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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-03833-01

Fecha
10 de noviembre de 2023
Consejero ponente
Jose Roberto Sachica Mendez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-03833-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 31 de agosto de 2023 por la Sección Cuarta del Consejo de Estado. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. TERCERO: ENVIAR esta actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2023-03833-01

Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez

10 de noviembre de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

Consejero Ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ (E)

Bogotá D.C., diez (10) de noviembre de dos mil veintitrés (2023).

Radicación: 11001-03-15-000-2023-03833-01
Accionante: José Gabriel García Rueda
Accionado: Presidencia de la República
Referencia: Acción de tutela

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA / DERECHO DE PETICIÓN / NO AMPARA – ausencia
de vulneración del derecho fundamental invocado.

Procede la Sala a decidir la impugnación presentada por la parte actora en contra de
la sentencia proferida el 31 de agosto de 2023, por la Sección Cuarta del Consejo de
Estado, mediante la cual se negó la acción de tutela.

I. ANTECEDENTES

A. Demanda y sus fundamentos

1.- El 11 de julio de 2023, el señor José Gabriel García Rueda, en nombre propio,
presentó acción de tutela contra la Presidencia de la República, con el fin de que se
ampare su derecho de petición, que se alega vulnerado ya que esa autoridad no
resolvió de fondo una petición presentada el 12 de abril de 2023. Como consecuencia
del amparo, pidió que se ordene al Presidente, de manera directa y en un término de
48 horas, dar respuesta satisfactoria, completa, clara y sin evasivas a su petición.

2.- Afirma que el 12 de abril de 2023, radicó una petición dirigida al Presidente de
la República con ocasión de una nota de prensa en la que el Presidente manifestó
que hubo un entrampamiento en contra del jefe de negociaciones de las FARC.
Solicitó que “me explique detalladamente acerca del llamado entrampamiento del
que al parecer fue víctima el señor JESUS SANTRINCH”. Manifestó que la respuesta
a su solicitud sería aportada como información legalmente obtenida dentro de un
proceso penal contra el señor Marlon Marín Marín y otros. De manera textual, solicitó
que se le informara:

«1. quien organizo el entrampamiento,
2. Sí en el entrampamiento intervino el señor Fiscal General de la Nación de la época,
el Dr Nestor Humberto Martinez.
3. Cuál fue la finalidad de ese entrampamiento,

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-03833-01
Accionante: José Gabriel García Rueda
Accionado: Presidencia de la República
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

4. Sí sabe, si los dineros del posconflicto se han invertido en debida forma o por el
contrario han sido dilapidados o se han perdido por actos de corrupción. SI tiene
soporte documental le agradezco me los suministre».

3.- En oficio OFI23-00083470 / GFPU 13020000 del 5 de mayo de 2023, el Alto
Comisionado para la Paz informó al peticionario que las autoridades competentes
para resolver de fondo su solicitud son la Justicia Especial para la Paz-JEP y la
Fiscalía General de la Nación, por ello, daría traslado de su petición a las entidades
señaladas.

4.- La parte actora insistió en que su petición tenía fundamento en
manifestaciones públicas del Presidente de la República y, en consecuencia, le
correspondía a dicha autoridad dar respuesta a su petición. Agregó que, inclusive, le
correspondía al señor Presidente atender la petición y no era apropiado que el Alto
Comisionado para la Paz le diera respuesta, “pues cada cual responde por lo que
dice, además que sabe el motivo de su dicho”.

5.- En oficio OFI23-00086708 / GFPU 13150001 del 11 de mayo de 2023, el
Coordinador del Grupo de Atención a la Ciudadanía de la Presidencia de la
República informó al peticionario que su petición fue trasladada a la Fiscalía General
de la Nación, entidad legalmente facultada para conocer el asunto. Por otro lado, en
oficio OFI23-00111804 / GFPU 13020001 del 14 de junio de 2023, la Oficina del Alto
Comisionado para la Paz informó que es competente para acreditar la pertenencia
de los integrantes de las FARC-EP, sin embargo, la Jurisdicción Especial para la Paz
es el órgano encargado de administrar justicia transicional.

6.- En oficios OFI23-00135764 / GFPU 13020001 del 21 de julio de 2023 y OFI23-
00138988 / GFPU 13020001 del 26 de julio de 2023, la Presidencia de la República
remitió la petición a la Justicia Especial para la Paz y a la Fiscalía General de la
Nación, respectivamente.

7.- La parte actora afirma que las respuestas recibidas vulneran su derecho
fundamental de petición, ya que son evasivas. Reitera que su solicitud indaga por
afirmaciones puntuales del Presidente de la República y, en esa medida, ninguna
otra persona o autoridad puede resolver al respecto.

B. Sentencia de primera instancia

8.- Mediante providencia del 31 de agosto de 2023 1 , la Sección Cuarta del
Consejo de Estado negó la solicitud de tutela. Estimó procedente la actuación de la
autoridad accionada, pues remitió la petición a la Jurisdicción Especial para la Paz y
a la Fiscalía General de la Nación “en virtud de las funciones asignadas en los
artículos 250 y 251 de la Constitución Política, Decreto Ley 016 de 2014 y Ley 2010

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Notificada el 7 de septiembre de 2023.
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Accionante: José Gabriel García Rueda
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

de 2019, y el artículo 5 transitorio del Acto Legislativo No. 01 de 2017,
respectivamente”.

9.- La Sección Cuarta advirtió que el artículo 121 de la Constitución Política
establece el principio de competencia reglada, según el cual ninguna autoridad del
Estado podrá ejercer funciones distintas de las que le atribuyen la Constitución y la
ley. De ahí que no le corresponde al Presidente manifestarse en cuanto a
actuaciones judiciales ordinarias o especiales. Añadió que el derecho de petición no
está previsto para obtener confesiones de las autoridades.

C. La impugnación

10.- Inconforme con la decisión adoptada, la parte actora impugnó. Afirmó que el
propósito de su petición no era obtener una confesión del Presidente de la República,
como entendió el fallo de primera instancia, sino que “diga los fundamentos o
razones por qué dijo públicamente que en el caso de JESUS SANTRICH hubo un
entrampamiento”. Agregó que la autoridad tiene la obligación de responder a sus
interrogantes, y no enviárselos a “subalternos” u otras autoridades.

II. CONSIDERACIONES

D. Competencia

11.- La Sala es competente para conocer de la impugnación y examinar su
contenido en contraste con el acervo probatorio y el fallo proferido en primera
instancia, en virtud de lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19912.

E. El derecho de petición

12.- De conformidad con el artículo 23 de la Constitución Política “toda persona
tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de
interés general o particular y a obtener pronta resolución”. Así, el derecho de petición
tiene una finalidad doble, por un lado, permite que los interesados presenten
peticiones respetuosas a las autoridades y, por otro, garantiza una contestación
oportuna, eficaz, de fondo y congruente con los requerimientos que plantea el
peticionario en el ejercicio de esta prerrogativa constitucional.

13.- En esa línea, la Corte Constitucional3 ha señalado que el núcleo esencial del
derecho de petición conlleva los siguientes elementos: (i) la posibilidad real, cierta y
efectiva de presentar peticiones respetuosas; (ii) el otorgamiento de una respuesta
de fondo, clara, precisa y de acuerdo a lo solicitado por el peticionario; (iii) contestar

2
“[P]or el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
3
Ver sentencias T-814/05, T-147/06, T-610/08, T-760/09, C-818/11, C-951/14, T-376/17 y T-206/18. entre otras.
3

Radicación: 11001-03-15-000-2023-03833-01
Accionante: José Gabriel García Rueda
Accionado: Presidencia de la República
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

oportunamente, es decir, dentro del término legalmente establecido para tal efecto y;
(iv) la comunicación pronta de la contestación al peticionario; sin perjuicio de que el
contenido de la respuesta sea favorable o desfavorable a lo solicitado.

14.- La jurisprudencia constitucional también ha precisado que, no solo es
necesario que las peticiones sean presentadas en términos respetuosos, sino que,
además, el interesado debe interponer la solicitud -en forma debida-, es decir, se
requiere que la misma sea elevada ante la autoridad que tenga la competencia para
pronunciarse sobre la situación planteada. Ahora bien, si la petición se presenta ante
quien no corresponde, éste último tiene la obligación tanto de remitir la solicitud a la
autoridad que estime competente para pronunciarse de fondo sobre la misma, como
de comunicarle tal situación al peticionario.

F. Análisis del caso concreto

15.- En el caso objeto de estudio, la parte actora le atribuye la vulneración de su
derecho fundamental de petición a la Presidencia de la República, por la supuesta
omisión en la respuesta de fondo a unas solicitudes que elevó el 12 de abril de 2023.

16.- Revisado el material probatorio obrante en el expediente, se observa que, en
efecto, el 12 de abril de 2023, la parte actora radicó por correo electrónico una
petición encaminada a aclarar unas supuestas declaraciones del Presidente de la
República sobre un “entrampamiento” a Seuxis Pausias Hernández Solarte, alias
Jesús Santrich, en su calidad de jefe de negociaciones del grupo subversivo FARC-
EP y solicitar información sobre el manejo de “los dineros del posconflicto”.

17.- La aludida petición, junto con su posterior insistencia, fueron recibidas por el
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y tramitadas con los
números de radicado EXT23-00059813, EXT23-00071172 y EXT23-00073269.
Asimismo, mediante oficios OFI23-00083470 / GFPU 13020000 del 5 de mayo de
2023, OFI23-00086708 / GFPU 13150001 del 11 de mayo de 2023 y OFI23-
00111804 / GFPU 13020001 del 14 de junio de 2023, la entidad informó a la parte
accionante que no era competente para conocer de las peticiones formuladas. En
consonancia, mediante oficios OFI23-00135764 / GFPU 13020001 del 21 de julio de
2023 y OFI23-00138988 / GFPU 13020001 del 26 de julio de 2023, la Presidencia
de la República remitió la petición a la Justicia Especial para la Paz y a la Fiscalía
General de la Nación, respectivamente.

18.- De conformidad con el artículo 21 de Ley 1755 de 20154, si la autoridad a
quien se dirige la solicitud carece de competencia para conocer de la misma, deberá
remitir la petición al ente competente, dentro de los cinco (5) días siguientes a su

4
“Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.
4

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Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

recepción, en caso de que obre por escrito, y deberá informar del oficio remisorio al
peticionario.

19.- Sobre el particular, la Corte Constitucional ha precisado que:

«(...) cuando el peticionario ha presentado la solicitud ante funcionario incompetente,
la contestación de éste no puede consistir sino en la expresión oportuna de que
le es imposible resolver, procediendo, por tanto, a dar traslado a quien
corresponda la competencia. De todas maneras, para cumplir en estos casos con
el mandato constitucional, es necesaria la respuesta en el expresado sentido; se
violaría el derecho si, basado en su incompetencia, el servidor público se olvidara del
tema o, aun remitiéndolo al competente, dejara de dar oportuna noticia sobre ello al
peticionario».5 (Resaltado propio)

20.- De esta manera, no se evidencia vulneración alguna del derecho fundamental
invocado por la parte actora, comoquiera que, al estimar que no tenía competencia
para atender la solicitud, la Presidencia de la República dio traslado de la petición a
la entidad que consideró competente. Actuación que, además, fue debidamente
informada al peticionario, incluso antes de que se presentará la acción constitucional
de la referencia.

21.- En ese sentido, es evidente que los reproches planteados en sede de tutela
carecen de sustento pues, contrario a lo manifestado por la parte accionante, la
Presidencia de la República sí suministró una respuesta frente a las solicitudes que
presentó ante la entidad. No obstante, la contestación no podía ser otra más que
comunicarle -oportunamente- al peticionario sobre la remisión de las mismas a la
autoridad que, en su criterio, es competente para atender las súplicas del interesado,
tal como aconteció en el caso que nos ocupa.

22.- A pesar de los argumentos del solicitante, que afirman que le correspondía al
Presidente de la República responder por sus propias afirmaciones, lo cierto es que
el objeto de la petición gira en torno a procedimientos judiciales en curso y sobre los
cuales el Presidente de la República no tiene injerencia, en virtud de los principios
de separación funcional del poder (artículo 113 de la Constitución) y de competencia
reglada (artículos 6 y 121 de la Constitución). Tampoco puede ser objeto de reproche
que las peticiones dirigidas al Presidente de la República sean atendidas por
subalternos, pues ello se hace en virtud de la facultad de delegación contenida en el
artículo 211 constitucional y en los artículos 9 a 12 de la Ley 489 de 1998.

23.- En este punto, cabe precisar que la utilización del mecanismo de tutela debe
responder a una adecuada ponderación de los factores iusfundamentales que la
comprometen, pues a la vez que tiene un objeto definido, su utilización no puede
implicar una finalidad distinta a la proyección y garantía de los derechos
fundamentales de los asociados, sobre la base de su efectiva transgresión. Desde

5
Ver sentencias T-595 de 1994, T-556 de 2000 y T-564 de 2002, entre otras.
5

Radicación: 11001-03-15-000-2023-03833-01
Accionante: José Gabriel García Rueda
Accionado: Presidencia de la República
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

esta perspectiva, la Sala recaba sobre el uso ponderado y adecuado de este
mecanismo, pues en situaciones como las que relata la solicitud de amparo, se pone
en evidencia un uso inadecuado y caprichoso del mismo.

24.- Por lo reseñado anteriormente, la Sala confirmará la decisión de primera
instancia que negó la solicitud de amparo.

25.- En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

III. FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 31 de agosto de 2023 por la
Sección Cuarta del Consejo de Estado.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.

TERCERO: ENVIAR esta actuación a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS NICOLÁS YEPES CORRALES
Ausente con excusa

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE6
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad
de registrarse en el sistema Samai.

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VF
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