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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-03836-00

Fecha
30 de agosto de 2023
Consejero ponente
Rocio Araujo Oñate

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-03836-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: DESVINCULAR del presente trámite a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, por lo expuesto. SEGUNDO: DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la acción instaurada por el señor Pablo Emilio Ramírez Cordón, por lo explicado. TERCERO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. CUARTO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, al día siguiente a su ejecutoria, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2023-03836-00

Consejero ponente: Rocio Araujo Oñate

30 de agosto de 2023

Demandante: Pablo Emilio Ramírez Cordón
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección B
Radicado: 11001-03-15-000-2023-03836-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrada Ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Bogotá D.C., treinta (30) de agosto de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-03836-00
Demandante: PABLO EMILIO RAMÍREZ CORDÓN
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN
SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

Temas: Tutela contra providencia judicial – inmediatez.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA.

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a resolver, en primera instancia, la acción de tutela formulada por
el señor Pablo Emilio Ramirez Cordón contra el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de demanda

1. Con escrito presentado el 14 de julio de 2023, el señor Pablo Emilio Ramírez
Cordón, actuando en nombre propio, presentó acción de tutela contra el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, con el fin de
que sean amparados sus derechos fundamentales al «debido proceso y el acceso
a la administración de justicia en condiciones dignas y justas».

2. La parte accionante consideró vulnerada dichas garantías constitucionales con
ocasión de la sentencia del 18 de noviembre de 2022, mediante la cual se
confirmó la decisión del 30 de junio de 2021 del Juzgado Cuarenta y Nueve
Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bogotá, que negó las pretensiones de
la demanda. Lo anterior, en el marco del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho, con radicado 11001-33-42-049-2016-00298-01, instaurado contra el
Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones- FONCEP-.

3. El actor solicitó el amparo de los derechos fundamentales invocados y, en
consecuencia, pidió:

(…) se sirva tutelar a mi favor los Derechos Fundamentales invocados,
ordenando al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA anule la
sentencia proferida el 18 de noviembre de 2022 en el proceso 2016-00298-01,
y emita una sentencia que se sustente en las vías del derecho.
1

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Demandante: Pablo Emilio Ramírez Cordón
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección B
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1.2. Hechos probados y/o admitidos

La Sala encontró demostrados los hechos que a continuación se relacionan, los
cuales son relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia:

4. El señor Ramírez Cordón, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, demandó al Fondo de Prestaciones Económicas,
Cesantías y Pensiones -FONCEP- y solicitó declarar la existencia y nulidad del
acto ficto o presunto generado frente a la reclamación administrativa del 15 de
octubre de 2013, por medio del cual se negó el reconocimiento de la pensión
sanción.

5. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho,
requirió condenar a la entidad demandada a reconocerle la pensión sanción
establecida en el artículo 8 de la Ley 171 de 1961 a partir del 12 de abril de 2014;
prestación que debía ser liquidada con el promedio del salario devengado entre el
9 de febrero de 1990 y el 8 de febrero de 1991, debidamente actualizado e
indexado a la fecha del reconocimiento.

6. El Juzgado Cuarenta y Nueve Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá
mediante sentencia de 30 de junio de 2021 negó las pretensiones de la demanda
al estimar que en la actualidad el actor tiene la calidad de pensionado por parte de
la Administradora Colombiana de Pensiones, razón por la cual, según lo previsto
en el artículo 77 del Decreto 1848 de 1969, el disfrute de la pensión era
incompatible con la percepción de toda asignación proveniente de entidades de
derecho público, establecimientos públicos, empresas oficiales y sociedades de
economía mixta, cualquiera que sea la denominación que se adopte para el pago
de la contraprestación del servicio, salvo para casos especiales establecen las
leyes y en particular el Decreto 1713 de 1960 y la Ley 1ª de 1963.

7. Inconforme con la decisión, la parte demandante interpuso recurso de apelación
y alegó que la asignación recibida por parte de Colpensiones no hacía parte del
ejercicio de sus funciones en una entidad del Estado y en el evento de que se le
reconociera la pensión sanción, la misma no era consecuencia del ejercicio de las
funciones como servidor público, «por lo tanto, al recibir ambas prestaciones no se
incurriría en la prohibición del artículo 128 superior.»

8. El recurso de alzada fue desatado por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B que mediante sentencia del 18
de noviembre de 2022, confirmó la decisión del a quo, pero indicó que al estar
probado dentro del proceso que la condición del actor era la de empleado público,
no había lugar a definir si tenía o no derecho a la pensión sanción y, por ende, si
esta era compatible con la pensión de vejez que le fuera otorgada por
Colpensiones.

9. Esto toda vez que, tal como lo estableció la Corte Constitucional en la sentencia
C-664 de 1994, la pensión sanción está restringida para trabajadores privados u

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oficiales que cumplan con los supuestos descritos en el artículo 8 de la Ley 171 de
1961.

10. Concluyó que, al no cumplirse la condición de trabajador oficial en la titularidad
del demandante, «no resultaba coherente emitir un pronunciamiento frente a si aquella
le sería compatible con la pensión de vejez, en el entendido que solo ello es posible si se
definiera el derecho y así con las particularidades del caso establecer dicho aspecto.»

11. La mentada decisión fue notificada mediante correo electrónico enviado el 22
de noviembre de 2022, como consta en el aplicativo Samai.

1.3. Fundamentos de la solicitud

12. Defecto fáctico, pues el tribunal accionado no tuvo en cuenta las pruebas
documentales que probaron su condición de trabajador oficial, es decir, «que las
invisibilizó negando la existencia de este hecho.»

13. Al respecto, hizo referencia a los siguientes medios probatorios: «Resolución
430 de 21 de marzo de 1986, mediante la cual se me reconoció el quinquenio en sus
apartes señala mi condición de trabajador oficial; el oficio dirigido a la Personería de
Bogotá suscrito por María V. Méndez de Hurtado, Jefe del Departamento de Personal de
la EDIS, «que informa mi condición de trabajador oficial; el oficio en el que se informa al
demandante que no se prorrogara su contrato de trabajo deja en evidencia que la
vinculación mi era de trabajador oficial toda vez que la misma surgió de un contrato de
trabajo; así mismo, lo anterior se reafirma mediante el documento denominado
2liquidación de la indemnización por terminación unilateral del contrato».

14. Decisión sin motivación, ya que el tribunal accionado se limitó a copiar
normas relativas a la pensión sanción, pero al estudiar su caso en concreto solo
afirmó lo siguiente «En ese orden, no es posible entrar a verificar si el aquí demandante
tenía o no la condición de trabajador oficial, pues ello ya fue definido en su momento por
la entidad que tenía Proceso: 2016-00298-01 Demandante: Pablo Emilio Ramírez Cordón
Sentencia de segunda instancia Página 11 competencia para ello, según las atribuciones
concedidas por el numeral 6º del artículo 256 de la Constitución Política, en consonancia
con lo previsto en el numeral 2º del artículo 112 de la Ley 270 de 19962».

15. Agregó que, lo anterior demostraba que el tribunal demandado no resolvió los
argumentos presentados en el recurso de apelación, es decir que no motivó su
decisión en cuanto a la negativa frente a los puntos expresados por el recurrente.

16. Error inducido porque la UAESP al expedir una certificación en la que informó
que su calidad como celador de una Empresa Industrial y Comercial como lo fue la
EDIS era de empleado público, desconociendo que era trabajador oficial.
Concluyó que la certificación contraría las documentales aportadas en su historia
laboral.

1.4. Trámite de la acción de tutela

17. Mediante auto del 31 de julio de 2023 se admitió la acción de tutela y se
dispuso su notificación a la parte actora, así como a los magistrados del Tribunal
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Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, como
autoridades judiciales accionadas.

18. Igualmente, se vinculó en calidad de tercero con interés jurídico, al Juzgado
Cuarenta y Nueve Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bogotá (a quo
ordinario), a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP y el Fondo de
Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones- FONCEP- (parte demandada
en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho que se debate.)

1.5. Intervenciones

19. Realizadas las notificaciones ordenadas, de conformidad con las constancias
visibles en la copia digital del expediente, se presentaron las siguientes
contestaciones:

1.5.1. Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección B

20. Solicitó declarar la improcedencia de la acción porque no se cumplía con el
requisito de la inmediatez, ello comoquiera que, la sentencia de segunda instancia
fue proferida el 18 de noviembre de 2022 y notificada a las partes el 22 de los
mismos mes y año. Por su parte, el accionante instauró la acción constitucional el
14 de julio de 2023, esto es, cuando ya había transcurrido más de 6 meses, lapso
que de conformidad con lo señalado por la Sala Plena del Consejo de Estado en
sentencia de 5 de agosto de 2015, rompe el parámetro de la inmediatez exigido
para que pueda proceder el amparo constitucional invocado.

21. Concluyó que el accionante no expuso razón alguna que justificara su
tardanza en la presentación de la acción de tutela, lo cual desconoce los criterios
sentados por la Corte Constitucional para que el juez de tutela establezca su
procedibilidad en caso de duda acerca del cumplimiento del requisito de
inmediatez.

1.5.2. UGPP

22. Solicitó su desvinculación del presente trámite por falta de legitimación en la
causa por pasiva, pues no hizo parte del proceso ordinario en cual se dictó la
sentencia controvertida.

1.5.3. Juzgado Cuarenta y Nueve Administrativo Oral del Circuito Judicial de
Bogotá

23. Solicitó declarar improcedente el amparo o en su defecto negar la protección
de los derechos invocados, por cuanto no se configuran las causales para
controvertir las decisiones judiciales ni se ha vulnerado derecho fundamental
alguno.

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24. Esgrimió que en la decisión de primera instancia se consideró la totalidad de
los elementos probatorios legalmente aportados por las partes, en conjunto con la
norma y jurisprudencia aplicable a la figura de la pensión sanción, y se concluyó
que el actor no reunía los requisitos para acceder a este reconocimiento.

25. Concluyó que la decisión que profirió se hizo desde la autonomía funcional del
juez, lo que implica solucionar conflictos que de acuerdo con su especialidad son
sometidos a su conocimiento, «por lo cual el Juzgado con sujeción plena al
ordenamiento jurídico adoptó la decisión que en derecho correspondía al caso particular
del señor Pablo Emilio Ramírez Cordón.»

1.5.4. Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones- FONCEP-

26. Solicitó declarar la improcedencia de la acción teniendo en cuenta que el señor
Pablo Emilio Ramírez, ostentó la calidad de empleado público en su vinculación
laboral con la Empresa Distrital de Servicios Públicos –EDIS-, motivo por el cual
no es acreedor del reconocimiento de la pensión sanción.

27. Explicó que la pensión sanción consagrada en el artículo 8 de la Ley 171 de
1961, solo es aplicable a los trabajadores particulares y a los trabajadores oficiales
que se hubieren vinculado mediante contrato de trabajo con la administración
pública o con los establecimientos públicos.

28. Concluyó que, el señor Pablo Emilio Ramírez Cordón no tiene derecho al
reconocimiento de la pensión sanción teniendo en cuenta que la vinculación del
accionante con la Empresa Distrital de Servicios Públicos –EDIS, fue como
empleado público, nombrado mediante Resolución 002 del 05 de enero de 1981 y
acta de posesión 008 del 16 de enero de 1981.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

29. El Consejo de Estado es competente para conocer de la demanda presentada
por el señor Ramírez Cordón, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 86
de la Constitución Política, 37 del Decreto Ley 2591 de 1991 y el numeral 7° del
artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el artículo 1° del
Decreto 333 de 2021. Lo anterior, por cuanto la acción de tutela se dirige contra el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B por
tanto, debe aplicarse el numeral 7° de la referida norma.

2.2. Solicitud de desvinculación

30. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social – UGPP - solicitó su desvinculación del
presente trámite por falta de legitimación en la causa por pasiva, pues no hizo
parte del proceso ordinario en cual se dictó la sentencia controvertida. La Sala
advierte que accederá a dicha solicitud pues en efecto, al verificar la sentencia

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Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección B
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acusada se observa que no participó en dicho proceso ordinario y en tal sentido,
no le asiste ningún interés en la resulta del proceso.

2.3. Problema jurídico

31. Teniendo en cuenta la situación fáctica expuesta por la parte actora, los
defectos formulados, el material probatorio recaudado y los informes presentados,
los problemas jurídicos que subyacen al caso concreto son los siguientes:

¿Se superan en el sub lite los requisitos de procedibilidad adjetiva de la
acción de tutela contra providencia judicial?

32. De ser positiva la respuesta a la pregunta anterior, la Sala analizará lo
siguiente:

¿El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección B vulneró los derechos fundamentales «al debido proceso y el
acceso a la administración de justicia en condiciones dignas y justas» con
ocasión de la sentencia del 18 de noviembre de 2022, mediante la cual se
confirmó la decisión del a quo, que negó las pretensiones de la demanda
tendientes a obtener el reconocimiento de la pensión sanción?

33. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes temas:
(i) el criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela
contra providencia judicial; (ii) el estudio de los requisitos de procedibilidad
adjetiva y; (iii) el análisis del caso concreto.

2.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia
judicial

34. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de
20121 unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción
de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la
misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema 2 y declaró su
procedencia.3

35. Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros
para realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) que supere la
relevancia constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez; y
iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y
extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección
del derecho que se dice vulnerado. De modo que, de no observarse el

1 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 31.07.12., M.P.
María Elizabeth García González, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
2 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes

reseñado.
3 Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra

providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia.”
6

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Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección B
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cumplimiento de uno de estos presupuestos, se declara la improcedencia del
amparo solicitado, sin que se analice el fondo del asunto.

36. Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala
adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos
en la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en
donde para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que
la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que
incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente
reabrir el debate de instancia.

37. Igualmente, se debe resaltar que esta acción constitucional no puede ser
considerada como una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para
revivir términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del
juez natural. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la
referencia.

2.5. Estudio sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva

2.5.1. Inmediatez4

38. Se ha insistido en que la acción de tutela debe presentarse en un plazo
razonable5, el cual debe ser ponderado por el juez en cada caso, pues de lo
contrario se burlaría el alcance jurídico establecido por el constituyente y se
desvirtuaría su finalidad de ser un medio de protección actual, inmediato y
efectivo6.

39. De acuerdo con lo anterior, esta Sección7 ha considerado como plazo
prudencial el de seis (6) meses desde la ocurrencia del hecho generador – el cual
es el día hábil siguiente a la ejecutoria de la providencia judicial cuestionada- que

4 Al respecto consultar Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección

Quinta, Sentencia 27.02.20., M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, Rad. 11001-03-15-000-
2020-00014-00; Sentencia 27.02.20., M.P. Luis Alberto Álvarez Parra, Rad. 11001-03-15-000-
2020-00400-00; Sentencia 20.02.20., M.P. Luis Alberto Álvarez Parra, Rad. 11001-03-15-000-
2020-00092-00; Sentencia 20.02.20., M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, Rad. 11001-03-15-000-
2020-00179-00; Sentencia 20.02.20., M.P. Luis Alberto Álvarez Parra, Rad. 11001-03-15-000-
2020-00141-00; Sentencia 20.02.20., M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2019-
04788-01; Sentencia 13.02.20., M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2020-00137-00;
Sentencia 13.02.20., M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2020-00037-00; Sentencia
06.02.20, M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2019-05346-00; Sentencia 06.02.20,
M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, Rad. 11001-03-15-000-2019-05202-00.
5 Dicho criterio fue expuesto por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia

05.08.14, Rad. 11001-03-15-000-2012-02201-01, Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor:
Alpina Productos Alimenticios, M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez. Así mismo, reiterado entre
otras en: Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia 26.02.15, Rad. 11001-03-15-000-2015-
00045-00, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez; Consejo de Estado, Sección Quinta,
Sentencia 15.10.15, Rad. 11001-03-15-000- 2015-01605-01, M.P. Alberto Yepes Barreiro.
6 Corte Constitucional, Sala Séptima de Revisión, Sentencia T-290 14.04.11., M.P. Jorge Ignacio

Pretelt Chaljub.
7 Ver, entre otras, Sentencia 18.04.13, Rad. 11001-03-15-000-2012-01172-01, M.P. Susana

Buitrago Valencia; Sentencia 03.07.13, Rad. 11001-03-15-000-2012-01891-01, M.P. Lucy
Jeannette Bermúdez Bermúdez; Sentencia 03.07.13, Rad. 11001-03-15-000-2013-00142-01, M.P.
Alberto Yepes Barreiro; Sentencia 21.09.16, Rad. 11001-03-15-000-2016-01549-01, M.P. Rocío
Araújo Oñate.
7

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Demandante: Pablo Emilio Ramírez Cordón
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Subsección B
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da lugar a la solicitud de protección y la presentación de esta, y cuando este es
excesivo se declara su improcedencia. No obstante, lo anterior, se analiza en cada
caso concreto si median razones suficientes que justifiquen el retardo, como para
omitir su consideración y entrar al fondo del debate jurídico planteado.

40. En relación con aquellas circunstancias que justifican el retardo para promover
la acción de tutela en un término razonable, la Corte Constitucional en sentencia
T-256 de 20158, cuya tesis es acogida por esta Sala como criterio auxiliar, indicó
que la acción de tutela será procedente “cuando fuere promovida en un extenso
espacio entre el hecho que generó la vulneración, siempre que: i) exista un motivo válido
para la inactividad de los accionantes, por ejemplo, el estado de indefensión, interdicción,
abandono, minoría de edad, incapacidad física, entre otros; ii) la inactividad injustificada
vulnere el núcleo esencial de los derechos de terceros afectados con la decisión; iii) exista
un nexo causal entre el ejercicio inoportuno de la acción y la vulneración de los derechos
de los interesados; o iv) cuando se demuestre que la vulneración es permanente en el
tiempo y que, pese a que el hecho que la originó es muy antiguo respecto de la
presentación de la tutela, la situación desfavorable del actor derivada del irrespeto por sus
derechos, continúa y es actual9”.

41. Respecto del acatamiento del requisito de inmediatez la Sala encuentra que
este no se encuentra superado. Lo anterior, por cuanto la providencia del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Seccion Segunda, Subseccion B, que se acusa
como vulneradora, fue proferida el 18 de noviembre de 2022 y notificada mediante
correo electrónico enviado el 22 de noviembre de 2022, como consta en el
aplicativo Samai, por lo que cobró ejecutoria el 29 del mismo mes y año.

42. En tal sentido, teniendo en cuenta que la acción de tutela se radicó el 14 de
julio de 2023, se advierte que transcurrieron casi 8 meses, plazo que no resulta
razonable para esta Sala, aunado a que la parte actora no justificó la tardanza de
la interposición de la acción constitucional.

43. Recuerda la Sección que cuando se trata de tutela contra providencia judicial
se ha establecido una metodología más rigurosa para conservar el carácter
subsidiario y excepcional de este mecanismo judicial de protección, y a su vez,
garantizar la seguridad jurídica y la autonomía e independencia de cada
jurisdicción en la estructura del poder público, por ello, solo en aquellos casos en
los que se argumenta suficientemente el motivo de la tardanza, por «la ocurrencia
de un suceso de fuerza mayor o caso fortuito, la incapacidad o imposibilidad del actor
para interponer la tutela en un término razonable, la ocurrencia de un hecho
completamente nuevo y sorpresivo que hubiere cambiado drásticamente las
circunstancias previas, entre otras»10, el juez constitucional, de forma excepcional,
puede abordar el estudio del asunto.

44. Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala advierte que transcurrieron casi 8
meses entre la ejecutoria de la providencia cuestionada y la interposición de este

8 Corte Constitucional, Sala Octava de Decisión, Sentencia T-256 05.05.15, M.P. Martha Victoria

Sáchica Méndez.
9 “Ver sentencias T-1229 de 2000, T-684 de 2003, T-016 de 2006 y T-1044 de 2007, T- 1110 de

2005, T-158 de 2006, T-166 de 2010, T-502 de 2010, T-574 de 2010, T-576 de 2010”.
10 Corte Constitucional, sentencia T-450/14. M.P. Mauricio González Cuervo.

8

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Demandante: Pablo Emilio Ramírez Cordón
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección B
Radicado: 11001-03-15-000-2023-03836-00

medio de amparo. En ese orden de ideas y dado que la parte actora no justificó
ninguna de las excepciones anteriormente señaladas como criterios que
flexibilizan el requisito de inmediatez, se declarará la improcedencia de la acción.

2.6. Conclusión

45. El tiempo que dejó transcurrir la parte accionante para alegar la vulneración de
sus derechos fundamentales, sin evidenciarse justificación razonable sobre el
mismo, desconoce el requisito de inmediatez y, por tanto, resulta improcedente la
solicitud de amparo.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

FALLA

PRIMERO: DESVINCULAR del presente trámite a la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección
Social – UGPP, por lo expuesto.

SEGUNDO: DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la acción instaurada por el
señor Pablo Emilio Ramírez Cordón, por lo explicado.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

CUARTO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación, al día siguiente a su ejecutoria, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
(Firmado electrónicamente)
Presidente

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
(Firmado electrónicamente)
Magistrada

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
(Firmado electrónicamente)
Magistrado

9

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Demandante: Pablo Emilio Ramírez Cordón
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección B
Radicado: 11001-03-15-000-2023-03836-00

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
(Firmado electrónicamente)
Magistrado

«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx»

10

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