundamento de la solicitud de amparo expuso lo siguiente:
i) Dilia Margarita Martínez, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, presentó demanda en contra de la Universidad de
Sucre, con el fin de que se declarara la nulidad del acto administrativo mediante
el cual se declaró insubsistente su nombramiento como profesional universitario,
código 2044, grado 10, adscrito a la oficina jurídica.
1 Ver índice 2 de SAMAI. Archivo denominado «ED_2ESCRITODETUTELA(.pdf) NroA ctua 2»
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2023-03820-00
Demandante: Dilia Margarita Martínez Verbel
ii) El Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Sincelejo, mediante
sentencia proferida el 30 de marzo de 2022 negó las pretensiones al considerar
que su cargo pertenecía a los de libre nombramiento y remoción. En contra de
esta decisión la demandante interpuso recurso de apelación.
iii) El Tribunal Administrativo de Sucre, a través de la sentencia del 23 de febrero
de 2023, confirmó lo resuelto por el a quo al considerar que el cargo desempeñado
por la demandante era de libre nombramiento y remoción, por lo que el nominador
podía retirarla del servicio sin necesidad de motivación.
iv) En relación con esa decisión, la parte tutelante considera que la corporación
judicial demandada vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso y de
acceso a la administración de justicia al incurrir en violación directa de la
Constitución Política, toda vez que «desconoce el alcance de la regla constitucional”,
es decir, el artículo 125 constitucional con apoyo en la jurisprudencia constitucional (C-
552/96, C514/94, C-408/97) […]».
Asimismo, en defecto fáctico al omitir llevar a cabo la valoración probatoria en
procura de examinar las funciones concretas del empleo desempeñado, para
poder concluir la exclusión de la carrera.
1.1.2. Pretensiones
Con fundamento en la situación fáctica expuesta, solicitó lo siguiente:
«[…] Primero: TUTELAR los derechos fundamentales al Debido Proceso (art.29 C.N.),
Acceso a la Administración de Justicia (arts.228-229 C.N.), Confianza Legítima,
Derecho a la Igualdad (art.13 C.N.), violados por los despachos accionado mediante
las sentencias de fecha 30 de marzo de 2022 y . En consecuencia:
Segundo: se DEJE SIN EFECTO las sentencias aludidas del JUZGADO SEGUNDO
ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE SINCELEJO y del TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE SUCRE.
Tercero: ORDENAR al Tribunal Administrativo de Sucre que dicte una nueva
sentencia atendiendo los parámetros constitucionales y legales respecto de la
naturaleza constitucional y legal de carrera del empleo de “Profesional Universitario”
adscrito a la “Oficina Jurídica” de la Universidad de Sucre y como efecto aplique el
parágrafo 2 del artículo 41 de la 909 de 2004 en concordancia con la sentencia SU-
917/10.
CUARTO: EXORTAR a los despachos judiciales accionados para que en el futuro
acojan la regla constitucional del artículo 125 constitucional en armonía con la
jurisprudencia del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional al respecto.
[…]»
1.2. Informes rendidos en el proceso
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Demandante: Dilia Margarita Martínez Verbel
1.2.1. El Tribunal Administrativo de Sucre 2 se opuso a la prosperidad de la
solicitud de amparo, al considerar que no se presentó la vulneración alegada, ya
que la decisión cuestionada se fundamentó en las pruebas que oportunamente
fueron allegadas al expediente y en la pauta marcada por la jurisprudencia
contenciosa-administrativa sobre la materia.
1.2.2. La Universidad de Sucre 3 solicitó negar el amparo, puesto que, la
verdadera intención de la demandante es convertir la tutela en una tercera
instancia, cuando a ella se le ha brindado respuesta en todas las instancias
durante el medio de control de nulidad y restablecimiento de derecho.
1.2.3. El Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Sincelejo 4 solicitó
negar las pretensiones de amparo, ya que, a su juicio, no existió vulneración de
derechos fundamentales y por el contrario, las providencias acusadas fueron
proferidas en derecho, de cara a la situación fáctica de la demandante.
1.2.4. Dilia Margarita Martínez Verbel 5 solicitó tener en cuenta la sentencia
proferida el 12 de abril de 2023por el Consejo de Estado.
2. Consideraciones
En atención a los argumentos expuestos en el escrito de tutela y a las pruebas
que obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración en el
siguiente orden: i) competencia para decidir; ii) procedencia de la tutela contra
providencia judicial; iii) determinación del problema jurídico y iv) análisis de la Sala.
2.1. Competencia
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y el
numeral 5 del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el
artículo 1 del Decreto 333 del 6 de abril de 2021,6 esta Sala es competente para
conocer de la presente solicitud de amparo contra el Tribunal Administrativo de
Sucre y otro.
2 Ver índice 10 de SAMAI en actuación denominada
RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_MEMO20230382000P(.pdf) NroActua 10
3 Ver índice 11 de SAMAI. Archivo denominado
«RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_RV_RESPUESTAACCION(.zip)
NroActua 11»
4 Ver en índice 12 de SAMAI en la actuación denominada
RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_RESPUESTAACCDE(.pdf) NroActua 12
5 Ver índice 13 de SAMAI en actuación denominada
RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_RADN1100103150002023(.zip) NroActua
13
6 Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de
2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de
la acción de tutela.
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-03820-00
Demandante: Dilia Margarita Martínez Verbel
2.2. Procedencia de la tutela contra providencia judicial
En fallo del 31 de julio de 2012, la Sala Plena de lo Contencioso-administrativo del
Consejo de Estado7 unificó el criterio de la corporación en cuanto a la procedencia
de la tutela contra providencias judiciales, en consideración a las distintas
posturas que en su interior se habían desarrollado sobre el tema. 8 Al respecto
señaló lo siguiente:
«[…] De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el criterio
mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar
improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que
las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29
de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción
constitucional, de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de
derechos constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y
se admita, como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de
fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de
tales derechos, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento
Jurisprudencialmente. […]» [Resalta la Sala].
Como consecuencia de lo anterior, esta corporación ha considerado que es
necesario estudiar las solicitudes de tutela que se presenten contra providencia
judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental, para lo cual
corresponde verificar cuáles son esos «parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente» como se indica en aquella decisión.
Sobre el particular, el Consejo de Estado, Sala Plena, 9 adoptó los criterios
expuestos por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para
establecer la procedencia de la tutela como mecanismo residual y excepcional
para la protección de derechos fundamentales como lo señala el artículo 86
Constitucional. En ese sentido, se consideró que esta solicitud se puede presentar
además contra decisiones de las altas cortes que desconozcan derechos
fundamentales.
Ahora bien, la Corte Constitucional10 ha señalado que la solicitud de amparo debe
cumplir con unos requisitos generales de procedencia. Estos son: i) que sea
relevante constitucionalmente; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) que se
haya presentado dentro de un plazo prudencial, el cual se ha denominado
inmediatez; y iv) que se haya acudido a ella en forma subsidiaria, es decir, que se
hayan agotado los recursos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos
7 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, radicado 11001-03-15-000-
2009-01328-01, M.P. María Elizabeth García González.
8 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñada.
9 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de
2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
10 Entre otras en las sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T-774 del 13 de agosto de 2004
y C-590 de 2005.
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Demandante: Dilia Margarita Martínez Verbel
sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado.
Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la decisión a tomar será
declarar improcedente el amparo solicitado y no se analizará el fondo del asunto.
A continuación, y de acreditarse el cumplimiento de los anteriores requisitos,11 el
juez deberá realizar un análisis de los posibles yerros en que incurrió la autoridad
judicial, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos
fundamentales que se afirman vulnerados. En ese escenario, para la prosperidad
de la solicitud de amparo, debe verificarse lo siguiente: i) la configuración de
alguno de los requisitos específicos alegados por el interesado; y ii) que el vicio o
defecto sea de tal trascendencia que implique la amenaza o la afectación de
derechos fundamentales.12
Es decir, el operador judicial debe verificar que la transgresión sea de tal entidad
que incida en el sentido de la decisión y que con la solicitud no se intente reabrir
el debate que se había planteado en la instancia correspondiente.
2.3. Problema jurídico
La Sala deberá definir si: ¿El Tribunal Administrativo de Sucre vulneró los
derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia de la demandante con ocasión de la sentencia del 23 de febrero de 2023,
a través de la cual confirmó la decisión de negar la declaratoria de nulidad de la
Resolución No. 0801 de 2019, por medio del cual, la Universidad de Sucre la
declaró insubsistente del cargo de Profesional Universitario, con Código 2044,
Grado 10, adscrito a la Oficina Jurídica , con lo cual incurrió, presuntamente, en
desconocimiento de la Constitución Política y defecto fáctico?
2.4. Análisis de la Sala
2.4.1. Sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva
La Sala encuentra superados los requisitos de procedibilidad de la solicitud de
tutela y, en consecuencia, sin encontrar causal de nulidad que invalide lo actuado,
procederá a efectuar el estudio del fondo del asunto planteado.
2.4.2. Violación directa de la Constitución Política
Se recuerda que fue concebida, en un principio, como un defecto sustantivo, el
cual se consolidó como un requisito de procedencia específico autónomo a partir
de las sentencias T-949 de 2003 y C-590 de 200513 de la Corte Constitucional.
11 Corte Constitucional, Sentencia T-309 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
12 Corte Constitucional, Sentencia SU-337 de 2017, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
13 Pese a lo anterior, en la Sentencia T-086 de 2007 la ausencia de motivación, el desconocimiento
del precedente y la violación directa de la Constitución Política se tratan como parte integrante del
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Demandante: Dilia Margarita Martínez Verbel
Posteriormente el Alto Tribunal de lo Constitucional, en sentencia SU-069 de
2018, señaló que esta causal se configura «a partir del desconocimiento de los
jueces de aplicar la Constitución, conforme con el mandato consagrado en el
artículo 4º de la Carta que antepone de manera preferente la aplicación de sus
postulados», el cual puede configurarse por dos hipótesis14:
La primera se refiere a que no se aplica una norma fundamental al caso en
estudio, lo cual puede suceder en tres supuestos, cuando en la solución del caso
(a) se dejó de interpretar y aplicar una disposición legal de conformidad con el
precedente constitucional; (b) se trata de un derecho fundamental de aplicación
inmediata; y (c) en las decisiones se vulneraron derechos fundamentales y no se
tuvo en cuenta el principio de interpretación conforme con la Constitución.
La segunda, se presenta cuando se aplica la ley al margen de los preceptos
consagrados en la Constitución Política, es decir, que no se aplica la excepción
de inconstitucionalidad contenida en el artículo 4 constitucional cuando exista
incompatibilidad con las disposiciones legales.
2.4.3. Caso concreto
Previo a decidir, se aclara que, si bien la demandante cuestiona las sentencias
proferidas el 30 de marzo de 2022 y el 23 de febrero de 2023 por el Juzgado
Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Sincelejo y el Tribunal
Administrativo de Sucre, respectivamente, la Sala dirigirá su estudio únicamente
respecto de la última de la mencionadas, en tanto fue la que puso fin al proceso.
Dilia Margarita Martínez Verbel acudió al juez de tutela con el fin de que se
ampararan sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia y, en consecuencia, se dejara sin efecto la sentencia
proferida el 23 de febrero de 2023 por el Tribunal Administrativo de Sucre, que
confirmó la decisión de primera instancia de negar la declaratoria de nulidad de la
Resolución 0801 de 2019, por medio del cual, la Universidad de Sucre la declaró
insubsistente del cargo de profesional universitario, código 2044, grado 10,
adscrito a la oficina jurídica.
Lo anterior al considerar que la decisión judicial acusada incurrió en violación
directa de la Constitución Política, por desconocer la regla general contenida en
el artículo 125 superior, la cual establece que los empleos del Estado son de
defecto sustantivo; y, en la Sentencia T-178 de 2012 sucede lo mismo en relación con los dos
primeros defectos. En otras providencias, por su parte, se abordó este aspecto desde la violación
de una norma, situación de la cual se derivó que podían configurarse tres vicios: defecto sustantivo,
defecto orgánico y defecto procedimental [Al respecto ver, entre otras, la Sentencia T-701 de
2004].
14 Sobre el particular, consultar la sentencia T-888 de 2010.
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Demandante: Dilia Margarita Martínez Verbel
carrera, y la excepción está constituida por los cargos de libre nombramiento y
remoción, la cual resulta de aplicación restringida.
Al respecto, para mayor claridad se recuerda que la autoridad judicial demandada
para confirmar la decisión de primera instancia en el sentido de que el cargo que
ostentaba la demandante pertenecía a los denominados de libre nombramiento y
remoción, refirió que la Ley 30 de 199215 hace énfasis en el principio de autonomía
universitaria, razón por la que:
«[…], las instituciones de educación superior tienen plena facultad para expedir sus
estatutos y reglamentos y la Universidad de Sucre, haciendo uso de esta facultad, en
el Acuerdo No. 19 de 2012 -acto que goza de presunción de legalidad- determinó que
el cargo de Profesional Universitario Código 2044 Grado 10 adscritos a la Oficina
Jurídica, es de libre nombramiento y remoción, razón por la cual la libelista no ostenta
derechos de carrera y menos fuero alguno de estabilidad; por ende, al determinarse
que el empleo ocupado por la demandante es de libre nombramiento y remoción, el
nominador no estaba obligado a motivar el acto.
Asimismo, indicó que este principio no cambia por el hecho de haber participado
y superado una convocatoria pública de provisión de cargos, para lo cual tuvo
como fundamento el Acuerdo 04 de 200916 así:
«[…] según lo previsto en el artículo 12 del Acuerdo 04 de 2009 […] son empleados
de carrera administrativa “aquellos que se vinculan en período de prueba a cargos
clasificados como de carrera, y cuya selección, ingreso y permanencia obedecen al
sistema de méritos que regula el Estatuto de Carrera Administrativa de la Universidad
de Sucre”; no obstante, la selección de la demandante no se dio en los términos de
que trata el Título II del Acuerdo No.12 de 2008 […] sobre vinculación a empleos de
carrera ni mucho menos se surtieron las etapas de que trata el artículo 15 del
mencionado acuerdo:
“ARTÍCULO 15.- ETAPAS. El proceso de selección o concurso comprende la
convocatoria, la inscripción, la aplicación de pruebas o instrumentos de selección, la
conformación de la lista de elegibles, el nombramiento, la posesión y el período de
prueba cuando fuese necesario” […]».
El Tribunal Administrativo de Sucre, de acuerdo con lo anterior concluyó lo
siguiente:
«[…] la creación del cargo como de libre nombramiento y remoción es fruto de la
autonomía universitaria reconocida constitucionalmente a las entidades de educación
superior, la cual implica que las universidades pueden darse sus propias directivas;
regirse por sus estatutos y establecer dentro de sus normas internas, que son
expedidas por el Consejo Superior Universitario, qué cargos pueden ser de libre
nombramiento y remoción, autonomía que si bien no es absoluta, en este caso no
pugna contra los principios generales del Sistema de Carrera Administrativa previsto
en el artículo 125 de la Constitución Política, que prevé como una excepción a la regla
general los cargos de libre nombramiento y remoción, razón por la que además no se
15 Por la cual se organiza el servicio público de la Educación Superior.
16 Por medio del cual se adopta el Estatuto de Personal Administrativo de la Universidad de
Sucre.
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Demandante: Dilia Margarita Martínez Verbel
inaplicará el Acuerdo 019 de 2012 emanado del Consejo Superior de la Universidad
de Sucre.[…]».
Ahora bien, frente al reproche realizado por la demandante respecto al defecto
fáctico en el cual presuntamente incurrió la autoridad judicial demandada, al no
valorar la declaración jurada «[…] de quien fungía como Rector de la Universidad al
momento del nombramiento de la actora, Dr. Vicente Periñan Petro, que al ser interrogado
sobre la naturaleza del empleo de la suscrita, manifestó el ingresó por “concurso público
de méritos” y añade que “ella había concursado, no era de libre nombramiento y
remoción…Era un cargo de carrera…no tenía jerarquía, no tenía mando dentro de la
institución”, “el nombramiento se hizo con base a los resultados del concurso”. […]», la
Sala recuerda que dicha declaración si fue tenido en cuenta, diferente es, que al
respecto se considerara que no tenía la entidad suficiente para cambiar el sentido
del fallo.
Como se observa, la autoridad judicial demandada no solamente analizó la
naturaleza del cargo que ostentaba la demandante, sino que indicó que su
provisión estuvo antecedida por una convocatoria pública realizada con base a la
autonomía de la cual goza la Universidad de Sucre, pero que de ninguna manera
es razón para darle el rango “de carrera”, en tanto esta se hizo únicamente para
que los interesados entregaran sus hojas de vida e hicieran una prueba
psicológica, mas no fue un concurso de méritos compuesto de todas las etapas
especiales ni adelantado por la Comisión Nacional del Servicio Civil, ya que solo
tuvo efecto a nivel interno de la institución.
A juicio de la Sala, no se evidencia que el Tribunal Administrativo de Sucre hubiera
incurrido en violación directa de la Constitución Política ni en defecto fáctico en su
labor de la búsqueda de la verdad; distinto es, que de acuerdo con la lectura de la
normatividad aplicable al caso, concluyera que el cargo de profesional
universitario, código 2044, grado 10, que ostentaba la demandante era de libre
nombramiento y remoción, razón por la que el nominador, en uso de la facultad
discrecional, tenía la potestad de removerla del cargo.
En cuanto a la solicitud realizada por la demandante de tener como precedente el
fallo proferido por el Consejo de Estado identificado con el radicado 11001-03-15-
000-2023-00774-00, se advierte que se trata de una sentencia de tutela cuyo
efectos son inter-partes y de ninguna manera resulta de obligatorio cumplimiento,
sin contar con que la situación fáctica allí analizada difiere del presente asunto.
Conviene insistir en que el juez de tutela debe respetar la interpretación jurídica
del juez natural y por lo tanto no le corresponde cuestionar las decisiones
adoptadas dentro del ámbito de sus competencias, salvo que resulte palmaria la
vulneración de derecho fundamental alguno, lo que en el presente caso no se
encontró probado.
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-03820-00
Demandante: Dilia Margarita Martínez Verbel
En vista de lo anterior, lo que existe es una inconformidad con el resultado de la
valoración efectuada por el juez natural que no es atacable vía tutela, en la medida
en que aquella visión de los hechos presentada por la autoridad judicial
demandada cuenta con soporte y está debidamente razonada y justificada, por lo
que, se reitera, este mecanismo no puede convertirse en una tercera instancia.
En este orden de ideas, quedan desvirtuadas las inconformidades en las que la
parte demandante centró sus esfuerzos, de forma que la Sala negará el amparo
de los derechos fundamentales invocados por Dilia Margarita Martínez Verbel, en
la solicitud de tutela presentada contra el Tribunal Administrativo de Sucre y otro.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por
autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Negar el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso y de
acceso a la administración de justicia de Dilia Margarita Martínez Verbel, en la
solicitud de tutela presentada contra el Tribunal Administrativo de Sucre y el
Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Sincelejo, de conformidad con la
parte motiva de esta providencia.
Segundo. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Tercero. Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación, remítase el expediente a la Corte Constitucional para
su eventual revisión.
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR CÉSAR PALOMINO CORTÉS
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente
Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el aplicativo
SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la integridad y autenticidad
del presente documento en el link
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador
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