Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-03830-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-03830-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2023-03830-00
Consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernández
7 de septiembre de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN “A”
Consejero Ponente: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Bogotá D.C., siete (7) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-03830-00
Accionante: JOSÉ GERARDO MORENO CASTRO
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA Y OTRO
Tema: Tutela por presunta vulneración de los derechos
fundamentales a la defensa y debido proceso /
medio de control de reparación directa / defecto
procedimental / el apoderado de la parte
demandante remitió escrito de subsanación a un
correo electrónico distinto al dispuesto para el
asunto
Sentencia de primera instancia
La Sala de Subsección decide la acción de tutela interpuesta por el
señor José Gerardo Moreno Castro, quien actúa a nombre propio, en
contra del Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de
Ibagué y Tribunal Administrativo del Tolima, por la presunta
vulneración de sus derechos fundamentales ocurrida con ocasión de
la expedición de las providencias del 31 de agosto de 2022 y 4 de
mayo de 2023, respectivamente, proferidas dentro del medio de
control de reparación directa con radicado número 73001-33-33-
002-2021-00117-00/01.
I. ANTECEDENTES
El accionante invoca la protección de los derechos fundamentales al
debido proceso y defensa, con fundamento en los siguientes:
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ACCIÓN DE TUTELA
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Accionante: José Gerardo Moreno Castro
1. Hechos
1.1. El 16 de junio de 2021, en ejercicio del medio de control de
reparación directa, el señor José Gerardo Moreno Castro y otros
demandaron a la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional,
la cual correspondió en primera instancia al Juzgado Segundo
Administrativo del Circuito Judicial de Medellín.
1.2. Mediante auto del 13 de agosto de 2021, el juzgado accionado
inadmitió la demanda, decisión que le fue notificada el 17 de agosto
de 2021 a los demandantes y a su apoderado judicial a través del
Estado No. 52 del y al correo electrónico oscar0361@yahoo.es
dispuesto por los demandantes y su apoderado para tal efecto.
1.3. Posteriormente, la secretaría del juzgado expidió constancia en
la que señaló que la parte demandante guardó silencio para
subsanar la demanda, puesto que el 2 de septiembre de 2021 venció
el término de diez (10) días que contaba para pronunciarse al
respecto.
1.4. El 6 de octubre de 2021, el apoderado de la parte demandante
allegó memorial en el que informó que sí subsanó la demanda en
término y remitió el escrito al mismo correo electrónico donde se le
notificó la inadmisión (jadmin02ibe@notificacionesrj.gov.co),
solicitando en consecuencia dar el trámite respectivo a la demanda.
1.5. El Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de
Ibagué resolvió rechazar la demanda instaurada por el accionante
por medio del auto del 31 de marzo de 2022, puesto que a pesar de
que el apoderado remitió la subsanación al correo
(jadmin02ibe@notificacionesrj.gov.co), este no fue el buzón
electrónico indicado expresa y textualmente en la providencia que
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inadmitió la demanda, ya que dicho correo es de uso único y
exclusivo para el envío de notificaciones, por lo que se determinó
que la parte demandante no subsanó la demanda dentro del término
establecido para ello.
1.6. Inconforme con la anterior decisión, el accionante presentó
recurso de apelación, el cual fue resuelto por el Tribunal
Administrativo de Antioquia a través del auto del 4 de mayo de 2023,
en el que confirmó lo resuelto por el a quo.
2. Fundamentos de la acción
La parte accionante considera que con las decisiones proferidas por
el Juzgado Segundo Administrativo de Ibagué y el Tribunal
Administrativo del Tolima se vulneraron sus derechos fundamentales
al debido proceso y a la defensa.
A pesar de no señalar el defecto específico en el cual incurrieron las
autoridades accionadas, se entiende que su reproche se encamina a
estructurar un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto,
pues argumenta que la demanda sí fue subsanada en el término
dispuesto por el juzgado accionado y la misma se remitió al correo
electrónico por medio del cual se notificó la inadmisión.
En ese sentido, el funcionario encargado de la utilización y revisión
de dicho canal digital debió informar al despacho y haber remitido la
subsanación a la secretaría del juzgado para lo de su competencia.
3. Pretensiones
Con fundamento en lo anterior, solicita:
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«Con todo respeto solicito al H. CONSEJO DE ESTADO, resolver en forma
favorable esta acción de tutela y en consecuencia conceder el AMPARO
CONSTITUCIONAL, ordenándoles a los accionados TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA, representado por los H. Magistrados
JOSÉ ANDRÉS ROJAS VILLA, JOSÉ ALETH RUIZ CASTRO Y CARLOS
ARTURO MENDIETA RODRÍGUEZ y en contra del JUZGADO SEGUNDO
ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE IBAGUÉ, representado por
el Doctor WILMAR EDUARDO RAMÍREZ ROJAS, que ADMITAN la acción
MEDIO DE CONTROL REPARACIÓN DIRECTA en contra de la NACIÓN -
MINISTERIO DE DEFENSA – POLICÍA NACIONAL, radicación 73001-33-
33-002-2021-00117-00.»
4. Intervenciones
Mediante auto del 19 de julio de 2023 se admitió la acción de tutela
de la referencia y se ordenó notificar al Juzgado Segundo
Administrativo de Ibagué y al Tribunal Administrativo del Tolima
como accionados y a la Nación - Ministerio de Defensa – Policía
Nacional, a las señoras Dora Yanet González Cubillos, Yenifer Paola
González cubillos, Juliethe Lorena González Cubillos y Sixta Tulia
Castro Vivienda, al señor Dayson Gerardo Moreno González y a los
demás intervinientes en el medio de control de reparación directa,
como terceros interesados en las resultas del proceso.
4.1. El Tribunal Administrativo del Tolima, por conducto del
magistrado ponente de la decisión cuestionada, solicitó declarar
improcedente la presente acción de tutela, dado que lo que el
accionante pretende es constituir el mecanismo excepcional de
amparo como una tercera instancia que permita revivir términos,
interpretaciones o valoraciones propias del juez natural.
Al respecto, informó que la decisión adoptada el 4 de mayo de 2023
se ajustó en todo momento a lo acreditado en el proceso y a lo
dispuesto en la normatividad y jurisprudencia vigente y aplicable al
caso, por lo que concluye que dicha colegiatura no incurrió en la
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vulneración de los derechos fundamentales alegados por el
accionante.
4.2. El Juez Segundo Administrativo del Circuito Judicial de
Ibagué remitió el link de acceso al expediente contentivo del medio
de control bajo estudio, en cumplimiento del requerimiento ordenado
en el auto admisorio de la acción de tutela.
4.3. La Policía Nacional solicitó su desvinculación por falta de
legitimación en la causa por pasiva.
4.4. No se rindieron más informes.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
Corresponde a esta Sala de Subsección conocer la presente acción
de tutela, de conformidad con lo dispuesto en los decretos 2591 de
1991 y 333 de 2021.
2. Problema jurídico
De conformidad con lo expuesto, entiende la Sala de Subsección que
el problema jurídico se circunscribe a determinar si el Juzgado
Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Ibagué y el Tribunal
Administrativo del Tolima, vulneraron los derechos fundamentales al
debido proceso y defensa del señor José Gerardo Moreno Castro, al
rechazar la demanda por él instaurada.
Para dar respuesta a los anteriores interrogantes se procederá a
analizar i) el marco conceptual de la acción de tutela contra
providencias judiciales; ii) el cumplimiento de los requisitos
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generales de procedencia; y, de encontrarla procedente, iii) defecto
procedimental; y iv) el caso concreto.
3. La acción de tutela contra providencias judiciales
Para dar respuesta a los anteriores interrogantes se procederá a
analizar: i) la acción de tutela contra providencias judiciales; ii) los
requisitos de procedibilidad; y solo de encontrarla procedente iii)
defecto sustantivo, iv) defecto fáctico y vi) el caso concreto.
En términos generales y de acuerdo con la doctrina constitucional
vigente1 aceptada mayoritariamente por la Sala Plena de esta
corporación2, es posible acudir al recurso de amparo para obtener la
protección material de los derechos fundamentales, cuando éstos
resulten amenazados o vulnerados por decisiones judiciales. Ello, en
atención a que el ejercicio de la judicatura como cualquier rama del
poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción a los
valores, principios y derechos que la propia Constitución establece,
y en esa perspectiva, cualquier autoridad investida de la potestad de
administrar justicia, es susceptible de ser controlada a través de ese
mecanismo constitucional cuando desborda los límites que la carta
le impone.
Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y
residual, supone el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de
quien pretende la protección de sus derechos, en tanto que el
ejercicio natural de la jurisdicción se inscribe dentro de
procedimientos destinados a la eficacia de los mismos y en esa
medida las controversias que allí surjan son subsanables en el
1
Corte Constitucional. Sentencia C-590-05.
2
Sentencia de treinta y uno (31) de julio de dos mil doce (2012). Radicación número: 11001-03-15-
000-2009-01328-01(IJ) Actor: Nery Germania Álvarez Bello. C.P. María Elizabeth García González.
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contexto del proceso. De ahí que la Corte Constitucional estructurara
después de años de elaboración jurisprudencial, los requisitos
generales y especiales de procedencia de la acción de tutela contra
decisiones judiciales, que tienen como sano propósito garantizar el
delicado equilibrio entre el principio de seguridad jurídica, la
autonomía e independencia de los jueces para interpretar la ley y la
necesidad de asegurar la vigencia efectiva de los derechos
constitucionales fundamentales.
Los presupuestos generales responden al carácter subsidiario de la
tutela y por lo mismo deben cumplirse en cualquier evento para su
interposición, como son: (i) que el asunto que esté sometido a
estudio sea de evidente relevancia constitucional; (ii) que en el
proceso se hayan agotado todos los medios de defensa, tanto
ordinarios como extraordinarios que se encuentren al alcance de
quien demande el amparo, salvo, claro está, que se busque evitar
un perjuicio irremediable; (iii) que la presentación de la acción
cumpla con el requisito de inmediatez; (iv) que la irregularidad
procesal devenga en sustancial: cuando se trate de una irregularidad
procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o
determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora.; (v) que se identifique
la situación fáctica; y (vi) que no se trate sentencias de tutela.
En ese orden, la doctrina constitucional ha señalado las causales
especiales, indicando que la acción resulta procedente únicamente
en aquellos eventos en los cuales se vean afectados derechos
fundamentales, al verificar la ocurrencia de uno de los siguientes
eventos: (i) defecto sustantivo, orgánico o procedimental, (ii)
defecto fáctico, (iii) error inducido, (iv) decisión sin motivación, (v)
violación directa de la Constitución, y (vi) desconocimiento del
precedente.
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3.1. En el presente caso, la pretensión de amparo constitucional
cumple con los requisitos generales diseñados por la jurisprudencia,
que habilitan su interposición.
3.1.1. En efecto, esta Sala de Subsección considera que los hechos
que generaron la vulneración como los derechos quebrantados se
encuentran plenamente individualizados.
3.1.2. Asimismo, se encuentra que las providencias objeto de tutela
carecen de recursos ordinarios y extraordinarios para obtener el
amparo constitucional.
3.1.3. Se observa igualmente que la interposición se dio en un lapso
«razonable y proporcionado», por cuanto la providencia de segunda
instancia se profirió el 4 de mayo de 2023 y la acción de tutela se
presentó el 14 de julio del mismo año.
3.1.4. Finalmente, el asunto a resolver es de marcada relevancia
constitucional, en la medida que se centra en establecer una posible
vulneración iusfundamental como consecuencia del defecto
procedimental en que, presuntamente, incurrieron las autoridades
judiciales cuestionadas.
3.2. Del defecto procedimental
En aspectos generales, el defecto procedimental se origina cuando
el juez o la autoridad que ejerce funciones jurisdiccionales actúa
completamente al margen del procedimiento judicial establecido3. La
jurisprudencia constitucional ha precisado que este defecto puede
3
Corte Constitucional. Sentencias C-590 de 2005 y T-367 de 2018.
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configurarse bajo dos modalidades: (i) defecto procedimental
absoluto, y (ii) defecto procedimental por exceso ritual manifiesto4.
En lo que refiere al defecto procedimental absoluto, ha dicho la Corte
Constitucional que este se materializa cuando el o los
administrador(es) de justicia: «[…] “se aparta[n] por completo del
procedimiento establecido legalmente para el trámite de un asunto
específico, ya sea porque: i) se ciñe[n] a un trámite completamente
ajeno al pertinente –desvía[n] el cauce del asunto-, o ii) omite[n]
etapas sustanciales del procedimiento establecido legalmente,
afectando el derecho de defensa y contradicción de una de las partes
del proceso” 5 o porque iii) “pasa[n] por alto realizar el debate
probatorio, natural en todo proceso, vulnerando el derecho de
defensa y contradicción de los sujetos procesales al no permitirles
sustentar o comprobar los hechos de la demanda o su contestación,
con la consecuente negación de sus pretensiones en la decisión de
fondo y la violación a los derechos fundamentales”6 […]».
En cuanto al defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, este
ocurre cuando la autoridad judicial utiliza o concibe los
procedimientos como obstáculo para la eficiencia del derecho
sustancial, de tal manera que sus actuaciones generan una
denegación de la justicia7. Este defecto procedimental puede llegar
a afectar la prevalencia del derecho sustancial y el derecho a acceder
a la administración de justicia cuando: i) se inaplican normas
procesales que se oponen a la vigencia de derechos constitucionales
de cada caso en concreto; ii) se exige cumplir requisitos formales de
manera irracional, a pesar de que pueda tratarse de cargas
4
Corte Constitucional, Sentencia SU-770 de 2014.
5
Corte Constitucional, Sentencias T-327 de 2011, T-352 de 2012, T-398 de 2017 y T-367 de 2018.
6
Corte Constitucional, Sentencia T-620 de 2013.
7
Corte Constitucional, Sentencia T-053 de 2012.,
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imposibles de cumplir, siempre y cuando dicha circunstancia sea
comprobada; iii) se incurre en un exceso de severidad procedimental
en la apreciación de las pruebas; v) o se omite el decreto oficioso de
pruebas cuando a ello hay lugar8.
Según la jurisprudencia constitucional, la configuración tanto para el
defecto procedimental absoluto como el defecto procedimental por
exceso ritual manifiesto, en todos sus supuestos fácticos, también
requieren: i) que trate de un error procedimental grave y
trascendente que influya de manera cierta y directa con el fondo de
la decisión; ii) que dicha deficiencia no pueda imputarse directa ni
indirectamente a la persona que alega la vulneración al debido
proceso; iii) que no se pueda corregir la irregularidad por ninguna
otra vía; iv) que se haya alegado la irregularidad dentro del proceso,
a no ser que ello hubiere sido imposible por la situación fáctica del
caso; y v) que a consecuencia de todo lo anterior se vulneren
derechos fundamentales9.
4. Caso concreto
En el presente asunto, el señor José Gerardo Moreno Castro alega
que el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de
Ibagué y el Tribunal Administrativo del Tolima vulneraron sus
derechos fundamentales al debido proceso y defensa con ocasión del
rechazo de la demanda por enviar el escrito de subsanación a otro
correo electrónico que no corresponde al destinado para la radicación
de dichos memoriales dentro del proceso de reparación directa
identificado con el número de radicado 73001-33-33-002-2021-
00117-00/01.
8
Corte Constitucional, Sentencias, T-1306 de 2001, T-1323 de 2002, T-950 de 2003, T-973 de 2004,
T-289 de 2005 y T-053 de 2012.
9
Corte Constitucional, Sentencias, C-590 de 2005, T-214 y T-053 de 2012, T-160 de 2013 y SU-770
de 2014.
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La parte accionante sostiene que las autoridades judiciales
accionadas incurrieron en un defecto procedimental al rechazar la
demanda, toda vez que la misma sí fue subsanada en el término
establecido por el auto inadmisorio del 13 de agosto de 2021
proferido por el Juzgado Segundo Administrativo de Ibagué, toda vez
que el escrito de subsanación fue enviado al mismo correo
electrónico al que fue notificada dicha providencia.
Ahora bien, de conformidad con el material probatorio obrante en el
plenario, se encuentra que en el curso del proceso de reparación
directa adelantado por el actor se realizaron las siguientes
actuaciones:
i. Mediante auto del 13 de agosto de 2021 el Juzgado Segundo
Administrativo del Circuito Judicial de Ibagué inadmitió la demanda
de reparación directa, al considerar que debía acreditar los
siguientes requisitos establecidos en el CPACA y el Decreto
Legislativo 806 de 2020: i) la constancia de conciliación prejudicial;
ii) los correos electrónicos de las partes y representantes legales; iii)
la constancia del correo electrónico donde el poderdante envió a su
apoderado el poder; iv) el título de imputación que pretenden derivar
la responsabilidad extracontractual del Estado en cabeza de la
entidad demandada; y v) los correos electrónicos de las personas
designadas como testigos.
Con el fin de tramitar la subsanación de la demanda, el juzgado
accionado le indicó lo siguiente:
«Para efectos prácticos del trámite procesal deberá allegarse escrito de
subsanación e integrarse en un solo documento el escrito de la demanda con las
correcciones que se efectúen.
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El apoderado judicial, al presentar el escrito de subsanación, deberá,
simultáneamente, enviar al demandado por medio electrónico, copia del escrito
de subsanación y anexos de este último, conforme al numeral 8 del artículo 162
de la Ley 1437 de 2011 adicionado por la Ley 2080 de 2021.
La subsanación de la demanda, será recibida en formato PDF al correo
electrónico del despacho adm02ibague@cendoj.ramajudicial.gov.co,
recuérdese que de conformidad con lo establecido en el artículo 46 de la Ley
2080 de 2021, es deber de los sujetos procesales enviar simultáneamente a la
contraparte y demás intervinientes, un ejemplar de todos los memoriales o
actuaciones que radiquen en el Juzgado.» (Resaltado por fuera del texto original)
ii. La Secretaría del Juzgado Segundo Administrativo de Ibagué
notificó la anterior decisión al señor José Gerardo Moreno Castro y a
los demás intervinientes de la demanda, mediante correo electrónico
enviado el 17 de agosto de 2021:
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iii. Según lo informó la propia parte accionante, el escrito de
subsanación fue presentado el 27 de agosto de 2021 y lo remitió al
correo jadmin02ibe@notificacionesrj.gov.co, así como se evidencia:
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iv. El 31 de marzo de 2022 el juzgado accionado rechazó la demanda
y sostuvo lo siguiente:
«En el sub judice, el apoderado actor no se pronunció respecto de las falencias
ordenadas en el auto inadmisorio de fecha 13 de agosto de 2021, puesto que
dentro del plazo concedido para subsanar, no se aportó ni se refleja en el
expediente electrónico memorial alguno de subsanación, situación que torna
imposible su trámite al configurarse la causal 2 del referido art. 169, máxime
cuando las falencias corresponden taxativamente a lo señalado en el artículo 162
del CPACA modificado por el artículo 35 de la Ley 2080 de 2021 como
requisitos de la demanda.
No obstante lo anterior, no pasa por alto el Juzgado el hecho que el apoderado
de los demandantes, mediante memorial allegado al correo electrónico del
despacho (adm02ibague@cendoj.ramajudicial.gov.co) el 6 de octubre de 2021,
informa su sorpresa en tanto manifiesta que revisado el portal de la rama judicial
• consulta de procesos, evidencia una nota secretarial que informa que la
demanda no fue subsanada, lo que a su juicio no corresponde, ya que el día 17
agosto de 2021 recibió la notificación de la inadmisión de la demanda, frente a
lo cual procedió a subsanar y remitir al mismo correo electrónico donde se le
notificó la inadmisión, por lo que solicita la corrección de la nota secretarial y
dar trámite a la demanda.
Frente a lo anterior, es preciso indicar, que expresa y textualmente en el auto
de fecha 13 de agosto de 2021 por el cual se inadmitió la demanda, el Juzgado
fue claro en indicar de forma especial al demandante que “La subsanación de la
demanda, será recibida en formato PDF al correo electrónico del despacho
adm02ibague@cendoj.ramajudicial.gov.co, (...)”, es decir, se le informó de
manera expresa el canal digital para el recibido de los documentos y solicitudes
que se remitan por correos electrónicos. Además, se le comunicó al apoderado
de los demandantes al correo electrónico oscar0361@yahoo.es el contenido del
auto a través de la comunicación del Estado No. 52 del 17 de agosto de 2021
reiterando de manera expresa en el cuerpo del mensaje lo siguiente:
“IMPORTANTE: Cualquier solicitud o documento que pretenda presentarse,
deberá ser remitido al despacho al correo
adm02ibague@cendoj.ramajudicial.gov.co, así como a la contraparte y demás
intervinientes”, dado que la cuenta: jadmin02ibe@notificacionesrj.gov.co es de
uso única y exclusivamente para el envió de notificaciones y/o comunicaciones,
y no recibe mensajes, es decir, los correos remitidos a esa bandeja de entrada no
son procesados, ya que son derivados a unos archivos temporales y por ende son
eliminados de los servidores, a los que el Despacho no tiene acceso, al punto que
a la fecha y pese a las averiguaciones con la oficina de sistemas se desconoce el
supuesto memorial remitido y sus anexos.
En tal sentido, la indicación expresa que hace el Despacho de la sede judicial
electrónica en la que recibe los documentos y memoriales no resulta caprichosa,
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sino que atiende a la vía adecuada y establecida para la interacción con los
sujetos procesales, máxime cuando se itera, de manera expresa les fue debida y
previamente informado a los sujetos procesales, por lo tanto, es plausible afirmar
que los memoriales y documentos que se radiquen en un buzón electrónico o
canal digital diferente, debe tenerse por no presentados, como quiera que el
juzgado no tiene acceso a los mismos y por tanto no fueron incorporados al
expediente digital.
Al respecto, debe precisarse igualmente que la autorización de emplear medios
electrónicos y de radicar memoriales válidamente para el buen funcionamiento
de la administración de justicia las partes están en la obligación de cumplir con
las cargas procesales, dentro de ellas presentar escritos, interponer y sustentar
los recursos dentro de la oportunidad legal y al canal digital autorizado y
señalado para el efecto.
En este sentido, igualmente cabe recordar que, según el artículo 103 del CPACA,
“Quien acuda ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en
cumplimiento del deber constitucional de colaboración para el buen
funcionamiento de la administración de justicia, estará en la obligación de
cumplir con las cargas procesales y probatorias previstas en este Código”, de
no hacerlo deberá aceptar las consecuencias desfavorables que se deriven de su
renuencia. Así, aunque todavía quede camino por avanzar en la materia, lo cierto
es que, desde ya, las nuevas realidades fácticas y jurídicas, permiten concluir con
acierto que ha habido un cambio de paradigma que se manifiesta en un tránsito
de una justicia que podríamos llamar de papel hacia una verdadera justicia
digital. Esto representa, tanto para la administración de justicia como para la
ciudadanía usuaria, la necesidad de acoplarse a un nuevo modelo, asumiendo las
ventajas de su implementación, pero también las cargas que razonadamente se
establezcan para que su funcionamiento sea eficiente, eficaz y adecuado.
En similar sentido se pronunció nuestro Órgano de Cierre10 en un caso similar a
que nos ocupa, en donde se adicionalmente resaltó que, entendiendo que la sede
judicial electrónica hace referencia al sitio en el que el Despacho puede ser
ubicado en el mundo digital y, por ende, constituye la vía para que los sujetos
procesales puedan establecer una interacción con él, los memoriales que se
radiquen en un buzón electrónico o canal digital diferente a aquel destinado para
su recepción, y que ha sido debida y previamente informado a las partes, deben
tenerse por no presentados. Precedente que el Juzgado acoge.» (Sic en toda la
cita)
v. Inconforme con dicha decisión, la parte accionante interpuso
recurso de reposición y apelación contra la anterior decisión, los
cuales fueron resueltos negativamente a las pretensiones del señor
Moreno Castro, mediante las providencias del 31 de agosto de 2022
10
CONSEJO DE ESTADO, SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SALA ESPECIAL
DE DECISIÓN n.o 19, CONSEJERO PONENTE: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ, providencia del siete (7)
de febrero de dos mil veintidós (2022). Radicación: 11001031500020210406500 (5922).
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Accionante: José Gerardo Moreno Castro
y 4 de mayo de 2023 proferidas por el Juzgado Segundo
Administrativo de Ibagué y el Tribunal Administrativo del Tolima,
respectivamente, al considerar que el escrito de subsanación fue
presentado dentro del término establecido, pero a un correo
electrónico diferente al indicado, el cual solamente se encuentra
dispuesto para efectuar notificaciones.
De lo anterior se colige que tanto el Juzgado Segundo Administrativo
de Ibagué como la secretaría de su despacho indicaron
expresamente el correo electrónico
(adm02ibague@cendoj.ramajudicial.gov.co) al cual el demandante
debía remitir el escrito de subsanación; sin embargo, el apoderado
judicial omitió dichos apartes y decidió remitirlo a un correo que no
se encuentra habilitado para recibir mensajes.
En ese sentido, las autoridades judiciales accionadas sostuvieron que
el rechazo de la demanda se ajustó en todo momento a lo acreditado
en el proceso y a la normatividad y jurisprudencia aplicable al caso,
puesto que el escrito de subsanación fue remitido al mismo canal
digital por el que fue notificada la inadmisión de la demanda
(jadmin02ibe@notificacionesrj.gov.co), desconociendo lo que el
juzgado accionado le informó expresamente en el auto del 13 de
agosto de 2021 y en el cuerpo del mensaje electrónico enviado el 17
de agosto del mismo año, por el que se le indicó de manera clara y
expresa que el único correo para recepción de memoriales sería el
adm02ibague@cendoj.ramajudicial.gov.co.
De igual forma, precisaron que en virtud del artículo 103 de la Ley
1437 de 2021 los usuarios que acudan a la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo tienen la obligación de cumplir con las
cargas procesales y probatorias impuestas con el fin de dar
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cumplimiento al deber constitucional de colaboración y de no hacerlo
deberán aceptar las consecuencias desfavorables de su renuencia.
En ese contexto, el Consejo de Estado en reiterada jurisprudencia11
ha considerado que I) cualquier correo electrónico por el hecho de
ser institucional no es apto para la recepción y trámite de los
memoriales, porque ello, generaría un caos en la administración de
justicia y una carga desproporcionada de verificar si las partes se
pronunciaron en otro buzón digital; II) los sujetos procesales tienen
la carga de utilizar como medio de comunicación la dirección
electrónica establecida oficialmente para tales efectos por el juzgado
o el órgano judicial colegiado respectivo, porque de no ser así esto
entorpecería la prestación adecuada del servicio público y afectaría
los principios de seguridad jurídica, eficiencia, celeridad y economía
procesal y; III) los memoriales que se radiquen en un buzón
electrónico distinto al que fue destinado para su recepción, y que ha
sido debida y previamente informado a las partes, deben tenerse por
no presentados.
De conformidad con lo anterior, no encuentra la Sala de Subsección
que en el proceso de reparación directa aquí cuestionado hubiere
ocurrido una irregularidad procesal en relación con el rechazo de la
demanda por enviar el escrito de subsanación a un correo electrónico
diferente al dispuesto, en tanto que las autoridades judiciales
accionadas actuaron conforme a lo establecido en la ley.
Señalado lo anterior, no encuentra esta Sala de Subsección que en
el presente asunto se haya configurado el error procedimental
11
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo: i) Sección Segunda, Subsección A, auto del 24 de
febrero de 2022, expediente 11001 03 25 000 2020 00846 00 (2571-2020), C.P., Gabriel Valbuena Hernández; ii)
Sección Segunda, Subsección A, auto del 17 de marzo de 2022, expediente 25000 23 42 000 2015 01951 01 (1829-
2019), C.P., Rafael Francisco Suárez Vargas; y iii) Sala 19 Especial de Decisión, auto del 7 de febrero de 2022,
expediente 11001 03 15 000 2021 04065 00, C.P., William Hernández Gómez.
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endilgado por la parte accionante, toda vez que las conclusiones a
las que llegaron los funcionarios judiciales para resolver el caso no
obedecieron a un capricho o arbitrariedad ni se fundaron en su
simple voluntad, sino que, por el contrario, obedecieron al
incumplimiento de una carga procesal de la cual tenía pleno
conocimiento la parte accionante.
Por lo tanto, es menester recordar que las discusiones adelantadas
en el marco del proceso ordinario no pueden ser revividas a través
de la tutela, pues ello acarrea que se convierta la sede constitucional
en una instancia no consagrada por el ordenamiento jurídico para
estudiar los argumentos del juez natural, dictaminados en razón a lo
probado dentro de ese proceso y bajo unas consideraciones y
análisis que le sirvieron de soporte.
Así las cosas, teniendo en cuenta que la intervención del juez de
tutela se activa únicamente en los casos específicos en que se
evidencia una argumentación defectuosa, abiertamente insuficiente,
o inexistente al punto que se torna arbitraria, y por no advertirse
vulneración alguna de derechos fundamentales, esta Sala de
Subsección negará el amparo constitucional reclamado por el
accionante.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sección Segunda – Subsección “A” de
la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado,
administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la ley,
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Accionante: José Gerardo Moreno Castro
FALLA
PRIMERO: NEGAR el amparo constitucional solicitado por el
señor José Gerardo Moreno Castro en contra del
Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial
de Ibagué y Tribunal Administrativo del Tolima, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la
presente providencia.
SEGUNDO: De no ser impugnada esta sentencia, ENVÍESE a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en
sesión celebrada el siete (7) de septiembre de dos mil veintitrés
(2023).
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado Consejero de Estado
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