Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-03823-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-03823-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2023-03823-01
Consejero ponente: Rocio Araujo Oñate
12 de octubre de 2023
Demandante: E.S.E. Hospital San José de Isnos, Huila
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera
Rad: 11001-03-15-000-2023-03823-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrada Ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Bogotá D.C., doce (12) de octubre de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-03823-01
Demandante: E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE ISNOS, HUILA
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA
Tema: Tutela contra providencia judicial – relevancia constitucional
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
La Sala resuelve la impugnación interpuesta por la parte actora contra la sentencia
del 24 de agosto de 2023, dictada por el Consejo de Estado, Sección Cuarta,
mediante la cual se declaró improcedente el amparo solicitado.
I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de amparo
1. Con escrito enviado por correo electrónico el 14 de julio de 2023 al buzón
web de la Secretaría General de esta Corporación, la Empresa Social del Estado
Hospital San José de Isnos, Huila (de ahora en adelante, la E.S.E. o el hospital), por
medio de su representante legal, instauró acción de tutela en contra del Consejo de
Estado, Sección Tercera con el fin de que le sean amparados sus derechos
fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia y a la
igualdad.
2. La parte actora consideró vulneradas las referidas garantías constitucionales,
con ocasión del fallo proferido por la autoridad judicial demandada el 18 de mayo
de 2023, mediante el cual se desestimó el recurso extraordinario de unificación de
jurisprudencia con radicado 11001-03-26-000-2022-00073-00 interpuesto por la
actora contra la sentencia proferida el 30 de septiembre de 2021 por el Tribunal
Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, en el proceso de
reparación directa 41001-33-31-006-2011-00427-00/01.
1.2. Pretensión
3. Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos
fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió:
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Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera
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(…) se ordene a la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo
del Consejo de Estado, dejar sin efecto la sentencia de única instancia del
dieciocho (18) de mayo de 2023 bajo el radicado 11001-03-26-000-2022-00073-
00 (68211), en la que se resolvió el recurso extraordinario de revisión (sic) en
los siguientes términos: (….) y, consecuencialmente (sic), acoja las súplicas del
recurso extraordinario propuesto por la E.S.E Hospital San José de Isnos Huila
imprimiendo los efecto que trata el artículo 267 del C.P.A.C.A”.
1.3. Hechos probados y/o admitidos
La Sala encontró demostrados los siguientes supuestos fácticos relevantes para la
decisión que se adoptará en la sentencia:
1.3.1. Del proceso de reparación directa
4. El 30 de septiembre de 2009, la señora Luz Ermita Bravo Bolaños ingresó al
servicio de urgencias del Hospital San José de Isnos Huila debido a que presentaba
dificultad para respirar. Después de que la paciente fuera sometida a un tratamiento,
se ordenó su salida; no obstante, los síntomas respiratorios persistieron y, por tanto,
retornó al centro hospitalario donde finalmente falleció.
5. Por tanto, los señores Milton Muñoz Córdoba1, Filomeno Bravo Alvear, María
Evila Bolaños de Bravo, Luz Marina Bravo Bolaños, Ever Bravo Bolaños, Luis Ervey
Bravo Bolaños y María Evila Bravo Bolaños, presentaron demanda de reparación
directa contra la E.S.E. Hospital San José de Isnos con el fin de que se declarara
su responsabilidad administrativa por los perjuicios ocasionados.
6. Mediante sentencia del 30 de junio de 2017, el Juzgado Tercero
Administrativo Oral del Circuito Judicial de Neiva accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda. En tal sentido, declaró la responsabilidad de la entidad
y la condenó al pago de perjuicios morales, patrimoniales y a una indemnización por
afectación a bienes constitucionalmente protegidos en relación con los hijos
menores de la señora Bravo Bolaños.
7. El juez de primera instancia concluyó que la atención médica prestada fue
deficiente, pues no se adoptaron medidas para brindar un diagnóstico relacionado
con la afección respiratoria que sufría la paciente y se ordenó su salida a pesar de
que la saturación de oxígeno no era la idónea. Además, señaló que la causa de la
muerte fue un tromboembolismo pulmonar y, no obstante, el hospital no ordenó la
remisión de la señora Bravo Bolaños a un centro de mayor complejidad en el que
se hubiera realizado el respectivo examen que permitiera llegar a dicho diagnóstico.
Por tanto, concluyó que se había configurado un daño por pérdida de oportunidad.
1 En nombre propio y en representación de sus hijos menores Oswaldo Muñoz Bravo y Karen Daniela
Muñoz Bravo.
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8. Inconforme con lo anterior, el hospital presentó recurso de apelación.
Consideró que el material probatorio daba cuenta de que la atención prestada había
sido eficiente y oportuna frente a una patología que es de difícil diagnóstico y con
una alta probabilidad de mortalidad. Agregó que el centro médico más cercano se
encontraba aproximadamente a 4 horas y que, en caso de que la sentencia fuese
confirmada, los perjuicios debían ser tasados de conformidad con la probabilidad
que tenía la señora Bravo Bolaños de sobrevivir.
9. Por medio de fallo del 30 de septiembre de 2021, el Tribunal Administrativo
de San Andrés, Providencia y Santa Catalina2 actualizó la condena impuesta en lo
relacionado con el monto de los perjuicios patrimoniales, de conformidad con el IPC
vigente al momento de proferir la providencia y confirmó las demás decisiones
adoptadas por el juzgado.
10. Argumentó que estaba acreditada la negligencia de la E.S.E. en la atención
prestada a la paciente, de acuerdo con la conclusión del Tribunal de Ética Médica
que sancionó al galeno tratante por los mismos hechos. Resaltó que, además de
ordenar la salida de la señora Bravo Bolaños cuando presentaba una saturación
respiratoria deficiente, se trataron síntomas distintos a la afectación respiratoria que
fue la razón por la cual acudió al servicio de urgencias.
11. Expuso que el título de imputación que se configuraba era el de falla en el
servicio y no el de pérdida de oportunidad, pues la causa de la muerte fue la
deficiente, descuidada y negligente prestación del servicio de salud por parte del
personal médico del hospital.
1.3.2. Del recurso extraordinario de unificación
12. El 26 de noviembre de 2021, la E.S.E. Hospital de San José de Isnos, por
medio de apoderado judicial, presentó recurso extraordinario de unificación de
jurisprudencia contra el fallo de segunda instancia. Esto, al considerar que dicha
sentencia contravenía la providencia de unificación proferida por la Sala Plena de la
Sección Tercera del Consejo de Estado el 19 de abril de 20123. En esta, se
determinó que la Constitución Política tiene un régimen general de responsabilidad
y que corresponde al juez, en cada caso y de conformidad con lo acreditado en el
proceso, definir el título de imputación pertinente.
13. Para la recurrente, el tribunal no tomó en consideración una serie de hechos
probados que, a su juicio, eran determinantes para la motivación del fallo. Sostuvo
que, contrario a ello, la autoridad judicial tomó como punto de partida una hipótesis
2 El proceso fue remitido a esta autoridad judicial en aplicación del Acuerdo PCSJA18-11276 del 17
de mayo de 2019 del Consejo Superior de la Judicatura, a través del cual se adoptaron medidas de
descongestión para el Tribunal Administrativo del Huila, entre otros.
3 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del
19.04.12. M.P. Hernán Andrade Rincón. Exp.: 19001-23-33-000-1999-00815-01 (21515).
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que no era consecuente con la realidad material del caso. Añadió que en el proceso
se probó que la entidad prestó los servicios médicos de conformidad con la
sintomatología presentada por la señora Bravo Bolaños que no correspondía con la
de un tromboembolismo pulmonar. Adujo que la causa del daño no podía atribuirse
a una actuación negligente del personal médico, sino a la existencia de una
enfermedad de manejo complejo y alta mortalidad.
14. Consideró que se aplicó indebidamente el principio iura novit curia4, pues el
juez de la primera instancia concluyó erróneamente que la paciente perdió la
oportunidad de recuperar su salud al no ser remitida a un centro médico de mayor
complejidad, sin probar que su traslado habría evitado su deceso.
15. Mediante providencia del 18 de mayo de 2023, la Sala Plena de la Sección
Tercera del Consejo de Estado desestimó el recurso extraordinario al concluir que
los argumentos formulados por la recurrente no estaban dirigidos a demostrar una
contradicción entre la jurisprudencia unificada del alto tribunal y la decisión adoptada
en segunda instancia del trámite de reparación directa.
16. Señaló que se evidenciaba una simple inconformidad del hospital con la
valoración del material probatorio obrante en el expediente y con la respectiva
decisión. En tal sentido, afirmó que lo pretendido era reabrir la controversia del
proceso ordinario con la finalidad de obtener un pronunciamiento favorable a sus
intereses.
17. Indicó que el recurso se sustentó en las mismas alegaciones planteadas en
el escrito de apelación presentado contra el fallo de primer grado, en particular, en
lo relacionado con la diligencia en la atención médica prestada, la distancia existente
con el centro de salud de mayor nivel más cercano, las características de la
enfermedad que sufría la paciente y la imposibilidad de aplicar a este asunto la
pérdida de oportunidad.
1.4. Sustento de la vulneración
18. La parte actora expuso que el recurso extraordinario de unificación se
sustentó de conformidad con «lo dispuesto en la sentencia del 19 de abril de 2012
proferida dentro del radicado interno 21.515, es decir una valoración de los hechos
y la realidad probatoria como lo dispone una de las reglas». Agregó que se planteó
un indebido encuadramiento de los títulos de imputación, tanto de la pérdida de
oportunidad como de la falla del servicio.
19. Sostuvo que en el trámite de reparación directa no se acreditaron «los
requisitos de ninguno de los factores de imputación de responsabilidad» por lo que,
4 “El juez conoce el derecho”, principio según el cual le corresponde al juez la aplicación del derecho
con prescindencia del invocado por las partes.
4
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a su juicio, era «incorrecto señalar que se pretendió reabrir un debate probatorio».
Añadió que lo planteado era que la sentencia recurrida desconoció «los postulados
de la providencia de unificación que indudablemente involucra un análisis de las
pruebas y hechos de la causa ordinaria».
20. Afirmó que la sentencia de unificación jurisprudencial que soportó el recurso
extraordinario «involucra varios aspectos sobre la realidad probatoria», por lo que
exige una valoración de esta índole para determinar la responsabilidad del Estado
y para «identificar el factor de imputación al caso en concreto».
21. En este orden de ideas, alegó que la autoridad judicial accionada desconoció
su propio precedente y no tomó en consideración que la E.S.E. hizo «valoraciones
probatorias siguiendo la línea jurisprudencial de unificación», lo que acreditó que el
juez de la reparación directa «desconoció la realidad probatoria» y que, por tanto,
«influyó en el factor de imputación acogido». Al respecto, agregó:
En el mismo recurso se advirtió que los argumentos no tenían la finalidad o
intención de reabrir un debate jurídico, sino enfatizar que el argumento del ad
quem en la sentencia recurrida, va en contravía de precedentes de unificación
jurisprudencial que reboza los criterios de proporcionalidad, razonabilidad y
motivación de las decisiones judiciales.
22. Argumentó que, con ello, se vulneraron sus derechos al debido proceso y de
acceso a la administración de justicia. A su vez, en relación con la presunta violación
del derecho a la igualdad, explicó lo siguiente:
Con el objetivo de determinar cuándo existe una vulneración del derecho a la
igualdad, bien sea en su modalidad formal o material, es necesario precisar si
ante situaciones iguales se está otorgando un trato diferente, en este caso, por
parte de la honorable Sección Tercera del Consejo de Estado, es evidente que
los pronunciamientos jurisprudenciales de unificación fueron analizados y
aplicados de forma diferente y discriminatoria, no solo en el contexto de las
reglas de unificación que trae la providencia de unificación proferida por el
Consejo de Estado del 19 de abril de 2012.
1.5. Admisión de la demanda
23. El magistrado ponente de la decisión de primera instancia, mediante auto del
18 de julio del 2023: i) admitió la demanda; ii) ordenó notificar a la Sección Tercera
del Consejo de Estado, iii) vinculó, en calidad de terceros con interés, al Tribunal
Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, al Juzgado Tercero
Administrativo Oral del Circuito Judicial de Neiva y a los señores Milton Muñoz
Córdoba en nombre propio y en representación de sus hijos menores Oswaldo y
Karen Daniela Muñoz Bravo, Filomeno Bravo Alvear, María Evila Bolaños de Bravo,
Luz Marina Bravo Bolaños, Ever Bravo Bolaños, María Evila Bravo Bolaños y Luis
Ervey Bravo Bolañosy y, iv) decretó la notificación de la Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del Estado.
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1.6. Intervenciones
1.6.1. Consejo de Estado, Sección Tercera
24. Por medio de escrito enviado el 24 de julio de 2023 al correo electrónico de
la Secretaría General del Consejo de Estado, la autoridad judicial solicitó que se
declare la improcedencia de la acción de tutela al no cumplir con el requisito de
relevancia constitucional.
25. Sostuvo que no se cumplió con la carga mínima argumentativa de formular
las razones tendientes a demostrar que la controversia propuesta debe trascender
las instancias ya agotadas en la vía ordinaria y extraordinaria y que, de tal forma,
pueda el juez de tutela pronunciarse de fondo.
26. Indicó que era evidente que lo pretendido por la tutelante era manifestar su
inconformidad con lo decidido en el proceso ordinario y en el recurso extraordinario.
Agregó que no se invocó alguno de los defectos que permiten la prosperidad de la
acción de tutela contra providencia judicial y tampoco precisó cuál es el precedente
desconocido. A su vez, sugirió que el hecho de que la sala no haya acogido los
planteamientos de la accionante no implica que se haya desconocido el precedente
de la sentencia de unificación.
1.6.2. Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito Judicial de Neiva
27. Mediante memorial remitido el 19 de julio de 2023, la autoridad solicitó que
se declare la improcedencia del mecanismo constitucional o, en su defecto, se
niegue el amparo solicitado.
28. Adujo que lo pretendido por la parte actora es que se realice una nueva
valoración probatoria al no compartir el análisis efectuado tanto por los jueces de
primera y segunda instancia del proceso de reparación directa, como el fallador del
recurso extraordinario. Por tanto, añadió que se está usando el mecanismo
constitucional como una instancia adicional al trámite surtido.
29. Argumentó que no se estructuró ningún defecto que posibilite la prosperidad
de las pretensiones de la tutela.
30. A pesar de ser debidamente notificados, el Tribunal Administrativo de San
Andrés, Providencia y Santa Catalina y los señores Milton Muñoz Córdoba,
Oswaldo y Karen Daniela Muñoz Bravo; Filomeno Bravo Alvear, María Evila
Bolaños de Bravo, Luz Marina Bravo Bolaños, Ever Bravo Bolaños, María Evila
Bravo Bolaños y Luis Ervey Bravo Bolaños guardaron silencio.
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1.7. Sentencia de primera instancia
31. Por medio de fallo proferido el 24 de agosto de 2023, la Sección Cuarta del
Consejo de Estado declaró la improcedencia de la acción de tutela al no encontrar
superado el requisito de relevancia constitucional
32. Advirtió que «los argumentos de la solicitud de amparo no se acompasan con
las razones de la decisión objeto de tutela» pues «la inconformidad de la parte
actora tiene que ver con la conclusión puntual de la autoridad judicial demandada»,
según la cual se desestimó el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia
porque no se acreditó una incompatibilidad entre el fallo de reparación directa y la
sentencia del 19 de abril de 2012. Lo anterior, debido a que la recurrente se limitó a
alegar un simple desacuerdo con la valoración probatoria de los jueces del proceso
de reparación directa.
33. Consideró que la tutelante no formuló ningún argumento tendiente a
evidenciar la configuración de un defecto judicial sino que se limitó a reiterar que la
valoración probatoria en el proceso de reparación directa fue indebida, sin ser dicho
trámite el cuestionado mediante la acción constitucional. En tal sentido, sostuvo que
las razones expuestas coinciden con las señaladas en el recurso extraordinario.
34. La sentencia de primera instancia fue notificada por correo electrónico el 4
de septiembre de 2023.
1.8. Impugnación
35. Mediante memorial remitido el 7 de septiembre de 2023, la parte actora
impugnó el fallo de primera instancia y solicitó que se accediera a las pretensiones
de la demanda.
36. Arguyó que, contrario a lo señalado en la sentencia de primer grado, la
realidad probatoria es «un elemento esencial a la hora de resolver este tipo de
recurso, pues la misma providencia así lo pregona». Manifestó que el estudio de las
pruebas era de suma importancia «para determinar si existió o no un
desconocimiento». Al respecto, expuso:
Lo anterior es concordante con el requisito de relevancia constitucional, pues
como se está desconociendo una realidad probatoria como un elemento de la
sentencia de unificación referida, a su vez amenaza y vulnera un derecho
fundamental, como es el debido proceso probatorio.
37. Indicó que en el escrito de tutela se concluyó que la Sección Tercera del
Consejo de Estado vulneró garantías fundamentales «pues era viable una
valoración de cardumen probatorio en el proceso ordinario y extraordinario
precisamente en aplicación de la postura jurisprudencial lo que impide concluir
reabrir un debate probatorio». Agregó que:
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En el escrito de tutela no se agrega nuevos argumentos que no fueron
expuestos en el trámite ordinario o extraordinario, sino la forma como el
operador judicial de esa instancia desconoció un precedente de unificación
jurisprudencial aplicando unos criterios que rebosan de la realidad probatoria.5
38. Señaló que la acción constitucional no se utilizó como una instancia adicional,
pues la entidad agotó los medios ordinarios y extraordinarios con los que contaba y
«en vista que la vulneración de derechos fundamentales persistió por una
inaplicación adecuada de la sentencia de unificación, se acudió al juez de tutela
incluso sin invocar derechos económicos sino la transgresión de derechos
fundamentales». Por último, reiteró lo alegado en el escrito inicial en relación con la
presunta vulneración de las garantías constitucionales a la igualdad, debido proceso
y de acceso a la administración de justicia.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
39. Esta Sala es competente para resolver la impugnación interpuesta por la
parte actora contra la sentencia 24 de agosto de 2023, dictada por el Consejo de
Estado, Sección Cuarta de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la
Constitución Política, 37 del Decreto Ley 2591 de 1991, en el Decreto 1069 de 2015,
modificado por el Decreto 333 de 2021, así como en el artículo 13 del Acuerdo 80
de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.
2.2. Problema jurídico
40. Corresponde a la Sala determinar si revoca, modifica o confirma la decisión
de primera instancia proferida el 24 de agosto de 2023, por la Sección Cuarta del
Consejo de Estado, a través de la cual declaró la improcedencia del amparo
solicitado, para lo cual se deberán resolver los siguientes interrogantes:
• ¿Se superan en este asunto los requisitos generales de procedibilidad de la
tutela contra providencia judicial?
41. De ser positiva la respuesta a la anterior pregunta, se resolverá lo siguiente:
• ¿La Sección Tercera del Consejo de Estado vulneró los derechos
fundamentales invocados por la parte actora al proferir la sentencia del 18 de
mayo de 2023 que desestimó el recurso extraordinario de unificación
jurisprudencial con radicado 11001-03-26-000-2022-00073-00 interpuesto
5 Transcripción del escrito original con posibles errores.
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por la parte actora contra el fallo del 30 de septiembre de 2021 proferido por
el Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina?
42. Para resolver los problemas jurídicos planteados, se analizará: i) el criterio
de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela contra
providencia judicial; ii) requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencia judicial y iii) caso en concreto.
2.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial
43. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de
20126 unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción
de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la
misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema 7 y declaró su
procedencia.8
44. Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros
para realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) relevancia
constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez y iv)
subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y extraordinarios,
siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que
se dice vulnerado. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos
presupuestos, se declara la improcedencia del amparo solicitado, sin que se
analice el fondo del asunto.
45. Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala
adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos
en la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en
donde para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la
causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que
incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir
el debate de instancia.
46. Huelga manifestar que esta acción constitucional no puede ser considerada
como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural. Bajo
las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
6 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 31.07.12., M.P. María Elizabeth
García González, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
7 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñado.
8 Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia.”
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2.4. Estudio sobre los requisitos generales de procedibilidad de tutela contra
providencia judicial
2.4.1. Relevancia constitucional
47. Para el caso en concreto, la Sala anticipa que confirmará la improcedencia
de la acción constitucional, dado que carece de relevancia constitucional puesto que
no cumple con las reglas establecidas por la Corte Constitucional en la Sentencia
SU-215 de 20229.
2.4.1.1 Sentencia SU-215 de 2022 de la Corte Constitucional – unificación de
criterios en materia de relevancia constitucional
48. La Corte Constitucional, al momento de estudiar los citados requisitos en
sede de revisión, encontró que la acción de tutela formulada carecía de relevancia
constitucional.
49. En este fallo de unificación la Corte explicó que, dado que las providencias
judiciales hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se interponga un mecanismo de
amparo constitucional contra una decisión judicial:
el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia
cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado adelantar un
control oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”. Asimismo, enfatizó
en que, cuando se cuestiona una providencia de una alta corte el análisis de
procedencia debe ser más restrictivo teniendo en cuenta que la decisión fue
proferida por un órgano de cierre y “no solo tienen relevancia en términos de
seguridad jurídica, sino que también son fundamentales en la búsqueda de
uniformidad de las decisiones de los jueces de menor jerarquía y, por esta vía,
en la materialización del principio de igualdad.
50. Al abordar el caso concreto, el alto tribunal constitucional precisó que la
acción de tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no una
corrección del fallo cuestionado. En ese sentido, no se puede utilizar este
instrumento como una instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o
formas de interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natural. Lo
anterior como un eje fundamental para:
lograr un correcto entendimiento de los hechos y del problema jurídico, pues así
se previene la irrupción del juez de tutela en asuntos que no son de su
competencia y se garantiza que la cuestión sea analizada a la luz de la
Constitución.
51. Refirió que las finalidades de este requisito son las siguientes:
9 Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia SU-215 del 16.06.22. M.P. Natalia Ángel Cabo.
10
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(i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de la
autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la específica
finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y restablecimiento
de los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la
acción como una instancia adicional de los procesos adelantados ante las
jurisdicciones competentes o para la solución de discusiones de naturaleza
eminentemente legal10 (Énfasis de la Sala).
52. De ese modo, expuso que los criterios relevantes para determinar si un
asunto reviste relevancia constitucional son los siguientes:
En primer lugar, el caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno
al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse
exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico11; es decir, la
cuestión “debe revestir una “clara”, “marcada” e “indiscutible” relevancia
constitucional.”12
(…)
En segundo lugar, la controversia no debe limitarse a una puramente legal y/o
económica.
(…)
Al respecto, la jurisprudencia ha sido clara en señalar que “la tutela contra
providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar
los recursos ordinarios, pues la competencia del juez de tutela se restringe a los
asuntos de relevancia constitucional y a la protección efectiva de los derechos
[fundamentales] y no a problemas de carácter legal.”13 En este orden, se reitera
que el examen de relevancia constitucional exige que la solicitud de amparo
trascienda la mera “inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces
naturales”14
En tercer lugar, la acción de tutela debe plantear argumentos suficientes
dirigidos a demostrar que la providencia judicial afectó de manera grave un
derecho fundamental.
(…)
Por último, y como arriba se indicó, el examen de la acción de tutela dirigida
contra decisiones de las altas cortes debe ser estricto15, lo que implica verificar
que en efecto se haya presentado una actuación judicial claramente arbitraria o
violatoria de los derechos fundamentales. Así, la tutela contra providencias
judiciales no debe representar una instancia adicional de los litigios ordinarios,
ni es un escenario para definir controversias doctrinarias o interpretativas de
corrección legal16. (Resaltado de la Sala)
10 Sentencia SU-573 de 2019.
11 Sentencia SU-103 de 2022.
12 Sentencia SU-103 de 2022.
13 Sentencia SU-103 de 2022.
14 Sentencia SU-128 de 2021.
15 Sentencia SU-573 de 2019.
16 Ibid.
11
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53. Tras abordar los criterios que debe reunir una solicitud de amparo que
reproche una decisión judicial para superar el requisito de la relevancia
constitucional, la Corte Constitucional esbozó que el mecanismo de tutela no
cumplía con este postulado. Lo anterior, porque (i) no tenía la identidad para
interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución Política o desarrollar el alcance de
un derecho fundamental; (ii) involucraba un debate eminentemente legal; (iii)
planteaba una discusión preponderantemente económica; y, (iv) no cumplía con la
carga argumentativa y explicativa rígida porque no se demostraba la grave violación
de los derechos fundamentales invocados.
2.4.1.2 Caso concreto
54. Por las razones que a continuación se exponen, para esta Sala de Decisión,
la parte actora presentó argumentos tendientes a buscar una instancia adicional del
recurso extraordinario de unificación jurisprudencial, con lo que se pretende reabrir
las etapas procesales y la controversia ya zanjada por el juez natural de la causa.
55. De lo formulado en el escrito de tutela, se concluye que lo argüido por la parte
actora es una manifestación de su inconformidad con las consideraciones de la
sentencia del 18 de mayo de 2023 proferida por la Sala Plena de la Sección Tercera
del Consejo de Estado y las conclusiones a las cuales llegó esta autoridad.
56. Se pone de presente que la entidad reiteró los argumentos formulados en el
recurso extraordinario de unificación jurisprudencial presentado contra la sentencia
proferida el 30 de septiembre de 2021 por el Tribunal Administrativo de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina. De tal forma, en el escrito de tutela el actor manifestó
las mismas razones por las que consideró que el juez del proceso de reparación
directa desconoció el fallo del 19 de abril de 2012 proferida por la Sección Tercera
del Consejo de Estado.
57. En efecto, tanto en sede del recurso extraordinario como en el presente
trámite constitucional, la E.S.E. manifestó que el tribunal no aplicó la regla de
derecho establecida en dicha providencia de unificación pues, a su juicio, no se
acreditaron los elementos de configuración del título de imputación, lo que implicaría
un desconocimiento de la «realidad probatoria» del proceso ordinario. A su vez, la
entidad no dilucidó ningún argumento dirigido a poner de presente la configuración
de algún yerro o arbitrariedad en que hubiere incurrido el Consejo de Estado al
proferir la sentencia cuestionada.
58. La omisión del interesado en encuadrar y desarrollar rigurosamente sus
motivos en los defectos o requisitos específicos de procedibilidad de tutela contra
providencia judicial establecidos por la jurisprudencia del Consejo de Estado y la
Corte Constitucional, evidencian la carencia de relevancia constitucional de la
controversia propuesta.
12
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59. Lo anterior puesto que, si bien se alegó la configuración del desconocimiento
del precedente de la sentencia de unificación del 19 de abril de 2012 proferida por
la Sección Tercera de esta corporación, esto obedece a una simple reiteración de
lo ya expuesto en el recurso extraordinario de unificación jurisprudencial, como se
expuso con antelación. Esto pues, dada la naturaleza de este recurso, la decisión
de desestimarlo debía necesariamente estar fundamentada en que no se acreditó
la contradicción entre la jurisprudencia unificada del alto tribunal y la decisión
adoptada en el trámite ordinario, tal como lo estableció la autoridad judicial
demandada.
60. En este sentido, el Consejo de Estado señaló que se evidenciaba una simple
inconformidad con la valoración del material probatorio obrante en el expediente y,
por tanto, con la decisión dictada, lo que le permitió concluir que lo pretendido era
reabrir una controversia ya zanjada en el proceso ordinario. Lo anterior debido a
que indicó que el recurso presentado se sustentó en las mismas alegaciones
planteadas en el escrito de apelación interpuesto contra el fallo de primer grado del
trámite de reparación directa en relación con la valoración del material probatorio
obrante en el expediente.
61. En este orden de ideas, los argumentos relativos a la vulneración del derecho
a la igualdad, por parte de la Sección Tercera del Consejo de Estado, ante el
alegado desconocimiento de una providencia proferida por dicha autoridad,
obedecen a un simple desacuerdo con el fallo objeto de la presente acción.
62. Adicional a ello, las razones presentadas en el escrito de tutela y en la
impugnación, son una reiteración de las razones que la E.S.E formuló incluso desde
el trámite ordinario, cuya decisión de segunda instancia cuestionó por medio del
recurso extraordinario de unificación. Por tanto, no es competencia del juez
constitucional llevar a cabo un estudio del fondo de un asunto ya zanjado tanto por
el juez del proceso de reparación directa, como por el del recurso extraordinario.
63. A su vez, es necesario resaltar que, al ser la Sala Plena de la Sección Tercera
del Consejo se Estado la que profirió la sentencia cuestionada, el análisis del
requisito de relevancia constitucional debe ser estricto al tratarse del órgano de
cierre en la materia objeto de la controversia. Lo anterior, implica un análisis riguroso
de la carga argumentativa del mecanismo de amparo que permita verificar que
exista alguna clara arbitrariedad vulneradora de derechos fundamentales. Por tanto,
de conformidad con lo expuesto, se concluye que en el presente asunto dicha
situación no es evidente, lo que imposibilita que el juez de tutela lleve a cabo un
estudio del asunto propuesto.
64. Lo expuesto con antelación refleja que, por medio de lo argüido en el escrito
de tutela, la demandante únicamente busca reabrir un debate probatorio y normativo
zanjado por el juez natural de la causa y, con ello, una simple corrección del fallo
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cuestionado, lo que evidencia la intención de usar el mecanismo de amparo como
una tercera instancia del trámite del recurso extraordinario.
65. Por último, se advierte que el simple alegato de una vulneración al debido
proceso, de acceso a la administración de justicia y de la igualdad, no conlleva a
que el asunto puesto en conocimiento del juez de tutela revista necesariamente
relevancia constitucional, pues para ello se requiere que en el escrito inicial medie
un ejercicio hermenéutico y argumentativo que permita entrever que la controversia
gira en torno al alcance, contenido o goce de un derecho fundamental. Esto, pues
la competencia de este juez se restringe a la protección efectiva de las garantías
constitucionales y no a problemas de carácter legal o a estudiar una mera
inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces naturales.
2.5. Conclusión
66. De conformidad con las razones expuestas, se confirmará la sentencia del
24 de agosto de 2023 dictada por la Sección Cuarta del Consejo de Estado que
declaró la improcedencia de la tutela promovida por la parte actora, al no
cumplirse con el requisito de relevancia constitucional.
III. DECISIÓN
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 24 de agosto de 2023, proferida por la
Sección Cuarta del Consejo de Estado, que DECLARÓ LA IMPROCEDENCIA de
la acción de tutela interpuesta por la E.S.E. Hospital San José de Isnos, Huila de
conformidad con la parte motiva de esta sentencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
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LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos, conforme a lo
dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.
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