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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-03836-01

Fecha
20 de octubre de 2023
Consejero ponente
Hernando Sanchez Sanchez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-03836-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de tutela de 30 de agosto de 2023 proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, dentro de los diez (10) siguientes a la ejecutoria de esta sentencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2023-03836-01

Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez

20 de octubre de 2023

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., veinte (20) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Acción de tutela
Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-03836-01
Actor: Pablo Emilio Ramírez Cordón
Demandado: Subsección B de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca

Tema: Improcedencia de la acción de tutela por falta de cumplimiento del requisito
general de inmediatez

Derechos Fundamentales Invocados: i) Debido proceso y ii) acceso a la
administración de justicia

Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por el actor contra la sentencia de tutela
de 30 de agosto de 2023 proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado,
por medio de la cual declaró improcedente la solicitud de amparo.

La presente providencia tiene tres partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la
Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollarán a continuación.

I. ANTECEDENTES
La solicitud

1.El actor, en nombre propio, presentó solicitud de tutela contra la Subsección B de
la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, porque, a su
juicio, al proferir la sentencia de 18 de noviembre de 2022, en el proceso adelantado
en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
identificado con el número único de radicación 11001-33-42-049-2016-00298-01,
vulneró sus derechos fundamentales invocados supra.

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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-03836-01
Actor: Pablo Emilio Ramírez Cordón

Presupuestos fácticos

2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela, en
síntesis, son los siguientes:

3. Expresó que, interpuso demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho contra el Fondo de Prestaciones Económicas,
Cesantías y Pensiones - FONCEP con el fin de que se declarara “[…] la existencia
y nulidad del acto ficto o presunto generado frente a la reclamación administrativa
de 15 de octubre de 2013, por medio del cual se negó el reconocimiento de la
pensión sanción […]” y, a título de restablecimiento del derecho, “[…] solicita que se
condene a la entidad demandada a reconocerle la pensión sanción establecida en
el artículo 8 de la Ley 171 de 1961 a partir del 12 de abril de 2014; prestación que
deberá ser liquidada con el promedio del salario devengado entre el 9 de febrero de
1990 y el 8 de febrero de 1991, debidamente actualizado e indexado a la fecha del
reconocimiento […]”.

4. El Juzgado Cuarenta y Nueve Administrativo Oral del Circuito de Bogotá, profirió
sentencia de primera instancia el 30 de junio de 2021, por medio de la cual negó las
pretensiones de la demanda.

5. La Subsección B de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca profirió sentencia de segunda instancia el 18 de noviembre de 2022,
resolviendo lo siguiente:

“[…] PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 30 de junio de 2021 por el
Juzgado Cuarenta y Nueve (49) Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bogotá,
por medio de la cual negó las pretensiones de la demanda, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta decisión. […]”.

5.1. Consideró que:

“[…] Por medio de providencia de 18 de agosto de 2018, el Consejo Superior de la
Judicatura Sala Jurisdiccional Disciplinaria dirimió el conflicto, en el sentido de asignar
la competencia a la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, representada en el
Juzgado 49 Administrativo de Bogotá, toda vez que, el demandante ostentó la calidad
de empleado público.

En ese orden, no es posible entrar a verificar si el aquí demandante tenía o no la
condición de trabajador oficial, pues ello ya fue definido en su momento por la entidad

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Actor: Pablo Emilio Ramírez Cordón

que tenía competencia para ello, según las atribuciones concedidas por el numeral 6º
del artículo 256 de la Constitución Política, en consonancia con lo previsto en el
numeral 2º del artículo 112 de la Ley 270 de 19961.

Respecto de la no vulneración del artículo 128 de la Constitución Política, pues en
criterio del demandante lo recibido por concepto de pensión de vejez por parte de
Colpensiones no hace parte del ejercicio de sus funciones y la pensión sanción que
reclama no es consecuencia de las funciones como servidor público. La Sala advierte,
que al estar probado dentro del proceso que su condición es la de empleado público,
no hay lugar a entrar a definir si tiene o no derecho a la pensión sanción y, por ende,
si esta es compatible con la pensión de vejez que le fuera otorgada por Colpensiones.

Tal como lo estableció la Corte Constitucional en la sentencia C-664 de 1994, la
pensión sanción está restringida para trabajadores privados u oficiales que cumplan
con los supuestos descritos en el artículo 8 de la Ley 171 de 1961. Al no cumplirse la
condición de trabajador oficial en la titularidad del demandante, no resulta coherente
emitir un pronunciamiento frente a si aquella le sería compatible con la pensión de
vejez, en el entendido que solo ello es posible si se definiera el derecho y así con las
particularidades del caso establecer dicho aspecto.

En este orden de ideas, al no prosperar los argumentos expuestos por el actor en su
recurso de apelación, la sentencia de primera instancia será confirmada.

No habrá lugar a condena en costas, en esta instancia, por no reunirse los
presupuestos exigidos en el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, en concordancia
con el artículo 365 […]”.

La solicitud de tutela

Pretensiones

6. El actor solicitó en su escrito de tutela:

“[…] Respetuosamente le solicito a su despacho se sirva tutelar a mi favor los
Derechos Fundamentales invocados, ordenando al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO
DE CUNDINAMARCA anule la sentencia proferida el 18 de noviembre de 2022 en
el proceso 2016-00298-01, y emita una sentencia que se sustente en las vías del
derecho […]”.

1
“[…] ARTÍCULO 112. FUNCIONES DE LA SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA DEL CONSEJO
SUPERIOR DE LA JUDICATURA. Corresponde a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de
la Judicatura: (…) 2. Dirimir los conflictos de competencia que ocurran entre las distintas jurisdicciones, y entre
éstas y las autoridades administrativas a las cuales la ley les haya atribuido funciones jurisdiccionales, salvo los
que se prevén en el artículo 114, numeral tercero, de esta Ley y entre los Consejos Seccionales o entre dos
salas de un mismo Consejo Seccional […]”.

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Actor: Pablo Emilio Ramírez Cordón

6.1. El actor en su escrito de tutela señaló que la Subsección B de la Sección
Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca incurrió en un i) defecto
fáctico, en la causal de ii) decisión sin motivación y en la causal de iii) error inducido.

Actuación

7. El Despacho Sustanciador de la Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante
auto de 31 de julio de 2023; i) admitió la acción de tutela; ii) ordenó notificar a la
Subsección B de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca; y
iii) vinculó al Juzgado Cuarenta y Nueve Administrativo Oral del Circuito de Bogotá y a
la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y el Fondo de Prestaciones
Económicas, Cesantías y Pensiones – FONCEP-, en calidad de terceros con interés
legítimo, concediéndoles el término de tres (3) días para que rindieran informe sobre el
particular.

Intervenciones de la demandada y de los terceros con interés legítimo

8. La Subsección B de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca manifestó que no se cumple con el requisito general de la
inmediatez, toda vez que, “[…] la sentencia de segunda instancia fue proferida el 18
de noviembre de 2022 y notificada a las partes el 22 de los mismos mes y año,
afirmación que se puede constatar con la información registrada en el sistema
SAMAI y la página electrónica de la Rama Judicial […]”.

8.1. Al respecto consideró lo siguiente:

“[…] el accionante instauró la acción constitucional el 14 de julio de 2023, según
consulta en el sistema SAMAI, esto es, cuando ya había transcurrido más de 6 meses,
lapso que de conformidad con lo señalado por la Sala Plena del Consejo de Estado
en sentencia de 5 de agosto de 2015, dictada dentro del radicado No. 11001-03-15-
000-2012-02201-01 (IJ), con ponencia del doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez,
excede la regla general que adoptó esa Corporación, de considerar un plazo de seis
meses contados a partir de la notificación o ejecutoria de la sentencia, según el caso,
para determinar si la acción de tutela contra providencias judiciales se ejerce
oportunamente, pues superar este término, rompe el parámetro de la inmediatez
exigido para que pueda proceder el amparo constitucional invocado.

Además, el accionante no expone razón alguna que justifique su tardanza en la
presentación de la acción de tutela, lo cual desconoce los criterios sentados por la

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Actor: Pablo Emilio Ramírez Cordón

Corte Constitucional para que el juez de tutela establezca su procedibilidad en caso
de duda acerca del cumplimiento del requisito de inmediatez […]”.

[…]

“[…] En ese sentido debo reiterar, que el aquí accionante no adujo motivo alguno que
justificara su demora, por lo que la acción de tutela debe declararse improcedente al
no cumplir con el requisito de la inmediatez, lo cual denota la inexistencia del perjuicio
que presuntamente se causó con la sentencia cuestionada; no obstante, si se
considera que se cumple con los requisitos para que sea admitida, deben negarse las
pretensiones solicitadas, dado que los vicios para sustentar su procedibilidad no están
demostrados […]”.

9. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social- UGPP solicitó declarar improcedente la
solicitud de amparo, “[…] al no existir vulneración de derecho fundamental alguno
de la accionante por parte de la Unidad […]”.

10. El Juzgado Cuarenta y Nueve Administrativo del Circuito de Bogotá solicitó que
se declare improcedente la acción de tutela, en la medida que, “[…] no se configuran
las causales para controvertir las decisiones judiciales ni se ha vulnerado derecho
fundamental alguno […]”.

11. El Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones – FONCEP
solicitó declarar improcedente la acción de tutela, toda vez que, “[…] el señor Pablo
Emilio Ramírez, ostentó la calidad de empleado público en su desvinculación laboral
con la Empresa Distrital de Servicios Públicos -EDIS, motivo por el cual no es
acreedor del reconocimiento de la pensión de sanción […]”.

La sentencia impugnada

12. La Sección Quinta del Consejo de Estado profirió sentencia, en primera instancia,
el 30 de agosto de 2023, por medio de la cual resolvió lo siguiente:

“[…] SEGUNDO: DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la acción instaurada por el
señor Pablo Emilio Ramírez Cordón, por lo explicado […]”.

12.1. Como fundamento de su decisión consideró lo siguiente:

“[…] 41. Respecto del acatamiento del requisito de inmediatez la Sala encuentra que
este no se encuentra superado. Lo anterior, por cuanto la providencia del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Seccion (sic) Segunda, Subseccion (sic) B, que se
acusa como vulneradora, fue proferida el 18 de noviembre de 2022 y notificada

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Actor: Pablo Emilio Ramírez Cordón

mediante correo electrónico enviado el 22 de noviembre de 2022, como consta en el
aplicativo Samai, por lo que cobró ejecutoria el 29 del mismo mes y año. 42.

En tal sentido, teniendo en cuenta que la acción de tutela se radicó el 14 de julio de
2023, se advierte que transcurrieron casi 8 meses, plazo que no resulta razonable
para esta Sala, aunado a que la parte actora no justificó la tardanza de la interposición
de la acción constitucional […]”.

[…]

“[…] 44. Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala advierte que transcurrieron casi 8
meses entre la ejecutoria de la providencia cuestionada y la interposición de este
medio de amparo. En ese orden de ideas y dado que la parte actora no justificó
ninguna de las excepciones anteriormente señaladas como criterios que flexibilizan
el requisito de inmediatez, se declarará la improcedencia de la acción.

2.6. Conclusión

45. El tiempo que dejó transcurrir la parte accionante para alegar la vulneración de
sus derechos fundamentales, sin evidenciarse justificación razonable sobre el mismo,
desconoce el requisito de inmediatez y, por tanto, resulta improcedente la solicitud de
amparo […]”.

La impugnación

13. El actor impugnó la sentencia proferida por la Sección Quinta del Consejo de
Estado por las siguientes razones:

“[…] En tratándose de la actividad judicial de mi proceso, he de referir que, si bien lo
afirmado en el fallo de primera instancia es cierto, no es menos cierto que, en el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca se me informo (sic) que el expediente debía
regresar al Juzgado Administrativo de origen y allí en el Juzgado de origen yo debía
esperar a que sacaran la última decisión y solo hasta ese momento se terminaba el
proceso.

Bajo ese entendido, se tiene que LA ULTIMA ACTUACION DEL PROCESO
adelantado por el suscrito bajo el radicado No. 11001334204920160029800, data del
26 DE ENERO DE 2023, fecha en la cual, se emite el auto de obedézcase y cúmplase,
el cual, es notificado por estado el 30 DE ENERO DE 2023.

Es indiscutible que, la fecha que ha de tenerse en cuenta para los seis meses que
refiere el requisito de la inmediatez es la de la última actuación del proceso bajo el
radicado No. 11001334204920160029800, esto es, el 30 DE ENERO DE 2023; así
las cosas, al radicar la presente tutela no habían transcurrido los seis meses […]”.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia de la Sala

14. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad con
los artículos 1.º y 32 del Decreto núm. 2591 de 19 de noviembre de 1991, por el cual

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Actor: Pablo Emilio Ramírez Cordón

se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución
Política, en concordancia con el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de abril de 20212 y
en armonía con el Acuerdo 377 del 11 de diciembre de 20183 y con el artículo 13
del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019, que asigna a esta sección el conocimiento
de las acciones de tutela.

Generalidades de la acción de tutela

15. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario,
destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales
fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades
públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a
falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo
transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.

Problema jurídico

16. Corresponde a la Sala establecer: i) si, en efecto, es procedente la acción de
tutela acreditándose el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad
de la acción de tutela contra sentencias judiciales, concretamente si se cumplió con
el requisito general de la inmediatez.

17. Para resolver el presente problema jurídico esta Sala analizará los siguientes
temas: i) procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales; ii)
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela cuando se dirige contra
providencias judiciales; iii) marco normativo y jurisprudencial del derecho
fundamental al debido proceso; iv) marco normativo y jurisprudencial del derecho
fundamental al acceso a la administración justicia procediendo posteriormente a
v) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y
cuando, se satisfagan los requisitos generales.

Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

18.Con ocasión de la acción de tutela instaurada por la señora Nery Germania

2 “Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único

Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
3 “Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado.”

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Actor: Pablo Emilio Ramírez Cordón

Álvarez Bello, en un asunto que fue asumido por importancia jurídica por la Sala
Plena4, en sentencia de 31 de julio de 2012, consideró necesario admitir que debe
acometerse el estudio de fondo de la acción de tutela cuando se esté en presencia
de providencias judiciales – sin importar la instancia y el órgano que las profiera -
que resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los
parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente y los que en el futuro
determine la ley y la propia doctrina judicial.

Requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra
decisiones judiciales

19. Esta Sección adoptó5 como parámetros a seguir los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 20056, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de
los demás pronunciamientos que esta Corporación elabore sobre el tema.

20. Por lo anterior, y con el fin de hacer operante la nueva posición jurisprudencial,
estableció como requisitos generales de procedibilidad de esta acción
constitucional, cuando se dirige contra decisiones judiciales: i) la relevancia
constitucional del asunto; ii) el uso de todos los medios de defensa judiciales salvo
la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de
inmediatez; iv) la existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo en la
providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos
causantes de la vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que no se trate de
tutela contra tutela.

21. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial: en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo término, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales, permitiéndole de esta manera

4 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C.P. Dra. María

Elizabeth García González, Expediente identificado con número de radicación: 2009-01328.
5 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C, P. María

Elizabeth García González, número único de radicación 2009-01328.
6 Corte Constitucional, Sentencia de 8 de junio de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.

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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-03836-01
Actor: Pablo Emilio Ramírez Cordón

“dejar sin efecto o modular la decisión”7 que encaje en dichos parámetros.

22. Se trata, entonces, de una rigurosa y cuidadosa constatación de los
presupuestos de procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar
que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer
principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido
proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso
jurisdiccional.

23.El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 20148.

Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la
acción de tutela en el caso concreto

24.La Sala estudiará la procedencia de la acción de tutela bajo la premisa del
cumplimiento del requisito general de inmediatez como requisito general de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, dispuesto por
la sentencia C-590 de 2005, proferida por la Corte Constitucional9.

Acerca del requisito general de inmediatez dentro del marco de la acción de
tutela

25.Si bien es cierto el Decreto 2591 de 19 de noviembre de 199110 estableció que
la acción de tutela puede presentarse en todo momento, no significa que no deba
interponerse dentro de un plazo razonable. La Corte Constitucional en la sentencia
SU-961 de 199911 dijo:

“[…] La inexistencia de un término de caducidad no puede significar que la acción
de tutela no deba interponerse dentro de un plazo razonable. La razonabilidad de
este plazo está determinada por la finalidad misma de la tutela, que debe ser
ponderada en cada caso concreto. De acuerdo con los hechos, entonces, el juez
está encargado de establecer si la tutela se interpuso dentro de un tiempo prudencial
y adecuado, de tal modo que no se vulneren derechos de terceros.

7 Corte Constitucional. Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, M.P. Mauricio González Cuervo.
8 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 4 de agosto de 2014, C.P Jorge

Octavio Ramírez Ramírez, número único de radicación: 11001031500020120220101.
9 Corte Constitucional. Sentencia C- 590 de 8 de junio de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
10 "Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política"
11 Corte Constitucional, sentencia SU-961 de 1 de diciembre de 1999, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.

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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-03836-01
Actor: Pablo Emilio Ramírez Cordón

Si bien el término para interponer la acción de tutela no es susceptible de
establecerse de antemano de manera afirmativa, el juez está en la obligación de
verificar cuándo ésta no se ha interpuesto de manera razonable, impidiendo que se
convierta en factor de inseguridad, que de alguna forma afecte los derechos
fundamentales de terceros, o que desnaturalice la acción […]”.

26.Ahora bien, el Consejo de Estado frente al cumplimiento del requisito general
de inmediatez dentro del marco de la acción de tutela contra providencias judiciales
en sentencia de unificación dijo:

“[…] Anótese que el término o plazo de inmediatez no es único. Eso explica que las
diversas secciones del Consejo de Estado hayan fijado pautas diferentes sobre este
aspecto.

Por eso, la Sala Plena, como regla general, acoge un plazo de seis meses, contados
a partir de la notificación o ejecutoria de la sentencia, según el caso, para determinar
si la acción de tutela contra providencias judiciales se ejerce oportunamente. Se ha
estimado como aceptable ese plazo, teniendo en cuenta la naturaleza del acto
jurisdiccional, los plazos previstos en la ley para la interposición de los recursos
ordinarios y extraordinarios contra las mismas, el derecho a la tutela judicial efectiva
y la necesidad de que las situaciones jurídicas resueltas logren certeza y estabilidad.
La regla general del plazo de seis meses se acoge, además, teniendo en cuenta: i)
que el plazo ha sido considerado como razonable por la jurisprudencia de la Corte
Constitucional y; (ii) se trata de una decisión judicial adoptada en un proceso
jurisdiccional […]12.

27. Con fundamento en la anterior regla jurisprudencial, es posible advertir que la
acción de tutela contra providencias judiciales debe interponerse dentro de los seis
meses siguientes a la notificación de la providencia, para efectos de acreditar el
cumplimiento del requisito de inmediatez.

28. Además, la Corte Constitucional en jurisprudencia reiterada ha dicho13:

“[…] Más recientemente, la Sala Octava de Revisión, en sentencia T- 322 del 10 de
abril de 200814, estimó que, al momento de determinar si se presentaba el fenómeno
de la inmediatez en materia de acción de tutela contra providencias judiciales, era
necesario examinar los siguientes aspectos: (i) si obra en el expediente prueba
alguna que justifique la inactividad del peticionario en cuestionar en sede de
amparo la constitucionalidad de la providencia; (ii) si se está en presencia de
un sujeto de especial protección o de una persona que se encontrase en una
situación de especial indefensión; y (iii) la existencia de un plazo
razonable.[…]”.

12 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de Unificación del 5 de agosto

de 2014, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, número único de radicación: 11001-03-15-000-2012-02201-01.
13 Corte Constitucional, sentencia T-395 de 24 de mayo de 2010, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
14 Corte Constitucional, sentencia T- 322 del 10 de abril de 2008, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.

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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-03836-01
Actor: Pablo Emilio Ramírez Cordón

29. De igual manera frente al tema y concretamente cuando se trata del
reconocimiento de prestaciones periódicas, esta Sección ha dicho15:

“[…]…la Sala (Expediente nro. 2013-02423-0116, Actora: Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales
de la Protección Social -UGPP-), concluyó que “[…]siempre que se trate de
una acción de tutela contra providencia judicial que verse sobre prestaciones
periódicas, se realizará el análisis del cumplimiento de los requisitos
generales de procedibilidad, incluido el de inmediatez, el cual deberá
efectuarse desde los criterios de i) que se demuestre que la vulneración
de los derechos permanezca, esto es, que sea continua y actual, pese a
que el hecho que la originó sea muy antiguo respecto de la presentación
de la tutela; y ii) que el actor se encuentre en condición de debilidad
manifiesta […]”.

Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al debido proceso

30.Visto el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:

“[…] ARTICULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones
judiciales y administrativas.

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le
imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las
formas propias de cada juicio.

En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará
de preferencia a la restrictiva o desfavorable. […]”.

31. Atendiendo a que, la Corte Constitucional17 ha definido el derecho al debido
proceso, como “[…] el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico,
a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación
judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se
logre la aplicación correcta de la justicia. […]”, y ha recordado que “[…] En virtud del
citado derecho, las autoridades estatales no podrán actuar en forma omnímoda,
sino dentro del marco jurídico definido democráticamente, respetando las formas

15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 4 de mayo de

2018, C.P María Elizabeth García González, número único de radicación: 11001-03-15-000-2018-00293-00
16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 22 de mayo de

2014, C.P Marco Antonio Velilla Moreno, número único de radicación: 11001-03-15-000-2013-02423-01.
17 Corte Constitucional, Sentencia C 980 de 1º. de diciembre de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

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Actor: Pablo Emilio Ramírez Cordón

propias de cada juicio y asegurando la efectividad de aquellos mandatos que
garantizan a las personas el ejercicio pleno de sus derechos[…]” de manera que ha
resaltado que el derecho al debido proceso tiene como propósito “[…] la defensa y
preservación del valor material de la justicia, a través del logro de los fines
esenciales del Estado, como la preservación de la convivencia social y la protección
de todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes y demás
derechos y libertades públicas (preámbulo y artículos 1° y 2° de la C.P) […]”.

Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental de acceso a la
administración de justicia

32.Visto el artículo 229 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:

“[…] ARTICULO 229. Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la
administración de justicia. La ley indicará en qué casos podrá hacerlo sin la
representación de abogado. […]”

33. Atendiendo a que, la Corte Constitucional18 ha entendido el derecho de acceso
a la administración de justicia, “[…] como la posibilidad reconocida a todas las
personas de poder acudir, en condiciones de igualdad, ante las instancias que
ejerzan funciones de naturaleza jurisdiccional que tengan la potestad de incidir de
una y otra manera, en la determinación de los derechos que el ordenamiento jurídico
les reconoce, para propugnar por la integridad del orden jurídico y por la debida
protección o restablecimiento de sus derechos e intereses legítimos, con estricta
sujeción a los procedimientos previamente establecidos y con plena observancia de
las garantías sustanciales y procedimentales previstas en la Constitución y la ley
[…]”.

Análisis del caso en concreto

34. La Sala estudia si en el presente caso se cumple con el requisito general de
inmediatez.

18 Corte Constitucional, Sentencia T 799 de 21 de octubre de 2011, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto

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Actor: Pablo Emilio Ramírez Cordón

35.Visto el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales en la parte
considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo
probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el
caso concreto.

36.La Sala procederá a apreciar y valorar todas las pruebas decretadas y
aportadas, de conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del
artículo 176 del Código General del Proceso, aplicando para ello las reglas de la
lógica y la certeza que sobre determinados hechos se requiere para efectos de
decidir lo que en derecho corresponda, en relación con los problemas jurídicos
planteados en la acción de tutela e impugnación.

Acervo y análisis probatorios

37. Dentro del expediente que contiene la acción de tutela se encuentra lo siguiente:

37.1. Copia de la sentencia de segunda instancia proferida por la Subsección B de
la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el 18 de
noviembre de 2022.

Solución al caso en concreto

Análisis del cumplimiento del requisito general de inmediatez

38.En el expediente está plenamente acreditado que i) la Subsección B de la
Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca profirió la sentencia
el 18 de noviembre de 2022, la cual quedó notificada el 24 de noviembre de 202219;
y ii) el actor presentó la acción de tutela el 14 de julio de 202320, es decir que, desde
el 25 de noviembre de 2022 (día en el que empezaron a correr los términos una

19 Al respecto, la Sala precisa que la notificación personal se entiende realizada una vez transcurridos dos días

hábiles siguientes al envío del mensaje y los términos empezarán a correr a partir del día siguiente al de la
notificación. Por consiguiente, en el caso sub examine el mensaje de datos que puso en conocimiento la
providencia cuestionada se envió el 22 de noviembre de 2022, se entiende notificada personalmente el 24 de
noviembre de 2022 y los términos comenzaron a correr a partir del 25 de noviembre de 2022.
20 Cfr. Índice 2 de SAMAI, documento denominado “ED_CORREO_JUANSEBASTI(.pdf) NroActua 2”. Archivo

aportado en forma digital.

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Actor: Pablo Emilio Ramírez Cordón

vez surtida la notificación personal) a la fecha de presentación de la acción de
tutela, el actor presentó la acción de tutela por fuera del plazo razonable.

39. Con base en lo anterior, la Sala considera que la acción de tutela fue presentada,
superando el plazo razonable de los seis (6) meses, término que como se señaló
con anterioridad, ha sido establecido tanto por la jurisprudencia de la Corte
Constitucional como del Consejo de Estado.

40.No obstante, la misma jurisprudencia ha considerado que el requisito general de
inmediatez dentro del marco de la acción de tutela contra providencias judiciales
debe ser analizado en cada caso concreto, y que existen situaciones especiales que
permiten establecer un plazo superior al determinado21, como por ejemplo en los
casos donde se controvirtieren asuntos sobre prestaciones periódicas, donde se
deben verificar los requisitos antes mencionados en la parte motiva de esta
sentencia como lo son: “[…] que se demuestre que la vulneración de los derechos
permanezca, esto es, que sea continua y actual, pese a que el hecho que la originó
sea muy antiguo respecto de la presentación de la tutela; y ii) que el actor se
encuentre en condición de debilidad manifiesta […]”. (Subrayado por la Sala).

41.En el análisis del caso concreto, se cumple el primer requisito toda vez que la
pensión constituye una prestación periódica y la presunta vulneración alegada es
continua y actual, teniendo en cuenta que lo que se procura es que tal prestación le
sea reconocida.

42.En cuanto al segundo requisito, relativo a la condición de debilidad manifiesta 22,
conviene traer a colación las precisiones hechas por esta Sección en sentencia de
28 de mayo de 201523, por medio del cual unificó su jurisprudencia en cuanto a la

21 Corte Constitucional, Sentencia T-395 de 24 de mayo de 2010, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub
22 Sobre los sujetos de especial protección constitucional por encontrarse en una situación de debilidad
manifiesta con fundamento en el artículo 13 de la Constitución Política de 1991, ha dicho la Corte Constitucional:
“La categoría de sujeto de especial protección constitucional, según ha definido esta Corporación, está
constituida por aquellas personas que, debido a su condición física, psicológica o social particular merecen una
acción positiva estatal para efectos de lograr una igualdad efectiva. Así se ha considerado que entre los grupos
de especial protección constitucional se encuentran los niños, los adolescentes, los ancianos, los disminuidos
físicos, síquicos y sensoriales, las mujeres cabeza de familia, las personas desplazadas por la violencia y
aquellas que se encuentran en situación de extrema pobreza. “( Corte Constitucional, Sentencia T-979 de 19
de diciembre de 2011, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.)
23. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección primera, sentencia de 28 de mayo de

2015, C.P María Elizabeth García González, número único de radicación: 11001-03-15-000-2015-00001-01.

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Actor: Pablo Emilio Ramírez Cordón

aplicación de los criterios que deben tenerse en cuenta para analizar el requisito de
la inmediatez en estos casos particulares, especialmente, el que hace referencia a
la “condición de debilidad manifiesta”, en donde señaló que:

“[…] Pues bien, comoquiera que por medio de la providencia transcrita, se
estableció “el criterio que, en adelante observará la Sala para analizar la
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias que traten de
prestaciones periódicas”; en casos como el presente, en que se controvierte
una sentencia relacionada con la reliquidación de una prestación periódica,
se ha acudido al citado lineamiento Jurisprudencial de manera
invariable, para determinar si el hecho de haber superado el plazo prudencial
para interponer la acción de tutela merece ser tratado en forma especial, esto
es, a la luz de los criterios de ”que i) se demuestre que la vulneración de los
derechos permanece en el tiempo, esto es, que es continua y actual, pese a
que el hecho que la originó sea muy antiguo respecto de la presentación de
la tutela; y que ii) el actor se encuentre en un condición de debilidad
manifiesta.”

Sin embargo, cuando el tema ha involucrado prestaciones periódicas en las
modalidades de pensión o asignación de retiro, la aplicación de dichos
criterios frente al requisito de la inmediatez, en cada caso concreto, ha dado
lugar a soluciones divergentes, habida cuenta de que la Sala ha aceptado que
el pensionado, por el simple hecho de serlo, ostenta una calidad que le
permite enervar dicho requisito de procedibilidad, pero también ha entendido
que en ocasiones se requieren elementos adicionales a tal condición para
proceder al estudio de fondo.

[…]

Dichas divergencias merecen ser precisadas y, por lo tanto, en esta
oportunidad la Sala, con el propósito de unificar su Jurisprudencia,
determinará como lineamiento único y preciso, en cuanto a la exigencia o no
del requisito de inmediatez de la tutela contra providencias judiciales, cuando
el solicitante del amparo constitucional es un pensionado o persona que
goza de Asignación de Retiro, que tal condición no es per se circunstancia
que permita enervar el citado requisito, habida cuenta de que es necesario
que confluyan elementos adicionales que permitan concluir que el actor se
encuentra en “la especial situación” que “convierte en desproporcionado
el hecho de adjudicarle la carga de acudir a un juez; por ejemplo el
estado de indefensión, interdicción, abandono, minoría de edad,
incapacidad física, entre otros”, tal como lo ha señalado la Corte
Constitucional en sentencia T-158 de 2006 y esta Sala en el Expediente núm.
2013-02423-01, Consejero Ponente doctor Marco Antonio Velilla Moreno.

Obsérvese que la Corte cita, solo a manera de ejemplo, algunas
circunstancias que pueden tenerse en cuenta para determinar si el actor está
o no en una ESPECIAL SITUACIÓN, que justifique su inactividad en el tiempo
frente a la defensa de sus derechos, dentro de las cuales sugiere “el estado
de indefensión, abandono, minoría de edad, incapacidad física, entre
otras…” sin que éstas constituyan taxatividad alguna. Justamente por ello,
esta Sala introdujo dentro de dicha lista al pensionado, por tratarse de un

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sujeto de protección especial, conforme lo ha determinado la Jurisprudencia
Constitucional.

Pero, ocurre que el concepto de sujeto de especial protección incluye, además
de los pensionados, a otros grupos de personas, tales como: indígenas,
padres y madres cabeza de familia, mujer embarazada, menores de edad,
minusválidos, ancianos, defensores de derechos humanos, enfermos graves,
desplazados, entre otros; sin que sea aceptable concluir que en todos los
casos, éstos resulten eximidos de cumplir el requisito de procedibilidad de
inmediatez, cuando acudan a la tutela para obtener la pérdida de efectos de
una providencia judicial, por el solo hecho de ser denominados sujetos de
especial protección[…]”.

43. Al respecto, se advierte que el actor no demostró, ni siquiera con prueba
sumaria, que se encontraba en un estado de debilidad manifiesta que justificara su
inactividad por más de seis (6) meses para interponer este mecanismo de
protección constitucional contra la providencia que presuntamente vulneró sus
derechos fundamentales invocados supra, ni demostró que la providencia objeto de
la acción de tutela no le hubiera sido notificada en debida forma como hecho
relevante que justificaba la tardanza en la interposición de la acción y flexibilizar el
término de inmediatez.

44. Ahora bien, la Corte Constitucional, en sentencia de unificación SU – 354 de
201724, reiteró la importancia del requisito general de inmediatez en la acción de
tutela contra providencias judiciales, sin embargo, al decidir este caso hizo una
excepción en el término de los seis meses establecidos por regla general como
tiempo razonable para la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales, haciendo un análisis particular del caso, por lo que consideró que la
acción de tutela en el caso bajo estudio procedía diez meses después de haber sido
notificada la decisión que se controvertía en la acción de tutela. La anterior decisión
se tomó con fundamento en la existencia de un hecho relevante que justificaba la
tardanza en la interposición de la acción, circunstancia que no se observa en el
presente caso.

45. En ese orden de ideas, para la Sala no se cumple con el requisito general de
inmediatez dentro del marco de la acción de tutela contra providencias judiciales,
toda vez que se interpuso por fuera del plazo razonable, teniendo en cuenta que
con fundamento en la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de

24 Corte Constitucional, sentencia SU-354 de 25 de mayo de 2017, M.P. Iván Humberto Escrucería.

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Actor: Pablo Emilio Ramírez Cordón

Estado, el amparo debe ser presentado dentro de los seis (6) meses siguientes
contados a partir de la notificación de la providencia.

Conclusiones de la Sala

46. Con fundamento en lo anterior, la Sala declarará improcedente la solicitud de
amparo, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

III. RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de tutela de 30 de agosto de 2023 proferida
por la Sección Quinta del Consejo de Estado, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto Ley núm.
2591 de 1991, dentro de los diez (10) siguientes a la ejecutoria de esta sentencia,
REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado

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Actor: Pablo Emilio Ramírez Cordón

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera
en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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