Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-03820-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-03820-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2023-03820-01
Consejero ponente: Alberto Montaña Plata
29 de enero de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata
Bogotá DC, 29 de enero de 2024
Radicación: 11001-03-15-000-2023-03820-01
Demandante: Dilia Margarita Martínez Verbel
Demandado: Tribunal Administrativo de Sucre y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de Segunda instancia
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL | Relevancia constitucional
Síntesis del caso: La parte demandante enjuició la sentencia mediante la cual se confirmó
la decisión de primera instancia que negó las pretensiones de un proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho relacionado con la declaratoria de insubsistencia del
nombramiento de la demandante en un cargo que ocupaba en la Universidad de Sucre.
De acuerdo con la competencia asignada1, procede la Sala a resolver la
impugnación presentada por la parte actora contra la Sentencia proferida
el 23 de agosto de 2023 por la Subsección B de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, mediante la cual se negaron las pretensiones de la
solicitud de amparo2.
Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión
1. ANTECEDENTES
Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante. 1.2. Sentencia de primera instancia e
impugnación.
1.1. Posición de la parte demandante
1. El 13 de julio de 2023, Dilia Margarita Martínez Verbel presentó acción
de tutela contra el Juzgado 2 Administrativo de Sincelejo y el Tribunal
Administrativo de Sucre, para obtener la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia e
igualdad, así como del principio de confianza legítima, los cuales consideró
vulnerados con ocasión de las Sentencias de 30 de marzo de 2022 y 23 de
febrero de 2023, proferidas por las autoridades judiciales demandadas,
respectivamente, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho No. 70001-33-33-002-2019-00369-00/01.
1 Artículo 86 de la Constitución Política, Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de
2021 y Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.
2 “Primero. Negar el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración
de justicia de Dilia Margarita Martínez Verbel, en la solicitud de tutela presentada contra el Tribunal Administrativo
de Sucre y el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Sincelejo, de conformidad con la parte motiva de
esta providencia.”
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-03820-01
Demandante: Dilia Margarita Martínez Verbel
Demandado: Tribunal Administrativo de Sucre y otro
Referencia: Acción de tutela. Segunda instancia
Decisión: Revoca - declara improcedencia
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2. A título de amparo constitucional, la parte actora solicitó (se trascribe):
“Primero: TUTELAR los derechos fundamentales al Debido Proceso (art.29 C.N.),
Acceso a la Administración de Justicia (arts.228-229 C.N.), Confianza Legítima,
Derecho a la Igualdad (art.13 C.N.), violados por los despachos accionado
mediante las sentencias de fecha 30 de marzo de 2022 y, en consecuencia:
Segundo: se DEJE SIN EFECTO las sentencias aludidas del JUZGADO SEGUNDO
ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE SINCELEJO y del TRIBUNAL ADMINISTRATIVO
DE SUCRE.
Tercero: ORDENAR al Tribunal Administrativo de Sucre que dicte una nueva
sentencia atendiendo los parámetros constitucionales y legales respecto de la
naturaleza constitucional y legal de carrera del empleo de “Profesional
Universitario” adscrito a la “Oficina Jurídica” de la Universidad de Sucre y como
efecto aplique el parágrafo 2 del artículo 41 de la 909 de 2004 en concordancia
con la sentencia SU-917/10.
CUARTO: EXORTAR a los despachos judiciales accionados para que en el futuro
acojan la regla constitucional del artículo 125 constitucional en armonía con la
jurisprudencia del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional al respecto.”
3. Como hechos relevantes, a partir del escrito de tutela y sus anexos,
fueron narrados los siguientes:
4. 1) Dilia Margarita Martínez Verbel se vinculó a la Universidad de Sucre
en 2011, a través de un contrato de prestación de servicios.
5. 2) Mediante Acuerdo No. 19 de 2012, el Consejo Superior de la
Universidad de Sucre creó cargos administrativos de libre nombramiento y
remoción adscritos a la Oficina Jurídica.
6. 3) En el 2013, dicha universidad abrió una convocatoria pública para
proveer los cargos creados, y la señora Martínez Verbel resultó escogida
para desempeñar el cargo de profesional universitario de la Oficina Jurídica,
decisión que fue plasmada en la Resolución No. 121 de 11 de febrero de
2013.
7. 4) El 17 de junio de 2019, a través de Resolución No. 801, proferida por
la Rectoría de la Universidad de Sucre, Dilia Margarita Martínez Verbel fue
declarada insubsistente del cargo de profesional universitaria que
desempeñaba.
8. 5) La señora Martínez Verbel presentó demanda3 contra la Universidad
de Sucre, orientada a obtener la nulidad de la Resolución No. 801 de 17 de
junio de 2019.
3 En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.
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9. 6) La demanda fue conocida por el Juzgado 2 Administrativo de
Sincelejo quien, mediante Sentencia de 30 de marzo de 2022, negó las
pretensiones de la demanda, tras considerar que, al tratarse de un cargo de
libre nombramiento y remoción (a) la ausencia de motivos para la
desvinculación de la servidora no viciaba la decisión; (b) el nominador
podía disponer libremente su provisión y retiro y; (c) en todo caso, no se
acreditaron intenciones del nominador distintas del buen servicio.
10. 7) Contra la anterior decisión, la parte demandante presentó recurso
de apelación, en el que manifestó que (a) se desconoció la regla respecto
de que los empleos en órganos y entidades del Estado son de carrera,
contemplada en el artículo 125 de la Constitución; (b) se omitió realizar una
valoración probatoria de las funciones del cargo, para concluir que el
mismo pertenecía al régimen de carrera; (c) se desconocieron precedentes
de la Corte Constitucional, tales como las Sentencias C-405 de 1995 y T-686
de 2014, y (d) se interpretó de manera inadecuada el artículo 69 de la
Constitución y los artículos 28 y 75 de la Ley 30 de 1992, pues a partir del
principio de autonomía universitaria se inobservaron las disposiciones que
reglamentaban la carrera administrativa. Además, se dejó de tener en
cuenta que en la Ley 909 de 2004, el empleo de profesional universitario no
figuraba como un cargo de libre nombramiento y remoción.
11. 8) El 23 de febrero de 2023, el Tribunal Administrativo de Sucre confirmó
la decisión de primera instancia, al determinar que no existía ningún vicio
para declarar la nulidad del acto demandando. En ese sentido, mencionó
que el principio de autonomía universitaria contemplado en la Ley 30 de
1992, otorgó a las instituciones de educación superior la facultad de expedir
sus propios estatutos y reglamentos, por lo que la Universidad de Sucre, en
uso de esa facultad, determinó que el cargo de profesional universitario que
ocupaba la demandante era de libre nombramiento y remoción, y no le
otorgaba derechos de carrera, ni fuero de estabilidad, y el nominador no
estaba en la obligación de motivar el acto que conllevaba a su
desvinculación. Adicional a ello, precisó que, en principio, la Ley 909 de 2004
no era aplicable a empleados de entes universitarios.
12. Para la parte actora, el fundamento de la vulneración radicó en que
las autoridades judiciales accionadas, con su decisión, trasgredieron el
artículo 125 de la Constitución; también desconocieron lo dispuesto en los
artículos 3 y 5 de la Ley 909 de 2004, sobre la clasificación de los empleos,
en concordancia con las Sentencias de la Corte Constitucional C-195 de
1994, C-371 de 2019, y del Consejo de Estado de 1 de junio de 2022, proferida
en el expediente No. 11001-03-15-000-2021-01766-01.
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13. Adicional a ello, consideró que se dejaron de valorar las funciones
específicas del empleo que desempeñó y la declaración de Vicente
Periñan Petro, en calidad de Rector de la Universidad de Sucre.
14. Con base en lo anterior, a juicio de la parte demandante, las
autoridades judiciales podían concluir que la naturaleza del cargo que
desempeñó en la Universidad de Sucre, no era de libre nombramiento y
remoción, sino que se trataba de un cargo de carrera administrativa.
1.2. Sentencia de primera instancia e impugnación
15. Mediante Sentencia de 23 de agosto de 2023, la Subsección B de la
Sección Segunda del Consejo de Estado negó la solicitud de amparo. Para
ello, se centró en analizar los reparos de la Sentencia que resolvió la
controversia en segunda instancia y concluyó que la autoridad judicial
analizó la naturaleza del cargo e indicó que, aunque la provisión estuvo
precedida de una convocatoria, ese aspecto no implicaba que cambiara
la naturaleza del empleo, por lo que la demandante podía ser removida de
su cargo, en uso de la facultad discrecional.
16. Así indicó que, luego de analizados los reparos expuestos por la señora
Martínez Verbel en su escrito de tutela, se evidenció que la providencia
cuestionada era razonada y se encontraba justificada y que lo que
realmente existía era una inconformidad de la demandante con la decisión
adoptada.
17. La parte actora impugnó la decisión de primera instancia. En su
escrito, indicó que, en atención a que en la Ley 30 de 1992 hubo un vacío
respecto de cuáles eran los cargos de libre nombramiento y remoción y de
carrera, era necesario remitirse a lo dispuesto en los artículos 3 y 5 de la Ley
909 de 2004, en los que no figuraba el empleo de profesional universitario
como de libre nombramiento y remoción. Adicional a ello, señaló que ese
argumento estaba soportado en el artículo 125 de la Constitución.
18. La parte demandante agregó que (1) el juez constitucional de primer
grado no analizó las sentencias de la Corte Constitucional relacionadas con
el tema de la naturaleza de los cargos de carrera y de libre nombramiento
y remoción, y (2) se omitió valorar las pruebas que demostraban que el
cargo de profesional universitario que la demandante desempeñó no tenía
funciones directivas, de mando, de manejo o dirección.
2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Contenido: 2.1. Identificación de la providencia objeto de estudio. 2.2. Procedencia de la
acción de tutela contra providencia judicial. 2.3. Conclusión.
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2.1. Identificación de la providencia objeto de estudio
19. La Sala, al igual que la autoridad constitucional de primer grado, se
centrará en analizar los reparos invocados respecto de la Sentencia de
segunda instancia proferida por el Tribunal Administrativo de Sucre el 23 de
febrero de 2023, puesto que, pese a que también se enjuició la sentencia
de primera instancia proferida por el Juzgado 2 Administrativo de Sincelejo,
lo cierto es que, con ocasión del recurso de apelación, la decisión del
tribunal fue la que resolvió el litigio. Asimismo, ante una eventual decisión
favorable a las súplicas de amparo, será la autoridad que resolvió la
controversia en segunda instancia, la encargada de dar cumplimiento a lo
que se ordene.
2.2. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial4
20. La Sala revocará la sentencia de primera instancia que negó las
pretensiones de la acción de tutela y, en su lugar, declarará la
improcedencia de la misma por falta de relevancia constitucional, toda vez
que se logró advertir que la parte demandante pretendió que su
controversia se sometiera a una instancia adicional al proceso ordinario.
21. De conformidad con la Corte Constitucional, (se trascribe) “el juez [de
tutela] no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y
marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos
que corresponde definir a otras jurisdicciones”5.
22. En ese sentido, la Sala Plena del Consejo de Estado, en Sentencia de
5 de agosto de 2014, adujo expresamente que el requisito que se analiza
requiere la conjunción de 2 elementos: la carga argumentativa por parte
del demandante en la que explique la relevancia de la controversia para el
juez de tutela6; que la solicitud de amparo no se presente con el objeto de
obtener una nueva instancia7; y que se trate de una controversia sobre
derechos fundamentales y no asuntos de simple legalidad8.
4 El siguiente análisis se hace de conformidad con el orden establecido por la Corte Constitucional en la Sentencia
T-066 de 2019.
5 Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005.
6 Consejo de Estado. Sala Plena, Sentencia de 5 de agosto de 2014, Exp. 11001-03-15-000-2012-02201-01. “El primer
elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto es
de relevancia constitucional por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra
providencias judiciales.// A juicio de la Sala, si bien es cierto que el juez de tutela debe motivar su decisión,
explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga de
argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo, para que el juez pueda determinar si se cumple tal requisito,
so pena del rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional.”
7 Ídem. “El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela no puede erigirse en una instancia procesal
adicional. En consecuencia, en caso [de] que de la acción de tutela se derive que esa es la pretensión del actor,
la decisión será rechazarla o declararla improcedente.”
8 Ídem. “La tutela contra providencias judiciales supone siempre una discusión en torno a derechos fundamentales.
No está concebida para cuestiones de mera legalidad o de apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas
cuestiones carecerían de relevancia constitucional.”
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23. Asimismo, la Corte Constitucional ha señalado que la relevancia
constitucional tiene por finalidades preservar la competencia e
independencia del juez ordinario, restringir la acción de tutela a asuntos
donde se afecten los derechos fundamentales e impedir que esta se
convierta en una instancia adicional9.
24. Lo anterior obedece a que, si bien, la parte actora refirió que la
cuestión discutida era de relevancia constitucional, en razón a que (se
trascribe): “el asunto presupone la mayor importancia por tratarse de la
afectación de los derechos fundamentales al Debido Proceso -art.29 C.P.-,
Acceso a la Administración de Justicia -arts.228 y 229 C.P.-, el derecho al
Trabajo-arts.25 y 53 C.P.- de la accionante, a causa de las sentencias de
primera instancia del Juzgado 2° Administrativo y del Tribunal Administrativo
de Sucre, que resultan abiertamente inconstitucionales por afectar
derechos fundamentales. Con énfasis, en el recurso de apelación,
advertimos sobre la existencia de gravísimas inconsistencias”, lo cierto es que
tal argumento no resulta suficiente para explicar por qué era necesaria la
intervención del juez de tutela, de cara a la decisión adoptada por el juez
ordinario, pues se presentó, junto con los reparos hechos a la decisión
enjuiciada, como simples diferencias o discrepancias interpretativas
respecto la decisión del juez natural de la causa.
25. Además, los reparos planteados en el escrito de tutela sobre una
trasgresión del artículo 125 de la Constitución, una indebida interpretación
normativa, un desconocimiento de sentencias de la Corte Constitucional y
del Consejo de Estado y la aparente omisión en el análisis de unas pruebas,
relacionados con la naturaleza del cargo de profesional universitario que
ocupaba la demandante, en realidad se presentaron como una reiteración
de lo que ya había sido expuesto en el proceso ordinario10 y como una
discrepancia interpretativa con la decisión del juez de la nulidad y
restablecimiento del derecho, con el fin de reabrir el debate sobre la nulidad
del acto administrativo demandado.
26. Esos reparos fueron abordados y resueltos por el Tribunal Administrativo
de Sucre a través de la Sentencia de 23 de febrero de 2023, en la cual la
referida autoridad judicial hizo referencia a que la creación de un cargo de
9 Corte Constitucional, Sentencias T-422 de 2018 y T-555 de 2019.
10 En el recurso de apelación, la parte actora argumentó (se trascribe): “DEFECTO POR VIOLACIÓN DIRECTA DE LA
CONSTITUCIÓN: Desconoce el alcance de la regla constitucional que prevé́ “Los empleos en los órganos y
entidades del Estado son de CARRERA” (art.125). (...) DEFECTO FACTICO: omitió́ llevar a cabo la valoración
probatoria en procura de examinar las funciones concretas del empleo de Profesional Universitario, desempeñado
por la demandante, para poder concluir su exclusión de la carrera. (...) VIOLACIÓN DE LOS PRECEDENTES DE LA
CORTE CONSTITUCIONAL: (...) Con manifiesto esguince el fallo da por sentado que de las funciones desempeñadas
por la demandante se deriva una especial “confianza”, lo cual es contraevidente y absurdo, Primero, por ignorar
el concepto constitucional vinculante de qué constituye “especial confianza” para la Corte; Segundo, en vista de
que para arribar a esa conclusión ni siquiera se detuvo a examinar las funciones cumplidas por la actora. (...)
DEFECTO SUSTANTIVO: incurre la decisión en un defecto sustancial constitucional con ocasión de inobservar los
preceptos legales que regulan la carrera administrativa. (Ley 30 de 1992 y Ley 909 de 2004).”
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libre nombramiento y remoción por parte de la Universidad de Sucre
obedecía a su autonomía universitaria lo cual no estaba en pugna con el
artículo 125 de la Constitución, ya que si bien dicha disposición se refería los
principios generales del Sistema de Carrera Administrativa, lo cierto era que
existía una excepción como lo eran los mencionados cargos de libre
nombramiento y remoción.
27. Adicional a lo anterior puso de presente que la autonomía universitaria
se encontraba consagrada en la Ley 30 de 1992 y no había lugar a dar
aplicación a la Ley 909 de 2004, pues esta, en principio, no era aplicable a
empleados de entes universitarios. Señaló que no hubo un desconocimiento
del precedente, pues no se evidenciaba que existiera una regla de
unificación relacionada con la naturaleza del cargo del que fue declarada
insubsistente la demandante.
28. En atención a lo expuesto, y a las pruebas que obraban en el
expediente, determinó que el acto administrativo demandando no requería
motivación y, en consecuencia, no se debía declarar su nulidad.
29. En ese orden, se recuerda que las diferencias interpretativas que
existieren entre el demandante y el juez natural de la causa no constituyen,
por sí mismas, la justificación para que el juez de tutela revise las decisiones
del juez ordinario. En otras palabras, la presentación simple de las
discrepancias entre lo decidido por el juez y el criterio de quien enjuicia
dicha decisión vía tutela, no da por cumplido el requisito de explicar por qué
el asunto es constitucionalmente relevante. Más, si se trata de una tutela
contra providencia judicial, pues este es un mecanismo constitucional de
amparo de derechos fundamentales de carácter excepcional11.
2.3. Conclusión
30. La Sala revocará la sentencia impugnada que negó las pretensiones
de la acción de tutela y, en su lugar, la declarará improcedente por no
superarse el requisito de relevancia constitucional.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, administrando justicia en nombre de la República de Colombia
y por autoridad de la ley,
11 Sobre el carácter excepcional de la tutela contra providencia judicial: Corte Constitucional, Sentencias SU-659
de 2015, SU-116 de 2018 y T-269 de 2018.
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Decisión: Revoca - declara improcedencia
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RESUELVE
PRIMERO: REVOCAR la Sentencia de tutela proferida el 23 de agosto de
2023, por el Tribunal Administrativo de Sucre, que negó las pretensiones de
la demanda. En su lugar, se dispone DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de
tutela presentada por Dilia Margarita Martínez Verbel, de conformidad con
lo expuesto.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la
decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier
solicitud contra la misma deberán dirigirla, dentro del término legal, al correo
electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin12.
TERCERO: Por Secretaría General REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
CUARTO: Por Secretaría General de esta Corporación, PUBLICAR la
presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
NOTIFÍQUESE, CÓPIESE Y CÚMPLASE
Fallo discutido y aprobado en sesión de Sala de la misma fecha.
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Con aclaración de voto
Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA
12 secgeneral@consejodeestado.gov.co.
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