Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-03838-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-03838-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2023-03838-01
Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto
25 de enero de 2024
Radicado: 11001-03-15-000-2023-03838-01
Demandante: Proyectos de Infraestructura S.A. PISA
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
Consejera Ponente: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Bogotá, D.C., veinticinco (25) de enero de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-03838-01
Demandante: PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA S.A. PISA
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA,
JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE
BUGA, MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA Y DIDIER
HERNÁN RESTREPO VALENCIA
Temas: Tutela contra providencia judicial. Medio de control de reparación
directa. Decisión que declara responsable de los daños ocasionados
a la concesionaria Proyectos de Infraestructura S.A. PISA. Defectos
sustantivo y fáctico
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la impugnación
presentada por la parte actora, por conducto de apoderado judicial, contra la
sentencia de 22 de septiembre de 2023, proferida por la Sección Tercera,
Subsección “C” del Consejo de Estado, en la que declaró improcedente la acción
de tutela por desatender los requisitos generales de falta de relevancia
constitucional y de subsidiaridad.
I. ANTECEDENTES
1. Hechos
La parte accionante relató que el 30 de diciembre de 1993 suscribió el contrato de
concesión No. 001 de 1993, cuyo objeto establece: “…EL CONCESIONARIO se
obliga por medio de este contrato de obra pública por el sistema de concesión, según lo
establecido en el decreto Extraordinario Departamental 1300/92, a construir, conservar,
mantener, explotar y operar la segunda calzada de la vía que une a las ciudades de Buga
– Tuluá – La Paila (cruce de la alambrada), y a rehabilitar, conservar, mantener, explotar y
operar la calzada existente entre las ciudades de Buga – Tuluá – La Paila (Cruce de la
alambrada) las cuales deben hacerse en un todo de acuerdo con las condiciones,
términos, alcances y obligaciones establecidas en este documento, en el pliego de
condiciones y en la propuesta del Concesionario Aceptada por el Departamento del Valle
del Cauca mediante la resolución de adjudicación 0832 del 30 de Noviembre de 1993”.
Expuso que el señor Didier Hernán Restrepo Valencia ejerció el medio de control
de reparación directa, con el fin de que se declarara la responsabilidad
administrativa y extracontractual del municipio de Guadalajara de Buga, derivada
de las presuntas lesiones que sufrió el 10 de octubre de 2012 como consecuencia
de la caída de un muro de propiedad de la entidad territorial demandada, cuando
“transitaba en la zona verde contigua a la doble calzada que conduce de Buga a
Tuluá a la altura de la zona urbana del Barrio Palo Blanco, municipio de
Guadalajara de Buga”.
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Demandante: Proyectos de Infraestructura S.A. PISA
Mencionó que en la audiencia inicial, el Juzgado Segundo Administrativo del
Circuito de Buga ordenó la vinculación de Proyectos de Infraestructura S.A. PISA,
(en adelante sociedad PISA) y que mediante sentencia de 28 de agosto 2017, el
Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Buga, declaró administrativa y
patrimonialmente responsable al municipio de Buga por las lesiones padecidas por
el señor Didier Hernán Restrepo Valencia el 10 de octubre de 2012 y, como
consecuencia, condenó a la entidad territorial al pago de 10 SMMLV.
Indicó que en la decisión el juez de primera instancia hizo énfasis en la falta de
legitimación en la causa por pasiva de la sociedad PISA, en los siguientes
términos: “las pretensiones se dirigieron contra el municipio de Buga, empero, por alguna
razón que este director del proceso no entiende, el anterior titular del despacho ordenó la
vinculación, como litisconsorte, de la sociedad Proyectos de Infraestructura S.A. – Pisa-
en calidad de concesionaria de la mencionada carretera, cuando realmente no hay una
relación jurídica entre una y otra entidad, ya se esta compañía firmó un contrato de
concesión con el Departamento del Valle del Cauca para la construcción de la doble
calzada Buga- Tuluá- La Paila en el cual se estipuló que sería la encargada del
mantenimiento, conservación y cuidado de dicha vía”.
Por último, sostuvo que contra la precitada sentencia el municipio de Buga y el
señor Didier Hernán Restrepo Valencia interpusieron recurso de apelación, el cual
fue resuelto por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en fallo de 28 de
febrero de 2023, en el que revocó los numerales primero y segundo de la parte
resolutiva de la decisión y, en su lugar, condenó a la sociedad PISA a pagar la
suma equivalente a 10 SMMLV por los perjuicios morales causados al
demandante. En lo demás la confirmó la decisión1.
2. Fundamentos de la acción
La parte actora presentó acción de tutela con el objeto de que se amparen los
derechos fundamentales al debido proceso y a la tutela judicial efectiva,
supuestamente vulnerados con la sentencia de 28 de febrero de 2023, proferida
por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que revocó parcialmente la
decisión favorable de 28 de agosto de 2017, emanada del Juzgado Tercero
Administrativo del Circuito de Buga y, en su lugar, condenó a la sociedad PISA al
pago de la suma de 10 SMMLV por los perjuicios morales causados al señor
Didier Hernán Restrepo Valencia, en el marco del el marco del medio de control de
reparación directa que se instauró contra el municipio de Buga.
Se refirió al cumplimiento de los presupuestos generales de procedencia de tutela
contra providencias judiciales, en tanto (i) el asunto tiene relevancia constitucional
porque involucra la protección de los derechos fundamentales que se vulneraron
con la sentencia de 28 de febrero de 2023; (ii) se agotaron todos los recursos
ordinarios de defensa disponibles en el trámite del proceso de reparación directa;
(iii) la acción se presentó dentro del plazo razonable y (iv) no se trata de tutela
contra tutela.
De otra parte, alegó que la autoridad judicial accionada incurrió en defecto
sustantivo, porque el tribunal basó su decisión en normas inexistentes, pues si
bien tuvo en cuenta algunos apartes de la Ley 1228 de 2008, la norma “no dice ni
que, en toda la extensión de las doble calzadas, la zona de retiro obligatorio es de 20
metros, ni que, las obras públicas o privadas existentes dentro de esos 20 metros o mejor,
dentro de la zona de retiro, sean de responsabilidad del operador vial”.
1 El 23 de marzo de 2023, la sociedad Proyectos de Infraestructura S.A. PISA presentó solicitud de aclaración
contra la sentencia de 28 de febrero de 2023, la cual la cual no había sido resuelta para el momento en el que
se interpuso la acción de tutela.
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Afirmó que se desconoció el parágrafo 3 del artículo 1 de la Ley 1228 de 2008 que
contempla la existencia de pasos urbanos y el Decreto 2976 de 2010, en el que se
establece que la zona de retiro es de cinco (5) metros, y no de veinte (20) como
finalmente concluyó el tribunal demandado.
Agregó que también se incurrió en el mencionado defecto por inaplicación de las
siguientes normas: Ley 9 de 1989, Ley 105 de 1993, artículo 678 Ley 1682 de
2013, Decreto 2770 de 1953, la Resolución No. 716 de 2015 de la Agencia
Nacional de Infraestructura - ANI y la circular No. 051 de 2016.
Así mismo, indicó que, en relación con “el derecho de vía”, el tribunal no tuvo en
cuenta las sentencias con radicados No. 73001-23-31-000-2010-00484-01 de 26
de abril de 2018, 17001-23-33-000-2017-00823-01 de 24 de octubre de 2019 y
13001-23-33-000-2018-00715-01 de 23 de julio de 2021 de la Sección Primera del
Consejo de Estado y T-206 de 30 de junio de 2021 de la Corte Constitucional.
Sostuvo que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca desconoció que la
responsabilidad de la concesionaria vial estaba determinada por el contrato de
concesión No. 001 de 1993 suscrito por la sociedad PISA y el departamento del
Valle del Cauca, por lo que no podía intervenir el muro que ocasionó las lesiones
al señor Didier Hernán Restrepo Valencia ni los 20 metros contiguos a la doble
calzada porque “hubiera incurrido en ocupación ilegal de bienes inmuebles ajenos
que además son públicos; cabe precisar que la zona del accidente es urbana y no
fue dada en concesión, sumado que en el lugar de la referencia se ubica un
polideportivo de propiedad del municipio y el muro que causó el daño hacia parte
del mobiliario del parque”.
Adujo que si bien, la concesionaria representa los intereses del departamento
frente a la vía concesionada, esto no es sinónimo de que sea solidariamente
responsable de las eventuales omisiones que hayan incurrido el municipio por
fuera del contrato de concesión.
Aseveró que el accidente del señor Didier Hernán Restrepo Valencia ocurrió en la
jurisdicción del municipio de Buga y el muro que causó las lesiones era de
propiedad de la entidad territorial, por lo que no es responsable de los daños
ocasionados.
Argumentó que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca incurrió en defecto
fáctico, porque no tuvo en cuenta que conforme con el Contrato de Concesión No.
001 de 1993, la sociedad PISA únicamente construyó el tramo de la vía
Panamericana a la altura de Buga en el sentido Sur - Norte y el siniestro objeto de
controversia ocurrió, en una zona urbana “exactamente junto al polideportivo del barrio
palo blanco municipio Buga”, en el sentido Norte-Sur.
Además, refirió que se incurrieron en los siguientes yerros probatorios:
“1. Dio por cierto sin serlo que mi poderdante tenía la obligación de intervenir el muro que
causó el daño al demandante.
2. Dio por cierto sin serlo que el lugar donde ocurrió el accidente objeto a reclamo es
adyacente a una vía de orden Nacional.
3. Dio por cierto sin serlo que la responsabilidad de la concesionaria vial se extiende a
reparar los daños causados por las omisiones de la Nación sobre bienes que no le fueron
concesionados.
5. Dio por cierto sin serlo que la vía concesionada es Nacional y no Departamental.
6. No tuvo en cuenta el alcance de la responsabilidad de la concesionaria vial, definidos en
el contrato de concesión”.
Finalmente, advirtió que la sentencia acusada “puede implicar una cascada de
demandas de responsabilidad contra constructores y operadores viales o contra el mismo
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Estado, por siniestros ocurridos en zonas de reserva o exclusión sin atender el alcance de
la responsabilidad del operador vial definido en el contrato de concesión”.
3. Pretensiones
En el escrito de tutela se formularon las siguientes:
PRIMERO: DEJE SIN VALOR Y EFECTOS JURÍDICOS LA SENTENCIA del 28 de
febrero de 2023 proferida por TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA,
y en su lugar, ordene a esta autoridad judicial que, en un lapso no mayor a 20 días,
profiera una providencia de reemplazo en el proceso con Radicado 76111-33-33- 003-
2014-00350-01 en la que se aplique la ley y la jurisprudencia expuesta en esta acción”.
4. Pruebas relevantes
La parte actora allegó el link del proceso de reparación directa, radicado No. 76-
111-33-33-003-2014-00350-01, actor: Didier Hernán Restrepo Valencia.
5. Trámite procesal
Por auto de 25 de julio de 2023, el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección “C”, admitió la acción de tutela, razón por la cual ordenó notificar a la
parte demandante, al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, así como al
Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Buga, al municipio de Guadalajara
de Buga y a Didier Hernán Restrepo Valencia, como terceros interesados en el
proceso.
6. Oposición
6.1. Respuesta del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
El magistrado ponente de la decisión cuestionada rindió informe sobre los hechos
y las pretensiones de la demanda, en los siguientes términos:
Comenzó por efectuar un resumen de las actuaciones adelantadas en las etapas
del proceso y señaló que, en la sentencia de segunda instancia, revocó la decisión
del a quo que había accedido a las pretensiones.
Afirmó que encontró probado que la sociedad Proyectos de Infraestructura PISA
S.A., era quien debía responder por los daños ocasionados por la omisión en el
adecuado mantenimiento de la vía con fundamento en que la zona donde
ocurrieron los hechos corresponde a un sector del municipio de Buga, el cual era
objeto de una concesión, por lo que en virtud de la Ley 1228 de 2008, que dispone
“no permitir que otros sujetos intervengan en zonas, fajas o áreas, debido a que es una
imposición de mantenimiento para una entidad y de exclusión o retiro obligatorio para
todas las demás”, el municipio estaba excluido.
Además, indicó que en el contrato de concesión que el departamento del Valle del
Cauca suscribió con la Sociedad Proyectos de Infraestructura S. A. PISA1, el
municipio de Buga no interviene, por lo que insistió en que la entidad territorial
estaba excluida de responsabilidad.
Por lo anterior, sostuvo que “i) La vía es de primer orden y de la Nación, la misma que
autorizó al Departamento del Valle a celebrar el contrato de concesión sobre la misma; ii)
Por ser de doble calzada, tiene una zona de exclusión de mínimo 20 metros a lado y lado
de la vía; iii) Es por lo anterior que la Nación o su contratista son quienes pueden
construir, hacer mejoras, se excluyen las demás entidades, las diferentes a aquellas, así
sea en territorio de una localidad como el municipio de Buga, porque en esa zona aledaña
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de la doble calzada, se insiste la Nación y el concesionario son los que pueden intervenir;
y iv) Por ser zonas de interés público la Nación se debió contar con reserva presupuestal
para adquirir las franjas de terreno, indemnizando a sus dueños, significando con ello que
no le pertenece al municipio, a nadie diferente a aquella entidad”.
Para terminar, sostuvo que se ratifica en los argumentos expuestos en la
sentencia de 28 de agosto de 2017, por lo que solicitó que se negara el amparo
solicitado por la ausencia de vulneración de los derechos fundamentales.
6.2. Respuesta del Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Buga
El titular del despacho manifestó que tramitó el medio de control de reparación
directa instaurado por el señor Didier Hernán contra el municipio de Buga y que,
por medio de sentencia de 28 de agosto de 2017, declaró administrativa y
patrimonialmente responsable a la entidad territorial accionada, decisión que fue
recurrida por las partes, por lo que remitió el proceso al Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca para su estudio.
6.3. Respuesta del municipio de Guadalajara de Buga
El jefe de la Oficina Asesora Jurídica del municipio solicitó negar las pretensiones
la acción de tutela por carecer del requisito de subsidiariedad.
Consideró que la demandante tuvo la oportunidad de atacar las decisiones en la
vía gubernativa, por lo que no se puede acudir al amparo constitucional como una
tercera instancia.
Explicó que el tribunal demandado no incurrió en defecto sustantivo porque aplicó
las normas relacionadas con las fajas de retiro y la exclusión de la vía y concluyó
que la responsabilidad de las lesiones era del Proyecto de Infraestructura PISA
S.A. y no del municipio.
Así mismo, alegó que tampoco se incurrió en un defecto fáctico, en tanto el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca tuvo en cuenta todas las pruebas
presentadas dentro del proceso.
6.4. Intervención de la Concesionaria Vial de los Andes S.A.S.- COVIANDES
S.A.S.
La gerente general de la sociedad intervino en el proceso para solicitar que se
acepte a como coadyuvante dentro de la acción de tutela porque la sentencia del
28 de febrero de 2023, proferida por Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,
perjudica directa o indirectamente sus intereses.
6.5 Intervención de Concesiones CCFC S.A.S
Por medio del segundo suplente de la Gerente General, la sociedad pidió actuar
como coadyuvante en la acción de tutela comoquiera que en virtud del Contrato de
Concesión No. 0937 de 1995 suscrito con el INVIAS, está a cargo del corredor vial
Bogotá (Fontibón) – Facatativá – Los Alpes y la sentencia de 28 de febrero de
2023 proferida por Tribunal Administrativo del Valle del Cauca afecta
indirectamente sus intereses en la medida que “puede convertirse en apoyo
jurisprudencial de otros procesos similares en los que si somos parte o tenemos
interés”.
Manifestó que la decisión acusada incurrió en defecto sustantivo porque se basó
en una legislación inexistente, pues solo menciona algunos apartes de la Ley 1228
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de 2008 sin tener en cuenta que en la zona de retiro “nadie diferente a la Nación
podía realizar obra alguna”.
Sostuvo que el tribunal demandado desconoció que, conforme con el parágrafo 3°
del artículo 1° de la Ley 1228 de 2008 y el Decreto 2976 de 2010, la zona de retiro
obligatorio en los pasos urbanos es de 5 metros y no de 20 como erróneamente lo
concluyó. Agregó que también se incurrió en defecto fáctico al omitir la valoración
del contrato de concesión allegado al proceso.
Por último, concluyó que no existe norma o precedente jurisprudencial que
establezca la obligación de la operadora vial de construir o mantener la
infraestructura que se encuentra a cargo de los municipios, pues de ser así “la
operadora vial debería responder por el mantenimiento de las edificaciones
levantadas por particulares en sus predios privados, dentro de la faja de retiro
obligatorio y, así mismo por el uso y eventual responsabilidad que de esta
infraestructura se pudiera generar”.
6.6. Didier Hernán Restrepo Valencia guardó silencio, aun cuando fue
debidamente notificado del auto admisorio de la acción de tutela.
7. Sentencia de tutela impugnada
El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “C”, en sentencia de 22 de
septiembre de 2023, declaró improcedente la acción de tutela por no cumplir los
requisitos de relevancia constitucional y subsidiariedad.
Consideró que la demandante pretende que se realice un nuevo análisis de
aspectos que se encuentran definidos por el juez natural, pues los argumentos
planteados en la acción de tutela son los mismos que se presentaron con la
contestación de la demanda y los alegatos de conclusión en el medio de control de
reparación directa.
Mencionó que los reproches sobre (i) la responsabilidad patrimonial es imputable
al municipio, (ii) la obligación de vigilancia, mantenimiento, protección y
conservación de los bienes de uso público recae sobre la entidad territorial, (iii) “la
falta de obligaciones de “entrega de mobiliario urbano” en el contrato de concesión
y (iv) que las zonas de exclusión previstas en la Ley 1228 de 2008 no son
automáticamente del Estado, sino que debe adquirirlas cuando requiera una
ampliación o construcción de nueva vía; por ende, no todas las construcciones
dentro de las fajas de retiro pertenecen a la infraestructura vial, ni están a cargo
del concesionario a cargo de una vía nacional” fueron resueltos en la sentencia de
28 de febrero de 2023 y son los mismos que se proponen en la acción de tutela,
por lo que, en su criterio, la accionante pretende reabrir el debate en sede
constitucional.
Por otra parte, aseveró que la decisión cuestionada se encuentra sustentada en el
principio de libre valoración judicial, pues con base en una interpretación
razonable del material probatorio aportado al proceso y en la normatividad y
jurisprudencia aplicable al caso concreto, el tribunal concluyó que el
mantenimiento de la zona de exclusión corresponde de manera exclusiva a la
propietaria de la carretera vial y a su respectivo concesionario.
Afirmó que el argumento relacionado con que “[e]l tramo de la vía Panamericana a la
altura de Buga que construyó PISA, sólo fue en el sentido Sur-Norte y el accidente objeto
a reclamo ocurrió contiguo al sentido NORTE – SUR”, fue resuelto por la autoridad
judicial demandada y no satisface una carga argumentativa suficiente para
configurar un eventual defecto fáctico.
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Expuso que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca consideró que el daño
antijurídico ocurrió en un sector del municipio de Buga en zona contigua a la doble
calzada de la Vía Panamericana que era objeto de una concesión, por lo que
“concurren la entidad territorial y la contratista, por lo que se ha de delimitar la
responsabilidad del mantenimiento del andén, del lugar donde puede transitar a pie una
persona”.
Manifestó que el cargo del defecto fáctico se sustenta en simples afirmaciones, en
fotografías que no dan cuenta de las circunstancias de tiempo modo y lugar en las
que se tomaron y, además, no se precisó la cláusula del contrato de concesión
que soporte lo alegado, por lo que insistió que la parte actora pretende reabrir un
debate que fue concluido en las instancias respectivas.
Respecto del desconocimiento del parágrafo 3° del artículo 1° de la Ley 1228 de
2008 y de los artículos 3 a 5 del Decreto 2976 de 2010 relacionado con que la
zona de retiro obligatorio en los pasos urbanos es de 5 metros y no de 20,
mencionó que el alegato no fue plantado en el medio de control de reparación
directa, motivo por el cual consideró que la acción de tutela carece de relevancia
constitucional y el hecho que se alega como vulneración de derechos
fundamentales tiene su origen en “un actuar negligente y omisivo de sus apoderados
dentro del proceso ordinario”.
De otro lado, sostuvo que no se encuentra satisfecho el requisito de
subsidiariedad porque la decisión objeto de tutela no se encuentra ejecutoriada,
toda vez que conforme con el sistema SAMAI el expediente sigue activo en el
Tribunal Administrativo de Valle del Cauca e ingresó al despacho el 31 de mayo
de 2023, para resolver una solicitud de aclaración formulada por la sociedad PISA.
Relató que la demandante solicitó aclaración en relación con la valoración de la
póliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual que formuló a Seguros
Alfa S.A., porque, en su sentir, el daño antijurídico fue “causado o derivado de las
operaciones de la Concesión”, por lo que pidió que se complementara la decisión
en el sentido de incluir la obligación a cargo de la llamada en garantía.
Por último, advirtió que no se acreditó la configuración de un perjuicio irremediable
que amerite la intervención del juez constitucional como mecanismo transitorio,
pues el asunto no evidencia una vulneración de derechos fundamentales, sino un
desacuerdo con la sentencia atacada por lo que no es posible flexibilizar el
requisito de subsidiariedad y analizar el asunto de fondo.
8. Escrito de impugnación
Dentro del término previsto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, la parte
actora impugnó la sentencia de primera instancia, solicitó su revocatoria y que se
acceda a las pretensiones de la solicitud de amparo constitucional.
Afirmó que el juez de tutela debe analizar si la decisión del Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca fue proferida con desconocimiento de los derechos
fundamentales de la parte accionante sin que ello implique reabrir el debate
probatorio o jurídico que se realizó en el proceso ordinario.
Sostuvo que la solicitud de amparo lo que pretende es poner de presente que la
decisión de la autoridad judicial demandada se basó en “la deformación
interpretativa de la ley” y omitió aplicar normas jurídicas expresas y relevantes, así
como la jurisprudencia pertinente para el caso.
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Manifestó que en el escrito de tutela refirió de manera clara los yerros en los que
incurrió el tribunal accionado y realizó un resumen de los mismos.
Mencionó que el juez constitucional no puede concluir que el apoderado de la
sociedad PISA falló en sus argumentos porque la posibilidad de defensa está
delimitada por el derecho, la legislación y jurisprudencia y vigentes dado que la
sentencia de primera instancia, conforme a las leyes y a la jurisprudencia del
Consejo de Estado exoneró de responsabilidad a la concesionaria y fue
exonerativa para la concesionaria, por lo que los argumentos de defensa
presentados se basaron en indicarle al Tribunal que el fallo de primera instancia
debía ser mantenido.
Aseveró que contrario a lo expuesto por el juez constitucional de primera instancia,
la decisión del tribunal demandado no fue resultado de una interpretación
razonable del material probatorio aportado al proceso, porque la decisión recurrida
no tuvo en cuenta las normas y la jurisprudencia aplicables al caso concreto.
Insistió que en el ordenamiento jurídico no se hace mención que los municipios
están “relegados de realizar el mantenimiento de los bienes públicos a su cargo, si
estos se encuentran dentro de las fajas de retiro como si lo ha sostenido la
jurisprudencia relacionada en el hecho 11 y mencionadas en el fallo de primera
instancia”.
Explicó que, si bien se encuentra en curso una solicitud de aclaración de la
sentencia de segunda instancia, la misma gira en torno al alcance del llamamiento
en garantía de la concesionaria, por lo que advirtió que la dicha solicitud es ajena
a la controversia principal de la decisión que consiste en determinar la
responsabilidad extracontractual y administrativa de la sociedad PISA.
Por último, indicó que en el artículo 9 de la Ley 1228 de 2008 se habilita a los
municipios para cuidar y preservar las zonas de exclusión y reserva, posición que
fue plasmada en la sentencia de 27 de septiembre de 2023, proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección “C”.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29
del Decreto 2591 de 1991 y 25 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir la presente
impugnación.
2. Planteamiento del problema jurídico
Le corresponde a la Sala determinar, en los términos del escrito de impugnación,
si debe revocar la sentencia de 22 de septiembre de 2023, dictada por la Sección
Tercera, Subsección “C” del Consejo de Estado que declaró la improcedencia de
la acción de tutela por desatender los requisitos de subsidiariedad y relevancia
constitucional, y de superarse los restantes requisitos generales de procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales, si el Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca en la providencia de 28 de febrero de 2023 vulneró los
derechos fundamentales al debido proceso y a la tutela judicial efectiva, al incurrir,
supuestamente, en los defectos sustantivo por la aplicación de normas
inexistentes, al considerar que si bien se hizo referencia a la Ley 1228 de 2008
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está no establece que la zona de retiro obligatorio es de 20 metros, además por el
desconocimiento del parágrafo 3 del artículo 1 de la Ley 1228 de 2008 y del
Decreto 2976 de 2010, por la por inaplicación de la Ley 9 de 1989, Ley 105 de
1993, artículo 678 Ley 1682 de 2013, Decreto 2770 de 1953, la Resolución No.
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de 2016 y de sentencias que contemplan el “derecho de vía”, y fáctico por
indebida valoración del Contrato de Concesión No. 001 de 1993.
3. El requisito de subsidiariedad en la acción de tutela
El artículo 86 de la Constitución Política señala que toda persona tendrá la acción
de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, “cuando quiera que estos resulten vulnerados por
la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”. Destaca esa disposición que
dicha solicitud de amparo, “solo procederá cuando el afectado no disponga de otro
medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable.”
Dada su naturaleza subsidiaria, esta acción sólo procede cuando no existen otros
medios de defensa judicial para amparar los derechos fundamentales invocados o,
en su defecto, siempre que ello sea necesario para evitar la ocurrencia de un
perjuicio irremediable, caso en el cual procederá como mecanismo transitorio de
protección.
A su turno, el artículo 6° del Decreto 2591 de 1991 establece que la acción de
tutela es improcedente cuando existen otros medios de defensa judicial, a menos
que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, en
los siguientes términos:
“(..) La acción de tutela no procederá:
1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se
utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia
de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las
circunstancias en que se encuentre el solicitante”.
Tanto la Constitución Política como el Decreto 2591 de 1991, dan la posibilidad al
juez de tutela de valorar las circunstancias particulares de cada caso y determinar
si la acción de tutela es procedente o si, por el contrario, existen otros medios
jurídicos que permiten satisfacer los derechos fundamentales del actor.
Siguiendo estos parámetros, la jurisprudencia constitucional ha extendido los
efectos del requisito de subsidiariedad, al considerar que el sólo hecho de que
existan otros medios de defensa judicial, no hace que automáticamente la acción
de tutela se torne improcedente, ya que bajo ciertas circunstancias el carácter
subsidiario y residual de la misma puede llegar a tener algunas excepciones. Así
lo precisó la Sala Plena de la Corte Constitucional en sentencia SU- 263 de 20152:
“(i) Cuando los medios ordinarios de defensa judicial no son lo suficientemente idóneos
y eficaces para proteger los derechos presuntamente conculcados;
(ii) Aun cuando tales medios de defensa judicial sean idóneos, de no concederse la
tutela como mecanismo transitorio de protección, se produciría un perjuicio
irremediable a los derechos fundamentales.
2 Véase al respecto: Corte Constitucional, sentencia T-656 de 2006, M.P. María Victoria Calle Correa,
sentencia T-435 de 2006 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto, T-768 de 2005 M.P. Jaime Araújo Rentería,
sentencia T-651 de 2004 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, y T-1012 de 2003 M.P. Eduardo Montealegre
Lynett.
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(iii) Cuando el accionante es un sujeto de especial protección constitucional (personas
de la tercera edad, personas discapacitadas, mujeres cabeza de familia, población
desplazada, niños y niñas, etc.), y por tanto su situación requiere de particular
consideración por parte del juez de tutela."3 (Negrilla por fuera del texto)
De esta forma, el carácter subsidiario y residual de la acción de tutela ha servido
para restringir su procedencia, como quiera que el sistema judicial permite a las
personas valerse de diversas acciones ordinarias y extraordinarias que pueden ser
eficaces para la defensa de sus derechos4, ya que si bien, la regla de la
subsidiariedad debe aplicarse de forma general para determinar la procedencia de
la acción de tutela, el juez constitucional puede llegar a intervenir en algunos
casos en los que se demuestre que no existe otro medio de defensa judicial o que
a pesar de existir no es idóneo ni eficaz, cuando se pretenda evitar un perjuicio
irremediable o cuando el accionante es un sujeto de especial protección
constitucional, lo anterior, teniendo en cuenta que la finalidad de la acción de
amparo es la protección de los derechos fundamentales.
En conclusión, para la procedencia de la acción de tutela cuando exista otro medio
de defensa judicial, el juez constitucional debe tener en cuenta la eficacia e
idoneidad del otro medio, o si se encuentra frente a un perjuicio irremediable,
circunstancias que son determinantes a fin de valorar la procedencia formal del
amparo constitucional.
4. Estudio y solución del caso concreto
4.1. La Sección Tercera, Subsección “C” del Consejo de Estado en sentencia de
22 de septiembre de 2023, declaró la improcedencia de la acción de tutela al
considerar que no cumplió los requisitos generales de: i) subsidiariedad, en tanto
se encuentra pendiente de resolver la solicitud de aclaración contra el fallo
acusado y ii) relevancia constitucional, porque la accionante pretende reabrir un
debate que ya fue dirimido por el juez natural.
Agregó que, a juicio de esa Sala, no se está en presencia de un perjuicio
irremediable que amerite la intervención del juez constitucional para hacer
procedente la acción de tutela como mecanismo transitorio y permita estudiar de
fondo el asunto objeto de litis, pues no se evidencia la vulneración de derechos
fundamentales sino un desacuerdo con la sentencia atacada.
En el escrito de impugnación, la parte accionante solicitó que se revocara el fallo
de primera instancia y se accediera a las pretensiones de la solicitud, porque a su
juicio, el juez constitucional debe analizar si la decisión proferida por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca vulneró sus derechos fundamentales al incurrir
en los defectos sustantivo por la aplicación de normas inexistentes,
específicamente porque si bien tuvo en cuenta algunos apartes de la Ley 1228 de
2008, la norma no establece que la zona de retiro obligatorio es de 20 metros y
por el desconocimiento del parágrafo 3 del artículo 1 de la Ley 1228 de 2008 y el
Decreto 2976 de 2010, así como también por inaplicación de la Ley 9 de 1989, Ley
105 de 1993, artículo 678 Ley 1682 de 2013, Decreto 2770 de 1953, la Resolución
No. 716 de 2015 de la Agencia Nacional de Infraestructura - ANI y la circular No.
051 de 2016 y fáctico por la omisión en el estudio del contrato de concesión que
suscribió la hoy demandante.
En relación con la falta de subsidiariedad, explicó que la solicitud de aclaración de
la sentencia de 28 de febrero de 2023, es ajena a la controversia principal, porque
3 Corte Constitucional, sentencia SU-263 de 2015, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
4 Cfr. Corte Constitucional, sentencia T-301 de 2009, M.P. Mauricio González Cuervo.
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la misma se dirige a al alcance del llamamiento en garantía de la concesionaria, es
decir, que la responsabilidad administrativa de la sociedad PISA se encuentra en
firme.
4.2. La Sala anticipa que confirmará la sentencia impugnada que declaró
improcedencia la acción de tutela, pero solo por no cumplirse el requisito de la
subsidiariedad, tal como se expone a continuación:
En consonancia con lo decidido por el a quo, para la Sala en el caso el requisito
de la subsidiariedad no se satisface, en tanto la acción de tutela se presentó
cuando en el proceso judicial se encontraba en trámite la solicitud de aclaración
interpuesta por la hoy accionante frente al fallo de segunda instancia de 28 de
febrero de 2023, proferido por Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
En efecto, conforme con la particularidad del caso, en el que la pretensión gravita
en torno a que se deje sin efecto la sentencia de segunda instancia, por medio de
la cual el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en el marco del proceso de
reparación directa condenó a la demandante al pago de la suma de 10 SMMLV
por los perjuicios morales causados el señor Didier Hernán Restrepo Valencia, el
análisis de procedencia de la acción se debe hacer a partir del cumplimiento del
requisito de la subsidiariedad, teniendo en cuenta que en el momento en que se
instauró el amparo constitucional la decisión controvertida no se encontraba
ejecutoriada porque estaba pendiente de resolverse la solicitud de aclaración.
El artículo 302 del Código General del Proceso, norma aplicable al caso por
remisión expresa del artículo 306 de la Ley 1437 de 2011, establece que “ las
providencias proferidas en audiencia adquieren ejecutoria una vez notificadas, cuando no
sean impugnadas o no admitan recursos. No obstante, cuando se pida aclaración o
complementación de una providencia, solo quedará ejecutoriada una vez resuelta la
solicitud”, es decir, que al presentar solicitud de aclaración contra una providencia
el término de ejecutoria se suspende hará que este resulta tal solicitud.
Conforme ha sido decantado por la jurisprudencia constitucional, “la acción de tutela
solo resulta procedente cuando no existen o se han agotado todos los mecanismos
judiciales y administrativos que resultan efectivos para la protección de los derechos
fundamentales, a no ser que se demuestre la ocurrencia de un perjuicio irremediable,
caso en el cual procederá como mecanismo transitorio. Ello con el fin de evitar que este
mecanismo excepcional, se convierta en principal5”.
La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha sido enfática y reiterativa en
señalar que la acción de tutela no procede de manera directa cuando el asunto
está en trámite, toda vez que se cuenta con la posibilidad de agotar los medios de
defensa previstos en el ordenamiento. En la sentencia T-103 de 2014, dicha
Corporación sostuvo que el requisito de subsidiariedad cuando se atacan
decisiones judiciales se puede presentar en dos escenarios i) cuando el proceso
ha concluido, o ii) cuando se encuentra en curso, escenario en el que “la
intervención del juez constitucional está vedada en principio, toda vez que la acción de
tutela no constituye un mecanismo alternativo o paralelo para resolver problemas jurídicos
que deben ser resueltos al interior del trámite ordinario”.
En el presente caso, verificado el Sistema para la Gestión Judicial SAMAI se pudo
constatar que el 23 de marzo de 2023, la sociedad demandante pidió la aclaración
de la sentencia de 28 de febrero de 2023, solicitud que fue resuelta por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca mediante auto de 31 de octubre de 2023, en el
sentido de negarla al considerar que el llamamiento en garantía de la Empresa de
Proyectos Infraestructura S.A. PISA a la sociedad SEGUROS ALFA S.A., no tenía
5 Corte Constitucional, sentencia T-003 de 2014.
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vocación de prosperidad.
La mencionada providencia fue decidida de fondo y notificada el 7 de noviembre
de 2023 y la acción de tutela fue presentada el 14 de julio de 2023, es decir, que la
demandante acudió a esta vía cuestionando una decisión que no estaba en firme
y, además, que fue resuelta con posterioridad al fallo de primera instancia, lo que
no habilita la procedencia de este mecanismo constitucional
En efecto, se encuentra probado que el requisito de subsidiariedad se encuentra
incumplido porque la accionante instauró acción de tutela cuando el fallo respecto
del cual alegó la vulneración de derechos no se encontraba ejecutoriado, pues se
encontraba pendiente de resolver el trámite la solicitud de aclaración que interpuso
contra la misma.
Ahora, conviene precisar que si bien la solicitud de aclaración de tutela fue
resuelta el 31 de octubre de 2023, esta circunstancia no activa la competencia del
juez de tutela para dirimir el asunto, pues se insiste que la sentencia cuestionada
en vía de tutela era una decisión respecto de la cual se pueda aducir la
vulneración de los derechos fundamentales, como quiera que no se encontraba en
firme lo que supone el desconocimiento del requisito de la subsidiariedad.
La Corte Constitucional en sentencia T-140 de 20236, en el estudió de una acción
de tutela presentada contra un providencia judicial cuando aún se encontraba en
trámite un recurso de reposición “en contra de la decisión de negar la solicitud de
nulidad formulada (...) determinó que el amparo carecía del requisito de
subsidiariedad, al considerar que “el juicio debe realizarse en el marco de la alegación
que se establece en el escrito de tutela, pues cuando se trata del recurso de amparo
interpuesto en contra de una providencia judicial, no cabe un examen integral de lo
resuelto, ni del trámite judicial que se adelantó, en la medida en que el análisis debe
limitarse a los vicios endilgados y a la base de lo ocurrido al momento de interposición
de la acción, toda vez que lo que se pretende es cuestionar la validez de una providencia
que ha sido proferida en el marco de un proceso jurisdiccional que tiene sus propios
mecanismos de contradicción y que está amparado por los principios de seguridad
jurídica y de cosa juzgada”.
De igual manera, sostuvo que “cuando se trata del recurso de amparo interpuesto en
contra de una providencia judicial, no cabe un examen integral de lo resuelto, ni del
trámite judicial que se adelantó, ni la incorporación de providencias ajenas a aquellas que
fueron objeto de cuestionamiento y que activaron el proceso inicial de tutela”.
Así las cosas, la acción de tutela no cumple con el requisito de subsidiariedad,
porque la decisión controvertida no se encontraba ejecutoriada porque estaba
pendiente de resolverse una solicitud de aclaración.
Así, conforme con la jurisprudencia constitucional7, “si bien por regla general la tutela
es improcedente para cuestionar decisiones judiciales cuando el trámite procesal se
encuentra en curso o cuando no se han agotado todos los medios de defensa judicial
definidos por el legislador, lo cierto es que en aquellos casos en los cuales el actor logre
demostrar que el amparo lo intenta para evitar la consumación de un perjuicio
irremediable o que tales medios de defensa no son idóneos ni eficaces para superar la
amenaza a los derechos fundamentales, es posible habilitar excepcionalmente la
procedencia de la acción de tutela, realizando el juez constitucional una evaluación fáctica
del asunto puesto a su consideración”.
La Corte Constitucional en sentencia SU-695 de 2015 destacó que “la acción de
tutela no procede de manera directa cuando el asunto está en trámite, toda vez que se
6 M.P. Alejandro Linares Cantillo.
7 Corte Constitucional, sentencia T-016 de 2019.
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cuenta con la posibilidad de agotar los medios de defensa previstos en el ordenamiento”.
Por consiguiente, los conflictos jurídicos relacionados con los derechos
fundamentales deben ser, en principio, resueltos por las vías ordinarias y solo en
casos muy excepcionales a través de la acción de tutela.
Conforme con lo anterior, la Sala confirmará la decisión de primera instancia que
declaró la improcedencia de la acción de tutela, habida cuenta de que en la
accionante instauró acción de tutela contra una decisión que no se encontraba
ejecutoriada.
La Sala aclara que el argumento expuesto por la parte actora en la impugnación,
conforme con el cual la solicitud de amparo constitucional debe estudiarse de
fondo porque “el resultado de dicha aclaración, no harán cambiar la
responsabilidad que fue declarada en contra de PISA.”, no es de recibo, en tanto,
más allá de lo solicitado en la aclaración, existía un trámite en curso, frente a lo
que la acción de tutela, se reitera, no puede convertirse en un mecanismo paralelo
a los causes ordinarios diseñados por el legislador.
No obstante lo anterior, conforme con la jurisprudencia constitucional8, “si bien por
regla general la tutela es improcedente para cuestionar decisiones judiciales
cuando el trámite procesal se encuentra en curso o cuando no se han agotado
todos los medios de defensa judicial definidos por el legislador, lo cierto es que en
aquellos casos en los cuales el actor logre demostrar que el amparo lo intenta
para evitar la consumación de un perjuicio irremediable o que tales medios de
defensa no son idóneos ni eficaces para superar la amenaza a los derechos
fundamentales, es posible habilitar excepcionalmente la procedencia de la acción
de tutela, realizando el juez constitucional una evaluación fáctica del asunto
puesto a su consideración”.
De conformidad con el artículo 86 de la Carta Política se ha admitido la
procedencia excepcional de la acción de tutela a pesar de que existan
mecanismos judiciales, con el fin de evitar un perjuicio irremediable. Cabe resaltar
que en cuanto al perjuicio irremediable, se deben seguir los criterios
jurisprudenciales fijados por la Corte Constitucional en la sentencia SU-695 de
20159, según la cual debe comprobarse que el perjuicio alegado sea (i)
inminente, es decir, que amenaza o está por suceder prontamente, esto es,
tiende a un resultado cierto derivado de una causa que está produciendo la
inminencia; (ii) que las medidas que se requieren para conjurar el perjuicio
irremediable sean urgentes, en el sentido de que se debe precisar una medida o
remedio de forma rápida que evite la configuración de la lesión; (ii) grave, pues el
daño o menoscabo material o moral en el haber jurídico de la persona, debe ser
de gran intensidad y, por último, que (iii) la urgencia y la gravedad hagan que la
acción de tutela sea impostergable, ya que tiene que ser adecuada para
restablecer el orden social justo en toda su integridad.
Al respecto, se observa que un perjuicio de esa naturaleza no fue alegado en la
solicitud de tutela, ni se expuso que la acción fuera interpuesta como mecanismo
transitorio, lo que reafirma su improcedencia.
Lo anterior, conforme con lo establecido en la sentencia T-127 de 201410 de la
Corte Constitucional respecto de la prueba del perjuicio irremediable, en donde se
indicó que “quien afirma una vulneración de sus derechos fundamentales con
estas características debe acompañar su afirmación de alguna prueba, al menos
sumaria, pues la informalidad de la acción de tutela no exonera al actor de probar,
8 Corte Constitucional, sentencia T-016 de 2019.
9 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
10 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
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aunque sea de manera sumaria, los hechos en los que basa sus pretensiones”.
En conclusión, la acción de tutela fue presentada con desconocimiento del
requisito de subsidiariedad, en tanto se encontraba en curso la solicitud de
aclaración de la sentencia formulad por la sociedad actora, por lo que la decisión
no se encontraba en firme, a lo que se agrega que no se probó la existencia de un
perjuicio irremediable que habilitara la procedencia excepcional como mecanismo
transitorio.
Por las razones expuestas, la Sala confirmará la sentencia impugnada que declaró
improcedente la acción de tutela.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
RESUELVE:
Primero.- CONFÍRMASE la sentencia de 22 de septiembre de 2023, dictada por
la Sección Tercera, Subsección “C” del Consejo de Estado, por las razones aquí
expuestas.
Segundo.- NOTIFÍQUESE esta decisión por el medio más eficaz y expedito
posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Tercero.- PUBLÍQUESE esta providencia en la página web del Consejo de
Estado.
Cuarto.- REMÍTASE el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que
surta el trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución
Política.
Notifíquese y cúmplase.
Esta sentencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) ((Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO MILTON CHAVES GARCÍA
Presidenta
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO WILSON RAMOS GIRÓN
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